Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los Congresos de los estados de Durango y Tlaxcala.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que con motivo del 186 aniversario luctuoso del General Pedro Moreno González tendrá lugar el 27 de octubre, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.
Iniciativas de ciudadanos diputados
Que reforma y adiciona el párrafo segundo del artículo 6 y los artículos 56, 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
De Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras, suscrita por los diputados Antonio Mejía Haro y Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que deroga la fracción X-bis del artículo 34 para pasar a ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que se envía el informe de evaluación correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2003, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gastos, así como el cumplimiento de metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados establecidos en las reglas de operación de los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Economía para dar cumplimiento a lo dispuesto por el inciso a) de la fracción IV del artículo 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003. (Turno a Comisión)
Minutas
Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Contralmirante CG DEM Eduardo Roberto Zúñiga Martín del Campo para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Naval a los Servicios Distinguidos que le confiere el Gobierno de la República Argentina. (Turno a Comisión)
Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano mexicano Allan Nahúm Kaim para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de dicho país. (Turno a Comisión)
Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Artillería DEM Adolfo Héctor Tonatiuh Velazco Bernal para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de España. (Turno a Comisión)
Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de dicho país. (Turno a Comisión)
Proyecto de decreto, que concede permiso al C. Almirante Marco Antonio Peyrot González, secretario de Marina, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país. (Turno a Comisión)
Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano mexicano Mtro. Isaac José Woldenberg Karakowsky para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República del Perú. (Turno a Comisión)
Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano mexicano Lic. Francisco Alfonso Durazo Montaño para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país. (Turno a Comisión)
Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano mexicano Vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas para aceptar y usar la condecoración Cruz de la Marina de la Defensa Nacional que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala. (Turno a Comisión)
Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano mexicano Tomás Roberto González Sada para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario del Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León. (Turno a Comisión)
Proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos mexicanos María de Lourdes López Salinas, Stephanie Francesca Marina de la Torre Cattaneo, María Cristina López Villafranco, Ignacio Martínez Morales, Everardo Massé Bautista, Luis Antonio Melgoza Martínez, Ana Margarita Ortega Ramírez, María de Jesús Reyes Alvarez y Héctor Abel Soriano Velasco para prestar servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México. (Turno a Comisión)
Dictamen a discusión
De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo segundo transitorio del diverso que reforma los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, para solicitar la constitución de una comisión especial de fruticultura, a cargo del diputado Adrián Villagómez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas de los estados a cumplir la obligación constitucional de legislar en materia de transparencia y acceso a la información, a cargo del diputado Angel Alonso Díaz-Caneja, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a realizar diversas acciones ligadas con las elecciones para la renovación de las dirigencias locales en el sindicato petrolero, a cargo del diputado Francisco Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades federales a que se integre una comisión especial binacional, con la finalidad de que el gobierno mexicano, junto con el de Estados Unidos de América, coordinen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los crímenes de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para revisar y modificar los criterios de asignación de los recursos del Ramo 33, con el propósito de incrementar éstos a los municipios de alta y muy alta marginación, a cargo del diputado Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de los Ejecutivos federal y estatales a fin de que establezcan políticas que incentiven la contratación de colaboradores, considerando también a personas mayores de 45 años de edad, a cargo de la diputada Yleana Virginia Baeza Estrella, del grupo parlamentario del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se incrementen los recursos dirigidos a la ampliación y mantenimiento integral de las escuelas públicas del sistema educativo nacional, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004 se revise el presupuesto asignado a sus órganos de enlace legislativo, a fin de evitar duplicación de funciones y encontrar posibles fuentes de ahorro de recursos, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, en relación con las entregas de agua a Estados Unidos de América, en el marco del Tratado para la Distribución de las Aguas Internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, a cargo del diputado Jesús Humberto Martínez de la Cruz, suscrita por diputados de los estados de Coahuila y Tamaulipas, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de desarrollo forestal de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que investiguen y resuelvan la problemática de contaminación en la bahía de Guaymas, Sonora, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que el titular del Poder Ejecutivo federal incorpore la perspectiva de género en la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Ezcárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a que se apliquen los programas necesarios, con la finalidad de que los reos realicen trabajos en favor de la comunidad, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue la detención de indígenas del estado de Hidalgo, en el parque Rubén Darío de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y pugne porque se respeten sus garantías individuales, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que se modifique el turno que dio la Presidencia de la Mesa Directiva, el 14 de abril de 2003, a la minuta que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reforma y adiciona la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo del diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Solicitud de excitativas
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Agenda política
Comentarios respecto a las comparecencias de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante el Pleno y comisiones de la Cámara de Diputados, a cargo del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.
Comentarios a fin de que la Cámara de Diputados adopte como criterio para fortalecer el IFE que al menos el 40% de los consejeros electorales acrediten conocimientos en la materia e inclusión de género, a cargo del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.
Efemérides
Sobre la promulgación de la Constitución de Apatzingán, a cargo de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados.
Para conmemorar el Día del Médico, a cargo de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados.
Para conmemorar el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, a cargo de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados.
Sobre el Día de la Organización de las Naciones
Unidas, a cargo de los grupos parlamentarios que integran la Cámara
de Diputados.
ACTA DE LA SESIÓN DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos treinta y un diputadas y diputados, a las once horas con quince minutos del martes veintiuno de octubre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Jalisco, con acuerdo por el que solicita se inicien los trabajos de revisión y actualización del marco jurídico aplicable a las condiciones de registro y supervisión de fármacos biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico. Se turna a la Comisión de Salud.
Tlaxcala, con acuerdo en relación con la Norma Oficial Mexicana relativa al empleo de transgénicos. Se turna a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Iniciativas con proyectos de decreto de los congresos de los estados de:
Jalisco, que reforma los artículos tercero y treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Jalisco, que reforma la fracción cuarta del artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que:
Remítase copia a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.
José Javier Osorio Salcido, del Partido Acción Nacional, para que se agilicen las acciones encaminadas a otorgar la libertad preparatoria de las personas beneficiadas por la reforma al artículo ochenta y cinco del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar al Presidente de la República a que aclare el financiamiento de su campaña electoral de dos mil y explique el manejo de recursos de la Asociación Civil denominada Amigos de Fox. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, para que se integre un grupo de trabajo que analice la problemática del campo mexicano. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Homero Díaz Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una Comisión Especial de la región Cuenca de Burgos. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Agustín Rodríguez Fuentes, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la negociación salarial en la Universidad Nacional Autónoma de México y con el presupuesto de las instituciones públicas de educación superior para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea así considera el asunto en votación económica y sin que motive debate se aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.
María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con los derechos de los migrantes centroamericanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
María Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una Comisión Especial de Zonas de Desastre. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el juicio que se sigue al ciudadano Armando Villarreal Marta, preso en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, para que se decrete parque nacional a la isla Lobos, ubicada en Tuxpan, Veracruz. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales y del Fondo de Prevención de Desastres Naturales. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Marcos Morales Torres, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la construcción de una unidad de medicina familiar del Instituto Mexicano el Seguro Social en la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal.
Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con los adeudos a los ahorradores defraudados por las cajas de ahorro en el estado de Jalisco. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Belizario Iram Herrera Solís, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes concluya los tramos carreteros Siltepec - Ángel Albino Corzo y Motozintla - Niquivil - Pavencul, en el estado de Chiapas. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes.
La Secretaría da lectura a la solicitud de excitativa del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Presupuesto y Cuenta Pública, en relación con la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción décima del artículo treinta y uno de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y reforma la fracción primera del artículo tercero de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. La Presidencia formula la excitativa que corresponde.
En el capítulo de efemérides, se refieren al Día Mundial de la Alimentación los diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia; Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México; Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Roberto Colín Gamboa, del Partido Acción Nacional; y Francisco Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional.
Se refieren al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México; Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
María Guadalupe Suárez Ponce, del Partido Acción Nacional; y Florentino Domínguez Ordóñez, del Partido Revolucionario Institucional.
Oficio de la Cámara de Senadores por el que invita a la sesión solemne en la que se impondrá la Medalla de Honor Belisario Domínguez. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
La Presidencia informa de la recepción de dos comunicaciones y la Asamblea autoriza, en votación económica, su inclusión en el orden del día. En consecuencia, la Secretaría da lectura a la comunicación de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con acuerdo por el que se propone que el Presidente de la Mesa Directiva y los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados suscriban la convocatoria a la primera Convención Nacional Hacendaria, que se aprueba en votación económica; y a la comunicación de los coordinadores de los grupos parlamentarios con acuerdo para crear una Comisión Especial encargada de conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana, que se turna a la Junta de Coordinación Política para el efecto de que proponga a la Asamblea la designación de sus integrantes.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría
da lectura al orden del día de la próxima sesión e
informa del registro final de cuatrocientos cincuenta y cuatro diputadas
y diputados. El Presidente clausura la sesión a las quince horas
con diez minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves veintitrés
de octubre de dos mil tres, a las diez horas.
CC. Diputados Secretarios
Cámara de Diputados
Palacio Legislativo
En sesión ordinaria verificada el día de hoy, la honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango aprobó un punto de acuerdo en relación con una evaluación crítica de la operación del Programa de Subsidio a la Tortilla en nuestra entidad; sin dejar de reconocer el avance en el número de familias incorporadas, es menester decir que, del total de 330 mil hogares duranguenses, sólo el 17% de ellos son beneficiados por Oportunidades, lo cual es un porcentaje bajo si aplicamos el criterio de que más del 50% de la población en nuestra entidad vive en situación de pobreza extrema.
Punto de Acuerdo
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Dgo., a 7 de octubre de 2003.
Dip. Isaías Berumen Aguilar (rúbrica)
Secretario
Dip. Miguel Astorga Arreola (rúbrica)
Secretario
DEL CONGRESO DE TLAXCALA
CC. Diputados Secretarios del Honorable Congreso de
la Unión
Presentes
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, y en términos de la resolución aprobada por el Pleno de esta Quincuagésima Séptima Legislatura en su décima novena sesión ordinaria pública, celebrada el nueve de octubre del año en curso, adjunto al presente copia certificada del dictamen y el punto de acuerdo correspondiente por el que esta soberanía les solicita que Tlaxcala sea incluida en el programa de apoyos financieros en zonas marginadas para proteger el empleo y procurar la capacitación de los empleados. Lo anterior para los efectos procedentes.
Sin otro particular, les envío un cordial y respetuoso saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de Xicohténcatl, a 10 de octubre de 2003.
Lic. Sergio Cuauhtémoc Lima López (rúbrica)
Secretario Parlamentario del H. Congreso
Punto de Acuerdo
Primero. Solicitar como Poder Legislativo estatal, al titular del Poder Ejecutivo federal, que el estado de Tlaxcala sea considerado dentro del Programa Marcha Hacia el Sur.
Segundo. Que esta soberanía solicite al H. Congreso de la Unión que Tlaxcala sea incluida en este programa de apoyos financieros en zonas marginadas para proteger el empleo y procurar la capacitación de los empleados.
Tercero. Solicitar al titular del Poder Ejecutivo estatal que implemente lo necesario para complementar los recursos federales, previa firma de los convenios respectivos con el Gobierno Federal y con otras instituciones públicas, sociales y privadas, para la ejecución del Programa Marcha Hacia el Sur.
Cuarto. Instrúyase al ciudadano secretario parlamentario de este Congreso del estado para que dé cumplimiento al presente punto de acuerdo.
Quinto. Publíquese el presente punto de acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil tres.
Dip. Silvestre Velázquez Guevara (rúbrica)
Presidente
Dip. Floria María Hernández Hernández
(rúbrica)
Secretaria
Dip. María del Rayo Netzahualcóyotl Ilhuicatzi
(rúbrica)
Secretaria
DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 186 aniversario luctuoso del General Pedro Moreno González, que tendrá lugar el próximo lunes 27 de octubre, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, sita en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente que se sirva dictar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de la honorable Cámara de Diputados, que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Dr. Enrique Semo Calev
Secretario
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES, PARA OTORGAR EN MAS DE UNA OCASION EL PREMIO NACIONAL DE DEPORTES A LA MISMA PERSONA Y EXTENDER LA CANDIDATURA A ATLETAS PROFESIONALES, ENTRENADORES Y PATROCINADORES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSE MANUEL CARRILLO RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado José Manuel Carrillo Rubio, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LIX Legislatura, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa que reforma y adiciona el párrafo segundo del artículo 6 y los artículos 56, 57, 58, 59 60, y 61 dela Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, con el fin de otorgar en más de una ocasión el Premio Nacional de Deportes a atletas y extender la candidatura a deportistas profesionales, entrenadores y patrocinadores, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El establecimiento de los premios de carácter nacional, constituidos a mediados de los años setentas, como un reflejo del reconocimiento por parte del Estado a la ciudadanía, en especial aquellos que han destacado o contribuido en diversos ámbitos sociales al desarrollo de nuestra Nación; son sin duda alguna un aliciente y una constante invitación a todos los mexicanos que día a día se entregan y dedican gran parte de su vida a la realización o impulso de alguna actividad cuyos logros trascienden mas allá de lo individual y en ocasiones de lo nacional, mostrando al exterior la entrega, tenacidad y perseverancia de nuestra sociedad.
El Premio Nacional de Deportes es claro ejemplo del reconocimiento a aquellos que han encontrado en esta noble actividad la mejor forma de expresar y contribuir a la conformación de una sociedad más vigorosa, educando la voluntad, fomentando la disciplina y alertando al espíritu.
Hoy, en tiempos de la globalización, el deporte al igual que otras actividades se ha visto envuelto en diversos procesos de desarrollo en los que cada vez se necesita el respaldo de un gran número de técnicas metodológicas, científicas así como de apoyo técnico especializado y financiero que permitan competir a nuestros deportistas a nivel internacional en igualdad de circunstancias.
En 1999, previo a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 entró en operación el fideicomiso Compromiso Integral de México con sus Atletas (CIMA), el cual funciona además del aporte económico de las autoridades federales con un gran apoyo de la iniciativa privada quienes como patrocinadores y con la finalidad de apoyar integralmente a los mejores deportistas del país por medio de becas, contratación de entrenadores, campamentos, competencias, concentraciones y equipo deportivo han contribuido al mejor desempeño de nuestros deportistas nacionales.
Es indudable que quienes en los últimos años se han hecho merecedores a este reconocimiento han contado con un respaldo técnico y financiero que les permite superar con mayor tranquilidad los obstáculos hacia la consecución de una más de sus metas, rebasando la línea del individualismo y convirtiendo las tareas y logros en toda una labor de equipo, lo que ha permitido alcanzar la coherencia entre los objetivos planteados y las acciones requeridas, existiendo sin duda alguna y de manera invariable la necesidad de seguir contando con su participación.
Estamos conscientes de que el deportista es el principal actor, pero el entrenador además de poner la información, la experiencia y la responsabilidad debe mantener y actualizar la conciencia, siempre decidido y entusiasta.
Por lo anterior, con el fin de reconocer a los entrenadores y patrocinadores sus esfuerzos de superación, apoyo y desempeño en los logros obtenidos por todos los deportistas con quienes se han comprometido, propongo que se incluya dentro del Premio Nacional de Deportes, hacer extensiva la candidatura a entrenadores y patrocinadores reconociendo su esfuerzo por contribuir a elevar la eficiencia del deporte en nuestro país.
Asimismo, con el fin de no limitar la actuación y desarrollo de los deportistas que se han hecho acreedores a dicho premio, sugiero se les permita ser candidatos y recibirlo por más de una ocasión e incluir dentro de los candidatos a los deportistas profesionales, a quienes por su condición no se les debe excluir ya que al igual que un deportista amateur luchan y se esfuerzan con el mismo valor y entereza por hacer de la práctica deportiva un claro ejemplo de la expresión humana y sana convivencia.
Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe somete a su consideración el siguiente
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el párrafo segundo del artículo 6 y los artículos 56, 57, 58, 59, 60 y 61 del Capítulo IX de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:
Artículo 6. Se establecen los siguientes premios, que se denominarán y tendrán carácter de nacionales:
...
