Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del Congreso del estado de Tlaxcala.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.
De la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.
Del diputado José Reyes Baeza Terrazas.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política:
Tres, en los que se transcriben puntos de acuerdo por los que se solicitan mayores recursos a diversas partidas presupuestales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. (Turno a Comisión)
Iniciativa de ciudadano diputado
Que reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a fin de cambiar su denominación por el nombre de Instituto Nacional de Cancerología Conrado Zuckerman, para la especialidad de neoplasias, a cargo del diputado José Angel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Dictámenes a discusión
Seis, de la Comisión de Agricultura y Ganadería con puntos de acuerdo:
- Relativo a la proposición con punto de acuerdo para que el titular del Ejecutivo federal dé cabal cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo, presentada por el diputado Rafael Galindo Jaime.
- Relativo a la proposición con punto de acuerdo para que la Sagarpa informe a esta soberanía sobre el avance de las acciones realizadas para combatir y erradicar la plaga de la langosta y chapulín en la Huasteca Potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz, presentada por el diputado José María de la Vega Lárraga.
- Relativo a la proposición con punto de acuerdo para que el Fondo de Empresas Expropiadas del sector azucarero presente a esta soberanía un informe de las acciones actuales de la industria de la caña de azúcar, presentada por el diputado Diego Palmero Andrade.
- Relativo a la proposición con punto de acuerdo para que el Gobierno Federal, con la participación de los productores rurales y legisladores, revise el Procampo para que éste retome sus objetivos iniciales de impulsar la productividad de la superación de la pobreza en el campo mexicano, presentada por el diputado Víctor Hugo Islas Hernández.
- Relativo a la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que realice las acciones pertinentes con objeto de evitar la utilización de betaanálogos con fines zootécnicos, presentada por el diputado Gonzalo Moreno Arévalo.
Con punto de acuerdo, para que no se apruebe la desincorporación del Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro de Capacitación Cinematográfica y los Estudios Churubusco Azteca, a cargo del diputado Javier Orozco Gómez, suscrita por integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita integrar al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 y subsecuentes una partida especial destinada a la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para cubrir el traslado de los mexicanos fallecidos en el extranjero a sus comunidades de origen, a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a las coordinaciones de las unidades administrativas competentes de la Secretaría y del Servicio de Administración Tributaria a que retiren los retenes y volantas que instala la Policía Fiscal Federal en los operativos realizados en las carreteras del estado de Nuevo León, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2004 se consideren recursos para la ampliación del aeropuerto de Palenque, Chiapas, a cargo del diputado Jorge Baldemar Utrilla Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no desincorpore la Comisión Nacional de las Zonas Aridas del Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Baja California a que intervengan de manera urgente para solucionar la problemática que vive el puerto de San Felipe, por la falta de instalaciones adecuadas para desarrollar sus actividades pesqueras y turísticas, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a que con la mayor brevedad ordene una exhaustiva investigación sobre la prórroga de la concesión otorgada a la empresa Promofron, SA de CV, en relación con el puente internacional Zaragoza-Ysleta, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre la Octava Reunión de Ministros de Comercio del Hemisferio para las Negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que se realizará del 19 al 21 de noviembre de 2003, en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal a que termine con las designaciones políticas dentro del servicio exterior y nombre un diplomático de carrera, en sustitución del embajador Adolfo Aguilar Zinser, a cargo del diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que, en el marco de su competencia, se tomen las medidas necesarias para concluir la restitución o el pago de las tierras que se ocuparon para la construcción de la presa Belisario Domínguez (La Angostura), en el municipio de La Concordia, Chiapas, a cargo del diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que, con absoluto respeto a su jurisdicción y competencia, se exhorte al Supremo Tribunal Militar a que, de confirmar la culpabilidad del Subteniente Hernán Varela Flores en el homicidio del Coronel Salvador Juárez Villa, sustituya la pena de muerte impuesta por la de prisión que corresponda, a cargo de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita no incluir el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el artículo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que expida el decreto presidencial que contenga la declaratoria de área natural protegida, en la categoría de reserva de la biosfera, de la zona conocida como Ojos de Agua del río Talpa de Allende, Jalisco, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a no designar al C. Guillermo Ortiz Martínez como gobernador del Banco de México para el periodo 2004-2009; y, en su caso, a la Cámara de Senadores, a no ratificar dicho nombramiento, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Solicitud de excitativa
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Agenda política
Comentarios en relación con el presupuesto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2004, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.
Efeméride
Con motivo del 93 aniversario del inicio de la Revolución
Mexicana.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos noventa y dos diputadas y diputados, a las once horas con dieciocho minutos del martes dieciocho de noviembre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
Desde su curul el diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del Partido de la Revolución Democrática, solicita explicaciones, en el momento en que la Presidencia considere pertinente, en relación con el dispositivo de seguridad solicitado para salvaguardar el recinto legislativo. El Presidente señala que al término de la sesión se darán las explicaciones correspondientes.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica.
Nuevamente desde su curul, el diputado Ensástiga Santiago pregunta por qué hasta el final de la sesión se atenderá su solicitud. El Presidente aclara que es en atención a los términos en que fuera planteada y para no alterar el orden del día de la presente sesión.
En votación económica la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior.
Dos invitaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal por las que invita a las ceremonias cívicas conmemorativas del nonagésimo tercer aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y del octogésimo primer aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Se designan sendas comisiones para representar a la Cámara de Diputados.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Chihuahua, con acuerdo por el que solicita sea analizado el contenido del último párrafo del artículo dos - A y el segundo párrafo del artículo dos - C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que remite copia de la contestación del Jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos en relación con un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la homologación del precio del diesel marino con el precio del diesel agropecuario. Remítase copia a la Comisión de Economía y al promovente, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el que remite copia de la contestación del Director en Jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, en relación con un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la comercialización del frijol. Remítase copia a la Comisión de Agricultura y Ganadería y al promovente, para su conocimiento.
Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación por los que:
Remite copia de la contestación del Jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que expida y publique el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo. Remítase copia a la Comisión de Energía y al promovente, para su conocimiento.
Remite informe de la visita de Estado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, a Japón y de su participación en la undécima Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia - Pacífico, realizada del catorce al veintiuno de octubre de dos mil tres. Remítase copia la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.
Solicita el permiso necesario para que cuatro ciudadanos puedan prestar servicios en la Embajada de la República Federal de Alemania en México. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:
Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Se turna a la Comisión de Gobernación.
A las doce horas con veintiún minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos cincuenta y nueve diputadas y diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.
Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de adicciones. Se turna a la Comisión de Salud.
Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma la fracción cuarta del artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos segundo y cuarto de la Ley de Planeación y el artículo quince de la Ley de Información Estadística y Geográfica, para incorporar la perspectiva de género. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Se reforma el primer párrafo del artículo ochenta y siete de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Economía.
Se expide la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El diputado Francisco Suárez Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión; y en pro, habla el diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del Partido Acción Nacional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el proyecto de decreto en votación económica y la Secretaría recoge la votación respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos cuarenta votos en pro y ninguno en contra.
El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo nueve - A de la Ley de Coordinación Fiscal. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Marko Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán, a fin de que informe al Congreso local acerca de la incorporación de ciudadanos cubanos en los programas y tareas del gobierno estatal. Para rectificar hechos solicita la palabra el diputado Juan Pérez Medina, del Partido de la Revolución Democrática, y el Presidente aclara que, con fundamento en el artículo décimo tercero del acuerdo parlamentario relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, no procede su solicitud. Desde su curul el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, hace comentarios de procedimiento. Se concede la palabra al referido diputado Pérez Medina para hablar en contra de la proposición; y en pro, al diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional. La Asamblea, en votación económica, aprueba dar trámite a la proposición y el Presidente la turna a la Junta de Coordinación Política.
Susana Guillermina Manzanares Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las estaciones de radio comunitarias.
Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, de Gobernación y de Radio, Televisión y Cinematografía.
Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia, en relación con las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal para el análisis del Tercer Informe de Gobierno, administración dos mil - dos mil seis.
Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Presidencia del diputado Francisco Agustín
Arroyo Vieyra
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
María Guadalupe Morales Rubio, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el artículo segundo transitorio, fracción decimaquinta, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, que desincorpora el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Francisco Xavier Alvarado Villazón, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con la disminución de la tasa del impuesto al valor agregado y el incremento de las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Salud.
Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, para integrar la Comisión Investigadora del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Roberto Antonio Marrufo Torres, del Partido Revolucionario Institucional, para que las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conformen una comisión especial que verifique la calidad del agua, volúmenes, instalaciones y funcionamiento de las estaciones hidrométricas de la cuenca Lerma - Chapala. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Isidro Camarillo Zavala, del Partido Acción Nacional, en relación con los posibles efectos en México de la entrada en vigor de la Ley contra el Bioterrorismo en los Estados Unidos de América y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea, en votación económica, así considera el asunto. Para hablar en pro suben a la tribuna los diputados: Inelvo Moreno Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; y Cruz López Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea, en sendas votaciones económicas, autoriza al diputado Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, hablar en pro de la proposición; la considera suficientemente discutida y la aprueba. Comuníquese.
Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Convergencia, a nombre de la Mesa Directiva de la Comisión de Participación Ciudadana, en relación con las leyes de participación ciudadana y actividades de esa Comisión, y solicita trámite de urgente resolución.
La Asamblea así considera el asunto en votación económica. Hablan en pro las diputadas: Susana Guillermina Manzanares Córdova, del Partido de la Revolución Democrática; y María del Carmen Izaguirre Francos, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.
Jorge Luis Hinojosa Moreno, del Partido Acción Nacional, para incrementar el presupuesto destinado al Centro para el Desarrollo y la Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Transcurrido el tiempo acordado para la duración
de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día
de la próxima sesión e informa del registro final de cuatrocientos
cuarenta y siete diputadas y diputados. El Presidente clausura la sesión
a las dieciséis horas con treinta y dos minutos, citando para la
que tendrá lugar el miércoles diecinueve de noviembre de
dos mil tres, a las diez horas.
CC. Diputados Secretarios del H. Congreso de la Unión
Presentes
Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, me permito remitir a ustedes el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de esta Quincuagésima Séptima Legislatura en su vigésima sexta sesión ordinaria pública, celebrada el día 6 de los corrientes, por el que esta soberanía exhorta al Congreso de la Unión, a efecto que lleve a cabo una revisión minuciosa en lo referente a las pensiones vitalicias que perciben los altos funcionarios de los Poderes de la Unión, a efecto de que se abroguen este tipo de pensiones especiales.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de X., a 7 de noviembre de 2003.
El Secretario Parlamentario del H. Congreso
Lic. Sergio Cuauhtémoc Lima López (rúbrica)
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Soberanía exhorta al Congreso de la Unión a efecto de que lleve a cabo una revisión minuciosa en lo referente a las pensiones vitalicias que reciben los altos funcionarios de los Poderes de la Unión, a efecto de que se abrogue este tipo de pensiones especiales.
Segundo. Se solicita a la Mesa Directiva envíe copia del presente punto de acuerdo a las Legislaturas de los estados, a fin de que se adhieran al contenido del mismo.
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil tres.
Dip. Silvestre Velázquez Guevara (rúbrica)
Presidente
Dip. Floria María Hernández Hernández
(rúbrica)
Secretaria
Dip. María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi
(rúbrica)
Secretaria
CC. Diputados Secretarios del H. Congreso de la Unión
Presentes
Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, me permito remitir a ustedes el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de esta Quincuagésima Séptima Legislatura en su vigésima sexta sesión ordinaria pública, celebrada el día 6 de los corrientes, por el que este honorable Congreso del estado solicita a la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión que apruebe la reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de X., a 7 de noviembre de 2003.
El Secretario Parlamentario del H. Congreso
Lic. Sergio Cuauhtémoc Lima López (rúbrica)
Punto de Acuerdo
Primero. Solicitar, como Poder Legislativo estatal, a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que a la brevedad posible apruebe la reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para que tanto el delito fiscal de contrabando y los actos que se equiparan a éste, que se traducen en el contrabando documentado, se introduzcan en el artículo 2º de dicha ley federal y sean tipificados como actos que las organizaciones delictivas llevan a cabo de manera permanente.
Segundo. Envíese copia del presente punto de acuerdo al resto de las Legislaturas de los estados, con la finalidad de que se sumen a la solicitud que se formula a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Tercero. Instrúyase al ciudadano secretario parlamentario de este Congreso del estado para que dé cumplimiento al presente punto de acuerdo.
Cuarto. Publíquese el presente punto de acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil tres.
Dip. Silvestre Velázquez Guevara (rúbrica)
Presidente
Dip. Floria María Hernández Hernández
(rúbrica)
Secretaria
Dip. María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi
(rúbrica)
Secretaria
CC. Diputados Secretarios del H. Congreso de la Unión
Presentes
Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, me permito remitir a ustedes el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de esta Quincuagésima Séptima Legislatura en su vigésima sexta sesión ordinaria pública, celebrada el día 13 de los corrientes, por el que este honorable Congreso del estado solicita a la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión que no apruebe la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo federal, relativa a la modificación del Impuesto al Valor Agregado y no aumente el gasto corriente del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal del 2004.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de X., a 13 de noviembre de 2003.
El Secretario Parlamentario del H. Congreso
Lic. Sergio Cuauhtémoc Lima López (rúbrica)
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del estado exhorta atentamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que no apruebe la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo federal, relativa a la modificación del Impuesto al Valor Agregado, específicamente a la incorporación de este impuesto en alimentos, medicinas, libros, revistas y colegiaturas, y que no aumente el gasto corriente del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal del 2004.
Segundo. Asimismo, que se pronuncia en contra de la desaparición de los centros de investigación relacionados con la educación, la ciencia y la cultura en el país.
Tercero. Envíese copia del presente punto de acuerdo al resto de las Legislaturas de los estados, con la finalidad de que se sumen a la solicitud que se formula a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Cuarto. Instrúyase al ciudadano secretario parlamentario de este Congreso del estado para que dé cumplimiento al presente punto de acuerdo.
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil tres.
Dip. Silvestre Velázquez Guevara (rúbrica)
Presidente
Dip. Floria María Hernández Hernández
(rúbrica)
Secretaria
Dip. María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi
(rúbrica)
Secretaria
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO Federal, III Legislatura
Recinto Legislativo, a 13 de noviembre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, fracción XXI, y 36, fracción V, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me dirijo a usted con el propósito de comunicarle que en la sesión del Pleno de este órgano legislativo, celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que rechace la desincorporación del Instituto Mexicano de Cinematografía, de los Estudios Churubusco Azteca y del Centro de Capacitación Cinematográfica.
Anexo al presente me permito remitirle copia de la propuesta con punto de acuerdo en comento, para los efectos legales conducentes.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente
Dip. Obdulio Avila Mayo (rúbrica)
Presidente
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, III LEGISLATURA
Recinto Legislativo, a 13 de noviembre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, fracción XXI, y 36, fracción V, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me dirijo a usted con el propósito de comunicarle que, en la sesión del Pleno de este órgano legislativo celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que esta Asamblea Legislativa, III Legislatura, haga un respetuoso y atento llamado a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos que se aprobará para 2004 no se autorice el uso de recursos provenientes de la desincorporación oficial de la Agencia Nacional de Noticias Notimex, garantizando con ello la existencia de ésta como un medio de comunicación propiedad del Estado.
Segundo. Se considere la posibilidad de poner en marcha un proceso de modernización y reestructuración de la Agencia, en cuyo Consejo de Administración tenga representación el Congreso de la Unión, el Consejo del Instituto Nacional de Acceso a la Información y la sociedad civil, para garantizar su carácter estatal y su funcionalidad social.
Anexo al presente, me permito remitirle copia de la propuesta con punto de acuerdo en comento, para los efectos legales conducentes.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente
Dip. Obdulio Avila Mayo (rúbrica)
Presidente
DE LA COMISION NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Toluca, México, a 5 de noviembre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
Me es grato, por este conducto, hacer de su conocimiento que, derivado de la celebración del XXVII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, celebrado los días 22, 23 y 24 de octubre del presente año en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se llevó a cabo el cambio de la directiva de la Comisión Nacional, que ha quedado integrada en la forma siguiente:
Mgda. Lic. Lizbeth Loy Song Encalada, Quintana Roo, vicepresidenta,
zona sur.
Mgdo. Lic. Angel Prieto Méndez, Yucatán,
vicepresidente, zona sur.
Mgdo. Lic. Héctor M. Ramírez Sánchez,
Guanajuato, vicepresidente, zona norte centro.
Mgdo. Lic. Javier Germán Rodríguez Jiménez,
Nayarit, secretario general.
Mgdo. Lic. José Angel Paredes Echavarría,
Campeche, vocal, zona sur.
Mgda. Lic. María Elisa Rentería Moreno,
Querétaro, vocal, zona centro.
Mgdo. Lic. José Palomino Castrejón, Baja
California, vocal, zona norte.
Mgdo. Lic. Mauro Hernández Pacheco, Michoacán,
vocal, zona centro.
Mgdo. Lic. Raúl Bolaños Cacho Guzmán,
Oaxaca, coordinador de Asuntos Internacionales.
Mgdo. Lic. Guillermo Pacheco Pulido, Puebla, representante
ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Mgdo. Lic. Miltón Escobar Castillejos, Chiapas,
consejero editorial.
Atentamente
Mgdo. Lic. Abel Villicaña Estrada (rúbrica)
Presidente
La Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Que el día 6 de noviembre fueron recibidos por esta Soberanía la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, enviados por el Ejecutivo Federal, mismos que habrán de ser objeto de estudio y dictamen durante el presente periodo de sesiones.
2. Que, en términos de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el encargado de despacho debe comparecer ante el Pleno para dar cuenta de los mismos.
Somete a consideración del Pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público el día 25 de noviembre de 2003, a las 11:00 horas.
Segundo. El formato de la comparecencia será acordado por la Junta de Coordinación Política y publicado en su oportunidad en la Gaceta Parlamentaria.
Tercero. Hágase del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados.
Cuarto. En términos del artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicítese a la Presidencia de la Mesa Directiva realice la comunicación correspondiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciocho días del mes de noviembre del año 2003.
Diputados: Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica),
Presidenta, coordinadora del grupo parlamentario del PRI; Francisco Barrio
Terrazas (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del
PAN; Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo
parlamentario del PRD; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador
del grupo parlamentario del PVEM; Alejandro González Yáñez
(rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PT; Jesús
Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario
de Convergencia.
México, DF, a 13 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con el siguiente
Punto de Acuerdo
"Unico. Se exhorta a la H. Cámara de Diputados, para que en el ejercicio fiscal de 2004 se asignen al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mayores recursos que garanticen la creación y buen funcionamiento de cinco salas regionales adicionales a la estructura con que actualmente cuenta."
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
México, DF, a 13 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente
Punto de Acuerdo
"Unico. La Cámara de Senadores exhorta al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados para que, con base en las facultades que la ley le otorga en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004, queden consideradas las siguientes propuestas:
6. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004, por ningún motivo se reduzcan los montos que fueron asignados en el presupuesto del 2003 a programas de mujeres y de niñas, y, por el contrario, se aumenten conforme al índice inflacionario.
7. Que se etiqueten y desagreguen, los programas de la Dirección General de Salud Reproductiva, así como los Programas referentes al Cáncer Cérvico Uterino y Cáncer de Mama.
8. Que se contemple y etiquete el presupuesto suficiente para el Programa Nacional de Violencia Intrafamiliar y los destinados a combatir y erradicar la violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños.
9. Que se destinen mayores recursos para mejorar la nutrición de las mujeres y la niñez en periodo de lactancia.
10. Que se tomen en cuenta partidas especiales para reforzar el trabajo que vienen realizando los refugios para las mujeres que sufren violencia en el país."
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
México, DF, a 13 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con el siguiente
Punto de Acuerdo
"Primero. Es procedente, en los términos y alcances que a continuación se precisan, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Joaquín Cisneros Fernández de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en relación con la autorización del cupo para importar azúcar refinada en 2003.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Economía enviar a esta Soberanía la información detallada sobre Disponibilidad-Consumo que permitió sustentar el ?Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar azúcar refinada para 2003? por un máximo de 112 mil toneladas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de septiembre de 2003.
Tercero. De ser absolutamente imprescindibles para garantizar el abasto nacional las importaciones materia de dicho Acuerdo, se solicita a los Titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, diseñar e implementar oportunamente medidas, para que tal decisión no se traduzca en perjuicios para la producción nacional, particularmente en el caso de la producción nacional de maíz que se destina a la elaboración de fructuosa.
Cuarto. Se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados a que mantenga en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2004, la disposición de gravar al menos con 20 por ciento las enajenaciones o las importaciones de refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña."
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Oscar Martín Ramos Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el pasado 23 de septiembre de 2003, proposición que pretende se revise y discuta el dictamen de la ley de la agroindustria de la caña de azúcar y que comparezca el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65,66,85,87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a partir de los siguientes:
ANTECEDENTES
El 23 de septiembre de 2003, el Diputado Oscar Martín Ramos Salinas, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por la que solicita se revise y discuta el dictamen de la ley de la agroindustria de la caña de azúcar y que comparezca el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la mencionada Proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería
Con base en los anteriores antecedentes, los integrantes de la Comisión formulamos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que en los inicios de la LVIII Legislatura se turnaron a esta Comisión de Agricultura y Ganadería tres iniciativas de ley de la agroindustria de la caña de azúcar, presentadas por los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional respectivamente.
Que al inicio de la anterior legislatura, al interior de esta Comisión se integró una subcomisión de dictamen la cual empezó el estudio y análisis profundo de cada una de la iniciativas presentadas, llevando a cabo reuniones intensas de trabajo con funcionarios del Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales involucrados en el sector, con organizaciones de productores, entre muchos, actores, teniendo por resultado varios borradores de dictamen, pero, ninguno definitivo que cumpliera satisfactoriamente a los actores involucrados en tan delicado tema como es el de formular una ley de la Agroindustria azucarera.
Que los integrantes de la actual LIX Legislatura y en particular quienes integramos la Comisión de Agricultura y Ganadería, estamos plenamente conscientes del deber que tenemos de emitir un dictamen sobre estas iniciativa de ley y que se deberá presentar al pleno de la Cámara de Diputados para su respectiva aprobación, para lo cual en forma independiente de la creación de la Comisión Especial de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, esta Comisión ha iniciado la creación de una subcomisión de dictamen que ya está trabajando sobre las tres iniciativas que se tienen en esta Comisión, para que a la brevedad posible se cuente con un dictamen definitivo en la materia.
Que el pasado 13 de octubre de 2003, comparecieron ante esta Comisión de Agricultura y Ganadería el Subsecretario de Agricultura y la Subsecretaria de Economía quienes expusieron ante los integrantes de esta Comisión la situación de las 112,000 toneladas de azúcar autorizados por el Gobierno Federal para su importación.
Que el pasado 15 de octubre de 2003, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación compareció ante esta Comisión y de igual forma expuso una síntesis de la situación de la industria azucarera de nuestro país.
Con base en las anteriores consideraciones, los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería sometemos ante el Pleno de esta Soberanía el presente dictamen en sentido positivo, bajo los siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO: La Comisión de Agricultura y Ganadería solicita a la Junta de Coordinación Política que en uso de sus facultades constituya a la brevedad posible la Comisión Especial de la Caña de Azúcar.
SEGUNDO: Se crea la subcomisión de dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería para el estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente a las Iniciativas de ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.
TERCERO: Con la comparecencia del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el pasado 15 de octubre del año en curso, se da por cumplimentada satisfactoriamente la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Oscar Martín Ramos Salinas
Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, aprueban el presente dictamen los siguientes Diputados Federales:
Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente
(rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica);
Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila
Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario
(rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica);
Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez
(rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar
Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica),
Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús
Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica),
Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica),
Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos
(rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo
Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga,
Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez,
Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica),
Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera
Herbert, Enrique Torres Cuadros, Víctor Suárez Carrera.
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, SOBRE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRETENDE QUE SE EXHORTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Rafael Galindo Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y a nombre de varios Partidos Políticos el pasado 7 de octubre de 2003, proposición que pretende se exhorte al titular del Ejecutivo Federal a dar cabal cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo a partir de los siguientes:
ANTECEDENTES
El pasado 7 de octubre de 2003, el Diputado Rafael Galindo Jaime, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para que el titular del Ejecutivo Federal de cabal cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo.
El pasado 7 de octubre de 2003 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada Proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que el Acuerdo Nacional para el Campo suscrito por el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y las organizaciones de productores rurales fue concebido como un instrumento de trabajo para solucionar los graves problemas que aquejan al campo de México y construir las bases para que se reincorpore al progreso y al crecimiento en beneficio de las familias campesinas.
Que en los 282 puntos que contiene el Acuerdo, gobierno y organizaciones de productores rurales se propusieron el reto de mejorar los niveles de productividad, rentabilidad y competitividad, en el sector agropecuario y así alcanzar una mejoría en las condiciones de vida de las personas que habitan en el campo mexicano, asumiendo el compromiso de establecer e instrumentar políticas públicas orientadas a consolidar una reforma estructural del sector, para garantizar la soberanía y seguridad alimentarias de nuestro país.
Que la reasignación de recursos al presupuesto de varios programas que inciden en el desarrollo del sector rural ha sido un logro de todos los actores que participaron en las negociaciones logrando de esta manera destinar, por ejemplo, cuatrocientos millones para ampliar los servicios de salud en el medio rural, incluyendo servicios de primer nivel como son medicina interna, gíneco - obstetricia y cirugía general; se destinaron doscientos sesenta millones para ampliar, mejorar y construir viviendas en el medio rural; ciento cuarenta millones para la organización comercial; cien millones para el programa de la mujer campesina, entre otras muchas acciones que se lograron con la firma del Acuerdo.
Que el Acuerdo Nacional para el Campo es un instrumento que permitirá conjuntamente con las leyes que esta soberanía ha tenido a bien expedir principalmente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, entre otras, a impulsar el desarrollo del sector rural en nuestro país y que ya no puede tener más retrasos porque ello nos conduciría a inconformidades sociales inconvenientes.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con el mejor de los ánimos de apoyar al sector rural los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería hemos tenido a bien dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo en sentido positivo por lo que sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el presente dictamen en los siguientes términos:
RESOLUTIVO
UNICO: Esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya a todas las dependencias involucradas, para que de total cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nacional para el Campo, signado el pasado 28 de abril de 2003, así como aplicar en tiempo y forma los programas del sector agropecuario y los recursos asignados al mismo.
Por la Comisión de Agricultura y Ganadería aprueban el presente dictamen los siguientes Diputados Federales:
Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente
(rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica);
Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila
Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario
(rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica);
Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez
(rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar
Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica),
Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús
Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica),
Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica),
Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos
(rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo
Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga,
Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez,
Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica),
Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera
Herbert, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez
Carrera (rúbrica).
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, SOBRE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE PROPONE QUE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE EL AVANCE DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA COMBATIR Y ERRADICAR LA PLAGA DE LANGOSTA Y CHAPULIN EN LA HUASTECA POTOSINA, EN EL SUR DE TAMAULIPAS Y EN EL NORTE DE VERACRUZ
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta LIX Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado José María de la Vega Larraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 7 de octubre de 2003, proposición que propone que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe a esta Soberanía sobre el avance de las acciones realizadas para combatir y erradicar la plaga de langosta y chapulín en la Huasteca Potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente proposición en comento a partir de los siguientes:
ANTECEDENTES
El 7 de octubre de 2003, el Diputado José María de la Vega Larraga, presentó la proposición con punto de acuerdo para que la SAGARPA informe a esta soberanía sobre el avance de las acciones realizadas para combatir y erradicar la plaga de langosta y chapulín en la Huasteca Potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz.
En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura.
Con base en los antecedentes mencionados los integrantes de esta Comisión, formulamos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que desde la década de los setenta se detectaron en el Estado de San Luis Potosí formaciones de mangas de plaga de langosta y de chapulín que se han incrementado de manera constante y notoria año con año y a partir del año de 1988 como resultado de periodos prolongados de sequía y altas temperaturas así como precipitaciones pluviales que incrementaron la humedad y la temperatura del suelo, favorecieron la incubación de los huevecillos depositados por estas plagas, desatando un serio problema para los cultivos de la región.
Que siendo sabedores de que el Comité Estatal de Sanidad Vegetal ha enviado técnicos especializados en el combate de plagas a la zona donde se identificó la plaga de langosta, con el fin de apoyar a los campesinos y evitar que se incremente su presencia y afecte a otros cultivos.
Que las intensas lluvias y las altas temperaturas que se registran en esta temporada favorecen el desarrollo de esa plaga y se corre el riesgo de que aparezcan otras, afectando la producción de los cultivos tales como pastizales, frutas tropicales, hortalizas entre otros.
Que hoy se presenta la necesidad de apoyar de manera urgente a los productores de la huasteca, Potosina, del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz ya que es nuestra convicción y obligación velar por los intereses de todos los que se vean afectados en el agro mexicano, por lo que consideramos viable la propuesta del Diputado José María de la Vega Larraga.
Por las consideraciones antes mencionadas los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería sometemos a la consideración del Pleno de esta H Cámara de Diputados, el presente dictamen en sentido positivo bajo los siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe a esta Soberanía sobre los avances de las acciones realizadas para combatir y erradicar la plaga de langosta y chapulín en la Huasteca Potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz.
SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación coadyuve en los trabajos de sanidad en la región afectada por la plaga de langosta y chapulín enviando al equipo técnico necesario.
TERCERO.- Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural Pesca y Alimentación incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, una partida presupuestaria para crear Laboratorios de Organismos Benéficos como una alternativa para combatir este tipo de plagas en la región afectada.
Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, aprueban el presente dictamen los siguientes Diputados Federales:
Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente
(rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica);
Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila
Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario
(rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica);
Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez
(rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar
Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica),
Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús
Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica),
Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica),
Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos
(rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo
Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga,
Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez,
Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica),
Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera
Herbert, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez
Carrera (rúbrica).
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, SOBRE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL FONDO DE EMPRESAS EXPROPIADAS DEL SECTOR AZUCARERO (FEESA) PRESENTE A ESTA SOBERANIA UN INFORME DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA INDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Diego Palmero Andrade del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el pasado 9 de octubre de 2003, proposición que pretende que el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), presente a esta Soberanía un informe de las condiciones actuales de la industria de la caña de azúcar.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, así como por los artículos 65,66,85,85,87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo en comento, a partir de los siguientes:
ANTECEDENTES
El pasado 9 de octubre de 2003, el Diputado Diego Palmero Andrade, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para que el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero presente a esta Soberanía un informe de las condiciones actuales de la industria de la caña de azúcar.
El 9 de octubre de 2003 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada Proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que la actividad azucarera participa actualmente en la economía nacional con el 0.5% del producto interno bruto y proporciona el sustento de 440 mil familias (mediante empleos temporales y permanentes), asentadas en 227 municipios del país pertenecientes a 15 estados de la república, en los que habitan alrededor de 12 millones de mexicanos, de los cuales más de 2.5 millones dependen directamente de la agroindustria de la caña de azúcar así como de una diversidad de actividades indirectas vinculadas a la misma, en una cadena producción - consumo tan basta, que su debacle sería catastrófica para el país.
Que a partir de la operación de 59 ingenios, México ocupa en la actualidad el séptimo lugar en producción de azúcar a nivel mundial entre más de un centenar de países, y la octava posición en cuanto a consumo per cápita y la que de la producción nacional; el 58% es canalizada a la Industria, el 32% al uso doméstico y el 10% restante se destina principalmente al mercado internacional.
Que el impulso a la actividad azucarera por parte del estado no ha correspondido a su trascendencia económica y social esto se ha hecho más patente en el transcurso de los últimos años en los que la situación ha adquirido tintes verdaderamente dramáticos debido a la concurrencia de factores de diversa índole, estructurales y coyunturales tales como: los desajustes suscitados en el marcado interno que derivaron en la caída de los precios del endulzante; la entrada al país de volúmenes de azúcar y de fructosa así como la importación de enormes cantidades de maíz subsidiado para la producción de la fructosa; la inexistencia de un sistema financiero suficiente y oportuno; la persistencia de muy altos grados de endeudamiento; la creciente descapitalización del campo cañero y la reticencia de los Estados Unidos de América a acatar lo pactado en el TLCAN, en materia de absorción de lo excedentes de azúcar producida en México.
Que conscientes de la problemática por la que atraviesa el sector azucarero en el país, los legisladores de la LIX Legislatura y en particular los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería externamos nuestra preocupación por la situación que atraviesan los ingenios azucareros del país, tanto los expropiados por el Gobierno Federal como los que están en manos de los particulares.
Por las consideraciones anteriormente vertidas los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería tenemos a bien apoyar en sentido positivo la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, por lo que sometemos ante el pleno de esta Cámara de Diputados el presente dictamen en los siguientes términos:
RESOLUTIVO
UNICO: Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), informe a detalle a esta Soberanía por escrito y a la brevedad posible de las condiciones actuales de la industria azucarera del país así como en particular de los ingenios expropiados por el Ejecutivo Federal, asimismo se de a conocer la propuesta del Gobierno sobre el futuro de la agroindustria azucarera.
Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, aprobamos el siguiente dictamen los Diputados Federales:
Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente
(rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica);
Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila
Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario
(rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica);
Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez
(rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar
Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica),
Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús
Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica),
Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica),
Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos
(rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo
Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga,
Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez,
Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica),
Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera
Herbert, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez
Carrera (rúbrica).
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, SOBRE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL GOBIERNO FEDERAL REVISE CON LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES RURALES Y LEGISLADORES EL PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS AL CAMPO (PROCAMPO)
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Víctor Hugo Islas Hernández a nombre de los integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Verde Ecologista de México el pasado 9 de octubre de 2003, y que pretende que el Gobierno Federal con la participación de los productores rurales y legisladores revisen el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para que este retome sus objetivos iniciales de impulsar la productividad y la superación de la pobreza en el campo mexicano.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la presente proposición con Punto de Acuerdo a partir de los siguientes:
ANTECEDENTES
El 9 de octubre de 2003, el Diputado Víctor Hugo Islas Hernández, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para que el Gobierno Federal con la participación de los productores rurales y legisladores revisen el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para que este retome sus objetivos iniciales de impulsar la productividad y la superación de la pobreza en el campo mexicano.
El pasado 9 de octubre de 2003, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería la mencionada Proposición para su respectivo estudio y dictamen.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que la instrumentación del programa está proyectada a 15 años, con apoyos constantes en términos reales durante los primeros 10 años; año, por tanto, se pretende que los productores cuenten con nueva tecnología, pudiéndose asociar para modernizarse y así enfrentar la competencia externa en un mercado abierto.
Que la reconversión hacia cultivos de mayor rentabilidad trata de compensar los subsidios que en países desarrollados se otorga a los productores agrícolas, por tanto, es conveniente fomentar la organización de los productores nacionales a fin de comercializar los productos agrícolas con un elevado nivel de competitividad y con ello, fortalecer las cadenas productivas nacionales para así impulsar el desarrollo del sector.
Que la desgravación arancelaria que está teniendo lugar, con motivo de la implementación de las diversas etapas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, así como la liberación comercial con prácticamente todas las regiones del mundo, han puesto en jaque a la agricultura nacional que compite con desventajas tecnológicas y bajo un esquema bajo el cual se ha ido eliminando los subsidios a los productores agropecuarios y ante la fragilidad de los programas de compensación social en el campo que resultan insuficientes para mitigar el hambre y la pobreza.
Que los países desarrollados han aumentado fuerte mente el apoyo a sus productores en lugar de reducirlos como fue convenido por los países integrantes de la organización Mundial de Comercio.
Por las consideraciones anteriormente expuestas los integrantes de esta Comisión hemos resuelto apoyar la Proposición con Punto de Acuerdo, por lo que sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido positivo en los siguientes términos:
RESOLUTIVO
UNICO: Que el Gobierno Federal con la participación de los productores rurales y los legisladores inicie un proceso de revisión al Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), con el objetivo de que este programa impulse la productividad y la superación de la pobreza en el campo mexicano, y se defina su pertinencia en caso de no cambiar las actuales condiciones de inequidad en los términos de la competencia comercial.
Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, aprueban el presente dictamen los siguientes Diputados Federales:
Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente
(rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica);
Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila
Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario
(rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica);
Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez
(rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar
Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica),
Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús
Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica),
Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica),
Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos
(rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo
Parada, José María de la Vega Lárraga, Rocío
Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Edmundo
Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín
González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert, Enrique
Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, SOBRE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRETENDE SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES CON OBJETO DE EVITAR LA UTILIZACION DE LOS BETAANALOGOS CON FINES ZOOTECNICOS
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Gonzalo Moreno Arévalo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 14 de octubre de 2003, y que pretende solicitar al Ejecutivo Federal que realice las acciones pertinentes con el objeto de evitar la utilización de los beta - análogos con fines zootécnicos.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 65, 66, 85, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo en comento bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
El 14 de octubre de 2003, el Diputado Gonzalo Moreno Arévalo presento una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que realice las acciones pertinentes con el objeto de evitar la utilización de beta - análogos con fines zootécnicos.
El 14 de octubre de 2003, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada Proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Con base en los siguientes antecedentes, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que persiste el uso ilegal de beta - análogos con fines zootécnicos, a pesar de las acciones implementadas hasta la fecha lo que constituye una prueba fehaciente del fracaso que las mismas han tenido en su objetivo de erradicar este problema.
Que desafortunadamente la alerta que se presentó a fines del año pasado en varias regiones del país, y que se logró diagnosticar 195 casos registrados oficialmente de intoxicaciones presentadas en seres humanos por consumo de clenbuterol residual en tejidos de origen animal (hígado principalmente), solo dieron como consecuencia, una tibia reacción de la autoridad que los obligo a emitir la Norma de Emergente NOM - EM- 015 - ZOO-2002, publicada en el Diario Oficial y que en términos reales no atacó el problema de fondo.
Que las autoridades conocen los riesgos que representan para la salud pública la utilización de estos productos, sin embargo se sigue autorizando la utilización de beta - análogos como el zilpalterol o la ractopamina, del cual la autorización de su registro ya se encuentra en proceso en la SAGARPA. Estas autorizaciones que emite la Secretaría se realizan sin tomar en cuenta en su decisión final, el impacto que el uso comercial del producto pudiera tener en el mantenimiento de la inocuidad alimentaria.
Que la práctica de incorporar aditivos alimenticios modificadores del metabolismo animal destinados para consumo humano, sigue dándose en el país, sin que exista hasta el momento un mecanismo oficial que garantice su adecuado y prudente uso.
Con base en las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería sometemos a la consideración del pleno el presente dictamen en sentido positivo, bajo los siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO: Se solicita al titular del Ejecutivo Federal instruya al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que retire del mercado nacional todos los productos beta - análogos existentes para uso zootécnico hasta en tanto no se revise con exactitud el daño que hacen a la salud humana.
SEGUNDO: Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación suspenda la autorización de nuevos registros en cualquier forma y presentación hasta en tanto prevalezca la situación de incapacidad jurídica y técnica de las dependencias responsables para garantizar su buen manejo.
TERCERO: Se pide al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya a los Secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Hacienda y Crédito Público; Salud y Economía para instaurar una Comisión Revisora para que sea verificado el marco jurídico actual, referente al uso, registro y manejo residual de los beta - análogos.
Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, aprueban el presente dictamen los siguientes Diputados Federales:
Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente
(rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica);
Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila
Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario
(rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica);
Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez
(rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar
Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica),
Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús
Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica),
Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica),
Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos
(rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo
Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga,
Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez,
Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica),
Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera
Herbert, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez
Carrera (rúbrica).
El diputado Raúl Pompa Victoria, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a este Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es un país privilegiado por su ubicación geográfica. Además de contar con una gran extensión territorial, se encuentra entre los dos océanos más grandes del planeta, situación que le facilita tener acceso a una alimentación basada en fauna marina rica en nutrientes; da empleo a un número importante de familias e incrementa las relaciones directas económicas, políticas y culturales con otros países.
Sin embargo, las autoridades federales y locales correspondientes no han sabido valorar la importancia que representan estas ventajas.
En Baja California, San Felipe, está ubicado en la parte más septentrional del Golfo de California, donde inicia al norte el proyecto de la Escalera Náutica, ubicación estratégica para captar turismo norteamericano y para actividades pesqueras, pues ahí se cuenta con flora y fauna marina única en el mundo, además de bellezas naturales, como es el caso de los zahuaros, cactus gigantes del desierto, también espacio exclusivo de esa zona.
La actividad pesquera y turística en San Felipe, Baja California, requiere de infraestructura adecuada para lograr darle un gran impulso económico.
No obstante, con la crítica situación y la falta de inversión oficial, se ha hundido la economía local y los vastos litorales de Baja California no son aprovechados.
En San Felipe, Baja California, se carece de instalaciones adecuadas para resguardar las pangas de los pescadores y de un embarcadero apropiado, que dé certidumbre a esa actividad.
Muchos de los trabajadores que han sido afectados por la indiferencia de las autoridades federales y estatales, se han convertido en indocumentados en la Unión Americana, otros se dedican al comercio informal u otras actividades para simplemente subsistir, pues se han truncado todos los anhelos y esfuerzos de una vida dedicada a las actividades que son la vocación natural de este puerto.
Por lo expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Uno.- Incluir en el Presupuesto de Egresos para el 2004 la propuesta de construcción en el área del Cerro del Machorro, de una zona de protección y embarcadero para las actividades de los pescadores de San Felipe, Baja California, para lo cual ya existe un proyecto en manos de diversas instancias de gobierno, la cual beneficiaría de manera directa la economía de por lo menos 500 familias de esa zona
Dos.- Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al gobierno del estado de Baja California, a construir durante el año 2004 marinas turísticas en el puerto de San Felipe, Baja California.
Tres.- Que se construya la carretera de cuatro carriles desde Mexicali al puerto de San Felipe, Baja California, lo que impulsará el desarrollo turístico, comercial y pesquero de esta región, facilitando el acceso de turistas de varios estados de la Unión Americana, así como el desplazamiento del producto marítimo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 19 de noviembre de 2003.
Dip. Raúl Pompa Victoria (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA OCTAVA REUNION DE MINISTROS DE COMERCIO DEL HEMISFERIO PARA LAS NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS (ALCA), QUE SE REALIZARA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2003, EN LA CIUDAD DE MIAMI, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los legisladores suscritos, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Convergencia, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. En diciembre de 1994, a iniciativa del entonces presidente de Estados Unidos, William Clinton, se reunieron en Miami los jefes de Estado de 34 países -con excepción de Cuba- en lo que se conoció como la Cumbre de las Américas. En dicha reunión se acordó como meta principal comenzar a construir un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para el año 2005, donde las barreras al comercio y a la inversión serían gradualmente eliminadas, con base al cumplimiento de las reglas y disciplinas multilaterales derivadas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
2. A la fecha se han llevado a cabo siete reuniones ministeriales de comercio a nivel hemisférico (Denver, 1995; Cartagena, 1996; Belo Horizonte, 1997; San José, 1998; Toronto, 1999; Buenos Aires, 2001, y Quito, 2002). En las mismas se han evaluado los avances de los grupos de negociación y se ha afinado la agenda de las conversaciones rumbo al ALCA. En la reunión de Buenos Aires de 2001 los funcionarios analizaron un primer borrador del ALCA. Durante la reunión de Quito de 2002 se publicó el segundo borrador del acuerdo.
3. Los próximos 19 a 21 de noviembre se darán cita en la ciudad de Miami, Estados Unidos, los ministros de comercio de las 34 naciones participantes para continuar con el proceso de negociación del ALCA.
4. Durante la reunión de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), celebrada en Quito, Ecuador, los pasados 27, 28 y 29 de agosto, se establecieron algunos consensos importantes con respecto al proceso de negociación del ALCA, entre los que destacan: instar a los Parlamentos miembros de la COPA a una mayor participación y supervisión de los acuerdos del ALCA; proponer a los Parlamentos crear un órgano o comisión encargado de evaluar las negociaciones; reiterar la necesidad de que el acuerdo contenga cláusulas afirmativas que permitan la adopción de políticas de desarrollo que resulten en un acuerdo balanceado que considere las asimetrías y diferencias en los niveles de desarrollo económico de los países; solicitar a los Parlamentos que se incluya el tratamiento del tema de género en todo el proceso de negociación, así como la marginación de los indígenas y demás grupos vulnerables que deben estar sujetos a normas que valoren esta condición; instar a los gobiernos a que faciliten toda información relativa al proceso de negociación en forma oportuna con el objeto de facilitar una participación activa de los Parlamentos; insistir que en este proceso de negociación debe estar presente tanto el respeto como la preservación a la diversidad cultural; entre otros.
5. De la misma manera, la Red Parlamentaria Internacional (RPI), que es una organización que busca el diálogo entre parlamentarios y organizaciones sociales de todo el mundo y a la cual pertenecen legisladores de todas las fracciones representadas en esta Cámara, se ha comprometido con algunas propuestas que contribuirán a lograr que los acuerdos comerciales se subordinen a las exigencias sociales y ecológicas, a saber: garantizar el control democrático en el proceso de negociaciones comerciales, esto es, que las decisiones en materia de comercio sean discutidas con anterioridad en el seno de los Parlamentos; impedir que las negociaciones sobre el comercio de servicios pongan en peligro el acceso a los servicios públicos; garantizar el acceso a los medicamentos y a la salud, así como el derecho de cada país de producir o de importar medicamentos genéricos si los necesita para proteger la salud pública de sus habitantes; prohibir que sean patentadas las formas de vida con el fin de preservar la biodiversidad, la seguridad alimentaria, y los derechos de los pueblos indígenas; exigir la supresión de los subsidios para la exportación de todos los países, especialmente aquellos de los países industrializados; mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras; y, finalmente, aplicar sistemáticamente los principios de precaución y de sustentabilidad, considerando que no se puede aplicar la misma reglamentación a partes desiguales, entre otros.
6. Existe la percepción entre la sociedad de América Latina de que el ALCA está siendo negociado en secreto por los gobiernos; que la ciudadanía está siendo excluida y que su opinión no se está tomando en cuenta respecto de lo que se está negociando; se insiste en que en este proceso sólo han participado los representantes del Poder Ejecutivo y los empresarios influyentes de la región.
7. De la misma manera, un creciente conjunto de grupos y organizaciones independientes de la sociedad civil han planteado una serie de observaciones y críticas al proceso de negociación y al contenido del ALCA. Los puntos más sensibles que se han planteado es que el acuerdo profundizará la crisis del campo mexicano; que deteriorará aún más los derechos laborales y las condiciones de trabajo; que llevará a la quiebra a las pequeñas y medianas industrias nacionales; que aumentará la degradación ambiental y la privatización de los recursos naturales; que fomentará la privatización de los servicios públicos; que establecerá derechos privilegiados a las grandes compañías extranjeras y que no garantizará los derechos económicos y sociales de los pueblos ni la autonomía de las comunidades indígenas.
8. Hay una creciente incertidumbre del futuro de los acuerdos comerciales sobre todo a partir del fracaso en las negociaciones de última Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, celebrada el Cancún el pasado mes de septiembre.
9. Adicionalmente, la negativa del gobierno estadounidense a incluir en la reunión ministerial de Miami asuntos sensibles para otras naciones del continente, como la reducción de los subsidios a sus productos agropecuarios, y en ese sentido, la negativa de Brasil de acordar nuevas normas para la protección de la propiedad intelectual, compras gubernamentales e inversión extranjera en el hemisferio han provocado un sentimiento de que el ALCA podría fracasar. Así, el consenso parece dirigirse a discutir estos temas globales en el marco de la OMC. Lo que se ha comenzado a llamar como ALCA light, se trata de un camino intermedio, donde exista un núcleo de derechos y obligaciones comunes en todas las áreas de la negociación y en aquellos temas en donde los países puedan o quieran asumir mayores compromisos, puedan hacerlo.
10. El Acuerdo Nacional para el Campo, signado por el Gobierno Federal y las principales organizaciones campesinas y agropecuarias, estipula que el Ejecutivo Federal debe sostener la posición de reconocimiento de México como país en vías de desarrollo y deberá proponer además las supresión inmediata de los subsidios a la exportación y de otro tipo de barreras técnicas al comercio de los productos agrícolas extranjeros que distorsiona el intercambio regional e internacional de bienes y que han provocado una crisis severa en el campo mexicano, lo que se ha puesto en evidencia con los resultados de 10 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
11. Dada su naturaleza plural, el Congreso, como órgano del Estado mexicano, debe tener una visión amplia y oportuna del proceso de negociaciones sobre tan trascendental acuerdo y debe abrir también sus ojos a las propuestas del movimiento altermundista que se dará cita también en Miami.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que el gobierno mexicano y sus representantes en las negociaciones del ALCA se conduzcan con estricto apego al espíritu y letra de nuestra Constitución, defendiendo la soberanía nacional y el interés público y garantizando la transparencia del proceso de negociación.
Segundo.- Que el Ejecutivo federal cumpla con el compromiso establecido con las organizaciones campesinas y de productores agropecuarios, de mantener en las negociaciones comerciales el reconocimiento de nuestro país como una nación en vías de desarrollo y la búsqueda de la supresión inmediata de los subsidios a la exportación así como los subsidios internos de los productos que ingresan a nuestro país que distorsionan el comercio internacional, además del derecho soberano de México de reintroducir restricciones cuantitativas o arancelarias por causas de daño a la producción nacional, de acuerdo con los procedimientos legales aplicables.
Tercero.- Que durante las próximas negociaciones del ALCA, el Ejecutivo federal garantice la obtención de los siguientes objetivos: alcanzar un acuerdo comercial que se subordine a las exigencias del desarrollo económico y social sustentable; que las decisiones en materia de comercio sean discutidas con anterioridad en el seno de los Parlamentos; que se impida que en las negociaciones sobre el rubro de servicios se abra el acceso a los servicios públicos; que se garantice el acceso a los medicamentos y a la salud, así como el derecho que cada país tiene de producir o de importar medicamentos genéricos; se prohiba que sean patentadas todas las formas de vida con el fin de preservar la biodiversidad, la seguridad alimentaria, y los derechos de los pueblos indígenas; se exija la supresión de los subsidios para la exportación en todos los países, principalmente los países desarrollados; se mejoren los derechos de los trabajadores y trabajadoras; y, se apliquen los principios de precaución y de sustentabilidad, considerando que no se puede exigir la misma reglamentación a partes desiguales.
Cuarto.- Que una vez que concluyan los trabajos de la Reunión Ministerial de Miami, el Ejecutivo Federal, por conducto del funcionario que para tal efecto se designe, sostenga una reunión informativa con esta soberanía, con el fin de analizar los resultados y avances obtenidos en las negociaciones.
Diputados: Jorge Martínez Ramos, Juan José
García Ochoa, Carlos Jiménez Macías, Sara Rocha Medina,
Alfonso Nava Díaz, Benjamín Sagahón Medina, Arturo
Robles Aguilar, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, Jaime
Moreno Garavilla, Jesús Martínez Alvarez, Luis Maldonado
Venegas, Manuel Velasco Coello (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA, SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CONCLUIR LA RESTITUCION O EL PAGO DE LAS TIERRAS QUE SE OCUPARON PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA BELISARIO DOMINGUEZ (LA ANGOSTURA), EN EL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO AQUILES AGUILAR HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Roberto Aquiles Aguilar Hernández, integrante del grupo parlamentario del PRI de la LIX Legislatura, presenta proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al jefe del Poder Ejecutivo federal a adoptar las medidas necesarias y cumplir los pagos, la restitución o ambos de los predios que se ocuparon para construir la presa Belisario Domínguez (La Angostura), en el municipio de La Concordia, Chiapas, conforme a los antecedentes y las consideraciones siguientes.
Antecedentes
Por decreto presidencial del 11 de diciembre de 1972, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1973, se expropió del ejido La Concordia, municipio de La Concordia, Chiapas, una superficie de 3,014-70-00 hectáreas, en favor de la Comisión Federal de Electricidad, para destinarse a la construcción de la presa Belisario Domínguez (La Angostura).
Consideraciones
Desde hace 30 años, el ejido La Concordia, Chiapas, entrega sus mejores tierras para la construcción de la presa Belisario Domínguez (La Angostura), inclusive la seguridad y tranquilidad agraria de los afectados por esa magna obra, creyendo en el gobierno, al tener la certeza de que en tiempo y forma les cumpliría la Comisión Federal de Electricidad en el pago o restitución de sus tierras.
El municipio no sólo fue mutilado en sus vías de comunicación, dada la extensión de la obra, sino que consumió sus mejores tierras, desgarrando la herencia de su historia, sus costumbres, su cultura, que denotaba la idiosincrasia del pueblo, llevándolos a habitar un nuevo núcleo poblacional, que hasta la fecha, por la irresponsabilidad de las diversas dependencias, desde 30 años carece de fundo legal.
Al paso del tiempo, hasta hoy las instancias relacionadas con el asunto de expropiación de la presa referida no han podido dar solución definitiva para los afectados de la zona.
Por el resultado de la actitud de las autoridades, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de la Secretaría de la Reforma Agraria, se ha estado generando una inconformidad por los afectados de los ejidos de La Concordia y Niños Héroes, que de seguir en el retardo de la solución entrarían en enfrentamientos, que a nada conducen sino a agravar los problemas que ya existen por la marginación que se vive en la región.
En la reunión del 13 de octubre de 2000, el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, adscrito a la Secretaría de la Reforma Agraria, y los núcleos agrarios La Concordia y Niños Héroes acordaron que se les resolvería el problema de la restitución o pago a que tienen derecho, como si fueran a hacerles un favor, y no como parte de la responsabilidad que como autoridades federales tienen: dar solución a todos los asuntos de su competencia. Por ello lo traigo ante esta soberanía para su consideración.
El fondo del asunto es el engaño que han venido padeciendo los ejidatarios de los grupos referidos, en virtud de que por parte de la Comisión Federal de Electricidad todo se encuentra restituido y pagado, no así para la Secretaría de la Reforma Agraria que, mediante el fideicomiso referido, llegó a un acuerdo de que se restituirá o se pagará a los ejidos La Concordia y Niños Héroes el adeudo de las tierras expropiadas.
Ante esta alta tribuna de la nación, vengo a exponer un asunto más de los tantos que existen en todo el territorio nacional sobre problemas agrarios, en algunas ocasiones por tenencia de la tierra, en otras, como es el caso, por falta de cumplimiento de las autoridades. Estos asuntos empantanados en las dependencias gubernamentales, por falta del quehacer de las actuales autoridades en el servicio público, nos está conduciendo a generar un ambiente de descontento social, por lo que hago un llamado a resolver este asunto, hecho problema desde hace tres décadas.
Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de que se resuelva uno más de los problemas que aquejan a mi estado, presento ante esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La honorable Cámara de Diputados formula un exhorto al jefe del Poder Ejecutivo federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya de inmediato a los secretarios de Energía y de la Reforma Agraria a fin de que, en el marco de su competencia, contribuyan tomando medidas necesarias para que se concluya la restitución, el pago o ambos sobre las tierras de que fueron afectados por causa de utilidad pública los ejidos La Concordia y Niños Héroes, del municipio La Concordia, Chiapas.
Palacio Legislativo, a 19 de noviembre de 2003.
Dip. Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE, CON ABSOLUTO RESPETO A SU JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE EXHORTE AL SUPREMO TRIBUNAL MILITAR A QUE, DE CONFIRMAR LA CULPABILIDAD DEL SUBTENIENTE HERNAN VARELA FLORES EN EL HOMICIDIO DEL CORONEL SALVADOR JUAREZ VILLA, SUSTITUYA LA PENA DE MUERTE IMPUESTA POR LA DE PRISION QUE CORRESPONDA, A CARGO DE LA DIPUTADA CRISTINA PORTILLO AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, y considerándolo un caso de urgencia y obvia resolución, presenta ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Subteniente Hernán Varela Flores, de 23 años de edad, fue condenado a pena de muerte por el Tercer Consejo de Guerra Ordinario de la Primera Región Militar por el homicidio del Coronel Salvador Juárez Villa, cometido el 14 de febrero pasado en las instalaciones del XX Regimiento de Caballería de Ciudad Juárez.
Durante la audiencia, Varela Flores alegó haber sido objeto de acoso sexual de parte del teniente Nicolás Antele Pucheta y sometido a presiones del Coronel Juárez Villa y otros oficiales para que accediera a los propósitos de Antele, que derivaron en 24 arrestos y 99 días de reclusión sin justificación en 14 meses de servicio.
Tratando de demostrar una circunstancia excluyente de responsabilidad por hallarse el acusado, al cometer la infracción, en estado de inconsciencia de los actos, la defensa argumentó que todo el hostigamiento acumulado durante 14 meses de servicio produjo en el subteniente una situación de ansiedad, miedo y angustia y una reacción violenta.
De acuerdo con el defensor, Coronel Fausto Córdoba, el militar sentenciado de manera inconsciente, en un estado de enajenación, disparó al Coronel Salvador Juárez cuando discutían por otro arresto que lo dejaba sin ver a su novia y a su familia.
En cambio, para el Ministerio Público Militar, nunca se demostró el estado de inconsciencia alegado por la defensa y, por el contrario, quedó plenamente comprobada la culpabilidad del acusado.
Sin tener la menor pretensión de controvertir y pronunciarse respecto de los elementos que fundaron y motivaron la sentencia dictada por el Tercer Consejo de Guerra Ordinario de la Primera Región Militar, indudablemente la pena de muerte impuesta al Subteniente Hernán Varela Flores constituye una gravísima violación de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes. Y, como consecuencia, atenta contra la nobleza y el prestigio del Ejército Mexicano.
La pena de muerte es un anacronismo: consiste en el homicidio premeditado de un preso con objeto de castigarlo, y éste es un propósito que puede obtenerse con otros medios. La crueldad de la pena de muerte queda patente no sólo en la ejecución en sí, sino en el tiempo que un recluso permanece en espera de ser ejecutado, pensando constantemente en su muerte a manos del Estado.
Esa crueldad va más allá del condenado, y alcanza a su familia, a los funcionarios de la prisión y a los encargados de llevar a cabo la ejecución. No hay justificación penal para la pena capital que pueda superar los argumentos de derechos humanos que justifican su abolición.
El argumento de que la pena de muerte es necesaria para disuadir a los delincuentes ha perdido absoluta credibilidad con la falta de pruebas científicas que demuestren que el efecto disuasorio de la pena es superior al de otro tipo de castigo.
La pena de muerte niega el objetivo penal internacionalmente aceptado de la rehabilitación del sentenciado.
Al ser apelada por el Subteniente Hernán Varela Flores, la resolución que lo condena a muerte podrá ser confirmada, revocada o modificada y el Supremo Tribunal Militar, al pronunciar su sentencia, tendrá las mismas facultades que el tribunal de primera instancia, según establecen los artículos 822 y 833 del Código de Justicia Militar.
Existe, pues, absoluta posibilidad legal de que, aun en el supuesto no concedido de que la sentencia de segunda instancia confirmara la culpabilidad del Subteniente Hernán Varela en la muerte del Coronel Salvador Juárez Villa, el Supremo Tribunal Militar sustituya la impuesta pena de muerte por la de prisión correspondiente.
El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos han teniendo como misión esencial defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, y garantizar la seguridad interior. Pero además, por su permanente y probado compromiso y apoyo a la población, constituyen sin duda unas de las principales instituciones garantes de los derechos humanos.
De confirmarse la pena de muerte impuesta al Subteniente Hernán Varela Flores, se cuestionaría esta bien ganada posición de nuestras Fuerzas Armadas en el contexto nacional.
En vista de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Con absoluto respeto de la jurisdicción y competencia de la justicia militar, se exhorte al Supremo Tribunal Militar a que, aun en el supuesto de que confirmara la culpabilidad del Subteniente Hernán Varela Flores en el homicidio del Coronel Salvador Juárez Villa, al dictar la sentencia de segunda instancia sustituya la pena de muerte impuesta por la de prisión correspondiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días de noviembre de dos mil tres.
Dip. Cristina Portillo Ayala (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE EXPIDA EL DECRETO PRESIDENCIAL QUE CONTENGA LA DECLARATORIA DE AREA NATURAL PROTEGIDA, EN LA CATEGORIA DE RESERVA DE LA BIOSFERA, DE LA ZONA CONOCIDA COMO OJOS DE AGUA DEL RIO TALPA DE ALLENDE, JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER BRAVO CARBAJAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal por el 05 distrito del estado de Jalisco, presenta a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que expida, con carácter de urgente, el decreto presidencial que contenga la declaratoria de área natural protegida, en la categoría de reserva de la biosfera, de la zona conocida como Ojos de Agua del río Talpa de Allende, Jalisco, con una superficie total de 22,280 hectáreas, bajo el tenor de las siguientes
Consideraciones
Conforme a nuestra Carta Magna, en su artículo 4º, especifica, entre otras cosas, que "toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar"; asimismo, la propia Constitución faculta a la nación "el regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación? por lo que se emitirán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierra, aguas y bosques para preservar y restaurar el equilibrio ecológico".
Ante ello, se da el caso de que en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, existe un polígono cercano a las 22,280 hectáreas de bosque en la Sierra Madre del Sur, en cuyo corazón se ubican las cañadas de bosque mesófilo de montaña, donde sobrevive la comunidad más importante de árbol de arce del occidente de México. En la zona mencionada se han identificado al menos una docena de especies en peligro de extinción, como es el caso del Abies guatemalensis, un abeto de escasa presencia nacional; el helecho arborescente y la Tylia mexicana. Además, estos ecosistemas son cuna de los ríos Talpa y Tomatlán, que como podemos entender es un área ecológica de alta importancia, tanto para el estado de Jalisco como para la nación.
Talpa de Allende, Jalisco, es líder en el ámbito nacional, en el programa de microcuencas; esto garantiza el desarrollo turístico tanto de Talpa de Allende como de Puerto Vallarta, por ello hoy en día el gobierno en su conjunto tiene un gran compromiso en proteger los bosques de México y más en esta reserva de la biosfera, Ojos de Agua del río de Talpa.
Esta zona, de la que hago mención, ha fungido por lo menos como un relictio del prehistoceno, de treinta y cinco mil años o quizá más antigua, donde el bosque de arce (maple) tuvo la fortuna de sobrevivir una vez que pasó el efecto de retiro de los glaciares.
El 21% de especies de árboles está en peligro de extinción, encontrándose entre otros, estos mencionados, "arce" o "maple", así como el árbol conocido como Podocarpus reichel (podocarpo), Abies guatemalensis "pinabet", Cisthea costarricenses y el espectacular Quercus insignis ("encino borneo"). Algunas son endémicas de la región costa norte de Jalisco y varias de ellas se encuentran listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-1994.
En esta zona que expongo y la cual solicito sea totalmente protegida, existe una extraordinaria diversidad biológica, de maduro a viejo crecimiento, excelente regeneración y establecimiento de especies, estructura incoetánea y alta integración ecológica.
Comento a ustedes que el 5% de los árboles son endémicos del occidente de México, así como la existencia de dos nacimientos de agua que nutren el río Talpa, el cual abastece la cabecera de este municipio.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone que sea protegida esta área, que cuenta con una superficie total de 22,280 hectáreas, con una superficie en zona núcleo de 2,337 hectáreas (10.5%) y una superficie de zona de amortiguamiento de 19,943 hectáreas, que corresponde al 89.5%.
Se pide de forma urgente esta protección, toda vez que esta área, además de estar acechada por incendios forestales, ganadería extensiva, resinación de pino y cultivos ilegales, se encuentra amenazada por el aprovechamiento forestal, dado que a través de estrategias tendenciosas en presuntos estudios se presentaron resultados alterados en cuanto a volúmenes y especies de madera, con el propósito de realizar una sobreexplotación, argumentando que con el arbolado que quedara en pie después del aprovechamiento se daría cumplimiento cabal a la norma oficial mexicana.
Hay zonas en esta región, en donde por encima de suspensiones de aprovechamientos legales emitidos por autoridades competentes a través de acuerdos administrativos se ha hecho caso omiso o se han implementado estrategias retardarias para que se detenga de manera inmediata la explotación de esta zona. Asimismo, existe una denuncia por parte de la población y el gobierno municipal de Talpa de Allende, referida a la sobreexplotación forestal que se ha estado realizando en dicho municipio.
Por todo lo anterior expuesto, y con el apoyo de todos ustedes, solicito:
Unico.- Se gire oficio al ciudadano Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, para solicitarle que, una vez cumplidos los requisitos legales que prevé la legislación ambiental, expida el decreto presidencial que contenga la declaratoria de área natural protegida, en la categoría de reserva, de la biosfera de la zona conocida como Ojos de Agua del río Talpa de Allende, con una superficie total de 22,280 hectáreas, de las cuales la superficie en zona de núcleo sea de 2,337 hectáreas y la superficie de la zona de amortiguamiento sea de 19,943 hectáreas.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2003.
Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A NO DESIGNAR AL C. GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ COMO GOBERNADOR DEL BANCO DE MEXICO PARA EL PERIODO 2004-2009; Y, EN SU CASO, A LA CAMARA DE SENADORES, A NO RATIFICAR DICHO NOMBRAMIENTO, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrirnos a solicitar se considere como de urgente resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De la revisión cuidadosa de la información que tienen las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública, nos encontramos que contra lo que se nos había dicho, las finanzas públicas no están en equilibrio. Y no lo estuvieron desde el arranque de este gobierno. Es decir, el gobierno anterior le heredó al actual, una situación financiera de quiebra.
En la contabilidad que muestra un supuesto equilibrio fiscal, no se incluyen los pagos que cada año tenemos que hacer por las obligaciones que el Gobierno Federal asumió para el rescate bancario. Todo esto es gasto público, es parte del déficit público y de la deuda nacional que se paga con los impuestos de los contribuyentes. El fraude más grande de la historia de México se ha financiado con recursos que se le quitan a los pequeños y medianos inversionistas mexicanos.
Las autoridades financieras han dicho en público y en privado que si no hay reforma fiscal, el gobierno estará en bancarrota. Las distintas fuerzas políticas estamos de acuerdo que se necesita una reforma fiscal estructural en todo el país. Estamos de acuerdo en apoyar un esfuerzo mayor en recaudación y en dotar al sector público de más recursos, pero no podemos estar de acuerdo en crear impuestos adicionales para pagar la deuda del rescate bancario.
Ni apoyaremos los intereses por carteras ilegales e inmorales, ni obras públicas disfrazadas de privadas. Queremos transparencia, queremos decirles a quienes nos eligieron que no los estamos engañando, que si hay que pagar más impuestos es para que sus hijos tengan más escuelas, para que los hospitales tengan medicinas y para que las carreteras no hagan hoyos; es decir, para que México progrese y no para que unos cuantos se hinchen de dinero a costa del pueblo.
El déficit fiscal incluye sobre todo los pagos al IPAB-Fobaproa1. Y es ahí donde tenemos que poner la mira. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que hay pagos indebidos en el Fobaproa; es ahí donde están los autopréstamos que se dieron los banqueros anteriores y que ahora tenemos que pagar. Entendemos que quienes compraron los bancos lo hicieron de buena fe, pero quienes se los vendieron, funcionarios públicos y empresarios, nos dejaron encajadas deudas que no son nuestras, sino de ellos.
Reclamamos que las paguen con las comisiones millonarias que se les dieron como servidores públicos, y con los miles de millones que recibieron como banqueros privados. Esto no lo puede pagar el pueblo mexicano, sería otro atraco por encima del robo cometido con el Fobaproa.
Tenemos que recordar y enfatizar que en el informe de la Contaduría Mayor de 1998 se señaló que el gobierno recurrió a un subterfugio legal y avaló los pasivos mediante "deuda pública contingente". ¿Cuál era la peculiaridad de la deuda "contingente"?, la Contaduría Mayor explicó que la Ley General de Deuda Pública "exime al Ejecutivo federal de informar o solicitar autorización al Congreso sobre la deuda pública contingente".
Sin embargo, de acuerdo al criterio de la Contaduría Mayor, el gobierno debió haber solicitado permiso al Congreso para asumir esa deuda, pues era deuda pública. La Contaduría afirmó: su funcionamiento conlleva eventualmente un impacto fiscal, en razón de haber sido garantizados por el Gobierno Federal los financiamientos obtenidos por el fondo, lo que implicaría una carga para el presupuesto de la Federación.
Además de contratar deuda sin autorización del Congreso, el método de la deuda "contingente" tenía una característica adicional que subrayó la Contaduría Mayor del Congreso:
¿Qué sucedió ante la falta de reglas?, la discrecionalidad imperó como criterio en el mayor rescate financiero en la historia del país.
Así lo señaló la Contaduría Mayor:
De acuerdo con el reporte del Congreso, todo fue decidido sin reglas, al arbitrio de los miembros del Comité Técnico.
Para cubrir y proteger sus decisiones discrecionales, los miembros del Comité aprovecharon que la Ley no establecía disposiciones para supervisar ni regular al Fobaproa. La Contaduría Mayor reportó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no auditó al Fobaproa.
¿La razón?, La Comisión Nacional Bancaria y de Valores respondió que: "ni su Ley, ni la Ley de Instituciones de Crédito le otorgan facultades" para supervisarlos.
Tampoco lo auditó la Secretaría de Hacienda, al no haber disposición expresa en la Ley que lo exigiera.
A este respecto, la Contaduría lo confirmó diciendo:
No se contó con un marco de referencia para el seguimiento de las acciones, el control y la supervisión de las reglas de operación del Fobaproa, por lo que los tramos de control fueron discrecionales para el Comité Técnico. No se realizaron auditorías a las operaciones del Fondo.
En los hechos, el vacío jurídico garantizó que en el rescate de créditos y bancos, los operadores del Comité Técnico pudieran decidir la impunidad de unos, el castigo de otros y la falta de transparencia en el endeudamiento más grande en la historia del país. Lo hicieron sin supervisión ni rendición de cuentas. Ante tales abusos, la Contaduría Mayor expresó un apremio:
Hay que recordar que los señalamientos de la Contaduría Mayor fueron en el sentido para que la impunidad no prevalezca y para que los esfuerzos para recaudar más recursos puedan dirigirse a las obras sociales que tanto le urgen a nuestro país.
También se ha confirmado el atraco cometido en relación a la venta de la cartera vencida. Ahora se sabe que los activos de los bancos que absorbió Fobaproa, es decir, las carteras vencidas se vendieron por debajo de su valor real; y se ha confirmado que "sé vendieron en un descuido total"; a la fecha conocemos ejemplos donde los funcionarios de bancos extranjeros percibieron la urgencia de los funcionarios financieros mexicanos para deshacerse de las carteras, por eso, y ante la ausencia de una subasta pública donde tuvieran que pujar por las carteras lo que hicieron fue ofrecer un precio muy reducido y esperar la respuesta de las autoridades. En realidad, los avalúos estaban hechos por auditores externos, quienes eran pagados por los banqueros.
Se ha comentado que se castigó entonces el valor real para favorecer a quienes los habían contratado, y que eran los banqueros los que iban a adquirir las carteras; ejemplos de ello fueron los bancos extranjeros que ofrecieron sólo 10% por la cartera que, aunque tenía problemas, su valor superaba en varias veces esa oferta.
Ya se sabe que la respuesta de las autoridades consistió en entregarles la cartera de inmediato.
Hoy tenemos que ser claros para no repetir el error que tanto nos ha lastimado a todos los mexicanos, por eso también denunciamos más irregularidades. Resulta que el funcionario que encabezo el Comité de Privatización de los Bancos al inicio de los noventa fue el mismo que encabezo el Comité de Fobaproa, es decir, la misma persona decidió a quien privatizar los bancos y después a que banqueros rescatar y a cuales enjuiciar. Es el mismo funcionario que publicó un libro presumiendo la privatización, y que después pronunció un discurso memorable en la convención bancaria a finales de 1994 donde alabó la supervisión bancaria, y a los pocos meses en 1995 repudió su propia privatización.
Y lo peor de todo es que fue dicho funcionario el que le entregó la banca mexicana a los extranjeros. Hoy, ese personaje ocupa el puesto más alto en el organismo que controla a la banca en México:
Es el gobernador del Banco Central y su nombre es Guillermo Ortiz Martínez.
Resumiendo, ante la urgencia de cumplir los compromisos sociales que adoptamos en la contienda electoral, es necesario actuar para reducir el desastroso déficit fiscal que ya asciende al 4% del PIB. Esta crisis fiscal y la inminente quiebra del sistema de pensiones, requiere de una reforma fiscal que aumente los recursos del erario para utilizarlos en programas sociales; sobre todo en educación, salud y vivienda. Para el Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es respaldar proyectos que realmente tengan un beneficio para la sociedad y el país.
Es por lo anteriormente expuesto que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no designe al C. Guillermo Ortiz Martínez como gobernador del Banco de México, para el periodo que comprende del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2009.
Segundo.- Se exhorta respetuosamente, a la H. Cámara de Senadores a que, en su caso y conforme a las facultades que le otorga el artículo 28 constitucional, no ratifique al C. Guillermo Ortiz Martínez como gobernador del Banco de México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de noviembre de 2003.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador (rúbrica); Manuel Velasco Coello, vicecoordinador (rúbrica); Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica); Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.
Notas:
1 Fondo Bancario de Protección al Ahorro,
hasta que es sustituido por el IPAB por la Ley de Protección al
Ahorro Bancario, publicada en el Diario Oficial el 19 de enero de 1999.
Antecedentes
1. El 30 de septiembre de 2003, el que suscribe la presente, ciudadano diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, presentó una proposición con punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República revise los procesos judiciales contra Jesús María Leal Leyva y solicitar su inmediata excarcelación.
2. En la sesión de la Cámara de Diputados del 30 de septiembre de 2003, el Presidente de la Mesa Directiva turnó el artículo primero de la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen.
Considerando
Que en el caso de los pescadores de Sinaloa, se ha preferido el choque con los trabajadores y la privación de la libertad de los líderes del movimiento a dar respuesta a las demandas de comunidades que han caído en la desesperación por la miseria y el abandono de que han sido objeto.
Que, a criterio del suscrito, los procedimientos judiciales iniciados contra Jesús Leal Leyva están plagados de inconsistencias. Una de ellas es que la principal prueba de cargo contra Jesús Leal Leyva, por el delito de robo calificado, es la denuncia interpuesta por el oficial de Conapesca Edut Alejandro Cervantes Cervantes, que consideramos carente de validez, ya que en el careo efectuado el 25 de agosto de 2003 se desdice de la denuncia interpuesta, aduciendo que no le constaban los hechos y que actuó por instrucciones de sus superiores.
Que otra prueba de cargo presentada por el oficial de Conapesca contra el mencionado líder es el acta circunstanciada, con fecha de 29 de octubre de 2002, que evidencia una inconsistencia fundamental, ya que carece de la firma de uno de los principales testigos.
Que, dadas las inconsistencias en la integración de la averiguación previa, el Juzgado Sexto de Distrito concedió amparo para reponer el procedimiento en favor del C. Jesús María Leal Leyva.
Que, el martes 4 de noviembre, antes que se venciera el término, el agente del Ministerio Público Octavio Martínez Cazares, fiscal adscrito al Juzgado Quinto de Distrito, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, interpuso recurso de revisión contra la sentencia de amparo dictada con fecha de 17 de octubre de 2003, en el juicio de amparo número 572/2003-4A.
Que, con fecha 30 de septiembre de 2003, fue turnado el artículo primero de la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, sin haber sido dictaminada a la fecha por esa Comisión.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45, numeral 6, incisos c), e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento, le solicito, señor Presidente:
Unico. Excite lo conducente a fin de que se dictamine el punto de acuerdo de referencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2003.
Dip. Adrián Chávez Ruiz (rúbrica)
El suscrito, diputado a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los artículos 1, 4, 17 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, sobre la base de la siguiente
Exposición de Motivos
1. La transición que vive el país necesita nuevas instituciones y un moderno sistema de administración pública. La erradicación de la corrupción en la función pública será posible sólo mediante la aplicación de un nuevo sistema legal que garantice imparcialidad en la fiscalización de los recursos públicos, y la promoción de una nueva cultura en el servicio público.
2. Todo Estado que se precie de ser democrático, moderno y de derecho debe contar con un sistema eficaz de rendición de cuentas y de transparencia en el ejercicio público. La legitimación de la alternancia como condición para consolidar un sistema político plural y de libre acceso al poder ha permitido generar los contrapesos y los equilibrios para que los Poderes de la Unión y las instituciones gubernamentales se conduzcan en un marco de mayor transparencia. Sin embargo, aún estamos muy lejos de tener instituciones fuertes y modernas capaces de mantenerse exentas de toda impunidad y de la violación de la ley.
3. Los sistemas de fiscalización implantados en México han tenido el propósito de contar con una institución que pueda responder por el buen desempeño de los gobernantes. No obstante ello, cada uno de los decretos y cada una de las expediciones de ley no han sido suficientes para alcanzar a tener un sistema de rendición de cuentas y de transparencia suficientemente eficaz que pueda hacer creíble, a los ojos de la sociedad, el ejercicio honesto y ético de poder público.
4. La expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las obligaciones que tiene el Ejecutivo federal para rendir cuentas ante la Cámara son pasos importantes que revierten años de discrecionalidad en el ejercicio de la administración pública. Pero para que los servidores públicos se conduzcan con transparencia, eficiencia, ética, eficacia y con austeridad no es suficiente acreditar, en tiempo y forma, los informes de actividad; los funcionarios públicos tienen el deber de comprobar fehacientemente lo dicho en sus informes, pues no se trata sólo de nombrar las obras y los gastos sino, ante todo, de justificar su viabilidad, calidad y necesidad. La entrada en vigor de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en diciembre de 2000, tampoco ha sido suficiente para lograr que nueve órganos de fiscalización estatales suscriban convenios con la Federación, y se auditen los recursos de los Ramos 23 y 33 y los recursos reasignados. La resistencia a la fiscalización y a la transparencia en el ejercicio público sigue siendo una práctica común en diversas entidades gubernamentales que no desean el cambio.
5. Una de las causas centrales de que los controles y la supervisión de los recursos públicos no se ejerzan con altos niveles de transparencia, y que se ajusten estrictamente a las normatividades establecidas tiene que ver con la duplicación de funciones que mantienen actualmente los órganos de fiscalización. Los Poderes de la Unión y las distintas entidades gubernamentales siguen siendo juez y parte en estas tareas. La autofiscalización en ningún momento puede ser garantía de imparcialidad. La Secretaría de la Función Pública reconoce, pese a contar con un grueso aparato administrativo de fiscalización interna, que las tareas gubernamentales en materia de contraloría no son garantía de credibilidad mientras el Ejecutivo federal se mantenga en ellas.
Actualmente, la Secretaría de la Función Pública, además de coordinar las tareas de fiscalización que le corresponden, tiene que mantener bajo control 17 órganos internos de fiscalización en la misma cantidad de secretarías de Estado. Este aparato administrativo no sólo no está logrando a plenitud los objetivos que dieron origen a las contralorías, sino que acumula una serie de gastos que se vuelven onerosos e innecesarios para el erario público. Pero los gastos no se agotan ahí, pues se extienden a otras entidades que tienen órganos de control interno, como ISSSTE, IMSS, Lotería Nacional, Caminos y Puentes, CFE, Pemex, Condusef, Instituto Mexicano de la Radio, Pronósticos para la Asistencia Pública e Instituto Mexicano del Petróleo, y a toda la banca de desarrollo. También contamos con órganos de control interno en entidades desconcentradas, como las Comisiones de Supervisión y Vigilancia al Sistema Financiero y de Valores, la de Seguros y Fianzas, la Consar, Liconsa, Agroasemex y Notimex.
6. Al mismo tiempo, contamos con otro serio problema: los altos costos de ese aparato administrativo no corresponden con sus resultados. De 1984 a 2003, al auditar informes, nos encontramos con que cerca de 60 mil servidores públicos han sido formalmente sancionados. Si embargo, se han impuesto sanciones económicas a sólo unos 5 mil servidores, con un monto total de 13 mil 800 millones de pesos. Infortunadamente, no se tiene conocimiento de si la Secretaría de Hacienda cobró esos recursos y, si los cobró, en qué los gastó. Más grave aún: de las listas revisadas se desprende que hay 4 mil 500 millones de pesos en sanciones económicas que ni siquiera han sido notificadas a los servidores públicos involucrados. En otras palabras, no es del dominio público cuáles y cuántos funcionarios siguen trabajando en la impunidad total; tampoco se conocen los montos exactos de las sanciones y, si éstas se cobran, hacia dónde se canalizan. En suma, por todas esas irregularidades e incompatibilidades, de ser juez y parte en la fiscalización, la Secretaría de la Función Pública no debe seguir siendo una entidad fiscalizadora.
El gasto que ejercen todos y cada uno de los órganos internos de esas dependencias no se transparenta, en virtud de que en la Cuenta Pública no se detallan los reportes; más bien, se quedan escondidos en cada secretaría u organismo descentralizado y desconcentrado, y en cada una de las empresas estatales. La cantidad de servidores públicos que laboran en los órganos de control interno, que actualmente rebasan 11 mil, tampoco corresponde a las exigencias de eficacia y austeridad que actualmente exige la función pública.
6. Al trasladar las tareas de fiscalización del Poder Ejecutivo a la Auditoría Superior de la Federación, los beneficios que traería consigo serían sumamente positivos para el país. Todas las entidades públicas y las autoridades gubernamentales, como las estatales y las municipales, tendrían el deber de rendir cuentas claras de los Ramos 23 y 33 y de los recursos reasignados; se fortalecería en la ciudadanía la credibilidad de la función pública; los gastos por auditorías se planearían de acuerdo con las necesidades de fiscalización; y todas las entidades públicas en general buscarían competir entre sí por ser las más eficientes, eficaces y transparentes.
7. Por ello, el grupo parlamentario de Convergencia propone que todas y cada una de las facultades que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública en materia de fiscalización y de sanciones sean trasladadas a la Auditoría Superior de la Federación, y que sus funciones se circunscriban exclusivamente a las de coordinación y aplicación del servicio profesional de carrera y a la implantación de sistemas de innovación y modernización administrativas, así como al control y manejo del patrimonio inmobiliario federal.
8. Para que la Auditoría Superior de la Federación alcance a cumplir tan encomiable, apremiante y necesaria responsabilidad, es pertinente la reasignación de recursos a fin de que nuestra institución eleve la muestra fiscalizable, que actualmente es de 2 por ciento del gasto programable del sector público, a los niveles de los estándares internacionales que sitúan ese indicador entre 5 y 10 por ciento. Esto nos permitirá contar con una moderna institución de fiscalización que nos garantice eficacia, imparcialidad y transparencia y que se conduzca con pulcritud legal en las sanciones administrativas, económicas y penales que tendrá que fundamentar.
El fortalecimiento técnico, financiero y de gestión de control externo será la única vía institucional capaz de garantizar la aplicación de la ley en materia de fiscalización y transparencia de los recursos públicos de la Federación y hará creíble, a los ojos de la ciudadanía y la sociedad, una política de serio combate de la corrupción en los tres Poderes de la Unión y en cada una de las entidades públicas y de particulares que manejan recursos de la nación.
Por todo lo expuesto, presento a la consideración de esta H. Asamblea las iniciativas con proyectos de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los artículos 1, 4, 17 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
II. ...
III. a V. Se derogan
VI. ...
VII. a VIII. Se derogan
IX. ...
X. a XII. Se derogan
XIII. Colaborar con la Auditoría Superior de la Federación para el establecimiento de procedimientos necesarios que permitan a ambas entidades el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.
XIV. Informar periódicamente al Ejecutivo federal sobre el resultado de la evaluación de las estructuras organizacionales de las dependencias de la Administración Pública Federal.
XV. Se deroga
XVI. Colaborar con la Auditoría Superior de la Federación en la recepción y el registro de las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal, y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables, y turnar en su caso a la Auditoría Superior de la Federación las irregularidades que se presenten en las declaraciones para sus posibles sanciones.
XVII. Se deroga
XVIII. a XXV. ...
Artículo Primero. Todas las funciones y facultades en materia de fiscalización establecidas en diversas legislaciones y reglamentos serán trasladadas a la Auditoría Superior de la Federación.
Artículo Segundo. Todos los archivos, expedientes y documentación soporte relacionados con las actividades de auditoría de los órganos de fiscalización anteriores, bajo la administración de las entidades públicas federales, pasarán a ser parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Decreto por el que se reforman los artículos 1, 4, 17 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación
Artículo 1. Se agrega los dos párrafos siguientes:
Organizará y coordinará el sistema de control y evaluación gubernamental. Inspeccionará el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos.
Establecerá las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la práctica de todas las auditorías que se requieran para cumplir los mandatos de ley.
Artículo 4. Son sujetos de fiscalización superior a través de la Auditoría Superior de la Federación los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y las demás entidades estatales y las municipales, así como organismos descentralizados, desconcentrados y de participación estatal que dispongan de recursos públicos federales.
La Auditoría Superior de la Federación contará con las siguientes atribuciones:
II. Establecerá las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, así como la instauración de todas las auditorías que se requieran para cumplir los mandatos de ley.
Al efecto, la Auditoría Superior de la Federación podrá realizar observaciones, disponiendo los Poderes de la Unión y los entes públicos federales de 45 días naturales para formular los comentarios que procedan.
Artículo 22. Conforme lo establece la ley, los Poderes de la Unión y los entes públicos federales deben colaborar con la Auditoría Superior de la Federación, a fin de garantizar el debido intercambio de información y otorgar las facilidades que permitan a este órgano de fiscalización llevar a cabo el ejercicio de sus funciones. Igualmente, deberán proporcionar toda la documentación que sea solicitada por la Auditoría Superior de la Federación.
Transitorios
Primero. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que contravengan o se opongan a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Segundo. Todos los archivos, expedientes y documentación soporte relacionados con las actividades de auditoría de los órganos de fiscalización anteriores, bajo la administración de las entidades públicas federales, pasarán a ser parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Noviembre
18 de 2003.)
Un servidor, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto ante ustedes el siguiente punto de acuerdo, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
En mi estado, Michoacán, contamos con una de las escuelas de educación normal de mayor reconocimiento nacional, contamos entre otras, con el CREFAL, organismo internacional que prepara a capacitadores e impulsa el desarrollo de tecnologías y nuevos modelos educativos para jóvenes y adultos. Además, contamos con otras instituciones que educan a nuestros indígenas, en su lengua natal, conociendo y respetando sus valores y costumbres.
Contamos, con un grupo muy numeroso de docentes a lo largo y ancho de Michoacán, deseosos de mayores oportunidades de desarrollo, deseosos de aplicar sus conocimientos y de modernizar las técnicas de educación.
Pero, a pesar del gran potencial educativo, y sin contemplar las grandes molestias, ni las necesidades ni los anhelos de grupos importantes del magisterio. El gobierno del estado de Michoacán, de algunos meses para acá, incorporó a cubanos en diferentes áreas del gobierno, tanto educativas como agrícolas, culturales y deportivas, siendo lo más conflictivo y lo que trataré el día de hoy, un proyecto de alfabetización, que no sería mal visto, si en Michoacán no contáramos con la gente capacitada y dispuesta para desempeñar la misma labor, con iguales o mejores resultados.
La molestia de la ciudadanía y principalmente de un sector del magisterio es que todas las acciones del gobierno del estado deben beneficiar a los michoacanos antes que a los extranjeros, el magisterio ha demandado aumento a sus estímulos económicos, y el gobierno del estado no les ha dado respuesta, lo cual ya desató problemas y enfrentamientos muy graves.
Todo este descontento fue despertando el reclamo social, escuchándose voces de varios grupos y organizaciones. Siendo hasta entonces cuando el mismo gobernador reconoció públicamente y declaró su intención de implementar un proyecto de alfabetización llamado Alfa TV, con un costo de 35 millones de pesos operado por profesores cubanos.
Acción Nacional está, por supuesto, a favor del combate al analfabetismo. Siendo indiscutible que se necesita tomar medidas al respecto y más en estados donde alcanza un nivel de 13.3%. Pero, estamos en contra de la manera antidemocrática de su implantación, del ocultamiento de información sobre el programa y de que tengan que venir extranjeros que no sólo trasmiten conocimientos técnicos, sino también cultura, ideologías y valores que no son propios de los mexicanos.
Pero principalmente, estamos en contra de que teniendo michoacanos con la capacidad y disposición para desempeñar dichas responsabilidades se privilegie a extranjeros. Esto es lo que no podemos concebir, la desvalorización de nuestras capacidades y el desplazo.
El gobernador Lázaro Cárdenas, antes de querer implementar programas importados, debió haber hecho un diagnóstico y valorado el acervo cultural y educativo que tenemos en Michoacán; y en todo caso, después de no cumplir lo ofrecido en su lema de campaña del 2001, que decía: "Los michoacanos, juntos tenemos con que", solicitar o aceptar la cooperación extranjera en materia educativa.
Tomando en cuenta lo antes expuesto, someto a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar al gobierno de Michoacán para que tomen en cuenta, en primer lugar, a los maestros mexicanos, a los maestros michoacanos, a las instituciones educativas del estado y se reconozca la amplia contribución que pueden dar a este programa.
Segundo. Salvaguardar las garantías de los pueblos y comunidades indígenas, en relación con su derecho de recibir educación gratuita en su lengua, respetando sus costumbres, cultura e identidad.
Tercero. Que se informe a la brevedad, de manera clara y suficiente, al Congreso del estado sobre el costo del programa, el sustento jurídico y las razones de la contratación de extranjeros en lugar de mexicanos.
Cuarto. Que se privilegie la contratación de mexicanos con igualdad de capacidades y preparación, antes que de extranjeros.
Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Noviembre 18 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LAS RADIOS COMUNITARIAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA SUSANA GUILLERMINA MANZANARES CORDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2003
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, la cual se sustenta en los antecedentes y las consideraciones que a continuación se exponen.
Antecedentes
1. Las radios comunitarias operan en México desde hace casi 40 años. Esas radios presentan características diferentes de las radios comerciales, pues son un espacio de participación en beneficio de comunidades y sectores ciudadanos.
La diversidad de las radios comunitarias se manifiesta en el mosaico de funciones que desarrollan con sus transmisiones con contenidos educativos, de promoción de los derechos humanos, de equidad de género, de protección civil, de trabajo social y servicios a las comunidades, servicios a los migrantes y sus familias, campañas de salud, programas culturales y artísticos, etcétera.
Destacan las radios comunitarias que transmiten en idiomas indígenas, con lo que realizan una contribución relevante a la preservación de la identidad de las culturas indígenas y sirven también como lazo de unión y comunicación social de los grupos étnicos del país.
2. En general, las radios comunitarias funcionan con fuertes carencias en equipo y tecnología y sus frecuencias son limitadas a un corto alcance, debido a la falta de recursos financieros para su operación.
Aproximadamente 70 por ciento de sus ingresos dependen de las propias comunidades, así como de algunos apoyos de universidades, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. Otro factor adverso para las radios comunitarias es que efectúan sus actividades sin el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Sin embargo, sobre esa circunstancia deben tomarse en cuenta cuando menos dos atenuantes. Primero, que la actual Ley Federal de Radio y Televisión no contiene normas adecuadas a las radios comunitarias, cuyas características las hacen diferentes de las comerciales. Segundo, que no obstante que en reiteradas ocasiones diversas radios comunitarias han tramitado sus permisos ante la SCT, ésta se ha negado sistemáticamente a otorgarlos argumentando que no cumplen los requisitos técnicos, a pesar de que algunas radios comunitarias han acreditado el cumplimiento de estos requisitos.
En casi 40 años, la SCT ha entregado sólo un permiso, el de Radio Teocelo, en Veracruz. La situación descrita se explica por las presiones de los grandes concesionarios de radio, cuyos intereses han prevalecido en las decisiones de los funcionarios de la secretaría.
3. A partir de 2002 se han incrementado los cierres, las amenazas y las agresiones contra las radios comunitarias por parte de la Secretaría de Gobernación y la SCT. Es preocupante que en esas acciones, en varios casos, hayan participado miembros del Ejército Mexicano.
Los pretextos de los funcionarios de la SCT atañen a la discutible ilegalidad con que operan las radios comunitarias, así como la acusación de que se trata de radios "clandestinas", "pirata" y "proguerrilleras".
Esos funcionarios han llegado a afirmar que algunas radios comunitarias envían "mensajes cifrados", por el solo hecho de que transmiten en lenguas indígenas. En realidad, se trata de una ofensiva de la SCT contra las radios comunitarias, debido a que ha asumido la gestión de los intereses de algunas grandes radiodifusoras comerciales agrupadas en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que acusan a las radios comunitarias de "competencia desleal".
Considerando
1. Que la libertad de expresión y el derecho a la información están garantizados en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, que la fracción VI del artículo 2° del texto constitucional mandata a las autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios a establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes determinen.
2. Que el 5 de marzo de 2001 se inició el Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación de Medios Electrónicos, que fue convocado por la Secretaría de Gobernación y contó con la nutrida participación de representantes sociales e institucionales relacionados con las actividades de los medios de comunicación.
En el Diálogo se formularon importantes propuestas para normar y regularizar la operación de las radios comunitarias. Sin embargo, la consumación exitosa del diálogo fue frustrada por el jefe del Poder Ejecutivo federal debido a que, al margen del diálogo a que él mismo había convocado, decretó el 10 de octubre de 2002 un reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en el que se omitieron las propuestas expresadas en el Diálogo.
3. Que, por sus características, las radios comunitarias deben ser consideradas con criterios distintos de los aplicables a las radios comerciales, ya que éstas se rigen por el objetivo de obtención del mayor lucro, en tanto que las radios comunitarias se destacan por sus fines sociales y como espacios de participación ciudadana y cohesión comunitaria.
En consecuencia, por los antecedentes y las consideraciones expresadas se propone a esta representación el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda exhortar al jefe del Poder Ejecutivo Federal a instruir a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Gobernación para que suspendan la campaña contra las radios comunitarias.
Segundo. Que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía aborde y estudie la situación jurídica de las radios comunitarias, a fin de proponer una normatividad adecuada para su operación.
Diputados: Javier Salinas Narváez, Gelacio Montiel Fuentes, Gerardo Ulloa Pérez, Francisco Javier Obregón Espinoza, Tomás Cruz Martínez, Santiago Cortés Sandoval, Víctor Suárez Carrera, Inti Muñoz Santini, Agustín Rodríguez Fuentes, Edgar Torres Baltazar, Elpidio Tovar de la Cruz, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Rafael Flores Mendoza, José Luis Medina Lizalde, Antonio Mejía Haro, J. Miguel Luna Hernández, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Daniel Ordóñez Hernández, María Marcela González Salas y Petriccioli, Horacio Martínez Meza, Enrique Torres Cuadros, María Guadalupe Morales Rubio, Ana Lilia Guillén Quiroz, Rosa María Avilés Nájera, Cristina Portillo Ayala, Bernardino Ramos Iturbide, José Luis Cabrera Padilla, María de los Dolores Padierna Luna, Emilio Serrano Jiménez, Miguelángel García-Domínguez, Nancy Cárdenas Sánchez, María Angélica Díaz del Campo, Marcelo Herrera Herbert, Juan García Costilla, Irma Sinforina Figueroa Romero, Margarito Fierros Tano, Gilberto Ensástiga Santiago, Pablo Franco Hernández, Francisco Javier Saucedo Pérez, Adrián Chávez Ruiz (rúbricas).
(Turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones; de
Gobernación; y de Radio, Televisión y Cinematografía.
Noviembre 18 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A DETERMINAR EL RIESGO REAL EN QUE SE ENCUENTRA LA POBLACION INFANTIL DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, POR LA CONTAMINACION QUE SE ESTA PRESENTANDO Y EMITIR SOLUCION INMEDIATA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA AVILA SERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en la LIX legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente propuesta con punto de acuerdo.
Es importante que los gobiernos de los países en vías de desarrollo tomen en cuenta la importancia de evaluar el impacto de la contaminación atmosférica en la salud infantil, tomando en cuenta los factores que aumentan la vulnerabilidad, como es la desigualdad social.
Esto, a fin de ofrecer a los responsables de la toma de decisiones una estimación de la carga de mortalidad y de morbilidad relacionada con esta amenaza ambiental. Y mediante el apoyo a las políticas públicas de prevención y control entre las poblaciones más desfavorecidas.
México, al igual que otros países en desarrollo, tiene una importante población infantil urbana que vive en condiciones de pobreza. Los niños, en particular los más pequeños, constituyen un sector de la población susceptible a las amenazas ambientales, en virtud de su comportamiento y su reducida capacidad para metabolizar las sustancias tóxicas.
Además de su fragilidad fisiológica, muchos niños sufren una grave vulnerabilidad social, relacionada con la pobreza, la desnutrición y el medio ambiente desfavorable, que aumentan tanto su exposición a los contaminantes como su susceptibilidad a los efectos de éstos.
El día 10 de noviembre de 2003 la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) publicó el documento de trabajo titulado Impactos de la contaminación atmosférica en la morbilidad y mortalidad de la población infantil de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
El estudio fue encargado como parte del trabajo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte en la "Iniciativa Trinacional para el Mejoramiento de la Calidad del Aire: Corredores de Comercio y Transporte, de América del Norte".
Este estudió sostiene que no existen estudios en América Latina que demuestren los efectos adversos de la contaminación atmosférica en la salud, y el impacto que tiene en grupos de niños pequeños, los cuales son más vulnerables debido a la pobreza en la que viven.
El estudio se realizó con objeto de determinar el impacto de los contaminantes PM10 (partícula menor a 10 micrómetros) y ozono en la salud respiratoria infantil.
Una de las principales características de Ciudad Juárez es el flujo migratorio a través de la frontera, que obedece sobre todo a la industria de las maquiladoras y al rápido crecimiento demográfico con asentamientos no planeados e irregulares.
Específicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, los niños menores de 15 años representan el 12% de la población, y los menores de cinco años cerca del 9%. Si consideramos que 75% de estos niños residen en zonas urbanas, el impacto potencial en la salud ocasionado por la contaminación atmosférica es grande.
Entre las causas que fueron encontradas, se dice que en Ciudad Juárez solamente está pavimentada poco menos de la mitad de su territorio, varias de estas calles están deterioradas y algunas inconclusas, esta situación provoca graves congestionamientos de tránsito y mayor contaminación atmosférica.
En este estudio se observaron relaciones importantes entre los niveles ambientales de ozono y las consultas infantiles de urgencia por afecciones respiratorias. Estas relaciones estaban presentes tanto en infecciones de vías respiratorias superiores como en asma en todos los grupos de personas a los cuales se les aplico el estudio. No obstante, en niños de hasta cinco años la exposición al ozono también se relacionaba con infecciones de las vías respiratorias inferiores.
Hubo ciertos indicios de que los niveles ambientales de PM10 podrían elevar el riesgo de mortalidad por causas respiratorias en lactantes entre un mes y un año. Cuando los datos se estratificaron por nivel socioeconómico, se observó un aumento entre los lactantes del grupo correspondiente al nivel socioeconómico más bajo.
El estudio hace la observación de que existe un mayor índice de morbilidad y mortalidad por causas respiratorias en las zonas urbanas de la región con relación a la contaminación atmosférica de la misma. Por lo que sus resultados subrayan la necesidad de instrumentar acciones rentables para controlar los problemas de contaminación atmosférica y evitar que empeore la situación actual.
En este proyecto se evaluó el impacto de los contaminantes atmosféricos en la salud infantil, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, se concentraron en grupos con diferentes condiciones de vida, definidas según su nivel socioeconómico. Se estudiaron dos importantes consecuencias en la salud, la mortalidad y la morbilidad, y su relación con los niveles de contaminantes atmosféricos de partículas menores de 10 micrómetros y ozono. Los resultados aportan información sobre los efectos adversos de la contaminación atmosférica en la salud infantil.
El estudio sustenta, mediante pruebas objetivas, que la información sobre mortalidad más alta se observó en niños de un mes o menores. Veinte por ciento del número total de defunciones se registró en niños de un mes a un año de edad. La proporción de defunciones fue similar tanto en hombres como en mujeres. Más de la mitad de la población fallecida (64.4%) era menor de un mes a la fecha de muerte y 81 % de estas muertes se relacionaban con una causa respiratoria. En los niños entre un mes y un año de edad, 33.2% de las defunciones se relacionaban con una causa respiratoria. Esta proporción fue de 10% entre los niños mayores de cinco años. Se observó una mayor mortalidad en los niños de nivel socioeconómico bajo y medio bajo, en comparación con el nivel socioeconómico alto y medio alto.
En la información sobre morbilidad, obtenida a través de las consultas en la sala de urgencias a niños menores de cinco años, se observó que, de un total de 78,330 consultas de urgencia en el periodo de cinco años, el 57% se relacionaba con causas respiratorias. La causa más importante de las consultas de urgencia fue la infección de las vías respiratorias superiores, con un porcentaje de 24.2%. Las infecciones de las vías respiratorias inferiores fueron más frecuentes en los grupos de edad más jóvenes entre 0 a 5 años, presentes entre 37% de niños menores a un año, y 29.5% de niños entre 1 y 5 años.
En este estudio, que abarca un periodo de cinco años (1997-2001), se observan relaciones significativas entre los niveles ambientales de ozono y las consultas de urgencia por causas respiratorias. Estas relaciones existían en el caso de infecciones respiratorias superiores y asma en todos los grupos de edad.
Los contaminantes del aire no se relacionaron con las defunciones por causas respiratorias en la población. Sin embargo, hubo algunos indicios de que los niveles ambientales de PM10 podrían aumentar el riesgo de mortalidad por causas respiratorias en lactantes menores a un mes y a un año, población que se localiza en los niveles socioeconómicos más bajos.
Posterior a la publicación de este estudio, el 10 de noviembre del presente año, a través de un comunicado de prensa, el gobierno del estado de Chihuahua y el gobierno municipal de Ciudad Juárez, al igual que la Dirección General de Ecología y Protección Civil del municipio de Juárez, así como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del gobierno del estado de Chihuahua. Argumentan que estos hechos no son ciertos, que en los últimos meses Juárez ha sido objeto de una campaña de descrédito Internacional, que tiene como intención presentarla como una comunidad sumida en el caos, la violencia, el vicio y la ingobernabilidad, lo que ha provocado graves perjuicios socioeconómicos a esta frontera, que es la más importante del país, enclave fundamental de la industria maquiladora, importante puerta al turismo internacional y corredor estratégico para el intercambio comercial y el transporte con nuestros socios del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).
Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, comprometido con el cuidado y conservación del medio ambiente, y consciente de que es ahí donde los mexicanos construiremos una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza, es fundamental respaldar proyectos que realmente tengan un beneficio para la sociedad y el país.
Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales, a que determine el riesgo real en que se encuentra la población infantil de Ciudad Juárez, Chihuahua, y la solución a la problemática que se está presentando.
Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, a que instruya a su personal de clínicas y centros de servicio público en Ciudad Juárez, Chihuahua, a crear brigadas que den atención inmediata a la población infantil en riesgo o en estado de vulnerabilidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de noviembre de 2003.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Noviembre 18 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS A CUMPLIR SU OBLIGACION CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FERNANDO ANTONIO GUZMAN PEREZ PELAEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2003
El que suscribe, diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para exhortar a las Legislaturas de los estados a que cumplan con su obligación constitucional de legislar en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.
Consideraciones
Jurídica y filosóficamente, la reforma constitucional del 14 de junio del año 2002, mediante la cual se insertó un párrafo al artículo 113, en el que se sentaron las bases de la responsabilidad patrimonial del Estado, está plenamente justificada, por significar en sí misma un esfuerzo más por concretar en nuestro país un verdadero Estado de derecho.
Esta reforma fue producto del descontento, cada vez más generalizado, de la sociedad ante la "irresponsabilidad" con que históricamente se ha conducido la administración pública mexicana con respecto a los particulares, por lo que coincidimos en lo expuesto por don Fernando Garrido Falla, quien señaló que esta institución jurídica (la responsabilidad patrimonial del Estado) "se ha conformado paso a paso, a golpe de leyes o de decisiones jurisprudenciales".
Parte importante de la actuación de esta LIX Legislatura, así como de las Legislaturas locales, consiste en garantizar el fortalecimiento del Estado de derecho frente a las nuevas situaciones que plantean los cambios vertiginosos por los que atraviesan hoy en día nuestra sociedad y nuestro gobierno en los ámbitos federal, estatal y municipal.
La actual etapa de la vida democrática nacional alcanzada después de innumerables luchas sociales, políticas y jurídicas, intenta cristalizar los genuinos ideales de equidad y justicia social ya consagrados en nuestra Carta Magna, tarea que se verá reforzada con el ejercicio eficaz de la institución que aquí nos ocupa.
Cierto estoy de que esta nueva institución, concebida como la más amplia y progresiva en la materia, por ser objetiva y directa, contribuirá de manera contundente y trascendental al desarrollo de nuestro Estado de derecho, el cual prevé, como requisito sine qua non la confianza por parte del pueblo de México en que el actuar de nuestras autoridades sea debidamente fundado y motivado; y que, en aquellos casos en los que se afecte el patrimonio de un particular sin observar las garantía de legalidad y seguridad jurídica referidas, dicho particular contará con el mecanismo idóneo para exigirles afrontar la responsabilidad producto de un acto injustificado, injusto e ilegítimo.
Esta nueva institución representa un paso trascendental en las relaciones gobernantes-gobernados, concilia en mucho el poder del Estado con la responsabilidad del mismo para justo beneficio de los gobernados.
El cambio en la concepción sobre la actuación del Estado y sobre la responsabilidad que deriva de un ejercicio indebido de las atribuciones que le han sido conferidas, conlleva a reconocer como un deber constitucional del propio Estado resarcir los daños y perjuicios causados a los particulares con motivo de un mal ejercicio de sus funciones, lo cual procede cuando esta afectación al patrimonio privado no tiene jurídicamente por qué ser soportada por el particular, esto es, cuando no existen causas de justificación que legitimen el perjuicio material causado. Tal falta de justificación conlleva a este daño a ser resarcible.
Amén de que ya esté prevista esta institución en nuestra Carta Magna, resulta indispensable precisar todas las especificidades relativas a su procedencia y aplicación.
La reforma constitucional referida previó como fecha para su entrada en vigor el día 1 de enero de 2004, otorgando a la Federación y a las entidades federativas el plazo comprendido entre su publicación y esta fecha para expedir las leyes y/o realizar las modificaciones necesarias para proveer a su cumplimiento y considerar, además, las partidas presupuestales correspondientes en los tres niveles de gobierno.
Cabe señalar que el Congreso de la Unión hace lo propio toda vez que el Senado ha aprobado una iniciativa de Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, turnándola a esta H. Cámara de Diputados para su revisión; y se han presentado otras iniciativas en la materia, mismas que se encuentran en proceso de discusión.
El plazo referido está por concluir, por lo que es indispensable pugnar porque el precepto constitucional en comento no se torne letra muerta, al no contar con la legislación que compete a las entidades federativas crear o modificar. Al parecer, hasta ahora, sólo dos estados han dado cumplimiento a esta obligación, Aguascalientes y Jalisco.
No basta con realizar reformas a nuestro máximo ordenamiento jurídico, es indispensable realizar las reformas y creaciones legales necesarias en el ámbito local, a efecto de puntualizar lo concerniente a la praxis de esta institución, sin olvidar que, para ello, es un requisito imprescindible que los legisladores locales pongan de manifiesto su voluntad política para hacer lo propio en el ámbito de sus competencias.
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Que esta H. Cámara de Diputados exhorte a las legislaturas de los estados que no han cumplido su obligación constitucional de legislar en materia de responsabilidad patrimonial a que den cumplimiento a dicho mandato y de esta manera se fortalezca nuestro Estado de derecho.
Dip. Fernando Guzmán Pérez Peláez (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Noviembre 18 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE ESTE HONORABLE PLENO SE PRONUNCIE CONTRA LA APROBACION DEL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, IMPIDIENDO LA APROBACION DE LA FRACCION QUE PRETENDE DESINCORPORAR EL FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2003
María Guadalupe Morales Rubio, diputada federal por el noveno distrito electoral del Distrito Federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante de la Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este órgano colegiado la proposición con punto de acuerdo para que este Honorable Pleno se pronuncie en contra de la aprobación del artículo segundo transitorio del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, impidiendo la aprobación de su fracción XV, que pretende desincorporar al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, bajo las siguientes
Consideraciones
1.- El Ejecutivo federal nos ha hecho llegar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, y nos llama la atención la desincorporación de 16 paraestatales propuestas en el artículo segundo transitorio de dicho proyecto, especialmente el caso del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Fonart.
2.- El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Fonart, es un fideicomiso público del Gobierno Federal, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social, que fue constituido el 14 de julio de 1974 por mandato del Ejecutivo federal.
3.- El objetivo fundamental del Fonart es brindar apoyo a los artesanos que viven en condiciones de pobreza, para potenciar sus capacidades a través del financiamiento y el estímulo a la creatividad; promover estrategias comerciales que permitan la venta adecuada de sus productos y contribuir con ello a mejorar sus niveles de vida y preservar los valores de su cultura tradicional que aseguren el posicionamiento de productos artesanales de calidad en los mercados nacionales e internacionales.
4.- Que en el tercer informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Social se reporta que la compra de artesanías por parte del Fonart en el periodo de septiembre de 2002 a agosto de 2003, los recursos para compras se distribuyeron en 28 estados y se atendió a 26 pueblos indígenas. Se realizaron compras de artesanías por 17.9 millones de pesos, en beneficio de más de 44 mil personas entre artesanos productores y la población que depende de esa actividad y que las ventas artesanales realizadas por los centros de venta y por el Departamento de Comercio Exterior del Fonart ascendieron a 19.4 millones de pesos.
Que sólo en el periodo de septiembre a diciembre de 2002 se otorgaron 813 créditos, con una derrama de 1.9 millones de pesos que beneficiaron a más de 4 mil personas; se impartieron 274 asesorías técnicas, que beneficiaron a más de 11,800 personas, pertenecientes a 75 comunidades de 18 estados de la República. Se organizaron 37 concursos artesanales, que permitieron beneficiar directa o indirectamente a más de 8,700 personas.
5.- En el apartado denominado "Visión general del gasto público" se establece que la finalidad de todas las desincorporaciones propuestas obedece a la liberación de recursos públicos para mejorar la atención de sectores prioritarios. Desde la óptica común, consideramos que el sector artesanal, y estamos refiriéndonos principalmente a los artesanos indígenas y sus familias que por generaciones han entregado su arte a cambio de una vida de atraso tecnológico, económico y social; deben ser considerados prioritarios, por ser una población vulnerable, que vive en la alta marginación, que sufre todas las carencias y falta de apoyo para la preservación de sus valores culturales.
6.- Que resulta incongruente e ilógico que en la exposición de motivos del mismo proyecto de Presupuesto 2004, que pretende la desincorporación del Fonart, se solicite para esta misma entidad un apoyo por 42.0 millones de pesos, con lo cual se estima beneficiar a 15,796 artesanos, mediante la adquisición de artesanías, y la organización de concursos y asesorías técnicas para fomentar el sentido artístico y cultural de las artesanías populares.
Asimismo, dentro de las líneas políticas del gasto público del Ejecutivo para el 2004, se establece el incremento al gasto social, particularmente el destinado a la superación de la pobreza.
7.- Derivado de lo anterior, resultan dos absurdos: el primero es el proponer la desaparición y, al mismo tiempo solicitar el apoyo para continuar con el programa; pero lo más absurdo es que no fue suficiente que en el 2003 se disminuyera en un 11 % el presupuesto del Fonart, en relación con el ejercicio 2002, sino que el ahorro anual por la desincorporación del Fonart en el 2004 será de 42 millones de pesos, que respecto al Producto Interno Bruto representa el 0.0006 por ciento, y que respecto al gasto programable de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) representa el 0.004 por ciento, o sea, nada.
8.- De aprobarse la desincorporación del Fonart, se estaría afectando a más de 63 mil artesanos y sus familias, en su mayoría indígenas; desconocemos la verdadera razón del planteamiento del Ejecutivo federal. Por qué negar la oportunidad a estas familias de mejorar su calidad de vida, de mantener sus fuentes de empleo y de continuar con la pérdida de nuestra identidad nacional.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico: Que este honorable pleno se pronuncie en contra de la aprobación del artículo segundo transitorio del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, impidiendo la aprobación de su fracción XV, que pretende desincorporar al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Fonart.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de noviembre de 2003.
Dip. María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Noviembre 18 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA RECOMENDAR A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO QUE TOME EN CUENTA LOS EFECTOS FISCALES Y ECONOMICOS QUE TENDRIAN EL DECREMENTO DE 15 A 10 POR CIENTO DE LA TASA DEL IVA Y EL INCREMENTO DE LAS TASAS DEL IEPS, CON OBJETO DE EVITAR EL AUMENTO DEL CONTRABANDO Y LA ADULTERACION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO XAVIER ALVARADO VILLAZON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Salud, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Excepciones establecidas en el sistema tributario, algunas para mejorar la distribución del ingreso y otras como resultado del peso político de ciertos sectores han restado neutralidad provocando una recaudación insuficiente. Lo anterior ha generado un sistema tributario que no posibilita un potencial recaudatorio y un importante grado de dependencia respecto de ingresos asociados a la actividad petrolera.
Existe la necesidad de fortalecer los ingresos recurrentes, no obstante, la existencia de recursos procedentes de fuentes no recurrentes (petróleo, privatizaciones) ha pospuesto el esfuerzo por elevar el potencial recaudatorio y la posibilidad de seguir compensando la ausencia de ingresos estables con otras fuentes de .recursos se ha estado agotando.
Necesitamos crecer, requerimos empleos, inversión en infraestructura, educación, salud, capital humano y tenemos que hacer frente a una pérdida de competitividad para que la industria venda en el país productos a precios comparativos o competitivos con los importados y para que los que exportan puedan hacerlo con mejores condiciones.
Por una parte, cada vez es mayor la necesidad de elevar el gasto social y de inversión y por la otra se ha incrementado la presión en el gasto resultado derivado de la reforma a la seguridad social y de los programas de saneamiento financiero, presiones que se verán intensificadas por el fuerte crecimiento del gasto corriente, del pago de PIDIREGAS, rescate carretero y otras posibles reformas, como la del ISSSTE y apoyos federales que posiblemente tendrán que darse a las reformas estatales a la seguridad social.
Consideramos que los impuestos afectan decisiones básicas de individuos y empresas. Un mal diseño puede tener implicaciones en sus decisiones, como la del sector en el cual invertir, el tipo de financiamiento a emplear, el instrumento de ahorro a utilizar, entre otros, por lo que existe la necesidad de una reforma integral y no parcial, realmente una reforma hacendaria que permita reactivar el crecimiento económico, el empleo y la inversión en atención a grupos sociales menos favorecidos.
Con relación a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), derivado de una posible disminución en tasa de IVA, el Ejecutivo propone aumentar las tasas del IEPS. Es decir, evitar el beneficio del IVA y no reducir la carga fiscal.
Por otra parte, el Ejecutivo también propone la nueva Ley de los Impuestos a las Ventas y Servicios al Público, ley que incluye potestades tributarias para entidades federativas con la intención de establecer un impuesto local del 2% a ventas y servicios. Lo anterior sólo sí se considera la reducción de la tasa y la eliminación de exenciones en el IVA.
Sabemos que los impuestos especiales, como es el caso del IEPS, persigue no solamente fines recaudatorios, sino también coadyuvar a cumplir con otros objetivos de carácter extra fiscal como es desalentar el consumo. Estamos conscientes que las bebidas alcohólicas así como el cigarro son nocivos para la salud del individuo, pero no solamente con el establecimiento de tasas impositivas que moderen el consumo se resuelve el problema, ya que existe un problema de contrabando y adulteración, cada vez mayor, que ha provocando graves problemas de salud pública. Además esta comprobado que altas tasas en el impuesto no reducen el consumo, sino incrementan la ilegalidad, es decir, el contrabando y la adulteración.
Consideramos conveniente analizar no sólo efectos fiscales en las reformas, sino también los económicos ya que los insumos utilizados por la industria de vinos y licores, la cervecera y tabacalera provienen en su mayoría de productores agropecuarios mexicanos, quienes podrían verse seriamente afectados, sector que de por sí se encuentra en desventaja competitiva derivado de los importantes subsidios que nuestros socios comerciales otorgan a su sector agrícola.
La disminución del IVA puede no llevarse a cabo, pero el nuevo nivel de tasas en el IEPS propuesto por parte del Ejecutivo puede darse con la intención única de fortalecer los ingresos destinados al gasto público. El efecto que la medida tendría sobre el consumo no es claro, ya que la demanda no disminuye, y lo que la industria formal no ofrece, lo ofrece el mercado ilegal (contrabando y adulteración), incentivado particularmente por el mayor diferencial de precios entre los productos sin impuesto y el que lo incluye.
Se ha visto que el Ejecutivo no ha combatido el contrabando y la venta ilegal, por lo que resulta incongruente que con un incremento en los impuestos se pretenda recaudar más. Lo único que propicia es fortalecer la creciente mafia de economía ilegal, haciendo más atractivo su negocio.
Además, para el caso de la región fronteriza, el IVA se causa ya con una tasa vigente del 10%, por lo que un incremento a la tasa del IEPS más un 2%, en caso de aprobarse la nueva Ley de los Impuestos a las Ventas y Servicios al Público, traería un incremento en el precio al consumidor de frontera, dejando en desventaja comparativa a la industria y sus productos.
Como consecuencia, dada la estructura de mercado, los productores, distribuidores y detallistas tendrán que cargar con la mayor parte del impuesto, no solamente reduciendo su utilidad, sino generando dos efectos: contracción en la industria (desempleo, menor inversión, entre otros) y por ende la caída en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que esto genera.
Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero: Se recomienda a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que tome en cuenta tanto los efectos fiscales como económicos que pueden darse considerando el decremento en la tasa del IVA del 15% al 10%, la tasa fronteriza vigente del 10% en IVA y el incremento en las tasas del IEPS para que el precio al público considerando los efectos fiscales se mantenga en condiciones similares a 2003, y se evite el incremento en contrabando y adulteración.
Segundo: Se recomienda a la Comisión de Presupuesto para que etiquete los ingresos provenientes del IEPS por concepto de alcohol y tabaco, y sean destinados a la Secretaría de Salud para elaborar programas con la intención de moderar el consumo, incluyendo una política educativa dirigida a los jóvenes difundiendo las consecuencias para el organismo humano por el consumo de alcohol y tabaco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de noviembre de 2003.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador;
Manuel Velasco Coello, vicecoordinador (rúbrica); Alejandro Agundis
Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica),
Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica),
María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo
(rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix
Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán
(rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio
Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc
Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica),
Raúl Piña Horta.
CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL QUE SE SUGIERE INCREMENTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL DESARROLLO DE LA RED CENTRO-CRECE EN EL PRESUPUESTO PARA 2004, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE LUIS HINOJOSA MORENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2003
El suscrito C. Dip. Jorge Luis Hinojosa Moreno, y diputados de diversos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura, de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a esta Honorable Asamblea, para solicitar se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Economía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a considerar el incremento de los recursos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la Red Cetro Crece, tomando en cuenta las siguientes
Consideraciones
1.- Que el 17 de septiembre de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que fija los lineamientos para la creación del Centro para el Desarrollo de la Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (Red Cetro-Crece) donde se especificaron los apoyos financieros y administrativos que el Ejecutivo federal destinaría para tal efecto. En esta publicación quedó definido que La Red Cetro-Crece está constituida por:
b) Cuenta con un fideicomiso Crece (Centro Regional para la Competitividad Empresarial) en cada estado y un fideicomiso maestro Cetro (Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial)
c) Se conforma de 98 centros de atención, distribuidos en las principales ciudades de mayor densidad empresarial del país y está vinculada con los programas de desarrollo económico del gobierno federal por medio de la Secretaría de Economía y de los gobiernos estatales y municipales. Tiene convenios de complementariedad de recursos de promoción con 24 gobiernos estatales y 15 municipales.
3.- Que la Red está articulada por el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006 directamente con la estrategia de formación empresarial para la competitividad y de manera indirecta con la estrategia de acceso al financiamiento y la de articulación e integración económica regional y sectorial.
4.- Que actualmente la Red Cetro-Crece tiene una capacidad de atención de 9,000 empresas en consultoría y 26,000 en capacitación empresarial, con 410 consultores internos certificados en las normas generales de consultoría.
5.- Que la consultoría integral es el único servicio subsidiado para las empresas atendidas por Crece. Los otros servicios se recuperan a costo.
6.- Que las microempresas atendidas en consultoría integral reciben un subsidio equivalente al 85% del costo, pagando la diferencia. A las pequeñas se les subsidia el 55% y a las medianas el 40%.
Desde su inicio de operaciones hasta 1998, todos los recursos de inversión y operación provinieron del subsidio federal, a partir de 1999 se inició la recuperación parcial de costos por las empresas atendidas y una búsqueda de diversificación de fuentes de recursos.
Para el ejercicio 2003, el subsidio federal representa el 59% de su presupuesto de ingresos, el 30% lo recuperan de las empresas atendidas, el 8% otras fuentes privadas y el 3% de los gobiernos estatales y municipales.
Principales resultados
Desde el inicio de operaciones hace 6 años, la Red Cetro-Crece ha atendido 38,000 empresas en consultoría integral, en la elaboración de proyectos de inversión, estudios de mercado y otros servicios de desarrollo empresarial. El 70% han sido atendidos del 2001 a la fecha. El 84% son microempresas, el 13% pequeñas y 3% medianas. Por sector económico el 32% pertenece a la industria, 39% al comercio y el 29% a los servicios.
Los impactos económicos identificados durante la intervención del Crece en las empresas muestran que en promedio incrementaron sus ingresos en un 40% y sus utilidades de operación un 47%.
Vale la pena resaltar que derivado de estas mejoras en la gestión y operación de las MiPyMes, hay evaluaciones que muestran que el 94% de las empresas atendidas en consultoría integral permanecen operando. En consecuencia se han conservado cerca de 200 mil empleos y en virtud de que la empresa; mejora y crece se han generado cerca de 15 mil empleos netos.
Como consecuencia de los planes de mejora por la consultoría integral y elaboración de proyectos de inversión, se han vinculado al financiamiento institucional a 5,800 empresas y se han capacitado más de 106,500 participantes con talleres y cursos enfocados a mejorar la capacidad de la gestión empresarial.
Resulta claro que los indicadores económicos en las empresas atendidas y los impactos sociales en la conservación y generación de empleos son aspectos muy importantes. También lo es la satisfacción de las empresas que han recibido el servicio. En este último punto, la Agencia ACT Master, SA de CV, empresa evaluadora de la satisfacción de los clientes, reporta que el 96% de las empresas atendidas en consultoría recontratarían a Crece para servicios de desarrollo empresarial y el 94% de los participantes de la capacitación empresarial del primer semestre de este año, califican el servicio como excelente.
Justificación para el incremento de los recursos presupuestados:
Los principales retos de la Red Cetro-Crece están en incrementar la capacidad de atención para incidir en un mayor número de empresas de menor tamaño, buscando que por su competitividad se conserven y generen más empleos.
Por otro lado, también resulta necesario apoyar la vinculación de las MiPyMes al financiamiento institucional y a los programas regionales de desarrollo económico impulsados por los estados. Para mantener la capacidad actual de atención se requieren $185 millones de subsidio federal, este dato se desprende del subsidio federal aprobado para el ejercicio presupuestal del 2003. que ascendió a 170 millones, más la diferencia que fue obtenida de otros remanentes de productos y servicios que la red ofrece.
Con un subsidio de $225 millones se incrementaría un 30% esta capacidad de atención, incorporando más consultores: Es decir, con un incremento del 16.7% real en el subsidio se podría aumentar a 45,500 servicios de desarrollo empresarial, de los cuales 11,500 serían consultoría y 34,000 capacitación empresarial. Con esto, estimativamente se estaría apoyando a la conservación de 64 mil empleos y a la generación de 5 mil adicionales.
Como resultado de estos servicios las empresas perduran y crecen, generando de manera indirecta impactos económicos sociales y permanentes en sus entornos o regiones, con lo que se apoya el desarrollo económico regional. Además con la cobertura nacional de la Red Cetro-Crece se fortalece el mejoramiento en los indicadores económicos nacionales.
Es por lo anteriormente expuesto, que los diputados abajo firmantes, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorte a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía de esta H. Cámara de Diputados, a tomar las providencias y acciones necesarias para considerar el incremento de los recursos destinados en el siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación, a los centros regionales para la competitividad empresarial Red Cetro-Crece, considerando un total de 225 millones de pesos.
Segundo.- Se recomiende al Poder Ejecutivo federal el diseño e implementación de los mecanismos necesarios para que el funcionamiento de este organismo se desarrolle con las mayores facilidades de operación, de manera que pueda cumplir cabalmente con su fin propuesto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciocho días del mes de noviembre del 2003.
Diputados: Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Jorge
Luis Hinojosa Moreno, Tomás Antonio Trueba Gracián, Tatiana
Clouthier Carrillo, José Luis Treviño Rodríguez, Alvaro
Elías Loredo, José María de la Vega Lárraga,
Sergio Alvarez Mata, Jesús Antonio Nader Nasrallah, Manuel Enrique
Ovalle Araiza, Manuel Ignacio López Villarreal, Elizabeth Oswelia
Yáñez Robles, Francisco Javier Salazar Díez de Sollano,
Norma Patricia Saucedo Moreno, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia,
Carla Rochín Nieto, Francisco Javier Lara Arano, Gisela Juliana
Lara Saldaña (rúbricas).
Con la presencia del Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, diputado Juan de Dios Castro Lozano; el diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del PRD; y los diputados Roberto Campa Cifrián, del grupo parlamentario del PRI; José González Morfín, del grupo parlamentario del PAN; René Arce Islas, del grupo parlamentario del PRD; Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT; y Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia, y el licenciado Alfredo del Valle Espinosa, secretario de Servicios Parlamentarios de la H. Cámara de Diputados, se dio inicio a la reunión de trabajo.
II. Se dio lectura y, a su vez, fue circulada el acta de la reunión del 25 de septiembre de 2003, procediendo a su aprobación y firma.
III. Se sometió a consideración de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos el proyecto de acuerdo que establece los lineamientos para acreditar las asistencias de los diputados a las sesiones plenarias, así como para la debida justificación de los retardos e inasistencias, el cual fue discutido y se le realizaron algunas modificaciones. Por tanto, se acordó que, una vez realizadas éstas, se circulara para su firma.
IV. Se sometió a consideración de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos el proyecto de acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación, el cual en el mismo tenor fue discutido y se le realizaron algunas modificaciones. Por tanto, se acordó que, una vez realizadas éstas, se circulara para su firma.
V. Se llevó a cabo una presentación por parte del licenciado Humberto Alonso Bravo, encargado de la Coordinación General de Comunicación Social de la H. Cámara de Diputados. Dentro de la exposición en comento, planteó realizar por parte de dicha coordinación una estrategia de comunicación social.
A efecto de considerar con mayor detenimiento la estrategia por efectuarse, se solicitó al encargado de la coordinación en cuestión preparar un documento que sea circulado con antelación a los coordinadores de los grupos parlamentarios, y programar una reunión especial para que se efectúe una exposición más a fondo sobre el tema y exista la posibilidad de hacer los cuestionamientos y las observaciones adecuadas.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano (rúbrica)
Presidente
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica
p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, DE INSTALACION, LA CUAL TUVO LUGAR EL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
En la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el acuerdo parlamentario de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las comisiones ordinarias de la LIX Legislatura, de fecha 30 de septiembre de 2003, y siendo las 9:40 horas del día siete de octubre de dos mil tres, en el salón D del restaurante Los Cristales, del Palacio Legislativo de San Lázaro de la H. Cámara de Diputados, se reunieron los CC. diputados federales integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura, para dar acto formal de instalación, desahogando los puntos señalados en la siguiente propuesta de
Orden del Día
7. Clausura de la reunión.
Diputados: Cruz López Aguilar, Juan Manuel Dávalos Padilla, Gonzalo Ruiz Cerón, Mario Ernesto Dávila Aranda, Diego Palmero Andrade, Antonio Mejía Haro, Lázaro Arias Martínez, Gaspar Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor, Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet, Jesús Morales Flores, Esteban Valenzuela García, Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García, Arturo Robles Aguilar, Isidro Camarillo Zavala, Javier Castelo Parada, José María de la Vega Lárraga, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut, Marcelo Herrera Herbert, Víctor Suárez Carrera.
Tomando lista de presencia de 24 diputados, por lo que se declaró la existencia de quórum legal para sesionar.
El diputado Cruz López Aguilar, Presidente de la Comisión, procedió en primer término a someter a la consideración de los presentes la propuesta de orden del día. Posteriormente, agradeció a los señores diputados miembros de la Comisión su asistencia, dándoles una cordial bienvenida.
Continuando los puntos incluidos en el orden del día, el diputado Presidente pidió que le permitieran presentar a los diputados que forman la Mesa Directiva de la Comisión, para posteriormente solicitar a cada uno de los integrantes que se presentaran.
Acto seguido, el diputado Presidente solicitó que le permitieran compartir con los presentes la declaración formal de instalación de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, lo cual se hizo en el texto siguiente:
Con el propósito de atender los pendientes y preparar adecuadamente algunos trabajos de interés prioritario para la Comisión, se acordó analizar la viabilidad de solicitar a la Junta de Coordinación Política la creación de tres comisiones especiales: Cafeticultura, Ganadería y para dar Seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo (las dos primeras funcionaron durante la LVIII Legislatura).
En el subtema de comparecencias, se acordó citar a comparecer al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ante el pleno de la Comisión el 15 de octubre del presente año, a las 11:00 horas, con motivo de la glosa del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, debiendo hacerlo por conducto del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Juan de Dios Castro Lozano.
También se acordó citar a comparecer ante el pleno de la Comisión de Agricultura y Ganadería a los CC. ingeniero Francisco López Tostado, subsecretario de Agricultura; licenciado Rodolfo Farías Arizpe, director en jefe de Aserca; y licenciada Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de Industria y Comercio, el lunes 13 de octubre, a las 17:00 horas, con el propósito de tratar todo lo relacionado en la comercialización del frijol y del maíz.
En el subtema proyecto de agenda legislativa, se entregó un proyecto a los diputados para su revisión y enriquecimiento.
En el subtema calendario de reuniones de la Comisión, se acordó reunirse todos los miércoles, a las 10:00 horas, durante el presente periodo de sesiones.
Agotados los asuntos del orden del día, se clausura la reunión a las 10:45 horas.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, firman al calce por la Mesa Directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2003.
Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente;
Juan Manuel Dávalos Padilla, Gonzalo Ruiz Cerón, Mario Ernesto
Dávila Aranda, Diego Palmero Andrade, Antonio Mejía Haro,
secretarios (rúbricas).
DE LA COMISION DE AGRUICULTURA Y GANADERIA, DE LA COMPARECENCIA DEL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, INGENIERO FRANCISCO LOPEZ TOSTADO; DE LA SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LICENCIADA ROCIO RUIZ CHAVEZ, Y DEL DIRECTOR EN JEFE DE ASERCA, LICENCIADO RODOLFO FARIAS ARIZPE, REALIZADA EL LUNES 13 DE OCTUBRE DE 2003
En la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y siendo las 17:00 horas del día trece del mes de octubre del año dos mil tres, en la zona C del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro de la H. Cámara de Diputados, acudieron a comparecer ante los diputados federales integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el subsecretario de Agricultura, ingeniero Francisco López Tostado; la subsecretaria de Industria y Comercio, licenciada Rocío Ruiz Chávez, y el director en jefe de Aserca, licenciado Rodolfo Farías Arizpe, desahogando los puntos señalados en la siguiente propuesta del
Orden del Día
1.- Comercialización de frijol.
1.1 Constitución de la reserva estratégica
con los inventarios de los ciclos anteriores.
1.2 Precio de referencia e ingreso objetivo de la cosecha
PV-2003.
1.3 Estimación de los apoyos directos a la comercialización.
2.- Comercialización de maíz.
2.1 Agricultura por contrato.
2.2 Fructosa nacional e importación de azúcar
refinada.
2.3 Estimación de cosecha del ciclo PV-2003.
2.4 Colocación de la cosecha, precio de referencia
e ingreso objetivo.
2.5 Estimación de los apoyos y subsidios correspondientes.
Tomando la lista de asistencia, se encontraron registrados 19 diputados, por lo que se declaró la existencia de quórum legal para sesionar.
El diputado Presidente, en su mensaje de inicio, procedió a dar la bienvenida a los funcionarios de las dependencias involucradas con la comercialización de frijol y maíz, haciendo especial hincapié en la gran problemática por la que atraviesa este sector, y aclarando que el objetivo de su comparecencia era para que juntos, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, llegaran a acuerdos que permitan la colocación de la cosecha y un ingreso mejor.
Entrando de lleno a los asuntos generales del orden del día, el diputado Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario de la Comisión, procedió a explicar que las comparecencias se realizarán de acuerdo con el proyecto de formato que se entregó con la convocatoria.
La primera intervención la efectuó el ingeniero Francisco López Tostado, subsecretario de Agricultura, hasta por diez minutos, quien informó a los diputados asistentes de la problemática que atraviesa la comercialización de frijol y maíz, así como las medidas que la Subsecretaría a su cargo estaba implementando para revertir este daño.
Posteriormente tocó el turno a la licenciada Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de Industria y Comercio, también hasta por diez minutos, quien aparte de la explicación sobre frijol y maíz tocó el tema de la fructuosa, así como el compromiso del país vecino de absorber los excedentes de azúcar nacional establecidos en el Acuerdo de Libre Comercio que existe entre ambos países, y que Estados Unidos de América se ha negado a recibir, y el importe del cupo de importación de azúcar autorizado por el Ejecutivo federal por 112,000 toneladas.
Finalmente tocó el turno al director en jefe de Aserca, licenciado Rodolfo Farías Arizpe, el cual enfatizó la forma en que la Dirección a su cargo apoya técnicamente a los productores de frijol y maíz, así como los mecanismos mediante los cuales se trata de colocar en el mercado a los productos de referencia.
En seguida se efectuó una primera ronda de preguntas, que fueron contestadas por los funcionarios comparecientes, al término de la misma se acordó realizar una segunda ronda de preguntas y respuestas, de ambas rondas de preguntas y respuestas se convinieron los siguientes:
5.- Acuerdos
2º Analizar conjuntamente, Legislativo y Ejecutivo, los resultados del programa de comercialización de frijol y de ser necesario considerar la creación de una reserva con los volúmenes que no se puedan comercializar.
3º El precio de frijol en campo será de $5.00 pesos por kilogramo, el precio de frijol aquintalado y cribado de $ 5.75 pesos.
4º Se recibirá todo el frijol comercializable correspondiente al ciclo PV-2003.
5º Precisar el programa de conversión productiva de áreas marginales de frijol y maíz, delimitando los apoyos para darle viabilidad y hacerlo atractivo.
6º El programa de comercialización de frijol definirá los apoyos a las organizaciones de productores que participarán en el mismo, invitando a todos aquellos que cuentan con bodegas equipadas, báscula y experiencia en la comercialización de este producto.
7º Conjuntamente definiremos con todos los actores, el esquema de comercialización de maíz del ciclo P-V 2003, a más tardar a finales del mes de octubre de este año. Participarán el Gobierno Federal, organizaciones de productores, gobiernos estatales, compradores y se invitará al Poder Legislativo; definiendo: ingreso objetivo, precio de referencia, apoyo a las organizaciones económicas participantes en el acopio y calendario de entrega de los apoyos.
8º Con otros programas gubernamentales, mejorar y ampliar la infraestructura de acopio, almacenamiento, transporte, distribución, procesamiento y de valor agregado de frijol.
9º Apoyo gubernamental a proyectos de alta productividad que utilicen nuevas tecnologías y técnicas de producción que mejoren los rendimientos unitarios y bajen los costos de producción y hagan un manejo sustentable de los recursos naturales.
10º Que el Gobierno Federal aporte los recursos necesarios para realizar un estudio a profundidad sobre el mercado del frijol, que incluya variedades más demandadas por el mercado, procesamientos del grano para aumentar el consumo, planeación y agricultura por contrato, conversión de cultivos en áreas de bajo potencial y de alta siniestralidad, promoción comercial; entre otros.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, firman al calce por la Mesa Directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2003.
Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente;
Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario; Gonzalo Ruiz Cerón,
secretario; Mario Ernesto Dávila Aranda, secretario; Diego Palmero
Andrade, secretario; Antonio Mejía Haro, secretario (rúbricas).
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, DE LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, C. JAVIER USABIAGA ARROYO, EFECTUADA EL MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2003
En la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el acuerdo parlamentario, signado por la Junta de Coordinación Política y aprobado por el Pleno de la Cámara el 14 de octubre del año en curso, por el cual se establece la mecánica sobre la comparecencia de los secretarios de Estado para la glosa del Tercer Informe de Gobierno; y siendo las 10:00 horas del 15 de octubre de 2003, en la zona C del restaurante Los Cristales, sito en el edificio G de la Cámara de Diputados, acude a comparecer el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ante los CC. diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, así como algunos diputados de las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Pesca de la LIX Legislatura para desahogar la glosa del Tercer Informe de Gobierno en el sector agropecuario del país, conforme al siguiente
Orden del Día
Diputados: Cruz López Aguilar, Juan Manuel Dávalos Padilla, Gonzalo Ruiz Cerón, Mario Ernesto Dávila Aranda, Diego Palmero Andrade, Antonio Mejía Haro, Julián Nazar Morales, Lázaro Arias Morales, Alejandro Saldaña Villaseñor, Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet, Jesús Morales Flores, Rafael Galindo Jaime, Esteban Valenzuela García, Roger David Alcocer García, Arturo Robles Aguilar, Javier Castelo Parada, José María de la Vega Lárraga, Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Edmundo Valencia Monterrubio, Marcelo Herrera Herbert, Víctor Suárez Carrera.
Tomando la lista de asistencia, se encontraron registrados 23 diputados de la Comisión de Agricultura y Ganadería y 18 de las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Pesca, así como otros diputados interesados en la comparecencia, por lo que se declaró la existencia del quórum legal para iniciar la sesión.
Estando presentes además la diputada licenciada Amalia Dolores García Medina, representante de la Mesa Directiva; y, acompañando al C. secretario, los CC. subsecretarios ingeniero Francisco López Tostado, subsecretario de Agricultura; e ingeniero Antonio Ruiz García, subsecretario de Desarrollo Rural, y algunos otros funcionarios de la Secretaría.
Se solicitó al ciudadano diputado secretario de la Comisión Mario Ernesto Dávila Aranda que diera lectura al acuerdo parlamentario aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 14 de octubre.
Se dio lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la comparecencia de los funcionarios del Ejecutivo federal, acuerdo que en su parte conducente establece:
II. A cada cuestionamiento, el funcionario responderá
hasta por 10 minutos.
III. Enseguida, el legislador o legisladora podrá
hacer una réplica hasta por 5 minutos.
Para dar cumplimiento al punto segundo, numerales primero, segundo, tercero y cuarto, del acuerdo, hicieron uso de la palabra para formular preguntas y réplicas los siguientes ciudadanos:
Diputado Ramón González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó cuestionamientos. Diputado Alfredo Rodríguez y Pacheco, del mismo partido, presentó réplica.
Diputado Gonzalo Ruiz Cerón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó cuestionamientos. Diputado Juan Manuel Dávalos Padilla presentó la réplica.
Diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó cuestionamientos y réplica.
Diputado Julián Nazar Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó cuestionamientos. Diputado Arturo Robles Aguilar, del mismo partido, presentó réplica.
Diputado Alberto Urcino Méndez Gálvez, del Partido Acción Nacional, presentó cuestionamientos. Diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del mismo partido, presentó réplica y el diputado Rafael Galindo Jaime, del Partido Revolucionario Institucional, presentó cuestionamientos. La réplica la presentó, por el mismo partido, el diputado Juan Manuel de la Vega Rayet.
A los cuestionamientos formulados por los CC. diputados, el C. secretario dio respuesta hasta por diez minutos en cada caso y posteriormente se hizo uso de la réplica por los diferentes diputados de la Comisión, como ya ha quedado escrito.
Todos los cuestionamientos, respuestas y réplicas están testimoniados en la versión estenográfica, cuyo documento se encuentra en la secretaría técnica de la Comisión para consulta de los CC. diputados que así lo requieran.
Habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el orden del día y antes de levantar la reunión el Presidente de la Comisión, hizo las siguientes precisiones:
2. Se solicitó al Ing. Francisco López Tostado establecer compromisos concretos con los productores de frijol del estrado Nayarit.
3. El diputado Julián Nazar solicita apoyo para ver algunos asuntos relacionados con ganadería, particularmente con el Registro de Sociedades Ganaderas del Sector Social.
4. Se entregaron al secretario unas peticiones concretas que han hecho los productores de Tamaulipas en relación con la Alianza para el Campo, a coinversión productiva y maquinaria.
De conformidad con lo que establece el artículo 7°, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Comisión ordenó se enviara la versión estenográfica de esta reunión al ciudadano Presidente de la República para su conocimiento.
Agotados los asuntos del orden del día, se clausuró la sesión de comparecencia del C. Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a las 14:10 horas.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, firman al calce por la Mesa Directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura
Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente;
Juan Manuel Dávalos Padilla, Gonzalo Ruiz Cerón, Mario Ernesto
Dávila Aranda, Diego Palmero Andrade, Antonio Mejía Haro,
secretarios (rúbricas).
A su tercera reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre, a las 8 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de
la sesión anterior de la Comisión de Salud.
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
de los anteproyectos de dictamen de la Comisión de Salud.
6. Asuntos generales.
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente de la Comisión de Salud
Dip. Julio César Córdova Martínez
Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Ramón Galindo Noriega
Presidente
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 19 de noviembre, a las 9 horas, en el salón Fundadores, edificio H, cuarto piso.
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A la comparecencia del C. secretario de la Reforma Agraria, licenciado Florencio Salazar Adame, que tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A las actividades que, con motivo del Día Internacional de la no Violencia contra las Mujeres, se realizarán del martes 25 de noviembre al miércoles 10 de diciembre.
Fecha: 25 de noviembre de 2003.
9:00 horas: Acto de denuncia.
Lugar: Plaza Legislativa.
9:30 horas: Inauguración de la Feria de
Acciones.
Lugar: Plaza Legislativa.
9:30 horas: Inauguración de fotografía
y pintura.
Lugar: Vestíbulo principal.
Fecha: 1 de diciembre.
19:00 horas: Foro de Comunidad Lésbica.
Lugar: Mezanine, palcos.
Fecha: 4 de diciembre.
17:00 horas: Presentación del libro Violencia
intrafamiliar, un drama cotidiano; autora: Patricia Berumen.
Lugar: Zona C del restaurante Los Cristales.
Fecha: 9 de diciembre.
17 horas: Testimonio de Consuelo Oliva Tirado.
Lugar: Salón Legisladores.
Fecha: 10 de diciembre.
Evento: Develación de placa conmemorativa.
Hora: Pendiente.
Lugar: Pendiente.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión de trabajo con la Comisión Intersecretarial del Programa Paisano, que se llevará a cabo el martes 25 de noviembre, a las 15 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente
DE LA COMISION DE ECONOMIA
A la comparecencia del Lic. Fernando Canales Clariond, secretario de Economía, que se llevará a cabo el martes 25 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Dip. Manuel López Villarreal
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su séptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre, a las 10 horas, en el salón Libertadores.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE MARINA
A su reunión de trabajo con el C. Almirante secretario de Marina para tratar asuntos relativos a la Armada de México, que se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre, a las 11 horas, en el salón Protocolo.
Atentamente
Dip. Sebastián Calderón Centeno
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de trabajo donde comparecerá la Lic. Patricia Espinosa Torres, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, que se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre, a las 19 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y DE SEGURIDAD PUBLICA
A la comparecencia ante las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública del General Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República, que se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre, a partir de las 17 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos
Dip. Jorge Uscanga Escobar
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública
DE LA COMISION DE SALUD
Al foro El dolor y su tratamiento, que se realizará el miércoles 3 de diciembre, de las 9 a las 15 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente