La Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 7°, párrafos 4 y 5 del mismo ordenamiento, y
Considerando
2. Que, en términos del Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, artículo Quinto, las comparecencias en comisión se llevarán a cabo conforme a la programación que acuerde la Junta de Coordinación Política.
3. Que en el Acuerdo de referencia se establece que dichas comparecencias habrán de celebrarse conforme a lo establecido en su artículo Tercero y que, al respecto, esta Junta de Coordinación Política ha considerado conveniente tomar medidas en aras de dar una mayor agilidad a los eventos de referencia.
4. Que en reunión de trabajo la Junta de Coordinación Política acordó el calendario conforme al cual dichas comparecencias deberán llevarse a cabo.
5. Que, con la intención de dar orden a las comparecencias o reuniones de trabajo que las comisiones de este órgano legislativo realicen en lo subsecuente con funcionarios del Ejecutivo Federal, se considera conveniente que el espíritu de los acuerdos que en este sentido han sido propuestos al Pleno por la Junta de Coordinación Política puedan ser recogidos en el seno de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos como lineamientos para los trabajos que habrá de realizar esta LIX Legislatura en la Cámara de Diputados en coordinación con el Poder Ejecutivo.
Acuerdo
Primero. Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 7°, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer ante comisiones ordinarias a los funcionarios del Ejecutivo Federal que a continuación se indican:
Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación.
C. Javier Usabiaga Arroyo.
Comisión de Agricultura y Ganadería.
Miércoles 15 de octubre de 2003, 10:00 horas.
Secretario de Educación.
Lic. Reyes Tamez Guerra.
Comisiones Unidas de Educación, de Ciencia y Tecnología,
y de Cultura.
Martes 21 de octubre de 2003, 17:00 horas.
Secretario de Salud.
Dr. Julio Frenk Mora.
Comisión de Salud.
Miércoles 22 de octubre de 2003, 10:00 horas.
Director del Instituto de Seguridad Social y Servicios
para los Trabajadores del Estado.
Lic. Benjamín González Roaro.
Comisiones Unidas de Salud, y de Seguridad Social.
Jueves 23 de octubre de 2003, 17:00 horas.
Director de la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro.
Lic. Luis de Pablo Serna.
Comisión de Energía.
Martes 4 de noviembre de 2003, 17:00 horas.
Director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Dr. Santiago Levy Algazi.
Comisiones Unidas de Salud, y de Seguridad Social.
Miércoles 5 de noviembre de 2003, 10:00 horas
Director de la Comisión Federal de Electricidad.
Ing. Alfredo Elías Ayub.
Comisión de Energía.
Miércoles 5 de noviembre de 2003, 17:00 horas.
Director de Petróleos Mexicanos.
Ing. Raúl Muñoz Leos.
Comisión de Energía.
Jueves 6 de noviembre de 2003, 17:00 horas.
En lo que respecta a las comparecencias de los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Energía, la Junta de Coordinación Política las programará y hará del conocimiento del Pleno con la debida oportunidad.
Segundo. En atención al artículo cuarto del Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, las comparecencias se realizarán conforme a lo establecido en el artículo tercero de dicho acuerdo, con las siguientes particularidades:
II. En primer término se presentará el cuestionamiento hasta por 5 minutos; en el caso de los Grupos Parlamentarios que sólo tienen una intervención, su tiempo se extenderá hasta por 8 minutos.
III. A cada cuestionamiento el funcionario responderá hasta por 10 minutos.
IV. En seguida, el legislador o legisladora podrá hacer una réplica hasta por 5 minutos.
En virtud del tiempo de aprobación del presente Acuerdo, la Comisión de Agricultura y Ganadería deberá enviar sus cuestionamientos a la brevedad al titular del área en cuestión.
Cuarto. Hágase del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados.
Quinto. En términos del artículo 93 constitucional y el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicítese a la Presidencia de la Mesa Directiva realice las convocatorias correspondientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los trece días del mes de octubre del año
2003.
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.)
Presidenta
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yánez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica
p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(Aprobado en votación económica. Octubre
14 de 2003.)
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, SOBRE LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN COMISIONES, EN EL MARCO DE LA GLOSA DEL III INFORME DE GOBIERNO, PRESENTADO Y APROBADO EN LA SESION DEL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2003
La Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 7° párrafos 4 y 5, del mismo ordenamiento, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Que con objeto de realizar el análisis del III Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal fue propuesto por la Junta de Coordinación Política, y aprobado por el Pleno el día 18 de septiembre, el Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, en el cual se incluye la del Titular de la Procuraduría General de la República.
2. Que, en términos del Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, artículo Quinto, las comparecencias en comisión se llevarán a cabo conforme a la programación que acuerde la Junta de Coordinación Política.
3. Que la Junta de Coordinación Política, dado que ya han sido constituidas formalmente las comisiones de este órgano legislativo, acordó la conveniencia de que el funcionario citado acuda a comparecer ante las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública.
Con base en lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7°, 22, 34 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a consideración del Pleno el siguiente
ACUERDO
UNICO. Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 7°, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer al Procurador General de la República ante las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, en la fecha que la Junta de Coordinación Política acuerde.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de octubre del año 2003.
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.)
Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Dip. Pablo Gómez Alvarez
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yánez
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica
p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(Aprobado en votación económica. Octubre
14 de 2003.)
Palacio Legislativo, a 14 de octubre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 7º, párrafos 4 y 5, del mismo ordenamiento hago de su conocimiento que el titular de la Secretaría de Energía, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, realizará su comparecencia ante la Comisión de Energía el lunes 20 de octubre de 2003, a las 17:00 horas.
Lo anterior, con el propósito de que se dé cuenta de este acuerdo al Pleno de la H. Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de octubre de 2003.
Atentamente
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica)
Presidenta de la Junta de Coordinación Política
y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yánez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(De enterado. Octubre 14 de 2003.)
Palacio Legislativo, a 14 de octubre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y en relación con la propuesta de integración de las comisiones ordinarias, misma que fue aprobada por el Pleno de esta Cámara de Diputados el pasado martes 30 de septiembre del año en curso, le solicitamos que consulte al Pleno las propuestas de modificación y fe de erratas hechas por los grupos parlamentarios de esta LIX Legislatura en las siguientes comisiones ordinarias:
Modificación de integración
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
Comisión de Desarrollo Social
Sale como integrante el diputado Rogelio Rodríguez
Javier
Entra como integrante el diputado Eugenio Mier y Concha
Campos
Comisión de Fortalecimiento del Federalismo
Sale como integrante el diputado Sergio Armando Chávez
Dávalos
Entra como integrante el diputado Armando Leyson Castro
Sale como integrante el diputado Miguel Osorio Chong
Entra como integrante el diputado Bernardo Vega Carlos
Comisión de Juventud y Deporte
Sale como integrante el diputado Oscar Félix Ochoa
Entra como integrante el diputado Sergio Armando Chávez
Dávalos
Comisión de Marina
Sale como secretario el diputado Francisco Herrera León
Entra como secretario el diputado Rogelio Rodríguez
Javier
Comisión de Pesca
Sale como integrante el diputado Bernardo Vega Carlos
Entra como integrante el diputado Esteban Valenzuela
García
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
Sale como integrante el diputado Miguel Amezcua Alejo
Entra como integrante el diputado Roberto Pedraza Martínez
Comisión de Reforma Agraria
Sale como integrante el diputado Armando Leyson Castro
Entra como integrante el diputado Oscar Félix
Ochoa
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Sale como integrante el diputado Roberto Pedraza Martínez
Entra como integrante el diputado
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Sale como secretario el diputado Sergio Alvarez Mata
Quedando como integrante
Entra como secretario el diputado Jorge Luis Preciado
Rodríguez, quien ya era integrante
Comisión de Salud
Entra como integrante la diputada María Angélica
Ramírez Luna, para complementar el número de 10 integrantes
que le corresponden al PAN
Fe de Erratas
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Donde dice Zavala Peniche Margarita, debe decir Zavala
Gómez del Campo Margarita
Grupo Parlamentario del Partido Convergencia:
Comisión de Energía
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno aparece como
integrante, debe aparecer como secretario
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Dip. Roberto Campa Cifrián (rúbrica)
(Aprobado en votación económica. Octubre
14 de 2003.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, PARA COMBATIR EL CONTRABANDO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA SOCORRO DIAZ PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2003
La que suscribe, C. diputada Socorro Díaz Palacios, integrante del grupo parlamentario del PRD en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Exposición de Motivos
El contrabando de mercancías constituye una práctica ilegal con efectos múltiples contra la economía nacional. Es uno de los factores más consistentes de evasión fiscal, lesiona la planta industrial y la producción agrícola, distorsiona el comercio y contribuye a multiplicar el desempleo. La evasión fiscal coloca México como uno de los países con mayores retos en la materia.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM calcula que la evasión, en combinación con la elusión de impuestos, representa actualmente de 4 a 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Es claro que la evasión fiscal ha estrechado la base tributaria del país de manera significativa. Así, el número de personas físicas que pagan impuestos asciende a 5.5 millones; es decir, apenas 16.18 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) contribuye de manera regular con el fisco y sólo 27.5 por ciento de las personas morales paga impuestos regularmente.
El contrabando de mercancías atenta de manera directa contra la estabilidad y salud de la planta productiva. Es competencia desleal la introducción ilegal de mercancías, sin el pago de impuestos, y, por ende, la capacidad para ofrecer artículos por debajo de los costos de producción que, objetivamente, tienen los campesinos e industriales establecidos en el país.
A la fecha han cerrado numerosas empresas mexicanas enfrentadas a una actividad ilegal y atentatoria contra los intereses económicos y sociales.
Según datos del IMSS, un promedio de 13 negocios cerró cada día durante el primer semestre de 2003. Al final de junio, en México había registradas 808,966 empresas, 2,278 menos de las existentes al último mes del año pasado. Las compañías que desaparecieron fueron, sobre todo, las que tenían entre 1 y 100 empleados. Esas empresas que ya no existen pagaban sus impuestos en México y generaban empleos.
El éxodo de campesinos a las ciudades o a Estados Unidos es revelador, asimismo, de los efectos que tiene el tráfico de cupos para la importación de productos agrícolas.
El contrabando es, en su expresión mayoritaria, la fuente original de la economía informal. Es sabido que en la economía informal se refugian millones de mexicanos que no han encontrado espacio en la realidad laboral tradicional del país o que han sido expulsadas de ella.
Este sector es una fuente importante de evasión fiscal. La informalidad está vinculada con el subempleo y con la economía subterránea, cuyo ámbito no excluye actividades como el contrabando y el crimen organizado.
De acuerdo con un estudio del INEGI (1999), la magnitud del sector informal sería de aproximadamente 10 por ciento del PIB.
La Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Micronegocios del INEGI (1999) estimaron que 15.7 millones de personas participaban en la economía informal.
El círculo vicioso que genera el contrabando se cierra en el ámbito del empleo. De acuerdo con datos del IMSS, en lo que va del sexenio han perdido el empleo, por el cierre de empresas radicadas en México, 550 mil trabajadores.
El tema del empleo es uno de los grandes desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas. No es privativo de México. No será privativo de esta Administración Pública Federal. Trasciende países y puede afirmarse, sin estridencia, que apenas estamos en los umbrales de la profunda crisis social que representa el desempleo, ya que involucra enormes grupos humanos.
Ciertamente, el desempleo hinca sus raíces, de manera sustantiva, en la revolución científica y tecnológica, que ha cambiado los modos de producción, ha desplazado el valor de la mano de obra y, por privilegiar como nunca antes el esfuerzo intelectual, ha abierto lo que se denomina la sociedad del conocimiento.
Entendida esta dimensión, no pueden dejar de combatirse prácticas y conductas delictivas que contribuyen a aumentar el mayor problema social de México que es, hoy, el desempleo.
De acuerdo con el INEGI, en agosto de 2003 la Tasa de Desempleo Abierto fue de 3.96 por ciento de la PEA, superior en 1.19 puntos a la registrada en el mismo mes de 2002, que fue de 2.77.
Por sexo, la tasa correspondiente a las mujeres se incrementó de 3.13 a 4.48 por ciento entre agosto de 2002 y el mismo mes de 2003, mientras que la de los hombres aumentó de 2.56 a 3. 66 por ciento en el mismo periodo.