...
...
XII. ...
La misma persona puede recibir dos o más premios distintos; pero sólo una vez el premio correspondiente a uno de los campos de los conceptos instituidos, o a un sólo concepto si éste no se divide en campos, excepto al de deportes, donde podrá recibirlo por más de una ocasión exclusivamente en la categoría de deportista.
...
...
...
Artículo 55. ...
Capítulo IX
Premio Nacional de Deportes
Artículo 56. El Premio Nacional de Deportes se concederá en dos campos:
a) Deportista;
b) Entrenador.
II. El fomento, promoción, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.
En el primer campo, merecen estos premios en la categoría como deportista individuos, equipos o grupos que por mera afición o profesionalmente practiquen los deportes; en la categoría como entrenador deportivo aquellos individuos que en el ámbito amateur o profesional hallan preparado, guiado y llevado a algún individuo, equipo o grupo a la consecución de los mejores y altos logros, durante el año en curso.
En el segundo campo, individuos o personas morales cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación con o sin fines de lucro que impulsen, promuevan y fomenten la práctica deportiva.
Artículo 58. El premio se tramitará en la Secretaría de Educación Pública, cuyo titular presidirá el Consejo de Premiación. Este se integrará además por el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y los Presidentes de la Confederación Deportiva Mexicana y del Comité Olímpico Mexicano.
Artículo 59. Los premios consistirán en medalla de oro, diploma y estímulo en efectivo, cuyo monto será acordado por el Consejo de Premiación. Si el premio se otorga a un grupo o equipo de deportistas el conjunto recibirá un diploma y cada uno de los individuos medalla. Si son varias las personas premiadas, las preseas consistirán en insignias.
Artículo 60. Por cada año habrá una asignación de premios, que podrán ser hasta cinco en el primer campo en la categoría de deportista y uno solo en la categoría de entrenador, así como en el segundo campo. Si ocurrieren vacantes de premio, así lo declarará el Consejo de Premiación.
Artículo 61. Estos premios se concederán exclusivamente a candidatos propuestos por asociaciones y sociedades deportivas, reconocidas por la Comisión Nacional de Cultura Física o registradas en la Confederación Deportiva Mexicana y los propuestos por los responsables de la información deportiva difundida por prensa, radio o televisión. Las candidaturas se propondrán al Consejo de Premiación durante el mes de septiembre y hasta el 15 de octubre de cada año. El Consejo integrará los expedientes que procedan dentro de los 10 días siguientes y a continuación los pondrá en manos del Jurado, que a más tardar el 10 de noviembre deberá haber entregado su dictamen al Consejo.
Artículo 62. ...
Artículo 63. ...
Transitorio
Unico. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2003.
Dip. José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica)
DE LEY PARA LA RESTAURACION Y CONSERVACION DE LAS TIERRAS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ANTONIO MEJIA HARO Y PASCUAL SIGALA PAEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales Antonio Mejía Haro y Pascual Sigala Páez, de la LIX Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En el contexto de crisis del campo, que ha ocupado la atención de la agenda nacional, ha destacado la urgencia de actuar sobre las causas estructurales de la problemática rural, con un enfoque de largo plazo, para alcanzar una política de Estado que resuelva de manera significativa los problemas de la producción y supere la inaceptable condición de la calidad de vida de la población, donde se encuentra la mayor proporción de pobres, la pobreza extrema y marginalidad lacerante.
De entre los principales aspectos de la situación actual del campo, está la degradación de los recursos naturales, que afecta radicalmente a la productividad, con sus consecuentes efectos en la problemática socioeconómica y la soberanía alimentaria del país, a la vez que repercute en intereses nacionales estratégicos de conservación de los servicios ambientales, provisión del agua en calidad y cantidad y la diversidad biológica.
En México, la pérdida de recursos forestales y biodiversidad, la escasez del agua y su contaminación, han alcanzado dimensiones que ubican a esos procesos como materia de seguridad nacional, por las implicaciones que conllevan y por el riesgo de pérdida de su control con los medios nacionales disponibles, lo que hace impostergable la solución de estos problemas con carácter urgente y prioritario.
México, en sus 196 millones de hectáreas, cuenta con riquezas naturales extraordinarias que presentan severos daños:
Las tierras están degradadas en un 64%, principalmente por erosión hídrica y eólica, pero sufren también pérdida de nutrimentos, materia orgánica, y organismos microscópicos del suelo, así como compactación, acidificación, y otros procesos. Una superficie de 22 millones de hectáreas de tierras frágiles no aptas para la agricultura y la ganadería soportan actividades de productividad marginal que aceleran la degradación. Estos procesos provocan la reducción de la capacidad de las tierras para captar agua de lluvia en órdenes de magnitud de 40 a 60%, por lo que la degradación de las tierras agrícolas y de pastoreo, al igual que las forestales, es determinante en el mal desempeño de las cuencas hidrográficas.
En particular, es preocupante la pérdida de utilidad agrícola de unas 10,000 hectáreas anuales de las mejores tierras irrigadas por causa de la acumulación de sales, lo que ha sumado ya una superficie de 425,000 hectáreas que han dejado de ser útiles para la producción agrícola intensiva.
A un ritmo calculado entre 0.9 y 1.6% anual, la deforestación afecta alrededor de 600,000 hectáreas anuales. Se han perdido el 30% de los bosques y selvas existentes en 1960, ante lo cual, con un esfuerzo enorme, solamente se han reforestado 200 mil hectáreas anuales en los últimos dos años y las plantaciones comerciales son incipientes.
Entre las principales causas inmediatas de la deforestación están: el cambio de utilización de las tierras para fines agropecuarios, promovidas por factores como la dinámica económica y la dinámica de crecimiento poblacional en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que ejercen presiones por medio del costo de oportunidad, al no existir una valoración de los servicios ambientales de los recursos naturales y la biodiversidad; el narcotráfico; la aplicación de esquemas de concesiones de aprovechamiento forestal con escaso beneficio para los dueños de los recursos; así como los incendios, que afectan anualmente un promedio de 276 mil hectáreas (calculado para el periodo de 1991 a 1998), de las cuales el 34% son arboladas y alrededor de una quinta parte de las ellas resultan dañadas letalmente.
La reducción de las superficies arboladas, de su densidad y continuidad, ponen en peligro las especies de flora y fauna que son uno de los activos estratégicos de México. El 3.6% de las especies nativas de México son raras, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial, y la tasa de extinción es de 5.6 especies por año, de acuerdo con cálculos de la Conabio hasta el año de 1995.
La pérdida de capital natural tiene costos inaceptables e imposibles de sufragar por México. El Banco de México estima que solamente por reducción directa en la rentabilidad, la degradación de los recursos naturales provoca pérdidas del orden de los 40,000 millones de pesos anuales mientras que el costo agregado, incluyendo el agotamiento de recursos, es del orden del 10.6% del Producto Interno Bruto.
Las pérdidas por desastres llamados "naturales", magnificados o provocados por las acciones del hombre, se estiman en magnitudes de cientos de miles de millones de pesos. Si bien dichos fenómenos no son evitables en el corto plazo, sí pueden ser mitigados sus efectos por medio de la conservación y mejoramiento de las tierras.
Los procesos de deterioro ambiental no son consecuencia inevitable del desarrollo, sino la secuela de procesos de desarrollo insustentable. Por ejemplo, detrás de la deforestación está la acumulación de la explotación maderera con criterios extractivos y con escasa o nula participación de las comunidades propietarias de los recursos, así como la presión de poblaciones campesinas crecientes sin oportunidades económicas alternativas; en el origen de la erosión está la deforestación en tierras preferentemente forestales, el sobrepastoreo de predios mal atendidos o prácticas de roturación inadecuadas. Atender esta problemática constituye un reclamo social creciente, ya que el daño económico que provoca es muy superior al costo de su prevención.
La atención al problema de la degradación de las tierras ha seguido un enfoque principalmente orientado a la restauración, a partir de la instauración de los programas de conservación de agua y suelo, introducidos de la tradición conservacionista de la agricultura estadounidense a través de la Fundación Rockefeller y el establecimiento de la llamada Revolución Verde. Estos lineamientos fueron plasmados en la legislación aprobada en 1946.
El enfoque de restauración implica cuantiosas inversiones con escasos resultados, mientras que las causas del mal manejo de las tierras subsisten, por lo que es necesario hacer énfasis en un nuevo acento en la transformación de las prácticas de manejo de las tierras en el proceso productivo, por tecnologías que tomen en cuenta la conservación e incremento de la productividad, lo que no solamente ha demostrado ser posible, sino también conveniente al productor.
Se trata, pues, de alentar el manejo sustentable de las tierras para generalizar las experiencias exitosas que dan testimonio de la viabilidad de una mejoría demostrada de manera práctica.
En este sentido, es conveniente llamar la atención hacia casos en toda clase de condiciones climáticas, edáficas y socioeconómicas en donde bajas inversiones para cambiar de enfoques tecnológicos, a la vez que arreglos institucionales y concertación social para la gobernabilidad de los recursos de propiedad común, han dado alentadores resultados, como la elevación sustancial de la productividad y reducción de costos con la aplicación de labranza de conservación o el empleo de cultivos leguminosos de cobertura; la contribución a la solución de graves problemas ambientales y sociales mediante el empleo de cercos vivos para proteger los cultivos y suministrar a la vez combustible para uso doméstico; el incremento significativo de la cosecha de becerros en ganadería extensiva de zonas secas al ordenar el uso de los potreros y la carga animal, o la recuperación de terrenos salinizados de regadío, entre otros muchos ejemplos.
Estudios recientes sobre las agriculturas en América Latina muestran situaciones semejantes y remiten a causas estructurales en donde la dispersión de políticas impide tomar las medidas adecuadas para resolver los problemas de la degradación de las tierras y sus funestas consecuencias.
Ante esta problemática, se ha considerado, ya desde las consultas para la formulación del plan de trabajo de la naciente Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la urgencia del viraje en las políticas en la materia, hacia un enfoque preventivo a través de la acción cotidiana de los productores, para lo que es indispensable potenciar la capacidad normativa de la autoridad ambiental sobre las actividades sustanciales del desarrollo, en este caso, del desarrollo rural. En esa ocasión, de hecho, se planteó la necesidad de revisar y poner en efecto la mencionada Ley de 1946.
En el seno del Consejo Nacional para la Restauración y Conservación de Suelos, que operó durante el periodo de vigencia de la Semarnap, fue procesado un proyecto de nueva Ley, que sustituyera el texto legislativo ya referido; sin embargo, otros proyectos legislativos fueron considerados prioritarios en ese tiempo, por lo que el tema no alcanzó a ser abordado en un proyecto legislativo mientras que, en ese transcurso, fue derogada la Ley de 1946, sin ser sustituida y dejando así un vacío legislativo que no han llenado la Ley ambiental ni otras disposiciones jurídicas posteriores.
No obstante, en diciembre de 1999 fue presentada ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Restauración y Conservación de Suelos, misma que fue turnada a la entonces Comisión de Ecología y tuvo lugar un proceso de discusión y negociación con el Ejecutivo y con diversos actores de la Sociedad, que generó una versión avanzada del proyecto legislativo, el cual no alcanzó a ser revisado por la Comisión, sin que hasta el momento haya sido dictaminada.
Asimismo, en la LVIII Legislatura, se tuvo lugar el proceso legislativo correspondiente a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual recogió algunas disposiciones del proyecto mencionado y, en la misma forma, fue procesada la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por lo que el proyecto original referente al tema de la conservación de suelos requiere de una nueva revisión.
La LRCT tiene una estructura sencilla y lógica, con cinco títulos; los dos primeros incluyen el encuadre constitucional, propósitos y distribución de atribuciones; un tercer título está dedicado a establecer las normas para el uso y aprovechamiento de las tierras en las principales actividades, mientras el cuarto define los instrumentos para la prevención y combate a la degradación y desertificación de la tierra; un quinto y último título contiene las infracciones y sanciones correspondientes.
El enfoque de la LRCT se aboca principalmente al aliento a la utilización de opciones sustentables de manejo y aprovechamiento de las tierras, mediante la aplicación coordinada de los recursos públicos disponibles, tomando en cuenta las recomendaciones de los órganos internacionales que señalan la conveniencia de combatir la desertificación con un enfoque preventivo, antes que correctivo, así como aprovechando el marco jurídico proporcionado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
De dicha Ley se toma, en primer lugar, el marco institucional del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, la Comisión Intersecretarial, los Consejos en sus diversos ámbitos Nacional, Estatal, Distrital y Municipal y la utilización de los Distritos de Desarrollo Rural como ventanilla única. De esta manera la aplicación de la LRCT minimiza la necesidad de creación de estructuras onerosas.
También de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se aprovechan las disposiciones que dan prioridad a las acciones de conservación y restauración de tierras para el acceso a los apoyos previstos por la misma, así como la obligatoriedad de las recomendaciones sobre carga animal, el mandato para delimitar las tierras frágiles y los Contratos de Aprovechamiento de Tierras, en la búsqueda de opciones de diseño institucional que reduzcan las necesidades financieras para la aplicación de la Ley.
En este caso, se puede estimar que la aplicación de los Contratos de Aprovechamiento de Tierras en las zonas con tierras frágiles, puede significar un ahorro neto al fisco del orden de varios miles de millones de pesos, incluyendo en el cálculo el costo administrativo y operativo del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales y la creación de la Comisión de Lucha contra la Desertificación, aprovechando estructuras administrativas ya existentes.
En resumen, el proyecto legislativo que aquí se propone, instrumenta, por fin, las disposiciones del Tratado Internacional contenido en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y enfrenta de manera eficaz y realista el problema de mantener y mejorar la base productiva y de servicios ambientales del país, con un enfoque que apuesta a la participación de los ciudadanos y que significa una reducción neta sustancial del costo administrativo para el erario público a la vez que la disminución del costo de transacción para los particulares.
Con el fin de establecer la necesidad de la aprobación de la presente Iniciativa podemos mencionar lo siguiente:
2. Resulta del todo pertinente y necesaria la emisión de una Ley que proporcione capacidad normativa a la autoridad federal en el ejercicio de las actividades sustanciales y permita la utilización de los cuantiosos recursos materiales y humanos ocupados en el desarrollo rural y la lucha contra la pobreza, a fin de dar a éstos un carácter persistente y actuar radicalmente sobre las condiciones básicas de la producción.
3. Es necesario el cumplimiento puntual de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, ratificada por el Senado de la República, entre cuyos compromisos se encuentra la revisión y mejoramiento del marco jurídico relevante a los procesos de degradación de las tierras.
4. Los recientes procesos legislativos referentes al campo, hacen necesaria una reformulación de la iniciativa de Ley de Restauración y Conservación de Suelos, a la vez que se considera que el concepto más indicado para el objeto de la Ley proyectada, es el de las tierras en su acepción sistémica que involucra el sustrato no renovable del suelo tanto como los organismos vegetales y animales presentes y otros elementos del ecosistema, aunque sin abarcar las determinaciones referentes al ámbito de las relaciones de propiedad, que corresponden a la competencia agraria, por lo que se requiere de un nuevo texto, con nueva denominación, que en esta Iniciativa se presenta.
5. La nueva propuesta contiene, por lo demás, diversos ajustes orientados a precisar mejor los conceptos, a compaginar el vínculo con otras leyes y proporcionar mayor claridad en su redacción.
6. El instrumento jurídico que se propone, cuenta con las características necesarias para lograr el propósito de rescatar los recursos naturales básicos del país.
Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras
Título Primero
Capítulo I
De las Disposiciones Generales
Artículo 1°. La presente Ley es reglamentaria del párrafo tercero de los artículos 27 y el cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de conservación de las tierras y el derecho a un medio ambiente adecuado así como es instrumental de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación, de observancia general en todo el territorio nacional; sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases para:
II. Proteger el recurso suelo y evitar el deterioro, pérdida, contaminación, o cualquier factor de degradación que disminuya la capacidad productiva de las tierras y los servicios ambientales asociados a su conservación;
III. Definir los términos de la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales en la restauración, el mejoramiento y la conservación de las tierras;
IV. Promover el manejo sustentable de las tierras y de los recursos naturales, en general, de modo que contribuya al incremento de la producción y de la productividad y al mejoramiento de los niveles de bienestar social, sin afectar la biodiversidad de los ecosistemas;
V. Ordenar la utilización de las tierras de acuerdo a su aptitud y conforme a criterios de aprovechamiento sustentable;
VI. Delimitar las zonas rurales y periurbanas; y
VII. Determinar las bases y cauces para la participación de la sociedad en las tareas de preservación y restauración de las tierras.
II. Comisión: Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación;
III. Consejo: Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Desertificación. Se enmarca en el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación;
IV. Consejo Mexicano: El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, señalado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
V. Conservación. Las actividades tendientes a mantener o incrementar la capacidad productiva de las tierras, cuando la degradación de las mismas aún permite la producción;
VI. Cuencas: Cuencas hidrográficas, definidas como la unidad territorial, demarcada por una red autónoma de cauces;
VII. DDR: Los Distritos de Desarrollo Rural Sustentable, previstos en la Ley de Desarrollo.
VIII. Degradación de tierras: Procesos que disminuyen la capacidad presente o futura para producir bienes y sustentar la vida, en los términos que establezca el Inventario Nacional de las Tierras;
IX. Desertificación: Pérdida de la capacidad productiva de las tierras causada por el hombre, en cualquiera de los ecosistemas existentes en el territorio de la República Mexicana;
X. Ley: La Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras;
XI. Ley de Desarrollo: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
XII. LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
XIII. Ley Forestal: La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable;
XIV. Lucha contra la desertificación: Conjunto de orientaciones e instrumentos de política y acciones para prevenir, controlar y revertir la degradación de las tierras en sus manifestaciones y causas;
XV. Manejo sustentable de cuencas: La gestión en un determinado sistema hidrográfico para aprovechar sus recursos naturales, sin menoscabo de su integridad física, química y biológica;
XVI. Manejo de Tierras: El conjunto de técnicas encaminadas a la prevención, conservación y preservación de la calidad de las tierras;
XVII. NOM: Las Normas Oficiales Mexicanas, expedidas por el Poder Ejecutivo, en los términos de la Ley de Metrología y Normalización.
XVIII. Ordenamiento de la utilización de las tierras: El proceso de distribución equilibrada y sustentable de las actividades agropecuarias y forestales en las áreas con mejores condiciones para su desarrollo;
XIX. Reglamento: El Reglamento de la Ley;
XX. Restauración: Las actividades tendientes a restituir la capacidad productiva de tierras degradadas severamente, hasta niveles que impiden o limitan severamente su uso productivo;
XXI. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales;
XXII. Sistema: Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación;
XXIII. Suelo: Sustrato capaz de soportar plantas en un ambiente natural;
XXIV. Tierra: El sistema bioproductivo terrestre que comprende el suelo, la vegetación, otros componentes de la biosfera y los procesos ecológicos e hidrológicos que se desarrollan dentro del sistema así como los acondicionamientos de los terrenos, la cubierta forestal y la infraestructura desarrollada en los mismos terrenos.
XXV. Zonas críticas: Las que presentan grados severos de degradación de la tierra, en las que la autoridad, mediante declaratoria, establece un régimen especial de utilización y manejo de las tierras; y
XXVI. Zonas frágiles o tierras frágiles: Tierras que pueden ser degradadas por fenómenos naturales, cambio de técnicas productivas o de utilización
II. La conservación y mejoramiento de las partes altas de las cuencas;
III. La declaración de zonas críticas de conservación y restauración de las tierras; y
IV. El ordenamiento territorial de la utilización de la tierra.
Capítulo I
De la Autoridad en Materia de Lucha contra la Desertificación
Artículo 4°. Las atribuciones que en materia de lucha contra la desertificación corresponden al Estado, serán ejercidas por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y la Comisión, que para el efecto se instruirá en el marco de la Comisión Intersecretarial señalada en la Ley de Desarrollo, en coordinación con las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de la competencia que les permita la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Secretaría, directamente o a través de sus órganos sectorizados, establecerá los lineamientos, normas e instrumentos de política, así como ejercerá los actos de autoridad, mientras que la Comisión será la responsable de ejecutar y coordinar las acciones de lucha contra la desertificación.
Artículo 5°. Son atribuciones de la Secretaría en materia de lucha contra la desertificación, las siguientes:
II. Promover el cumplimiento y activa participación en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, así como coordinar las decisiones y actividades inherentes a la aplicación de dicho tratado y representar al País en las instancias internacionales correspondientes;
III. Promover la creación de incentivos y/o la adecuación de los programas de desarrollo rural existentes, a fin de estimular el uso sustentable de las tierras, en coordinación con las dependencias competentes;
IV. Presidir y coordinar los trabajos del Consejo;
V. Orientar con criterios ecológicos las políticas e instrumentos del desarrollo rural, el fomento agropecuario y lucha contra la pobreza, en cuanto a su impacto en la conservación y restauración de las tierras;
VI. Determinar las modalidades de aplicación de los programas de desarrollo rural en las zonas críticas y en tierras frágiles, en coordinación con las autoridades competentes;
VII. Coordinarse con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fin de aplicar la presente Ley a través de los Distritos de Desarrollo Rural;
VIII. Autorizar los cambios de utilización de las tierras;
IX. Emitir declaratorias para zonas críticas;
X. Combatir los desmontes;
XI. Regular y fomentar las acciones para la conservación y restauración de las tierras que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal;
XII. Celebrar, conforme a lo previsto en la presente Ley, acuerdos y convenios en materia de conservación y restauración de tierras, con los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como con otras instituciones públicas y personas físicas o morales de los sectores social y privado;
XIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella deriven;
XIV. Imponer las sanciones que correspondan a las infracciones que se cometan en materia de conservación y restauración de tierras; y
XV. Las demás que esta Ley y otras disposiciones jurídicas le señalen.
II. Establecer unidades de coordinación y atención al público en los Distritos de Desarrollo Rural;
III. Planear, acordar o ejecutar, directamente o en forma coordinada con los gobiernos de los Estados y Municipios y/o en concertación con las organizaciones sociales, programas especiales para prevenir o controlar la degradación del suelo;
IV. Definir las tierras frágiles, y determinar los parámetros de dicha condición, así como proponer, fundar y concertar la emisión de declaratorias para zonas críticas;
V. Instrumentar las acciones necesarias para conservar y restaurar las tierras en aquellas zonas que lo requieran;
VI. Coordinar la celebración de Contratos de Aprovechamiento de Tierra en las zonas con tierras frágiles;
VII. Restaurar y estabilizar las tierras en las partes altas de las cuencas;
VIII. Realizar, mantener actualizado y difundir el inventario nacional de tierras;
IX. Organizar y operar el Registro Nacional de Lucha contra la Desertificación;
X. Participar en el Sistema Nacional de Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Sustentable, el Sistema Nacional de Capacitación y asistencia técnica para el Desarrollo Sustentable, el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable y los órganos y mecanismos de coordinación necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
XI. Determinar y revisar periódicamente los coeficientes de agostadero;
XII. Elaborar, directamente o en coordinación con otras dependencias y/o instituciones, estudios de factibilidad para recuperar áreas degradadas;
XIII. Promover, fomentar y evaluar la celebración de Contratos de Aprovechamiento de Tierras en las Tierras Frágiles, de acuerdo con los dispuesto en la Ley de Desarrollo;
XIV. Acordar con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, la instrumentación coordinada de programas prioritarios regionales por actividad o recurso natural;
XV. Concertar con los sectores privado y social la ejecución de programas conjuntos de preservación y restauración de las tierras;
XVI. Fomentar la participación de la sociedad en el combate a la desertificación;
XVII. Promover el manejo sustentable y conservación integral de las tierras y el agua en las cuencas hidrográficas;
XVIII. Celebrar, conforme a lo previsto en la presente ley, acuerdos y convenios en materia de conservación y restauración de tierras, con los gobiernos de las Entidades Federativas, así como con otras instituciones públicas y personas físicas o morales de los sectores social y privado;
XIX. Las demás que esta Ley y otras disposiciones jurídicas le señalen.
Dichas Unidades operarán en el marco de las disposiciones aplicables para el funcionamiento de los DDR.
Artículo 8º. Los acuerdos y convenios que en materia de tierras celebre la Secretaría con los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, podrán versar sobre los siguientes asuntos:
II. La participación en la planeación, constitución y administración de zonas de conservación y restauración de tierras y Unidades de lucha contra la Desertificación;
III. La concertación de acciones e inversiones para la conservación y restauración de tierras con los sectores social y privado;
IV. La planeación, programación ejecución, seguimiento, evaluación y control de acciones tendientes a la conservación y restauración de tierras promoviendo, para ello, la participación social;
V. La participación en los Consejos Regionales de lucha contra la Desertificación; y
VI. Las demás que le señalen esta Ley y otras disposiciones sobre la materia.
II. Coadyuvar en el establecimiento y cumplimiento de las declaratorias de zonas críticas de conservación y restauración de tierras;
III. Apoyar el proceso de descentralización de responsabilidades y funciones hacia los estados y municipios mediante el establecimiento de instancias locales de administración directa, encargadas de la ejecución, control y vigilancia de los programas de conservación y restauración de tierras;
IV. Promover instancias de planeación participativa y administración autogestiva, a través del reconocimiento de las estructuras que los propios productores y propietarios rurales se han dado;
V. Impulsar la adopción de prácticas de producción y aprovechamiento sustentable a partir del manejo integral de los sistemas de cuencas, subcuencas y microcuencas;
VI. Promover instancias de convergencia de las acciones, servicios y recursos públicos, sociales y privados, destinados a la preservación y recuperación de las tierras; y
VII. Las demás que la Ley y el Reglamento señalen.
II. Elaborar, determinar o aprobar, según sea el caso, los proyectos específicos de conservación o restauración por predio y tipo de tierras;
III. Formular el presupuesto anual de la Unidad a partir de los proyectos específicos, a cuyo cargo correrán los gastos de administración del mismo;
IV. Administrar y difundir la información referente a servicios técnicos y tecnologías;
V. Asesorar a los usuarios en la ejecución de los trabajos de conservación y restauración de las tierras en las técnicas de manejo sustentable;
VI. Ejecutar programas de capacitación y adiestramiento, dirigidos a los usuarios del Distrito, sobre técnicas de manejo de tierras;
VII. Promover y dictaminar la celebración de contratos de aprovechamiento de Tierras;
VIII. Supervisar la correcta realización de los trabajos de conservación y restauración que a los usuarios corresponda, así como el cumplimiento de las limitaciones al uso y aprovechamiento fijadas en el decreto de creación;
IX. Determinar las características de las tierras de cada propiedad o posesión y definir los cultivos que deberán fomentarse;
X. Representar a la Secretaría en el ámbito de su jurisdicción; y
XI. Las demás que esta Ley o su reglamento les señalen.
Artículo 11. La Secretaría promoverá y coordinará el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación a través de la Comisión; el Sistema tendrá las siguientes funciones:
II. Definir los objetivos, políticas, estrategias y programas para el control de la desertificación;
III. Proponer y gestionar ante las instituciones públicas federales responsables de los instrumentos de regulación, fomento y apoyo, los ajustes necesarios para que dichos instrumentos coadyuven de manera más eficaz en el control de la desertificación;
IV. Armonizar las políticas y estrategias mencionadas, con los objetivos, políticas y estrategias de producción rural establecidas por las instancias que tengan jurisdicción en esas materias;
V. Promover la participación de los gobiernos estatales y municipales en las acciones del Sistema;
VI. Las demás que le encomiende el Consejo Mexicano o que establezca el propio Consejo Nacional de Lucha contra la Desertificación;
Artículo 13. La Secretaría promoverá el establecimiento de los correlativos Consejos Consultivos Estatales Regionales, Distritales y municipales, en el marco del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable que establece la Ley de Desarrollo.
Artículo 14. El Consejo Nacional y los Consejos Regionales, en el ámbito de sus competencias respectivas, operarán como órganos de consulta y espacios de participación ciudadana, en el ámbito de su respectiva jurisdicción, y tendrán, entre otras, las siguientes funciones:
II. Asesorar a la Secretaría en el diseño y ejecución de las políticas y estrategias nacionales en materia de tierras, así como participar en su control y evaluación;
III. Participar conjuntamente con la Secretaría en la elaboración del Reglamento.
IV. Recomendar al gobierno los lineamientos a seguir en cuanto a la participación de México en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y otros foros y negociaciones internacionales relevantes;
V. Proponer a la Secretaría las recomendaciones que estime pertinentes para mejorar, ejecutar o reorientar políticas, programas, estudios, proyectos y acciones específicas para la lucha contra la desertificación;
VI. Proponer a la Secretaría las reformas legales que considere necesarias para perfeccionar el marco jurídico, mejorar el cumplimiento de sus funciones y promover el desarrollo sustentable;
VII. Proponer los lineamientos y metodologías para el levantamiento del inventario nacional de tierras;
VIII. Otorgar anualmente el Premio al Mérito en la Lucha contra la Desertificación;
IX. Promover los Consejos Consultivos Regionales;
X. Atender las consultas que en materia de tierras le sean planteadas por la Secretaría;
XI. Recomendar a la Secretaría el establecimiento de zonas críticas de conservación y restauración en aquellas zonas que a su juicio lo requieran;
XII. Opinar sobre las solicitudes de cambios de utilización de tierras;
XIII. Determinar los componentes técnicos de los Planes de Manejo Sustentable de Tierras aplicables a los Contratos, de acuerdo con el catálogo de tecnologías que determine el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica; y
XIV. Las demás que esta Ley y el Reglamento les señale.
II. Agrupaciones nacionales indígenas, de productores y empresarios;
III. Instituciones públicas o privadas de investigación o educación superior; y
IV. Organizaciones no Gubernamentales cuyo objeto se relacione con la protección, conservación y restauración de las tierras.
II. Entidades y dependencias federales que actúen en el ámbito regional;
III. Agrupaciones regionales de indígenas, productores y empresarios;
IV. Instituciones públicas o privadas de investigación o educación superior; y
V. Organizaciones no Gubernamentales cuyo objeto se relacione con la conservación y restauración de las tierras.
Artículo 18. Las acciones orientadas a la lucha contra la desertificación, serán coordinadas teniendo en cuenta la existencia de los órganos e instancias de coordinación y participación social consideradas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Título Tercero
De las Normas para el Uso y Aprovechamiento de las
Tierras
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 19. El uso y aprovechamiento de las tierras se hará sobre las bases y métodos que tiendan a mejorar su productividad, sin poner en riesgo la calidad de los recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas, de modo que no comprometa el patrimonio de las generaciones venideras. Asimismo, la realización de otras actividades observará las medidas necesarias para evitar la desertificación y la degradación de tierras y cuencas. Para ello, la Secretaría expedirá normas, lineamientos técnicos y otras disposiciones para establecer dichas bases y métodos.
Artículo 20. La Secretaría, en coordinación con las dependencias competentes y dentro de las disposiciones establecidas por la Ley de Asentamientos Humanos y demás ordenamientos aplicables, delimitará las zonas urbanas, periurbanas y rurales y establecerá los parámetros, las disposiciones reglamentarias y acuerdos de coordinación para la actualización de dicha delimitación.
Artículo 21. La Secretaría delimitará en el Inventario Nacional de Tierras, las tierras frágiles y las zonas, críticas en las cuales la aplicación de los programas de desarrollo rural deberá realizarse con las consideraciones normativas y modalidades que la Secretaría establezca en coordinación con las dependencias competentes y con la participación del Consejo y el Consejo Mexicano.
