Minutas de la Cámara de Senadores.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 93 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, tendrá lugar el jueves 20 de noviembre, a las 8:30 horas, en el patio poniente del Antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, sito en Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, delegación Cuauhtémoc.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 81 aniversario luctuoso del licenciado Ricardo Flores Magón, tendrá lugar el viernes 21 de noviembre, a las 10:00 horas, en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, delegación Miguel Hidalgo.
De los Congresos de Baja California y de Chihuahua.
De la Cámara de Senadores.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que remite copia de la contestación del jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)
Oficio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Con el que remite copia de la contestación del director en jefe de Aserca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite el "Informe de evaluación del desempeño del sector economía", correspondiente al periodo enero-octubre de 2003, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 68 y 69 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003. (Turno a Comisión)
Con el que remite copia de la contestación del jefe de la Unidad Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)
Con el que remite el informe correspondiente a la visita de Estado del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a Japón y a su participación en la XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), efectuada del 14 al 21 de octubre de 2003. (Turno a Comisión)
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Lidia Elizabeth Velasco y López, Zandra Luz González Reyes, David Navarrete Martínez y Mónica del Carmen Vázquez Fernández puedan prestar servicios en la Embajada de Alemania en México. (Turno a Comisión)
Iniciativas de ciudadanos diputados
De Ley de Fomento y Desarrollo Integral Sustentable de la Cafeticultura, a cargo del diputado Gustavo Moreno Ramos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones fiscales, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 1, 17 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo del diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de adicciones, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que adiciona una fracción al párrafo B del artículo 13 de la Ley General de Salud, que faculta las entidades federativas en materia de control sanitario de los alimentos no industrializados y servicios conexos destinados al mercado local, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de introducir proyectos de inversión multianuales en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Planeación, y de Información Estadística y Geográfica, para incorporar la perspectiva de género, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Minutas
Con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 87 de la Ley de Instituciones de Crédito. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. (Turno a Comisión)
Dictamen a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a las dependencias responsables del sector agrario a impulsar, en los términos de los artículos 89, fracción I, y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una reforma agraria integral que atienda el desarrollo de la propiedad social en México y asegure la participación de los ejidos y las comunidades en los programas de desarrollo rural, a cargo del diputado José Lamberto Díaz Nieblas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para hacer un llamado al gobernador de Michoacán a fin de que informe ampliamente al Congreso de dicho estado acerca de la incorporación de ciudadanos cubanos en los programas y las tareas del gobierno estatal, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, en relación con las radios comunitarias, a cargo de la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a determinar el riesgo real en que se encuentra la población infantil de Ciudad Juárez, Chihuahua, por la contaminación que se está presentando y emitir solución inmediata, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que se respete el acuerdo mediante el cual se establece el nuevo formato de comparecencias y se responda a los cuestionamientos realizados por los diputados de la presente Legislatura, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública a que, contra la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal para derogar los incisos g) y h) de la fracción primera del artículo segundo y el inciso f) de la fracción primera del artículo octavo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, se mantengan y continúen vigentes las actuales disposiciones consideradas en los artículos referidos, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas de los estados a cumplir su obligación constitucional de legislar en materia de responsabilidad patrimonial del estado, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que este honorable Pleno se pronuncie contra la aprobación del artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, impidiendo la aprobación de su fracción que pretende desincorporar el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para recomendar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que tome en cuenta los efectos fiscales y económicos que tendrían el decremento de 15 a 10 por ciento de la tasa del IVA y el incremento de las tasas del IEPS, con objeto de evitar el aumento del contrabando y la adulteración, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para integrar la comisión especial investigadora del IPAB, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales formen una comisión especial conjunta que verifique calidad del agua, volúmenes, instalaciones y funcionamiento de las estaciones hidrométricas de la cuenca Lerma-Chapala, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a informar sobre las acciones realizadas para contrarrestar los efectos que cause en nuestro país la entrada en vigor de la Ley contra el Bioterrorismo en Estados Unidos de América, a cargo del diputado Isidro Camarillo Zavala, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a que en el Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Obligación de Pago para Municipios y Organismos Operadores de Agua del estado de Hidalgo se conceda un término viable para cubrir los adeudos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de adecuar el marco competencial de la Comisión de Participación Ciudadana, a cargo del diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla y suscrita por integrantes de ésta. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne a la Comisión Nacional de las Zonas Aridas una partida presupuestaria superior a la del ejercicio fiscal de 2003, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, mediante el que sugiere incrementar el presupuesto asignado al desarrollo de la Red Centro-Crece en el Presupuesto para 2004, a cargo del diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que no se apruebe la desincorporación del Instituto Mexicano de Cinematografía, del Centro de Capacitación Cinematográfica y de los Estudios Churubusco Azteca, a cargo del diputado Javier Orozco Gómez y suscrita por integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 y subsecuentes una partida especial destinada a la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores para cubrir el traslado de los mexicanos fallecidos en el extranjero a sus comunidades de origen, a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público y a las coordinaciones de las unidades administrativas competentes de la Secretaría y del Servicio de Administración Tributaria a que retiren los retenes y volantes que instala la Policía Fiscal Federal en las operaciones realizadas en las carreteras del estado de Nuevo León, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2004 se consideren recursos para la ampliación del aeropuerto de Palenque, Chiapas, a cargo del diputado Jorge Baldemar Utrilla Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no desincorpore la Comisión Nacional de las Zonas Aridas del Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Efeméride
Sobre el aniversario de la declaración del Distrito
Federal como residencia de los Poderes de la Unión, decretada en
1824.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL JUEVES TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos setenta y cinco diputadas y diputados, a las diez horas con veintiún minutos del jueves trece de noviembre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo septuagésimo noveno aniversario de la expedición del decreto de creación del Distrito Federal. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Tlaxcala, con acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión, a que legisle a favor de la industria de productos cerámicos. Se turna a la Comisión de Economía.
Zacatecas, con acuerdo por el que solicita un mayor presupuesto para la Universidad Autónoma de esa entidad federativa. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficios de la Cámara de Senadores:
Uno, por el que devuelve la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para los efectos del inciso d) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Cinco, con puntos de acuerdo por los que: se solicitan mayores recursos a partidas presupuestarias en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, para la construcción de tramos carreteros y de centros hospitalarios; y se exhorta a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología, de Cultura, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público para que se asignen recursos suficientes al sector educativo. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y remítase copia a las comisiones exhortadas para su conocimiento.
Uno, con puntos de acuerdo en relación con el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se reforma el artículo cincuenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, que reforma y los artículos primero y uno - C y deroga el artículo segundo y el párrafo noveno de la fracción cuarta del artículo cuatro de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos dieciséis y cuarto transitorio de la Ley General de Educación. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y del Distrito Federal.
Que reforma el decreto por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del pentacentésimo aniversario del Encuentro de Dos Culturas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, del Partido Acción Nacional, para crear la Comisión Especial de Ganadería. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Pascual Sigala Páez, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, en relación con declaraciones contenidas en el libro del ex embajador de los Estados Unidos de América en México, Jeffrey Davidow, sobre México y su política exterior. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, para que la Auditoría Superior de la Federación, investigue el monto y destino de los recursos que se recuperan por sanciones económicas y penales a través de la Secretaría de la Función Pública. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Gema Isabel Martínez López, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con los derechos de las víctimas de delitos. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
José Luis Treviño Rodríguez, del Partido Acción Nacional, en relación con el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
María del Rosario Herrera Ascencio, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la liberación de ex policías señalados como autores materiales de los crímenes cometidos en Aguas Blancas, Guerrero. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, para aplicar en el municipio de Acapetahua, Chiapas, el programa para la erradicación de la mosca de fruta. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Convergencia, para fortalecer el presupuesto de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Alfonso Moreno Morán, del Partido Acción Nacional, en relación con el acuerdo migratorio de México con los Estados Unidos de América. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Bernardino Ramos Iturbide, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la liberación de cinco zapatistas presos en los estados de Tabasco y Querétaro. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, para convocar a un foro nacional para la Reforma del Estado. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la población que padece obesidad y diabetes mellitus. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Marco Antonio Gama Basarte, del Partido Acción Nacional, para exhortar a las legislaturas de los estados, a que integren comisiones permanentes para la atención de los asuntos relacionados con migrantes. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Javier Salinas Narváez, del Partido De la Revolución Democrática, para eliminar la partida destinada a los ex presidentes de la República del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales de dos mil cuatro y sucesivos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Eviel Pérez Magaña, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar la reubicación y el pago a las familias afectadas por la construcción de las presas Presidente Miguel Alemán y Presidente Miguel de la Madrid en el estado de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.
Alejandro Higuera Osuna, del Partido Acción Nacional, para solicitar la liberación de los recursos presupuestados del Programa de Acuacultura y Pesca. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Marcos Morales Torres, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el presupuesto del Instituto Politécnico Nacional para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Sergio Armando Chávez Dávalos, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la contaminación existente en los municipios de El Salto y Juanacatlán, Jalisco. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, de Desarrollo Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con recursos autogenerados en el Instituto Politécnico Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Pablo Anaya Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Poder Ejecutivo a que homologue el precio del diesel marino en beneficio de los armadores de buques de investigación oceanográfica universitaria respecto del precio que se otorga al sector agrícola. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Guillermo del Valle Reyes, del Partido Revolucionario Institucional, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al analizar la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, incluya los recursos necesarios para apoyar a las asociaciones civiles legalmente constituidas de los ingenios de Zacatepec y Oacalco del estado de Morelos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaría da cuenta de la solicitud de excitativa de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en relación con la minuta proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, recibida por la Cámara de Diputados el diez de diciembre de dos mil dos. La Presidencia formula la excitativa que corresponde.
La Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación.
En el capítulo de agenda política, comenta la elección de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Yucatán, la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional. Para el mismo tema se concede la palabra al diputado Alfredo Rodríguez y Pacheco, del Partido Acción Nacional. Desde su curul el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, solicita una moción de orden y la Presidencia hace las aclaraciones respectivas. Rectifican hechos o contestan alusiones personales los diputados: Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; José Orlando Pérez Moguel, del Partido Acción Nacional; Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; y Pablo Alejo López Núñez, del Partido Acción Nacional.
Habla en relación con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro el diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia.
En el capítulo de efemérides, se refieren al tricentésimo quincuagésimo segundo aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, los diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia; Alejandra Méndez Salorio, del Partido Verde Ecologista de México, quien entrega por escrito su intervención y el Presidente instruye su inserción en el Diario de los Debates; María Marcela González Salas y Petricioli, del Partido de la Revolución Democrática; Patricia Flores Fuentes, del Partido Acción Nacional; y Blanca Estela Gómez Carmona, del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría
da lectura al orden del día de la próxima sesión e
informa del registro final de cuatrocientos cincuenta y tres diputadas
y diputados. El Presidente clausura la sesión a las quince horas
con veinticuatro minutos, citando para la que tendrá lugar el martes
dieciocho de noviembre de dos mil tres, a las once horas.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del XCIII (93) aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el próximo jueves 20 de noviembre, a las 8:30 horas, en el patio poniente del Antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, sito en Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, delegación Cuauhtémoc.
Por tal motivo, me permito solicitarle muy atentamente que se sirva dictar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de la honorable Cámara de Diputados asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Dr. Enrique Semo Calev
Secretario
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la Ceremonia Cívica Conmemorativa del LXXXI (81) aniversario luctuoso del Lic. Ricardo Flores Magón, el próximo viernes 21 noviembre a las 10:00 horas, en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, Delegación Miguel Hidalgo.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante de esa Honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Dr. Enrique Semo Calev
Secretario
DEL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA
Dip. Juan de Dios Castro
Presidente de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión
Por medio del presente nos dirigimos muy respetuosamente a usted con el propósito de hacerle llegar copia íntegra del posicionamiento presentado por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias en sesión extraordinaria de la H. XVII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, celebrada el día 28 de octubre del año en curso, consistente en la reducción de la tasa del IVA para la creación de un impuesto local a las ventas.
Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos conducentes.
Agradezco de antemano la atención que se sirva otorgar al presente; aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y respeto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, a 29 de octubre de 2003.
Dip. Leopoldo Morán Díaz (rúbrica)
Presidente
Dip. Arturo Alvarado González (rúbrica)
Prosecretario
Dip. Leopoldo Morán Díaz
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Baja
California
Los suscritos, diputados coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional e integrantes de esta XVII Legislatura constitucional del estado de Baja California, venimos ante ustedes a exponer el presente posicionamiento en relación con la reducción de la tasa del IVA para la creación de un impuesto local a las ventas, al tenor de lo siguiente:
Como es de su conocimiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha propuesto, mediante un proyecto de reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, reducir la tasa del 15%, con el propósito de crear un impuesto general al consumo con una tasa del 2%, el cual será administrado integralmente por las entidades federativas; medida la cual nos parece plausible y acertada.
Por otra parte, manifestamos la necesidad de que en las entidades fronterizas se disminuya también la tasa del 10% al 7% u 8%, a fin de poder utilizar el nuevo gravamen del 2%, ya que de otra forma resultaría inviable y se estaría en desventaja con los estados del interior, donde sí les resultaría factible aplicar este impuesto, dado que la tasa total quedará menor que la actual.
En caso de no darse la disminución sugerida, se originaría la problemática siguiente:
2. Esta medida también desalentaría a los comerciantes que desarrollan sus actividades en el estado, sobre todo en lo referente al ramo del vestido, enseres domésticos, aparatos eléctricos, etcétera; así como en lo que corresponde al sector de servicios, tanto del ramo turístico como talleres de reparaciones, entre otros.
3. Por otra parte, la afluencia turística también se vería disminuida ante el aumento global de la tasa superior al 10%, ya que dichos gravámenes, tanto el federal como el estatal, incidirán mayormente sobre los bienes y servicios, inherentes al ramo turístico.
Dado en el Salón de Sesiones Benito Juárez García, a los 28 días del mes de octubre de 2003.
Diputados: Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica),
coordinadora del grupo parlamentario del PAN; Juan Manuel Salazar Castro
(rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PRI.
DEL CONGRESO DE CHIHUAHUA
Chihuahua, Chih., a 22 de octubre de 2003.
C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
México, DF
En cumplimiento del acuerdo número 764/03 I P.O., aprobado por la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, me permito remitirle el precitado acuerdo, en el que se solicita respetuosamente al H. Congreso de la Unión que se analice el contenido de los artículos 2-A, último párrafo, y 2-C, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para que, en su caso, se derogue el segundo párrafo del artículo 2-C, con el propósito de que los actos o actividades a que se aplica la tasa de 0 por ciento produzcan, en todos los casos, los mismos efectos legales que aquellos por los que deba pagarse el impuesto conforme a la ley que regula el impuesto.
Para los efectos correspondientes, me permito remitirle copia de la iniciativa y del dictamen que lo originan.
Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Lic. Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica)
Presidente del H. Congreso del Estado
La Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional,
Acuerda
Primero. La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua solicita respetuosamente al H. Congreso de la Unión que se analice el contenido de los artículos 2-A, último párrafo, y 2-C, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para que, en su caso, se derogue el segundo párrafo del artículo 2-C, con el propósito de que los actos o actividades a que se aplica la tasa de 0 por ciento produzcan, en todos los casos, los mismos efectos legales que aquellos por los que deba pagarse el impuesto conforme a la ley que regula el impuesto.
Segundo. Remítase copia del presente acuerdo, así como de la documentación que lo origina, al H. Congreso de la Unión, para los efectos correspondientes.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil tres.
Diputados: Manuel Guillermo Márquez Lizalde,
Presidente; Pedro Domínguez Alarcón, Jorge Arellanes Moreno,
secretarios (rúbricas).
DE LA CAMARA DE SENADORES
México, DF, a 11 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del Congreso del estado de Chihuahua acuerdo por el que solicita que se analice la posibilidad de destinar mayores recursos financieros para el ejercicio fiscal de 2004 que permitan una mejor prestación de los servicios que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en particular la delegación del Instituto en esa entidad.
La Presidencia dispuso que dicho acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
México, DF, a 30 de octubre de 2003.
C. Dip. Marcos Morales Torres
Secretario de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura
Presente
Hago referencia a su oficio número D.G.P.L. 59-II-0-19, de fecha 25 de septiembre del presente año, mediante el que comunica al licenciado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación, la aprobación de un punto de acuerdo por el cual se "exhorta al Ejecutivo, y específicamente a la Sagarpa, a otorgar apoyos con el fin de que el precio del diesel marino sea equivalente al precio del diesel agropecuario, como medida de respaldo e impulso del sector pesquero".
Sobre el particular, le comento lo siguiente:
El precio al público del diesel marino especial es igual al del Pemex Diesel (para uso automotriz). Para no afectar el sector pesquero y de acuacultura, en junio de 2001 se diseñó un mecanismo que permite a este sector adquirir parte del diesel marino especial mediante un documento expedido por Pemex Refinación.
Cabe señalar que ese mecanismo se acordó en su momento con la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola y con la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras.
El documento expedido por Pemex Refinación equivale al monto del IEPS que grava ese combustible. Dado que en su mayoría el sector pesquero y acuícola es productor formal (para ser inscrito en el padrón de beneficiarios debe proporcionar su clave del Registro Federal de Contribuyentes), no se incluyó el IVA en el apoyo, toda vez que pueden solicitar su devolución.
El precio del diesel varía mensualmente de acuerdo con la referencia internacional de este combustible y, como refleja los costos de transporte y logística en que incurre Pemex, es diferente para cada puerto.
De esa forma, una vez solicitada la devolución del IVA, el precio del diesel marino especial que recibe el sector pesquero es similar al que recibe su contraparte en Estados Unidos.
Por otra parte, el precio de estímulo para el diesel agropecuario es inferior en dos centavos de dólar al que reciben los productores agrícolas en Estados Unidos.
Conforme a la Ley de Energía para el Campo, este precio es único a escala nacional.
Así, esta Secretaría autorizó el precio de estímulo para el diesel de uso agropecuario conforme al precio del mes inmediato anterior del diesel automotriz en estación de servicio para la costa estadounidense del golfo de México, menos los impuestos federales y locales que se aplican en Estados Unidos ($0.48 dólares por galón), incluido el value added tax, y que se descuentan del precio al público al momento de la enajenación.
A diferencia del sector pesquero, el agropecuario está constituido en su mayoría por productores informales que, por tanto, no pueden solicitar la devolución del IVA.
Así, el precio del diesel para actividades agropecuarias es similar al que recibe un agricultor en Estados Unidos.
Igual que el precio del diesel marino, el del diesel para actividades agropecuarias varía mensualmente de acuerdo con su referencia internacional.
El precio del diesel marino especial y el del diesel agropecuario no son iguales, debido a que este último no toma en cuenta las diferencias topográficas, de infraestructura y de distribución que hay entre México y Estados Unidos (mayores costos de transporte en México).
Homologar los precios de esos combustibles mediante una reducción del precio del diesel marino especial otorgaría un doble beneficio al sector pesquero, que gozaría del mismo precio que el agropecuario pero, además, podría solicitar la devolución del IVA.
Le envío un cordial saludo.
Atentamente
Valentín Villa Blanco (rúbrica)
Jefe de la Unidad
DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, CON EL QUE REMITE COPIA DE LA CONTESTACION DEL DIRECTOR EN JEFE DE ASERCA, ORGANISMO DE ESA DEPENDENCIA, A PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS
México, DF, a 21 de octubre de 2003.
Diputada Amalín Yabur Elías y Diputado
Marcos Morales Torres
Secretarios de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura
H. Cámara de Diputados
Presentes
En atención a su oficio número D.G.P.L. 59-II-0-5, donde se nos hacen algunos planteamientos sobre la comercialización de frijol, les comento:
Subsidios del frijol en México. La pasada Legislatura (la LVIII), con apoyo de esta Secretaría, autorizó en 2001 el Fondo de Apoyo Especial a la Inversión de Frijol por 560 millones de pesos, como un presupuesto por única vez para ese concepto. El 31 de enero de 2001, esta Secretaría publicó las Reglas de Operación del Fondo. Los recursos se distribuyeron entre los ocho principales estados productores de frijol (Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas), así negociado con esa Legislatura. Al 30 de junio existía un saldo sin ejercer por 170.16 millones de pesos. La mayor parte de los recursos ha sido a fondo perdido (complementos de crédito y garantías líquidas), cuando originalmente se consideraba como un fondo con recuperaciones y que funcionaría como capital semilla para el desarrollo de los productores. El uso político de los recursos ha impedido cristalizar la buena idea de esa Legislatura.
Política gubernamental. Los apoyos y la promoción de la comercialización dan un incentivo a los productores para mejorar su ingreso o los mantiene competitivos frente a presiones del exterior. Los apoyos deben funcionar para mejorar el funcionamiento de los mercados, entre las cuales están mejorar los canales de distribución, disminuir los costos de transacción y protegerse de políticas proteccionistas de otros países. En apoyo del proceso, la Federación debe permanecer como el que emite las normas en la entrega de ese tipo de apoyos. Las características operativas y los montos deben ser consensuados con los estados.
Precio objetivo del frijol. Como ustedes explican en su punto de acuerdo, no hay un mercado que descubra el precio a que debe venderse la cosecha. El esquema de apoyos mediante ingreso objetivo requiere una referencia para establecerlo. En un esfuerzo por lograrlo, se convocó a organizaciones de productores y a gobiernos estatales para diseñar una nueva estrategia a fin de atender coordinadamente la problemática del frijol. Fruto de ese encuentro, se instauró un programa de comercialización para los estados de Durango y de Zacatecas, dado a conocer en conferencia de prensa el 3 de octubre, que se pretende hacer con el resto de los estados. En él se da un precio de referencia con normas de calidad que deben cumplirse para su obtención. El esquema ya opera en ambos estados.
Reserva estratégica. Como lo comentamos el 13 de octubre pasado en la comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Agricultura, el proyecto de crear una reserva estratégica de frijol requiere un trabajo coordinado de diputados, instituciones y organizaciones de productores para dejar establecidos ampliamente los alcances del proyecto, así como los recursos para su operación. Para lo anterior, nos ponemos a sus órdenes a fin de integrarnos al grupo que al efecto se forme.