De acuerdo con estimaciones hechas en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la Tasa General de Necesidades de Empleo oscilaría entre 18 y 24 por ciento de la PEA.
En el marco de la legislación vigente, el contrabando es sancionado como delito de los llamados de cuello blanco. La realidad nos ubica en otra evidencia, operativa, económica y social.
El contrabando, igual que otras actividades delictivas que alteran sensiblemente la legalidad institucional de México, tiene como característica contar con verdaderas redes de individuos que operan con una consistente estructura financiera y de organización.
En esta convicción coincidimos con diversos protagonistas de la realidad económica, política y social. Prueba de lo anterior son las dos iniciativas de reforma de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada presentadas por los CC. senadores Enrique Jackson Ramírez y Antonio García Torres, del PRI, y Fauzi Hamdan, del PAN, en 2002, coincidentes por diferentes caminos en el propósito de combatir con mayor rigor una actividad sumamente contraria a los intereses del país y de millones de mexicanos.
La aportación de la iniciativa de reforma que hoy presentamos a esta soberanía consiste en la revisión y reforma del articulado del Código Fiscal de la Federación, a fin de incluir en él disposiciones existentes en la ley aduanera y agregar otras para responder, con oportunidad práctica, a las fórmulas del contrabando técnico que se aplican contra industriales, productores agrícolas y comerciantes.
Al hacer coincidir estas reformas con la decisión de adicionar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, estimamos haber encontrado el camino para sumar los aspectos técnico-fiscales de combatir prácticas aduaneras viciosas y de reconocer la gravedad delictiva de las organizaciones de contrabandistas.
En efecto, no obstante las diversas y sucesivas modificaciones de la Ley Aduanera para revisar los procedimientos de verificación y control vigentes, a fin de dotar a la autoridad de los elementos necesarios para combatir las prácticas fraudulentas de comercio exterior, dichos ordenamientos y las medidas aplicadas han sido insuficientes.
Por ello se considera necesario tomar medidas drásticas para prevenir y sancionar el fraude comercial, a fin de incluir nuevos supuestos de delitos relacionados con el contrabando de mercancías, así como elementos de presunción y equiparables, a fin de desalentarlos y erradicarlos.
Es de particular interés considerar, asimismo, que la globocolonización comercial y las tasas arancelarias preferenciales animan a los malos importadores y exportadores a innovar métodos de fraude comercial, con el consiguiente perjuicio al fisco federal, a la planta industrial, a los campesinos, al comercio y al empleo.
El contrabando está recurriendo más a las formas documentales, a la subvaluación y a la triangulación de países para ocultar el verdadero origen de las mercancías.
Por ello, de manera concurrente con las reformas del Código Fiscal de la Federación y habida cuenta de que el contrabando cuenta con la organización, la estructura y los medios humanos y financieros de operación similares a los que manejan el narcotráfico y el tráfico de personas, resulta inaplazable proponer que en el artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se tipifiquen tanto el delito fiscal de contrabando como los actos que permitan presumir la comisión del delito, así como los que se equiparen a éste y que se traducen en el contrabando documentado.
Por lo anterior se somete a esta soberanía el siguiente
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Artículo Primero. Se reforman los artículos 102, fracción II, y 103, fracción I, y se adicionan las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 102. Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías:
II. Sin permiso o sin el cupo emitido por la autoridad competente o haciendo uso indebido de los mismos, cuando sea necesario cumplir cualquiera de estos requisitos.
II. a IX. ...
X. Las mercancías extranjeras se introduzcan en territorio nacional por lugar no autorizado.
XI. Las mercancías extranjeras sujetas a tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos de los autorizados tratándose de tránsito interno o no arriben a la aduana de destino o de salida.
XII. En caso de que se presente el pedimento sin las mercancías correspondientes en la aduana de salida tratándose de operaciones de exportación, retorno de mercancías, desistimiento de régimen o conclusión de las operaciones de tránsito.
XIII. Las mercancías de comercio exterior destinadas al régimen aduanero de depósito fiscal no arriben al almacén general de depósito que hubiera expedido la carta de cupo para almacenar dicha mercancía o a los locales autorizados.
XIV. Se realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 108 de la Ley Aduanera sin contar con programas de maquila o de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, de mercancías que no se encuentren amparadas en los programas autorizados; se importen, como insumos, mercancías que por sus características de producto terminado ya no sean susceptibles de ser sometidas a procesos de elaboración, transformación o reparación; se continúe importando temporalmente las mercancías previstas en un programa de maquila o de exportación cuando éste ya no se encuentra vigente o cuando se continúe importando temporalmente la mercancía prevista en un programa de maquila o exportación de una empresa que haya cambiado de denominación o razón social, se haya fusionado o escindido y se haya omitido presentar los avisos correspondientes en el Registro Federal de Contribuyentes y la Secretaría de Economía.
XV. No se acredite durante el plazo a que se refiere el artículo 108, fracción I, de la Ley Aduanera que las mercancías importadas temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía fueron retornadas al extranjero, fueron transferidas o se destinaron a otro régimen aduanero o que se encuentran en el domicilio en el cual se llevará a cabo el proceso para su elaboración, transformación o reparación manifestado en su programa.
XVI. Se omita realizar el retorno de la mercancía importada temporalmente al amparo del artículo 106 de la Ley Aduanera.
Artículo 2. Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente...
VI. Contrabando, su presunción y equiparables previstos en los artículos 102, fracción II; 103, fracciones I y III a XVI; 105, fracciones I a IV, X y XIII, del Código Fiscal de la Federación.
Unico. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2003.
Diputados: Socorro Díaz Palacios, Víctor Suárez Carrera, Elpidio Tovar de la Cruz, Marcela González Salas, Alfonso Ramírez Cuéllar, José A. Ortiz Pinchetti, Inti Muñoz Santini (rúbricas).
(Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito
Público, y de Justicia y Derechos Humanos. Octubre 14 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS APRUEBE LA FORMACION DE UNA COMISION ESPECIAL QUE DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO HIDROELECTRICO EL CAJON, EN NAYARIT, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2003
Ante el proyecto fallido para construir el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en las inmediaciones de Texcoco, el complejo hidroeléctrico El Cajón, en el estado de Nayarit, se ha constituido en la obra del sexenio, según el decir del Presidente Fox.
Dicho proyecto implica una inversión de 750 millones de dólares, financiados por el mecanismo de los Pidiregas; es decir, empresas privadas se harán cargo de las obras civiles, electromecánicas y obras asociadas.
El proyecto El Cajón se construirá sobre el río Santiago, a 77 kilómetros aguas arriba de la presa Aguamilpa. Tendrá una capacidad de 750 megavatios, generación media anual de mil 228 gigavatios/hora. Contará con una cortina de 186 metros de altura, casi igual a la de Aguamilpa, que es la más alta en su tipo en el mundo.
Desgraciadamente, como ha caracterizado a la administración foxista, ha habido contradicciones en cuanto a la viabilidad de esta obra, pero éstas no se restringen a aspectos técnicos sino, también, al impacto social negativo en los municipios del área de influencia de la obra.
Por ejemplo, el proceso de indemnización a los propietarios de los terrenos donde se sitúa el complejo hidroeléctrico tuvo tropiezos y ha dejado malestar e inconformidad, que pueden dar lugar a complicaciones posteriores.
Además, la obra ha generado un proceso de migración que rebasa con mucho las estimaciones oficiales de creación de empleos: 5 mil directos y 5 mil indirectos.
Los miles de personas que van en busca de un empleo presionan fuertemente la capacidad de los servicios privados y públicos. La afluencia masiva de mano de obra en la zona comienza a generar problemas de salud y sanitarios.
Además, esa población flotante tiene un impacto negativo en las comunidades aledañas a la presa El Cajón, ya que su inserción conlleva fuertes desequilibrios sociales.
Como se sabe, en esos proyectos florecen la prostitución y la venta de alcohol y drogas, además de que se propicia la desintegración familiar, por mencionar las más graves.
La consecuencia inmediata de esa migración indiscriminada se expresa en una presión creciente hacia los recursos financieros del estado y de los municipios.
Atender a los habitantes originarios y a los que se integran como trabajadores directos e indirectos de la presa El Cajón implica mayores recursos para salud, vivienda e infraestructura urbana.
La Comisión Federal de Electricidad y las empresas privadas que ganaron la licitación aducen que no es responsabilidad suya apoyar a los municipios y al estado con los recursos financieros requeridos para hacer frente a las necesidades mencionadas.
El Ejecutivo federal, por su parte, tampoco ha asumido el compromiso de dotar al gobierno del estado y a los municipios con recursos para hacer frente a los nuevos compromisos sociales y ambientales que genera dicho proyecto.
Como puede verse, son varias y muy importantes las interrogantes que se plantean en torno de la presa El Cajón. Van desde ciertas dudas razonables acerca de su viabilidad técnica hasta los impactos sociales y ambientales de dicha obra, y de quien es el responsable de dotarla de soporte financiero.
Por todo lo anterior, los diputados que suscriben este punto de acuerdo consideran de vital importancia que el Poder Legislativo conozca de este asunto de manera detallada y dé el seguimiento que corresponde a una obra de tal magnitud ya que, a final de cuentas, será sufragada con recursos aprobados por esta soberanía.
Proponemos por tanto la creación de una comisión especial investigadora para revisar las cuestiones que hemos señalado en las consideraciones de este punto de acuerdo.
Por ello, con fundamento en los artículos 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Unico. La H. Cámara de Diputados aprueba la formación de una comisión especial que dé seguimiento al proyecto hidroeléctrico de El Cajón, en el estado de Nayarit, con el objetivo de analizar su viabilidad financiera y técnica, así como su impacto en distintos ámbitos de la vida pública y social, y el soporte financiero para satisfacer las necesidades de la población que está en el área de influencia de dicho proyecto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2003.
Diputados: Raúl Mejía González, Gerardo Montenegro Ibarra, Martín Carrillo Guzmán, Juan Pérez Medina, Santiago Cortés Sandoval, Héctor Miguel Bautista López, Narciso Agúndez Montaño, Francisco Amadeo Espinosa, Alejandro González Yánez, Pedro Vázquez González, Manuel Velasco Coello, Oscar González Yánez, Luis Maldonado Venegas, Juan Fernando Perdomo Bueno, Joel Padilla Peña (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Octubre 14 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE EXHORTE A LAS AUTORIDADES LABORALES Y A LAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A TENER UNA RESOLUCION JUSTA EN EL PROCESO DE REVISION DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO ENTRE DICHA ENTIDAD Y EL SINDICATO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A ELLA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROBERTO JAVIER VEGA Y GALINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2003
El suscrito, diputado Roberto Javier Vega y Galina, en uso de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables, viene a presentar ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados haga un exhorto a las autoridades laborales del país y a los órganos directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que, dentro del ámbito de legalidad, propicien la solución al conflicto laboral surgido con motivo de la revisión del contrato colectivo de trabajo (CCT) entre el IMSS y el sindicato que agrupa a sus trabajadores, con fundamento en las siguientes
Consideraciones
El CCT que rige las relaciones laborales entre el IMSS y sus trabajadores termina su vigencia este 15 de octubre, a las 24 horas.
En tiempo y forma, cumpliendo los requisitos y las formalidades señalados en la Ley Federal del Trabajo, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pliego petitorio para la revisión del pacto colectivo e inició, de común acuerdo con la dirección del IMSS, una serie de pláticas para llegar a los consensos necesarios que permitieran, por una parte, resarcir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios; y, por otra, adecuar algunos artículos de los reglamentos que forman parte del CCT, en cuanto a las condiciones de trabajo.
Después de casi dos meses de pláticas serias y responsables, se llegó al consenso de modificar el contenido y la redacción de 23 cláusulas del CCT y 52 artículos de 18 de los reglamentos incorporados a dicho pacto laboral.
Igualmente, se llegó al consenso de aceptar la última y definitiva oferta del IMSS de aumentar los sueldos y las prestaciones de los trabajadores en 4 por ciento directo al sueldo y en 1.25 por ciento a prestaciones económicas.
Esa propuesta de aumento salarial y de modificaciones del clausulado y reglamentos del CCT fue aprobada unánimemente por 906 delegados efectivos al XLII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, el día de su instalación legal, el 9 del presente mes.
Como el IMSS pretendió condicionar la oferta de aumento salarial a que en el mismo proceso se modificara el régimen de jubilaciones y pensiones que está, como todos los reglamentos, incorporado al CCT, el sindicato manifestó su voluntad para revisar dicho régimen en un plazo razonable, lo cual fue ratificado, por votación también unánime, por los 906 delegados efectivos del Congreso Nacional Ordinario.
Esa actitud de presionar al sindicato para que acepte modificar condiciones de jubilación en forma abrupta, sin una reflexión seria y responsable, como condición para acceder a la firma del CCT, sólo demuestra insensibilidad y falta de voluntad política para resolver un problema que puede convertirse en una verdadera emergencia nacional si, al llegar a la fecha límite, nos obligan a estallar una huelga que no deseamos.
El chantaje no puede ser la base de una relación laboral entre la mayor institución de seguridad social del país y el sindicato de trabajadores al servicio de la seguridad social más grande de Latinoamérica.
El sindicato está consciente de las dificultades financieras por las que atraviesa el IMSS, pero también lo está de que la situación laboral con sus trabajadores no es el único ni el más importante de sus problemas.
Los ingresos del Seguro Social para financiar el seguro de enfermedades y maternidad han sido disminuidos en forma muy importante al cambiar la nueva Ley del Seguro Social el mecanismo de aportaciones y cuotas, sobre todo de los patrones, a quienes se ha favorecido en forma desproporcionada.
La contención salarial de los trabajadores afiliados al IMSS, como política económica del Gobierno Federal, no ha permitido que los salarios de los trabajadores se recuperan en relación con el Indice Nacional de Precios al Consumidor y, en consecuencia, los ingresos del seguro de enfermedades y maternidad quedan muy por debajo de los costos de los insumos, el mantenimiento de las unidades y de la prestación de los servicios.
El incremento constante e indiscriminado, sin justificación, del precio de los medicamentos que se requieren para proporcionar una atención a la salud de calidad es otro de los factores muy importantes que está incidiendo en el desfinanciamiento del seguro de enfermedades y maternidad.
La evasión y elusión de los patrones, en cuanto a las cuotas que tienen que aportar a la seguridad social, han sido calculadas por el mismo IMSS en una cantidad equivalente a 20 por ciento del total de sus ingresos, sin que se tomen medidas serias para corregir este que es un problema extraordinariamente importante y depende de soluciones administrativas que tiene que tomar el instituto.
Tratar entonces de centrar el problema financiero en las prestaciones que otorga a sus trabajadores es una irresponsabilidad que no se concibe, cuando lo importante es la preservación de uno de los mecanismos más importantes para otorgar seguridad y salud a los trabajadores de México.
Menos se concibe si se pretende detener o posponer el pago de un raquítico incremento a los sueldos que no restituye el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, a la modificación de condiciones laborales pactadas en el CCT.
No hay oposición del sindicato a revisar el régimen de jubilaciones y pensiones. Lo que queremos y aceptamos es que se revise con seriedad, con objetividad y sin sobredimensionar el impacto real de esta prestación en el conjunto de las finanzas del instituto.
En mérito de las consideraciones expuestas, me permito proponer a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con la solicitud de que se dé trámite de inmediato como asunto de urgente resolución, dado que la fecha para el estallamiento de la huelga está fijada para el primer minuto del 16 de octubre, y la huelga es un derecho de los trabajadores al que no podemos renunciar.
Punto de Acuerdo
Unico. La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la Dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social a que se dé solución a la problemática derivada de la firma de la revisión del contrato colectivo de trabajo entre el IMSS y sus trabajadores, y se evite el inicio de una huelga que afectará la preservación, el cuidado y la recuperación de la salud de los trabajadores y de sus familias.
Dip. Roberto Javier Vega y Galina (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social. Octubre 14 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS DIRIJA UN EXHORTO A LOS PODERES LEGISLATIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE PROMUEVAN LA APROBACION, AMPLIACION O PROFUNDIZACION DE LEYES DE PARTICIPACION CIUDADANA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA SUSANA MANZANARES CORDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2003
Los diputados que suscriben, integrantes del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, el cual se sustenta en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
1. Para que la participación ciudadana sea realidad, además de los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en las Constituciones de los estados y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se requieren los espacios y mecanismos institucionales específicos con los que la participación ciudadana pueda desarrollarse. Por ello es que a partir de 1998 se han aprobado leyes de participación ciudadana en 12 entidades federativas, faltando por hacerlo 20 entidades de la República.
2. El 30 de abril de 1998 fue publicada la Ley de Referéndum y el Plebiscito para el Estado de San Luis Potosí; el 21 de diciembre de 1998 se publicó la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; el 15 de enero de 2000 se publicó la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima; el 13 de junio de 2000, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California Sur; el 27 de diciembre de 2000, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos; el 16 de febrero de 2001, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California; el 6 de junio de 2001, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Tamaulipas; el 8 de septiembre de 2001, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Zacatecas; el 21 de noviembre de 2001, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes; el 8 de enero de 2002, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco; el 22 de octubre de 2002, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, y el 17 de diciembre de 2002, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila. De esta manera, las mencionadas entidades federativas han hecho una contribución para reconocer jurídicamente los mecanismos de participación ciudadana.
3. En consecuencia, los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, no cuentan con sus respectivas leyes de participación ciudadana.
Consideraciones
1. Los mecanismos de democracia directa, entre los que destacan la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito, lejos de oponerse a la democracia representativa, constituyen un complemento de ésta, amplían los espacios de participación ciudadana y contribuyen a legitimar las acciones de gobierno al involucrar a los gobernados en la toma de las decisiones de mayor trascendencia para la vida pública.
2. Los tres instrumentos más reconocidos de la democracia directa son la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito. Sin embargo, junto a ellos se han incorporado otros mecanismos como la consulta y la colaboración vecinales, las audiencias públicas, la rendición de cuentas, la revocación de mandato y el presupuesto participativo, que en conjunto plantean una concepción democrática de las relaciones entre gobernantes y gobernados, promueven la corresponsabilidad, fortalecen la cultura de la participación y dan concreción al principio de soberanía popular. En otras regiones del mundo y especialmente en algunos países de América Latina se han desarrollado exitosas experiencias de implementación de mecanismos de democracia participativa que han contribuido a elevar el nivel y la calidad de vida de la población.
3. En los sistemas democráticos la participación política de los ciudadanos no se restringe a la elección de gobernantes y representantes populares el día de la jornada electoral. En estos sistemas la ciudadanía tiene una dimensión en la que, además del voto, los ciudadanos en todo momento pueden ejercer sus derechos políticos y recurrir a procedimientos institucionales para gestionar sus demandas e incidir en las decisiones de gobierno. Es decir, la elección de gobernantes no significa para éstos el monopolio de las decisiones públicas, pues los gobernados cuentan con instrumentos para promover propuestas emanadas de la propia sociedad o, si es el caso, revertir o sancionar decisiones gubernamentales.
4. La transición política que en México se ha desarrollado durante los últimos años ha tenido en gran parte un referente electoral que ha permitido avanzar en esta materia, a pesar de resistencias autoritarias y de nuevos fenómenos antidemocráticos en el ámbito electoral. Sin embargo, la democratización plena e integral del sistema político todavía tiene una extensa agenda por resolver. En estos términos, la ampliación y consolidación de las relaciones democráticas requieren de la activa participación ciudadana, que contribuya a democratizar las relaciones entre gobernantes y gobernados, e incorpore a estos últimos como verdaderos protagonistas de los asuntos públicos.
5. La aprobación de leyes de participación ciudadana en las entidades federativas que aún faltan de hacerlo, vendría a consolidar una tendencia jurídica nacional de carácter democrático, y sería un paso importante para impulsar la cultura política democrática y sus valores, como el pluralismo político, la tolerancia, la corresponsabilidad, la legalidad, el diálogo y la participación política, y
6. Las leyes de participación ciudadana aprobadas en diversas entidades federativas muestran una desigual incorporación de los mecanismos de iniciativa popular, referéndum y plebiscito, y en la mayoría de ellas están ausentes otros mecanismos como las audiencias públicas, la rendición de cuentas, la revocación de mandato y el presupuesto participativo.
En consecuencia, y con el objetivo de que esta representación contribuya a la ampliación y consolidación de la vida democrática, presentamos la siguiente propuesta de
Punto de Acuerdo
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda dirigir un atento exhorto a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas para que en el marco de su soberanía:
1. En aquellas entidades federativas que aún no cuentan con sus respectivas leyes de participación ciudadana promuevan la aprobación de leyes que regulen los mecanismos de democracia directa y participación ciudadana tanto en el nivel local como en el municipal, y
2. En aquellas entidades federativas donde ya han sido aprobadas leyes de participación ciudadana, éstas sean revisadas para ampliar y profundizar su contenido, de manera que además de la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito sean incorporados otros mecanismos como la consulta y la colaboración vecinales, las audiencias públicas, la rendición de cuentas, la revocación de mandato y el presupuesto participativo.
Diputados: Gilberto Ensástiga Santiago, Eliana García Laguna, Francisco J. Saucedo Pérez, Daniel Ordóñez Hernández, Eduardo Espinosa Pérez, Pablo Franco Hernández, Clara M. Brugada Molina, Angélica Díaz del Campo, Nancy Cárdenas Sánchez, Francisco Carrillo Soberón, Amalia Dolores García Medina, Martha Mícher Camarena, Horacio Martínez Meza, Rafael García Tinajero, Bernardino Ramos Iturbide, Agustín Rodríguez Fuentes, Héctor M. Bautista López, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Valentín González Bautista, José Luis Naranjo Quintana, Miguel Luna Hernández, Irma Figueroa Romero, Rosario Herrera Ascencio, Francisco Javier Obregón Espinosa, Sergio A. Magaña Martínez, Ana Lilia Guillén Quiroz, Susana Manzanares Córdova (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Participación
Ciudadana. Octubre 14 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO A QUE ASIGNE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR Y LA INVESTIGACION AGROPECUARIA FORESTAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALBERTO JIMENEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2003
Los suscritos, legisladores federales de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política, así como 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General, presentan la siguiente propuesta, a efecto de que se asignen mayores recursos a la educación agrícola superior y a la investigación agropecuario-forestal, para fortalecer el desarrollo rural de México.
Antecedentes Generales
El campo mexicano ha necesitado en todas las etapas de su desarrollo la aportación de conocimientos, tecnologías y sistemas de organización social, de comercialización y procesamiento agroindustrial, en los que han participado de manera destacada los profesionales de la agronomía y del desarrollo rural en sus diferentes áreas y niveles.
La educación agrícola superior y la investigación agropecuario-forestal han estado relacionadas estrechamente con la atención y valorización del sector rural y sus aportes económicos, sociales, culturales y ambientales a la economía nacional.
En nuestro país, la primera institución de educación agrícola superior surgió y acompañó la Reforma, la Revolución Mexicana y las etapas de crecimiento agrícola y de desarrollo tecnológico del campo en el periodo de los años cuarenta a los setenta; y, junto con las otras que forman el sistema de instituciones de educación e investigación agropecuaria, sectorizadas en la Secretaría de Agricultura, ha generado nuevos enfoques tecnológicos en el aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales, como base para el desarrollo rural sustentable que la nueva realidad nacional e internacional demanda.
En todos los países sumamente desarrollados, el sector agropecuario, la sociedad rural y el medio natural son muy valorizados en los procesos económicos, sociales y ambientales.
El sector agropecuario y los recursos naturales se han constituido en elementos estratégicos, en cuanto constituyen la base de la seguridad alimentaria y para la aportación de servicios ambientales que garanticen mayor calidad de vida de la sociedad en su conjunto, así como para la preservación y el desarrollo de la biodiversidad.
México es reconocido en Latinoamérica y en el mundo como un país precursor en la formación de instituciones de educación agrícola superior. En nuestro país se estableció la primera escuela nacional de agricultura en el continente americano, institución que cumple ya 150 años de formar profesionales de las ciencias agronómicas y del desarrollo rural, con presencia e influencia a lo largo y ancho del territorio nacional y de otros países, principalmente latinoamericanos.
Siguiendo el camino lógico de la educación para el servicio de la nación, en 1985 se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). En octubre de 2001 se convirtió en un organismo público descentralizado y en junio del 2003 fue reconocido como centro público de investigación.