Artículo 22. Los recursos aplicados en programas de apoyo en las zonas dictaminadas por la Secretaría en condición de tierras frágiles, serán otorgados a los particulares mediante gestión única y con las prerrogativas y preferencias destinadas a fines de mejoramiento de recursos naturales e incremento de los servicios ambientales, a través de Contratos de Aprovechamiento de Tierras, fundados en Planes de Manejo Sustentable de Tierras, formulados con el apoyo de servicios técnicos que la Comisión instrumentará, en el marco del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica y utilizando tecnologías aprobadas en el marco del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica, de acuerdo a las especificaciones que señale el Reglamento.
Artículo 23. La construcción o modificación de obras públicas o privadas, para fines agropecuarios, forestales, pesqueros, mineros, industriales, comerciales, urbanos o de servicios, que directa o indirectamente provoquen un daño a la tierra en el área rural o modifiquen el patrón de drenaje de las cuencas, requerirá autorización de la Secretaría y quedará sujeta a la realización de las acciones compensatorias de conservación y restauración que establezca la Secretaría, los que deberán ser proporcionales a la degradación causada a la tierra, en los términos que señale el Reglamento.
Artículo 24. El Ejecutivo Federal deberá incluir el rubro de Lucha contra la Desertificación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que presente para su aprobación a la Cámara de Diputados.
Artículo 25. Los Distritos de Desarrollo Rural, deberán incluir en su programa anual un programa integral de manejo sustentable de tierras agrícolas, pecuarias y forestales, según corresponda, dentro del área de su circunscripción.
Artículo 26. La Secretaría definirá las técnicas recomendables de acuerdo con las características de aptitud y restricciones de utilización de las tierras. Para tal efecto, establecerá procedimientos transparentes y no discrecionales de validación de técnicas recomendadas en el marco del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable y del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable.
Artículo 27. Los programas de manejo de las tierras agrícolas, ganaderas o forestales, una vez autorizados por la Secretaría, deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Lucha contra la Desertificación.
Artículo 28. Los reglamentos internos ejidales y estatutos comunales a que hace referencia la Ley Agraria, deberán establecer las reglas para el uso, aprovechamiento y conservación de las tierras de propiedad común, dedicadas a las actividades ganaderas o forestales, así como contener las previsiones y medidas organizativas que garanticen una adecuada gestión de tales tierras, por lo que antes de su inscripción el Registro Público de la Propiedad, solicitará a la Secretaría su opinión técnica.
Artículo 29. La Procuraduría Agraria, en coordinación con la Comisión, brindará asesoría especial a los ejidos y comunidades indígenas en la formulación y revisión de sus reglamentos internos o estatutos, a fin de proveer condiciones adecuadas para la correcta gestión de las tierras ganaderas o forestales de propiedad común.
Artículo 30. Se prohíbe la disposición de residuos contaminantes y el uso de los compuestos tóxicos y contaminantes de las tierras que determine la Secretaría mediante la emisión de las NOM correspondientes, en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 31. Tienen prioridad para recibir los apoyos contemplados en la Ley de Desarrollo, los productores que seleccionen cultivos y tecnologías sustentables de manejo de tierras, de acuerdo con los procedimientos y normas que establezca la Secretaría.
Capítulo II
Del Uso y Aprovechamiento Agrícola
Artículo 32. Quienes se dediquen a las actividades agrícolas deberán seleccionar cultivos, técnicas y sistemas de manejo que favorezcan la integridad física, química y biológica de la tierra, su capacidad de infiltración hídrica, el ahorro de agua y la protección de los acuíferos. Las dependencias de la administración pública, dentro de su ámbito de competencia, fomentarán la adopción de las medidas señaladas anteriormente
Artículo 33. Las sociedades de usuarios de los distritos y unidades de riego y de drenaje elaborarán un programa integral de manejo de tierras dentro de su circunscripción, en el que se incluyan las acciones de conservación y restauración en el ámbito predial y en las áreas manejadas directamente por el distrito o unidad. Dicho programa deberá actualizarse anualmente.
Las sociedades de usuarios informarán a la Secretaría dentro de los primeros dos meses de cada año sobre los avances y ejecución del programa.
Artículo 34. La Secretaría verificará el cumplimiento de los trabajos de manejo de tierras en los predios comprendidos dentro de los límites de los distritos y unidades de riego, conforme al procedimiento señalado en la Ley General, así como aplicar las sanciones que, en su caso, correspondan.
Capítulo III
Del Uso y Aprovechamiento Ganadero
Artículo 35. Quienes aprovechen tierras de pastoreo presentarán a la Secretaría, para la autorización de apoyos, un programa de manejo de tierras, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
Los ejidos y comunidades y quienes cuenten con superficies con capacidad para menos de 50 unidades animal podrán solicitar a la Secretaría, apoyo para el cumplimiento de esa disposición en los términos establecidos por el Reglamento.
Artículo 36. Es obligatoria la observancia de los límites de carga animal establecidos por los coeficientes de agostadero que determine la autoridad competente. Sólo se podrá asignar una carga mayor, cuando así lo justifiquen los programas de manejo de tierras de pastoreo a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 37. La Procuraduría Agraria brindará asesoría a los ejidos y comunidades en la formulación y revisión de sus reglamentos y estatutos internos, a fin de proveer condiciones adecuadas para la correcta gestión de las tierras de pastoreo de propiedad común.
Capítulo IV
Del Uso y Aprovechamiento Forestal
Artículo 38. Los programas de manejo forestal mediante los cuales son otorgadas las autorizaciones de aprovechamiento, deberán incluir medidas para proteger y conservar las tierras y las cuencas.
Artículo 39. La Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, en el ámbito de su competencia, vigilarán que en la certificación de derechos ejidales, sucesiones y demás procedimientos de traslado de dominio o usufructo en tierras ejidales y comunales, no se asignen parcelas en terrenos forestales, para lo cual la Secretaría dictaminará y certificará la condición forestal de los predios en los términos de la Ley Forestal, los cuales deberán inscribirse en el Registro Nacional para la Lucha contra la Desertificación.
Artículo 40. La autoridad competente brindará asistencia técnica especializada a los grupos indígenas propietarios de tierras forestales, para la formulación del programa de manejo de tierras, para los efectos de la celebración de Contratos de Aprovechamiento de Tierras y la consecuente asignación de apoyos gubernamentales.
Artículo 41. La Procuraduría Agraria brindará asesoría a los ejidos y comunidades en la formulación y revisión de sus reglamentos y estatutos internos, a fin de proveer condiciones adecuadas para la correcta gestión de las tierras forestales de propiedad común.
Capítulo V
Del Uso y Aprovechamiento Minero
Artículo 42. Se requiere autorización de la Secretaría para la realización de actividades de extracción de materiales del subsuelo; exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales, excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la cubierta vegetal, las tierras o las cuencas, para lo cual los promoventes presentarán a la Secretaría un programa de manejo que incluya las tierras y los cauces de ríos y arroyos incluyendo sus márgenes hasta cincuenta metros del nivel de aguas máximo extraordinario; los aspectos técnicos y criterios de conservación se sujetarán a lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto emita la Secretaría, sin demérito de otras disposiciones aplicables en términos de la Ley General, la Ley Forestal y las demás que correspondan.
Artículo 43. El aprovechamiento de minerales no concesibles depositados en el lecho de cuerpos o cursos de agua, estará sujeto a las normas y procedimientos que establezca el Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables
Artículo 44. Las personas físicas y morales que se dediquen a las actividades mineras generadoras de residuos contaminantes de las tierras, deberán adoptar procesos de recuperación, eliminación o reuso de los mismos, de manera tal que se evite degradación a las tierras de acuerdo con lo que se señale en la norma oficial mexicana que para el efecto se expida. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será causa de cancelación de la concesión correspondiente.
Capítulo VI
Del Uso para Infraestructura
Artículo 45. La construcción y operación de obras de infraestructura caminera, hidráulica, conducción eléctrica o cualquiera otra que pueda causar degradación a las tierras en cualquiera de sus formas, o alterar las características hidrográficas de las cuencas, tanto en el proceso de ejecución, como en su operación ulterior, deberá hacerse de manera tal que evite dichos daños o, en caso contrario, justificar plenamente su utilidad pública y realizar las medidas de mitigación y compensación que establezca el Reglamento, las NOM y demás disposiciones aplicables.
Capítulo VII
De los Cambios de Utilización de las Tierras
Artículo 46. Los cambios de utilización de la tierra dentro de los márgenes establecidos por esta Ley, la Ley Forestal y correlativas, requiere autorización de la Secretaría, de conformidad con los siguientes criterios:
a) De forestal a cualquier otra, de acuerdo con lo establecido en la Ley Forestal; y
b) De ganadera de pastoreo a agrícola, urbana o infraestructura, de acuerdo con lo establecido en la esta Ley, la LGEEPA y demás disposiciones aplicables.
II. Previa autorización:
a) De agrícola permanente a ganadera de pastoreo: mediante un programa de manejo autorizado por la Secretaría, en los términos de lo establecido en la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables; y
b) De ganadera de pastoreo a agrícola, en las zonas consideradas críticas o de tierras frágiles, mediante un programa de manejo autorizado por la Secretaría, en términos de lo previsto la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.
III. Sin restricciones
a) De agrícola o ganadero a forestal, quedando los trabajos de forestación o reforestación a lo establecido por la Ley Forestal.
Artículo 48. Las solicitudes para el cambio de utilización de la tierra en terrenos de uso común ejidales o comunales, requerirán de la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de su asamblea ejidal o comunal, misma que deberá celebrarse cumpliendo con las formalidades exigidas para los asuntos señalados en las disposiciones aplicables de la Ley Agraria.
Capítulo VIII
De las Areas Periurbanas
Artículo 49. La Secretaria, conjuntamente con las autoridades de los estados y municipios, delimitará las áreas periurbanas, en las cuales tendrán prioridad, para todo efecto normativo, de planeación y fomento, sin aspecto paisajístico y la prestación de servicios ambientales a las zonas urbanas contiguas.
Título Cuarto
De los Instrumentos para la Lucha contra la Desertificación
Capítulo I
De las Areas Especiales de Conservación y Restauración
de Tierras
Artículo 50. La Secretaría elaborará y ejecutará, en coordinación con las instancias correspondientes, los programas para las áreas críticas y zonas de tierras frágiles, encaminados a revertir la tendencia a la degradación, a partir de los estudios realizados por el Inventario Nacional de Tierras. Los programas de lucha contra la desertificación en las zonas críticas y de tierras frágiles se ejecutarán mediante convenios de concertación con los sectores social y privado y acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades o de los municipios, según sea el caso, conforme a lo establecido por esta Ley y las demás aplicables.
Artículo 51. Las zonas críticas de conservación y restauración de la tierra, requerirán declaratoria por parte del Ejecutivo Federal, en los términos señalados por la LGEEPA.
Artículo 52. Los programas de las zonas críticas podrán ser de carácter preventivo o correctivo. Los programas de carácter preventivo tendrán por objeto preservar la calidad de las tierras en aquellas áreas que aún conserven sus cualidades físicas, químicas o biológicas.
Los programas de carácter correctivo son aquellos que se orientan hacia las zonas críticas de conformidad con los criterios establecidos por el Inventario Nacional de Tierras.
Artículo 53. Los programas mencionados en el artículo anterior establecerán:
Artículo 54. La Secretaría participará, con las dependencias competentes, en el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica y el Sistema Nacional de Capacitación y Asesoría, a fin de establecer en éstos, los lineamientos y acciones necesarios para la aplicación de las tecnologías idóneas para la conservación, restauración y manejo sustentable de las tierras y las cuencas, así como para integrar un directorio de Servicios Técnicos que será incorporado al registro.
Artículo 55. La Secretaría establecerá los criterios y procedimientos para la clasificación, evaluación, certificación y autorización de los servicios técnicos, de conformidad con los criterios expresados en el Reglamento, así como en las Normas Oficiales Mexicanas que para el efecto emita la Secretaría.
Los prestadores de los servicios técnicos podrán ser contratados libremente. Cualquier persona física o moral que acredite su competencia y capacidad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, podrá prestar los servicios técnicos.
Artículo 56. La Secretaria, en coordinación con las demás dependencias competentes, realizará acciones de promoción y difusión de los servicios técnicos.
Artículo 57. Aquellas personas que por carencia de recursos económicos o por el reducido tamaño de sus terrenos no estén en posibilidades de contar con servicios técnicos, podrán recurrir a la Secretaría para que ésta brinde los servicios correspondientes, en los términos que señale el Reglamento de esta Ley.
Capítulo III
Del Fomento y Financiamiento
Artículo 58. La Banca de Desarrollo participará solidariamente en la protección de las tierras y los recursos naturales. Para ello, creará mecanismos de crédito que tengan por objeto la conservación y restauración de tierras y cuencas, debiendo la Banca otorgar a dichos proyectos tasas de interés y condiciones preferentes.
Artículo 59. Las instituciones públicas de financiamiento, crédito y afianzamiento, establecerán mecanismos en sus procedimientos de selección y aprobación de propuestas y solicitudes, para que los proyectos apoyados financieramente, cuenten con méritos en materia de conservación, restauración y manejo sustentable de tierras y cuencas.
Artículo 60. La Comisión y la SHCP coordinarán, con la participación de las Entidades federativas, el establecimiento de fondos para la lucha contra la desertificación, a fin de apoyar la formulación de proyectos y programas para la conservación y restauración de tierras. Dichos fondos se podrán integrar con las asignaciones de los tres órdenes de gobierno; los créditos y apoyos de organismos internacionales; las cuotas y derechos designados para tal efecto; y las aportaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e internacionales.
Artículo 61. La SHCP realizará las acciones conducentes para que las aportaciones a los fondos que hagan las personas físicas o morales de carácter privado sean deducibles del Impuesto sobre la Renta
Artículo 62. En el marco de los Sistemas de Investigación y Transferencia Tecnológica; y de Capacitación y Asistencia Técnica, los apoyos que se otorguen al tenor de los artículos precedentes, deberán orientarse hacia:
II. Realizar Inversiones en obras de conservación, restauración y manejo sustentable de las tierras y cuencas;
III. Generación y transferencia de tecnologías, formulación de proyectos y asistencia técnica para la conservación, restauración y manejo sustentable de las tierras y cuencas;
IV. Apoyar la valoración y el pago de servicios ambientales que se generen por las actividades, de conservación, restauración y manejo sustentable de las tierras y cuencas; y
V. Las demás que establezcan la Secretaría y la Comisión, con la participación de las dependencias del Gobierno Federal, las Entidades Federativas, los municipios y los Consejos en sus correspondientes ámbitos de competencia.
Artículo 64. La administración pública, en el ámbito de su respectiva competencia, podrá establecer las medidas económicas y financieras adecuadas para el fomento de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de las tierras y para canalizar recursos de inversión y financiamiento para obras dentro de los DDR.
Artículo 65. Las autoridades competentes de las Entidades Federativas y los municipios, establecerán las condiciones para canalizar recursos de inversión y financiamiento de obras en los DDR.
Capítulo IV
De la Investigación y Capacitación
Artículo 66. En el marco de los sistemas de Investigación y Transferencia tecnológica, Información y capacitación y asistencia técnica, las instituciones gubernamentales de investigación competentes, incluirán en sus programas de trabajo actividades para la lucha contra la desertificación.
Artículo 67. La Comisión establecerá programas de capacitación directa a productores y los medios para la implantación de un programa permanente de capacitación de productor a productor.
Artículo 68. El Gobierno Federal establecerá, dentro de sus programas, recursos específicos para capacitación en materia de lucha contra la desertificación.
Artículo 69. La Comisión establecerá los medios para contar con un catálogo de técnicas aprobadas de restauración y manejo sustentable de tierras y cuencas, de acceso amplio y expedito, con información oportuna sobre la naturaleza de las técnicas, los fundamentos científicos en que se basan, las referencias bibliográficas correspondientes, los derechos de propiedad intelectual, tanto académica como de patentes, las condiciones necesarias, riesgos y precauciones para su aplicación y un directorio de usuarios y proveedores.