Atentamente
LLic. José Rodolfo Farías Arizpe (rúbrica)
Director en Jefe de Aserca
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE REMITE EL "INFORME DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR ECONOMIA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-OCTUBRE DE 2003, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 68 Y 69 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003
México, DF, a 14 de noviembre de 2003.
C. Dip. Francisco José Rojas Gutiérrez
Presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión
Presente
Se recibió en esta Secretaría el oficio número STPCE/1277/2003, fechado hoy y signado por el C. licenciado Adalberto Núñez Ramos, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, en el que solicita que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 68 y 69 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, se haga llegar el "Informe de evaluación del desempeño del sector economía", correspondiente al periodo enero-octubre de 2003.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente le acompaño copia del oficio de referencia, así como los anexos que en el mismo se mencionan, para los fines procedentes.
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 14 de noviembre de 2003.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
El Presupuesto de Egresos de la Federación vigente señala en los artículos 68 y 69 que las dependencias deberán enviar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a más tardar el 14 de noviembre de 2003, los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las entidades coordinadas, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño.
En tal virtud, por instrucciones del secretario de Economía, licenciado Fernando Canales Clariond, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, le envío un ejemplar del "Informe de evaluación del desempeño del sector economía", correspondiente al periodo enero-octubre de 2003, y le solicito atentamente su valiosa intervención con el fin de hacerlo llegar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Lo anterior, toda vez que, de conformidad con el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Gobernación conducir las relaciones del Poder Ejecutivo federal con los demás Poderes de la Unión.
Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.
Atentamente
Lic. Adalberto Núñez Ramos (rúbrica)
Secretario Técnico
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE REMITE COPIA DE LA CONTESTACION DEL JEFE DE LA UNIDAD DE POLITICA DE INGRESOS DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS
México, DF, a 7 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención a su oficio No. D.G.P.L 59-II-0-10 de fecha 23 de septiembre último, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 349-A-1252, signado por el C. CP Valentín Villa Blanco, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal a que expida y publique el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, presentado por el diputado José Mario Wong Pérez.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 4 de noviembre de 2003.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Hago referencia a su oficio No. SEL/300/2341/03 de fecha 24 de septiembre del presente año, mediante el que remite los puntos de acuerdo aprobados en sesión de fecha 23 de septiembre de 2003 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, comunicados por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de dicha Cámara. Al respecto, le comento lo siguiente;
- Ahora bien, la expedición y publicación del Reglamento de la LEC corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y esta Unidad ha emitido en diversas ocasiones comentarios al Proyecto de Reglamento en comento.
- De conformidad con la normatividad vigente, particularmente el artículo quinto de la LEC, señala que la SHCP, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en coordinación con la Sagarpa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), establecerá los precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional. En el caso específico de las tarifas eléctricas, se señala que también se observará lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Por lo tanto, consideramos que en el Reglamento de la LEC se podrán establecer los lineamientos para otorgar las cuotas energéticas, pero la fijación de los precios y tarifas no, pues ello es facultad indelegable de la SHCP.
- Además, debe señalarse que, de conformidad con la LEC, el 7 de enero y el 7 de julio de 2003 se estableció la tarifa agrícola con cargo fijo de 30 centavos por kilowatt/hora (tarifa 9-CU), así como los cargos que estarán vigentes hasta 2006. Asimismo, para dar cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo, el 8 de agosto de 2003 se estableció la tarifa nocturna con un cargo fijo de 15 centavos por kilowatt/hora.
- Es decir, en materia de tarifas eléctricas se ha dado cumplimiento a los compromisos del Gobierno Federal, no obstante que la Sagarpa no haya publicado aún el Reglamento de la LEC.
- Sobre la reestructuración de los adeudos, cabe señalar que es facultad de la Junta de Gobierno de la CFE aprobar los términos de la misma con base en el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Respecto al acuerdo segundo, referente a los cortes de energía eléctrica, corresponde al ámbito de competencia de la CFE.
Respecto al acuerdo tercero, referente a canalizar recursos extraordinarios al estado de Chihuahua para avanzar en el Programa de Uso Eficiente del Agua y Energía Eléctrica, corresponde al ámbito de competencia de la Subsecretaría de Egresos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
El Jefe de la Unidad
CP Valentín Villa Blanco
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE REMITE EL INFORME CORRESPONDIENTE A LA VISITA DE ESTADO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, VICENTE FOX QUESADA, A JAPON Y A SU PARTICIPACION EN LA XI REUNION DE LIDERES ECONOMICOS DEL MECANISMO DE COOPERACION ECONOMICA ASIA-PACIFICO (APEC), EFECTUADA DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2003
México, DF, a 10 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
El C. licenciado Juan Diego Jasso Farías, director general de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido al que suscribe mediante el oficio número DEP-2689/03, de fecha 4 del mes en curso, por el que solicita que se les haga llegar el informe correspondiente a la visita de Estado del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a Japón y a su participación en la XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, efectuada del 14 al 21 de octubre de 2003.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño los documentos de referencia, para los fines legales procedentes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Tlatelolco, DF, a 4 de noviembre de 2003.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le solicito que sea tan amable de ser el conducto para hacer llegar al Senado de la República y a la Cámara de Diputados el informe correspondiente a la visita de Estado del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a Japón y a su participación en la XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, efectuada del 14 al 21 de octubre de 2003.
Atentamente
Lic. Juan Diego Jasso Farías (rúbrica)
Director General
Tlatelolco, DF, a 4 de noviembre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envío el informe correspondiente a la visita de Estado del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a Japón y a su participación en la XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, efectuada del 14 al 21 de octubre de 2003.
Atentamente
Lic. Juan Diego Jasso Farías (rúbrica)
Director General
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE CIUDADANOS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE ALEMANIA EN MEXICO
México, DF, 7 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Lidia Elizabeth Velasco y López.
Puesto: Telefonista/recepcionista.
Lugar de trabajo: Embajada de Alemania en México.
Nombre: Zandra Luz González Reyes.
Puesto: Relaciones públicas de prensa.
Lugar de trabajo: Embajada de Alemania en México.
Nombre: David Navarrete Martínez.
Puesto: Jardinero.
Lugar de trabajo: Embajada de Alemania en México.
Nombre: Mónica del Carmen Vázquez
Fernández.
Puesto: Secretaria.
Lugar de trabajo: Embajada de Alemania en México.
Por lo anterior, me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, originales de los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de su identificación.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE DE LA CAFETICULTURA, A CARGO DEL DIPUTADO GUSTAVO MORENO RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los diputados y diputadas de las diferentes fracciones parlamentarias, integrantes de esta LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, a través del suscrito diputado Gustavo Moreno Ramos, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 39 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta H. Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con proyecto de decreto de Ley: Ley de Fomento y Desarrollo Integral Sustentable de la Cafeticultura Mexicana, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
En el campo mexicano viven muchos compatriotas en crisis generalizada, ésta se ha acentuado en la producción cafetalera, así el cafeticultor no tiene otra posibilidad que trabajar en condiciones desventajosas, en zonas consideradas como de alta marginación; producir y comercializar interna y externamente el café.
La cafeticultura tiene una gran importancia económica, social y ecológica, que tiene sus cimientos desde finales del siglo XVIII, en este momento, existen en México 400 mil productores que generan una producción de 500 millones de dólares, que en alguna época, llegó a ser el segundo generador de divisas del país, así mismo, de esta actividad dependen alrededor de tres millones de personas.
Las regiones cafetaleras se concentran en cuatro zonas: las vertientes del Golfo de México y del Océano Pacífico, la zona Centro-Norte y la del Soconusco en Chiapas, en el sureste mexicano, que en conjunto abarcan 398 municipios en los 12 estados productores, el 90 por ciento de los productores posee entre 1 y 10 hectáreas de tierra y gran parte de las comunidades indígenas de los estados productores, se dedica a esa actividad agrícola.
Su importancia ecológica reside en la gran cantidad de bióxido de carbono que captura una hectárea cultivada de café de sombra, asimismo, tiene importancia cultural porque la tecnología tradicional, que conservan las comunidades dedicadas al cultivo del café, se ha heredado de padres a hijos. Siendo esta cultura patrimonio de los pueblos mesoamericanos, es obligación del Estado y pueblo mexicano conservarla, para mejorar la calidad y crear una verdadera cultura del café.
Actualmente el mercado del café enfrenta una de las peores crisis en su historia, tanto por los bajos precios a nivel internacional, con poco o ningún apoyo económico ni técnico, por lo que México tiene uno de los niveles de productividad más bajo en comparación con otros países de Centroamérica; por las condiciones de los precios internacionales y por la débil estructura nacional de su oferta y demanda, y los bajos rendimientos por hectárea que caracteriza a la cafeticultura mexicana.
Los principales problemas económicos que afectan al sector cafetalero desde finales de los años ochenta, cuando varios elementos de orden interno y externo se conjugaron para dar lugar a una de las peores crisis, lo que impulsó al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, para buscar mecanismos que permitieran resarcir la economía de los productores, por lo que se instituyó el Fondo de Estabilización del Café, que tiene como propósito fundamental coadyuvar en la estabilización y fortalecimiento del sector cafetalero nacional, mediante la entrega de recursos económicos que permitan de una manera sostenible responder a las demandas de apoyo de los productores compensando sus ingresos; pero esta previsión debe ser permanentemente contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En la determinación del precio del café, los productores son actores pasivos que por falta de un ente encargado de conciliar el precio entre la oferta y la demanda, tienen que vender a como les compran, o en su caso, tirar su producción.
Por otra parte, la indiferencia de las autoridades fitosanitarias y de los particulares, han provocado que el campo este infectado de plagas como la broca del café y la roya del cafeto, y en algunos casos no se respetan los grados de maduración del fruto, lo que trae aparejado el deterioro de la calidad del producto, con el consiguiente y evidente descrédito del café mexicano en el mercado internacional.
En los países denominados desarrollados, han encontrado en los subsidios y apoyos una forma viable y efectiva de proteger a su sector agropecuario, debemos retomar sus experiencias y actitudes y ver en los subsidios y apoyos, con un manejo claro y transparente, la posibilidad de apoyar a nuestros productores, industriales, comerciantes, comerciantes, torrefactores y exportadores que hacen posible que el café se venda y represente un ingreso de divisas para el país.
Con la entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se abre una esperanza para el sector agropecuario, ya que esta Ley establece la planeación y la organización de la producción agropecuaria y el desarrollo rural sustentable para el campo, que incluye la planeación y la organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, como una forma de elevar la calidad de vida de la población rural.
Necesitamos nuevos instrumentos legales que regulen esta actividad, iniciada en 1949 cuando se creó la Comisión del Café; y en 1958, el Instituto Mexicano del Café, éste desapareció en 1993, dando lugar al abandono del sector.
En la actualidad, la instancia relacionada con la cafeticultura nacional, es el Consejo Mexicano del Café, Asociación Civil, constituida formalmente el 28 de junio de 1993, misma que ha tenido una actuación meramente propositiva ya que su acción directa sobre los procesos de producción, beneficiado y exportación es mínima.
El H. Congreso de la Unión creó el Fondo de Estabilización de Precios del Café, que consiste en proporcionar por cada cinco arrobas 20 dólares. El Consejo Mexicano del Café ha iniciado el padrón y la distribución de este crédito, que tenía a principios del presente año un avance aproximado del 70 por ciento.
En el marco de un Programa Integral de Fomento y Desarrollo de la Cafeticultura, deben preverse además de apoyos, tecnologías, producción y comercialización, aspectos tales como la preparación de técnicos y profesionistas en esta rama.
Ante esta situación, es indispensable contar con una entidad que participe de manera activa en la formulación de programas y estrategias gubernamentales y que sea operadora de la política cafetalera nacional, que realice acciones y gestiones, que redunden en el desarrollo y elevación de vida de estos tan importantes actores del sector agrícola mexicano.
La política gubernamental no debe estar basada exclusivamente en subsidios, debe ser integral, capacitar a los productores del café, motivarlos para que no abandonen sus tierras y crear una infraestructura de promoción y desarrollo.
El Estado debe propiciar los medios para la incorporación de los hombres del campo a los servicios educativos y de salud en las zonas de mayor marginación.
Subrayamos, es necesaria una política de Estado de corto, mediano y largo plazos, lo que solamente pueden hacer una legislación que la defina y un órgano de Estado que la ejecute permanente y profesionalmente.
Por lo anterior, se hace indispensable una Ley de Fomento Integral y Sustentable de la Cafeticultura, con un organismo rector de las estrategias, proyectos y acciones que tiendan a incrementar la productividad y participación de los productores en el valor agregado, para mejorar el empleo, el ingreso y las condiciones sociales y económicas de las familias productoras del café.
La iniciativa que se presenta considera los esfuerzos y experiencias de los productores y comercializadores nacionales y de otros países, se consideró el marco legal vigente; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Ley de Desarrollo Rural Sustentable; Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado; Ley de Capitalización de PROCAMPO; asimismo recoge en lo general lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que contempla al café como un producto básico y estratégico.
El establecimiento del Consejo Nacional del Café como un organismo descentralizado con personalidad y patrimonio propio y con una organización adecuada a la cafeticultura, que norme y corrija los efectos adversos de las imperfecciones del mercado, orientado a mejorar el ingreso y las condiciones de vida de quienes cultivan con esmero y con sabiduría centenaria el café.
Para el cumplimiento de sus propósitos, la Iniciativa de Ley de Fomento y Desarrollo Integral Sustentable de la Cafeticultura Mexicana, que se propone a la consideración de está Asamblea, cuenta con la siguiente estructura:
En el Título Primero, Capítulo I. Se refiere a las disposiciones comunes y ámbito de aplicación, definiendo la naturaleza de la Ley, su objeto y sus sujetos. El Capítulo II. Del Fomento y Desarrollo de la Cafeticultura, contiene los objetivos de la política cafetalera, así como la consulta que para su formulación se realizo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Consejo Nacional del Café. El Capítulo III. Del Programa Integral para el Desarrollo de la Cafeticultura, contempla los principios básicos y sus prioridades. Capítulo IV. Del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento Cafetalero, contempla la obligación del Ejecutivo federal de preverlo en sus Iniciativas de Presupuesto de Egresos de la Federación. Este Fondo actuará bajo reglas claras y manejo transparente, ya que se sujetará a las disposiciones contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se limitará a aquellos que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Productores, Industrializadores, Comercializadores y Exportadores de café, cuya operación y permanente actualización compete al Consejo Nacional del Café.
En el Título Segundo, su Capítulo I. De la Producción y Venta de Café, contempla las características y obligaciones que deberán observarse en la venta de este producto. Se considera apropiado insertar este capítulo en virtud de que la Ley es de Fomento y Desarrollo y dejar vigente la Ley sobre producción y venta de café, presentar Iniciativa de una Ley específica en esta materia, podría conducirnos a la atomización de la legislación y que en virtud de su diversidad no sea de fácil acceso a quienes va dirigida.
En el Título Tercero, su Capítulo I. Describe la creación y funciones del organismo público denominado Consejo Nacional del Café, como un organismo descentralizado que actuará en nombre y representación del Gobierno Federal, en el diseño, establecimiento y ejecución de las políticas de los programas de la actividad cafetalera. En el Capítulo II se refiere a los órganos de gobierno del Consejo, particularmente se regula lo relativo a la Junta de Gobierno del Consejo, y sus facultades.
Por otra parte en el Capítulo III, se contemplan las formalidades previstas para la designación de los titulares de dicha Dependencia, cuyo Titular será nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, así como las funciones que realizará el Consejo. En el Capítulo IV trata todo lo referente a los aspectos patrimoniales del Consejo, que garantizará su supervivencia en el futuro.
El Título Cuarto, Capítulo I, habla de la Organización de los Productores, retoma el precepto contemplado en el artículo 9° Constitucional referente a la libre asociación y establece que los productores podrán constituir Organizaciones Nacionales Cafetaleras. Asimismo, hace referencia a las facultades para la libre asociación de productores que han sido contempladas en el Capítulo XIV de la nueva Ley del Desarrollo Rural Sustentable.
El Capítulo II. Del Registro Nacional de Productores, Industrializadores, Comercializadores y Exportadores de café define a éste como el mecanismo de organización y consulta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que será operado por el Consejo Nacional del Café, siendo éste un registro público. El Capítulo III, señala el establecimiento de los Centros de Acopio y su administración por parte de los productores.
El Título Quinto. En su Capítulo Primero se habla de las sanciones a que se harán acreedores las personas y funcionarios que incumplan las disposiciones contempladas en la presente ley y su reglamento.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados firmantes, integrantes de los diferentes grupos parlamentarios rogamos a usted señor Presidente considerar en la Gaceta Parlamentaria el contenido de esta Iniciativa con Propuesta de Ley y darle el Turno correspondiente por lo que presentamos la siguiente:
Iniciativa de Ley de Fomento y Desarrollo Integral Sustentable de la Cafeticultura
Título Primero
Capítulo I
Disposiciones Comunes y Ámbito de Aplicación
Artículo 1.- Esta ley es de orden público e interés social y sus disposiciones rigen en todo el territorio nacional y tiene por objeto normar, fomentar y desarrollar la producción, comercialización y consumo del café, mejorando el rendimiento, la calidad y procurar una justa distribución del ingreso cafetalero con criterios de competitividad técnica, factibilidad económica, desarrollo social y sustentabilidad.
Artículo 2.- Son sujetos de esta ley los productores de café, en cualquiera de las modalidades legales de tenencia de la tierra, los beneficiadores, los torrefactores, los industriales, los comercializadores y los exportadores de café. El carácter de los sujetos de esta ley se definirá en su reglamento correspondiente.
Artículo 3.- Las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación expedirán, en términos de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, lineamientos orientadas a procurar la sanidad de la planta del café, así como la calidad del producto.
Artículo 4.- Promover y fomentar a la cafeticultura a través de la capitalización del sector, el suministro de insumos de calidad nacional e internacional, la obtención de apoyos financieros, el fomento al consumo interno, el incremento de la participación del sector cafetalero en los mercados nacional e internacional, la regulación de las relaciones entre los agentes participantes en la cadena de producción, procesamiento, comercialización y consumo de café, tendientes a generar oportunidades equitativas en el mercado y un desarrollo integral del sector y de las regiones cafetaleras.
Artículo 5.-. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
Artículo 6.- La Sagarpa, al formular la política y los programas en materia cafetalera, escuchará previamente la opinión del Consejo que en términos de esta ley se define para llevar a cabo las políticas y los programas correspondientes.
Artículo 7.- La política cafetalera tendrá como objetivos:
II.- Defender los intereses del sector cafetalero en los entornos nacional e internacional, con base en los acuerdos derivados de convenios y tratados internacionales;
III.- Propiciar la coordinación de las entidades públicas de los tres ámbitos de gobierno con los sectores privado y social, así como con los organismos internacionales, para el desarrollo de la cafeticultura;
IV.- Promover la prestación de los servicios institucionales de fomento y desarrollo previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en especial la investigación, la asistencia técnica, la capitalización y la organización y creación de figuras asociativas de los sectores social y privado, en los términos de la legislación aplicable para el desarrollo de tecnologías de alta productividad y de las capacidades de los productores;
V.- Fomentar la construcción de infraestructura para el aprovechamiento del suelo y el agua, caminos de saca, el equipamiento de transporte, el procesamiento y la comercialización del café, con el fin de fortalecer la capitalización de los productores;
VI.- Proponer programas de financiamiento y estímulos para ser considerados en los ordenamientos presupuestales y fiscales correspondientes;
VII.- Promover la inversión de capitales de riesgo en el otorgamiento de créditos refaccionarios, prendarios y de avío y fomentar la formación de uniones crediticias especializadas;
VIII.- Llevar a cabo acciones que fomenten el consumo interno y promover, con base en la calidad, la aceptación y el reconocimiento nacional e internacional, del café mexicano;
IX.- Promover la canalización de estímulos y prestaciones para los cafeticultores, así como para sus trabajadores y las industrias del ramo, con objeto de garantizar la seguridad social y la estabilidad laboral;
X.- Fomentar el cultivo de sombra, el tratamiento de aguas residuales y la conservación del suelo, con base en lo dispuesto por las leyes en la materia;
XI.- Promover la realización de obras y servicios para el desarrollo social de las regiones y comunidades cafetaleras;
XII.-Promover la organización de productores para elevar la calidad de la cadena productiva cafetalera, con base en su capacitación adecuada, tendente a consolidar su oferta en el mercado; y
XIII.- Promover la industrialización del café en gran escala.
Artículo 9.- La política cafetalera, los programas, las acciones y las estrategias que se implementen estarán orientados a estimular prioritariamente a los que se esfuercen por obtener productos de mejor calidad y poder alcanzar así mejores ingresos para el productor cafetalero.
Artículo 10.- En el marco de los Tratados Internacionales, en la importación de café, los productores deberán observarse la certificación sobre reglas de origen.
Artículo 11.- La Sagarpa podrá coordinarse y celebrar convenios con la Secretaría de Educación Pública y con las entidades federativas, a efecto de incorporar en los programas de estudio de educación media y superior la cafeticultura, así como promover una cultura del café en todos los niveles de enseñanza.
Capítulo III
Del Programa Integral para el Desarrollo de la Cafeticultura
Del Fomento y Desarrollo de la Cafeticultura
Artículo 12.- En términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Planeación, el Consejo propondrá y, en su caso, será el encargado de aplicar el Programa Integral para el Desarrollo de la Cafeticultura, el cual estará basado en el diagnóstico integral actualizado del sector cafetalero y, en su propuesta de política, atenderá los objetivos, las prioridades, los mecanismos y los procedimientos adecuados para el desarrollo del sector cafetalero nacional, especialmente de los minifundistas y de las regiones marginadas.
Artículo 13.- El Programa Integral para el Desarrollo de la Cafeticultura deberá prever:
II.- Promover la celebración de convenios con la banca de desarrollo que permita a los productores acceder a prestamos preferenciales;
III.- La transferencia de tecnología de punta, así como formas de adquisición de maquinaria y equipo industrial tendentes a la adopción de nuevas y modernas tecnologías;
IV.- Mecanismos de participación eficiente de recursos humanos en el sector cafetalero, procurando la especialización, el incremento de la productividad y las formas de empleo complementarias para elevar el nivel y la calidad de vida; y
V. Establecer los mecanismos de organización del mercado del café para garantizar la libre competencia y concurrencia de los agentes de la cadena productiva.