Para prestar los servicios a su cargo, el INIFAP cuenta con 6 centros de investigación, 81 campos experimentales y 8 centros de investigación tecnológica.
Sin embargo, pese a su importancia para el desarrollado científico y su vinculación con la producción agropecuaria y forestal, el INIFAP cuenta sólo con 1,185 investigadores, cuando hace cinco años contaba con 2,000. Así, su plantilla ha disminuido, en lugar de aumentar como lo han hecho las necesidades de investigación del país.
Aunado a eso, el INIFAP enfrenta la inminencia de la jubilación de una parte importante de sus investigadores, sin una estrategia para suplir esas ausencias.
Los avances tecnológicos en el mejoramiento genético de cultivos alimenticios obtenidos han contribuido a incrementar los rendimientos y la rentabilidad de algunos sectores de la agricultura nacional, así como a resolver problemas de hambrunas en países como India y Afganistán, lo que demuestra la pertinencia histórica de la educación agrícola superior y la investigación en México.
En los subsectores pecuario y forestal también ha habido aportes importantes en sistemas de producción de leche y carne, así como en sistemas integrales de aprovechamiento de los recursos forestales.
Durante las décadas de los años setenta y ochenta, las escuelas y facultades de agricultura crecieron en México de manera prácticamente exponencial. Desde la época de la Reforma hasta antes de la Revolución Mexicana existía en el país solamente la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo, creada por iniciativa presidencial y aprobada por el H. Congreso de la Unión, con un estatuto que le confiere funciones en el ámbito federal y nacional.
Posteriormente, se constituyeron otras instituciones, como la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, ya desaparecida; la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, a principios de los años veinte, hoy Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, constituida por decreto del Congreso de Coahuila; y, por último, el Colegio de Posgraduados.
Después de la Revolución Mexicana, se dio particular impulso a la formación y el desarrollo de la educación rural mediante las escuelas prácticas de agricultura, las regionales y las rurales. Empero, el nivel superior era atendido por un número reducido de instituciones educativas.
Hasta mediados de los años setenta, las instituciones de educación agrícola superior eran pocas, aun sumando las escuelas y facultades de agronomía de universidades estatales.
A mediados de los años noventa, el número de instituciones de ese tipo superaba ya 85, con los consiguientes problemas de dispersión y duplicación de esfuerzos y recursos, así como su impacto en el desempleo de los egresados, agravado por la disminución de la presencia estatal en el campo y la contracción económica del sector.
En el periodo comprendido entre 1985 y 1994, el área de conocimiento que disminuyó más drásticamente fue la correspondiente a las ciencias agropecuarias, la cual cayó de 88,895 alumnos en 1985 a 34,160 en 1994; en términos porcentuales, se observa una disminución de la matrícula a nivel licenciatura de 61.5 por ciento.
Sin embargo, pese a la escasez presupuestal, la matrícula en ciencias agropecuarias registró un incremento de 22 por ciento a escala nacional entre 1994 y 2000, cifra que no revierte la pérdida de más de 60 por ciento de estudiantes en el periodo señalado.
Esa situación indica una crisis contenida, pero no resuelta ni con visos a revertirse en el corto plazo, sin el apoyo estatal adecuado. En el caso de las instituciones de educación agrícola superior (IEAS) sectorizadas en la Sagarpa, el Csaegro pudo incrementar su matrícula en 120 por ciento, la UAAAN en 18.4 por ciento y la Uach en 19.7 por ciento.
Es importante hacer notar que, a diferencia de lo acontecido en el nivel superior, durante el lapso comprendido entre 1995 y 2000 se registró un importante aumento en la matrícula del nivel posgrado en ciencias agropecuarias, que a escala nacional alcanzó un incremento porcentual de 82.8 por ciento, en el caso de las IEAS sectorizadas en la Sagarpa, destacando el Colpos y la Uach, con incrementos superiores a 100 por ciento.
Los esfuerzos educativos de esas instituciones se enmarcan plenamente en las políticas del Programa Nacional de Educación 2001-2006 que, en uno de sus objetivos estratégicos, establece la necesidad de ampliar la cobertura con equidad, atendiendo la creciente demanda de educación superior con acciones simultáneas de diversificación y de ampliación de la capacidad del sistema, privilegiando la equidad.
Las IEAS, sectorizadas en la Secretaría de Agricultura para fines presupuestales, han hecho grandes aportes en la formación de recursos humanos de alto nivel para atender las necesidades del campo; además, han realizado investigaciones y capacitación en todo el país mediante sus centros y unidades regionales.
Han contribuido a los procesos de evaluación de los programas federales y estatales relacionados con el campo, y han contribuido a la capacitación de los actores de los programas de desarrollo rural por medio de sus cursos de educación continua, de asesorías y estudios específicos de viabilidad de proyectos productivos.
Esas instituciones representan un capital educativo que el país puede aprovechar como fortaleza en la formación de capacidades humanas y generación de tecnologías para el sector agropecuario. Cuentan con una planta docente sumamente capacitada, en su mayoría con estudios de posgrado, cuentan con niveles educativos integrados en la docencia e investigación en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado.
Su pertinencia y cobertura social son amplias, algunas de ellas tienen fuerte presencia en la agricultura campesina y las regiones indígenas. Sin embargo, esas instituciones necesitan ser suficientemente apoyadas por el Estado y por la sociedad para cumplir de la mejor manera sus objetivos y sus funciones académicas.
Las instituciones de educación superior han sido limitadas en sus planes de crecimiento y desarrollo académico. Tal situación ha sido particularmente grave en el caso de las instituciones que dependen para su operación fundamentalmente del presupuesto federal, otorgado a través de la Secretaría de Agricultura como cabeza de sector. Tal es el caso de la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Posgraduados, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y el Colegio Superior de Agricultura del Estado de Guerrero.
La problemática central que ha determinado y condicionado el desarrollo de las instituciones de educación agrícola en las dos últimas décadas y que se convierte en el obstáculo principal para la consolidación de sus programas académicos, así como de su mayor proyección en la sociedad rural mexicana, es y ha sido hasta el momento la fuerte atonía presupuestal a que se les ha sujetado, sobre todo en las dos últimas administraciones federales.
Las limitaciones de índole financiera ha dificultado el desarrollo de las instituciones educativas y generado una serie de problemas internos, con repercusiones académicas, sociales y administrativas como las siguientes:
2. Incapacidad financiera para cumplir los programas y metas que se derivan del plan de desarrollo institucional, que recoge los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. De ahí se deriva la dificultad para abrir nuevos programas académicos e impulsar con mayor vigor procesos de equipamiento, innovación tecnológica y educativa, como programas de educación y capacitación a distancia.
3. Respuesta insuficiente de las IEAS a las múltiples demandas educativas que presentan los grupos campesinos y productores del país, lo cual impide participar en los procesos de desarrollo rural regional con propuestas de mayor trascendencia, pues es insuficiente la participación en los procesos de formación y capacitación de los jóvenes rurales ante los fenómenos sociales de emigración, feminización, deterioro ecológico y envejecimiento de la fuerza de trabajo en las actividades agropecuarias y forestales.
4. Disminución acelerada del presupuesto, más un incremento de la proporción de los rubros relacionados con los sueldos y salarios, en virtud de los incrementos regulares de los trabajadores administrativos y académicos considerados en sus contratos laborales.
5. Escaso o nulo mantenimiento de la infraestructura material que sirve de soporte al impulso de las funciones sustantivas que realizan esos centros educativos, además de falta de recursos financieros para apoyar la modernización administrativa.
6. Déficit presupuestal creciente derivado del nulo crecimiento del presupuesto asignado anualmente. Ello limita el crecimiento de unidades educativas foráneas: centros regionales, unidades regionales, centros de validación y transferencia de tecnología.
Que, conociendo las enormes dificultades por las que pasa el campo mexicano, sólo mediante proyectos productivos desarrollados en los centros educativos del país especializados en materias agropecuarias podrá mejorarse la situación de miseria en que alrededor de 25 millones de compatriotas viven.
Que, para poder asegurar la vinculación entre los centros educativos agrícolas y la sociedad rural, es necesario presentar las condiciones favorables a estas instituciones para que cumplan su cometido social y contribuyan al desarrollo rural y, al hacerlo, al desarrollo nacional.
Que si no se apoya de forma imperativa el desarrollo científico, tecnológico y educativo de las instituciones educativas agrícolas, no sólo se pone en peligro la ya de por sí golpeada población rural sino, también, el país entero, pues en la cuestión agrícola está inmersa la seguridad alimentaria de nuestra nación. Apoyando decididamente la educación superior agrícola se contribuye a la posibilidad de un desarrollo rural autosustentable y, al mismo tiempo, al desarrollo de la nación entera.
Que, en un marco de competencia internacional, regulado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nuestro principal socio comercial (Estados Unidos) aporta a la investigación científica y tecnológica agrícola 2.62 por ciento de su PIB agrícola, mientras en nuestro país se aplica 0.5 por ciento del mismo PIB. Si se quiere ser competitivo, es necesario, al menos, equiparar las cifras relativas con nuestros socios en el TLCAN.
Proponemos
1. Exhortar a las dependencias del Ejecutivo federal a asignar el presupuesto necesario a las instituciones de educación agrícola superior y al INIFAP que les permita concretar sus objetivos y metas, en el marco de los principios prioritarios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, del programa sectorial y del Acuerdo Nacional para el Campo, así como de acuerdo con compromisos específicos de mejoramiento académico y calidad en las tareas de investigación, según parámetros que se establezcan en cada caso.
2. Establecer las condiciones estructurales para la formación de un sistema nacional de educación agrícola superior e investigación agropecuaria para el desarrollo rural, como lo establece la Ley de Desarrollo Social Sustentable en los artículos 22 y 34.
3. Destinar fondos presupuestarios adicionales para inversión en infraestructura, equipamiento y desarrollo tecnológico que contribuyan a la modernización de las instituciones de educación agrícola superior sectorizadas en la Sagarpa y al INIFAP como organismo descentralizado, siempre que las instituciones establezcan un firme compromiso, generando proyectos claros de participación y vinculación con los sectores público y privado, por lo concerniente al desarrollo rural sustentable.
4. Exhortar a la Sagarpa a que confiera prioridad a las instituciones de educación agrícola superior en la ejecución y la evaluación de programas nacionales de fomento y desarrollo agropecuario, forestal y ambiental, con base en sus programas de vinculación.
Palacio Legislativo de san Lázaro, a 14 de octubre de 2003.
Diputados: Alberto Jiménez Merino, Jesús Morales Flores, Alfredo del Mazo González, Angel Aguirre Rivero, Oscar Pimentel González, Cruz López Aguilar, Mario Moreno Arcos, María del Carmen Izaguirre (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Octubre 14 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO SU INTERVENCION EN EL CASO DE LOS PESCADORES DEL LAGO DE PATZCUARO, MICHOACAN, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ABDALLAN GUZMAN CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2003
Los que suscriben, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las consideraciones que se enuncian.
En uno de los lagos más antiguos y representativos del paisaje de nuestro país, donde floreció la cultura más importante del occidente de Mesoamérica, Pátzcuaro, se libra desde hace diez años una lucha que tiene su origen en la falta de comunicación y sentido común de las autoridades ambientales.
En efecto, cuando aparecieron señales de peligro de extinción de especies en el lago, principalmente de los peces blanco, achoque y acúmura, en 1998, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión de Pesca de Michoacán decidieron declarar una veda a la pesca en general de manera unilateral. La medida parecía justificada, sobre todo si se toma en cuenta que la captura de pez blanco pasó de 125 toneladas en 1982 a poco menos de 10 en 1998.
A cambio, las autoridades ambientales federales y locales ofrecieron un programa de empleo temporal, que tuvo reducido impacto, ya que llegó demasiado tarde. La veda iniciaría en marzo de 1999 y concluiría en mayo del mismo año, coincidiendo con la época de cuaresma, los meses de mayor flujo de turistas en la región.
Los pescadores isleños y ribereños del lago de Pátzcuaro, integrado por los municipios de Erongarícuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y Pátzcuaro, aceptaron en 1999 la medida y mantuvieron siempre una actitud de disposición al diálogo con el fin de mantener el entorno ecológico.