Artículo 70. La Comisión establecerá y dará continuidad a los padrones de técnicos calificados en materia de lucha contra la desertificación y para la formulación y aplicación de Planes y Contratos de aprovechamiento sustentable de las tierras, incluyendo la selección, capacitación continua, evaluación, certificación, expedición de licencias y registro de los mismos.
Capítulo V
De la Educación y Cultura para la Lucha contra
la Desertificación
Artículo 71. La Secretaría promoverá coordinadamente con las dependencias competentes, una cultura que reconozca la importancia de la lucha contra la desertificación, el desarrollo científico y tecnológico, así como la formación de los recursos humanos necesarios para tal efecto, mediante las siguientes acciones:
II. Establecer espacios permanentes orientados a la elevación de la cultura de la lucha contra la desertificación;
III. Diseño, formulación, elaboración y publicación de materiales de comunicación educativa, que oriente la relación de la sociedad con las tierras y cuencas;
IV. Fomentar la capacitación de voluntarios, orientados a la promoción de la lucha contra la desertificación; y
V. Otras que sean de interés para desarrollar y fortalecer una cultura de lucha contra la desertificación.
Artículo 73. En materia de educación para la lucha contra la desertificación, la Secretaría, en coordinación con la SEP y demás dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno, realizará las siguientes acciones:
II. Impulsar programas de educación en materia de lucha contra la desertificación, a propietarios y productores rurales, así como de los pobladores de áreas rurales;
III. Formular programas de becas para estudios en materia de lucha contra la desertificación; y
IV. Otras que sean de interés en la materia.
Artículo 74. En el marco de los tratados internacionales, de las disposiciones aplicables de la Ley General, del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Sustentable y demás disposiciones aplicables, la Secretaría promoverá el desarrollo de mercados de bienes y servicios ambientales que retribuyan a propietarios o productores que adopten un manejo y aprovechamiento sustentable de sus tierras.
Artículo 75. La Secretaría establecerá los acuerdos y acciones conducentes a contar con los conocimientos, acuerdos, procedimientos, disposición de recursos, actividades indicativas, información de mercado y demás elementos necesarios para hacer efectivo el pago de los bienes y servicios ambientales
Artículo 76. La Secretaría promoverá la formación de personas físicas y morales en materia de valoración y certificación de bienes y servicios ambientales, a fin de que presten asesoría a quienes hagan un aprovechamiento y manejo sustentable de sus tierras, y los vinculen con consumidores, usuarios o beneficiarios de los bienes y servicios ambientales, así como con los mercados nacionales e internacionales correspondientes; lo anterior, se hará tomando en cuenta experiencias y esfuerzos ya disponibles.
Artículo 77. Las compras de gobierno preferirán, en igualdad de condiciones, los productos nacionales provenientes de producción sustentable, así como establecerán un padrón oficial de proveedores sustentables para iguales efectos, en los términos que establezcan el Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Capítulo VII
De la Información, Inventario y Registro
Artículo 78. La Secretaría, considerando el ordenamiento ecológico general, realizará y actualizará el inventario nacional de las tierras, para determinar los usos potenciales y la calidad de las mismas.
Artículo 79. El inventario deberá contener, por lo menos, los siguientes aspectos:
II. Usos asignados a las tierras;
III. Situación actual y tendencias de los cambios que registren las tierras;
IV. La dinámica de cambios que experimenten las tierras así como sus principales causas;
V. Zonificación de las tierras, especificando las áreas, críticas y las tierras frágiles; y
VI. Las superficies con diversos tipos de degradación.
Artículo 81. El Registro Nacional de Lucha contra la Desertificación, será de carácter público y en el se inscribirán:
II. Las autorizaciones de los programas de manejo de tierras, así como sus modificaciones y cancelaciones;
III. Las autorizaciones de cambio de utilización de la tierra;
IV. Las declaraciones de zonas críticas;
V. Los decretos que establezcan las superficies de tierras forestales, que pasen a la administración de la Secretaría por terminación de régimen ejidal;
VI. Los acuerdos y convenios suscritos por la Secretaría, en materia de tierras; y
VII. Las demás disposiciones que esta Ley y su Reglamento señalen.
Artículo 83. La Secretaría procurará la coordinación del Registro Nacional de Lucha contra la Desertificación, con el Registro Agrario Nacional y con el Registro Público de la Propiedad establecido en cada entidad federativa.
Artículo 84. Los resultados del Inventario Nacional de Tierra, su actualización, así como las inscripciones del Registro Nacional de Lucha contra la Desertificación y demás información en la materia, se integrarán al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, previsto en la LGEEPA, al Sistema Nacional de Información Forestal, previsto en la Ley Forestal y al Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable, previsto en la Ley de Desarrollo.
Título Quinto
De las Infracciones y de las Sanciones
Capítulo I
De las Infracciones
Artículo 85. La falta de cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, será sancionada por la Secretaría.
Artículo 86. La Secretaría está facultada para realizar auditorías técnicas del manejo y restauración de las tierras, con el propósito de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 87. Los usuarios, propietarios o poseedores de las tierras a que se refiere esta Ley estarán obligados a prestar toda la colaboración a las autoridades competentes, a fin de permitirles realizar los exámenes, controles, toma de muestras y acopio de información y cualquier otra operación para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 88. Habrá responsabilidad solidaria en los siguientes supuestos:
II. Cuando sean varios los responsables de la infracción y no sea posible determinar el grado de participación; y
III. Cuando no lo especifiquen los contratos que impliquen usufructo por persona diferente de la propietaria.
II. Cambiar la utilización de la tierra sin contar con la autorización correspondiente;
III. Incumplir compromisos de prevención de erosión y contaminación contemplados en los proyectos para la autorización de uso urbano, industrial, agropecuario, forestal, de infraestructura de servicios, de bancos de materiales y mineros;
IV. Incumplir las especificaciones establecidas en los Planes de Manejo de Tierras al celebrar Contratos de Aprovechamiento de Tierras;
V. Contravenir las disposiciones de las declaratorias de zonas críticas de conservación y restauración de tierras;
VI. Extraer suelos y minerales no concesibles sin las autorizaciones correspondientes;
VII. Causar deterioro a las tierras o a las cuencas por construcción o modificación de obras públicas o privadas con fines urbanos, industriales, agropecuarios, forestales, pesqueros, mineros, comerciales y de servicios;
VIII. Realizar cualquier acción que comprometa la capacidad productiva del suelo, o reduzca los servicios ambientales que del mismo deriven;
IX. Obstaculizar al personal autorizado de la Secretaría la realización de visitas de inspección o auditorias técnicas;
X. Incurrir en falsedad respecto de cualquier información o documento que se presente a la Secretaría;
XI. Practicar el sobrepastoreo de los terrenos más allá de la carga animal autorizada por la instancia competente; y
XII. Las demás que señale la Ley.
Artículo 90. Para el caso de las fracciones mencionadas en el artículo anterior, la Secretaría podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones, sin demérito de las previstas en otros ordenamientos legales aplicables:
II. Suspensión o cancelación definitiva, según sea el caso, en la asignación de apoyos gubernamentales;
III. Clausura temporal o definitiva de las actividades calificadas como infracciones, aunque ésas no requieran autorización;
IV. Suspensión, modificación, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de todas las autorizaciones otorgadas para la realización de las actividades calificadas como infracciones;
V. Imposición de acciones compensatorias de conservación y restauración de las tierras y cuencas.
IV. El beneficio directamente obtenido por el aprovechamiento
del recurso del suelo;
V. La reincidencia si la hubiere;
VI. La ocurrencia en zonas críticas o tierras
frágiles;
VII. Las condiciones económicas, sociales y culturales
del infractor; y
VIII. Las demás que señale el Reglamento.
Artículo 93. Si una vez transcurrido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido y resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, la autoridad podrá imponer multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las mismas exceda el monto máximo permitido en el artículo 90.
Artículo 94. Las resoluciones dictadas por la Secretaría con motivo de la aplicación de esta Ley, su Reglamento y Disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas mediante el recurso de inconformidad previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Transitorios
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. En la observancia del presente ordenamiento jurídico, se aplicará de manera supletoria la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Artículo Tercero. El Ejecutivo, con la participación del Consejo, expedirá el Reglamento dentro del plazo comprendido de 180 días naturales a partir de la publicación de la Ley.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes de octubre del 2003.
Dip. Antonio Mejía Haro (rúbrica)
Dip. Pascual Sigala Páez (rúbrica)
México, DF, a 21 de octubre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
Se recibió en esta Secretaría el oficio número STPCE/1188/2003, fechado hoy, signado por el C. licenciado Adalberto Núñez Ramos, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, en el que solicita que, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción IV del artículo 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, se haga llegar el informe de evaluación correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2003 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados establecidos en las reglas de operación de los fondos y los programas a cargo de la Secretaría de Economía señalados en el anexo 13 del citado Presupuesto de Egresos.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño copia del oficio de referencia, así como los anexos que en él se mencionan, para los fines procedentes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 21 de octubre de 2003.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Con fundamento en la fracción X del artículo 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, le solicito atentamente su valiosa intervención con el fin de que se envíe a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de las comisiones correspondientes, el informe de evaluación relativo al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2003 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y los objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación de los fondos y los programas a cargo de la Secretaría de Economía señalados en el anexo 13 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003 (PEF). Los fondos y programas son éstos:
6. Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fampyme).
7. Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial
y Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (Cetro-Crece).
8. Programa de Centros de Distribución en Estados
Unidos (Facoe).
9. Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Foafi).
10. Comité Nacional de Productividad e Innovación
Tecnológica (Compite).
11. Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi).
Lo anterior, toda vez que, de conformidad con el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Gobernación conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes de la Unión.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Lic. Adalberto Núñez Ramos (rúbrica)
Secretario Técnico de Planeación, Comunicación
y Enlace
México, DF, a 21 de octubre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Contralmirante CG DEM Eduardo Roberto Zúñiga Martín del Campo para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Naval a los Servicios Distinguidos, que le confiere el Gobierno de la República Argentina.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano Contralmirante CG DEM Eduardo Roberto Zúñiga Martín del Campo para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Naval a los Servicios Distinguidos, que le confiere el Gobierno de la República Argentina.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 21 de octubre de 2003.
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 21 de octubre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Allan Nahúm Kaim para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de dicho país.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano mexicano Allan Nahúm Kaim para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de dicho país.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 21 de octubre de 2003.
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 21 de octubre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Artillería DEM Adolfo Héctor Tonatiúh Velazco Bernal para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Artillería DEM Adolfo Héctor Tonatiúh Velazco Bernal para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 21 de octubre de 2003.
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 21 de octubre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano doctor Eduardo Sojo Garza Aldape para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de dicho país.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano doctor Eduardo Sojo Garza Aldape para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de dicho país.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 21 de octubre de 2003.
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 21 de octubre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al C. Almirante Marco Antonio Peyrot González, secretario de Marina, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al C. Almirante Marco Antonio Peyrot González, secretario de Marina, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 21 de octubre de 2003.
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 21 de octubre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Mtro. Isaac José Woldenberg Karakowsky para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República del Perú.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Mtro. Isaac José Woldenberg Karakowsky para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República del Perú.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 21 de octubre de 2003.
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 21 de octubre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Lic. Francisco Alfonso Durazo Montaño para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Lic. Francisco Alfonso Durazo Montaño para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 21 de octubre de 2003.
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 21 de octubre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas, para aceptar y usar la condecoración "Cruz de la Marina de la Defensa Nacional" que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas, para aceptar y usar la condecoración "Cruz de la Marina de la Defensa Nacional" que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 21 de octubre de 2003.
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO TOMAS ROBERTO GONZALEZ SADA PARA QUE PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO DE JAPON EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CON CIRCUNSCRIPCION CONSULAR EN EL ESTADO DE NUEVO LEON
México, DF, a 21 de octubre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Tomás Roberto González Sada para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Tomás Roberto González Sada para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 21 de octubre de 2003.
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA DE LA EMBAJADA DE ESE PAIS EN MEXICO
México, DF, a 21 de octubre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos mexicanos María de Lourdes López Salinas, Stephanie Francesca Marina de la Torre Cattaneo, María Cristina López Villafranco, Ignacio Martínez Morales, Everardo Massé Bautista, Luis Antonio Melgoza Martínez, Ana Margarita Ortega Ramírez, María de Jesús Reyes Alvarez y Héctor Abel Soriano Velasco para prestar sus servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana María de Lourdes López Salinas para que pueda prestar sus servicios como auxiliar contable en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Stephanie Francesca Marina de la Torre Cattaneo para que pueda prestar sus servicios como auxiliar en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana María Cristina López Villafranco para que pueda prestar sus servicios como secretaria en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Ignacio Martínez Morales para que pueda prestar sus servicios como vigilante en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Everardo Massé Bautista para que pueda prestar sus servicios como empleado auxiliar en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Luis Antonio Melgoza Martínez para que pueda prestar sus servicios como empleado auxiliar en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese en México.
Artículo Séptimo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Ana Margarita Ortega Ramírez para que pueda prestar sus servicios como secretaria en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Octavo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana María de Jesús Reyes Alvarez para que pueda prestar sus servicios como secretaria en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Noveno.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Héctor Abel Soriano Velasco para que pueda prestar sus servicios como intendente en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 21 de octubre de 2003.
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las Iniciativas y Minuta siguientes:
II. La Minuta Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo Segundo Transitorio a los Artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997, que remite la H. Cámara de Senadores y;
III. Iniciativa del Honorable Congreso del Estado de Michoacán, por la que se reforma el artículo segundo transitorio del diverso que reforma los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 1997.
DICTAMEN
I. Proceso Legislativo.
A) En sesión celebrada el 18 de febrero del presente año, el pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante acuerdo económico 874/03 aprobó remitir al Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley que deroga el artículo segundo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que modificó los artículos 30, 32 y 37, publicado en el Diario Oficial de la Federacón de fecha 20 de marzo de 1997.
En sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión celebrada el 5 de marzo del año en curso, se dio cuenta del oficio DPL 1692-LVI de fecha 18 de febrero del año 2003 por el que el Honorable Congreso del Estado de Jalisco remitió a esa Alta Tribuna la iniciativa mencionada, habiéndo determinado, la Comisión Permanente, que la referida Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
En la Comisión de Puntos Constitucionales, se recibió el oficio D.G.P.L. 58-II-4-1489 de fecha 5 de marzo del presente año por el que comunicaron la determinación del Pleno de la Comisión Permanente y anexaron la iniciativa que se describe, de la que se dio cuenta a la Comisión de Puntos Constitucionales en su sesión de fecha 20 de octubre de este año, en la que existió el quórum requerido para sesionar, determinándose fuera sometida a consideración de esta Soberanía mediante el dictamen que se presenta.
B) En sesión celebrada en fecha 25 de marzo de 2003 por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Población y Desarrollo, presentaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Segundo Transitorio de los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997. En la precitada sesión, el Pleno de la H. Cámara de Senadores discutió y aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Segundo Transitorio a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.
Con fecha 25 de marzo de 2003, la H. Cámara de Senadores envió a la H. Cámara de Diputados la Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Segundo Transitorio a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.
En sesión celebrada el 27 de marzo de 2003, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, turnó esta Minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, celebrada el 24 de abril de 2003, se dio trámite de recibo correspondiente a la minuta materia de este apartado y existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente dictamen, por lo que se ordenó ponerlo a consideración de esta Soberanía para su discusión y resolución constitucional, determinación que, en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura, realizada el 20 de octubre el año en curso y existiendo el quórum requerido para sesionar válidamente se indicó que, en calidad de dictamen, se elevara a consideración de este Pleno.
