Lectura del acta de la sesión anterior.
Comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Lic. Francisco Gil Díaz.
Comunicaciones
De los Congresos de Coahuila y de Michoacán.
De la Junta de Coordinación Política.
Iniciativa del Congreso de Nuevo León
Que reforma el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Oficio del gobernador del Banco de México
En cumplimiento del artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México, remite informes sobre la política monetaria aplicada durante el primer semestre de 2003 y sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso. (Turno a Comisión)
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
En cumplimiento del artículo 24, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2002. (Turno a Comisión)
Oficio de la Cámara de Senadores
Con el que remite iniciativa que reforma la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Eduardo Ovando Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Iniciativas de ciudadanos diputados
Que adiciona un Capítulo III al Título Segundo de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
De Ley de Deuda Pública del Distrito Federal, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Minutas
Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Gran Banda de la Orden Suprema del Crisantemo que le confiere el Gobierno de Japón. (Dispensa de todos los trámites)
Cinco, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Sra. Martha Ma. Sahagún Jiménez, Gonzalo Bernardino Durán Valdés, Jesús Alvarez Pérez, Sergio Sotelo Bustos y Jaime Enrique Inocencio García Amaral para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Dispensa de todos los trámites)
Tres, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Alberto Castro Rosas, Adrián Franco Zevada, Amanda Mireya Terán Munguía, Miguel Hakim Simón, Sergio Ernesto Jacobo Patiño, José Armando Tamayo Casillas, Enrique Berruga Filloy, María Guadalupe Loaeza Tovar e Isaac Mario Katz Burstin para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Dispensa de todos los trámites)
Proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Holanda Alicia Estrada Cisneros, Alejandro Viera Galindo, Vanessa Iribe Castillo y Mónica del Carmen López Cholico para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de Estados Unidos de América en México. (Dispensa de todos los trámites)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cumplir de manera exacta el decreto presidencial de fecha 2 de enero de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 del mismo mes y año, expedido para beneficiar la situación fiscal del sector primario y apoyar los sectores agrícola, ganadero, silvícola y pesquero y a personas relacionadas con éstos, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos federal y estatales a que instauren un plan de desarrollo estratégico de la educación normalista en el país, a fin de que se fortalezcan los programas de formación de docentes, en particular el del Subsistema de Normales Rurales, a cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Profepa a que realicen las investigaciones correspondientes en relación con la muerte de delfines en La Paz, Baja California Sur, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que se constituya en la Cámara de Diputados la comisión especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que se instruya y se adopten las medidas conducentes a otorgar una reducción de 50 por ciento en las tarifas del recibo de consumo de electricidad para uso doméstico a los adultos mayores, aplicable en toda la República Mexicana, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sagarpa y a la CNA a fin de que se liberen con la mayor brevedad los recursos solicitados por el gobierno de Sonora para abordar la problemática de la sequía que aqueja esa entidad y que requiere atención inmediata del Gobierno Federal, a cargo del diputado Lamberto Díaz Nieblas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a las Legislaturas locales a que, en el marco de los compromisos internacionales que México ha signado, se considere la posibilidad de una revisión integral de los ordenamientos jurídicos relacionados con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar que se investigue lo relativo a la empresa Carbontec, SA de CV, de la isla de Cayacal, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal que se respete lo dispuesto en el decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la problemática que viven los productores de frijol del estado de Durango, a cargo del diputado Fernando Ulises Adame de León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Efemérides
Sobre el aniversario de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, a cargo de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.
Sobre el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el aniversario luctuoso del Ing. Manuel J. Clouthier del Rincón, a cargo del diputado Alejandro Higuera Osuna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre el undécimo aniversario del establecimiento
del Día Interamericano del Agua, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos veintinueve diputadas y diputados, a las once horas con veintiún minutos del martes treinta de septiembre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y desde su curul el diputado Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, solicita la inscripción de una proposición con punto de acuerdo. El Presidente explica el procedimiento para la elaboración del orden del día y con respeto solicita al diputado Ávila Nevárez hacer llegar su petición a la Junta de Coordinación Política.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
Dos comunicaciones del Congreso del estado de Guanajuato por las que remite los decretos mediante los que se determinan los límites entre los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón y de Moroleón y Uriangato. De enterado.
El Presidente informa que el siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de las comisiones ordinarias de la Quincuagésima Novena Legislatura y que en razón de los últimos ajustes al acuerdo referido, la Mesa Directiva difiere este asunto para abordarse en el transcurso de la sesión.
El Congreso del estado de Chihuahua remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo ciento noventa bis del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación y en tanto se designa, queda en custodia de la Dirección General de Proceso Legislativo.
El diputado Enrique Ariel Escalante Arceo, del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos cuarenta y seis, ciento cinco y ciento diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y en tanto se designa, queda en custodia de la Dirección General de Proceso Legislativo.
El diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación y en tanto se designa, queda en custodia de la Dirección General de Proceso Legislativo.
Dos oficios de la Cámara de Senadores por los que remite sendas iniciativas con proyecto de decreto que:
Reforma el primer párrafo del artículo sesenta y siete del Código Fiscal de la Federación, presentada por el senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional.
Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación por los que remite copias de las siguientes contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente: del Secretario Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía y del Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, sobre la entrada de llantas usadas a México; del Secretario Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, sobre la ampliación de periodo de vigencia del esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país en la región fronteriza; y del Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, en relación con el proceso penal del ciudadano Armando Villarreal Martha. De enterado; remítanse a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los dos primeros; a la Comisión de Economía, el tercero; y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el cuarto, para su conocimiento y en tanto se designan las comisiones referidas, consérvense en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso necesario para que la ciudadana Erika Silvia Rempening Rico pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Alemania en la Ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en la zona media del estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Gobernación y en tanto se designa, queda en custodia de la Dirección General de Proceso Legislativo.
La Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo nueve - A de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y en tanto se designa, queda en custodia de la Dirección General de Proceso Legislativo.
Los ciudadanos Ricardo Franco Guzmán y Adrián Franco Zevada solicitan el permiso necesario para prestar servicios en la Embajada de Belice en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y en tanto se designa, queda en custodia de la Dirección General de Proceso Legislativo.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Quintín Vázquez García, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una comisión especial encargada de coadyuvar con las instancias correspondientes y verificar la pronta aplicación de los recursos del fondo revolvente del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con los hechos sucedidos el diez de junio de mil novecientos setenta y uno. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, para que el Pleno de la Cámara de Diputados acuerde criterios generales para la selección de candidatos y la elección de los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral para el ejercicio dos mil tres - dos mil diez. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Habla al respecto el diputado Emilio Zebadúa González, del Partido de la Revolución Democrática.
María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar al Ejecutivo Federal que el gasto del sector salud no se reduzca para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Adrián Chávez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar la excarcelación del líder del Frente Estatal Pesquero de Sinaloa, Jesús Leyva, y exhortar a la Comisión Nacional de Pesca a reforzar las actividades de ordenamiento pesquero en el país. Por lo que se refiere a la solicitud, se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y en lo referente al exhorto se turna a la Comisión de Pesca, y en tanto se designan, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
María del Carmen Izaguirre Francos, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la política de empleo del gobierno federal y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea así lo considera en votación económica y sin que motive debate aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.
María Guadalupe Morales Rubio, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el fallecimiento de recién nacidos en el hospital primero de octubre y solicita trámite de urgente resolución.
La Asamblea considera el asunto de urgente resolución. Hablan en pro los diputados: José Ángel Córdova Villalobos, del Partido Acción Nacional; y Concepción Olivia Castañeda Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, solicita una moción de procedimiento que la Presidencia considera fundada, y concede la palabra para rectificar hechos al diputado Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia. Contesta alusiones personales la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.
Daniel Ordóñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Se turna a la Comisión de Gobernación y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
María Hilaria Domínguez Arvizu, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación, a que liberen recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y del Fondo de Apoyo para Contingencias, a diversos municipios del estado de Nayarit y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea, en votación económica, así lo considera y hablan en pro los diputados Manuel Pérez Cárdenas, del Partido Acción Nacional; y Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo. Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, la Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.
Laura Elena Martínez Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la deportación de mexicanos por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.
Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores y en tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Hablan sobre el tema los diputados: María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México; Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del Partido Acción Nacional; y Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia.
En el capítulo de efemérides, se refieren al cuadragésimo aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, los diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México;
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
Francisco Javier Carrillo Soberón, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Javier Salazar Diez de Sollano, del Partido Acción Nacional; y Sergio Arturo Posadas Lara, del Partido Revolucionario Institucional.
Hablan sobre el bicentésimo trigésimo octavo aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, los diputados: Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Convergencia; Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México; Ana Lilia Guillén Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática; Marko Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional; y Miguel Amezcua Alejo, del Partido Revolucionario Institucional.
A las dieciséis horas con quince minutos el Presidente declara un
RECESO
En espera del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las comisiones ordinarias de la Quincuagésima Novena Legislatura.
A las dieciocho horas con trece minutos se reanuda la sesión.
La Secretaría da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política con acuerdo para la integración de las comisiones ordinarias de la Quincuagésima Novena Legislatura. Sin discusión se aprueba en votación económica.
Agotados los asuntos en cartera la Secretaría da
lectura al orden del día de la próxima sesión y el
Presidente levanta la de hoy a las diecinueve horas con veintiún
minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves dos de octubre
de dos mil tres, a las once horas.
C. Dip. Armando Salinas Torre
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión
El H. Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, en la novena sesión de su Diputación Permanente, correspondiente al segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura, celebrada el 26 de agosto del 2003, conoció la propuesta de punto de acuerdo sobre la "norma oficial mexicana respecto a concentración de plomo en suelos", presentada por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Al tratarse este asunto, la Diputación Permanente aprobó el siguiente
Acuerdo
Primero.- Que este Congreso del estado emita un atento exhorto a la Secretaría de Salud para que, con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización expida, en forma definitiva, la norma oficial mexicana para plomo en polvo y suelos;
Segundo.- Se solicite a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión su intervención ante la dependencia citada para fortalecer el anterior exhorto; y
Tercero.- Turnar este asunto a la Comisión de Salud y Desarrollo Comunitario de este Congreso, para que le dé seguimiento.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Congreso, hacemos de su conocimiento lo anterior para la consideración que se estime procedente, anexando copia fotostática simple del documento que originó el presente acuerdo.
Atentamente
Saltillo, Coahuila, a 27 de agosto de 2003.
Lic. y Prof. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica)
Oficial Mayor
Saltillo, Coah., a 25 de agosto de 2003.
Diputación Permanente del Congreso del Estado
de Coahuila
Presente
Propuesta al Ejecutivo federal para la publicación de la norma oficial mexicana de concentración de plomo en suelos para proteger la salud pública.
Los problemas de salud como consecuencia de la exposición al plomo pueden provocar grave deterioro en el desarrollo físico y neurológico en los niños. El envenenamiento produce inicialmente retraso mental y, por ende, pobre actuación académica, y posteriormente problemas de desadaptación social.
A mediados del año 2002 en más de 11,000 niños de entre 1 a 6 años de edad se detectaron niveles elevados de plomo en la sangre, debido a la exposición en el suelo de sus domicilios, área de juegos y, en fin, el medio ambiente que circunda y afecta la contaminación de la refinería Met-Mex Peñoles, en Torreón, Coahuila.
De acuerdo con las normas vigentes en otros países, como Estados Unidos de América, el plomo es considerado un riesgo a la salud cuando se detectan cantidades mayores a 40 microgramos de p1omo por pie cuadrado en el polvo del suelo; 250 en los umbrales interiores de las ventanas; 400 partes por millón en la tierra desnuda del área de juego de los niños y/o 1,200 partes por millón promedio para la tierra desnuda del resto de las áreas patio.
Identificando el plomo como un riesgo a la salud, a través de estas normas, se permitirá a inspectores y asesores de riesgo ayudar a los dueños de la propiedad expuesta a la fuente de contaminación a decidir qué medidas de remediación ambiental se necesitan y ordenar la implementación de las mismas a la autoridad competente.
Del estudio realizado por el Center for Diseases Control de Atlanta, a petición de la LV Legislatura, se desprende que es indispensable la emisión de la Norma Oficial Mexicana para vigilar el contenido de plomo en polvo y suelos alrededor de la metalúrgica citada, dado que existe una relación dosis-respuesta, ya documentada en otros lugares, y que es concordante con el mencionado estudio.
La Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-004-SSA1-1999, que regulaba sobre salud ambiental, establecía criterios de los niveles de concentración de plomo en la sangre y determinaba acciones para proteger la salud de la población no expuesta ocupacionalmente, tuvo vigencia durante seis meses, e inexplicablemente no se ha establecido en forma definitiva. La presente propuesta ya fue presentada por el Dr. Manuel Morán Castillo, en la ciudad de Torreón, en la Reunión de Legisladores Federales y Autoridades del Medio Ambiente, efectuada en el hotel Palacio Real en el año 2001 es necesario que este H. Congreso continúe con los trabajos de participación en la solución del problema de salud pública relacionados con el contenido de plomo ambiental en suelos.
El grupo parlamentario "Heberto Castillo" propone a ustedes el presente
Punto de Acuerdo
Primero: Que este Congreso del estado emita un atento exhorto a la Secretaría de Salud para que, con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización expida, en forma definitiva, la Norma Oficial Mexicana para plomo en polvo y suelos.
Segundo: Se solicite a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión su intervención ante la dependencia citada para fortalecer el anterior exhorto.
Atentamente
¡Democracia ya, patria para todos!
Grupo Parlamentario del PRD "Heberto Castillo"
Dip. Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica)
Coordinadora
DEL CONGRESO DE MICHOACAN
Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2003.
C. Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
En sesión ordinaria celebrada hoy, el honorable Congreso del estado de Michoacán de Ocampo tuvo a bien aprobar y hacer de su conocimiento el acuerdo parlamentario que se acompaña, mediante el cual se hace una exhortación al titular del Poder Ejecutivo federal, al Congreso de la Unión, al titular del Poder Ejecutivo del estado y a otras autoridades de los tres órdenes de gobierno a que, en forma corresponsable, se indemnice con 100 por ciento de los daños ocasionados a los municipios michoacanos afectados por los recientes sucesos de inundación y desastre natural.