La veda se extendió a todas las especies de peces y anfibios a partir del 1 de marzo y hasta el 25 de abril de 2000, facultando a la Profepa para que inspeccionara y vigilara el cumplimiento de la disposición.
En esta ocasión que se instrumentó la veda no se avisó a los pescadores como se había acordado, y en lugar de ello la Semarnap y el Grupo de Operativos Especiales de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Michoacán decomisaron instrumentos de trabajo y los incineraron en el mismo lugar, lo que causó el enojo de la comunidad; esto sucedió el 2 de marzo de 2000, entre la isla de Janitzio y la ribera de Cucuchuchu.
Ante tal situación, un grupo de alrededor de 300 indígenas, a bordo de sus embarcaciones, interceptó a los inspectores y los trasladó a la Jefatura de Tenencia de la isla de Janitzio, porque consideraron que se trataba de una violación a su derecho a la pesca.
En la Jefatura estuvieron a disposición de la Jefatura de Tenencia de Janitzio: Ulises Pech Rivera y Francisco Mendoza García y cuatro policías de Seguridad Pública, desde las 13 horas del 2 de marzo hasta las trece horas del día 3, cuando se presentaron autoridades del gobierno de Michoacán, representantes de la Profepa e integrantes de la mesa directiva de los pescadores. Después de dialogar con las autoridades se liberó a los inspectores federales y a los policías.
Como resultado de estos acontecimientos se libró orden de aprehensión en contra de miembros de la Unión de Pescadores de las Islas del Lago de Pátzcuaro de Michoacán, bajo los cargos de privación ilegal de la libertad, robo y otros; a pesar de haber firmado los asistentes minutas en el sentido de que los detenidos no interpondrían acciones jurídicas en contra.
Sin embargo, fueron detenidos Aurelio Guzmán Mateo y Leocadio Ascencio Amaya y transladados al Centro de Readaptación Social de Morelia. Fueron sentenciados a una pena de 20 años de prisión, una multa de 65 mil 400 pesos, misma que fue ratificada en segunda instancia.
Pescadores del lago de Pátzcuaro, organizaciones sociales, sus abogados y diputados federales solicitaron la intervención del titular del Poder Ejecutivo federal, Presidente Vicente Fox Quesada, para que otorgara el indulto a los indígenas pescadores.
El 1 de febrero de 2002, ante la evidencia de atropellos y debido a la presión social, el Presidente Fox otorgó el indulto, ordenando su inmediata excarcelación.
Sin embargo, la orden de aprehensión en contra de otros dos pescadores, Miguel Galdino Quirós y Gamaliel Asencio Amaya, permanece vigente. En contra de esta resolución fue presentado un recurso de revisión, mismo que fue turnado al Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito con residencia en la ciudad de Morelia. Dicho recurso se declaró improcedente.
En virtud de lo anterior, los señores Galdino Quirós y Asencio Amaya viven en constante zozobra, ante el temor de que sean detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.
La solución jurídica más viable es la cancelación de las órdenes de aprehensión, con fundamento en el artículo 200 del Código de Procedimientos Penales, el cual establece que si por datos posteriores el Ministerio Público estimare que ya no es procedente una orden de aprehensión, o que debe reclasificarse la conducta o hecho por los cuales se hubiese ejercitado la acción y la orden no se hubiese ejecutado aún, pedirá su cancelación o hará la reclasificación, en su caso, con acuerdo del procurador de Justicia o del funcionario que corresponda, debiendo este acuerdo constar en el expediente; o bien, promover su sobreseimiento y la libertad absoluta del inculpado.
Nuevamente se solicitó al Ejecutivo federal su intervención para cancelar las órdenes de aprehensión de los pescadores indígenas mencionados y el Presidente Fox giró las instrucciones al secretario Santiago Creel Miranda y al titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, los cuales tienen pleno conocimiento del caso e hicieron el compromiso hace más de un año de buscar una pronta solución. Sin embargo, después de varios meses la situación permanece en las mismas condiciones, sin justificación alguna para su retardo.
Consideramos que, al haber resuelto favorablemente con los detenidos que fueron indultados, el Ejecutivo federal sentó un precedente que debe considerarse para que las órdenes de aprehensión pendientes sean dejadas sin efecto. No puede darse un trato diferenciado para un mismo hecho.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los que suscribimos sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Uno. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a que desista del ejercicio de la acción penal en contra de Miguel Galdino Quirós y Gamaliel Ascencio Amaya, en virtud de los antecedentes antes expuestos.
Dos. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia y a través de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos gestione de manera inmediata ante las autoridades correspondientes la promoción de sobreseimiento del caso o reclasificación del delito que se describe en las consideraciones expuestas y se decrete la libertad absoluta de los ciudadanos antes mencionados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2003.
Diputados: Abdallán Guzmán Cruz, Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Alejandro Saldaña Villaseñor, Narciso Agúndez Montaño, Agustín Miguel Alonso Raya, Rosa María Avilés Nájera, Héctor Miguel Bautista López, Francisco Javier Carrillo Soberón, Francisco Chavarría Valdeolivar, Adrián Chávez Ruiz, César Antonio Chávez Castillo, Santiago Cortés Sandoval, Tomás Cruz Martínez, María Angélica Díaz del Campo, Horacio Duarte Olivares, Luis Eduardo Espinoza Pérez, Rafael Flores Mendoza, Rogelio Franco Castán, Rafael García Tinajero Pérez, María Elba Garfias Maldonado, Ana Lilia Guillén Quiroz, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, María del Rosario Herrera Ascencio, Marcelo Herrera Herbert, María Marcela Lagarde y de los Ríos, J. Miguel Luna Hernández, Sergio Augusto Magaña Martínez, Javier Manzano Salazar, Jorge Martínez Ramos, Antonio Mejía Haro, Martha Lucía Mícher Camarena, Francisco Mora Ciprés, Marcos Morales Torres, Inelvo Moreno Alvarez, Juan Pérez Medina, Cristina Portillo Ayala, Carlos Hernán Silva Valdés, Israel Tentory García, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Enrique Torres Cuadros, Elpidio Tovar de la Cruz (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Octubre 14 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE INSTRUYA A LAS SECRETARIAS DE ECONOMIA, Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A QUE DISEÑEN DE INMEDIATO INSTRUMENTOS PARA INCORPORAR LA ECONOMIA INFORMAL A SISTEMAS FORMALES QUE GARANTICEN A QUIENES SE DEDICAN A ESTAS ACTIVIDADES, AHORA INFORMALES, SEGURIDAD SOCIAL Y SE SIMPLIFIQUE EL REGIMEN FISCAL DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO ALONSO BAILEY ELIZONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2003
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales del sector obrero y del estado de Nuevo León, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, ante esta honorable asamblea presentamos una proposición con punto de acuerdo.
Acudo a esta tribuna con la representación de los diputados federales del sector obrero y del estado de Nuevo León, de mi partido, el Revolucionario Institucional, a fin de manifestar la profunda preocupación por el desempleo que está creciendo de manera alarmante en todo el país.
En los anexos del pasado Informe se dice que la tasa del desempleo abierto a julio del 2003 era del 3.52 por ciento (que, según el sector empresarial, es ya superior al 4 por ciento) y la tendencia es al aumento.
En este sentido se informa también que el Gobierno Federal dio a conocer nuevas medidas fiscales, presupuestarias y de financiamiento para la ocupación productiva y el autoempleo, a través de cinco programas, de los cuales en tres de ellos se informa que se logró colocar a 1,543, 2,800 y 2,131 personas, respectivamente. Como se puede apreciar, las cifras de colocación son irrisorias y evidencian la falta de resultados del Gobierno Federal en dichos programas.
Según estadísticas que proporciona el INEGI, este desempleo está impactando básicamente a los obreros mexicanos, quienes ante esta penosa realidad han emprendido todos sus esfuerzos a buscar la manera de obtener un ingreso que les permita la satisfacción de las necesidades más elementales de sus familias. Dedicándose a actividades que están consideradas dentro de lo que se ha dado en denominar la "economía informal".
El Presidente de la República ha reconocido que el problema del desempleo es el gran reto. Que "las familias mexicanas se siguen sacrificando ante la falta de una respuesta vigorosa, de fondo, a ese grave problema".
Sólo cabe preguntar: ¿hasta cuándo vamos a dar esa respuesta vigorosa; hasta cuándo se va a seguir sacrificando a las familias mexicanas?
Está bien que se reconozca que el crecimiento económico y la generación de empleos han sido insuficientes, pero el simple reconocimiento no es suficiente, hay que actuar.
La realidad es que, ante la falta de un empleo dentro de la llamada economía formal, los trabajadores se han visto en la necesidad de realizar toda clase de actividades dentro de la llamada economía informal, como lo ha sostenido el secretario de Economía.
Estas actividades se desarrollan sin ningún sistema de seguridad social y sin un régimen fiscal que los proteja, dejando en total indefensión a dichos trabajadores que, insisto, son esencialmente trabajadores que han sido desplazados de sus empleos y a los que no hemos tenido la capacidad para ofrecer alternativas.
Nos preocupa también que el Ejecutivo federal informe que se combatirá esta economía informal por las distorsiones que ocasiona. Por lo que cabría preguntarse: ¿cuál es la posición real: se combate esta economía informal, como sostiene el Presidente, o se fomenta como un mecanismo para combatir el desempleo, como sostiene el secretario de Economía?
No estamos de acuerdo en que el desempleo sea un riesgo de la vida y lo afrontemos como tal; por cierto, sin apenarnos.
El sector obrero reclama mayor seriedad de los integrantes del gabinete en estos temas tan delicados. No es con ocurrencias como se puede enfrentar este grave problema del desempleo.
Las cifras y los porcentajes no reflejan plenamente el significado de la pobreza y la extrema pobreza que ocasiona la falta de empleo. Las cifras son frías y la realidad es muy candente y eventualmente explosiva.
Se debe hacer un mayor esfuerzo como gobierno ante esta realidad, la economía informal ahí está en todas sus manifestaciones, creciendo cada vez más, por lo que debemos contar con mecanismos que permitan que quienes se dedican a estas actividades gocen de la seguridad social a que ellos y sus familias tienen derecho para una vida digna. Busquemos procedimientos para dar esta seguridad social y facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones.
Por otra parte, la anarquía actual que se está dando en el régimen tributario para el pequeño contribuyente, por su complejidad, inhibe el cumplimiento de estas obligaciones y coloca al contribuyente en la disyuntiva del no pago y eventualmente de la ilegalidad.
Debemos contar con un sistema de recaudación fiscal eficiente para este pequeño contribuyente, que atiendan a nuestra realidad particular, siempre pensando en el contribuyente, en hacerle fácil el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no sólo la comodidad de las instancias recaudadoras, o el afán de modernizar sólo por la modernidad.
Procedimientos improvisados, o no probados suficientemente en su aplicación, como el implementado a través de medios cibernéticos, lejos de facilitar el cumplimiento de las obligaciones, las obstaculizan por su complejidad. Dejando la autoridad de recaudar elevadas sumas por esta ineficiencia.
Por ello se propone que se implementen mecanismos simplificados de recaudación para el pequeño contribuyente (quizás volver al sistema de cuota fija, entre otros), dejando los sistemas sofisticados de recaudación cibernética para el contribuyente mayor.
Es necesario que también, paralelamente a la revisión del régimen fiscal del pequeño contribuyente, se reviviesen los términos de proporcionalidad y equidad para que todos podamos cumplir adecuadamente nuestras obligaciones tributarias.
Actualmente existe, de manera genérica, la exención de impuestos a aquellos trabajadores con un ingreso de hasta 4 salarios mínimos, que cuando son rebasados son sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta. Esta base se convierte en realidad en 3, porque dentro de los 4 se toman en cuenta la totalidad de las prestaciones. En este sentido, el sector obrero de mi partido presentará ante esta asamblea una iniciativa de ley tendiente a modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para disminuir la carga impositiva de los trabajadores, incrementando hasta los 5 salarios mínimos la base de obligación tributaria de los trabajadores sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta.
Punto de Acuerdo
Unico.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a fin de que instruya a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a que diseñen de inmediato instrumentos para incorporar a la economía informal a sistemas formales, que garanticen a quienes se dedican a estas actividades, ahora informales, seguridad social y se simplifique el régimen fiscal del pequeño contribuyente.
Diputados federales por el sector obrero y por el estado de Nuevo León de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de octubre de 2003.
Diputados: Eduardo Bailey Elizondo (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora, Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Alfonso González Ruiz, Adrián Villagómez García (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa, Héctor Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado, Margarita Martínez López (rúbrica), Carlos Mireles Morales (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Octubre 14 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR SUAREZ CARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2003
Los suscritos diputados federales, de los diversos grupos parlamentarios en la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales dos y tres, de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, vienen a hacer del conocimiento del Pleno proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con fundamento en los siguientes
Antecedentes
El 28 de abril del presente año fue suscrito el Acuerdo Nacional para el Campo: por del Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía Alimentaria, entre el Ejecutivo federal y las organizaciones campesinas, de agricultores y de pobladores rurales del país, contando con la adhesión de 27 gobernadores estatales. Dicho acuerdo fue firmado también por las Directivas de las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados y, como testigos de honor, por los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso General.
El Acuerdo Nacional para el Campo fue el resultado de la movilización, la capacidad propositiva y de diálogo de las organizaciones campesinas y de agricultores del país, aunadas a la disposición de negociación del Ejecutivo federal para atender la emergencia económica, social y ambiental del sector, así como para acordar las bases de una nueva política de Estado para el sector agroalimentario y un nuevo trato entre el Estado, la sociedad urbana y la sociedad rural.
El Acuerdo Nacional para el Campo es un paso importante para atender la crisis sectorial, para avanzar en la revalorización de la agricultura y la incorporación de la sociedad rural en un nuevo proyecto de nación, y considerar el campo verdadera prioridad nacional.
En este sentido, se incorporó en el acuerdo un apartado para su seguimiento y evaluación, destacando los compromisos establecidos en los numerales 279, 280 y 281, relativos a la creación y el funcionamiento de una Comisión de Seguimiento del Acuerdo de alto nivel, que tuvo vigencia hasta el 30 de septiembre del año en curso.
El numeral 276 del acuerdo establece: "Los firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo promoverán ante el H. Congreso de la Unión, con estricto respeto a su soberanía y marco normativo, la creación de una comisión, o la asignación de funciones de las ya constituidas, con objeto de dar seguimiento y la evaluación de los resultados de este Acuerdo Nacional para el Campo".
El acuerdo supone la construcción de una verdadera política de Estado para el sector rural; la H. Cámara de Diputados no puede permanecer al margen de su construcción, seguimiento y evaluación.
El acuerdo se encuentra en una fase inicial de cumplimiento y aún está por cumplirse la parte más importante de los compromisos, referidos a las reformas estructurales, entre los que sobresalen los siguientes:
La aprobación de las iniciativas de ley y modificaciones al orden jurídico vigente, que permitan una planeación y presupuestación agropecuaria multianual;
Las reformas estructurales para una nueva política de Estado agroalimentaria y de desarrollo rural sustentable, que por su propia naturaleza requieren un trabajo continuo a lo largo de los próximos años;
El establecimiento de las bases jurídicas e institucionales de una política integral de Estado en la materia;
La eliminación de las asimetrías y desigualdades entre el desarrollo de la sociedad rural y la urbana; y, por último
La reestructuración de las instituciones vinculadas al desarrollo de la sociedad rural.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo de la honorable Cámara de Diputados, cuyo objeto será contribuir al pleno cumplimiento de dicho acuerdo, así como para su evaluación integral, en concurrencia y con respeto a sus correspondientes ámbitos de competencia con el Poder Ejecutivo federal, los Ejecutivos estatales y las propias organizaciones campesinas, de productores, de pobladores rurales e integrantes de las cadenas agroalimentarias.
Segundo. La Comisión se auxiliará para el desarrollo de sus trabajos en las instancias especializadas de la H. Cámara de Diputados; solicitará el apoyo de las instituciones pertinentes del Poder Ejecutivo federal y de los gobiernos de las entidades federativas; y promoverá el establecimiento de una vinculación institucional, sistemática y permanente de esta H. Cámara de Diputados con instituciones nacionales de educación superior e investigación, centros de investigación y expertos, cuyos conocimientos especializados contribuirán al desahogo de las tareas encomendadas a dicha Comisión.
Tercero. La Comisión Especial de Seguimiento estará vigente hasta que se haya dado cumplimiento cabal a todos los puntos del Acuerdo Nacional para el Campo o al concluir la presente Legislatura.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 14 de octubre de 2003.
Diputados: Víctor Suárez Carrera, Alfonso Ramírez Cuéllar, Rafael Galindo Jaime, Pascual Sigala Páez, Rosario Herrera Ascencio, Esteban Valenzuela García, Cruz López Aguilar, Javier Castelo Parada, Nancy Cárdenas Sánchez, Valentín González Bautista, Gonzalo Ruiz Cerón, Antonio Mejía Haro, Clara Marina Brugada Molina, Julio Boltvinik Kalinka, Pablo Gómez Alvarez, Manuel Camacho Solís, Iván García Solís, Gilberto Ensástiga Santiago, José Luis Cabrera Padilla, Angélica Díaz del Campo, Francisco Javier Carrillo Soberón, Elpidio Tovar de la Cruz, Tomás Cruz Martínez, Horacio Duarte Olivares, Marcela Lagarde y de los Ríos, Martha Lucía Mícher Camarena, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Eduardo Espinoza Pérez, Valentín González Bautista, José Luis Naranjo Quintana, Miguel Luna Hernández, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Amalia Dolores García Medina, Francisco Amadeo Espinosa, Marcos Morales Torres, Pablo Franco Hernández, Francisco Javier Obregón Espinoza, Susana Manzanares Córdova, Emilio Serrano Jiménez, Julio César Córdova Martínez, Fermín Trujillo Fuentes, Juan José García Ochoa, Diana Bernal Ladrón de Guevara, Edgar Torres Baltazar, Minerva Hernández Ramos, Bernardino Ramos Iturbide, Angélica de la Peña Gómez, Agustín Rodríguez Fuentes, Gerardo Ulloa Pérez, Rafael García Tinajero, Margarito Fierros Tano, Elba Garfias Maldonado, César Chávez Castillo, Abraham Bagdadi Estrella, Enrique Torres Cuadros, Aballán Guzmán Cruz, Juan Pérez Medina, Inelvo Moreno Alvarez, Zeferino Torreblanca Galindo, Yadira Serrano Crespo, Javier Salinas Narváez, Emilio Zebadúa González, Israel Tentory García, Ana Lilia Guillén Quiroz, Irma Figueroa Romero, Horacio Martínez Meza, Francisco Saucedo Pérez, Gelacio Montiel Fuentes, Francisco Mora Ciprés, Sergio Magaña Martínez, René Arce Islas, Daniel Ordóñez Hernández, Omar Ortega Alvarez, Cristina Portillo Ayala, Francisco Chavarría Valdeolivar, Marbella Casanova Calam, Luis Medina Lizalde, Socorro Díaz Palacios, Rafael Flores Mendoza, Miguel Alonso Raya, Héctor M. Bautista López, Luis Felipe Madrigal Hernández, Rosa María Avilés Nájera, Rocío Sánchez Pérez, Lizbeth Rosas Montero, Adrián Chávez Ruiz, Santiago Cortés Sandoval, Dolores Gutiérrez Zurita, Miguel Angel García Domínguez, Pedro Vázquez González, Joel Padilla Peña, Alejandro González Yáñez, Carlos Silva Valdés, Lázaro Arias Martínez, Javier Guízar Macías, Hugo Rodríguez Díaz, María Elena Scherman Leaño, Evelia Sandoval Urbán, Arturo Nahle García, Jesús Martínez Alvarez, Jesús González Schmal, Miguel Angel Osorio Chong, Gonzalo Alemán Migliolo, Sergio Posadas Lara, Alejandro Saldaña Villaseñor, Miguel Amezcua Alejo, Oscar Martín Ramos Salinas, José Alfonso Muñoz Muñoz, Jesús Zúñiga Romero, Alfonso Sánchez Hernández, Esteban Valenzuela García, Francisco Alberto Jiménez Merino, Jesús Morales Flores, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Sara Rocha Medina (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Octubre 14 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE EVITAR LA UTILIZACION DE LOS BETAANALOGOS CON FINES ZOOTECNICOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO GONZALO MORENO AREVALO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2003
El suscrito, diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita al Ejecutivo federal que realice las acciones que a continuación se presentan, con el objeto de evitar la utilización de los betaanálogos con fines zootécnicos, para lo cual se presenta la siguiente:
Exposición de Motivos
1. El persistente uso ilegal de betaanálogos con fines zootécnicos, a pesar de las acciones implementadas hasta la fecha, es prueba fehaciente del fracaso que las mismas han tenido en su objetivo de erradicar este programa;
2. Desafortunadamente la alerta que se presentó a fines del año pasado, cuando en varias regiones del país se diagnosticaron 195 casos "registrados oficialmente" de intoxicaciones presentadas en humanos por consumo de clenbuterol residual en tejidos de origen animal (hígado principalmente) sólo dio como consecuencia una tibia reacción de la autoridad, que obligó a emitir la norma emergente NOM-EM-015-ZOO-2002 publicada en el diario oficial de la federación en marzo del año 2000, y que terminó el mismo mes del presente año, sin que se hayan realizado acciones concretas que permitan erradicar la utilización de estos productos. Tal pareciera que para la autoridad la palabra prevención no existe.
3. Sin embargo, a pesar de que las autoridades conocen los riesgos que representa para la salud pública la utilización de estos productos, se sigue autorizando la utilización de betaanálogos como el zilpalterol o la ractopamina, del cual la autorización de registro ya se encuentra en proceso en la Sagarpa.
Estas autorizaciones que emite la Sagarpa se realizan sin tomar en cuenta en su decisión el impacto que el uso comercial del producto pudiera tener en el mantenimiento de la inocuidad alimentaria en la cadena, además de la muy grave deficiencia de no disponer de la capacidad de diagnóstico específico de los residuos de estos productos en todo los tejidos de origen animal potencialmente consumibles por nuestra población.
Si a esto le sumamos que las empresas distribuidoras de betaanálogos con registro no aceptan retirar voluntariamente su producto del mercado, hasta no analizar bien el origen de esta problemática y presentar las acciones conjuntas que deben llevarse a cabo que garanticen, de ser factible, la buena incorporación de esta tecnología.
Tal ha sido la ineficacia de la Sagarpa, que aun inmersos en una problemática ya detectada de irregularidades en el uso de betaanálogos en la cadena de la carne de bovino, otorgan su visto bueno para que un segundo betaanálogo sea autorizado en México para su uso en cerdos (ractopamina).
4. La Secretaría de Economía permite la importación de clenbuterol al país como producto restringido, pero obviamente los volúmenes que se pueden justificar para su uso terapéutico en pacientes asmáticos por ejemplo, en nada justificarían los volúmenes de importación, mucho menos los de contrabando, y además supuestamente no ha habido una acción simultánea de esta dependencia para apoyar en la identificación y auditoría de los importadores registrados que ayudara a identificar los posibles canales de distribución de los betaanálogos.
5. Con el único objeto de eliminar este factor potencial de riesgo a la salud humana es que el de la voz solicita al Ejecutivo tres acciones inmediatas que permitirán la suspensión de la utilización de estos productos, así como iniciar con las investigaciones tanto en el área técnica como en el área jurídica, enfocadas a la solución del problema de abuso en la aplicación de betaanálogos como substancias anabólicas del tejido muscular del ganado.
6. Como primer punto, la formación de una comisión revisora del marco jurídico actual referente al registro de fármacos, biológicos y aditivos alimenticios para uso zootécnico, convocando a representantes de Sagarpa, Secretaría de Salud, Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda, siendo estas las secretarías involucradas, para la revisión de las siguientes normas:
I. NOM-004-ZOO-1994: Control de residuos tóxicos en carne, grasa, hígado y riñón de bovinos, equinos, porcinos y ovinos. La justificación inicial de revisión de esta norma estriba en el hecho de que no incluye la revisión de otros tejidos de origen animal potencialmente consumibles por la sociedad, tejidos que se convierten en estructuras breves del proceso de eliminación de metabolitos provenientes del uso de betaanálogos.
Además se requiere incluir en esta norma los límites máximos permisibles para betaanálogos potencialmente utilizables;
II. NOM-012-ZOO-1993. Especificaciones para la regulación de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. Se requiere actualizar-revisar los requisitos impuestos a productos de importación, enfatizando en requerimientos insustituibles de libre certificado de uso en el país de origen, como una medida de evaluación del impacto introducido en la cadena alimentaria con su adopción; y,
III. NOM-061-ZOO-1999. Especificaciones zoosanitarias de los productos alimenticios para consumo animal. Una revisión muy en particular sobre el concepto incluido en esta norma referente a la especificación del requisito de prohibición de un producto, el cual debe cumplir con una condición "comprobada" de efecto nocivo, postura que es totalmente contradictoria e incongruente con un principio precautorio de salud pública. En esta misma norma, sopesar el inconveniente que causa especificar requisitos cuando se cubren productos tan disímbolos como fármacos, biológicos y alimenticios y, de ser necesario, emitir normas específicas.
7. Como segunda propuesta del presente acuerdo está el retiro del mercado de todos los betaanálogos existentes para uso zootécnico, eliminando así un elemento de distorsión del mercado. Y es que mientras exista el acceso a un producto autorizado, este servirá de pretexto para seguir demandando canales con conformaciones especiales, al mismo tiempo que sirve para encubrir el uso de productos no autorizados; y,
8. Como último punto, se solicita la suspensión inmediata de nuevos registros a betaanálogos, en cualquier forma y presentación, mientras prevalezca esta situación de incapacidad jurídica y técnica de las dependencias responsables en garantizar su buen manejo.
En relación con lo anterior es que se exponen los siguientes:
Considerandos
Primero. Que la práctica de incorporar aditivos alimenticios modificadores del metabolismo animal en la dieta de los animales destinados al consumo humano se sigue dando en el país, sin que exista un mecanismo oficial que garantice su adecuado y prudente uso;
Segundo. Que consecuentemente se sigue dando un problema de "círculo vicioso" identificado como una demanda por parte de cierto grupo de tablajeros en el sentido de preferir y/o requerir canales de bovino producidas bajo el efecto de este tipo de aditivos alimenticios, y que esto ha obligado a los ganaderos a enfrentar una competencia desleal entre los que prefieren acatar las disposiciones gubernamentales al respecto, y los que no;
Tercero. Que representa un riesgo para la salud pública el mal uso de aditivos alimenticios modificadores del metabolismo con fines zootécnicos;
Cuarto. Que el público consumidor no dispone de elementos de información que le permitan diferencia entre carne producida bajo el uso de aditivos alimenticios y/o productos químicos de aplicación parenteral modificadores de metabolismo con fines zootécnicos y la que no ha sido sujeta a este tipo de procesos, de tal forma que pueda ejercer a voluntad su derecho de elección;
Quinto. Que la solicitud de registro de fármacos, químicos, biológicos y aditivos para uso alimenticio en animales obedece a un interés unilateral, sin un requisito de justificación de demanda del mercado por parte de los miembros de la cadena alimentaria potencialmente beneficiarios y/o afectados con su aprobación;
Sexto. Que en los requisitos actuales para registro no se solicita un estudio de impacto en la rama de la industria alimentaria en cuestión;
Séptimo. Que bajo la normatividad y legislación actual no existe un marco que obligue a institución y dependencia alguna a implementar un sistema de monitoreo, control y vigilancia que garantice el uso del producto bajo las condiciones en las que se autorizó;
Octavo. Que el marco normativo y legal actualmente existente ha generado un alto nivel de cuestionamientos a la eficiencia con que se puede garantizar el ofrecimiento de alimentos inocuos a la población; y
Noveno. Que la normatividad existente para regular el registro de fármacos, químicos, biológicos y aditivos para uso alimenticio en animales da lugar a interpretaciones de criterio de las autoridades y, por ende, crea la posibilidad de decisiones de beneficio unilateral, además de ocasionar inexactitudes e inconsistencias en la metodología.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Solicítese al Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ordene el retiro del mercado de todos los betaanálogos existentes para uso zootécnico, hasta en tanto no se revise con exactitud el daño que hacen a la salud pública;
Segundo. Solicítese al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación suspenda la autorización de nuevos registros en cualquier forma y presentación mientras prevalezca esta situación de incapacidad jurídica y técnica de las dependencias responsables en garantizar su buen manejo; y,
Tercero. Solicítese al Ejecutivo federal que dé instrucciones a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Salud; Secretaría de Economía, y Secretaría de Hacienda, a fin de que sea instaurada una Comisión Revisora integrada por representantes de estas secretarías para que sea verificado el marco jurídico actual referente al uso, registro y manejo residual de los betaanálogos.
Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Octubre 14 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EMITA LA RECOMENDACION A FIN DE QUE UNA INSTITUCION ACADEMICA DE PRESTIGIO PRACTIQUE LA AUDITORIA AMBIENTAL AL COMPLEJO TERMOELECTRICO "PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS" DE TUXPAN, VERACRUZ, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2003
El suscrito, diputado Alfonso Sánchez Hernández, en nombre de la diputación federal veracruzana del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, 36 y 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; segundo y duodécimo del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Integración del Orden del Día, las Discusiones y las Votaciones, nos permitimos someter al Pleno de esta soberanía lo siguiente:
Desde hace 18 años la zona norte el estado de Veracruz tuvo la oportunidad de verse beneficiada con la instalación de un gran proyecto por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que fue el complejo termoeléctrico "Adolfo López Mateos" en Tuxpan, Veracruz; desgraciadamente, en la actualidad la población aledaña sufre su más grande decepción al verse dañada en sus actividades (de pesca, agricultura, ganadería y citricultura, caminos, etcétera) y en su salud, como infecciones gastrointestinales, dermatológicas y otro tipo de enfermedades.
Es evidente el grave daño provocado por la contaminación derivada del complejo termoeléctrico "Presidente Adolfo López Mateos" de Tuxpan, Veracruz, y por las afectaciones al medio ambiente en general, principalmente al ramo de la pesca y agricultura, ganadería y citricultura, así como a las múltiples denuncias ciudadanas, ya que se ha visto disminuida considerablemente la producción, así también como daños a los caminos de acceso a dicho complejo, para lo cual éstos tuvieron que fraccionar las tierras ejidales de los alrededores.
Es por eso que hacemos un enérgico llamado para que este grave problema sea detenido inmediatamente.
Es claro que la Comisión Federal de Electricidad ha hecho caso omiso a esta problemática, ya que a pesar de estar debidamente acreditado que dicho complejo termoeléctrico en sus actividades no ha sido cuidadoso para respetar los principios de un desarrollo sustentarle eficiente, no ha hecho el más mínimo esfuerzo para subsanar las lesiones provocadas a la sociedad.
Los campesinos y pescadores de esa zona, al verse amenazados por el deterioro ecológico que el complejo viene provocando, han realizado diversas manifestaciones, trayendo como consecuencia graves contingencias, como son bloqueos a los accesos a dicha termoeléctrica.
La Comisión Federal de Electricidad se ha comprometido a otorgar diversas demandas, entre ellas un estudio de impacto ambiental, lo cual arrojaría un resultado de los daños ecológicos provocados a la zona sin que hasta el momento se haya cumplido.
Con base en esta consideración, me permito proponer a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnap), con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 4 y 5, fracción XVIII, y 6 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique la auditoría ambiental al complejo termoeléctrico "Presidente Adolfo López Mateos" de la Comisión Federal de Electricidad, situado en el municipio de Tuxpan, Veracruz, y se determine en definitiva las afectaciones al medio ambiente, que desde su construcción en 1985 ha provocado, según denuncias públicas de los habitantes y vecinos afectados que residen en los diferentes municipios aledaños a este complejo industrial eléctrico.
Por lo que los legisladores integrantes de la diputación federal veracruzana del grupo parlamentario del PRI, firman
Diputados: Alfonso Sánchez Hernández, Juan Bustillos Montalvo, Pablo Anaya Rivera, Guillermo Zorrilla Fernández, Ernesto Alarcón Trujillo, Miguel A. Yunes Linares.
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Octubre 14 de 2003.)
Acta de la primera reunión plenaria, celebrada el día 8 de octubre de 2003.
Siendo las 12:00 horas del día 8 de octubre de 2003, en el salón B del restaurante Los Cristales, ubicado en el edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 6 de octubre del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:
1.- Lista de asistencia y verificación de quórum
Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. diputados:
Dip. Fernando Ulises Adame León
Dip. Víctor Manuel Alcérreca Sánchez
Dip. Roger David Alcocer García
Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés
Dip. Rosa María Avilés Nájera
Dip. Julio César Córdova Martínez
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Dip. Patricia Durán Reveles
Dip. Humberto Filizola Haces
Dip. Francisco Cuauhtémoc Frías Castro
Dip. Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita
Dip. Francisco Alberto Jiménez Merino
Dip. Lucio Galileo Lastra Marín
Dip. Salvador Pablo Martínez Della Rocca
Dip. Alfonso Juventino Nava Díaz
Dip. Omar Ortega Alvarez
Dip. Hugo Rodríguez Díaz
Dip. Eloísa Talavera Hernández
Dip. Marisol Urrea Camarena
Dip. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Dip. Martín Remigio Vidaña Pérez
En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el Presidente de la Comisión, diputado Julio César Córdova Martínez, dio por iniciada la reunión.
2.- Intervención del diputado Presidente de la Comisión
El diputado Julio César Córdova Martínez, en su carácter de Presidente de la Comisión, procedió a dirigir unas palabras a los integrantes para mencionar las tareas que tiene encomendadas la Comisión.
3.- Declaración de instalación formal de la Comisión
Siendo las 12:30 horas del día 8 de octubre del 2003 el Presidente de la Comisión, diputado Julio César Córdova Martínez, precedió a declarar formalmente instalada la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados.
Acto seguido, los diputados integrantes de la Comisión hicieron uso de la palabra.
El diputado Salvador Martínez Della Rocca argumentó que el presupuesto federal destinado a educación está muy lejos de alcanzar los parámetros recomendados por la UNESCO, mencionó algunas cifras y solicitó que el director del Conacyt comparezca ante el pleno de la Comisión.
La diputada María Eloísa Talavera Hernández propuso priorizar el desarrollo de la ciencia y la tecnología dirigidos al plano social.
El diputado Humberto Filizola Haces argumentó que se debe desburocratizar el Conacyt y propuso retomar los proyectos de iniciativas heredados de la LVIII Legislatura.
El diputado Fernando Ulises Adame de León sugirió redefinir la importancia estratégica que tiene la investigación científica y tecnológica para el desarrollo del país.
El diputado Alfonso Juventino Nava Díaz planteó la necesidad de planear estratégicamente los trabajos de la Comisión.
El diputado Martín Remigio Vidaña Pérez refirió que la parálisis educativa imposibilita el pleno desarrollo de la ciencia y la tecnología en todo el país.
El diputado Jorge Baldemar Utrilla Robles propuso que se fijara una agenda legislativa y que se elaborara el plan de trabajo de la Comisión.
El diputado José Angel Córdova Villalobos evidenció la deficiente difusión científica, así como la escasa inversión privada en proyectos de investigación.
El diputado Víctor Manuel Alcérreca Sánchez sostuvo que una buena planeación estratégica permite reconocer los campos medulares del conocimiento científico y tecnológico, lo que incide en la distribución del presupuesto.
El diputado Hugo Rodríguez Díaz propuso retomar los trabajos pendientes de la pasada Legislatura.
El diputado Lucio Galileo Lastra Marín afirmó que faltan dos elementos importantes en el campo de la investigación: la efectiva divulgación y la extensión universitaria.
El diputado Roger David Alcocer García propuso la creación de subcomisiones de trabajo.
4.- Asuntos generales
El diputado Presidente sometió a votación el acuerdo de realizar las reuniones de la Comisión los miércoles a las 12:00 horas. Aprobado.
El diputado Presidente retomó la propuesta de formar subcomisiones de trabajo y la sometió a consideración del pleno. Aprobado.
El diputado Presidente informó al pleno que el próximo miércoles 22 del corriente la Mesa Directiva de la Comisión sostendrá una reunión con el director del Conacyt.
Desahogados los puntos del orden del día, el diputado Presidente instruyó al diputado secretario Víctor Manuel Alcérreca Sánchez para que diera por clausurada la sesión de instalación de la Comisión, siendo las trece horas con veinte minutos.
Diputados: Julio César Córdova Martínez
(rúbrica), Presidente; María Eloísa Talavera Hernández
(rúbrica), secretaria; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez
(rúbrica), secretario; Omar Ortega Alvarez (rúbrica), secretario.
DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A SU PRIMERA REUNION PLENARIA, DE INSTALACION, REALIZADA EL MIERCOLES 8 DE OCTUBRE DE 2003
Acta de la primera reunión plenaria, celebrada el 8 de octubre del 2003.
Siendo las 19:00 horas del día 8 de octubre del dos mil tres, en la zona C del restaurante Los Cristales, del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 8 de octubre del presente año, para el desahogo de la siguiente orden del día.
1. Lista de asistencia y verificación del quórum
Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. diputados:
PAN: González González, Ramón (secretario); Arabian Couttolenc, Myriam (integrante); Contreras Covarrubias, Hidalgo (integrante); Fernández Moreno, Alfredo (integrante); Méndez Gálvez, Alberto Urcino (integrante); Rangel Hernández, Armando (integrante); Rodríguez y Pacheco, Alfredo (integrante); Valencia Monterrubio, Edmundo (integrante); Vázquez González, José de Jesús (integrante).
PRI: Castillo Cabrera, Jorge de Jesús (secretario); Arias Martínez, Lázaro (secretario); Gordillo Reyes, Juan Antonio (integrante); Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth (integrante); Tecolapa Tixteco, Marcelo (integrante); González Huerta, Víctor Ernesto (integrante); Mazari Espín, Rosalina (integrante); Guzmán Santos, José (integrante); Sagahón Medina, Benjamín (integrante); Félix Ochoa, Oscar (integrante); Galindo Jaime, Rafael (integrante); Mier y Concha Campos, Eugenio (integrante); Aguilar Flores, Ubaldo (integrante); Villagómez Corona, Adrián (integrante).
PRD: Luna Hernández, Miguel (Presidente); Sigala Páez, Pascual (secretario); Mejía Haro, Antonio (integrante); Fierros Tano, Margarito (integrante); Herrera Herbert, Marcelo (integrante); Chavarría Valdeolivar, Francisco (integrante).
PT: Padilla Peña, Joel (integrante).
En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el Presidente de la Comisión, diputado J. Miguel Luna Hernández, dio por iniciada la reunión.
2. intervención del Presidente de la Comisión, diputado J. Miguel Luna Hernández
El diputado J. Miguel Luna Hernández, en su carácter de Presidente de la Comisión, procedió a dirigir unas palabras a los integrantes con el objeto de mencionar las tareas que tiene encomendadas la Comisión. Acto seguido, los diputados argumentaron.
3. Declaración de instalación formal de la Comisión
Siendo las 19:30 horas del 8 de octubre de 2003, el Presidente de la Comisión, diputado J. Miguel Luna Hernández, procedió a declarar formalmente instalada la Comisión de Desarrollo Rural de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de diputados.
4. Asuntos generales
No habiendo más asuntos en cartera y siendo las 20:07 horas, se declaró finalizada la reunión.
Palacio Legislativo, a 8 de octubre de 2003.
Diputados: J. Miguel Luna Hernández (rúbrica), Presidente; Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), secretario; Pascual Sigala Páez (rúbrica), secretario; Ramón González González (rúbrica), secretario; Lázaro Arias Martínez (rúbrica), secretario.
Asistencia para la instalación de la Comisión de Desarrollo Rural
Diputados: Miguel Luna Hernández (rúbrica),
Presidente; Ramón González González (rúbrica),
secretario; Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), secretario;
Lázaro Arias Martínez (rúbrica), secretario; Pascual
Sigala Páez (rúbrica), secretario; Myriam Arabian Couttolenc
(rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), Alfredo
Fernández Moreno (rúbrica), Alberto Urcino Méndez
Gálvez (rúbrica), Armando Rangel Hernández, Alfredo
Rodríguez y Pacheco, Edmundo Valencia Monterrubio (rúbrica),
José de Jesús Vázquez González (rúbrica),
Juan Antonio Gordillo Reyes, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (rúbrica),
Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Víctor Ernesto González
Huerta (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica),
José Guzmán Santos (rúbrica), Benjamín Sagahón
Medina (rúbrica), Oscar Félix Ochoa (rúbrica), Rafael
Galindo Jaime (rúbrica), Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica),
Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Adrián Villagómez
García (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica),
Margarito Fierros Tano (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica),
Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Joel Padilla Peña.
DE LA COMISION JURISDICCIONAL, CORRESPONDIENTE A SU PRIMERA REUNION PLENARIA, DE INSTALACION FORMAL, EFECTUADA EL JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2003
Acta de la primera reunión plenaria, celebrada el 9 de octubre de 2003.
Siendo las 15:00 horas del día nueve de octubre del dos mil tres, en el salón E del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión Jurisdiccional, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 7 de octubre del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:
Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. diputados:
PRI: Romero Romero, Jorge (Presidente); Barbosa Gutiérrez, Federico (secretario); Godínez y Bravo, Rebeca; Muro Urista, Consuelo; Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto; Rocha Medina, María Sara; Yunes Linares, Miguel Angel.
PRD: Franco Castán, Rogelio; Duarte Olivares, Horacio; Bernal Ladrón de Guevara, Diana Rosalía.
PVEM: Velasco Coello, Manuel.
3. Hecha la lectura y aprobado que fue el orden del día, se pasó al siguiente punto.
4. Declaración de instalación formal de la Comisión.
El diputado licenciado Jorge Romero Romero, en el uso de la palabra dijo el pasado siete de octubre:
Recibimos las oficinas de la Comisión y estamos en el proceso de revisión del acervo documental para determinar de inmediato cuáles son los asuntos pendientes por tramitarse de acuerdo a los procedimientos que en la especie establecen las leyes de la materia, a efecto de que se integre en su oportunidad la Sección Instructora.
Sabemos claramente que el objetivo toral de esta Comisión es el juicio político y la declaración de procedencia. La responsabilidad que asumimos hoy los integrantes de la Comisión es el refrendo de nuestro compromiso con la legalidad, la lealtad hacia las instituciones y la ética. Asimismo, estamos conscientes de que el interés superior de la República debe prevalecer sobre cualquier otro interés partidista o inclusive personal.
El Congreso de la Unión está facultado constitucionalmente en lo que concierne al fincamiento de responsabilidad de los servidores públicos, lo que nos constituye como pieza angular en la recuperación de la confianza y credibilidad ciudadana hacia las instituciones.
En la coyuntura política que vive nuestro país, esta Comisión tendrá un rol fundamental, y quienes la integramos tendremos que realizar nuestra tarea legislativa y jurisdiccional, debiendo sujetar nuestra actuación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, justicia, ética y transparencia.
Tenemos el deber de hacer del juicio político más que un instrumento de revanchismo, más que retórica, una auténtica institución que sea garante de la correcta y proba actuación de los servidores públicos.
Procuraremos desde luego cumplir con otras tareas que nos marca la normatividad, impulsados sobre todo en el espíritu de una cultura de legalidad que nos permita como legisladores ejercer con la fuerza del ejemplo el mandato constitucional que nos otorgaron en las urnas nuestros representados.
En virtud de que contamos con el quórum establecido por las normas que rigen nuestro quehacer parlamentario, siendo las 15:15 horas del 9 nueve de octubre del año dos mil tres declaro formalmente instalada la Comisión Jurisdiccional de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados.
Diputado Presidente:
Pido a todos los integrantes de la Comisión, tengan la amabilidad de ponerse de pie para proceder a tomar la protesta reglamentaria.
Señores diputados, miembros de la Comisión Jurisdiccional de esta LIX Legislatura, "¿protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y las demás disposiciones parlamentarias que rigen nuestra actuación?"
CC. diputados: "sí protesto".
Diputado Presidente:
"Si así lo hiciéramos, que el pueblo de México nos lo reconozca; si no, que nos lo demande."
Muchas gracias.
Siendo las 15:15 horas del día en que se actúa, el Presidente de la Comisión, diputado licenciado Jorge Romero Romero, procedió a declarar formalmente instalada la Comisión Jurisdiccional de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados.
5. Asuntos generales.
Propuesta a cargo del Presidente de la Comisión, diputado licenciado Jorge Romero Romero, de los CC. licenciados Mario José Souverbille González y Macario René Cabrera Zegbe para que funjan como asesores "A" de la Comisión Jurisdiccional, con fundamento en el artículo tercero del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1997, me permito someter a su amable consideración el nombramiento de 2 (dos) asesores "A" para que se sumen a los trabajos que habrá de realizar la Comisión que integramos, a quienes me permito presentar ante ustedes, ellos son el licenciado Mario José Souverbille González y el licenciado Macario René Cabrera Zegbe, ambos con amplia experiencia en los tres órdenes de gobierno, por lo que considero que cubren con el perfil profesional para desempeñar las tareas que se les encomienden. Por supuesto, están a su disposición sus fichas curriculares, por si desean revisarlas, y si no tienen inconveniente alguno, a partir de esta fecha quedarían designados como asesores "A" de nuestra Comisión. Misma que sometida a la consideración de los integrantes de la Comisión fue aprobada por unanimidad.
De igual forma someto a su atenta consideración el nombramiento de los siguientes asesores "B" propuestos por los señores secretarios de la Comisión, cuyos nombres son:
Licenciado Enrique Acoltzi Conde y licenciado José Trinidad Muñoz, a quienes considero con los mismos méritos y atributos para desempeñar profesional y eficazmente sus labores.
Intervenciones de los CC. diputados...
6. Clausura de la reunión a cargo del Presidente de la Comisión Jurisdiccional.
No habiendo más asuntos en cartera y siendo las horas del día nueve de octubre del dos mil tres, se declaró concluida la reunión.
Diputados: Jorge Romero Romero (rúbrica),
Presidente; Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Sergio
Vázquez García (rúbrica), secretarios; Diana Rosalía
Bernal Ladrón de Guevara, Horacio Duarte Olivares (rúbrica),
Alvaro Elías Loredo (rúbrica), Rogelio Franco Castán
(rúbrica), Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), José
González Morfín, Héctor Humberto Gutiérrez
de la Garza, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica),
Germán Martínez Cázares, Consuelo Muro Urista (rúbrica),
María Sara Rocha Medina (rúbrica), Manuel Velasco Coello
(rúbrica, en representación, del diputado Leonardo Alvarez
Romo), Miguel Angel Yunes Linares (rúbrica).
A la reunión en que comparecerá el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, C. Javier Usabiaga Arroyo, que se efectuará el miércoles 15 de octubre, a las 10 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales, a fin de continuar con la glosa del Tercer Informe de Gobierno.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre, a las 10 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO Publico
A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el miércoles 15 de octubre, a las 10 horas, en las oficinas de la Presidencia de la Comisión (edificio D, segundo nivel).
Atentamente
Dip. Gustavo Madero Muñoz
Presidente
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO Publico
A su reunión de trabajo, que se realizará el miércoles 15 de octubre, a las 11 horas, en el salón de usos múltiples situado en la planta baja del edificio D, con los siguientes funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Lic. Rubén Aguirre Pangburn, subsecretario de Ingresos; y Dr. Alejandro Werner Wainseld, titular de la Unidad de Planeación de la Hacienda Pública.
Orden del Día
Dr. Alejandro Werner Wainseld, titular de la Unidad de
Planeación de la Hacienda Pública.
Lic. Rubén Aguirre Pangburn, subsecretario de
Ingresos.
3. Sesión de preguntas y respuestas.
4. Conclusiones.
5. Clausura de la reunión.
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A su primera reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 15 de octubre, a las 12 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el miércoles 15 de octubre, a las 13 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A la reunión de trabajo que, con motivo de la conferencia que dictará el Dr. Emilio García Méndez, consultor regional del UNICEF, tendrá lugar el miércoles 15 de octubre, a las 17 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su sesión ordinaria, que se efectuará el jueves 16 de octubre, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO
A su reunión de instalación, que se realizará el jueves 16 de octubre, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA
A la mesa redonda que se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre, de las 9 a las 19 horas, en el auditorio norte del Palacio Legislativo.
Atentamente
Mtro. Alberto Cinta Martínez
Director General