C) El Honorable Congreso del Estado de Michoacán, en su sesión celebrada el 12 de marzo del año en curso, aprobó el acuerdo por el que se determinó presentar ante la Honorable Cámara de Diputados la iniciativa de decreto, mediante el cual se reforma el artículo segundo transitorio del decreto número 82 aprobado el 5 de marzo de 1997 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997, mediante el cual se reformó, entre otros, el apartado A), el apartado B) se recorre y pasa a ser el C), se agrega un nuevo apartado B), se reforma la fracción I y se agrega un último párrafo al nuevo apartado C) del artículo 37 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicho acuerdo fue comunicado a esta Honorable Cámara de Diputados durante su LVIII Legislatura mediante oficio 515-A de fecha 12 de marzo del mismo año, del que se dio cuenta al Pleno en su sesión del día 1° de abril del año en curso, determinándose que se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Recibido el turno en la Comisión de Puntos Constitucionales en su sesión celebrada el 20 de octubre de 2003, existiendo quórum, se sometió a consideración de los integrantes de la misma este proyecto de dictamen, y habiéndose autorizado se ordenó se elevara a la consideración de esta Soberanía.
II. Materia de la Minuta.
Las Iniciativas descritas y la Minuta motivo del presente dictamen proponen la derogación o reformas al "Decreto por el que se reforma el Artículo Segundo transitorio a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.
El texto vigente del Artículo Segundo Transitorio mencionado dispone: "Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos, podrán beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A Constitucional, reformado por virtud del presente decreto, previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los cinco años siguientes a la citada fecha de entrada en vigor del presente".
En esencia, las iniciativas referidas y la Minuta proponen la correspondiente reforma con objeto de que el beneficio que contempla la disposición citada sea permanente y no quedara limitado a los cinco años que se determinaron al momento de la emisión del decreto, cuya reforma se pretende.
Se argumenta que hace algunos años el Ejecutivo Federal inició Programas de Naturalización y de trámite de la nacionalidad de los mexicanos que viven en el extranjero, predominantemente en los Estados Unidos de América, haciendo una campaña a fin de que los probables interesados pudieran conocer a detalle los requisitos a través de los cuales se pueden recuperar sus derechos como mexicanos, preservando la otra nacionalidad a la que también tienen derecho; no obstante y a pesar de los esfuerzos, la campaña no logró la respuesta esperada, ya que el número de connacionales que efectuaron el trámite apenas excede los 50 000 y los beneficios de la doble nacionalidad no han podido llegar a millones de posibles receptores. Por tanto, al existir una situación desigual entre los que han tramitado y los que no han tramitado la recuperación de su nacionalidad, se propone:
III. Valoración de las Iniciativas y la Minuta.
La Comisión de Puntos Constitucionales tomó en consideración las razones expuestas tanto en las Iniciativas como en la Minuta.
Tradicionalmente el derecho constitucional mexicano había venido considerando la pérdida de nacionalidad mexicana por varias razones. La situación cambió radicalmente por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 1997, misma que entró en vigor el 20 de marzo de 1998.
Se asentó en el Artículo 37:
El problema se da principalmente en los Estados Unidos de América. Ya la anterior Ley de Nacionalidad de 1993 había considerado el problema al establecer una importante excepción a la pérdida de la nacionalidad por los adquirentes voluntarios de una nacionalidad extranjera: "No se considerará adquisición voluntaria la naturalización que hubiere operado por virtud de la ley, simple residencia o ser condición indispensable, para adquirir trabajo o conservar el adquirido (Art. 22 fracc. I).
Respecto a la ley vigente, dice la iniciativa en comento, presentada por el Ejecutivo a la Cámara de Senadores el 20 de noviembre de 1996:
"Resulta importante acotar que la migración mexicana tiene una serie de características peculiares por las cuales, el sitio de destino, suele ser temporal comparado con los patrones de conducta de otras naciones. Es recurrente que después de cumplir un ciclo productivo en otro país, los mexicanos busquen ingresar a México, reintegrándose a sus comunidades de origen. Sin embargo, durante ese período en el exterior, suelen enfrentar condiciones adversas y en ocasiones discriminatorias por no adoptar la nacionalidad del país receptor. De aprobarse esta reforma constitucional, se subsanarían las preocupaciones de esos mexicanos que, por temor a perder su nacionalidad, no dan el paso para integrarse con plenos derechos a las sociedades donde viven, sea permanente o transitoriamente".
Hasta aquí las consideraciones que se hicieron en las Iniciativas y la Minuta, que explican suficientemente la razón de las reformas hechas a la Constitución y la validez permanente de las mismas. Por tanto, limitar el tiempo para reclamar el beneficio de readquirir la nacionalidad mexicana no tiene sentido.
Esta Comisión considera que por el gran número y dispersión de los emigrantes mexicanos, que alcanza varios millones en los Estados Unidos de América, es de suyo difícil y problemático alcanzar la difusión de las reformas que les conceden el beneficio de la nacionalidad.
Por ello, es de destacarse la preocupación y constante esfuerzo por parte de varios diputados, de los señores senadores y de los diputados integrantes de los Congresos de los Estados, quienes con el permanente interés de velar por nuestros connacionales que, por causas diversas, tienen su residencia en el extranjero, han sido motor y parte fundamental de la reforma constitucional en comento.
No han sido pocas las ocasiones en que los representantes populares han hecho sentir su presencia en diversas acciones, medidas e iniciativas que han tenido y tienen un solo denominador común: La protección y salvaguarda de los derechos de los mexicanos radicados en el extranjero. Por ello, este Cuerpo Legislativo, suma sus esfuerzos a los del Senado de la República y de los Congresos de los Estados a efecto de que con una sola voz los Legisladores respondamos a las legítimas demandas de nuestros connacionales.
Por otra parte el tema migratorio, especialmente con el gobierno de los Estados Unidos de América continua siendo uno de los renglones prioritarios de la agenda nacional y, por tanto, de nuestra agenda legislativa, debe insistirse en su avance; los países receptores de migrantes mexicanos deben tomar conciencia de la importancia que para sus economías representan y por ende, deben otorgárseles las facilidades necesarias para su permanencia y reingreso a su país de origen.
El tema de la migración debe seguir siendo prioritario para los países participantes en el fenómeno migratorio.
La posibilidad de que en cualquier momento, los connacionales que lo deseen y satisfagan los requisitos que la propia Ley señala, puedan recuperar su nacionalidad mexicana, es una cuestión digna de tomarse en cuenta porque despierta indudablemente inquietudes en quienes han adquirido la nacionalidad norteamericana, independientemente de que tengan o no, de manera suficiente, la información necesaria sobre las reformas constitucionales.
Este clima, favorable a incrementar las inquietudes de nuestros connacionales, se ve aumentado con las restricciones de política migratoria que por recientes acontecimientos está tomando el gobierno norteamericano.
No tiene sentido limitar un derecho para que se ejercite en un determinado plazo cuando la intención constitucional, según quedó claro, era favorecer a nuestros conciudadanos en el exterior sin que la misma Constitución, en su texto básico, impusiera limitación alguna. Dicho lo anterior y por coincidir la esencia de las Iniciativas y la Minuta descritas, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO A LOS ARTÍCULOS 30, 32 Y 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTE DE MARZO DE 1997.
ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 30, 32 Y 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTE DE MARZO DE 1997, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
TRANSITORIOS
PRIMERO..........
SEGUNDO. Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos, podrán beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A), Constitucional previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cualquier tiempo.
TERCERO.......
CUARTO.......
QUINTO.....
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinte días del mes de octubre del año 2003.
Diputados: Miguel Angel Yunes Linares (rúbrica),
Presidente; Rubén Alexander Rábago (rúbrica), Francisco
Antonio Astiazarán Gutiérrez, Alvaro Elías Loredo
(rúbrica), Luis Antonio González Roldán, J. Jesús
Lomelí Rosas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas (rúbrica),
Arturo Nahle García (rúbrica), Pedro Vázquez González
(rúbrica), secretarios; Gonzalo Alemán Migliolo, Sergio Alvarez
Mata (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Federico
Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Francisco Barrio Terrazas, Angel
Augusto Buendía Tirado (rúbrica), Enrique Burgos García
(rúbrica), Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica),
Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Horacio Duarte Olivares, Enrique
Ariel Escalante Arceo (rúbrica), Francisco Cuauhtémoc Frías
Castro, Germán Martínez Cázares (rúbrica),
Janette Ovando Reazola, Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica),
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Jorge
Leonel Sandoval Figueroa, Socorro Userralde Gordillo (rúbrica),
Marisol Vargas Bárcena, Emilio Zebadúa González (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL JEFE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES LIGADAS CON LAS ELECCIONES PARA RENOVAR LAS DIRIGENCIAS LOCALES DEL SINDICATO PETROLERO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO CARRILLO SOBERON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos, diputadas y diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante este Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 20 de octubre se llevaron a cabo elecciones en las diferentes secciones del sindicato petrolero para renovar dirigencias locales, de conformidad con las convocatorias dadas el pasado 15 de octubre.
De los informes preliminares de las elecciones llevadas a cabo en algunas secciones, notas periodísticas y la voz misma de los trabajadores y a reserva de mayor documentación, se desprende que hay elementos suficientes para declararlas ilegales, ilegítimas y violatorias de los derechos humanos y laborales.
Consideramos imperante nuestra participación como órgano legislativo, dado que se trata de un hecho que pone en riesgo la paz social y la estabilidad de una empresa pública y evidencia la violación de derechos humanos y laborales.
Las principales irregularidades que sustentan la afirmación fueron documentadas por el Comité de Observadores Independiente, integrado por 34 grupos interdisciplinarios de organizaciones de derechos humanos, universidades públicas y privadas, sindicatos y organismos no gubernamentales, del que también somos partícipes las legisladoras y los legisladores del PRD.
En las secciones 11, de Nanchital, Veracruz; 22, de Agua Dulce, Veracruz; 24, de Salamanca, Guanajuato; 26, de Las Choapas, Veracruz; 35, de Tula, Hidalgo; 48, de Reforma, Chiapas; 34, del Distrito Federal; y 14, de Ciudad Pemex, Tabasco, se repitieron las irregularidades siguientes:
3. Permiso de salida anticipada de trabajadores leales
a las planillas oficiales, con el fin de garantizar su voto antes que a
los demás;
4. Se impidió que el comité de observadores
realizara adecuadamente su trabajo;
5. La mayoría de las asambleas se llevó
a cabo aun cuando no se había confirmado el quórum reglamentario
para su inicio;
6. Se permitió hacer propaganda en favor de planillas
oficiales en la misma fecha en que se celebraron las elecciones;
7. En algunas secciones se cambió la sede del local para efectuar las elecciones y se trasladó a una mínima cantidad de personas, en comparación con las que podían votar, garantizando el traslado de gente incondicional a las planillas oficiales; y
8. Se impidió el ingreso de miembros de planillas opositoras a los locales de las elecciones y en el interior las planillas oficiales ganan por aclamación, sin que se emitan y cuenten votos.
Resulta evidente que hay elementos de peso para anular y reponer esos procesos electorales, en aras de avanzar hacia la democratización del ámbito sindical del país.
Hablamos en esta ocasión del gremio de trabajadores de la principal empresa pública nacional. Si permitimos la violación de sus derechos humanos y laborales, estaremos sentando un precedente negativo para ulteriores procesos democráticos.
Por lo expuesto, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Uno. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que haga públicas las actas instruidas por los inspectores comisionados para estar presentes en el proceso electoral descrito y, de esa manera, los trabajadores puedan manifestar su conformidad o inconformidad con lo asentado.
Dos. Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no otorgue reconocimiento oficial al proceso electoral hasta en tanto no se resuelva la legalidad de éste y la administración de Pemex actúe en consecuencia
Tres. Que la Secretaría del Trabajo admita, tramite y resuelva, mediante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en su caso, la nulidad de las elecciones seccionales ordenando su inmediata reposición.
Cuatro. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al director general de Petróleos Mexicanos, ingeniero Raúl Muñoz Leos, para que explique:
b) Por qué en la Sección 35, de Tula, Hidalgo, permitió que se utilizaran los camiones de la empresa para acarrear trabajadores, a quienes se permitió salir con una hora de anticipación; y
c) Por qué en la Sección 24, de Salamanca, Guanajuato, se permitió que la planilla oficial realizara propaganda político-sindical dentro de las instalaciones y en horas laborales.
Diputados: Francisco Carrillo Soberón, Eliana
García Laguna (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISION DE DESARROLLO FORESTAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO PASCUAL SIGALA PAEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales dos y tres, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, hace del conocimiento del Pleno proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
La extensión territorial de México es de 1?964,375 kilómetros cuadrados, con una superficie continental de 1?959,248 kilómetros cuadrados y una insular de 5,127 kilómetros cuadrados. Esto lo sitúa en el decimocuarto lugar entre los países con mayor territorio.
México es además un país megadiverso: ocupa los primeros lugares en vertebrados terrestres y plantas vasculares, es el primer lugar en diversidad de reptiles, tercer lugar en aves y el cuarto en mamíferos terrestres. En cuanto a plantas vasculares, México supera la diversidad de especies de Estados Unidos y de Canadá en conjunto.
Los bosques y las selvas del país cubren en total 55.3 millones de hectáreas. De la superficie forestal, 80 por ciento es propiedad ejidal y comunal; y 15 por ciento, privada.
Las zonas forestales representan un activo importante para el desarrollo de la nación mexicana. Las actividades forestales son fuente potencial de empleos mediante la silvicultura y las manufacturas. Su papel resulta esencial en la disposición de agua limpia y la reducción de riesgos por sequía, inundaciones y avalanchas.
La participación del sector forestal en el Producto Interno Bruto (PIB) fue de 1.3 por ciento en 1987 y de 0.5 en 1996.
En 1999, el valor de la producción forestal fue del orden de 17 mil millones de pesos; y su participación en el PIB, de 1.2 por ciento.
De la superficie total de bosques con que cuenta el país, 21.6 millones de hectáreas tienen potencial comercial.
Los recursos no maderables se encuentran en todas las regiones forestales del país. En los ecosistemas de clima templado se presenta, hasta ahora, la mayor producción de esos bienes: representan 54 por ciento del total nacional.
Durante 2001, la producción maderable fue de 8.4 millones de metros cúbicos, cifra que representó una caída de 10.6 por ciento respecto a 2000. De la misma manera, el valor de la producción forestal, incluidos los rubros de celulosa y papel, registró un decremento de 5.5 por ciento.
La disminución es tan dramática, que en 2002 la producción total es menor que la lograda en 1996.
En las zonas áridas se concentra 32 por ciento de la producción nacional de recursos forestales no maderables. Los principales productos en términos económicos son la candelilla, la lechuguilla, la yuca o palmilla y el orégano.
En las zonas forestales de México viven 12 millones de personas, los más pobres y, por lo mismo, se obligan a emigrar. La mayor parte de esa población se integra por pueblos indígenas, cuya supervivencia cultural depende de la conservación de dichos bosques.
Mucha de esa población desconoce de todo sus derechos a la preservación de las zonas donde habitan, pues no han sido apoyados para aprovechar racionalmente los recursos de las zonas forestales en que viven.
Además, se calcula que hay en el país 16 millones de hectáreas de terrenos forestales susceptibles de reforestación.
Se estima que existe una superficie forestal degradada de 25.4 millones de hectáreas, resultado de los procesos de deforestación. Esas tierras tienen un potencial productivo que se puede recuperar y aprovechar.
La degradación constante de los recursos forestales, que hoy es uno de los problemas centrales del país y -podríamos decir- un asunto de seguridad nacional, se vincula con políticas y prácticas que han representado fuerte presión sobre los recursos forestales que, en la mayoría de los casos, han llevado a su sobreexplotación.
Los factores que provocan mayor degradación en los bosques son, en orden de importancia, los incendios, las plagas y enfermedades forestales, los cambios de uso de suelo y la tala clandestina, mientras que en las selvas los factores principales son las plagas y enfermedades forestales, los cambios de uso de suelo y, en tercer lugar, los incendios forestales, seguidos de conflictos agrarios y pobreza extrema.