II.- La integración de organizaciones minifundistas con base en superficie en cultivo obtenida para que puedan alcanzarse incrementos de productividad y volúmenes rentables;
III.- La exportación de productos con alto grado de integración nacional y con mayor valor agregado;
IV. -Fomentar el establecimiento de procesos productivos que no afecten el medio ambiente;
V.- La investigación y el desarrollo tecnológicos en toda la cadena productiva del café;
VI.- Los proyectos que propicien la capitalización del campo cafetalero;
VII.- Impulsar mecanismos de reordenamiento del mercado para garantizar la auténtica libre competencia y concurrencia de los agentes de las cadenas productiva y comercial; y
VIII.-Centros de acopio, certificación y comercialización, que mejoren el abasto y distribución, y que propicien la reducción de costos de almacén y transporte.
Capítulo IV
Del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento
y Reordenamiento de la Cafeticultura
Artículo 16.- El Ejecutivo federal deberá prever en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal correspondiente, y contemplarse en el decreto respectivo, la previsión necesaria que tendrá como objeto seguir operando el Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura.
Artículo 17.- Para ser beneficiario del Fondo, el productor de Café deberá encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Productores.
Artículo 18.- La Sagarpa, oyendo al Consejo, emitirá las Reglas de Operación del Fondo, en las cuales se especificará lineamientos para la entrega de los apoyos a los productores.
Artículo 19.- El Fondo será operado por el Consejo en los términos de las Reglas de Operación que al efecto emita la Secretaría. Será obligación del Consejo trasladar los recursos a los productores beneficiarios, para lo cual se celebrarán convenios de coordinación de los consejos estatales del Café, con la participación de la Sagarpa.
Artículo 20.- El Consejo, al operar el Fondo, actuará como agente técnico; y la Sagarpa, sin perjuicio de las facultades que las leyes confieren a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, será responsable de supervisar, controlar y dar seguimiento al Fondo.
Artículo 21.- Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura podrá incrementarse por las aportaciones que libremente realicen toda clase de entidades y personas físicas o morales, canalizados a una cuenta que determine la Sagarpa y el Consejo.
Artículo 22.- Los productores suscribirán una carta compromiso con el Consejo, en la que se señalará que, cuando el precio internacional de café se eleve por encima del límite establecido para recibir el apoyo del Fondo, el gobierno empezará a recuperar los recursos otorgados.
Capítulo V
De la Administración de los Fondos
Artículo 23.- El Consejo realizará las gestiones necesarias para constituir un fideicomiso que tendrá la función de administrar los recursos de los fondos para la realización de programas y proyectos específicos, apoyos y pagos a cafeticultores, de cualquiera de los sujetos previstos en esta ley, y demás establecidos en las leyes relativas a la materia.
Artículo 24.- En el fideicomiso a que se refiere el artículo anterior, los productores de café serán fideicomitentes y el Gobierno Federal fideicomisario, fungiendo la Sagarpa como Presidente del Comité Técnico, cuyos miembros serán establecidos en el reglamento correspondiente.
Artículo 25.- El Consejo señalará las instituciones de crédito en que el productor pueda tramitar el cobro de los apoyos, para lo cual deberá establecer los requisitos que cubrirán los productores.
Artículo 26.- El Consejo informará de manera trimestral a la Sagarpa acerca de los avances físicos y financiaros del programa en los formatos que se establezcan para el efecto.
Título Segundo
Capítulo I
De la Producción y Venta del Café
Artículo 27.- La elaboración y venta de café tostado, molido, extracto, soluble y todos los subproductos que se deriven del aromático serán normadas por esta ley y su reglamento, bajo la supervisión del Consejo Nacional del Café, al que se refiere en el artículo 31 de esta ley.
Artículo 28.- En apoyo de los agentes de la cadena productiva que lo requieran, se crea el Sistema Nacional de Certificación de Calidad de Café, que estará a cargo de entidades previamente autorizadas por la Secretaría de Economía.
Artículo 29.- El Consejo promoverá la organización del mercado interno del café y la concurrencia de los diferentes actores del proceso para generar cotizaciones que permitan la realización de transacciones mercantiles y el logro de mayor equidad en la distribución del ingreso cafetalero.
Artículo 30.- La Sagarpa expedirá en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, normas oficiales mexicanas y normas mexicanas tendientes a procurar la sanidad de la planta del café, así como la inocuidad y calidad de su producto.
Título Tercero
Consejo Nacional del Café
Capítulo I
De su Integración, Facultades y Funciones
Artículo 31.- Se crea el Consejo Nacional del Café como organismo descentralizado, con patrimonio propio y provisto de facultades legales para actuar, en nombre y representación del Gobierno Federal, en el diseño, el establecimiento y la ejecución de las políticas y los programas de la actividad cafetalera.
Artículo 32.- El Consejo es la instancia de consulta obligatoria para las dependencias del Gobierno Federal en materia de cafeticultura y contará con las siguientes funciones:
II.- Expedir en los términos de las leyes aplicables y de los convenios internacionales suscritos por México los certificados de origen y la documentación que se requiera para la exportación definitiva;
III.- Proponer a las dependencias del Ejecutivo federal la elaboración de proyectos y normas oficiales mexicanas y normas mexicanas relativas al café;
IV.- Administrar, reglamentar y mantener actualizados permanentemente los registros nacionales de Productores, Industrializadores, Comercializadores y Exportadores de Café;
V.- Opinar sobre los programas anuales que en materia de importación del café presente la Secretaría de Economía;
VI.- La organización del mercado interno del café y la concurrencia del productor al exterior se realizarán a través de un Sistema Nacional de Certificación de Calidad de Café que facilite las cotizaciones de producto, a fin de lograr la equidad en la distribución del ingreso cafetalero;
VII.- Participar con la diversas secretarías del Gobierno Federal en todo lo que en el ámbito de su competencia tenga relación con la cafeticultura;
VIII.- Promover el suministro de insumos de alta calidad; entre otros: material vegetativo, fertilizantes y agroquímicos para el control de plagas y de enfermedades;
IX.- Proponer a la Sagarpa los programas, las estrategias y los proyectos mediante los cuales se diseñen, ejecuten y promuevan los incentivos para el fomento y desarrollo de la cafeticultura;
X.- Fomentar por la vía de las entidades públicas responsables la tecnificación del cultivo del café, mediante la reproducción de semillas mejoradas; la introducción de nuevas técnicas de plantación de cultivos y de conservación de suelos; la difusión de prácticas de fertilización que mejoren los rendimientos de las plantas y ayuden a conservar el ambiente; y la difusión de los métodos de control de malezas, de plagas y de enfermedades;
XI.- A través de entidades públicas y privadas, promover las investigaciones científicas conducentes a mejorar y enriquecer el material genético y a obtener nuevas variedades compatibles con la ecología y las necesidades de la realidad rural;
XII.- Alentar la introducción y el uso de equipos modernos para el procesamiento del café, más adecuados para el desarrollo del sector;
XIII.- Convenir con los productores los elementos de cuantificación de los costos que permitan establecer un precio anual de referencia para operar el Fondo;
XIV.- Fomentar la operación de instancias públicas y privadas que tengan por objeto proveer asistencia técnica a los productores de café;
XV.- Promover y supervisar la elaboración y venta de café en todas sus presentaciones, para asegurar la calidad del producto; y
XVI.- Las demás que le confieran esta ley y el Reglamento Interno del propio Consejo.
II.- De apoyo internacional, proporcionando asesoría en materia de administración de riesgos de mercado del café, seguimiento de inventarios y recopilación de estadísticas de fondos de apoyos internacionales; y
III.- Servicios de información, apoyo, estudios sobre el desempeño de la cafeticultura, su impacto en la economía, políticas y estrategias sobre competitividad y consumo en los mercados nacional e internacional.
Artículo 34.- El órgano máximo de la dirección del Consejo será la Junta de Gobierno, la cual estará integrada por:
II.- Los representantes de los gobiernos de las entidades federativas productoras de café, que serán preferentemente los secretarios de Agricultura o sus equivalentes;
III.- Por cada miembro propietario de los gobiernos de los estados deberá nombrarse un suplente que deberá tener el cargo de Subsecretario o su homólogo.
IV.- Cuatro representantes de las organizaciones nacionales de productores de café, que serán electos de acuerdo con el reglamento respectivo;
V.- Dos representantes de los comercializadores y exportadores; y
VI.- Dos representantes de los industrializadores y de los torrefactores.
Artículo 36.- El titular del Consejo fungirá como secretario técnico y acudirá a las sesiones sin derecho a voto.
Artículo 37.- Los acuerdos de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente contará con voto de calidad.
Artículo 38.- El Consejo contará con un órgano de vigilancia, el cual estará integrado por un comisario propietario y un suplente, designados en los términos de la ley de la materia.
Artículo 39.- El Consejo se auxiliará para el ejercicio de sus atribuciones de los consejos estatales de Café, para lo cual se celebrarán los convenios respectivos.
Artículo 40.- Los trabajadores que presten servicios al Consejo se regirán por lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su ley reglamentaria.
Artículo 41.- El domicilio del Consejo será la Ciudad de México, sin menoscabo de que pueda establecer representaciones en el interior de la República o el extranjero.
Artículo 42.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:
II.- Aprobar los procedimientos y mecanismos de administración;
III.- Revisar y aprobar el proyecto de presupuesto de egresos anual del Consejo y someterlo para efecto de su incorporación en la iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables;
IV.- Supervisar que la aplicación de los recursos que se destinen al fomento de la producción y comercialización del café cumpla los propósitos que originaron su autorización;
V.- Aprobar la fijación de sueldos y prestaciones del personal que integra el Consejo, en términos de su reglamento y de las disposiciones aplicables;
VI.- Aprobar la estructura administrativa, en los términos de las disposiciones aplicables y del presupuesto aprobado;
VII.- Constituirse en órgano de consulta y promoción ante las autoridades competentes en materia de comercio exterior, aranceles, sujeción a convenios y tratados internacionales, a fin de coadyuvar al reordenamiento del mercado;
VIII.- Establecer normas y procedimientos para la sujeción del comercio exterior del café, de conformidad con los acuerdos que se deriven de convenios y tratados internacionales;
IX.- Representar los intereses de la cafeticultura en los diversos foros nacionales e internacionales;
X.- Autorizar los programas anuales detallados de apoyo financiero a los productores de café para ejercer los distintos fondos de fomento de la cafeticultura;
XI.- Supervisar la aplicación de los recursos que destinen los gobiernos federal y estatales al fomento de la producción y comercialización del café;
XI.- Determinar las políticas, bases y reglas para la administración, uso, conservación y transmisión de todos los bienes que conformen el patrimonio del Consejo de acuerdo a la normatividad correspondiente; y
XII.- Aprobar la constitución de representaciones y delegaciones regionales, en términos de las disposiciones aplicables.
Capítulo III
De su Titular y Funciones
Artículo 44.- El titular del Consejo será nombrado por el Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa, y deberá reunir los requisitos que señala la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Artículo 45.- La Sagarpa recibirá propuestas de la Junta de Gobierno del Consejo, para elegir al titular del Consejo, en las que se señalen la experiencia, el perfil, las contribuciones a la cafeticultura nacional y los merecimientos de sus candidatos, los cuales serán puestos a consideración del Presidente de la República.
Artículo 46.- Son atribuciones del titular del Consejo:
II.- Proponer a la Junta de Gobierno el Programa Operativo Anual del Consejo y el proyecto de presupuesto;
III.- Informar a la Junta de Gobierno de los avances y verificación del Padrón Nacional Cafetalero;
IV.- Presentar el informe trimestral de actividades, incluido un capítulo financiero, de acuerdo con los requerimientos dictados por la Junta de Gobierno;
V.- Informar a la Junta de Gobierno de las operaciones del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento; y Reordenamiento de la Cafeticultura;
VI.- Presentar denuncias y querellas en asuntos de orden civil y penal y, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, otorgar perdón y pactar convenios para la resolución de controversias judiciales;
VII.- Someter a la consideración de la Junta de Gobierno los convenios celebrados con las dependencias y las entidades del Ejecutivo federal, así como con los gobiernos estatales y los municipales, en beneficio de la cafeticultura;
VIII. Expedir los nombramientos del personal de confianza y reconocer los derechos laborales de los trabajadores de base y de confianza que sean transferidos de otras dependencias; y
IX. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno y los demás que ésta determine.
Artículo 47.- El patrimonio del Consejo se formará con:
II.- Las aportaciones y los subsidios otorgados por los gobiernos federal, estatales y municipales, considerados en los presupuestos de egresos correspondientes;
III.- Las propiedades y posesiones, obras, servicios, derechos y obligaciones que para su debido funcionamiento le transfieran los gobiernos federal, estatales y municipales, o cualquier otra entidad pública o privada nacional o internacional;
IV.- Los fondos obtenidos para el financiamiento de programas
específicos;
V.- Los recursos que obtenga de las operaciones, actividades
o eventos que realice;
VI.- Las acciones, derechos o productos que adquiera
por cualquier otro acto lícito o título legal;
VII.- La donación y los legados que se hagan al
Consejo para beneficio de la cafeticultura; y
VIII.- En general, los demás bienes, derechos
y aprovechamientos que por cualquier medio le sean destinados.
Capítulo I
De la Organización de Productores
Artículo 48.- El Consejo promoverá y apoyara la integración y operación de la asociación y organización de los cafeticultores de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Artículo 49.- Promover la organización de productores estatales, regionales o nacionales y la creación de figuras asociativas de los sectores social y privado considerados en las leyes de la materia.
Artículo 50.- La organización de productores estatales, regionales o nacionales tendrá como objetivos fundamentales:
II.- La obtención de mejores precios para participar equitativamente en la distribución del ingreso cafetalero;
III.- Uso adecuado de los servicios institucionales de fomento y desarrollo previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
IV.- Integración y consolidación de las organizaciones de productores cafetaleros como sujetos de crédito;
V.- Capacitación de los productores para el uso de tecnologías de alta productividad, conservación de los sistemas y avances en la incorporación de valor agregado a su producto;
VI.- Transformar al productor de café en beneficiario de los sistemas educativo, de salud y de seguridad social; y
VII.- Los productores asociados, cumplirán con las normas oficiales mexicanas e internacionales, en términos de lo dispuesto por la presente Ley.
Artículo 51.- El Registro Nacional del café es el mecanismo de organización y consulta operado por el Consejo, quien expedirá los lineamientos de operación del Registro Nacional, y contará con la información de productores, industrializadores, comercializadores y exportadores de café.
Artículo 52.-. El productor de café deberá encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Productores, Industrializadores, Comercializadores y Exportadores de café, para tener derecho a recibir los servicios, los estímulos y apoyos que preste u otorgue el Consejo previstos en está ley.
Capítulo III
Del Establecimiento de los Centros de Acopio
Artículo 53.- El Consejo promoverá un sistema general de acopio, certificación y comercialización de café para apoyar a los cafeticultores en la comercialización del café.
Artículo 54.- El Consejo promoverá el establecimiento de centros de acopio, certificación y comercialización en las regiones cafetaleras, que se encarguen de la operación de entrega-recepción en la compra-venta de café, los cuales serán manejados por los propios productores en coordinación con la Sagarpa y el Consejo, para ello el Consejo expedirá las reglas de organización y operación de los centros previstos en este artículo.
Título Quinto
Capítulo I
De las Sanciones
Artículo 55.- El servidor público o persona que infrinja, auxilie, encubra o aconseje a cualquier individuo a violar las disposiciones de esta Ley y su Reglamento en materia que no constituya delito, será sancionado en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Transitorios
Primero.- Esta ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Los programas y recursos que para su operación actualmente administra el Consejo Mexicano del Café, AC, así como otros bienes y recursos que le hayan sido asignados de origen federal, pasarán a formar parte del patrimonio del Consejo Nacional del Café.
Tercero.- El titular de la Sagarpa, en un plazo no mayor de 45 días, contados a partir de la publicación de esta ley, publicará en este mismo medio y en dos periódicos de circulación nacional la convocatoria para la elección de los integrantes de la Junta de Gobierno. Para efectos de este artículo transitorio, serán convocados los gobiernos de los estados productores de café.
Cuarto.- El Consejo, en un plazo no mayor de seis meses, contados a partir de la publicación de esta ley, expedirá su Reglamento Interno.
Quinto.- En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004 y subsecuentes se considerarán los recursos presupuestales para la aplicación de los preceptos de la presente ley.
Sexto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de noviembre de 2003.
Dip. Gustavo Moreno Ramos (rúbrica)
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE: PROTECCION Y DEFENSA A USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, Y GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, A CARGO DEL DIPUTADO HELIODORO DIAZ ESCARRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, diputado de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; adiciona, con un artículo, el Capítulo I del Título Quinto de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; y deroga la Fracción I del artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Exposición de Motivos
Conforme al artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión está facultado para legislar sobre intermediación y servicios financieros.
En ejercicio de esa facultad, el Congreso de la Unión, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1999, creó la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
Al amparo de ese ordenamiento, el 19 de abril de 1999, fue constituida la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), cuyos fines principales han sido el promover la cultura financiera entre la población, defender los legítimos intereses de los usuarios de los servicios que prestan las instituciones financieras y proveer la equidad de las relaciones contractuales entre estos.
A lo largo de estos últimos cuatro años y medio, la Condusef ha venido, gradual pero consistentemente, posicionándose en el ánimo social, por lo que el desarrollo de sus actividades ha sido creciente, principalmente en lo que refiere a la atención de consultas de usuarios y al desahogo del procedimiento de conciliación establecido por el Título Quinto de la ley citada.
A la aceptación que ese organismo descentralizado de la administración pública federal ha tenido entre la sociedad mexicana, han contribuido las reformas, adiciones y derogaciones decretadas por el Congreso de la Unión a diversas disposiciones de las Leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Federal de Instituciones de Fianzas y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en vigor desde el 6 de enero de 2000, que lo fortalecieron.
Estas reformas, entre otros aspectos, permitieron la homologación de los procedimientos de conciliación; anteriormente diferentes según el tipo de institución financiera reclamada y la norma sustantiva a estas aplicable; en uno solo, claro y expedito, como instrumento eficaz para prevenir el conflicto y evitar la polarización entre las partes.
Así, la sencillez del procedimiento de conciliación entre usuarios e instituciones financieras ha permitido que, de manera pronta, gratuita y eficaz, se solucionen miles de problemas de particulares, atajando al mismo tiempo cientos de eventuales juicios.
Con ello se ha beneficiado no solo a los usuarios e instituciones financieras involucrados, sino, en justa medida, a la economía del país y a los sistemas de impartición de justicia locales y federales, dada la jurisdicción concurrente en la materia, que se han visto liberados de potenciales ingresos de nuevos asuntos.
En esa virtud, por sus ventajas evidentes como instrumento alternativo de solución de conflictos, resulta conveniente y recomendable auspiciar el desarrollo del procedimiento de conciliación previsto por los artículos 60 a 72 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
La forma mas adecuada de fomentar la conciliación en materia financiera, y de esa manera proteger en un mayor número de asuntos los derechos de los usuarios de servicios financieros, disminuir costos de operación a las instituciones financieras, generar confianza y desarrollo equilibrado en el sistema financiero y atajar conflictos judiciales, es dar el paso hacia su obligatoriedad. Es decir, dar al procedimiento conciliatorio a cargo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el carácter de requisito de procedibilidad para los juicios en que la demandada sea una institución de las reconocidas como financieras por el artículo 2º. fracción IV de ley citada en el párrafo anterior.
Retomar y extender hacia todos los usuarios de servicios financieros y hacia todas las instituciones financieras, la añeja tradición que en ese sentido ha privado en el derecho procedimental de seguros en nuestro país, establecida expresa y específicamente, hasta la fecha, en el contenido de la actual fracción I del artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que, en su caso, se derogaría, al generalizarse.
Hacer obligatoria la tramitación del procedimiento conciliatorio en materia financiera, además de las ventajas enunciadas, traería consigo, parafraseando a Jesús Zamora-Pierce, en su texto Derecho Procesal Mercantil:
B) Proporcionar a las partes un amigable componedor con conocimientos sobre la materia y con facultades de autoridad para ordenar el registro de pasivos contingentes o la constitución e inversión de reservas técnicas específicas para obligaciones pendientes de cumplir, como garantía para los intereses del usuario, y
C) Posibilitar la generalización del dictamen técnico, como instrumento de opinión jurídica de la autoridad, de utilidad para el usuario, o el acuerdo administrativo de negativa del dictamen técnico, de utilidad para la institución financiera, según la Comisión considere la procedencia o la improcedencia de lo reclamado, como elemento para ser tomado en cuenta por los tribunales en los juicios respectivos.
Artículo Primero.- Se reforma el primer párrafo del Artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa a Usuario de Servicios Financieros para quedar como sigue:
Artículo 68.- La Comisión Nacional, deberá agotar el procedimiento de conciliación, conforme a las siguientes reglas:
Artículo Segundo.- Se adiciona la Ley
de Protección y Defensa a Usuario de Servicios Financieros con un
artículo, que será el 68 Bis, para quedar como sigue:
Artículo 68 Bis.- En materia jurisdiccional, los tribunales no darán entrada a demanda alguna contra una institución financiera, si el actor en ella no afirma bajo protesta de decir verdad, que ante la Comisión Nacional se agotó el procedimiento de conciliación establecido en este Capítulo.
En cualquier momento en que aparezca que no se agotó el procedimiento de conciliación, deberá sobreseerse la instancia e imponer al actor las costas originadas por el procedimiento.
La omisión del procedimiento de conciliación
en vía administrativa constituye, además, una excepción
que puede interponerse por la institución financiera demandada.
Artículo Tercero.- Se deroga la fracción I del artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Transitorios
Artículo Unico.- El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a 18 de noviembre de 2003.