Reiteramos a usted la seguridad de nuestro respeto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Raúl Morón Orozco (rúbrica)
Presidente
Dip. Eustolio Nava Ortiz (rúbrica)
Secretario
El H. Congreso del estado, en sesión celebrada
hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
Acuerdo
Primero. Se exhorta al Gobierno Federal, por medio del Congreso de la Unión, a que se autorice al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, para que del Fondo de Previsiones y Desastres Naturales con que cuenta destine en forma inmediata y expedita, específicamente para el estado de Michoacán y demás entidades federativas afectadas, recursos económicos suficientes que cubran a 100 por ciento los daños y perjuicios ocasionados en los cultivos siniestrados y demás infraestructura urbana, hidráulica, de comunicaciones, de vivienda y de servicios de los municipios de la entidad afectados.
Segundo. Se aprueba solicitar a los Ejecutivos federal y estatal que se canalicen de manera inmediata mayores recursos económicos, materiales y equipo para la protección de ambos márgenes del río Lerma.
Tercero. Se aprueba solicitar que se inicie de forma inmediata, entre los gobiernos federal y estatal, un programa urgente de empleos alternativos y temporales para proveer de ingresos a las familias que perdieron su patrimonio, sus cosechas o ambos.
Cuarto. Se aprueba exhortar a las dependencias federales con residencia en el estado, a los poderes y a las instancias de gobierno de la entidad y a los presidentes municipales de las localidades no declaradas en estado de emergencia a que, junto con los servidores públicos a su cargo, en forma solidaria con los michoacanos en desgracia donen parte de sus percepciones económicas, salariales o ambas para destinarla en favor de las familias afectadas por tan lamentables siniestros naturales, así como para lograr la rehabilitación de la infraestructura dañada y la recuperación de sus pérdidas materiales.
Quinto. Se autoriza proponer al Ejecutivo del estado, mediante la Comisión Interinstitucional para la Atención de los Desastres Naturales formada en la entidad, la adhesión de las comisiones legislativas de Fortalecimiento Municipal, de Desarrollo Económico, de Desarrollo Social, de Desarrollo Rural, y de Recursos Naturales y Medio Ambiente, así como de los diputados de los distintos distritos afectados que deseen incorporarse a esta tarea y de las organizaciones campesinas y no gubernamentales, para que, en un esfuerzo mucho más amplio, se coadyuve en la evaluación de daños y la generación de propuestas para desarrollar un plan urgente que solucione el lamentable siniestro en el corto, mediano y largo plazos para reparar el daño ocasionado, con sus secuelas y costos económico y social, así como para prevenir desastres naturales futuros que se originen por causas similares.
Palacio del Poder Legislativo.- Morelia, Michoacán de Ocampo, a 23 de septiembre de 2003.
Dip. Raúl Morón Orozco (rúbrica)
Presidente
Dip. Eustolio Nava Ortiz (rúbrica)
Primer Secretario
DEL CONGRESO DE NUEVO LEON, QUE REFORMA EL ARTICULO 111 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXIX Legislatura del H. Congreso del estado de Nuevo León presenta ante esa representación popular iniciativa de reforma al artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual le acompañamos lo siguiente:
Copia certificada del dictamen emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y aprobado por el H. Congreso del estado de Nuevo León durante la sesión del 26 de agosto de 2003.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Monterrey, NL, a 26 de agosto de 2003.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Antonio Perales Elizondo
Secretario
Dip. Fernando Aguilar Jiménez (rúbrica)
Secretario
Ciudadanos Diputados a la LXIX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Nuevo León
Presentes
Gregorio Hurtado Leija, mexicano, mayor de edad, profesionista, casado, sin adeudos de carácter fiscal, y con domicilio para los efectos de cualquier tipo de notificaciones el ubicado en Mar Adriático número 8503, de la colonia Loma Linda de esta ciudad, con el debido respeto comparezco a exponer:
Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política del estado, así como en el 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito someter a su consideración para que, en los términos señalados en el artículo 71, fracción III, de la Constitución General de la República, se sirvan a su vez presentar ante el Honorable Congreso de la Unión iniciativa de reforma por modificación al artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual extiendo a ustedes la siguiente
Exposición de Motivos
La historia parlamentaria nos revela que durante largo tiempo y con el afán legítimo de defender los principios republicanos de igualdad y libertad fue necesario instituir ciertas prerrogativas en favor de algunos funcionarios públicos, principalmente legislativos, no con la finalidad de crearles privilegios, lo cual sería contrario al régimen democrático, sino más bien que sirviera como un medio de protección en contra de los posibles ataques de otros poderes públicos.
Como ejemplo, en el derecho inglés los miembros del Parlamento, durante el siglo XIV, prácticamente arrancaron al rey una importante concesión, la de ser juzgados por sus propios pares, a fin de garantizar su independencia, iniciando de esta forma lo que conocemos como fuero, aunque durante los siglos subsecuentes este se redujo exclusivamente a la inviolabilidad de los discursos y debates dentro del Parlamento.
Posteriormente, durante el año de 1688, el líder de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, William Williams, consideró e hizo público que la función legislativa no debía circunscribirse a las paredes del recinto o Parlamento, sino que la sola impresión de los debates legislativos comprobaba que, al igual que la inmunidad, la investigación por parte de los legisladores de todos los asuntos de Estado era un función connatural, aun fuera del Parlamento.
En México, las diferencias entre los poderes públicos era de esperarse, entre los primeros confrontamientos se encuentra el iniciado por Agustín de Iturbide en 1822, cuando apresó a varios integrantes del Congreso de aquella época, sin embargo, en historia más reciente, la doctrina del siglo pasado vino a precisar el concepto de inviolabilidad de las opiniones de los parlamentarios; para José María Lozano, esta inmunidad parlamentaria debe reconocer límites, ya que los ataques a la vida privada y las incitaciones a la comisión de delitos deben restringir la inviolabilidad.
Durante mucho tiempo se fundamentó la aplicación del fuero constitucional, en virtud de las amenazas para impedir el ejercicio de sus funciones a los integrantes de los Poderes Legislativo y Judicial proferidas principalmente por el Ejecutivo mediante detenciones arbitrarias, aunque también, en cierta medida, el Poder Judicial, vía ordenes de aprehensión, interfería contra los miembros de otros poderes.
Derivado de lo anterior y sabedor de que la institución ha cumplido históricamente su función primordial, debemos analizarla y encontrar su justa dimensión, respetando la independencia del Congreso como institución y como recinto, así como el respeto a las autoridades públicas integrantes de otros poderes del Estado, y diferenciar entre las acciones públicas y las acciones privadas de los funcionarios.
Todos los ciudadanos, independientemente de las labores que realicemos, nos encontramos bajo la tutela de la Constitución cuyos postulados debemos respetar y sus derechos nos alcanzan por el simple hecho de ser personas, por eso reconocemos el principio de igualdad como entre los más destacados de nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el funcionario público también es sujeto de derechos y obligaciones, y por ende susceptible de ser sancionado o beneficiado derivado de sus actos personales, y capaz de cometer mediante acciones privadas, que no tienen absolutamente nada que ver con el desempeño de sus funciones propias como servidor público, violaciones a la ley que derivasen en la comisión de delitos.