Uno de los problemas principales que los bosques enfrentan es la tala clandestina, cuyas causas no podemos ignorar. Estas se relacionan con aspectos como la tenencia de la tierra, la falta de oportunidades de trabajo en algunas regiones del país, la burocracia, que desencadena mal uso de recursos, la colusión de diversas autoridades que participan en esa actividad ilegal y la existencia de grupos organizados para tal fin, el desconocimiento de los ordenamientos legales vigentes y la falta de algunos otros que protejan de manera certera el sector.
Una de las causas más importantes de la deforestación y degradación se encuentra en la política agropecuaria, que fomenta actividades agrícolas y ganaderas extensivas en áreas de vocación forestal, sin que haya suficientes incentivos e inversiones para las actividades forestales.
El resultado de la pérdida de los recursos forestales y de la alteración de los ecosistemas es la deforestación; y el de la degradación de los ecosistemas, la erosión, los azolves de lagos y ríos, la disminución de la captación de agua y recarga de mantos acuíferos en varias regiones del país, las inundaciones, la reducción del potencial productivo por la pérdida paulatina de fertilidad de suelos e impactos negativos en la biodiversidad. Las condiciones resultantes causan pobreza en la población rural y, en consecuencia, migración a las ciudades.
Uno de los problemas principales del manejo forestal en México consiste en que de los 21.6 millones de hectáreas con potencial para producción comercial maderable, sólo 8.6 millones de hectáreas están bajo manejo técnico de algún tipo, lo que representa 15.1 por ciento de la superficie total arbolada, de 53 millones de hectáreas.
Sin embargo, hay aún una superficie marginal, de 34 mil hectáreas, de plantaciones comerciales en México.
La mayoría de las actividades de reforestación ha tenido fines de protección y restauración, con una supervivencia muy baja. Las cifras publicadas indican que se plantan millones de árboles, con lo que se reforesta gran cantidad de bosque. Sin embargo, si eso fuera cierto los mexicanos viviríamos en un segundo nivel porque no tendríamos dónde pisar por la gran cantidad de árboles que estarían de pie.
La industria forestal no satisface el consumo nacional con competitividad a escala internacional. Por otro lado, el mercado nacional está creciendo, lo que da como resultado un aumento de importaciones.
Esos problemas se reflejan también en el comercio de los productos maderables, que está poco desarrollado y afectado por varias imperfecciones, de lo que resulta una dependencia alta de las importaciones y el incremento de la actividad forestal clandestina y no registrada, que se estima en otro tanto de la producción autorizada para uso industrial.
Pese a los problemas, la industria forestal es una fuente importante de empleo e ingreso en las zonas rurales y su potencial está lejos de aprovecharse plenamente.
México tiene gran diversidad genética, está entre las mayores del mundo, lo que es una ventaja comparativa de gran valor, pero no se ha podido aprovechar al máximo. El desarrollo de ese potencial serviría como una fuente importante de ingresos para el sector forestal.
Una de las razones de las deficiencias del mercado de servicios ambientales es el desconocimiento de sus características. Resulta todavía muy difícil cuantificarlos y darles un precio. Además, la falta de datos sobre la relación entre la oferta, los gustos y las preferencias de los consumidores genera incertidumbre sobre los aspectos financieros.
Uno de los problemas principales de la administración forestal estriba en la falta de continuidad, que ha contribuido a que las políticas sean inestables y cambiantes. Hasta ahora, la gestión en el sector forestal ha carecido de articulación completa de los tres órdenes de gobierno en la definición y aplicación de los programas forestales.
Por eso, las aportaciones que logre hacer la Comisión de Desarrollo Forestal son sumamente importantes para abatir el rezago en el sector.
En el ámbito legal, la Ley Forestal señala que la Semarnat propiciará la organización, la planeación y el mejoramiento de los servicios técnicos forestales, mediante la promoción de unidades de manejo forestal en las distintas regiones forestales o cuencas hidrográficas.
En las áreas con potencial comercial maderable, el nivel de costos de prestación de los servicios técnicos se incrementa por las escalas de trabajo que impiden o dificultan aplicar programas de planeación, protección y fomento. En consecuencia, a veces resulta deficiente el manejo de los recursos forestales.
El abaratamiento y la competencia desleal en la cuota de prestación del servicio repercuten en su incumplimiento y baja calidad, lo que limita el servicio al trámite de permisos, al marqueo de arbolado y al aval de informes.
En el ámbito legislativo, hay en la actualidad sobreposición de ordenamientos incluidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el Reglamento de Impacto Ambiental, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y, próximamente, su Reglamento, que dificultan el desarrollo y control de la actividad forestal y en varios aspectos se da duplicación.
Las dificultades son mayores en la medida que se han expedido leyes estatales sobre ambiente y recursos forestales. Esas normas utilizan en ocasiones criterios que se contraponen con la legislación federal existente.
Por ello será preciso que la Comisión de Desarrollo Forestal impulse las reformas necesarias de esos ordenamientos, a fin de tornar eficiente su aplicación para proporcionar el apoyo y sustento jurídico tan necesario para el sector forestal.
La vigencia de gran número de normas, acuerdos y disposiciones complementarias, creadas al vapor y por intereses lejanos a la realidad existente, complica más aún el desarrollo del sector forestal y se constituye como una gran dificultad para los controles administrativos.
La Comisión de Desarrollo Forestal deberá promover por su trabajo diario la vinculación de la normatividad eminentemente forestal con las leyes de carácter fiscal e impositivo y de las atinentes al financiamiento del sector.
La falta de política consistente en materia legislativa para fortalecer los ejidos y las comunidades, que poseen 80 por ciento de la superficie forestal del país, tiene implicaciones sociales fuertes, que inciden en la degradación de los recursos naturales. Ello, a su vez, impide que las comunidades rurales utilicen en forma sustentable dichos recursos para incrementar su calidad de vida. Eso forma un círculo vicioso de degradación y pobreza.
Los problemas que el sector forestal afronta han generado marginación en las comunidades rurales. El tejido social se ha desarticulado paulatinamente, lo cual ha provocado migración, abandono y desarraigo, condiciones que favorecen prácticas ilegales en el aprovechamiento de los recursos forestales, cultivo y tráfico de estupefacientes e inseguridad.
Los conflictos internos que surgen en una comunidad desarticulada contribuyen a la ausencia de mecanismos de planeación y dirección apropiados para la ejecución de actividades productivas. Sin procedimientos transparentes ni legislación acorde con las necesidades del país se propicia corrupción y se reducen los beneficios para todos los miembros de la comunidad.
Un bosque no es simplemente una reunión de árboles que cubre un territorio, sino que constituye una comunidad biológica; es decir, un grupo de organismos que se sostiene con base en relaciones estructuradas por la naturaleza a lo largo de miles o millones de años. De ahí que cualquier intervención humana mal planeada sobre una comunidad arbórea provoque disturbios en todo el engranaje biológico.
En el sector forestal es necesario impulsar, mediante leyes acordes con la realidad del país, el incremento y fortalecimiento de los pagos por servicios ambientales y el fortalecimiento del sector forestal por la aprobación de un incremento del presupuesto para el sector.
En el tema del presupuesto, en los últimos años se habían dado pasos incipientes para corregir la asimetría de atención del sector reflejada en el Presupuesto. A partir de 1997 se establecieron los principales programas forestales: el Prodefor, el Prodeplan y el Pronare; y se inició el Procymaf, con recursos del Banco Mundial.
Los recursos destinados a esos propósitos se incrementaron de manera gradual. Sin embargo, actualmente presenciamos otra vez una caída del presupuesto y financiamiento del sector forestal.
En 2003 se dio una disminución de 1.2 por ciento en el presupuesto respecto al año anterior.
En 2003, el presupuesto asignado al sector forestal fue de 1,570.4 millones de pesos, monto equivalente a 0.45 por ciento del presupuesto total asignado a los demás ramos administrativos.
Para un sector con gran potencial y que además brinda gran cantidad de servicios ambientales, la asignación de menos de 1 por ciento del presupuesto total y de 2.6 por ciento del presupuesto del sector primario deja bastante que desear.
Por todo lo anterior, conviene organizar de la manera más racional el trabajo de la Cámara de Diputados y dar la relevancia correspondiente a las diversas materias sobre las que este órgano legislativo tiene que trabajar en beneficio del país.
Por ello resulta procedente separar las competencias de algunas de las comisiones previstas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como crear algunas otras no consideradas en dicho cuerpo normativo.
El objetivo de la Comisión de Desarrollo Forestal de la H. Cámara de Diputados es impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales, mediante acciones legislativas que apoyen la conservación, la protección, la restauración, el fomento y la producción para el bienestar de la sociedad, con base en la opinión e injerencia en las políticas, en las instituciones y en la legislación misma.
Su propósito es aprovechar las estrategias establecidas para apoyar en la formulación de iniciativas y reformas de las leyes existentes para impulsar planes y programas operacionales de corto, mediano y largo plazos, orientados al uso sustentable de los recursos forestales.
Por lo expuesto y fundado, someto a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión de Desarrollo Forestal, cuyo objeto será contribuir al impulso y fortalecimiento del desarrollo sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales mediante acciones legislativas que brinden apoyo a la conservación, protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad, con base en la opinión e injerencia en las políticas, en las instituciones y en la legislación misma.
Segundo. La comisión se auxiliará para el desarrollo de sus trabajos en las instancias especializadas de la H. Cámara de Diputados; solicitará el apoyo de las instituciones pertinentes del Poder Ejecutivo federal y de los gobiernos de las entidades federativas; y promoverá el establecimiento de una vinculación institucional, sistemática y permanente de la H. Cámara de Diputados con instituciones nacionales de educación superior e investigación, centros de investigación y expertos, cuyos conocimientos especializados contribuirán al desahogo de las tareas encomendadas a la comisión.
Tercero. La Comisión de Desarrollo Forestal trabajará coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, de manera especial, con la Comisión Nacional Forestal, a fin de apoyar las reformas legislativas necesarias para dar continuidad a los trabajos de esas dependencias.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 22 de octubre de 2003.
Dip. Pascual Sigala Páez (rúbrica)
A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO MARCELO HERRERA HERBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Durante la sesión ordinaria del día 8 de abril del presente año, se presentó ante el Pleno de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados la iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para reformar el artículo 49, numeral 3, con la finalidad de crear el centro de análisis agropecuarios y desarrollo rural sustentable, presentada por grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el documento tiene como objetivo principal establecer un órgano técnico para asegurar que la Cámara tenga personal de apoyo especializado para utilizar la información con efectividad al analizar las políticas del campo, al igual que las iniciativas vinculadas con el desarrollo rural.
El motivo principal que impulsa esta iniciativa es sentar las bases para la evaluación y estudio de la leyes agrarias, que funcione como guía, que retroalimente, rectifique y promueva el desarrollo de estrategias que impacten efectivamente en la calidad de las labores del campo mexicano. Esta pretensión es totalmente indispensable en México, en virtud de que el proceso de construcción de mecanismos institucionales nacionales que atiendan acciones sistemáticas y periódicas en la evaluación de las políticas agrarias se encuentra en crisis permanente.
La cuestión agraria ha sido y es trabajo vital para los campesinos y tarea inconclusa para el Gobierno Federal. Destaca la preocupación de los campesinos, hasta el día de hoy, por la falta de apoyo y la poca sensibilidad de los gobernantes en los programas de impulso para el campo. Esta es una realidad tajante y decisiva para el futuro de las familias que viven de esta actividad. Los problemas se han incrementando constantemente sin que haya alguna institución pública o privada que detenga este conflicto, que en un futuro cercano podría ser de fatales consecuencias para México.
Los legisladores, con este tipo de apoyo técnico, deben encontrar mejores procesos a las acciones financieramente frágiles, burocratizadas y ayunas de soluciones integrales; la autoridad agrícola está impedida para afrontar, atender y resolver la gran cantidad de conflictos agrarios que, por su complejidad, reclaman un programa de acción integral, preciso, diverso, particularizado, profesionalmente manejado y presupuestamente suficiente, sin simulación en el procedimiento conciliatorio. De lo contrario, el Gobierno Federal sólo atinará a localizar desgracias y a lamentar resultados.
La iniciativa busca contribuir a que el cuerpo legislativo se fortalezca en el quehacer parlamentario y tenga -de manera resumida- cuatro espacios:
Primero: Buscar la creación del centro de análisis agropecuario y desarrollo rural sustentable;
Segundo: Se propone reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para modificar el artículo 49, numeral 3, a fin de dar la congruencia necesaria a la nueva normatividad del centro de análisis agropecuario y desarrollo rural sustentable;
Tercero: Buscar que el Poder Legislativo cuente con un órgano técnico que le permita garantizar mayor autonomía a las decisiones del sector agrario, y
Cuarto: Que el problema del campo debe ser replanteado para sacarlo del marasmo. Su enfoque tradicional ha llegado a su límite; debe actuar como un programa integral, con la participación de los tres niveles de gobierno, ampliando su contenido para la titulación de ejidatarios, pequeños propietarios, colonos, posesionarios, comuneros y dueños de solares urbanos, para impedir, de una vez por todas, que el fantasma de la inseguridad siga rondando el campo mexicano.
En virtud de que han transcurrido más de seis meses sin que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias haya iniciado su análisis, me permito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitar respetuosamente a la Presidencia de esta Cámara tenga a bien formular una excitativa a dicha comisión, a fin de que dictamine la iniciativa en comento.
Dip. Marcelo Herrera Herbert (rúbrica)
A LA COMISION DE GOBERNACION, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA MARCELA LAGARDE Y DE LOS RIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, en mi calidad de diputada federal de la LIX Legislatura de este H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dirijo a esta soberanía la presente excitativa en virtud de los siguientes
Antecedentes
Con fecha 27 de agosto, dentro de los trabajos de la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura, fue presentado y aprobado un punto de acuerdo para integrar el principio de equidad entre los géneros, los criterios que deben observarse al momento de realizar la elección del consejero presidente y consejeros electorales para permitir una participación con mayor equidad en un órgano con tanta relevancia y firmeza política.
Derivado del punto de acuerdo mencionado, el pasado 11 de septiembre de 2003 se presentó ante este Pleno la iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral 5 del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Dicha iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Gobernación, sin que hasta la fecha se haya presentado ante este Pleno el dictamen respectivo.
Aunado a lo anterior es menester considerar que el 31 de octubre del actual es la fecha límite para la renovación del Consejo Electoral, además de que se trata de una iniciativa basada en el consenso, cuyo objetivo ha sido manifiestamente aprobado por esta Cámara.
Por lo anterior, me permito solicitar sea girada esta excitativa toda vez que dada la proximidad de la renovación del Consejo General del Instituto Federal Electoral, resulta por demás necesario proceder a la modificación propuesta para coordinar las estructuras gubernamentales a la normatividad internacional de la que México forma parte.
Por la antes expuesto, solicito a la C. Presidencia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se sirva:
Primero.- En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sea girada la excitativa pertinente a la Comisión de Gobernación para que presente al Pleno el dictamen correspondiente a la iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral 5 del artículo 74 del Código Federal de Instituciones Procedimientos Electorales, presentada en la sesión del 11 de septiembre de 2003.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días de octubre de 2003.
Dip. Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica)
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA REUNION PLENARIA PARA SU INSTALACION FORMAL, EFECTUADA EL MIERCOLES 8 DE OCTUBRE DE 2003
Siendo las 9:00 horas del día ocho de octubre de dos mil tres, en la zona C del edificio G, planta baja, del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha siete de octubre del presente año, para el desahogo del siguiente
Orden del Día
Se pasó lista, encontrándose presentes los CC. diputados: José Manuel Carrillo Rubio, Rosalina Mazari Espín, Jesús Zúñiga Romero, Jorge Ortiz Alvarado, Miguel Amezcua Alejo, José Alfonso Muñoz Muñoz, Sergio Chávez Dávalos, Armando Leyson Castro, Angel Paulino Canul Pacab, Roberto Ruiz Esparza, Maximiliano Alexander Rábago, Baruch Alberto Barrera Zurita, Rodolfo Esquivel Landa, Jorge Triana Tena, José Javier Osorio Salcido, Marisol Urrea Camarena, Jazmín Zepeda Burgos, Rogelio Franco Castán, Yadira Serrano Crespo, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Alejandra Méndez Salorio.