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica)
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ADICCIONES, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
En mi carácter de diputada federal perteneciente a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa. Al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Quiero iniciar esta presentación, haciendo referencia a la experiencia de otros países en el tratamiento integral de la prevención contra las adicciones, para ello considero pertinente hacer mención del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes creado en 1990 por parte del gobierno chileno, cuya misión era implementar las políticas públicas en torno al problema de las drogas y prevenir el consumo y tráfico de sustancias ilícitas, las que utilizan sus redes sociales para coordinar y ejecutar programas de prevención del consumo de drogas, tratar su uso abusivo e informar a la ciudadanía sobre los alcances del fenómeno; otro caso en Latinoamérica es el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, institución gubernamental encargada de enfrentar el fenómeno de la drogadicción y el alcoholismo en Costa Rica, quien a través de programas integrales busca la prevención y el combate contra las adicciones.
En México se crea el Consejo Nacional contra las Adicciones por decreto presidencial el 7 de agosto de 1986 y su objetivo era establecer un marco normativo, y lograr la integración y congruencia de los esfuerzos de distintos sectores a través de los programas nacionales contra el alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia.
Este consejo considera que el uso y abuso de sustancias que generan adicción es un asunto de salud pública, además de remarcar el grave impacto social que conllevan las adicciones siendo estos: "Además de los aspectos negativos inherentes al estilo de vida, se deben agregar la violencia, los accidentes, los trastornos de salud mental, el ausentismo en el ámbito laboral, así como el alto costo que implica para los servicios de salud el tratamiento y la rehabilitación".
Entre los productos cuyo uso genera adicción encontramos los opioides como la morfina; los psico-estimulantes como la cocaína y las anfetaminas, la marihuana, los inhalantes, la nicotina y el tabaco; los depresores del sistema nervioso central como es el alcohol etílico entre otros.
El uso y abuso de los productos y sustancias que generan adicción, es sumamente preocupante sobre todo lo que tiene que ver con la edad del primer contacto a estos, los datos revelan que el rango se encuentra entre los 12 a los 15 años de edad. De ahí la preocupación que expreso el día de hoy, en torno a los avances de los programas encaminados a la prevención de las adicciones, los que son prometedores, pero se encuentra básicamente en los inicios, orientados a la prevención primaria, es decir: se destina a evitar el inicio del consumo de drogas, así como a reducir el uso experimental y o los consumos que no propiamente son adictivos pero que ponen en peligro a los grupos más indefensos, como son los niños y los adolescentes. Reconociendo que este tipo de prevención es la más importante pues pretende evitar el inicio del consumo de drogas.
La Encuesta Nacional de Adicciones de 1998 indica que el 5.3% de la población entre 12 y 65 años de edad, residente en localidades urbanas (2.5 millones de mexicanos), había consumido alguna droga alguna vez en la vida (excluyendo alcohol, tabaco y sustancias con utilidad médica). Esta prevalencia supone un incremento de 1.4 puntos porcentuales en relación con la registrada en 1993 (3.9%).
Las drogas con mayores tasas de consumo en México son: la marihuana, los inhalables y la cocaína. Así mismo, existe evidencia de importantes cambios en la forma del problema, que reflejan un probable proceso de transición epidemiológica de las adicciones, dentro del cual destaca una clara tendencia creciente del consumo de cocaína, una disminución del uso de inhalables entre estudiantes y usuarios captados en tratamiento y el aumento y paulatina diseminación del consumo de sustancias como la heroína y la metanfetamina.
Como ya hicimos mención, el consumo y la preferencia de sustancias adictivas día a día se modifica, representando el consumo de la cocaína el nivel más elevado, en la medida de existir gran oferta en el mercado y por lo tanto con la caída de su precio se hace más factible de ser adquirida por la población de escasos recursos o por los que dependen económicamente de su familia. En la década pasada su consumo pasó de representar 1.6% al 31%.
Según un boletín informativo de la Secretaría de Salud: "El análisis más profundo de estos resultados muestra que los usuarios son de niveles socioeconómicos medio y bajo, de edades que corresponden a la adolescencia y juventud, así como que la edad de inicio es cada vez más temprana. Además, se observa que crece la proporción de usuarios que se inician en la carrera del consumo de drogas con la cocaína y no con el alcohol, tabaco, marihuana o inhalables como había sucedido tradicionalmente".
El tercer informe de la Secretaría de Salud expresa los resultados del Consejo Nacional contra las Adicciones específicamente la Dirección General de Coordinación y Desarrollo contra las Adicciones, la que manifiesta ser una instancia pública comprometida con la salud y la calidad de vida de los mexicanos, que promueve la participación de la sociedad y gobierno mediante la concertación de estrategias de alcance nacional, para reducir el impacto de las adicciones y los trastornos de salud mental.
Esta instancia señala que se realizó en el periodo comprendido entre el primero de septiembre de 2002 al 31 de agosto de 2003, una intensa actividad con los Consejos Estatales y los ayuntamientos para conformar un mayor número de Comités Municipales contra las Adicciones, ya que en el 2002 se encontraban en función 986 con una cobertura municipal de 35 por ciento, para julio de 2003 ya se contaba con 1173 con una cobertura de 48 por ciento.
Reconocemos que han sido grandes los esfuerzos realizados por parte del sector salud para combatir la adicción en México, no obstante es necesario que todos contribuyamos en la solución de un problema de salud pública que afecta sobre todo a los grupos de población más vulnerables: nuestros niños y nuestros jóvenes. Por lo tanto, en nuestro ámbito de competencia proponemos reformar y adicionar el precepto legal que alude al tema.
La Ley General de Salud en su artículo 112 señala como uno de sus objetivos en torno a la Educación para la Salud: la prevención de la farmacodependencia, pero consideramos que seria más correcto establecer la prevención contra las adicciones y de esta forma todas las acciones en la materia que realicen las autoridades sanitarias no dejen fuera las adicciones al alcohol y al tabaco.
También esta ley, incluye un título undécimo referente a los programas contra las adicciones no obstante considero que es necesario otorgar mayor coherencia y claridad a dicho título, y con ello cubrir la laguna legislativa existente.
Con esta iniciativa pretendemos dar un tratamiento integral para prevenir y combatir las adicciones. Impulsando un esfuerzo nuevo integral y permanente de todo el Estado mexicano, la federación, los estados y municipios, cada quien con respecto a su ámbito de competencia.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito someter a consideración de este honorable Congreso la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo Unico.- Se reforman los artículos 112, 185, 187, 188, 190 y 192, se cambia la denominación del Capítulo I del Título Décimo Primero y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 112 y un artículo 184 Ter a la Ley General de Salud.
Artículo 112.
La educación para la salud tiene por objeto:
II.- ...
III.- Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgos de la automedicación, prevención en contra de las adicciones, salud ocupacional, ?
IV.- La prevención contra las adicciones, deberá basarse en la educación y promoción de la salud y la comunicación educativa sobre las causas y los efectos de las adicciones. Las campañas de prevención deberán, primordialmente, contener información clara sobre los efectos a corto plazos del consumo de las sustancias que genfran adicción, en los ámbitos físico, mental y social, con el objeto de evitar o reducir el consumo de drogas, disminuir los riesgos y daños que implican el uso o abuso de dichas sustancias, así como favorecer la solidaridad social y la educación en esta materia, impulsando la detección temprana en los ámbitos escolar, laboral, familiar y comunitario.
Título Décimo Primero
Programas contra las Adicciones
Capítulo I
Consejo Nacional contra las Adicciones
y el Programa contra las Adicciones
. . .
184 Ter
La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas, el Distrito Federal y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución de los programas contra el uso y abuso de sustancias que generan adicción, el cual comprenderá, entre otras las siguientes acciones:
II.- La educación dirigida hacia los distintos grupos de población, sobre los efectos en la salud del uso y abuso de las sustancias adictivas. Además de su efecto en las relaciones sociales y familiares.
III.- La Secretaría de Salud elaborará el Programa Nacional contra las adicciones en tres rubros principalmente: Programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, programa contra el tabaquismo y el programa contra la farmacodependencia. Y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal
La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas, el Distrito Federal y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:
En el marco del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas. La coordinación en la adopción de medidas, en los ámbitos federal y local, se llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal.
Para este efecto, se crea el Consejo Nacional Antialcohólico, que tendrá por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, así como la evaluación del programa al que se refiere el Artículo 185 de esta ley. Dicho consejo estará integrado por el Secretario de Salud quien lo coordinará por los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto mencionado, y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. El Secretario de Salud podrá invitar cuando lo estime conveniente, a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a asistir a las sesiones del Consejo.
. . .
Artículo 188
La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el tabaquismo, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:
En el marco del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen contra el tabaquismo, promoverá y organizará servicios de orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el hábito y desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de tabaco por parte de niños y adolescentes.
La coordinación en la adopción de medidas en los ámbitos federal y local se llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal.
Artículo 192
La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional contra la farmacodependencia, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal.
Transitorios
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 noviembre
de 2003.
QUE ADICIONA UNA FRACCION AL PARRAFO B DEL ARTICULO 13 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, QUE FACULTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE CONTROL SANITARIO DE LOS ALIMENTOS NO INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS CONEXOS DESTINADOS AL MERCADO LOCAL, A CARGO DEL DIPUTADO GONZALO MORENO AREVALO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado Gonzalo Moreno Arévalo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario institucional, con fundamento en lo que se establece en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con carácter de decreto que adiciona una fracción al párrafo B del artículo 13 de la Ley General de Salud, que otorga facultades a las entidades federativas con respecto al control sanitario de los alimentos no industrializados y servicios conexos destinados al mercado local, para lo cual se presenta la siguiente
Exposición de Motivos
1.- De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, fracción IV, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. De la misma manera señala que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
2.- Asimismo, la Ley General de Salud señala que es materia de Salubridad General el control sanitario de productos y servicios, de su importación y exportación. De la misma manera señala que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios y de su importación y exportación. Se señala en el artículo 194 de la citada ley que el ejercicio del control sanitario será aplicable entre otras cosas, al proceso, importación y exportación de "alimentos", bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, productos de perfumería, belleza, tabaco, así como de las materias primas y en su caso, aditivos que intervengan en su elaboración.
También señala que el control sanitario es el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y, en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores.
Partiendo de esto, recordemos los lamentables hechos por todos conocidos que suscitaron el intoxicamiento de por lo menos 75 personas en el estado de Jalisco por haber consumido vísceras contaminadas con clembuterol, producto utilizado por los productores para acelerar el proceso de engordamiento de los animales y obtener una mayor ganancia en menos tiempo, utilizando menos recursos, incluso sabiendo que los residuos de este producto que queda en la carne, es tóxico para el consumidor.
Desafortunadamente, este estado no fue el único en sufrir este problema; entidades como Querétaro, Colima, Michoacán, Distrito Federal, entre otros, detectaron diferentes casos que obligaron a la autoridad federal a emitir una norma oficial mexicana de emergencia que prohibía la utilización de los betagonistas en la industria ganadera. En esta norma, la autoridad federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos, llevaría a cabo muestreos y aplicaría sanciones a aquellos productores que utilizaran estos productos de engorda sintética. Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún proceso de sanción contra ningún productor y ni siquiera es conocido cuales fueron los engordadores que utilizaron este producto, esto a pesar de que Jalisco fue el estado con un mayor número de casos registrados en el país.
Desafortunadamente, las acciones tomadas por la Secretaría de Salud en el Estado de Jalisco, al decretar una alerta sanitaria el 11 de enero del presente año y que por cierto fue levantada hace pocas semanas que prohibida el consumo del hígado de res a la población, resultó insuficiente, ya que la autoridad estatal se encuentra imposibilitada por la ley para tomar acciones más importantes ya que como señala previamente, el control sanitario de los productos y servicios y de su importación y exportación, es decir, alimentos, medicinas y otros, es facultad reservada a la federación, en virtud de los previsto en la fracción II del artículo 13 con relación a la fracción XXII del artículo 3º de la Ley General de Salud.
Esta disposición de corte centralista otorga competencia exclusiva a la federación sobre el control sanitario de los alimentos. Sin embargo, dicha facultad es delegable a las entidades federativas en virtud a convenios de coordinación, como el que dio lugar a los Servicios Coordinados de Salud Jalisco.
Desafortunadamente, como hemos visto, dichos convenios no han cumplido de manera importante en materia de salubridad los objetivos que señala la ley, además de que esto refleja la incapacidad por parte de la autoridad federal para combatir problemas de carácter local en las entidades federativas, y al no permitir que en los productos de consumo interno en los estados exista un control en materia de salubridad, puede provocar actos de impunidad en algo tan riesgoso como lo es la salud de la población.
Con esta propuesta se propone adicionar una fracción al artículo 13 de la Ley General de Salud para que sea facultad de los estados el control sanitario de los alimentos no industrializados y servicios conexos destinados al mercado local.
Con esta adición, se pretende descentralizar el control sanitario de los alimentos no industrializados como lo son: carne, frutas, leguminosas, etc., y pasaría a la competencia estatal, con lo cual se estaría en condiciones de establecer normas legales el la legislación sanitaria y penal locales.
Así mismo, si por algún motivo las autoridades no tienen la capacidad en cuanto a infraestructura para el control sanitario, esta responsabilidad en parte sería delegada a los municipios y así tener un control más cercano sobre estos productos.
Considerandos
Primero.- Que es facultad de la Federación el control sanitario de productos y servicios así como de su exportación e importación. Y que por lo tanto recae en ella la revisión de cualquier producto que represente cualquier tipo de peligro para la salud pública, como los son los beta-análogos.
Segundo.- Que representa un riesgo para la salud publica el mal uso de aditivos alimenticios modificadores del metabolismo con fines zootécnicos.
Tercero.- Que las autoridades federales no cuentan con los medios ni la infraestructura suficiente para realizar la revisión en cada localidad del correcto estado de alimentos no industrializados, en cualquiera de sus modalidades, y que regularmente son destinados al consumo local. Por lo tanto resulta imprescindible la posibilidad de darle facultades a las autoridades en las entidades federativas, e incluso a las municipales, para que estas realicen las modificaciones legales así como las revisiones respectivas, con el objeto de sancionar de manera mas minuciosa a aquellos que de manera clandestina y en pequeñas cantidades utilizan estos productos, y que son consumidos en localidades que regularmente no se encuentran dentro de las revisiones que realizan las autoridades federales pero las cuales podrían realizar las locales.
Cuarto.- Que sin embargo no significa que la Federación ya no tendrá ingerencia en los productos que de manera ya industrializada se producen para consumo general de la población.
Quinto.- Que actualmente los estados no tienen la posibilidad de realizar sanciones y medidas que permitan la correcta revisión en materia de inocuidad, lo cual genera que la población en muchas ocasiones compren productos que no cuentan con las medidas sanitarias correctas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la siguiente:
Iniciativa de Decreto
Que adiciona una fracción al párrafo B del artículo 13 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo Unico.- Se adiciona la fracción VII al párrafo B del artículo 13 de la Ley General de Salud.
Artículo 13.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:
De la I a la X.- ...
B.- Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales:
De la I a la VI.- ...
VIII.- Con relación a la fracción XXII del artículo 3º de esta ley, el control sanitario de los alimentos no industrializados y servicios conexos, destinados al mercado local; y
VII.- Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta ley y demás disposiciones generales y aplicables
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- La Secretaría de Hacienda hará las transferencias de recursos financieros a los Estados y al Distrito Federal en la proporción que corresponda.
Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica)
QUE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 74 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL PROPOSITO DE INTRODUCIR PROYECTOS DE INVERSION MULTIANUALES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVAEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de modificar el plazo para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Durante los últimos años en el proceso de discusión y aprobación del Paquete Financiero, la Cámara de Diputados ha modificado el Presupuesto de Egresos de la Federación, tratando de reasignar recursos hacia sectores "prioritarios" que mucho han tenido que ver con áreas fundamentalmente sociales, como la educación, la salud y el combate a la pobreza. Sin embargo por sus montos, estas reasignaciones no han logrado abatir los rezagos que el país enfrenta en esas áreas.
La atención de estas prioridades han imposibilitado reasignar el gasto a actividades productivas como la inversión en agricultura, energía y desarrollo de las comunicaciones y transportes.Para corroborar lo anterior podemos afirmar que mientras el gasto social se ha incrementado hasta llegar a representar poco más del 62% del gasto programable del sector público, el gasto en funciones productivas ha mostrado una caída sistemática durante el mismo período, llegando provocar la pérdida de competitividad para las empresas públicas y privadas por estos rezagos en la infraestructura productiva.De esta manera año con año, hemos obtenido presupuestos de carácter asistencialista, que no logran romper el círculo de pobreza y rezagos en el país.
Esta situación combinada con la crisis de ingresos públicos y la acumulación de obligaciones financieras gubernamentales ha provocado que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se encuentre presente una serie de compromisos, que se han convertido en inerciales e ineludibles, como ejemplo de ello, podemos señalar las obligaciones relativas a la deuda pública, las pensiones y jubilaciones, los servicios personales de médicos, maestros y el personal que participa en la seguridad pública.
Estos compromisos inerciales e ineludibles año con año, reducen la posibilidad de atender los rezagos en Inversión Pública, que es y ha sido, el principal factor de crecimiento económico en nuestro país.
Contrariamente a lo que señala la teoría en nuestro país, las estadísticas muestran que la inversión privada, va casi de la mano con la inversión pública, en México todavía no se ha mostrado claramente el efecto llamado por los teóricos "crowding out".
Desde hace varios años, los programas de inversión pública se han venido conformando dentro de una lógica de ajuste de corto plazo, donde el criterio determinante ha sido reducir el gasto público, más que el beneficio económico y social de dichos proyectos.
Por ello, la única manera de romper con este círculo nocivo para las finanzas públicas y para el bienestar económico es el hecho primero; de reconocer la existencia de este componente inercial presupuestario y gradualmente empezarlo a controlar, y segundo empezar a generar una inercia presupuestaria hacia la inversión pública. Para lograr lo anterior, es necesario por un lado revisar la "calidad del gasto público" principalmente el del gasto corriente inercial y por el otro, introducir el concepto de Presupuesto Multianual, sobre todo para el gasto que tiene que ver con los Proyectos de Inversión Pública Productiva.
En esta iniciativa se busca transformar al programa de inversión pública en el principal instrumento del Estado para propiciar la creación de un entorno que aumente la competitividad y productividad de las empresas privadas y que además proporcione los elementos básicos cualitativos y cuantitativos para el desarrollo de Presupuestos Contracíclicos, que tiendan a atenuar las fluctuaciones económicas que por diferentes razones afectan a los mercados nacionales e internacionales.
Lo anterior mediante:
Se busca disminuir los costos de transacción de los sectores productivos creando las condiciones y el entorno favorable para que la inversión privada surja y se generen flujos comerciales hacia el exterior.
La ejecución de estos proyectos (infraestructura vial y de generación de energía, principalmente) requerirá elevar la capacidad institucional del Estado, en cuanto a la evaluación y supervisión de dichos proyectos, cumpliéndose además con las más altas normas internacionales de calidad.
b. Brindar los servicios sociales básicos.
Se pretende que los múltiples proyectos orientados a la inversión en capital humano que forman parte de la cartera de proyectos del sector social (vivienda, abastecimiento de agua y saneamiento, rehabilitación y construcción de escuelas y centros de salud) se vinculen a los planes emanados de las instancias públicas locales (planes de inversión municipal) en la búsqueda de seleccionar los proyectos de mayor impacto, evitando a la vez la proliferación de unidades ejecutoras y la falta de coordinación sectorial.
Por los motivos anteriormente expuestos, en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, los abajo firmantes diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente:
Iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Unico.- Se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar y en su caso aprobar la Cuenta Pública del año anterior.
Examinar, discutir y aprobar los proyectos multianuales de inversión productiva que impactaran en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los tres y cinco años siguientes, de conformidad con el párrafo anterior.
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario Oficial de la Federación.
Dip. Javier Salinas Narváez (rúbrica)
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE PLANEACION, Y DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA, PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GENERO, A CARGO DE LA DIPUTADA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Hace unos días, asistí al IV encuentro internacional de estadística y políticas públicas sensibles al género en el marco de las metas del milenio, organizado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer; el Instituto Nacional de las Mujeres y; el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con el objetivo de reflexionar sobre la institucionalización de las perspectiva de género en la producción estadística y en el desarrollo de indicadores sociales y económicos y su utilización en la formulación de políticas públicas en el marco de los compromisos de las Metas del Milenio. Así como compartir los avances logrados en los procesos de incorporación del enfoque de género en la generación de las estadísticas básicas que integran los sistemas nacionales de información en la región latinoamericana.
Dadas las conclusiones de este encuentro, es que el día de hoy expongo ante esta soberanía, la necesidad de incorporar a la legislación vigente nuevos principios rectores que permitan una planeación nacional que atienda con equidad a las necesidades de las mujeres y los hombres de este país.
En tal razón y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo previsto por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento ante el Pleno de esta honorable Cámara, la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona una fracción octava al artículo 15 de la Ley de Información Estadística y Geográfica; agrega una fracción séptima al artículo dos y adiciona el artículo cuatro de la Ley de Planeación, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hablar de indicadores, estadística, geografía y políticas públicas, necesariamente nos lleva a referirnos aunque sea de manera general al tema central de demografía vinculada al desarrollo. Toda vez que un indicador, es una medida numérica o valor que da cuenta de una situación o condición sobre un fenómeno particular, referido a un periodo de tiempo determinado y a un espacio geográfico específico.
Los indicadores pueden ser sintéticos, compuestos, proporciones, porcentajes, razones o relaciones y tasas; los cuales surgen de sistemas informáticos, encuestas, registros administrativos y censos, todos ellos con diversas ventajas y desventajas.
Estos valores, por si solos no nos explican la realidad, sino que deben ser englobados, en este caso, dentro de una materia mucho más amplia como es la demográfica.
La ONU, ha definido como demografía, el estudio científico de las poblaciones humanas, en relación con su tamaño, su estructura y su desarrollo.
En este sentido, es que resulta de suma importancia para el trabajo legislativo, entender cómo es que la población va cambiando, sus necesidades inmediatas y las políticas públicas que se habrán de implementar en un futuro, las cuales, están además ligadas con el entorno internacional.
Hoy sabemos cuántos somos y cómo estamos distribuidos, el sexo, la escolaridad, las principales causas de muerte, la ocupación, etc. Pero seguimos teniendo grandes deficiencias en lo que hace a las políticas de población, pues no las hemos podido vincular con el desarrollo económico, con el bienestar social, con la distribución del ingreso, con la identidad cultural y mucho menos con el Proyecto de Nación.
Para trazar buenas políticas demográficas, es necesario tomar en consideración los derechos fundamentales de las personas y sus necesidades reales, para poder influir de manera expresa en las tendencias de los factores demográficos, para lo cual los indicadores nos resultan de gran ayuda, siempre y cuando estos tengan una meta específica, tengan periodicidad, desagreguen los datos correctamente, permitan el cruce de múltiples variables, profundicen en las temáticas, identifiquen cambios oportunamente, sistematicen la información, y se alimenten de fuentes diversas y confiables.
En el ámbito público y privado es prioritario construir una auténtica cultura demográfica que incorpore la comprensión de la transición demográfica en otros países, como parte del conocimiento y experiencia para explicarnos al ser humano y sus necesidades, su historia y los grandes procesos de cambio.
Por lo que hace a la planeación del desarrollo, no debemos separarla de la integración demográfica. Reflexionar y profundizar en lo anterior, necesariamente nos obliga a pensar en mejorar la calidad de vida actual y en el futuro de las y los mexicanos.
Dada las características particulares de nuestro país, los retos a los que nos enfrentamos en este nuevo siglo, cambian en su tamaño y en su naturaleza, pues ya no estamos exclusivamente frente al crecimiento demográfico, sino que tenemos que hablar de la complejidad de los vínculos entre evolución demográfica, transformación del sistema económico, desarrollo de las normas sociales y aspiraciones individuales; lo cual implica considerar la fenomenología en toda su complejidad.
En nuevo milenio, todo parece indicar que nos enfrentamos a relaciones entre individuos, generaciones, pueblos, sexos, razas e ideologías. Y es precisamente en este sentido, como debemos entender y asumir nuestra realidad, para trazar de manera adecuada las nuevas políticas públicas.
Este siglo debe ser el siglo de las mujeres. Y para incorporarnos plenamente a los beneficios del desarrollo debemos saber exactamente cuántas somos, dónde estamos, qué necesitamos, de qué morimos, cuánto ganamos, cuánto producimos, en qué trabajamos, qué comemos, cómo nos relacionamos, etc.
Por eso, para el trabajo legislativo y para la elaboración de políticas públicas, resulta de primordial importancia contar con indicadores con perspectiva de género veraces y con un enfoque particular, los cuales nos permitan:
Proporcionar conocimientos básicos para adecuar el sistema jurídico en aras de que las mujeres ejerzamos planamente nuestros derechos.
Medir y evaluar los efectos de las acciones públicas y poder prevenir en futuras acciones efectos nocivos, así como orientar la formulación de las políticas y acciones que a la luz del seguimiento y la evaluación, se consideran equivocadas.
Aprobar el presupuesto de la federación con enfoque de género.
Ya en las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, se señalaba que "Las estadísticas oportunas y fidedignas sobre la situación de la mujer, desempeña un importante papel en la eliminación de conceptos estereotipados en el avance sobre la igualdad plena. Los gobiernos deben ayudar a recopilar estadísticas y efectuar evaluaciones periódicas en relación con la detección de conceptos estereotipados y casos de igualdad, la obtención de pruebas concretas de muchas de las consecuencias nocivas de leyes y prácticas no equitativas y la medición de los progresos logrados en la eliminación de los casos de desigualdad".
Desde mediados de los 90, se reconoce un problema que aún no hemos resuelto, el párrafo 190 de la Plataforma de Acción adoptada por la IV Conferencia Mundial de la Mujer: igualdad y paz, Belling 1995, señala que "?Las instituciones estadísticas nacionales e internacionales aun no han resuelto como presentar los temas relacionados con el trato igual a mujeres y hombres en las esferas económica y social. En particular hay un uso insuficiente de las bases de datos existentes y de las metodologías en la importante esfera de la toma de decisiones".
Las estadísticas deben recolectarse por sexo y estadísticas e indicadores deben calcularse, analizarse y presentarse de manera individual para las mujeres y para los hombres. Todas las estadísticas deben ser producidas, analizadas y presentadas por sexo y reflejar los asuntos de género en la sociedad.
A pesar de los grandes esfuerzos realizados, particularmente por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, los indicadores actuales presentan grandes deficiencias, como por ejemplo:
Los profundos cambios que se están produciendo en las economías, junto con aquellos que ocurren en las relaciones sociales, han potenciado la necesidad de incorporar el estudio de las interrelaciones entre el sistema económico y el orden de género en las sociedades actuales.
La disciplina económica tradicionalmente ha tendido a "naturalizar" las diferencias entre hombres y mujeres como agentes económicos. Sin embargo, hoy en día aparecen con mayor claridad los sesgos de género que han caracterizado los esquemas de análisis económicos aún vigentes y las graves consecuencias que ha tenido ignorarlos. Entre otras implicaciones, estos sesgos han dado lugar a un reparto desigual entre los sexos de los costos y los beneficios del crecimiento económico, lo que explica con gran claridad, por qué la pobreza tiene rostro de mujer.
No se trata de incorporar a las mujeres como una variable más a analizar, sino de enriquecer y ampliar los marcos teóricos y conceptuales para incluir el sistema de relaciones de género y lograr un conocimiento más adecuado del funcionamiento de la economía y la creación de nuevos instrumentos de política.
Es necesario incorporar el género como una categoría analítica de la disciplina económica en sus diferentes niveles, así como mostrar y analizar la relación biunívoca entre los cambios en la organización de la economía y en el sistema de relaciones de género.
De allí la necesidad de contar con nuevos indicadores, a partir de los cuales deberán sustentarse la planeación nacional con perspectiva de género.
Por lo anteriormente expuesto y fundado pongo a su consideración el siguiente proyecto de
Decreto
Primero.- Se agrega una fracción VII al artículo 2 y se adiciona el artículo 4, de la Ley de Planeación, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 2.- . . .
II. . . .
III. . . .
IV. . . .
V. . . .
VI. . . .
VII. La perspectiva de género, en aras de garantizar iguales oportunidades a las mujeres y hombres, y de promover el acceso equitativo a los bienes, los recursos y los beneficios del desarrollo.
Segundo.- Se agrega una fracción VIII, al artículo 15 de la Ley de Información Estadística y Geográfica, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 15.- ...........
III. . . .
IV. . . .
V. . . .
VI. . . .
VII. . . .
VIII. Incluirá en sus principios, bases, jerarquización y actividades la perspectiva de género.
Unico.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
4 de Noviembre 2003.
HONORABLE ASAMBLEA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresos General de los Estados Unidos Mexicanos, el Diputado Tomás Ruiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento el 18 de septiembre del presente año iniciativa que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.
Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades, que le confieren los artículo 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio de la iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en pleno, presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
DESCRIPCION DE LA INICIATIVA
La iniciativa de ley para reformar el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, propone incorporar nuevamente a los puentes de peaje que no son internacionales y que son operados por la Federación en territorio nacional al esquema de participación de Fondos en beneficio de los municipios y entidades donde se ubican tales puentes, quienes podrán obtener hasta el 50% del monto total de los ingresos que se deriven de la operación de los mismos.
En junio de 1992 se reformó la Ley de Coordinación Fiscal. para permitir la agrupación de la Federación, los estados y los municipios, a fin de que con aportaciones de cantidades iguales se formasen fondos destinados a la conservación, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en los municipios con puentes de peaje operados por la Federación; la aportación de esta última, tenía como limite hasta 1996 el 10% de lo obtenido por la operación del puente. En términos de ley fueron celebrados los convenios correspondientes.
En diciembre de 1995, se modificó el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer un incremento del porcentaje máximo de aportación de la Federación de 10 a 25% de los ingresos brutos generados en cada puente. Dentro de este contexto se requirió la celebración de nuevos convenios con los lineamientos vigentes, a partir de 1996.
Con motivo de la última reforma al artículo 9-A , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2003, se modificó sustancialmente el esquema que había venido operando ya que deja sin efectos los convenios celebrados con relación a puentes nacionales, puesto que únicamente se aplica con los estados y municipios donde existan puentes Internacionales de peaje y, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el nuevo texto del artículo 9-A, por lo que únicamente sería aplicable para 4 entidades federativas y 11 municipios.
Consecuentemente, todos los estados y municipios involucrados en el esquema vigente hasta el 15 de julio del 2003, dejarían de percibir los recursos federales que se generaran a partir de esa fecha.
Por lo anterior, se consideró necesario reformar el artículo 9-A , con la finalidad de incorporar nuevamente a los puentes de peaje que no son Internacionales los cuales son operados por la Federación y comunican diversos puntos dentro del territorio nacional, beneficiando a los municipios de 9 entidades federativas y 20 municipios adicionales.
Asimismo se estima conveniente proponer 3 artículos transitorios: el primero para señalar el inicio de vigencia del decreto; el segundo para establecer que por el ejercicio de 2003, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continué efectuando las aportaciones que le correspondan, de conformidad con los convenios que se hubieren celebrado con estados y municipios, conforme en lo dispuesto en el artículo 9-A, vigente hasta que entre en vigor el Decreto relativo a puentes de peaje operados por la Federación y el tercero, para establecer expresamente que los convenios a que se refiere este Decreto, podrán ser celebrados a partir del 1° de enero de 2004.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
La que Dictamina considera procedente que al referirse el artículo 9-A a los puentes de peaje Internacionales operados por la Federación, se debe eliminar el término Internacionales para incluir a todos los puentes de peaje operados por la Federación como se menciona en la Iniciativa, así como la aclaración en el penúltimo párrafo para eliminar la palabra Internacional.
Lo anterior en virtud de que el 22 de julio de 2003 la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informo a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), que a partir del 15 de julio quedaban sin efecto los convenios celebrados al amparo de la Ley de Coordinación Fiscal con los Estados y Municipios en donde existían Puentes Nacionales de Peaje, como consecuencia del Decreto publicado en el Diario Oficial dela Federación del 14 de julio del presente.
Por lo que se refiere al segundo párrafo que señala "la aportación a los fondos mencionados se hará por el Estado, por el Municipio, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación sin que la aportación exceda de un 50% de monto de los ingresos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate??, la que dictamina considera conveniente apoyar el esfuerzo de los Municipios para que realicen la infraestructura necesaria para la operación de los puentes de peaje sin menoscabo del interés por mantener la salud financiera de Caminos y Puentes Federales de Ingreso (CAPUFE) para lo cual propone que la aportación por parte de la Federación sea hasta un 25% de los ingresos brutos, tal y como venía operando hasta antes del 14 de julio de 2003, con lo que se cambia el porcentaje del 50% de los ingresos netos. De esta forma se modifica el segundo párrafo para quedar como sigue:
DECRETO
Artículo Unico. Se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 9-A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los estados y municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente.
La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 25% del monto total de los ingresos brutos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá como sigue: municipios 50% y estados 50%.
Para que un municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de la recaudación potencial de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, podrá convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la Hacienda Pública local con la Federación, para poder aplicar a la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de recaudación señalado con anterioridad.
En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo del 50%, la cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual del nivel recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio, el municipio se encuentra en este supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal.
El aforo vehicular de los puentes estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Lo señalado en el presente artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero.
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Por el ejercicio de 2003, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continuará efectuando las aportaciones que le correspondan de conformidad con los convenios que se hubieren celebrado con los estados y municipios, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 14 de julio de 2003, relativos a puentes de peaje operados por la Federación.
Tercero.- Los convenios a que se refiere el artículo 9-A, que se reforma por medio de este decreto, podrán ser celebrados a partir del 1 de enero de 2004 y para su suscripción se tomará como base de recaudación del impuesto predial la correspondiente al año inmediato anterior a la firma del mismo.
SALA DE COMISIONES DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.
Diputados: Gustavo Madero Muñoz, Presidente
(rúbrica); Francisco Suárez y Dávila, secretario (rúbrica);
Juan Carlos Pérez Góngora, secretario (rúbrica); José
Felipe Puelles Espina, secretario (rúbrica); Diana Rosalía
Bernal Ladrón de Guevara, secretaria (rúbrica); Alejandro
Agundis Arias, secretario; Oscar González Yáñez, secretario
(rúbrica); Jesús Emilio Martínez Alvarez, secretario;
José Arturo Alcántara Rojas; Rafael Roberto Campa Cifrián
(rúbrica); Marko Antonio Cortés Mendoza; Alfredo del Mazo
González; Abel Echeverría Pineda; José Luis Flores
Hernández (rúbrica); Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa; Francisco
Luis Monárrez Rincón; Jorge Carlos Obregón Serrano
(rúbrica); José Osuna Millán; María de los
Dolores Padierna Luna (rúbrica); Manuel Pérez Cárdenas
(rúbrica); Alfonso Ramírez Cuéllar; Luis Antonio Ramírez
Pineda (rúbrica); Tomás José Ruiz González
(rúbrica); Javier Salinas Narváez; María Esther de
Jesús Scherman Leaño (rúbrica); Miguel Angel Toscano
Velasco (rúbrica); José Trejo Reyes (rúbrica); Francisco
Javier Valdéz de Anda; Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica);
Emilio Zebadúa González.
En esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, considerando la importancia y urgencia de apoyar a los habitantes que viven en el medio rural, hago uso de esta tribuna para expresar lo siguiente:
Al igual que muchos de ustedes, tengo por origen el campo y he llegado aquí con la responsabilidad de defender sus intereses.
Ustedes saben que durante muchos años la lucha agraria fue el motor del desarrollo social en México, y que esta lucha vino a desembocar en la entrega de más de la mitad del territorio nacional a cerca de 30,000 ejidos y comunidades y a la creación de toda un aparato institucional en su apoyo.
Sin embargo, también sabemos que el campo se encuentra, desde hace más de 20 años, en una profunda crisis, al dejar de crecer y generar los alimentos y productos que demanda su población y el bienestar general del país.
Se tiene que reconocer de entrada el debilitamiento creciente del Estado en su responsabilidad hacia el campo y con ello, la devastación de las redes institucionales y de fomento en el mundo agropecuario. No resulta ocioso insistir en algunos datos reveladores:
Es tiempo de asumir que estamos ante una emergencia nacional derivada sin duda de una crisis de las políticas públicas y de las estrategias de desarrollo. Así, nuestra agricultura sufrió una verdadera agresión ya que en forma casi simultanea, abrimos nuestras fronteras, por la vía de los tratados comerciales, a una competencia injusta y desleal para nuestros productos y productores. Pues nos hicieron competir con productos extranjeros de menor costo y fuertemente subsidiados en sus países de origen.
De todas estas consecuencias negativas para nuestro campo, quien más ha sido afectado es el sector social, los ejidos y las comunidades.
El Gobierno de la República se encuentra atrapado en el frenesí del cambio, pero debemos evitar que este cambio nos destruya e impulse el éxodo de campesinos a otros países.
Considero que con carácter de urgente, debemos fijar nuestra posición como legisladores en los siguientes aspectos:
La posición definitiva con respecto a la apertura comercial derivada del Tratado de Libre Comercio y la política de subsidios de los países desarrollados.
Por otro lado, es imperativo vincular de una vez por todas, el ciclo de la reforma agraria, al objetivo de reconstruir el aparato jurídico definitivo que le dé certidumbre y estabilidad al desarrollo rural en México.
Los rezagos e insuficiencias son muchos e importantes, pero ninguno es más grave que la pobreza que se concentra en el medio rural. Moderarla, combatirla y erradicarla es el reto supremo de nuestro momento, de nuestra generación.
Por todo lo anteriormente expuesto me permito presentar a su consideración el siguiente punto de acuerdo:
Unico. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a las dependencias responsables del sector agrario a impulsar, en los términos de los artículos 89, fracción I, y 131 de nuestra Carta Magna una reforma agraria integral que atienda el desarrollo de la propiedad social en México y asegure la participación de los ejidos y comunidades, dentro de los programas de desarrollo rural.
Señor Presidente, con base en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso y dada la urgencia y naturaleza del planteamiento, solicito se otorgue el trámite de urgente y obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.
Dip. José Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE SE RESPETE EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL NUEVO FORMATO DE COMPARECENCIAS Y SE RESPONDA A LOS CUESTIONAMIENTOS REALIZADOS POR LOS DIPUTADOS DE LA PRESENTE LEGISLATURA, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Para Convergencia, resulta de suma importancia la rendición de cuentas, así como la relación que deben guardar los pesos y contrapesos en una democracia; hemos sido testigos de la falta de voluntad política por parte de los distintos titulares de las Secretarias de Estado y Directores de Dependencias, de respetar el acuerdo aprobado por el pleno de esta H. Cámara para informar respecto de la glosa del tercer informe de gobierno.
El Artículo 93 Constitucional establece claramente que los Secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, darán cuenta al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, después de que esté abierto el periodo de sesiones; de igual forma el Procurador, los Jefes de Departamentos Administrativos, así como los Directores y Administradores de los Organismos Descentralizados Federales o de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria para que informen cuando se discuta una ley o un negocio concerniente de sus respectivos ramos o actividades, cuando así lo considere cualquiera de las Cámaras, lo que conlleva a determinar la obligatoriedad de debatir sobre el asunto para lo que fue citado.
Por su parte el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, reafirma lo establecido en el artículo 93 constitucional, en el cual establece "Los secretarios del despacho, los Jefes de los Departamentos Administrativos los Directores y Administradores de los organismos descentralizados, Federales o de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria ? asistirán a las sesiones ? cuando fueren llamados por acuerdo de la Cámara, en los términos que disponga la segunda parte del Artículo 93 de la Constitución?"
Si bien es cierto, la Constitución no especifica de manera puntual como deben ser las Comparencias, puesto que solo existen cuestiones genéricas, también lo es que para ello el Congreso o cualquiera de las Cámaras, tienen la facultad de emitir disposiciones específicas que reglamenten lo decretado por nuestra Carta fundamental, para el mejor funcionamiento del trabajo legislativo.
Prueba de ello, fue el acuerdo aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados, el pasado 18 de septiembre del presente año, el cual establece en su Artículo Segundo que: los grupos parlamentarios enviarán sus cuestionamientos al servidor público correspondiente con una anticipación de 72 horas naturales a la realización de la Comparecencia, los cuales serán dados a conocer a los medios de comunicación y publicados en la Gaceta Parlamentaria; de igual forma el Artículo Tercero, fracción II, III y IV, del acuerdo en comento señala que: en primer término, se presentará el cuestionamiento hasta por 10 minutos; a cada cuestionamiento el funcionario responderá hasta por 10 minutos; en seguida, el legislador podrá hacer réplica hasta por 5 minutos.
Cabe puntualizar, que actualmente no contamos con alguna disposición legal que obligue fehacientemente a los Secretarios de Estado a remitir respuestas firmes y concretas en sus comparecencias, ante los plenos de las Cámaras de Diputados y Senadores, siendo que el Presidente de la República es el único titular del Ejecutivo, que tiene el uso y ejercicio de las facultades potestativas, lo que nos llevaría, a que cada Secretaria de Estado desconozca el hecho de su autonomía y libertad, en materias del ramo de su competencia, debiendo ajustarse a lo previsto por la Ley de Secretarias de Estado, y en todo momento actuar en términos que la Ley especial prevé para cada caso específico.
Es por ello, que conforme a lo previsto por los artículos 92, 93 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Secretarios de Estado tienen facultades ejecutivas y gozan de cierta autonomía en las materias de su competencia, y de una gran discrecionalidad, sin someterlo al juicio y voluntad del Presidente de la República, ya que decir esto seria destruir la unidad del poder; es olvidar que dentro del régimen constitucional, es el Presidente de la República el único titular del ejecutivo, además seria desconocer el contenido del artículo 92 constitucional, el cual no da a los Secretarios de Estado, facultades Ejecutivas que solo corresponden al Presidente de la República.
En el entendido anterior, resulta que es solo el Presidente de la República el único que podría solicitarle al Secretario del despacho, que diera respuesta a los cuestionamientos que le formularan los Legisladores sobre una materia de la Secretaría de su encargo, para dejar claro y sin duda alguna la factibilidad de un programa, un proyecto o un posicionamiento de la dependencia a su cargo, el suscrito Diputado de esta LIX Legislatura somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se envíe copia certificada al Presidente Vicente Fox Quesada, del Acuerdo Parlamentario emitido por la Junta de Coordinación Política, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, el 18 de septiembre del 2003, para que instruya a los Secretarios del Despacho, los Jefes de los Departamentos Administrativos, los Directores y Administradores de los Organismos Públicos Federales o de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, a fin de que se de cumplimiento al acuerdo antes mencionado dando respuesta puntualmente a los cuestionamientos formulados por los Diputados de los grupo parlamentarios representados en la H. Cámara de Diputados durante su Comparecencia y, en su caso, respondan por escrito en un plazo no mayor a tres días naturales después de celebrada ésta.
Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA A QUE, CONTRA LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL EJECUTIVO FEDERAL PARA DEROGAR LOS INCISOS G) Y H) DE LA FRACCION PRIMERA DEL ARTICULO SEGUNDO Y EL INCISO F) DE LA FRACCION PRIMERA DEL ARTICULO OCTAVO DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SE MANTENGAN Y CONTINUEN VIGENTES LAS ACTUALES DISPOSICIONES CONSIDERADAS EN LOS ARTICULOS REFERIDOS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS BLACKALLER AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
En el paquete económico 2004 enviado por el Ejecutivo federal a esta soberanía como parte de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones fiscales, propone la eliminación del impuesto especial aplicable a las aguas mineralizadas, refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, entre otros.
Sustentando dicha propuesta en un falso fundamento, que textualmente dice:
"Hoy día el problema de sobreproducción esta superado, incluso ya se están realizando importaciones de azúcar de caña. Con relación al problema de las restricciones de mercado este debe atenderse con los instrumentos que permite la negociación mercantil internacional. Por ello, se propone la derogación del impuesto." -Cuando la realidad es otra muy distinta.