Luego entonces, debe existir una clara diferencia entre los actos públicos y los actos privados del funcionario público para estar en posibilidad de determinar la vía para la aplicación de las sanciones a que se hiciere acreedor, pues tal y como actualmente se establece en la Constitución, debe iniciarse un procedimiento legislativo que concluya en la declaración o negativa de la procedencia para retirar el fuero correspondiente, mismo que, bajo la propuesta que realizamos, debería ser aplicable únicamente cuando se trate de la comisión de delitos derivados de la función pública, que pudieran ser llamados actos públicos, pero no debe ser aplicable para el caso de que se incurra en delitos ordinarios que no guardan relación con las actividades propias de la función pública, es decir, acaecidos mediante actos privados del funcionario, y por tanto debiera estar sujeto como cualquier otra persona para responder penalmente por los actos que realice, en acatamiento al principio de igualdad ante la ley, ya que no existen mexicanos de primera ni de segunda, pues bajo la Constitución somos iguales.
La propuesta estriba específicamente en acotar o limitar el alcance del fuero constitucional, logrando de esta manera evitar el uso excesivo y abusivo del fuero, que será aplicable exclusivamente cuando se trate de la comisión de delitos que deriven de los actos públicos del funcionario; es decir, del ejercicio de su función pública, mas sus efectos no alcanzarán para el caso de actos privados del funcionario, como en el caso de que incurra en delitos que no guardan relación alguna con la función pública que desempeña; por tanto, estará sujeto, como cualquier ciudadano de la República, a responder penal y civilmente al cumplimiento de las sanciones y al resarcimiento de los daños ocasionados, sin necesidad de que se realice ningún acto legislativo, pues el fuero constitucional no protegerá a quienes cometan delitos como resultado de sus actos privados o personales.
Es importante señalar que la modificación que se propone alcanza a los funcionarios públicos pertenecientes a cualquiera de los poderes del Estado, pero debiéndose aclarar que, en lo correspondiente al Poder Legislativo, la garantía constitucional de la inviolabilidad del recinto legislativo así como el derecho de los integrantes del Congreso a no ser molestados por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, deberá subsistir, pues no es intención del suscrito eliminar de facto la figura del fuero constitucional, contenido en el texto del artículo 61 de la Constitución General de la República, sino más bien acotarla o limitarla en los mismos términos a los casos en que las violaciones legales se circunscriban al ejercicio de sus funciones o de sus cargos públicos, y fuera de éstos, a todos los actos se les llamará privados, aun tratándose de funcionarios públicos y, por ende, quedarán sujetos, y a disposición como cualquier ciudadano de la República, a responder por las violaciones penales o de cualquier índole que hubiesen cometido, sin necesidad de enjuiciamiento previo por el Congreso.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y en espera de que la presente solicitud merezca la aprobación de ese cuerpo colegiado, solicito atentamente la aprobación del siguiente
Acuerdo
Unico.- Se acuerda presentar ante el Congreso de la Unión la iniciativa de reforma por modificación al artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.
Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.
Para proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.
En ningún caso, salvo cuando se trate del Presidente de la República, se requerirá declaración de procedencia cuando el delito cometido por el funcionario público derive por causas ajenas al ejercicio de su encargo.
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.
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.........
.........
........"
Atentamente
Monterrey, NL, a 31 octubre de 2002.
Lic. Gregorio Hurtado Lija (rúbrica)
México, DF, a 30 de septiembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En cumplimiento de lo dispuesto en la fracción II del artículo 51 de la Ley del Banco de México, adjunto a la presente, este instituto central envía el informe sobre la política monetaria aplicada durante el primer semestre de dos mil tres. En apego al ordenamiento legal, el citado informe se concentra en las acciones de política monetaria instrumentadas durante dicho semestre. Cabe mencionar que las referidas acciones fueron oportunamente reseñadas en los informes sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, los cuales también se anexan.
Atentamente
Guillermo Ortiz (rúbrica)
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL QUE REMITE INFORMACION RELATIVA A LOS MONTOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO NETO, EL CANJE O REFINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES DEL ERARIO FEDERAL Y EL COSTO TOTAL DE LAS EMISIONES DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2002
México, DF, a 29 de septiembre de 2003.
C. Diputado Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2003.
Además, para dar cumplimiento al artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mismo mes.
Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de agosto de 2002.
Finalmente, se incluye la información consolidada de las finanzas públicas y la deuda pública al mes de agosto del año en curso.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. José Francisco Gil Díaz (rúbrica)
Secretario
DE LA CAMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PRESENTADA POR EL SENADOR EDUARDO OVANDO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
México, DF, a 30 de septiembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Eduardo Ovando Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Derechos.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
CC. Secretarios de la Mesa Directiva
H. Cámara de Senadores
Eduardo Ovando Martínez, senador de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 60 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento esta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la Ley Federal de Derechos, en atención a la siguiente
Exposición de Motivos
La relación entre los pueblos indígenas y la nación mexicana ha estado marcada por la integración y asimilación de esos pueblos al conjunto social, económico y cultural. En 1825, con la emancipación de la Nueva España, se les otorgó, al igual que a todos los ciudadanos, el derecho de ser iguales ante las leyes y, de ese modo, eliminar las diferencias establecidas durante los tres siglos que duró la Colonia.
Posteriormente, con la reforma del artículo 27 de la Constitución de 1917, se les reconocieron derechos colectivos sobre sus tierras; es decir, muchos pueblos pudieron recuperar sus territorios ancestrales, de los cuales fueron despojados para la formación de los latifundios durante el siglo XIX. El único inconveniente de esa medida política fue que no se les reconoció personalidad jurídica como etnias.
En el ámbito internacional, el gobierno mexicano ratificó en 1989 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), convirtiéndose en ley obligatoria en el territorio nacional.
El Convenio 169 de la OIT es un instrumento internacional que refleja el estado de los avances sobre el reconocimiento de derechos indígenas.
De acuerdo con ese convenio, los principios básicos de respeto de las culturas y de las formas de vida y de organización e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas y tribales, la participación efectiva de esos pueblos en las decisiones que los afectan y el establecimiento de mecanismos adecuados y procedimientos para cumplir el convenio hacen que el Estado mexicano garantice la autonomía de sus pueblos y comunidades indígenas, que para 2003 concentran a más de 10 millones de mexicanos.
Por ello, con esta iniciativa con proyecto de decreto que hoy presento ante ustedes quiero señalar la importancia de dotar de programas y recursos económicos a nuestros pueblos y comunidades indígenas que les permitan, antes que nada, mejorar su nivel de vida y la preservación de usos y costumbres.
Con la reforma del artículo 2º constitucional, en 2000 se dio un paso importante para lograr el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas para ratificar el compromiso de construir una relación basada en el reconocimiento y el respeto de sus valores, costumbres, tradiciones y cultura; una relación fundada en el reconocimiento de sus derechos y de sus aspiraciones a una vida mejor para sus familias y sus comunidades; una relación que promueva y haga efectiva la participación de los indígenas en los programas y las acciones encaminados a su propio beneficio para asegurar el acceso a los servicios de salud, educación y vivienda y a los apoyos productivos que con toda razón demandan.
Los integrantes del Poder Legislativo hemos sido partícipes de los innumerables esfuerzos por consolidar la creación y aprobación -hasta hoy- de 16 modificaciones de la legislación federal en materia de derechos y cultura indígenas. Esos esfuerzos no se reflejan en nada para esos millones de indígenas mexicanos si no los traducimos en beneficios reales, en programas y recursos que les permitan mejorar su entorno y calidad de vida.
Hubo un avance considerable en el ejercicio fiscal de 2002 con la recaudación del derecho por la regulación del acceso a museos, monumentos y zonas arqueológicas. Empero, con las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo para La Ley Federal de Derechos en 2003, aprobada por el Congreso de la Unión, se dejó de lado un aspecto importante: la población indígena del país.
En referencia al Capítulo Decimosexto, "De los bienes culturales propiedad de la nación"; y, concretamente, al artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, relativo a los museos y las zonas arqueológicas, en el ejercicio de 2002 se estableció por primera vez en esta ley el monto del derecho por cobrar por acceso a los muesos, los monumentos y las zonas arqueológicas.
Del total recaudado, 70 por ciento se entregó a las administraciones de los museos y las zonas arqueológicas que lo generaron, por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para llevar a cabo trabajos de investigación, restauración, conservación, mantenimiento, administración y vigilancia; y, de manera expresa, el restante 30 por ciento se destinó -previo convenio entre las entidades federativas, los municipios y el citado Instituto- para el desarrollo de proyectos productivos y de desarrollo social en comunidades indígenas aledañas a dichos bienes.
De conformidad con el principio de anualidad de las disposiciones fiscales, al concluir su primer y único año de aplicabilidad con excelentes resultados recaudatorios, se benefició directamente a pueblos y a comunidades indígenas y al INAH.
La Secretaría Administrativa del INAH reportó como ingresos totales captados por los derechos de acceso a museos, monumentos y zonas arqueológicas un monto cercano a ciento treinta y seis millones de pesos, de los cuales cuarenta millones setecientos cuarenta y un mil trescientos cincuenta y dos pesos (40,741,352.27) se entregaron a los estados y los municipios para apoyar el desarrollo social de pueblos y comunidades indígenas.
Para el ejercicio fiscal en curso, en el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos se eliminó el párrafo alusivo al apoyo para los indígenas, sin poder constatar el amplio beneficio otorgado a través de programas de interés colectivo en las comunidades y los pueblos indígenas.
Aún más: el propio Presidente de la República, durante la instalación de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el pasado 18 de septiembre, reconoció que no se han cumplido los compromisos contraídos con las comunidades indígenas del país, por lo que exigió a su gabinete "resultados inmediatos, tangibles y verificables" y expuso que no debe haber más "excusas y pretextos" para trabajar en programas y acciones que combatan la pobreza indignante en que viven miles de familias indígenas.
De tal manera, para ser congruentes con el apoyo a que el Ejecutivo hace alusión en pro de nuestras comunidades y pueblos indígenas, hago propicia la ocasión para solicitar la reflexión de los legisladores federales en la importancia de los recursos económicos para mejorar las condiciones de vida de los indígenas mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a esta honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Unico. Se reforma el párrafo séptimo y se adiciona un párrafo noveno al artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
...
...
...
...
...
...
Setenta por ciento del monto total recaudado por este derecho se destinará al Instituto Nacional de Antropología e Historia para llevar a cabo trabajos de investigación, restauración, conservación, excavación, salvamento, protección, mantenimiento, administración y vigilancia de las unidades generadoras del mismo.
...
Las entidades federativas y los municipios recibirán 30 por ciento del total del ingreso por concepto de pago de derechos por el acceso a los museos, los monumentos y las zonas arqueológicas del dominio público para destinarse a la creación de un fondo para el desarrollo de proyectos productivos y de desarrollo social en pueblos y comunidades indígenas aledaños a dichos bienes.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2004.
Segundo. El Ejecutivo federal establecerá los mecanismos necesarios para que los recursos señalados en el presente decreto lleguen de manera inmediata, vía entidades federativas y municipios, a los pueblos y a las comunidades indígenas a más tardar en 30 días, contados a partir de su entrada en vigor.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 30 de septiembre de 2003.
Sen. Eduardo Ovando Martínez (rúbrica)
QUE ADICIONA UN CAPITULO III AL TITULO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE REGULACION DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS, A CARGO DEL DIPUTADO GONZALO MORENO AREVALO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado Gonzalo Moreno Arévalo, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que adiciona un Capítulo III al Título Segundo de la Ley General de Salud, para lo cual hago la siguiente
Exposición de Motivos
1. La situación económica del país impacta directamente la economía familiar de los mexicanos. Miles de familias consiguen apenas lo necesario para subsistir; sus esfuerzos diarios se centran en trabajar para comer y un poco más.
2. Conservar la salud se vuelve casi imposible: mala alimentación, mínimos hábitos higiénicos, difícil acceso a los servicios médicos y, cuando se tienen, no se pueden adquirir las medicinas y el material de curación, por los precios tan elevados con que se ofertan en el mercado. Lo paradójico es que la salud y los medios para conservarla o recuperarla están consagrados como garantía constitucional en nuestra Carta Magna, en su artículo 4º.
3. La situación no es privativa de una región o estado, el flagelo de la pobreza no reconoce de límites geográficos, como tampoco respetan fronteras las enfermedades.
4. En distintos puntos de la geografía nacional existen lugares popularmente frecuentados donde se venden medicinas de laboratorios reconocidos por abajo del precio comercial. Un ejemplo, en farmacias de prestigio que ofertan medicamentos con descuentos permanentes se compra el verapamilo (medicina empleada para controlar la presión arterial) entre 38 y 46 pesos, mientras que en los lugares no reconocidos, la misma fórmula médica, fabricada por laboratorios de prestigio puede adquirirse a precios de entre 15 y 20 pesos. Aclaro, no son muestras médicas, genéricos intercambiables o medicinas robadas.
5. Otro ejemplo, aunque acepto que no es en sentido estricto medicamento, es una fórmula para lactantes, leche en polvo o leche maternizada (de marca conocida), en tiendas de autoservicio cuesta entre 156 y 165 pesos; en farmacias, entre 165 y 176, mientras que en los lugares mencionados va de los 110 a los 120 pesos.
6. Las diferencias de precio no está en la calidad, ni siquiera en la marca. Reconozco la trascendente labor de investigación, fabricación y distribución que llevan a cabo los laboratorios farmacéuticos, y con la presente no pretendo entorpecer su trabajo, más bien busco facilitar que sus productos lleguen a un sector más amplio de consumidores abaratando los precios de comercialización, ya sea disminuyendo los gastos de fabricación, presentación o de intermediación.
7. Hicimos una investigación normativa para conocer quién o quiénes intervienen en la fijación de los precios. Iniciamos lógicamente por la Constitución Federal, que preceptúa, en su artículo 28, párrafo tercero, lo siguiente:
9. Las indagaciones nos llevaron a consultar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y encontramos que el artículo 34 señala:
I. Formular y conducir las políticas? en materia de precios del país.
V.- Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Lo cual nos confirma que no existen normas para fijar los precios de los medicamentos.
11. En la Secretaría de Salud nos informaron que los medicamentos, en materia de precios, no están regulados, ya que cada laboratorio pone sus precios con base en sus costos, y los costos dependen de la investigación que hayan realizado para obtener las fórmulas. En definitiva, no hay control de precios, suponen que hay sugerencias de la autoridad para fijarlos.
12. El esquema económico neoliberal es una forma más de proyectar la vida productiva y económica de las naciones; estando o no de acuerdo con él, es una preocupación permanente que las clases económicamente más desprotegidas no sean consideradas en tales políticas.
13. Estoy a favor del desarrollo y del progreso, del crecimiento económico, sí, pero también estoy a favor de una distribución de la riqueza más proporcionada y justa. No acuso -y reitero, no es mi pretensión- de enriquecimiento desproporcionado a unos pocos, simplemente señalo que miles de personas sufren enfermedades que, por no tener la cura a la mano, quedan con secuelas y, en un número alarmante, tienen final fatal.
14. De los ejemplos señalados se deduce que el precio de venta está sobre el costo de producción en un 80 a 200%; si la causa fuera de tipo tributario, entonces es muy cuestionable imponer todavía el IVA a medicamentos; si la razón es la ganancia desconsiderada de parte de los productores o intermediarios, es momento de que el Estado, de conformidad con sus facultades y en atención a su responsabilidad, intervenga tomando las medidas necesarias.
15. En la presente iniciativa se prevé la creación de un comité nacional de precios a las medicinas y material de curación, que se integraría con los representantes de la industria farmacéutica, de las Secretarías de Salud, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, y personas del sector social.
16. Se pretende imponerle obligaciones, señalarle criterios de acción y otorgarle facultades para el eficaz desarrollo de su actividad. Asimismo, dentro de sus responsabilidades está la de diseñar programas para poner al alcance del consumidor final de escasos recursos medicamentos a precios bajos.
17. Estoy convencido de la viabilidad del proyecto; en Jalisco, los lugares donde se comercia legalmente con medicinas de laboratorios reconocidos trabajan desde hace más de 40 años, y en su haber se cuentan por miles las familias beneficiadas; pensemos en lo que significaría multiplicar este beneficio al resto de la República Mexicana.
En mérito de lo expuesto, elevo a esta soberanía la siguiente
Iniciativa de decreto que adiciona el Capítulo III con los artículos 22 A, 22 B, 22 C y 22 D, en el Título Segundo de la Ley General de Salud.
Artículo Unico.- Se adiciona el Capítulo III con los artículos 22 A, 22 B, 22 C y 22 D, en el Título Segundo de la Ley General de Salud
Capítulo III
Del Consejo Nacional de Precios a los Medicamentos
y Material de Curación
Artículo 22 A.- El Consejo Nacional de Precios a los Medicamentos y Material de Curación es un órgano auxiliar del Consejo de Salubridad General, que tiene por objeto establecer las políticas públicas necesarias para la vigilancia y regulación de los límites mínimos y máximos de precios de los medicamentos y material de curación.
Artículo 22 B.- El Consejo Nacional de Precios a los Medicamentos y Material de Curación estará integrado por un presidente, que será el secretario de Salud, y 12 vocales, entre los que deberán estar los titulares de las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, representantes de las cámaras farmacéuticas y representantes sociales.
La organización y funcionamiento del Consejo se regirá por su reglamento interior, que deberá ser expedido por el Presidente de la República.
Artículo 22 C.- El Consejo Nacional de Precios a los Medicamentos y Material de Curación tendrá las siguientes obligaciones:
II. Aprobar los márgenes mínimo y máximo para la fijación de los precios a medicinas y material de curación en general, para lo cual deberá tomar en cuenta, por lo menos, los siguientes criterios:
a) Técnicos de elaboración, empaque y manejo;
b) Económicos de producción, calidad, presentación,
distribución y conservación; y,
c) Económicos de nivel adquisitivo del consumidor
final.
III. Establecer mecanismos para la comercialización en zonas económicas deprimidas que permitan al consumidor final adquirir medicamentos a precios bajos a través de cuando menos los siguientes programas:
a) Programas permanentes de compra directa al fabricante;
y
b) Programas públicos permanentes para la adquisición
a precios bajos.
IV. Vigilar que no se comercialicen, por ningún motivo, medicamentos destinados al sector salud.
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, DF, a 30 de septiembre de 2003.
Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica)
México, DF, a 25 de septiembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Gran Banda de la Orden Suprema del Crisantemo que le confiere el Gobierno del Japón.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Gran Banda de la Orden Suprema del Crisantemo que le confiere el Gobierno del Japón.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 25 de septiembre de 2003.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
CINCO, CON PROYECTOS DE DECRETO QUE CONCEDEN PERMISO A LOS CIUDADANOS SEÑORA MARTHA MA. SAHAGUN JIMENEZ, GONZALO BERNARDINO DURAN VALDES, JESUS ALVAREZ PEREZ, SERGIO SOTELO BUSTOS Y JAIME ENRIQUE INOCENCIO GARCIA AMARAL PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS
México, DF, a 25 de septiembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Sra. Martha Ma. Sahagún Jiménez para aceptar y usar la condecoración de la Gran Banda de la Orden de la Preciosa Corona que le confiere el Gobierno del Japón.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso a la ciudadana Sra. Martha Ma. Sahagún Jiménez para aceptar y usar la condecoración de la Gran Banda de la Orden de la Preciosa Corona que le confiere el Gobierno del Japón.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 25 de septiembre de 2003.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 18 de septiembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al C. General Brigadier DEM Gonzalo Bernardino Durán Valdés para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Peruana al Mérito Militar en grado de Gran Oficial que le confiere el Gobierno de la República del Perú.
Atentamente
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al C. General Brigadier DEM Gonzalo Bernardino Durán Valdés para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Peruana al Mérito Militar en grado de Gran Oficial que le confiere el Gobierno de la República del Perú.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 18 de septiembre de 2003.
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 18 de septiembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano General de División DEM Jesús Alvarez Pérez para aceptar y usar la medalla "Mérito Santos-Dumont" que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Atentamente
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano General de División DEM Jesús Alvarez Pérez para aceptar y usar la medalla "Mérito Santos-Dumont" que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 18 de septiembre de 2003.
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 18 de septiembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al C. Teniente Coronel FAPA DEMA Sergio Sotelo Bustos para aceptar y usar la medalla Conmemorativa "Primero de Agosto" del Ejército Popular de Liberación China que le confiere el Gobierno de la República Popular China.
Atentamente
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al C. Teniente Coronel FAPA DEMA Sergio Sotelo Bustos para aceptar y usar la medalla Conmemorativa "Primero de Agosto" del Ejército Popular de Liberación China que le confiere el Gobierno de la República Popular China.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 18 de septiembre de 2003.
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 25 de septiembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Jaime Enrique Inocencio García Amaral para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano embajador Jaime Enrique Inocencio García Amaral para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 25 de septiembre de 2003.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
TRES, CON PROYECTOS DE DECRETO QUE CONCEDEN PERMISO A LOS CIUDADANOS ALBERTO CASTRO ROSAS, ADRIAN FRANCO ZEVADA, AMANDA MIREYA TERAN MUNGUIA, MIGUEL HAKIM SIMON, SERGIO ERNESTO JACOBO PATIÑO, JOSE ARMANDO TAMAYO CASILLAS, ENRIQUE BERRUGA FILLOY, MARIA GUADALUPE LOAEZA TOVAR E ISAAC MARIO KATZ BURSTIN PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS
México, DF, a 18 de septiembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los CC. Vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas y Lic. Adrián Franco Zevada para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Italiana.
Atentamente
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al C. Vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Italiana, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de dicho país.
Artículo Segundo. Se concede permiso al C. Adrián Franco Zevada para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Italiana, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de dicho país.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 18 de septiembre de 2003.
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 18 de septiembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los CC. embajadora Amanda Mireya Terán Munguía, Dr. Miguel Hakim Simón, Lic. Sergio Ernesto Jacobo Patiño, General de Brigada DEM José Armando Tamayo Casillas y embajador Enrique Berruga Filloy para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania.
Atentamente
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso a la C. embajadora Amanda Mireya Terán Munguía para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
Artículo Segundo. Se concede permiso al C. Dr. Miguel Hakim Simón para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de dicho país.
Artículo Tercero. Se concede permiso al C. Lic. Sergio Ernesto Jacobo Patiño para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de dicho país.
Artículo Cuarto. Se concede permiso al C. General de Brigada DEM José Armando Tamayo Casillas para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
Artículo Quinto. Se concede permiso al C. Embajador Enrique Berruga Filloy para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de dicho país.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 18 de septiembre de 2003.
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
México, DF, a 18 de septiembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los CC. María Guadalupe Loaeza Tovar e Isaac Mario Katz Burstin para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Francesa.
Atentamente
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso a la C. María Guadalupe Loaeza Tovar para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Artículo Segundo. Se concede permiso al C. Isaac Mario Katz Burstin para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Francés que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 18 de septiembre de 2003.
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS HOLANDA ALICIA ESTRADA CISNEROS, ALEJANDRO VIERA GALINDO, VANESSA IRIBE CASTILLO Y MONICA DEL CARMEN LOPEZ CHOLICO PARA PRESTAR SERVICIOS EN DIVERSAS REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO
México, DF, a 25 de septiembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que condene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos mexicanos Holanda Alicia Estrada Cisneros, Alejandro Viera Galindo, Vanessa Iribe Castillo y Mónica del Carmen López Cholico para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de Estados Unidos de América en México.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana mexicana Holanda Alicia Estrada Cisneros para que pueda prestar servicios como asistente de visas en el Consulado General de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano mexicano Alejandro Viera Galindo para que pueda prestar servicios como jardinero en el Consulado General de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.
Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana mexicana Vanessa Iribe Castillo para que pueda prestar servicios como recepcionista en el Consulado General de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.
Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana mexicana Mónica del Carmen López Cholico para que pueda prestar servicios como auxiliar en visas en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 25 de septiembre de 2003.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Sonora en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 de La Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos; y considerando la importancia y urgencia de apoyar a los habitantes de los estados afectados por la sequía, en la búsqueda de una solución inmediata para un asunto de gran envergadura, que pone en riesgo la economía de miles de familias sonorenses. Lo hacemos con la plena conciencia de que, más allá del interés de fracción, está nuestra solidaridad como mexicanos.
El noroeste del país ha padecido, por los últimos siete años consecutivos, una sequía atípica, cuyo efecto -por sus dimensiones- podría ser tan desastroso como el daño ocasionado por cualquier huracán.
De esta región destaca la cuenca del río Yaqui, desde donde se generan los escurrimientos que capta su propio sistema de presas, y que en conjunto tienen capacidad para almacenar un volumen de 6,950.1 millones de metros cúbicos de agua.
Por ello, las tres presas de la región están en sus niveles más bajos históricos. Además, dejaran de sembrarse 159 mil hectáreas en Valle del Yaqui y 25 mil en el Valle del Mayo. Como no se espera que haya lluvias extraordinarias por estos últimos meses, se verá afectada la producción, así como el abasto de agua para los pueblos ribereños.
Aunque se analizan otras zonas del estado, nos preocupa más por ahora la del Valle del Yaqui y la del Valle del Mayo, por las repercusiones sociales y económicas que la situación de sequía pueda traernos.
En los últimos siete años, la región se ha visto afectada por el descenso de las precipitaciones pluviales, manifestado en los bajos escurrimientos superficiales y la poca disponibilidad de agua en las presas, que repercute en las diferentes actividades económicas y productivas de la zona. Estos se encuentran en un nivel de 15 por ciento en el Valle del Yaqui y de 30 por ciento en el Valle de Mayo de referente a la capacidad de almacenamiento.
Para establecer si existen las condiciones de estado de sequía que ponga en peligro el abasto a fin de satisfacer las necesidades productivas y de agua potable para la población, la Gerencia Regional Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (CNA) analizó de la información de precipitaciones, de escurrimientos por el río Yaqui y de los almacenamientos en el sistema de presas.
Se analizaron las precipitaciones con base en el índice adimensional Indice Estandarizado de Precipitación (SPI, por sus siglas en inglés), considerado un criterio para definir cuándo debe considerarse que una región representa sequía en un periodo determinado.
Se compararon los resultados con la desviación de la media de los escurrimientos y las precipitaciones históricas, lo cual mostró que para un periodo de 24 meses se tiene un índice de -2.24, lo que indica una fase de sequía severa.
Utilizando el SPI como herramienta para el análisis de sequía, se tiene que la cuenca del río Yaqui presenta sequía prolongada, la cual se manifiesta en los bajos volúmenes de agua en las tres grandes presas de almacenamiento que constituyen el sistema.
Ello ha provocado que en el presente año agrícola, 2002-2003, el nivel del almacenamiento en el sistema de presas se encuentre por abajo del nivel mínimo de operación.
No se tiene disponibilidad de agua para establecer el 100 por ciento de la superficie agrícola con primeros cultivos, para el año agrícola 2003-2004, se corre el riesgo de tener problemas de tipo económico y social, ya que estas regiones dependen en gran medida del flujo económico que genera la actividad agrícola.
Por lo anterior, solicitamos al Gobierno Federal que se tomen medidas inmediatas para garantizar la distribución correcta de los recursos existentes para desastres naturales en las entidades, de forma tal que éstos se apliquen en las acciones prioritarias para el desarrollo de esta entidad federativa.
También cabe la firma de un convenio con los gobiernos federal y estatal para que sea más ágil la entrega de los recursos y en los casos como éste, de situaciones de urgencia, los apoyos se destinen primero al empleo temporal, a los productores, de los organismos del sector agropecuario que prestan servicio de apoyo, así como el mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola para que no se vea afectada la economía familiar de la entidad, pero sin perder jamás de vista que todas esas acciones deben de estar dirigidas necesariamente a una propósito fundamental, de evitar un colapso social y económico, ya que las regiones dependen en gran medida del flujo económico que genera la actividad agrícola.
Por lo expuesto, los integrantes de la coordinación de la diputación federal por el estado de Sonora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que, mediante las dependencias responsables del sector agropecuario y de los programas que existen en lo social y lo económico, así como el Fondo de Desastres Naturales, que se agotaron para este año, lleguen los recursos de forma ágil y se firme un convenio con los gobiernos federal y del Estado para incluirnos en los fondos acumulados del fideicomiso Fondo Revolvente del Fonden, a los valles del Yaqui y del Mayo, que padecen una prolongada sequía, de siete años consecutivos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2003.
Dip. José Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA PROBLEMATICA QUE VIVEN LOS PRODUCTORES DURANGUENSES DE FRIJOL, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO ULISES ADAME DE LEON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Llamo nuevamente la atención de la honorable Cámara de Diputados para solicitar como punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que hagamos un llamado inmediato a las autoridades federales para que acudan a comparecer ante las Comisiones Unidas de Agricultura, de Desarrollo Rural, y de Economía y nos enteren de las acciones que están realizando y pueden realizar urgentemente para detener el desastre económico que en este momento se abate sobre los productores de frijol del país.
Apenas hace un par de semanas, solicitamos como punto de acuerdo llamar a las instancias responsables para que, como medida urgente, detuvieran el proceso de subasta del frijol de Durango que, aunque -efectivamente- se ha retrasado, el proceso continúa avanzando.
Apenas ayer recibimos a los productores de Durango, Sinaloa, Nayarit y Zacatecas, quienes llamaron a nuestra intervención para exponer en esta tribuna que, no obstante los planteamientos previos, los llamados de atención y nuestras buenas intenciones, el círculo se está cerrando y está ahorcando a medio millón de productores de frijol dispersos en muchos estados de la República.
Esto ya no espera. No es posible dar más tiempo a que con buena voluntad iniciemos el análisis de la problemática que habrá de presentarse a nuestro país más allá de 2008, cuando quede totalmente liberado el mercado del frijol.
Nuestros productores no aguantarán siquiera un ciclo más y suena utópico programar las actividades para dentro de cinco años, cuando no habrá a quien atender.
Hoy, y dicho por los propios productores, hay ofertas en campo de un peso con 30 centavos por kilogramo de frijol del ciclo 2002 y el pánico está invadiendo las comunidades que en este preciso momento inician la cosecha del ciclo primavera-verano de 2003.
Ya conocimos las ofertas de los primeros intermediarios, y no nos satisfacen. Por respeto a los productores, no mencionaré los montos de las ofertas, pero -créanme, señores diputados- con estos precios, en este año, vamos a terminar con todo el productor que no tenga un hijo en Estados Unidos que pueda refaccionarlo nuevamente, pese a las pérdidas.
Los productores demandan de nosotros atención, y no podemos decirles que esto depende de otra instancia, pues en nosotros confiaron sin distinguir regiones o partidos. Cuán lamentable sería que de aquí los mandásemos a otra parte, donde sabemos que han tocado muchas veces esa puerta y por alguna razón su problema sigue creciendo.
Hace tres años, hace dos años, el año pasado, los productores organizados, los mismos, pero con más esperanzas y mejor ropa, estuvieron en la Cámara de Diputados para solicitar apoyos, y nunca se les negó.
En justicia, este Congreso siempre actuó en consecuencia. En diciembre de 2000 se les autorizaron 560 millones de pesos para apoyar el proyecto de comercialización mediante las integradoras de productores. Hay que decirlo: éstas han desempeñado un papel social de apoyo importante, pero nadie puede participar con papeles y promesas en un mercado de recursos frescos y diarios.
Hoy, el futuro de las integradoras es cuestionable, no sabemos qué destino van a tener, pero serán todas juntas, todas iniciaron igual, todas tuvieron los mismos problemas, todas fallaron igual y todas son cuestionadas igual, aunque los estados donde operan son gobernados por partidos políticos diferentes. ¿Qué, no será un problema de normatividad? No parece más sencillo que una sola persona que trabaja para Aserca se equivoque en su política, en vez de 100,000 productores de Zacatecas, 40,000 de Durango, 15,000 de Nayarit, otros tantos de Sinaloa o Guanajuato, Chihuahua o San Luis Potosí.
El año pasado aquí estuvieron también los productores y se llevaron el compromiso y las esperanzas, otros 500 millones para apoyar la comercialización.
De esos recursos, un porcentaje habría de aplicarse para hacer investigación, para salir de dudas, para saber si en verdad los mexicanos consumimos un millón 200 mil toneladas anuales, para saber de qué variedades y cómo nos gusta consumir frijol, pero ya se acabó el año y no hubo inicio del proyecto.
Se acordó también financiar, mediante el Consejo Mexicano del Frijol, un programa de fomento del consumo y no pasó nada. Los 500 millones de pesos no se han liberado y ya se acabó el año.
Entonces, ¿qué caso tiene que por aquí pasen iniciativas si, al final de cuentas, los programas no se inician o no concluyen?
Por esa razón, y ante la realidad que vivimos, cuando los productores de frijol de Durango ya llegaron al Distrito Federal a vender directamente su producto, cuando estamos esperando la llegada de los productores de Zacatecas, Nayarit y Sinaloa, me permito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en nombre de los que suscriben, diputados federales integrantes de diferentes grupos parlamentarios de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presento a esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
1. Que la honorable Cámara de Diputados convoque a comparecer ante las Comisiones Unidas de Agricultura, de Desarrollo Rural y de Economía al personal de Aserca responsable de la operación de los programas de comercialización de frijol, para que nos actualicen en el manejo que han dado a los recursos autorizados por el H. Congreso y nos informen sobre el grado de avance que tiene el proceso de comercialización del frijol remanente del ciclo primavera-verano de 2002, y cuál es la estrategia diseñada para la comercialización del frijol del ciclo otoño-invierno y primavera-verano de 2003.
2. Amablemente, solicitamos al Presidente de la Mesa Directiva que autorice el arribo de los vehículos que desde Durango transportan el frijol y lo promueven entre diferentes destinos de venta de la capital, que por nuestro conducto se acogen a la protección de esta soberanía para que se les abra el espacio de difusión ante el resto de la sociedad mexicana.
3. Que, de inmediato, las Comisiones de Agricultura, de Desarrollo Rural, de Economía, y de Presupuesto tomen bajo su dirección el análisis de la estrategia nacional de producción y comercialización de frijol para que, con el concurso con el Poder Ejecutivo federal y el de las entidades, definan que los apoyos para sostener esa actividad sean suficientes, pero -sobre todo- oportunos.
Firman la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, los legisladores siguientes:
Diputados: Fernando Ulises Adame de León
(rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón, Jaime Fernández
Saracho, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, Rosario Sáenz López,
Pedro Avila Nevárez, por Durango; Antonio Mejía Haro, Rafael
Flores Mendoza, Arturo Nechle García, Guillermo Huízar Carranza,
por Zacatecas; Hilaria Domínguez Arvizu, por Nayarit; Cruz López
Aguilar, por Tamaulipas; Sara Rocha Medina, por San Luis Potosí.