En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el Presidente de la Comisión, diputado José Manuel Carrillo Rubio, dio por iniciada la reunión.
2. Presentación de la Mesa Directiva
El diputado Presidente de la Comisión solicita a la diputada secretaria de la Comisión Rosalina Mazari Espín que haga la presentación de la Mesa Directiva, conformada por los diputados: José Manuel Carrillo Rubio, Presidente; Rosalina Mazari Espín, secretaria; Jazmín Zepeda Burgos, secretaria; Roberto Ruiz Esparza secretario.
3. Presentación de invitados especiales
La Diputada Secretaria hace la presentación de los invitados especiales:
Siendo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos el Presidente de la Comisión, diputado José Manuel Carrillo Rubio, procedió a declarar formalmente instalada la Comisión de Juventud y Deporte de la Quincuagésima Legislatura de la Cámara de Diputados.
5. Recepción de propuestas para la elaboración de la agenda del primer periodo
El diputado Presidente de la Comisión solicita a la diputada secretaria de la Comisión Jazmín Zepeda Burgos explique la apertura del periodo de recepción de propuestas para la elaboración del programa de trabajo para el primer periodo.
Acto seguido, la diputada secretaria informa que la Mesa Directiva de la Comisión acordó abrir un periodo de 15 días para la recepción de propuestas, mismas que podrán ser entregadas en las oficinas de la Presidencia.
6. Intervenciones de diputados integrantes e invitados especiales
C. Carlos Hermosillo Goyrtúa
Solicita apoyo de la Comisión para la iniciativa que pretende reformar la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a fin de que los deportistas que han recibido el Premio Nacional de Deportes puedan recibirlo por segunda ocasión, así como otorgarlo a entrenadores, deportistas profesionales y patrocinadores.
Hace una invitación, en nombre del profesor Nelson Vargas Basáñez, a una comida, con la finalidad de conocer el programa sectorial que desarrolla la Conade.
Dip. José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica)
Presidente
Dip. Rosalina Mazari Espín (rúbrica)
Secretaria
Dip. Jazmín Zepeda Burgos (rúbrica)
Secretaria
Dip. Roberto Ruiz Esparza (rúbrica)
Secretario.
DE LA COMISION DE PESCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA REUNION PLENARIA PARA SU INSTALACION FORMAL, LLEVADA A CABO EL JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2003
Acta de la sesión de instalación, celebrada el día 9 de octubre de 2003
Siendo las nueve horas del día nueve de octubre del año dos mil tres, en el salón C del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión de Pesca, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 8 de octubre del presente año, para el desahogo del siguiente
Orden del día
1. Lista de asistencia y declaración del quórum; lectura y aprobación del orden del día; 2. Palabras de bienvenida, diputado Francisco Javier Obregón Espinoza, Presidente; 3. Presentación de los diputados integrantes; 4. Declaración formal de la instalación de la Comisión; 5. Asuntos generales; 7. Clausura de la reunión.
Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Diputados: Francisco Javier Obregón Espinoza, Abraham Bagdadi Estrella, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Salvador Sánchez Vázquez, Alejandro Higuera Osuna, Narciso Agúndez Montaño, José Irene Alvarez Ramos, Leonardo Alvarez Romo, Francisco Antonio Astiazarán Gutiérrez, Carlos Blackaller Ayala, Sebastián Calderón Centeno, Isidro Camarillo Zavala, Hidalgo Contreras Covarrubias, Francisco Grajales Palacios, María del Rosario Herrera Ascencio, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Eugenio Mier y Concha Campos, Jesús Antonio Nader Nasrallah, José Orlando Pérez Moguel, Yolanda Valladares Valle, Bernardo Vega Carlos, Alfredo Villegas Arreola, Guillermo Zorrilla Fernández.
En virtud de que se contó con el quórum legal, el Presidente de la Comisión, diputado Francisco Javier Obregón Espinoza, dio por iniciada la reunión.
Acto seguido, el diputado Francisco Javier Obregón Espinoza, en su carácter de Presidente de la Comisión, procedió a dirigir un mensaje de bienvenida los integrantes, con objeto de mencionar las tareas que tiene encomendada la Comisión.
Inmediatamente, cada uno de los diputados asistentes procedió a su presentación, para lo cual hicieron una reseña general de sus actividades y responsabilidades públicas ocupadas anteriormente, así como las entidades de origen y regiones o distritos que representan, y su relación con la actividad pesquera.
Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el diputado Francisco Javier Obregón Espinoza procedió a la instalación de la Comisión, para lo cual, siendo las nueve horas con cincuenta minutos, declaró instalados formalmente e iniciados los trabajos de la Comisión de Pesca para el desarrollo de las actividades legislativas que se tienen encomendadas por el periodo 2003-2006.
En el desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, los CC. diputados presentes hicieron uso de la palabra para referirse a las tareas que deberá realizar la Comisión de Pesca:
Diputado Eugenio Mier y Concha Campos: Comentó su participación en las actividades de la Comisión de Pesca de la LVIII Legislatura, donde se logró lo que hoy es Conapesca. Habló de la necesidad de crear una secretaría de pesca. Expuso de manera general los logros alcanzados por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario y solicitó que en su oportunidad se promueva una reunión con los directores de Pesca de cada uno de los estados, para conocer su problemática. Hizo hincapié en el gran número de servidores públicos que tiene adscritos la Conapesca, y de la poca atención que tiene esa dependencia con los pescadores y de su inoperancia al tener sus oficinas en la ciudad de Mazatlán. Señaló que el estado de Tabasco no cuenta con un Centro de Investigación Pesqueras, a pesar de ser un productor de pescados y mariscos en el país.
Diputado José Orlando Pérez Moguel: Solicitó que se promueva una reunión con el titular de la Conapesca, ingeniero Ramón Corral Avila, para que dé un panorama general de cómo se encuentra el sector pesquero y conocer su programa de trabajo. Señaló la necesidad del reordenamiento del sector pesquero, así como de reunirse con las Comisiones de Agricultura, y de Medio Ambiente para resolver de manera conjunta los problemas del sector pesquero.
Diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Resaltó la importancia de que la Comisión de Pesca esté integrada por diputados de zonas costeras, ya que la hace conocedora del abandono y los problemas que vive la pesca. Resaltó el compromiso de impulsar el desarrollo del sector. Propuso revisar y analizar de manera inmediata el Presupuesto de Egresos, por lo que respecta al sector pesquero, como una tarea prioritaria. Solicitó un calendario de las reuniones ordinarias de la Comisión.
Diputado Sebastián Calderón Centeno: Enfatizó las necesidades del sector pesquero nacional. Habló de las épocas de veda y de su necesidad de tomar medidas conjuntas para dar otras opciones a los pescadores para que no se conviertan en un problema social. Resaltó la importancia que tiene la pesca en cuanto a la generación de alimentos, puesto que es un factor esencial para la alimentación del pueblo de México.
Diputado Abraham Bagdadi Estrella: Resaltó la importancia y responsabilidad que tiene la Comisión de Pesca para el país, señalando que son los campesinos y los pescadores los más desprotegidos de la nación, ya que viven en condiciones verdaderamente infrahumanas, en donde tienen que jugarse la vida. Propuso elaborar leyes más equilibradas y que éstas realmente ayuden al sector pesquero.
Diputado Salvador Sánchez Vázquez: Expresó la gran responsabilidad que tiene la Comisión por ser la pesca una actividad social de la mayor trascendencia. Señaló que la importancia de la pesca no está correspondida con la atención que le brinda el Ejecutivo federal, señalando el reclamo de dar a la pesca rango de secretaría de Estado y la poca atención que se le da en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Señaló la exclusión de la pesca en las agendas del Ejecutivo federal o el mismo Poder Legislativo, ya sea en acuerdos bilaterales, multilaterales o interparlamentarios.
Diputado Alfredo Villegas Arreola: Señaló que el sector ha ido disminuyendo en la Administración Pública Federal, por lo cual no cuenta con las facultades de un secretario de Estado y, por ende, en la Cámara de Diputados se ha disminuido el presupuesto. Señaló que la Conapesca registra una baja eficiencia y que el cambio no funcionó, ya que no ha terminado de trasladarse completamente a Mazatlán. Hizo énfasis en el problema que viven los trabajadores de esa dependencia al desconcentrarla. Se sumó a los esfuerzos que hará la Comisión y propuso trabajar para el Presupuesto de 2004, aprovechando que también es integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de impulsar el sector. Señaló la poca infraestructura y financiamiento y la falta de tecnología con que cuenta el sector pesquero, donde 300 mil familias están atrasadas, lo cual constituye una de los principales problemas del país.
Diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah: Planteó la necesidad de contar con un calendario de vedas adecuado para la pesca de camarón, sobre todo en la laguna Madre, y que beneficien por igual a los pescadores, armadores y cooperativistas. Habló del problema del narcotráfico en el sector, señalando también la importancia de resolver de fondo los problemas sobre la inspección y vigilancia en cuanto al cuidado de los ciclos de reproducción del camarón, invitando a sus integrantes de la Comisión a trabajar juntos.
Diputado Narciso Agúndez Montaño: Destacó la importancia que tiene el sector pesquero en cuanto a la generación de empleos, la importancia de buscar los mercados internacionales para mejorar las condiciones de vida de los pescadores, de la necesidad de un ordenamiento del sector pesquero, de los problemas de comercialización, centralización de permisos y la necesidad de dar mayores atribuciones a los gobiernos estatales para que tengan más facultades en materia pesquera. Expresó que debe darse mayor importancia al presupuesto del sector y se refirió a problemas en el estado de Baja California Sur sobre barcos extranjeros que aprovechan la falta de vigilancia y propuso que se preserven las especies reservadas a la pesca deportiva porque son generadoras de empleos y de divisas. Solicitó que sus comentarios y propuestas sean incluidos en la agenda legislativa de la Comisión de Pesca de los próximos tres años.
Diputado Isidro Camarillo Zavala: Resaltó que el problema pesquero es generalizado y que se debe atender si se desea ser el parteaguas en el sector. Se refirió al problema de la comercialización de los productos pesqueros y señaló la corrupción que vive el sector, al tiempo que exhortó a un trabajo conjunto y decidido para responder a los pescadores mexicanos.
Diputado Leonardo Alvarez Romo: Expuso su preocupación porque la pesca sea sustentable, donde las especies en peligro de extinción o amenazadas sean protegidas por la legislación y que el uso del palangre y la pesca ilegal se deben frenar. Solicitó contribuir a mejorar la ley, para ofrecer un legado a las generaciones futuras y también para la salud del ambiente, que impacta en todos los seres humanos.
Diputado Alfredo Higuera Osuna: Planteó la necesidad de contar con un plan de trabajo encaminado a resolver problemas de carácter inmediato, urgentes y de mediano y largo plazos. Solicitó contar con una respuesta urgente al problema del diesel marino de parte de la Secretaría de Hacienda. Recalcó el compromiso de todos con el sector y solicitó un voto de confianza al nuevo comisionado de la Conapesca.
Diputado Francisco Javier Obregón Espinoza: Propuso la integración de subcomisiones para distribuir y facilitar el quehacer parlamentario de la Comisión. Asimismo, propuso una comunicación inmediata con el comisionado de la Conapesca, Ingeniero Ramón Corral Avila, para acordar una reunión de trabajo, con el objetivo de establecer fechas que permitan abordar los temas planteados. Propuso la elaboración de un programa de trabajo de la Comisión y estableció que las fechas de reuniones de ésta irán en función de las actividades que se vayan suscitando y de las invitaciones a que se vayan atendiendo, sugiriendo que sean los segundos miércoles de cada mes.
De manera conjunta, los diputados integrantes de la Comisión de Pesca acordaron dar el voto de confianza a la Directiva la Comisión para que fueran estructurando un proyecto de programa de trabajo y el cronograma de actividades.
Desahogados los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos que tratar, se declaró concluida la sesión de instalación de la Comisión de Pesca, siendo las diez horas con veintitrés minutos de la misma fecha.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 9 de octubre de 2003.
Diputados: Francisco Javier Obregón Espinoza
(rúbrica), Presidente; Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica),
Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Salvador Sánchez Vázquez
(rúbrica), Alejandro Higuera Osuna (rúbrica), secretarios;
Narciso Agúndez Montaño (rúbrica), José Irene
Alvarez Ramos (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica),
Francisco Antonio Astiazarán Gutiérrez (rúbrica),
Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Sebastián Calderón
Centeno, Isidro Camarillo Zavala, Martín Carrillo Guzmán,
Sofía Castro Ríos, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica),
Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), Francisco Grajales Palacios
(rúbrica), Abdallán Guzmán Cruz, María del
Rosario Herrera Ascencio, Pablo Alejo López Núñez,
Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Eugenio Mier y Concha
Campos (rúbrica), Jesús Antonio Nader Nasrallah, José
Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez
Puga Leyva, Oscar Rodríguez Cabrera, Yolanda Valladares Valle (rúbrica),
Bernardo Vega Carlos, Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Guillermo
Zorrilla Fernández (rúbrica).
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA, DE INSTALACION, EFECTUADA EL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2003
Acta de Instalación de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía
En la Ciudad de México, Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme al acuerdo parlamentario de la Junta de Coordinación Política, modificatorio del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la Integración de las Comisiones Ordinarias y la Conformación de sus Mesas Directivas, de fecha treinta de septiembre de dos mil tres, así como de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria el diez de octubre del año dos mil tres, siendo las nueve horas del catorce del mes de octubre del año dos mil tres, en el salón B del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los siguientes ciudadanos diputados, designados como integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía:
Diputados: Javier Orozco Gómez, Presidente; Lorenzo Miguel Lucero Palma, Marcela Guerra Castillo, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, secretarios; Julián Angulo Góngora, Filemón Primitivo Arcos Suárez, Héctor Miguel Bautista López, Francisco Javier Bravo Carbajal, Angélica de la Peña Gómez, María del Carmen Escudero Fabre, Luis Eduardo Espinoza Pérez, Patricia Flores Fuentes, Carlos Flores Rico, Fernando Alberto García Cuevas, Ady García López, José Julio González Garza, Carlos Martín Jiménez Macías, Francisco Mora Ciprés, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, José Julián Sacramento Garza, Norma Patricia Saucedo Moreno, Paulo José Luis Tapia Palacios.
Contándose con el quórum reglamentario, el diputado Javier Orozco Gómez, designado Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, procedió a declararla formalmente instalada, siendo las nueve horas con cincuenta y tres minutos del día catorce de octubre de dos mil tres.
Diputados: Javier Orozco Gómez, Presidente;
Lorenzo Miguel Lucero Palma, Marcela Guerra Castillo, Manuel Gómez
Morín Martínez del Río, Dolores del Carmen Gutiérrez
Zurita, secretarios (rúbricas).
A su primera reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 23 de octubre, a las 8:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su primera reunión ordinaria, que tendrá lugar el jueves 23 de octubre, a las 9:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE CULTURA
A su primera reunión plenaria, que tendrá lugar el jueves 23 de octubre, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Filemón Arcos Suárez
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 23 de octubre, a las 17 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LAS COMISIONES DE SALUD, Y DE SEGURIDAD SOCIAL
A la comparecencia del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Lic. Benjamín González Roaro, que se efectuará el jueves 23 de octubre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde) del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente de la Comisión de Salud
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente de la Comisión de Seguridad Social
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A su reunión plenaria, que se realizará el martes 28 de octubre, a las 9 horas, en el salón D, del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su primera reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 30 de octubre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A su reunión de trabajo con motivo de la conferencia que dictará la licenciada Patricia Olamendi Torres, subsecretaria para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el martes 4 de noviembre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE SEGURIDAD SOCIAL
A la comparecencia del Lic. Santiago Levy Algazi, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se realizará el miércoles 5 de noviembre, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente de la Comisión de Salud