El Ejecutivo federal pareciera no recordar que en una cuenta muy sencilla, de la entrada en vigor del TLCAN a la fecha nuestro país importó fructosa y maíz subsidiado para elaborarla en plantas de capital norteamericano en nuestro territorio en cantidad equivalente a 2.8 millones de toneladas de azúcar.
Por otra parte, en franca violación a lo estipulado en el Anexo 703.2 del TLCAN, siguiendo con la cuenta, Estados Unidos sólo autorizó importaciones de azúcar mexicana por 372 mil toneladas, escudándose en supuestos acuerdos paralelos, los que nuestro Senado nunca aprobó.
Quedando clara la injusta ventaja que de forma unilateral toma a su favor nuestro principal socio comercial. Este es el origen real de la supuesta sobreproducción de azúcar mexicano.
Solamente, en los dos años comerciales anteriores a la implantación del impuesto especial a los refrescos México importó y produjo más de un millón de toneladas de fructosa, originándonos un excedente por 1 millón 330 mil toneladas, de las cuales Estados Unidos autorizó importaciones de azúcar mexicana por sólo 264 mil; el diferencial, 1 millón 66 mil, tuvieron que venderse en el mercado mundial, a precios muy inferiores al costo de producción, con las consabidas pérdidas para toda la cadena productiva de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar. En efecto, lesionando nuestra economía por casi 400 millones de dólares, pero si esta cifra la cuantificamos, a partir de la entrada en vigor del TLCAN se ha afectado con más de 700 millones de dólares a nuestro sector azucarero.
Hoy, la contraparte norteamericana, que se dice molesta por lo que ellos han dado en llamar "Soda TAX", está tratando de encontrar una solución al conflicto de edulcorantes, si algo los ha acercado a buscar el diálogo, indudablemente es la permanencia del Impuesto Especial, de no haber sido así, la situación de nuestros productores, obreros y agricultores les tendría sin cuidado y, como es su costumbre, velando únicamente por sus propios intereses.
El argumento del Ejecutivo federal, referido a las importaciones, es oscuro y tendencioso, aun y cuando esta soberanía lo solicitó, el Ejecutivo federal no ha querido o no ha podido aclararlas. Con bases fidedignas, sabemos que la importación realizada hasta hoy, por 70 mil toneladas, fue para reponer inventarios que se habían surtido a las industrias maquiladoras de exportación; reconocemos que ello fue en apoyo a las fuentes de empleo que estas empresas generan.
Hoy existen las condiciones para llegar a una negociación sustentable y satisfactoria en ambos lados de la frontera, no podemos pensar en desperdiciar este momento y que por una decisión irresponsable o apresurada, en la que cualquier modificación o muestra de debilidad en ese sentido alejaría esta histórica oportunidad.
Con base en lo expuesto anteriormente, me permito presentar a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico.- Exhortar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública a que, contra la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal para derogar los incisos g) y h) de la fracción primera del artículo segundo y el inciso f) de la fracción primera del artículo octavo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, se mantengan y continúen vigentes las actuales disposiciones contempladas en los artículos referidos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de noviembre de 2003.
Dip. Carlos Blackaller Ayala (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA INTEGRAR LA COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA DEL IPAB, A CARGO DEL DIPUTADO JESUS GONZALEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, partido político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la República, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo; conforme a los siguientes
Considerandos
Que en virtud de que desde el pasado 14 de octubre del mes de octubre, y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Diputados de distintos Grupos Parlamentarios de esta LIX Legislatura presentaron y consiguieron la aprobación de esta H. Asamblea, después de revisar los requisitos legales de reunir la cuarta parte de los integrantes de esta Cámara, para la constitución de la comisión especial para investigar el IPAB (CIFIPAB).
Se da el lamentable caso que esta comisión (CIFIPAB) no ha sido constituida y por lo mismo, la Junta de Coordinación Política ha diferido el cumplimiento del mandato de la Asamblea para atender la ingente necesidad de revisar y fiscalizar, a nombre del interés público y con la apremiante necesidad de resguardar el patrimonio de la nación; los casos de las cuantiosísimas cantidades que los bancos privatizados trasladaron a la deuda pública y que siguen constituyendo el más gravoso costo fiscal que año con año asfixia las finanzas de la nación.
Hemos sabido que la Suprema Corte de Justicia limitó las facultades de la Auditoria Superior de la Federación para practicar una revisión exhaustiva a los respaldos de los pagares que del Fobaproa transfirieron al IPAB bancos de la importancia como Bital, Banorte, Banamex y Bancomer, que con dicha resolución a su favor, los bancos ahora ponen las condiciones para ser investigados a sabiendas de que se arreglan las cuentas a su mayor conveniencia.
La deuda neta del IPAB alcanza la suma de 785 mil 743 millones de pesos, es decir el 11.10% del PIB y el servicio a dicha deuda durante este ejercicio rebasa en mucho los 40 mil millones de pesos, que con los gravámenes a medicinas y alimentos busca el Gobierno Federal con cargo a los mexicanos más pobres, cubrir el servicio de la deuda indicada.
Es por ello, que este diferimiento irresponsable puede estar dolosamente buscado por los partidos PAN y PRI que constituyen la mayoría y el voto ponderado de la Junta de Coordinación Política, en cuyo caso sus integrantes serán responsables y sujetos de juicio político en los términos del artículo 110 de la Constitución General de la República, pues no podrán ser dispensados por los agravios que con esta conducta anticonstitucional al violar una ley federal, causan al interés del pueblo y a la economía popular.
Por lo consiguiente nos vemos en la necesidad de hacer un llamado al patriotismo y al sentido de responsabilidad de los Diputados de los partidos mayoritarios en la Junta de Coordinación Política para que se integre de inmediato la comisión especial para investigar el IPAB y den cumplimiento a la Constitución y al Reglamento del Congreso.
Esta soberanía carece de autoridad moral para establecer mayores cargas fiscales al pueblo mientras no den muestras de perseguir la restitución de fondos que le han sido indebidamente sustraídos al erario. Ni por los desfalcos que se hicieron vía FOBAPROA e IPAB, ni por los que se consumaron contra las finanzas de PEMEX y los que se siguen haciendo con los contratos y concesiones a los líderes charros de la CFE.
Nadie desconoce que Jonathan Davis, Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo y otros Vocales del IPAB, proceden del entonces FOBAPROA, por lo que se manifiesta flagrantemente el conflicto de intereses y la perversa intención de ocultar el asalto más cuantioso a las finanzas públicas en la historia de México. La reciente renuncia de Julio César Montegro Rubio como Secretario Ejecutivo del IPAB, ocurrida el pasado quince de los corrientes y la posibilidad de que otro sujeto del Banco de México implicado con Guillermo Ortiz en la configuración del Fobaproa, ocupe este lugar, hace más apremiante el cumplimiento de este mandato a la Junta de Coordinación Política.
Por lo expuesto, solicito a esta H. Asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se inste a la Junta de Coordinación Política para que integre la comisión investigadora del IPAB.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2003.
Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LAS COMISIONES DE RECURSOS HIDRAULICOS, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES FORMEN UNA COMISION ESPECIAL CONJUNTA QUE VERIFIQUE CALIDAD DEL AGUA, VOLUMENES, INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO ANTONIO MARRUFO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales jaliscienses integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 48 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se turne a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Compañeros diputadas y diputados: el artículo 27 constitucional establece la facultad de la nación para regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de realizar una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rural y urbana.
Pese a los esfuerzos programáticos e institucionales implantados en la cuenca Lerma-Chapala, ésta sigue siendo una de las más contaminadas del mundo: diferentes estudios, realizados por biólogos y especialistas ambientales, manifiestan que la contaminación de la cuenca provoca serios daños al ecosistema, graves enfermedades en su población piscícola, serios niveles de asolvamiento y gran cantidad de nutrimentos que genera la sobrepoblación del lirio acuático. Y, por supuesto, la calidad del agua para consumo humano no es óptima.
Además, los sistemas de medición utilizados en las estaciones hidrométricas de la cuenca Lerma-Chapala son obsoletos y no se cuenta con el personal y el equipamiento adecuados para determinar volúmenes entrantes y salientes. Por si eso fuera poco, dichas estaciones hidrométricas se encuentran abandonadas.
Ante tal situación, y por considerarlo de vital importancia para el equilibrio ecológico y la protección del ambiente de la cuenca, los suscritos, legisladores jaliscienses del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someten a la consideración de esta honorable representación popular la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales formen una comisión especial conjunta que verifique la calidad del agua, los volúmenes, las instalaciones y el funcionamiento de las estaciones hidrológicas de La Estanzuela, Camecuaro, Urepetiro, Yurécuaro, Corrales, Adjunatas, La Peñita, Angamacutiro,, Salamanca, Silao, Américas, Pericos, Begoña, Obregón, El Pueblito, Queréndaro, El Plan, Atenango, El Saltín, Santiago U., Gigantes, Temascales, Temascales B, Temascalcingo, Puente Mextepec, Atotonilco, Los Vázquez y La V, localizables todas ellas en la cuenca Lerma-Chapala y correspondientes a los estados de México, de Querétaro, de Michoacán, de Guanajuato y de Jalisco.
Segundo. La comisión especial se formará por un miembro de cada grupo parlamentario de las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y su duración será no mayor de 30 días.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes de noviembre de 2003.
Diputados: Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica),
Javier Guízar Macías (rúbrica), Quintín Vázquez
García (rúbrica), María Esther Scherman Leaño
(rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica),
Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Francisco Javier Bravo Carbajal
(rúbrica), José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Sergio
Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Enrique Guerrero
Santana, José García Ortiz (rúbrica), Leticia Gutiérrez
Corona (rúbrica), J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica),
Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz
(rúbrica), J. Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Evelia
Sandoval Urbán, David Hernández Pérez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS QUE CAUSE EN NUESTRO PAIS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY CONTRA EL BIOTERRORISMO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A CARGO DEL DIPUTADO ISIDRO CAMARILLO ZAVALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en los artículos 82, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somete ante esta asamblea esta proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes consideraciones:
Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno norteamericano inició una serie de acciones con el propósito de proteger las áreas más susceptibles de recibir, a corto o largo plazos, un ataque terrorista.
Por eso es que esta amenaza está alertando a la mayoría de los Estados del hemisferio occidental a ejecutar y posicionar medidas internas con la finalidad de reducir la probabilidad de ser presa de atentados a la vida y la seguridad de su población.
El próximo 12 de diciembre entra en vigor en Estados Unidos de América la Ley de Respuesta y Preparación sobre el Bioterrorismo y la Seguridad de la Salud Pública, firmada el 12 de junio de 2002 por el Presidente George W. Bush, que con sus disposiciones altamente restrictivas se encamina a proteger la salud y la vida del pueblo estadounidense, garantizando que el abastecimiento de alimentos no sea usado como instrumento de ataques terroristas.
El pasado 15 de octubre, la Agencia para la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos publicó el reglamento de los registros y avisos previos de la ley contra el bioterrorismo, en donde enfatiza las regulaciones finales del mantenimiento de detenciones administrativas a partir del 12 de diciembre.
Los legisladores del PAN coincidimos en que cabe una seria posibilidad de que la entrada en vigor de dicha ley se constituya en una medida restrictiva no arancelaria y en una violación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que derive en un trato discriminatorio hacia las empresas exportadoras mexicanas y provoque daños a los sectores productivos nacionales.
El problema es grave, pues involucra la exportación de productos perecederos, para los que una demora de unos cuantos días podría resultar fatal. Y para el resto, es decir, los no perecederos, implicará por lo menos un aumento en sus costos logísticos y operativos asociados a su exportación, lo que necesariamente les restará competitividad.
En total, el valor de las exportaciones agroalimentarias es de aproximadamente 8,500 millones de dólares por año; de los cuales aproximadamente el 90% se exporta a Estados Unidos. Esto es, 7,700 millones de dólares, que serían susceptibles a la ley contra el bioterrorismo de Estados Unidos de América.
Si tan sólo el 20% de éste fuera rechazado por no cumplir con las disposiciones que marca la nueva ley, estaríamos hablando de 1,500 millones de dólares anuales, más los costos asociados a su acopio, empaque y traslado a la frontera.
Este asunto es de extrema seriedad y tiene que ocuparnos a todos. Tiene que preocuparnos hoy, compañeros diputados, pues están en riesgo poco más de 7 mil exportadores de alimentos de nuestro país, que estarán afectados por las normas que aplicará esta nueva ley y que seguramente la mitad de ellos quedará en riesgo de renunciar al mercado internacional de América del Norte
El Presidente Vicente Fox, ha manifestado su preocupación ante el gobierno norteamericano por estos posibles efectos negativos y, de igual forma lo está haciendo, con mayor énfasis, ante la Organización Mundial de Comercio.
Honorable asamblea:
Por lo anterior, los productores y comerciantes que se verán afectados por la ley norteamericana contra el bioterrorismo requieren que el gobierno mexicano asuma una posición que permita minimizar los impactos en las exportaciones de productos alimenticios.
Porque con la aplicación de estas disposiciones por parte del gobierno de Estados Unidos los productores mexicanos encontrarán nuevos obstáculos.
Obstáculos que agravarán la ya de por sí difícil situación por la que atraviesan.
Ante la proximidad de la comparecencia del Secretario de Economía, considero de vital importancia que este punto se apruebe en este momento, por la gravedad de las consecuencias de esta ley para los exportadores mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Acción Nacional somete a consideración los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Uno. La Cámara de Diputados solicita al secretario de Economía, Fernando Canales Clarión, que en su próxima comparecencia ante esta soberanía informe sobre las medidas tomadas ante la ley norteamericana contra el bioterrorismo.
Dos. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal que se informe qué acciones está realizando el gobierno mexicano para contrarrestar los posibles efectos nocivos de la ley contra el bioterrorismo para México.
Tres. La Cámara de Diputados apoyará las acciones que debe realizar el gobierno mexicano con el objetivo de reducir los riesgos negativos en la relación comercial de México con Estados Unidos a causa de la ley contra el bioterrorismo.
Cuatro. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a redoblar las acciones de difusión y capacitación en pro de mejorar las exportaciones mexicanas.
Cinco. La Cámara de Diputados propone considerar en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación recursos para la capacitación de los exportadores y el mejoramiento de programas gubernamentales que están encaminados a actualizar la infraestructura de las fronteras para reducir los posibles fenómenos negativos que puedan ocasionar las normas y procedimientos que aplica la ley contra el bioterrorismo.
Dip. Isidro Camarillo Zavala (rúbrica p.a.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE ADECUAR EL MARCO COMPETENCIAL DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME MIGUEL MORENO GARAVILLA Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DE ESTA
Los suscritos, integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para adecuar el marco competencial de la precitada Comisión, aludiendo para ello a los siguientes
Antecedentes
En sesión plenaria del 3 de octubre de 2000, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para la subdivisión y creación de comisiones legislativas ordinarias, en cuyo considerando octavo, se contempla la creación de la Comisión de Participación Ciudadana, misma que "deberá atender rubros tan importantes como el análisis de la conveniencia de incorporar al sistema político mexicano, formas de democracia semidirectas como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular".
Se diseñaba así la órbita competencial de la Comisión de Participación Ciudadana, circunscrita a las tres formas de participación democrática referidas, quedando pendiente su final adecuación para ampliar sus atribuciones, de conformidad con las previsiones que tanto la Constitución, como diversas leyes federales, hacen expresamente sobre la participación ciudadana.
Por lo que hace a la estructura jurídica de este tipo de participación a nivel local, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del martes 14 de octubre del presente año, la Diputada Susana Guillermina Manzanares Córdova, Secretaria de la Comisión de Participación Ciudadana, presentó una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados dirija un exhorto a los Poderes Legislativos de las Entidades Federativas a fin de que, en el marco de su competencia, promuevan la aprobación, ampliación o profundización de las leyes de participación ciudadana.
Conforme con lo anterior, la presente proposición se cifra también en las siguientes
Consideraciones
1. En todos los quehaceres públicos y sociales del México de hoy, se reconoce la expresión de la democracia que nos anima como Nación. Por ello, en la actuación gubernativa, ya sea proveniente del Ejecutivo, o del Legislativo, y en ciertos casos incluso del Judicial, no sólo se justifica sino se hace indispensable la participación ciudadana, como sustento y legitimación tanto de la norma jurídica como del quehacer de los órganos de gobierno del Estado mexicano.
2. En el ámbito internacional, la participación ciudadana es también un tema fundamental. A guisa de ejemplo, cabe recordar que en el marco de la Conferencia Especial sobre Seguridad de la Organización de Estados Americanos, se aprobó, el pasado 28 de octubre, la Declaración sobre Seguridad en las Américas, acordando los países miembros, reforzar la participación de la sociedad civil en la consideración, elaboración y aplicación de enfoques multidimensionales de seguridad, como consta en el numeral 33 de dicho documento internacional.
3. La democracia en el país exige como elemento consustancial la participación ciudadana, se justifica ésta en la implementación, diseño, aplicación, supervisión y evaluación de toda actividad gubernativa, tal como, en espíritu, se recoge en el Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, consagrado en el artículo 26 constitucional.
Al recordar que la democracia tiene como ejes esenciales:
4. El artículo 26 de la Constitución, al contemplar el Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, señala que será "mediante la participación de los diversos sectores sociales, como se recogerán las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y programas de desarrollo". Establece también que el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.
En razón de este mandato constitucional, la participación ciudadana a que debe convocar el Congreso, y en el caso que nos ocupa la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Participación Ciudadana precisamente, ha de ser en los términos en que lo disponen las leyes, a manera de ejemplo, se citan las siguientes:
Artículo(s)
Ley de Planeación 1, 5 y 20
Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal 27 y 30 bis
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
56
Ley General de Educación 68
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente 5 y 7
Ley General de Asentamientos Humanos 48 y 49
Ley Agraria 4
Ley de Protección Civil 16
Ley de Aguas Nacionales 5
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 2, 3 y 150
Ley de Información, Estadística y Geográfica
2
Ley de Coordinación Fiscal 33
Ley de Ciencia y Tecnología 1 y 12
Ley de Cultura Física y Deporte 2
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 4
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 5
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 4,
5, 10 y 6
6. A través del Sistema Nacional de Planeación Democrática deberá lograrse la óptima participación y consulta de los diversos grupos sociales. En la Ley de Planeación, cuyas disposiciones son de orden público e interés social, se señala que las organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos populares; las instituciones académicas, profesionales y de investigación; los organismos empresariales y otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad, a través de foros y otras formas de expresión.
7. Como se puede advertir, la competencia y actividad de la Comisión de Participación Ciudadana debe comprender rubros que, por prescripción constitucional, inciden en la tarea de coadyuvar en el fortalecimiento y enriquecimiento del Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, y que obviamente encuentran punto de contacto con diversos temas de la Agenda Legislativa Nacional.
8. Con la adecuación del ámbito de competencia de la Comisión de Participación Ciudadana, la sociedad civil encontrará un nuevo camino para que sean escuchadas sus opiniones en los temas trascendentales de nuestro país, dándose así cauce a sus demandas dentro de los espacios institucionales en los que puedan auténticamente traducirse en aportaciones ciudadanas a los planes y programas de gobierno en todo el país.
9. Se colige así, que la función primordial de la Comisión de Participación Ciudadana debe enfocarse a establecer los mecanismos directos de comunicación del Poder Legislativo con los grupos sociales, políticos, económicos, académicos y en general ciudadanos, a efecto de captar las opiniones, propuestas y necesidades de los distintos sectores del país, canalizándolas a las comisiones, autoridades, instancias u organismos competentes.
10. Para tal efecto, es menester que la Cámara de Diputados a través de su Comisión de Participación Ciudadana establezca foros de consulta permanentes en el país, recogiendo las propuestas y opiniones ciudadanas que, debidamente sistematizadas y canalizadas, hayan de contribuir al fortalecimiento u optimización de la vida institucional de México.
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se refrenda el exhorto a los Poderes Legislativos de las Entidades Federativas a fin de que, en el marco de su competencia, promuevan la aprobación, ampliación o profundización de las leyes de participación ciudadana, presentado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del martes 14 de octubre del presente año, por la Diputada Susana Guillermina Manzanares Córdova, Secretaria de la Comisión de Participación Ciudadana;
Segundo. Para dar cumplimiento a lo que dispone el párrafo final del artículo 26 constitucional, se instruye a la Comisión de Participación Ciudadana, realice todas las actividades necesarias a efecto de intervenir dentro del Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, en los términos en que las distintas leyes federales ordenan la participación social o ciudadana; y
Tercero. Se instruye a la Comisión de Participación Ciudadana para concertar y en su caso coadyuvar con las instancias y órganos competentes, en el establecimiento de foros permanentes de consulta ciudadana en las entidades federativas y municipios del país con los que se convenga, para propiciar el conocimiento, la discusión, análisis o formulación de propuestas tendientes a dar cumplimiento al punto anterior, así como a enriquecer los trabajos de la agenda legislativa nacional.
Asimismo, la Comisión de Participación Ciudadana deberá turnar a las instancias y comisiones competentes, las propuestas ciudadanas para su debida atención.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2003.
Diputados de la Comisión de Participación
Ciudadana: Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica), Presidente;
Juan Bustillos Montalvo (rúbrica), secretario; María del
Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), secretaria; María Angélica
Ramírez Luna (rúbrica), secretaria; Susana Manzanares Córdova
(rúbrica), secretaria; Francisco Javier Alvarado Villazón
(rúbrica), Virginia Yliana Baeza Estrella (rúbrica), José
Reyes Baeza Terrazas, Oscar Bitar Haddad (rúbrica), José
Luis Briones Briseño, Santiago Cortés Sandoval, María
del Carmen Escudero Fabre (rúbrica), Rogelio Franco Castán
(rúbrica), José Fernando Franco Vargas (rúbrica),
María Elba Garfias Maldonado (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum
Bajo, Adriana González Furlong (rúbrica), José Julio
González Garza, Alfonso González Ruiz (rúbrica), Leticia
Gutiérrez Corona (rúbrica), Marco Antonio Gutiérrez
Romero, María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica),
Omar Ortega Alvarez (rúbrica), Jesús Tolentino Román
Bojórquez (rúbrica), Roberto Ruiz Esparza Oruña (rúbrica),
Rosario Sáenz López (rúbrica), Norma Patricia Saucedo
Moreno (rúbrica), Edgar Torres Baltazar, Fermín Trujillo
Fuentes, Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA ASIGNE A LA COMISION NACIONAL DE LAS ZONAS ARIDAS UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA SUPERIOR A LA DEL EJERCICIO FISCAL DE 2003, A CARGO DEL DIPUTADO FERMIN TRUJILLO FUENTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Vengo a esta tribuna a dar voz a las comunidades rurales con menos de 2 mil 500 habitantes situadas en las zonas áridas y semiáridas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Sonora, comprendidas en 634 municipios, donde hay 57 mil 340 localidades en las que habitan más de 4.5 millones de personas, para manifestar con firmeza, en nombre de los diputados federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de Sonora, nuestro total desacuerdo con el Ejecutivo federal de iniciar el proceso de desincorporación de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas (Conaza) y presentar a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, según las siguientes
Consideraciones
La Conaza se orienta a mejorar los niveles de bienestar social de los habitantes de las zonas del desierto y semidesierto mexicanos, impulsando el desarrollo productivo de las comunidades rurales de esas regiones para revertir la marginación en que viven. Para lograrlo, operan tres programas:
Programa Plan Acuario. Su objetivo es operar, en colaboración con la Conaza y la Secretaría de la Defensa Nacional, el abastecimiento gratuito de agua para uso doméstico a la población objetivo, utilizando camiones cisterna a fin de proporcionar el servicio donde no es posible hacerlo por otros medios.
Programa de Desarrollo para los Habitantes del Semidesierto. Su propósito es satisfacer las necesidades de infraestructura social básica y productiva que permita extraer, captar, conducir, almacenar y distribuir agua para sus diversos usos, así como el mejoramiento del entorno comunitario, propiciando la participación de las campesinas.
Programa de Vinculación Científica y Transferencia de Tecnología. Su finalidad es promover el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
El objetivo general de la Conaza es transformar las zonas áridas en un lugar de oportunidades, donde la forma de vivir sea digna y con un mejor futuro, conjuntado esfuerzos para revertir la marginación de las comunidades rurales de las zonas áridas.
Desde hace 20 años, México sufre un proceso de desertificación que afecta más a 2 por ciento de su territorio, sumando ya 40 mil kilómetros cuadrados. Esa situación provocó bajos rendimientos y productividad agrícola, disminución del hato en 50 por ciento, menor disponibilidad de agua en todas sus formas (corriente, subsuelo o freática) para 25 mil pequeñas y dispersas localidades, migración constante a centros industriales o a la frontera del norte del país, por la falta de oportunidades o condiciones de trabajo difíciles en la zona, agotamiento de las presas de almacenamiento, disminución de rendimiento de los cultivos, aumento de incendios forestales, sobrepastoreo de los agostaderos y aceleración de proceso de desertificación.
Pero no sólo la sequía produce los conflictos anteriores para quienes viven en el semidesierto, sino también los cambios climáticos, cuyas tendencias para los próximos 50 a 70 años indican mayor déficit de humedad; es decir, aun cuando llueva, la disponibilidad de la humedad será menor, "agravando la fragilidad de los ecosistemas ante una carencia recurrente de agua".
En la simple y exacta matemática, más de la mitad de los estados de la República Mexicana, 17 en total, se consideran en las condiciones ya expuestas y, si bien algunos de ellos recibieron lluvias abundantes en este año, que aseguran el consumo doméstico y de uso agropecuario, no garantizan la solución definitiva en esas regiones del país, que hace apenas un año sufrían lo que hoy padecemos en estados como Sonora, con nueve años de sequía recurrente, donde -por poner un ejemplo- el gobierno del estado, a fin de enfrentar el problema de falta de agua para consumo humano y el de uso de las escuelas públicas y privadas del municipio de Nacozari de García, tuvo que implantar un programa de urgencia consistente en la colocación de 10 cisternas con capacidad de 5 mil litros cada una, dotadas de equipo para garantizar la potabilización, así como colocar tinacos en cada uno de los centros educativos, con una inversión cercana a 2.5 millones de pesos.
Cabe mencionar que como ese municipio de la sierra media sonorense se encuentra el resto de los ayuntamientos y las comunidades rurales de la alta y baja sierra, así como la región del río de Sonora, los valles de San Luis Río Colorado, Caborca, El Yaqui, El Mayo y la frontera con Estados Unidos, lo que pinta un panorama muy difícil que debemos enfrentar en el presente y en el futuro inmediato quienes vivimos en zonas áridas.
La grandeza de los sonorenses radica en el temple fraguado en la cultura del esfuerzo, que tiene origen esencialmente en la escasez.
Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos conviviendo con el desierto. Disfrutamos de la época de lluvia sabedores de su enorme significado y desde siempre hemos contribuido con las mejores causas del país, enarbolando las banderas de mujeres y de hombres de palabra, con profundas raíces, tradiciones y costumbres que nos caracterizan como estado hospitalario.
Por ello, en un marco de solidaridad institucional, solicito a los diputados de la LIX Legislatura aprobar el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrada por diputados de todos los partidos políticos aquí representados, asigne una partida presupuestaria superior a la aprobada para el ejercicio fiscal 2003 correspondiente a la Comisión Nacional de las Zonas Aridas.
Segundo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrada por diputados de todos los partidos políticos aquí representados, realice una mejor distribución de los recursos destinados a la Comisión Nacional de las Zonas Aridas, de acuerdo con los informes preliminares que otorguen las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Recursos Hidráulicos referente a las precipitaciones pluviales anuales que distingan las entidades con problemas de sequía en relación directa con el número de comunidades rurales con menos de 2 mil 500 habitantes en situación de pobreza.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2003.
Dip. Fermín Trujillo Fuentes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA INTEGRAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DE 2004 Y SUBSECUENTES UNA PARTIDA ESPECIAL DESTINADA A LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y ASUNTOS CONSULARES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA CUBRIR EL TRASLADO DE LOS MEXICANOS FALLECIDOS EN EL EXTRANJERO A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO ALBERTO GARCIA CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal, Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dentro del estudio y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se incorpore una partida especial de 100 millones de pesos destinados a la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para cubrir el traslado de los mexicanos fallecidos en el extranjero a sus comunidades de origen. De igual manera, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en subsecuentes proyectos de presupuestos sea considerada dicha partida, bajo el tenor de las siguientes
Consideraciones
Las desigualdades sociales y económicas en que nos encontramos los mexicanos en el país, debido en gran medida a la falta de oportunidades y de programas de Estado que se encuentren orientados al desarrollo económico de la sociedad y las familias, provoca la necesidad de que un gran número de mexicanos emigren en busca de mejores oportunidades de vida.
El fenómeno de la migración se encuentra enmarcado en dos vertientes: por un lado la de carácter legal, y por el otro, la ilegal, la cual sin lugar a dudas incluye a un gran sector de los mexicanos residentes en el extranjero, lo que conlleva a que, por tal condición, a nuestros connacionales se les vea y trate de manera deplorable y denigrante.
Nuestros connacionales, al determinar internarse en otro país, llevan consigo el propósito de encontrar un mejor futuro para ellos y su familia, lo que representa abandonar a sus seres queridos, sin importar el sufrimiento que esto signifique.
Cuando por circunstancias del destino pierde la vida algún ser querido en el extranjero, los familiares y amigos se encuentran con la penosa realidad de carecer de todos los elementos cercanos para poder ser atendidos, ya que en la actualidad el costo del traslado de los restos mortales de Estados Unidos a México va de los 1,500 a los 5,000 dólares. Por consiguiente, al no disponerse de los recursos económicos suficientes por parte del gobierno se llevan a cabo las llamadas colectas entre paisanos, para efecto de cubrir dichos gastos.
Es de resaltar que en los últimos años solamente en la Unión Americana fallecen un promedio de 390 mexicanos por diversas causas, resaltando la deshidratación entre las de mayor incidencia, no dejando de lado la pena de muerte que lastima e indigna.
El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Organos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos, establece que en caso de fallecimiento de un connacional en el exterior, los familiares o personas cercanas al occiso deberán reunir una serie de requisitos para la obtención del permiso sanitario, mismo que es necesario para su internación y traslado al territorio nacional.
Estos documentos requieren de trámites y costos a sufragar que invariablemente corren por cuenta de los familiares o personas cercanas al occiso, aunado a la distancia, el idioma, el desconocimiento y la condición social, genera que dichos trámites se alarguen y, por consiguiente, se encarezca su costo.
Hasta el momento sólo se destinan a unas cuantas familias escasos recursos por parte de los consulados una vez realizado el estudio socioeconómico, pero por desgracia, aún y cuando se otorga dicho apoyo, no es suficiente para sufragar el costo de los trámites, autorizaciones, servicios funerarios y traslado de nuestros connacionales.
Para lo cual es necesario incrementar el monto de los recursos asignados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que de esta manera sean incorporados y beneficiados un mayor número de compatriotas en el extranjero. Cabe recordar que una de las funciones primordiales del Estado es proporcionar ayuda y salvaguarda de la seguridad e integridad de los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional.
Finalmente, por la importancia que reviste la situación anteriormente expuesta por la que atraviesan frecuentemente nuestros connacionales y como una medida de apoyo a todos aquellos que por alguna causa fallecen, convoco a las diputadas y los diputados de esta Quincuagésima Novena Legislatura a darle la espalda a la indiferencia ante tal realidad, no olvidemos que hay más de un millón de peticiones pendientes de regularización, y que cerca de un millar muere al año en sus intentos por alcanzar un nivel de vida que les permita satisfacer sus necesidades mínimas; hagamos causa común con nuestros paisanos que radican en el extranjero, hagamos causa común por México. Por ello y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Por el que se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, dentro del estudio y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, se incorpore una partida especial de 100 millones de pesos destinados a la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para cubrir el traslado de los mexicanos fallecidos en el extranjero a sus comunidades de origen.
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en subsecuentes proyectos de presupuestos sea considerada dicha partida.
Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 18 días del mes de noviembre de 2003.
Dip. Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y A LAS COORDINACIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES DE LA SECRETARIA Y DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA A QUE RETIREN LOS RETENES Y VOLANTAS QUE INSTALA LA POLICIA FISCAL FEDERAL EN LAS OPERACIONES REALIZADAS EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, A CARGO DE LA DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada federal de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo el tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante el mes de noviembre del año en curso, se han estado instalando retenes y volantas en la autopista Reynosa-Monterrey y en las carreteras de los municipios de China, Bravo y Cerralvo del estado de Nuevo León, que funcionan las 24 horas del día. Dichos retenes constantemente cambian de ubicación con el objeto de sorprender a las personas que transitan tal zona bajo el argumento de revisar la transportación de mercancía ilegal.
Los retenes o volantas se integran por miembros de la Policía Fiscal Federal, dependiente del SAT, y por miembros de la Policía Federal Preventiva, quienes en abuso de sus consignas, amedrentan a las personas y paisanos que se desplazan en territorio nacional con vehículos legalizados o con vehículos que cuentan con matriculas de Texas, exigiéndoles una retribución monetaria, sin importarles que tengan su documentación en regla; la negativa a proporcionar tal retribución, ocasiona que se les prive de su libertad hasta por 24 horas, sin fundamento alguno, situación que obliga a los conductores a acceder a sus demandas, lo cual incentivan aún más el círculo de la corrupción.
Esta situación, a todas luces inconstitucional, violenta las garantías individuales y los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos, así como los de nuestros paisanos que viven del otro lado de la frontera, socavando el Estado de derecho que debe imperar en cualquier sociedad.
Se transgrede con ello el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a todo hombre el derecho de entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar su residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.
Sin embargo, lo antes mencionado se presta a que los cuerpos policiacos adscritos a los retenes en comento abusen de la autoridad con que cuentan para realizar actos corruptos, contexto que se genera debido a la falta de regulación específica sobre retenes y volantas, que en la mayoría de las ocasiones desembocan en lo siguiente: privación ilegal de la libertad, despojo, abuso de autoridad, violación a la seguridad jurídica, a la legalidad y al derecho de todo ciudadano al respeto y dignidad inherente al ser humano dejándolos en estado de indefensión, lo que atenta contra las disposiciones contenidas en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, 85 11 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los relativos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocidos como ley suprema de toda la Unión en términos del artículo 133 de la Constitución General de la República. Violentando los principios de honradez, imparcialidad, lealtad, eficiencia y legalidad, con los que deben conducirse las autoridades en el desempeño de sus funciones.
Cabe mencionar que lo que se pretende es retirar a los retenes y volantas temporales, que son excesivos en número, y cuya multiplicación sólo genera corrupción y abuso de poder. Se propone mantener sólo las garitas permanentes legales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y por la urgencia que esta situación amerita, someto a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las coordinaciones de las unidades administrativas competentes de la Secretaria y del Servicio de Administración Tributarla (SAT) a:
Primero: Retirar los retenes y volantas temporales existentes en la autopista Reynosa-Monterrey y demás carreteras de los municipios de China, Bravo y Cerralvo del estado de Nuevo León, para evitar la creciente ola de corrupción, así como detenciones arbitrarias y contrarias a la ley.
Segundo: Vigilar el buen desempeño de los miembros de la Policía Fiscal Federal, con el objeto de eliminar los focos de corrupción existentes en a autopista Reynosa-Monterrey y demás carreteras de los municipios de China, Bravo y Cerralvo del estado de Nuevo León.
Tercero: En caso de existir pruebas suficientes para señalar a presuntos elementos corruptos integrantes de los retenes y volantas temporales, consignándolos ante las autoridades competentes, aplicándose las sanciones que dicha situación amerite.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de noviembre de 2003.
Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LA AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE PALENQUE, CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE BALDEMAR UTRILLA ROBLES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado federal, Jorge Baldemar Utrilla Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se consideren recursos para la ampliación del aeropuerto de Palenque, Chiapas, según las siguientes
Consideraciones
La zona norte de Chiapas, en especial Palenque, se encuentra insuficientemente comunicada con todo el corredor turístico del "mundo maya", pues carece de infraestructura aeroportuaria de relevancia, pese a que se le considera la puerta principal de la "ruta maya", integrada por Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Chiapas, en el territorio nacional, así como por y Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Sin embargo, Palenque es sólo un punto más por recorrer en el circuito de la "ruta maya", en virtud de que no tiene la capacidad de ser entrada y salida de vuelos nacionales e internacionales, En consecuencia, no se consolida como la puerta de entrada y de salida de este circuito turístico.
El territorio en que se circunscribe la "ruta maya" en el país abarca una superficie de 240 mil kilómetros cuadrados, donde el turismo nacional y el internacional son apreciados por la derrama de divisas que generan constantemente.
Empero, por carecer en la zona norte de infraestructura de comunicación apropiada para el servicio de esta industria, el turismo, en lugar de estacionarse de manera más tranquila disfrutando de la arqueología y de la naturaleza, lo hace de forma pasajera.
Cuando se habla de Palenque, nos situamos en un eje de desarrollo y de comunicación para una amplia población, de la que 20 por ciento corresponde a mayas, choles, chontales, lacandones, mames, tojolabales, tzotziles, tzeltales y zoques.
Asimismo, lo situamos como eje concentrador de las actividades económicas de 12 municipios de la región, de tres diferentes estados de la República: Palenque, Benemérito de las Américas, Salto de Agua, Tumbalá, Ocosingo, Libertad y Catazajá, en Chiapas; Emiliano Zapata, Balancan, Jonuta y Tenosique, en Tabasco; y Palizada y Escárcega, en Campeche.
La ausencia de aeropuerto internacional en Palenque, Chiapas, se traduce en marginación de tan amplio entorno ecológico, natural y cultural, que incluye la cuenca del Usumacinta, Bonampak, Tikal, la selva del Petén y un sinnúmero de espacios susceptibles al ecoturismo. Recordemos que la zona es la cuarta región del mundo con mayor biodiversidad.
Además, se priva del derecho al desarrollo sustentable a las comunidades indígenas originarias por la carencia del impulso sostenido, progresivo y adecuado del desarrollo turístico, sobre todo en servicios, respecto a las demás zonas de ese corredor del "mundo maya" y del resto del país.
La ampliación del aeropuerto de Palenque permitirá impulsar el desarrollo de programas ecoturísticos a partir de las comunidades indígenas, sin necesidad de grandes inversiones, pero sí potenciando los recursos destinados a las zonas marginadas de la región.
Con ello, el proyecto se convierte en una inversión de gran rentabilidad social, pues reactiva la economía de la región y permite a grupos y organizaciones aspirar a un ingreso elemental de sustento familiar.
Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el marco del análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, se considere en el Presupuesto la ampliación del aeropuerto de Palenque, Chiapas.
Dip. Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA NO DESINCORPORE LA COMISION NACIONAL DE LAS ZONAS ARIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO RAMIREZ PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
He pedido la palabra para compartir con ustedes la justificada reacción de diversos sectores de la sociedad mexicana que perciben, en el paquete económico del gobierno, una grave determinación, al dispersar los fines y debilitar el patrimonio de instituciones públicas que tienen una razón histórica y una responsabilidad social en el desarrollo del país.
Por diversos medios se ha discutido la arbitrariedad de esa desafortunada decisión del Gobierno de la República. Se ha reclamado el abandono o desapego oficial respecto a compromisos de Estado que inciden en la producción, la investigación y la tecnología del sector agropecuario, al desdeñar activos de la nación -como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Colegio de Posgraduados de la Universidad de Chapingo, el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural o el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua-, olvidando quizá que comer es primero y que no hay dependencia más dramática que la alimentaria.
Se ha escuchado también la denuncia de mexicanos alarmados por el riesgo en que se halla la cultura, nuestro principal patrimonio común, nuestro rasgo de identidad frente al mundo.
Vengo a esta tribuna a solidarizarme con esas legítimas y justas protestas. Pero también a hablar por quienes no lo han hecho porque no tienen la organización ni la información para hacerlo, por ser los más débiles entre los vulnerables; los pobres entre los pobres que sienten la pobreza como una maldición, los mexicanos que sobreviven en el desierto y en las zonas áridas.
Me refiero a los 10 millones de mexicanos recolectores de la candelilla, de la lechuguilla, del cortadillo y del orégano, buscadores de víboras, los que se alimentan con ratas del desierto, los modestos gamusinos, los humildes tejedores de palma, todos los que buscan que la sociedad no los olvide, aunque no los escuche, los que no podrán pagar desplegados para defender la existencia de la única mano que busca apoyar su supervivencia y que los vincula con el resto del país: la Comisión Nacional de las Zonas Aridas (Conaza).
En el vasto y complejo país que somos, no podemos soslayar las diferencias abismales que distancian a los mexicanos más pobres de los ricos. A medida que crece la extravagancia en el consumo de los menos, se agrava, a niveles insólitos, la miseria de quienes viven en el desierto del país.
Las zonas áridas de México son un problema preocupante, no sólo por los miles de caseríos que ahí se asientan sino por lo que anuncia para el futuro. Más de 56 por ciento del territorio nacional corresponde ya a "zonas deterioradas", pues la desertización avanza en forma infrenable, creando una crisis ecológica que es preciso atender.
El asunto es muy complejo, pero hasta hoy la respuesta a su problemática ha sido muy marginal y a menudo degenera en simples campañas propagandísticas.
Por eso, hoy más que nunca es esencial otorgar más atención a las zonas áridas, tanto por razones sociales como por el hecho de que las zonas áridas todavía guardan considerables recursos, que bien explotados podrían desempeñar una función económica importante, al mismo tiempo que otra función ecológica, de recuperación de espacios, de otro modo continuaría deteriorándose.
La Conaza aparece, por la naturaleza de los objetivos que persigue, como una institución de primordial importancia para México porque no es una simple institución de asistencia a esas poblaciones marginadas, que ya bastaría para justificarla, sino como un posible instrumento de recuperación de enormes espacios geográficos vitales para el país.
Por esas razones, no debemos permitir que se minimice esa institución. No debemos dejar que se siga empobreciendo a los pobres y ahondando las desigualdades sociales.
Al contrario, nuestro mandato y nuestras más elementales convicciones de justicia y equidad nos obligan a rechazar y revertir el inaceptable propósito gubernamental, y convertirlo en una acción de fortalecimiento y relanzamiento de la Conaza en la medida y a la altura que exige el universo social a que sirve.
Por todo lo anterior, me permito proponer a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Instruir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que desestime cualquier intento de desincorporar la Comisión Nacional de las Zonas Aridas y, por el contrario, de manera preferente le asigne los recursos necesarios para ampliar sus actividades y programas en favor de las familias y de las zonas áridas bajo su jurisdicción, incluidos los que necesite para ampliar su cobertura hacia otras zonas del país que, con urgencia, aún no cuentan con sus servicios.
Solicitar a la comisión citada el mismo trato preferente para las demás instituciones amenazadas de desincorporación, con especial atención de las que sirven los intereses campesinos y populares.
Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica)
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Víctor Hugo Islas Hernández a nombre de los integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Verde Ecologista de México el pasado 9 de octubre de 2003, y que pretende que el Gobierno Federal con la participación de los productores rurales y legisladores revisen el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para que este retome sus objetivos iniciales de impulsar la productividad y la superación de la pobreza en el campo mexicano.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65,
66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión
corresponde dictaminar la presente proposición con Punto de Acuerdo
a partir de los siguientes:
ANTECEDENTES
El 9 de octubre de 2003, el Diputado Víctor Hugo Islas Hernández, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para que el Gobierno Federal con la participación de los productores rurales y legisladores revisen el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para que este retome sus objetivos iniciales de impulsar la productividad y la superación de la pobreza en el campo mexicano.
El pasado 9 de octubre de 2003, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería la mencionada Proposición para su respectivo estudio y dictamen.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que la instrumentación del programa está proyectada a 15 años, con apoyos constantes en términos reales durante los primeros 10 años; año, por tanto, se pretende que los productores cuenten con nueva tecnología, pudiéndose asociar para modernizarse y así enfrentar la competencia externa en un mercado abierto.
Que la reconversión hacia cultivos de mayor rentabilidad trata de compensar los subsidios que en países desarrollados se otorga a los productores agrícolas, por tanto, es conveniente fomentar la organización de los productores nacionales a fin de comercializar los productos agrícolas con un elevado nivel de competitividad y con ello, fortalecer las cadenas productivas nacionales para así impulsar el desarrollo del sector.
Que la desgravación arancelaria que está teniendo lugar, con motivo de la implementación de las diversas etapas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, así como la liberación comercial con prácticamente todas las regiones del mundo, han puesto en jaque a la agricultura nacional que compite con desventajas tecnológicas y bajo un esquema bajo el cual se ha ido eliminando los subsidios a los productores agropecuarios y ante la fragilidad de los programas de compensación social en el campo que resultan insuficientes para mitigar el hambre y la pobreza.
Que los países desarrollados han aumentado fuerte mente el apoyo a sus productores en lugar de reducirlos como fue convenido por los países integrantes de la organización Mundial de Comercio.
Por las consideraciones anteriormente expuestas los integrantes de esta Comisión hemos resuelto apoyar la Proposición con Punto de Acuerdo, por lo que sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido positivo en los siguientes términos:
RESOLUTIVO
UNICO: Que el Gobierno Federal con la participación de los productores rurales y los legisladores inicie un proceso de revisión al Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), con el objetivo de que este programa impulse la productividad y la superación de la pobreza en el campo mexicano, y se defina su pertinencia en caso de no cambiar las actuales condiciones de inequidad en los términos de la competencia comercial.
Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, aprueban el presente dictamen los siguientes Diputados Federales:
Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente
(rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica);
Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila
Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario
(rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica);
Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez
(rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar
Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica),
Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús
Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica),
Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica),
Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos
(rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo
Parada, José María de la Vega Lárraga, Rocío
Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Edmundo
Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín
González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert, Enrique
Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, SOBRE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL FONDO DE EMPRESAS EXPROPIADAS DEL SECTOR AZUCARERO (FEESA) PRESENTE A ESTA SOBERANIA UN INFORME DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA INDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Diego Palmero Andrade del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el pasado 9 de octubre de 2003, proposición que pretende que el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), presente a esta Soberanía un informe de las condiciones actuales de la industria de la caña de azúcar.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, así como por los artículos 65,66,85,85,87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo en comento, a partir de los siguientes:
ANTECEDENTES
El pasado 9 de octubre de 2003, el Diputado Diego Palmero Andrade, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para que el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero presente a esta Soberanía un informe de las condiciones actuales de la industria de la caña de azúcar.
El 9 de octubre de 2003 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada Proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que la actividad azucarera participa actualmente en la economía nacional con el 0.5% del producto interno bruto y proporciona el sustento de 440 mil familias (mediante empleos temporales y permanentes), asentadas en 227 municipios del país pertenecientes a 15 estados de la república, en los que habitan alrededor de 12 millones de mexicanos, de los cuales más de 2.5 millones dependen directamente de la agroindustria de la caña de azúcar así como de una diversidad de actividades indirectas vinculadas a la misma, en una cadena producción - consumo tan basta, que su debacle sería catastrófica para el país.
Que a partir de la operación de 59 ingenios, México ocupa en la actualidad el séptimo lugar en producción de azúcar a nivel mundial entre más de un centenar de países, y la octava posición en cuanto a consumo per cápita y la que de la producción nacional; el 58% es canalizada a la Industria, el 32% al uso doméstico y el 10% restante se destina principalmente al mercado internacional.
Que el impulso a la actividad azucarera por parte del estado no ha correspondido a su trascendencia económica y social esto se ha hecho más patente en el transcurso de los últimos años en los que la situación ha adquirido tintes verdaderamente dramáticos debido a la concurrencia de factores de diversa índole, estructurales y coyunturales tales como: los desajustes suscitados en el marcado interno que derivaron en la caída de los precios del endulzante; la entrada al país de volúmenes de azúcar y de fructosa así como la importación de enormes cantidades de maíz subsidiado para la producción de la fructosa; la inexistencia de un sistema financiero suficiente y oportuno; la persistencia de muy altos grados de endeudamiento; la creciente descapitalización del campo cañero y la reticencia de los Estados Unidos de América a acatar lo pactado en el TLCAN, en materia de absorción de lo excedentes de azúcar producida en México.
Que conscientes de la problemática por la que atraviesa el sector azucarero en el país, los legisladores de la LIX Legislatura y en particular los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería externamos nuestra preocupación por la situación que atraviesan los ingenios azucareros del país, tanto los expropiados por el Gobierno Federal como los que están en manos de los particulares.
Por las consideraciones anteriormente vertidas los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería tenemos a bien apoyar en sentido positivo la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, por lo que sometemos ante el pleno de esta Cámara de Diputados el presente dictamen en los siguientes términos:
RESOLUTIVO
UNICO: Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), informe a detalle a esta Soberanía por escrito y a la brevedad posible de las condiciones actuales de la industria azucarera del país así como en particular de los ingenios expropiados por el Ejecutivo Federal, asimismo se de a conocer la propuesta del Gobierno sobre el futuro de la agroindustria azucarera.
Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, aprobamos el siguiente dictamen los Diputados Federales:
Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente
(rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica);
Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila
Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario
(rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica);
Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez
(rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar
Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica),
Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús
Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica),
Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica),
Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos
(rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo
Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga,
Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez,
Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica),
Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera
Herbert, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez
Carrera (rúbrica).
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, SOBRE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRETENDE SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES CON OBJETO DE EVITAR LA UTILIZACION DE LOS BETAANALOGOS CON FINES ZOOTECNICOS
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Gonzalo Moreno Arévalo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 14 de octubre de 2003, y que pretende solicitar al Ejecutivo Federal que realice las acciones pertinentes con el objeto de evitar la utilización de los beta - análogos con fines zootécnicos.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 65, 66, 85, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo en comento bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
El 14 de octubre de 2003, el Diputado Gonzalo Moreno Arévalo presento una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que realice las acciones pertinentes con el objeto de evitar la utilización de beta - análogos con fines zootécnicos.
El 14 de octubre de 2003, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada Proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Con base en los siguientes antecedentes, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que persiste el uso ilegal de beta - análogos con fines zootécnicos, a pesar de las acciones implementadas hasta la fecha lo que constituye una prueba fehaciente del fracaso que las mismas han tenido en su objetivo de erradicar este problema.
Que desafortunadamente la alerta que se presentó a fines del año pasado en varias regiones del país, y que se logró diagnosticar 195 casos registrados oficialmente de intoxicaciones presentadas en seres humanos por consumo de clenbuterol residual en tejidos de origen animal (hígado principalmente), solo dieron como consecuencia, una tibia reacción de la autoridad que los obligo a emitir la Norma de Emergente NOM - EM- 015 - ZOO-2002, publicada en el Diario Oficial y que en términos reales no atacó el problema de fondo.
Que las autoridades conocen los riesgos que representan para la salud pública la utilización de estos productos, sin embargo se sigue autorizando la utilización de beta - análogos como el zilpalterol o la ractopamina, del cual la autorización de su registro ya se encuentra en proceso en la SAGARPA. Estas autorizaciones que emite la Secretaría se realizan sin tomar en cuenta en su decisión final, el impacto que el uso comercial del producto pudiera tener en el mantenimiento de la inocuidad alimentaria.
Que la práctica de incorporar aditivos alimenticios modificadores del metabolismo animal destinados para consumo humano, sigue dándose en el país, sin que exista hasta el momento un mecanismo oficial que garantice su adecuado y prudente uso.
Con base en las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería sometemos a la consideración del pleno el presente dictamen en sentido positivo, bajo los siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO: Se solicita al titular del Ejecutivo Federal instruya al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que retire del mercado nacional todos los productos beta - análogos existentes para uso zootécnico hasta en tanto no se revise con exactitud el daño que hacen a la salud humana.
SEGUNDO: Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación suspenda la autorización de nuevos registros en cualquier forma y presentación hasta en tanto prevalezca la situación de incapacidad jurídica y técnica de las dependencias responsables para garantizar su buen manejo.
TERCERO: Se pide al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya a los Secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Hacienda y Crédito Público; Salud y Economía para instaurar una Comisión Revisora para que sea verificado el marco jurídico actual, referente al uso, registro y manejo residual de los beta - análogos.
Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, aprueban el presente dictamen los siguientes Diputados Federales:
Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente
(rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica);
Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila
Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario
(rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica);
Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez
(rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar
Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica),
Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús
Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica),
Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica),
Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos
(rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo
Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga,
Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez,
Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica),
Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera
Herbert, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez
Carrera (rúbrica).
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, SOBRE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE PROPONE QUE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE EL AVANCE DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA COMBATIR Y ERRADICAR LA PLAGA DE LANGOSTA Y CHAPULIN EN LA HUASTECA POTOSINA, EN EL SUR DE TAMAULIPAS Y EN EL NORTE DE VERACRUZ
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta LIX Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado José María de la Vega Larraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 7 de octubre de 2003, proposición que propone que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe a esta Soberanía sobre el avance de las acciones realizadas para combatir y erradicar la plaga de langosta y chapulín en la Huasteca Potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente proposición en comento a partir de los siguientes:
ANTECEDENTES
El 7 de octubre de 2003, el Diputado José María de la Vega Larraga, presentó la proposición con punto de acuerdo para que la SAGARPA informe a esta soberanía sobre el avance de las acciones realizadas para combatir y erradicar la plaga de langosta y chapulín en la Huasteca Potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz.
En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura.
Con base en los antecedentes mencionados los integrantes de esta Comisión, formulamos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que desde la década de los setenta se detectaron en el Estado de San Luis Potosí formaciones de mangas de plaga de langosta y de chapulín que se han incrementado de manera constante y notoria año con año y a partir del año de 1988 como resultado de periodos prolongados de sequía y altas temperaturas así como precipitaciones pluviales que incrementaron la humedad y la temperatura del suelo, favorecieron la incubación de los huevecillos depositados por estas plagas, desatando un serio problema para los cultivos de la región.
Que siendo sabedores de que el Comité Estatal de Sanidad Vegetal ha enviado técnicos especializados en el combate de plagas a la zona donde se identificó la plaga de langosta, con el fin de apoyar a los campesinos y evitar que se incremente su presencia y afecte a otros cultivos.
Que las intensas lluvias y las altas temperaturas que se registran en esta temporada favorecen el desarrollo de esa plaga y se corre el riesgo de que aparezcan otras, afectando la producción de los cultivos tales como pastizales, frutas tropicales, hortalizas entre otros.
Que hoy se presenta la necesidad de apoyar de manera urgente a los productores de la huasteca, Potosina, del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz ya que es nuestra convicción y obligación velar por los intereses de todos los que se vean afectados en el agro mexicano, por lo que consideramos viable la propuesta del Diputado José María de la Vega Larraga.
Por las consideraciones antes mencionadas los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería sometemos a la consideración del Pleno de esta H Cámara de Diputados, el presente dictamen en sentido positivo bajo los siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe a esta Soberanía sobre los avances de las acciones realizadas para combatir y erradicar la plaga de langosta y chapulín en la Huasteca Potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz.
SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación coadyuve en los trabajos de sanidad en la región afectada por la plaga de langosta y chapulín enviando al equipo técnico necesario.
TERCERO.- Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural Pesca y Alimentación incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, una partida presupuestaria para crear Laboratorios de Organismos Benéficos como una alternativa para combatir este tipo de plagas en la región afectada.
Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, aprueban el presente dictamen los siguientes Diputados Federales:
Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente
(rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica);
Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila
Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario
(rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica);
Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez
(rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar
Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica),
Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús
Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica),
Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica),
Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos
(rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo
Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga,
Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez,
Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica),
Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera
Herbert, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez
Carrera (rúbrica).
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, SOBRE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRETENDE QUE SE EXHORTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Rafael Galindo Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y a nombre de varios Partidos Políticos el pasado 7 de octubre de 2003, proposición que pretende se exhorte al titular del Ejecutivo Federal a dar cabal cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo a partir de los siguientes:
ANTECEDENTES
El pasado 7 de octubre de 2003, el Diputado Rafael Galindo Jaime, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para que el titular del Ejecutivo Federal de cabal cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo.
El pasado 7 de octubre de 2003 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada Proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que el Acuerdo Nacional para el Campo suscrito por el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y las organizaciones de productores rurales fue concebido como un instrumento de trabajo para solucionar los graves problemas que aquejan al campo de México y construir las bases para que se reincorpore al progreso y al crecimiento en beneficio de las familias campesinas.
Que en los 282 puntos que contiene el Acuerdo, gobierno y organizaciones de productores rurales se propusieron el reto de mejorar los niveles de productividad, rentabilidad y competitividad, en el sector agropecuario y así alcanzar una mejoría en las condiciones de vida de las personas que habitan en el campo mexicano, asumiendo el compromiso de establecer e instrumentar políticas públicas orientadas a consolidar una reforma estructural del sector, para garantizar la soberanía y seguridad alimentarias de nuestro país.
Que la reasignación de recursos al presupuesto de varios programas que inciden en el desarrollo del sector rural ha sido un logro de todos los actores que participaron en las negociaciones logrando de esta manera destinar, por ejemplo, cuatrocientos millones para ampliar los servicios de salud en el medio rural, incluyendo servicios de primer nivel como son medicina interna, gíneco - obstetricia y cirugía general; se destinaron doscientos sesenta millones para ampliar, mejorar y construir viviendas en el medio rural; ciento cuarenta millones para la organización comercial; cien millones para el programa de la mujer campesina, entre otras muchas acciones que se lograron con la firma del Acuerdo.
Que el Acuerdo Nacional para el Campo es un instrumento que permitirá conjuntamente con las leyes que esta soberanía ha tenido a bien expedir principalmente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, entre otras, a impulsar el desarrollo del sector rural en nuestro país y que ya no puede tener más retrasos porque ello nos conduciría a inconformidades sociales inconvenientes.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con el mejor de los ánimos de apoyar al sector rural los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería hemos tenido a bien dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo en sentido positivo por lo que sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el presente dictamen en los siguientes términos:
RESOLUTIVO
UNICO: Esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya a todas las dependencias involucradas, para que de total cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nacional para el Campo, signado el pasado 28 de abril de 2003, así como aplicar en tiempo y forma los programas del sector agropecuario y los recursos asignados al mismo.
Por la Comisión de Agricultura y Ganadería aprueban el presente dictamen los siguientes Diputados Federales:
Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente
(rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica);
Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila
Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario
(rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica);
Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez
(rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar
Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica),
Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús
Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica),
Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica),
Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos
(rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo
Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga,
Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez,
Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica),
Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera
Herbert, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez
Carrera (rúbrica).
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, SOBRE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRETENDE QUE SE REVISE Y DISCUTA EL DICTAMEN DE LA LEY DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR Y QUE COMPAREZCA EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Oscar Martín Ramos Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el pasado 23 de septiembre de 2003, proposición que pretende se revise y discuta el dictamen de la ley de la agroindustria de la caña de azúcar y que comparezca el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65,66,85,87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a partir de los siguientes:
ANTECEDENTES
El 23 de septiembre de 2003, el Diputado Oscar Martín Ramos Salinas, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por la que solicita se revise y discuta el dictamen de la ley de la agroindustria de la caña de azúcar y que comparezca el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la mencionada Proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería
Con base en los anteriores antecedentes, los integrantes de la Comisión formulamos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que en los inicios de la LVIII Legislatura se turnaron a esta Comisión de Agricultura y Ganadería tres iniciativas de ley de la agroindustria de la caña de azúcar, presentadas por los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional respectivamente.
Que al inicio de la anterior legislatura, al interior de esta Comisión se integró una subcomisión de dictamen la cual empezó el estudio y análisis profundo de cada una de la iniciativas presentadas, llevando a cabo reuniones intensas de trabajo con funcionarios del Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales involucrados en el sector, con organizaciones de productores, entre muchos, actores, teniendo por resultado varios borradores de dictamen, pero, ninguno definitivo que cumpliera satisfactoriamente a los actores involucrados en tan delicado tema como es el de formular una ley de la Agroindustria azucarera.
Que los integrantes de la actual LIX Legislatura y en particular quienes integramos la Comisión de Agricultura y Ganadería, estamos plenamente conscientes del deber que tenemos de emitir un dictamen sobre estas iniciativa de ley y que se deberá presentar al pleno de la Cámara de Diputados para su respectiva aprobación, para lo cual en forma independiente de la creación de la Comisión Especial de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, esta Comisión ha iniciado la creación de una subcomisión de dictamen que ya está trabajando sobre las tres iniciativas que se tienen en esta Comisión, para que a la brevedad posible se cuente con un dictamen definitivo en la materia.
Que el pasado 13 de octubre de 2003, comparecieron ante esta Comisión de Agricultura y Ganadería el Subsecretario de Agricultura y la Subsecretaria de Economía quienes expusieron ante los integrantes de esta Comisión la situación de las 112,000 toneladas de azúcar autorizados por el Gobierno Federal para su importación.
Que el pasado 15 de octubre de 2003, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación compareció ante esta Comisión y de igual forma expuso una síntesis de la situación de la industria azucarera de nuestro país.
Con base en las anteriores consideraciones, los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería sometemos ante el Pleno de esta Soberanía el presente dictamen en sentido positivo, bajo los siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO: La Comisión de Agricultura y Ganadería solicita a la Junta de Coordinación Política que en uso de sus facultades constituya a la brevedad posible la Comisión Especial de la Caña de Azúcar.
SEGUNDO: Se crea la subcomisión de dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería para el estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente a las Iniciativas de ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.
TERCERO: Con la comparecencia del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el pasado 15 de octubre del año en curso, se da por cumplimentada satisfactoriamente la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Oscar Martín Ramos Salinas
Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, aprueban el presente dictamen los siguientes Diputados Federales:
Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente
(rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica);
Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Mario Ernesto Dávila
Aranda, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario
(rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica);
Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez
(rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Gaspar
Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica),
Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús
Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica),
Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica),
Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Alvarez Ramos
(rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Javier Castelo
Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga,
Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez,
Edmundo Valencia Monterrubio, Regina Vázquez Saut (rúbrica),
Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera
Herbert, Enrique Torres Cuadros, Víctor Suárez Carrera.
A su tercera reunión extraordinaria, con la presencia de los ciudadanos Luis Ocampo Camberos y Héctor Sumano López, doctores en farmacología y catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes presentarán el tema Betaanálogos, el martes 18 de noviembre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio D, segundo nivel).
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A su reunión de trabajo con integrantes del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, AC, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Angel Aguirre Rivero
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO
A su primera reunión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio F, tercer nivel).
Atentamente
Dip. Fernando Fernández García
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 9 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 9 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS
A su primera reunión extraordinaria, que se efectuará el martes 18 de noviembre, a las 9:45 horas, en la sala de juntas de la Comisión, edificio F, primer nivel.
Atentamente
Dip. Jesús Vizcarra Calderón
Presidente
DE LA COMISION DE TURISMO
A su reunión plenaria, que se efectuará el martes 18 de noviembre, a las 11 horas, en el salón Libertadores, edificio H, segundo nivel.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 16 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 16 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A su reunión de trabajo con la Ing. Xóchitl Gálvez Ruiz, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 17 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Javier Manzano Salazar
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión plenaria, que se realizará el martes 18 de noviembre, a las 17 horas, en las oficinas de la Comisión, edificio D, segundo piso.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A su primera reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer nivel.
Orden del Día
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, Y DE SALUD
A su reunión de trabajo a la que asistirán el secretario de Salud, Dr. Julio Frenk Mora, y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se realizará el martes 18 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República.
Orden del Día
Dip. Francisco José Rojas Gutiérrez
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente de la Comisión de Salud
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su cuarta reunión extraordinaria, que tendrá lugar el martes 18 de noviembre, a las 18 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales, a la cual asistirá el doctor José Antonio Meade Kuribeña, director general de Financiera Rural.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión extraordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 18 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ECONOMIA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 18:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 18 de noviembre, a las 19 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A su tercera reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre, a las 8 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de
la sesión anterior de la Comisión de Salud.
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
de los anteproyectos de dictamen de la Comisión de Salud.
6. Asuntos generales.
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente de la Comisión de Salud
Dip. Julio César Córdova Martínez
Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 19 de noviembre, a las 9 horas, en el salón Fundadores, edificio H, cuarto piso.
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su séptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A la comparecencia del C. secretario de la Reforma Agraria, licenciado Florencio Salazar Adame, que tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A las actividades que, con motivo del Día Internacional de la no Violencia contra las Mujeres, se realizarán del martes 25 de noviembre al miércoles 10 de diciembre.
Fecha: 25 de noviembre de 2003.
9:00 horas: Acto de denuncia.
Lugar: Plaza Legislativa.
9:30 horas: Inauguración de la Feria de
Acciones.
Lugar: Plaza Legislativa.
9:30 horas: Inauguración de fotografía
y pintura.
Lugar: Vestíbulo principal.
Fecha: 1 de diciembre.
19:00 horas: Foro de Comunidad Lésbica.
Lugar: Mezanine, palcos.
Fecha: 4 de diciembre.
17:00 horas: Presentación del libro Violencia
intrafamiliar, un drama cotidiano; autora: Patricia Berumen.
Lugar: Zona C del restaurante Los Cristales.
Fecha: 9 de diciembre.
17 horas: Testimonio de Consuelo Oliva Tirado.
Lugar: Salón Legisladores.
Fecha: 10 de diciembre.
Evento: Develación de placa conmemorativa.
Hora: Pendiente.
Lugar: Pendiente.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión de trabajo con la Comisión Intersecretarial del Programa Paisano, que se llevará a cabo el martes 25 de noviembre, a las 15 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de trabajo donde comparecerá la Lic. Patricia Espinosa Torres, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, que se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre, a las 10 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A la comparecencia ante las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública del General Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República, que se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre, a partir de las 17 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Dip. Jorge Uscanga Escobar
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
Al foro El dolor y su tratamiento, que se realizará el miércoles 3 de diciembre, de las 9 a las 15 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente