Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 179 aniversario de la expedición del decreto de la creación del Distrito Federal, tendrá lugar el 18 de noviembre, a las 9:00 horas, en el Museo de la Luz, sito en las calles de San Ildefonso y El Carmen, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc.
De los Congresos de Nayarit, de Tlaxcala y de Zacatecas.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.
Oficios de la Cámara de Senadores
Con el que remite iniciativa que reforma el párrafo quinto de la fracción II del artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Eduardo Ovando Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con el que devuelve la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Cinco, en los que se transcriben puntos de acuerdo por los que se solicitan mayores recursos a diversas partidas presupuestales, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. (Turno a Comisión)
En el que se transcriben puntos de acuerdo, con relación al artículo segundo transitorio del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. (Turno a Comisión)
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política:
Relativo a la comparecencia del procurador general de la República ante comisiones de la Cámara de Diputados. (Votación)
Iniciativas del Congreso de Jalisco
Que adiciona un artículo 37 Bis a la Ley General de Educación. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Iniciativas de ciudadanos diputados
Que reforma los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Abraham Bagdadi Estrella, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 16 y el cuarto transitorio de la Ley General de Educación, a fin de que la transferencia de los servicios de educación básica y normal al Gobierno del Distrito Federal sea concluida lo más pronto posible, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Minutas
Con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción IX al artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y un párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, por el que se reforma el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del 500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano ingeniero Jaime Parada Avila, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país. (Turno a Comisión)
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la reclasificación de tarifas eléctricas para el estado de Guerrero, a cargo del diputado Abel Echeverría Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para integrar la comisión especial de ganadería y avicultura, a cargo del diputado Mario Ernesto Dávila Aranda, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, respecto al artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del diputado Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, respecto al artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, en torno de las declaraciones del ex embajador de Estados Unidos en México Jeffrey Davidow sobre la agenda binacional México-Estados Unidos de América, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República, por exhorto de esta soberanía, investiguen el monto y el destino de los recursos que se recuperan por concepto de sanciones económicas y penales, mediante la Secretaría de la Función Pública, a cargo del diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las procuradurías de Justicia a que atiendan de manera integral a las víctimas de los delitos y que las Constituciones locales se adecuen en la materia a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gema Isabel Martínez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que se respete el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, dada su valiosa labor en beneficio de pacientes y facultativos, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Congreso de Guerrero y al secretario de Gobernación que intervengan en el caso de la liberación que se ha venido dando de las personas señaladas como autores materiales de los crímenes cometidos en Aguas Blancas, a cargo de la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a incluir el municipio de Acapetahua, Chiapas, en el Programa para Combatir la Mosca de Fruta, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que la empresa Notimex se mantenga en su estatus actual y se fortalezca presupuestariamente para cumplir de mejor manera su función social de información nacional, a cargo del diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al jefe del Poder Ejecutivo federal y a las dependencias responsables con el sector agrario a impulsar una reforma agraria integral que atienda el desarrollo de la propiedad social en México y garantice la participación de los ejidos y las comunidades en los programas de desarrollo rural, a cargo del diputado José Lamberto Díaz Nieblas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los integrantes del Congreso de la Unión y de las Legislaturas estatales, a los titulares de los Poderes Ejecutivos de la Federación y de las entidades federativas y a los ayuntamientos del país a sumarse al esfuerzo por alcanzar un acuerdo migratorio con Estados Unidos de América, a partir del cual se garantice el respeto de los derechos de los mexicanos y que derive en beneficios para ambas naciones, a cargo del diputado Alfonso Moreno Morán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos federal y de los estados de Querétaro y de Tabasco a tomar las medidas conducentes para la liberación de los zapatistas presos, a cargo del diputado Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados se pronuncie en favor de convocar con la mayor brevedad a un foro nacional para la reforma del Estado, en el que participen sociedad civil, organizaciones sociales, empresarios, intelectuales, académicos, instituciones educativas y de investigación, Poderes de la Unión, representantes de las entidades federativas, partidos políticos, órganos electorales y todos los actores políticos, con objeto de intercambiar propuestas, construir consensos y definir la agenda de la reforma del Estado, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a emitir el dictamen referente a la aprobación de la iniciativa de Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con objeto de eliminar dicho impuesto a los polvos para preparar bebidas saborizadas, a cargo de la diputada Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los estados a que, en el marco de sus respectivas leyes orgánicas, integren comisiones permanentes para la atención de los asuntos relacionados con migrantes, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que la partida destinada a los ex presidentes de la República se elimine del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que se reubique a las familias afectadas bajo la cota 68.5 de las presas Presidente Miguel Alemán y Presidente Miguel de la Madrid, a cargo del diputado Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que libere los recursos presupuestados para el desarrollo del Programa de Acuacultura y Pesca, que forma parte del Programa Alianza Contigo, en apoyo de la flota camaronera nacional de pesca de altura, a cargo del diputado Alejandro Higuera Osuna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se asigne al Instituto Politécnico Nacional una partida presupuestal total de 7,500 millones de pesos, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al jefe del Poder Ejecutivo federal a que -mediante las Secretarías de Salud, de Desarrollo Social, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales- se corrijan las causas de la contaminación existente en los municipios de El Salto y de Juanacatlán, Jalisco, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a permitir que los recursos autogenerados en el Instituto Politécnico Nacional e institutos tecnológicos en noviembre y diciembre de 2003 no ingresen en dicha secretaría, a cargo del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo a homologar el precio del diesel marino, en beneficio de los armadores de buques de investigación oceanográfica universitaria, a cargo del diputado Pablo Anaya Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al analizar la propuesta de Presupuesto de Egresos de 2004, incluya los recursos necesarios para apoyar las asociaciones civiles constituidas legalmente de los ingenios de Zacatepec y Oacalco, Morelos, en virtud de que se encuentran en una situación económica precaria, a cargo del diputado Guillermo del Valle Reyes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Solicitud de excitativa
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Agenda política
Comentarios relativos a la elección de la Mesa Directiva del Congreso de Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Posicionamiento sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.
Efeméride
Sobre el 352 aniversario del natalicio de Sor Juana Inés
de la Cruz.
ACTA DE LA SESIÓN DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos sesenta y ocho diputadas y diputados, a las once horas con dieciséis minutos del martes once de noviembre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.
Comunicación del diputado Antonio Morales de la Peña por la que solicita licencia para separarse del cargo del diputado federal electo en el primer distrito del estado de Colima, del catorce de noviembre al cinco de diciembre de dos mil tres. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económica.
Comunicación del Congreso del estado de Chihuahua con acuerdo por el que solicita subsidios en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, para apoyar transitoriamente el consumo de energía con fines agrícolas, en tanto se expide la ley reglamentaria de la Ley de Energía para el Campo. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con acuerdo por el que solicita la derogación del artículo cuarto transitorio y la modificación del artículo dieciséis de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite copia de las contestaciones del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a las consecuencias de los desastres naturales de origen hidrometeorológico ocurridos en distintas entidades federativas. Se turna a las comisiones de Desarrollo Social y de Gobernación, así como a los promoventes, para su conocimiento.
Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:
Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un artículo cuarenta y nueve bis a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.
Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores. Se turna a la Comisión de Salud.
Francisco Javier Valdéz de Anda, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura de los siguientes dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto:
Uno, por el que se concede permiso a nueve ciudadanos para prestar servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de la República Italiana en México.
Uno, por el que se concede permiso al ciudadano Tomás Roberto González Sada, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
José Julio González Garza, del Partido Acción Nacional, en relación con la creación de un plan nacional de empleo productivo emergente. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía.
Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, para conformar un grupo de trabajo que asegure las previsiones de inversión educativa en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, en relación con el presupuesto y funcionalidad de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con las conclusiones de la Conferencia Nacional de Gobernadores del treinta y uno de octubre de dos mil tres, relativas a los migrantes mexicanos y sus familias. Se turna a las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores.
María Marcela Lagarde y de los Ríos, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con los apoyos a la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y con la aplicación de medidas para evitar los feminicidios en diversas entidades federativas.
Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Jesús Ángel Díaz Ortega, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro al estado de Oaxaca en materia de salud. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Felipe de Jesús Díaz González, del Partido Acción Nacional, en relación con las obras del denominado Dren de Tehuacán. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Horacio Martínez Meza, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la empresa denominada Comercializadora Metrogas, Sociedad Anónima de Capital Variable, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y hablan en pro los diputados: Ernesto Herrera Tovar, del Partido Acción Nacional; y Nancy Cárdenas Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.
Alvaro Burgos Barrera, del Partido Revolucionario Institucional, para que se incluyan en el ramo veinte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, los recursos necesarios para otorgar una pensión mensual a los adultos mayores de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Zacatecas.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Antonio Mejía Haro, del Partido de la Revolución Democrática, para citar a comparecer a los funcionarios correspondientes de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Economía; y de Hacienda y Crédito Público, en relación con el uso de beta - agonistas con fines zootécnicos y farmacéuticos. El proponente aclara que en la proposición publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, se planteaba citar a comparecer a los titulares de esas secretarías y en la que presenta se cita solamente a los funcionarios respectivos, y solicita trámite de urgente resolución. El Presidente informa que se ha presentado una práctica en demérito de la información de la Asamblea, pues se publican en la Gaceta Parlamentaria proposiciones con punto de acuerdo que se someterán al trámite de urgente u obvia resolución y que en ocasiones son modificadas al presentarse ante el Pleno, como en el presente caso, por lo que a su vez la práctica que se ha seguido es la de turnar el documento originalmente publicado. La Asamblea considera el asunto de urgente resolución en votación económica. Hablan en pro los diputados: Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, del Partido Acción Nacional; y Gonzalo Moreno Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y lo aprueba en sendas votaciones económicas. Comuníquese.
María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que se acaten las disposiciones normativas correspondientes para que sea registrado como beneficiario de las prestaciones en especie del seguro de enfermedad, el esposo de la asegurada y de la pensionada, solamente comprobando el matrimonio. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
Susana Guillermina Manzanares Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, para que se diseñe un programa especial para el rescate integral de las áreas naturales protegidas ubicadas en la Delegación Tlalpan y se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Francisco Javier Obregón Espinoza, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, suprima el artículo segundo transitorio del proyecto presentado por el Ejecutivo Federal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Habla sobre el impacto de la liquidación de diversas instancias culturales contemplada en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, en la cultura mexicana, el diputado Inti Muñoz Santini, del Partido de la Revolución Democrática. Para el mismo tema se concede la palabra a los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; y Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría
da lectura al orden del día de la próxima sesión e
informa del registro final de cuatrocientos cincuenta y seis diputadas
y diputados. El Presidente clausura la sesión a las dieciséis
horas con diecisiete minutos, citando para la que tendrá lugar el
jueves trece de noviembre de dos mil tres, a las diez horas.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXIX (179) aniversario de la expedición del decreto de la creación del Distrito Federal, el próximo martes 18 de noviembre, a las 9 horas, en el Museo de la Luz, sito en las calles de San Ildefonso y El Carmen, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva dictar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de la honorable Cámara de Diputados, que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Dr. Enrique Semo Calev
Secretario
DEL CONGRESO DE NAYARIT
Tepic, Nayarit, a 5 de noviembre de 2003.
C. Diputado Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto comunico a usted que la Vigésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del estado de Nayarit, en sesión pública ordinaria verificada el 4 de noviembre del año en curso, aprobó el acuerdo número 60, mediante el cual se solicita a la Auditoría Superior de la Federación su intervención, en virtud de la negativa sistemática del gobernador del estado a permitir la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales ejercidos en 2002 y 2003.
En este sentido, me permito remitirle respetuosamente el resolutivo de referencia, para sus efectos y el conocimiento de los ciudadanos legisladores que integran esa honorable asamblea.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica)
Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su XXVII Legislatura
Acuerda
Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación la fiscalización directa de los recursos federales ejercidos por el Poder Ejecutivo durante el ejercicio fiscal de 2002.
Primero. Se comunica a la Cámara de Diputados federal y a la Auditoría Superior de la Federación que en Nayarit, el gobernador del estado ha obstruido e impedido sistemáticamente al órgano de fiscalización superior del estado revisar y fiscalizar los recursos públicos federales ejercidos por él, sus dependencias y sus entidades durante los ejercicios fiscales de 2002 y de 2003.
Adicionalmente, ha retenido de manera ilegal los recursos autorizados por los diputados federales para el Programa de Fiscalización del Gasto Público Federalizado, autorizado en el Presupuesto de Egresos de 2003, dentro del Programa de Apoyo a Entidades Federativas.
Con ello ha impedido cumplir lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 121 de la particular del estado y 46, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal y, en general, en la ley del órgano de fiscalización de la entidad.
Segundo. Las condiciones descritas en el artículo anterior imposibilitan al órgano técnico de fiscalización de este Congreso cumplir la obligación de fiscalizar los recursos federales ejercidos por el gobernador del estado.
En tal virtud, esta asamblea solicita a la Auditoría Superior de la Federación que considere en su programa de auditorías para el estado de Nayarit la fiscalización de la totalidad de los recursos federales ejercidos durante los ejercicios de 2002 y de 2003 por el Poder Ejecutivo del estado, sus dependencias y sus entidades.
Lo anterior, a efecto de estar en condiciones de que la sociedad obtenga elementos de certidumbre respecto al destino de los recursos federales y no sentar un precedente de impunidad y privilegio.
Transitorios
Primero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria del Congreso.
Segundo. Notifíquese a la Cámara de Diputados federal y procédase a realizar las gestiones ante la Auditoría Superior de la Federación al efecto de lo dispuesto en el presente acuerdo.
Dado en la Sala de Sesiones Lic. Benito Juárez del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil tres.
Diputados: Everardo Sánchez Parra, José
Antonio Jiménez González (rúbricas), secretarios.
DEL CONGRESO DE TLAXCALA
CC. Diputados Secretarios del Honorable Congreso de
la Unión
Presentes
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, y en cumplimiento de la resolución aprobada por el Pleno de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, en su vigésima cuarta sesión ordinaria pública, efectuada el treinta de octubre del año en curso, les envío el punto de acuerdo por el que esta soberanía los exhorta a legislar en favor de la industria de productos cerámicos del país. Lo anterior, para su debida atención y cumplimiento.
Sin otro particular, les envío un cordial y respetuoso saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de Xicohténcatl, a 3 de noviembre de
2003.
Lic. Sergio Cuauhtémoc Lima López (rúbrica)
Secretario Parlamentario del H. Congreso
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Gobierno Federal a realizar las acciones tendentes a imponer cuotas compensatorias a las importaciones de recubrimientos cerámicos originarios de España y de otros países que entren en el territorio nacional.
Segundo. Esta soberanía solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, así como al secretario de Economía, que cumpla el punto inmediato anterior.
Tercero. Se exhorta al honorable Congreso de la Unión a legislar en favor de la industria de productos cerámicos del país.
Cuarto. Se instruye al secretario parlamentario del honorable Congreso del estado de Tlaxcala a que cumpla el presente punto de acuerdo.
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil tres.
Diputados: Silvestre Velázquez Guevara,
Presidente; Floria María Hernández Hernández, María
del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, secretarias (rúbricas).
DEL CONGRESO DE ZACATECAS
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto tenemos el honor de remitir a ustedes un ejemplar del acuerdo número 76, aprobado por la H. Quincuagésima Séptima Legislatura local en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual les solicitamos que se autorice un mayor presupuesto a la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" para que las necesidades institucionales se satisfagan dentro de un marco de respeto de la autonomía universitaria.
Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Zacatecas, Zac., a 30 de octubre del año 2003.
La H. LVII Legislatura del Estado
Diputado Secretario
Pablo L. Arreola Ortega (rúbrica)
Diputado Secretario
José Escobedo Domínguez (rúbrica)
Acuerdo # 76
La honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas
Resultando Unico.- En la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día 28 de octubre del 2003, los ciudadanos diputados, María Guadalupe Hernández Hernández, Jorge Fajardo Frías, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, José Escobedo Domínguez, Roberto Valadez González, Rubén Martínez Castillo, Alfonso Aguilar Contreras, Francisco Flores Sandoval, Elías Barajas Romo y Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, en su carácter de integrantes de esta asamblea popular y en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 60, fracción I, de la Constitución Política del estado y 132, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentaron al pleno una iniciativa de punto de acuerdo en apoyo a la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Considerando
Es indispensable fortalecer la educación pública en los niveles medio y superior, y a fin de que las desigualdades sociales dejen de perpetuarse se requiere de una educación de calidad tanto desde el punto de vista académico como ciudadano.
Nuestra máxima casa de estudios transita hoy por la más grave situación económica registrada en su historia, y eso preocupa a las y los zacatecanos, pues de ella y de su fortalecimiento depende de gran medida el desarrollo académico, científico, educativo, y cultural de nuestro estado.
Las políticas restrictivas del gasto público a la Universidad Autónoma de Zacatecas implementadas desde la década de los noventa hasta la fecha, aunadas a las políticas de diferenciación en el gasto que padecen las universidades públicas del país, como las secuelas del modelo tradicional universitario relacionadas con las responsabilidades internas, son las determinantes generales de la actual situación que vive nuestra máxima casa de estudios.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 24, 25 y relativos del Reglamento General, es de acordarse y se acuerda:
Primero.- Emitir un pronunciamiento público en defensa de la educación pública y en particular en defensa de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Segundo.- Emitir un pronunciamiento ante la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión para que autoricen un mayor presupuesto, a fin de que las necesidades institucionales se satisfagan dentro de un marco de respeto de la autonomía universitaria.
Tercero.- Esta Honorable Legislatura designa a las Comisiones de Hacienda, de Educación y de Desarrollo Social para que coadyuven en la interlocución ante las instancias federales pertinentes tales como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda, a fin de que en sus lineamientos de distribución de gastos fortalezcan los fines de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Cuarto.- La Legislatura del estado solicita al Congreso federal que en el Presupuesto federal 2004 se proporcione un incremento en la participación de recursos para la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Quinto.- Que la Honorable Legislatura incremente la participación de los ingresos estatales a la Universidad con base en el proyecto interno o plan de desarrollo de la misma.
Dado en la Sala de Sesiones de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil tres.
Diputados: María Guadalupe Hernández
Hernández (rúbrica), Presidenta; Pablo L. Arreola Ortega
(rúbrica), secretario; José Escobedo Domínguez (rúbrica),
secretario.
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, III LEGISLATURA
Recinto Legislativo, a 6 de noviembre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, fracción XXI, y 36, fracción V, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me dirijo a usted con el propósito de comunicarle que en la sesión del pleno de este órgano legislativo celebrada en esta fecha se resolvió el siguiente punto de acuerdo:
Primero.- Solicitar respetuosamente a los integrantes de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que no permitan que el gasto educativo sea objeto de recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004, a fin de lograr que para el año 2006 se destine por lo menos el 8 por ciento del Producto Interno Bruto del país al financiamiento de la educación, tal y como lo establece la Ley General de Educación.
Anexo al presente me permito remitirle copia de la propuesta con punto de acuerdo en comento, para los efectos legales conducentes.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente
Dip. Obdulio Avila Mayo (rúbrica)
Presidente
DE LA CAMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE INICIATIVA QUE REFORMA EL PARRAFO QUINTO DE LA FRACCION SEGUNDA DEL ARTICULO 198 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PRESENTADA POR EL SENADOR EDUARDO OVANDO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
México, DF, a 11 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Eduardo Ovando Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto de la fracción segunda del artículo 198 de la Ley Federal de Derechos.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
CC. Secretarios de la Mesa Directiva
H. Cámara de Senadores
Eduardo Ovando Martínez, senador de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 60 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto de la fracción segunda del artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, en atención a la siguiente
Exposición de Motivos
La ecología es un tema de interés general, no exclusivo de especialistas, en el cual todos debemos cumplir con la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos, de velar por el bienestar del lugar en que vivimos.
Los ecosistemas naturales requieren más protección que nunca, y nuestro trabajo como legisladores debe incidir en las políticas gubernamentales de conservación de estos elementos.
Es importante que, en un país que busca afanosamente encaminarse por la vía democrática, se haga evidente la importancia de contar con ecosistemas protegidos, que como las áreas naturales protegidas en el caso de México, además de ser un atractivo turístico importante, se han convertido en una fuente importante de recursos cíclicos que les aseguren su conservación.
El valor de las áreas naturales es inestimable, y radica en que son fuente de vida, recibimos de ellas innumerables beneficios directos, y garantizan en buena medida nuestra seguridad climática y alimentaria. México cuenta con 48 áreas naturales protegidas, con una superficie de diez millones, quinientos noventa y siete mil seiscientas setenta y nueve hectáreas (10?597,679).
Aun cuando México ha sido pionero en la aplicación de diversos instrumentos de política ambiental que inciden en la preservación de los recursos naturales, se deben establecer y desarrollar estrategias y acciones para lograr el saneamiento ambiental, la protección de los recursos naturales en el entorno de los centros turísticos y la rehabilitación de ecosistemas dañados y sobreexplotados.
Pero necesitamos cambiar la manera como estamos haciendo las cosas. Se necesitan voluntad política y participación ciudadana para asegurar que las leyes se cumplan.
En relación con el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos para el ejercicio 2001, se contemplaban derechos por 53.00 y 28.00 pesos para las áreas naturales protegidas entonces establecidas en dos categorías, derechos que no se recaudaban debido al difícil trámite requerido para ello. Con esto sólo quiero mencionar que antes de 2002 la legislación no tenía aplicación y, por ende, la Federación no reportaba ingresos por este concepto.
Con la modificación del artículo en comento para el ejercicio fiscal de 2002, las direcciones de las áreas naturales protegidas recibieron en su totalidad los recursos obtenidos por el acceso a éstas, ya que el sentido de la reforma se encaminó a disminuir el monto del derecho por acceso a las áreas naturales protegidas en 20.00 pesos.
La modificación hecha a la Ley Federal de Derechos en 2002, estableció gravámenes de menor cuantía, consensuada entre prestadores de servicios náuticos, el Poder Legislativo y el Ejecutivo vía autoridades de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes además acordaron, y así quedó plasmado en la ley que el monto total de lo recaudado se entregase a las áreas naturales protegidas que lo generaron.
Los excelentes resultados recaudatorios permitieron a las áreas naturales protegidas contar con mayores ingresos, logrando que los programas para mejoramiento en su infraestructura se volvieran una constante, ya que se aseguró un retorno eficaz, pronto y directo de los recursos.
La Ley Federal de Derechos, en su artículo 198 para el ejercicio fiscal corriente, establece que la recaudación del derecho que generan las áreas naturales protegidas regresa a ser una potestad de la Federación, con el objetivo de que los recursos en su totalidad ingresen en la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, para que ésta, a su vez, sea la administradora de los mismos y
"...los destine a aquellas áreas naturales que lo requieran, de acuerdo con las necesidades y urgencias de cada una de ellas y no únicamente a las áreas capaces de generarlos, dado que esto permite una mejor distribución de recursos entre las mismas."
Sin embargo, el mayor problema observado durante 2003 se dio en la explotación irracional de dichas áreas naturales, debido a que la incidencia de turistas que reciben es directamente proporcional al daño causado a las mismas.
Y como ejemplo les menciono los más de dos millones de turistas nacionales y extranjeros que año con año visitan cinco de las once áreas naturales protegidas de Quintana Roo.
Esta cantidad de visitantes es muy ilustrativa para comprender el fuerte impacto que reciben estas zonas con paseos en jet ski, con millones de inmersiones de buzos, con la práctica del snorkel y del velero, con paseos en submarinos y con toneladas de tóxicos contenidos en las cremas protectoras y bronceadoras de los bañistas.
No olvidemos que es de gran importancia mantener los atractivos turísticos del país, para que éstos continúen generando ingresos y divisas tan necesarios en estos tiempos.
Por ello con el objeto de ordenar la recaudación y distribución de los recursos que se obtienen por el concepto de derechos de uso, goce o aprovechamiento de áreas naturales protegidas, siempre tomando en cuenta el fin de la conservación de los recursos naturales, es necesario considerar que la aplicación de los recursos recaudados por este concepto vaya directamente en un 100% a las administraciones de las áreas naturales protegidas que los generaron, para destinarse a la protección, aprovechamiento, conservación, manejo, recuperación y restauración de los elementos naturales integrantes de dichas áreas.
Compañeros senadores, el objeto de la reforma que vengo a proponer hoy día no tiene un fin recaudatorio, su principal objeto es obtener recursos que permitan atemperar los efectos de la presencia de elementos que deterioran la calidad de las áreas naturales protegidas.
El futuro de nuestros recursos naturales dependerá de lo que logremos hacer, compartiendo las responsabilidades y los derechos que nos corresponden como ciudadanos y como servidores públicos.
Por lo expuesto y fundado con anterioridad, me permito proponer a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo Unico.- Se reforma el párrafo quinto de la fracción segunda del artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
..........
..........
........
Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere este artículo, se destinarán en un 100% a las administraciones de las áreas naturales protegidas que los generaron para su protección, aprovechamiento, conservación, manejo, recuperación y restauración.
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2004.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 11 de noviembre de 2003.
Atentamente
Sen. Eduardo Ovando Martínez (rúbrica)
DE LA CAMARA DE SENADORES, CON EL QUE DEVUELVE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PARA LOS EFECTOS DEL INCISO D) DEL ARTICULO 72 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
México, DF, a 11 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se acuerda devolver a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el expediente correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
DE LA CAMARA DE SENADORES, CINCO EN LOS QUE SE TRANSCRIBEN PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE SOLICITAN MAYORES RECURSOS A DIVERSAS PARTIDAS PRESUPUESTALES, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004
México, DF, a 11 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente
Punto de Acuerdo
"Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que lleve a cabo la revisión del Presupuesto para el año 2003, a efecto de que se canalicen, a la brevedad, los recursos económicos y se dé continuidad a los trabajos de construcción del tramo carretero Mazatlán-Durango según el convenio establecido con los Estados de Sinaloa y Durango.
Segundo. Se exhorta a la H. Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que dentro del presupuesto del año 2004 contemple mayores recursos para la culminación de este trascendental proyecto y lo considere como prioritario.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que convoque a la brevedad posible a la licitación de la obra para la construcción del tramo carretero San Blas-Nayarit de la carretera Tepic-Mazatlán y considere este proyecto como una prioridad dentro de su programa de trabajo para el año 2004."
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
México, DF, a 11 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente
Punto de Acuerdo
"Unico. Se exhorta a la H. Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Salud, a que dentro del Proyecto de Decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2004, considere la posibilidad de destinar los recursos necesarios para la construcción de un hospital pediátrico en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa; que brindaría servicios a los municipios circunvecinos de Concordia, Rosario, Escuinapa, Cosalá, Elota y San Ignacio a la vez que beneficiará a 200 mil infantes aproximadamente del sur de Sinaloa."
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
México, DF, a 11 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente
Punto de Acuerdo
"Unico: Se solicita respetuosamente como una gran prioridad al Poder Legislativo y al Secretario de Salud, se otorguen mayores recursos para el ejercicio presupuestal del año 2004, que se reclaman como necesarios para contar con centros hospitalarios en las ciudades de Guadalupe y Linares, del Estado de Nuevo León."
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
México, DF, a 11 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo, a propuesta del senador Adalberto Arturo Madero Quiroga:
"Unico. Se exhorta a la H. Cámara de Diputados, a fin de que haciendo uso de sus atribuciones, implemente adecuaciones en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de que se otorguen recursos por 260 millones de pesos, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la ampliación del ?Libramiento Noroeste? de Monterrey, Nuevo León."
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
México, DF, a 11 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente
Punto de Acuerdo
"PRIMERO. Se exhorta a las autoridades educativas y hacendarias del Ejecutivo Federal, así como a la Colegisladora, a que en correspondencia con la planeación nacional, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 sea congruente con las necesidades reconocidas y los mandatos legales en la materia;
SEGUNDO. Se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología, de Cultura, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 que esa Colegisladora apruebe -reconociendo la objetividad de las restricciones de recursos- se asignen recursos suficientes al sector educativo que permitan ir avanzando hacia el mandato legal relativo al porcentaje del PIB que el sector público del país debe aplicar para alcanzar el porcentaje definido del 8% en el año 2006;
TERCERO. Se exhorta a ambos grupos de interlocutores a:
Garantizar los recursos suficientes para cubrir la demanda de educación preescolar obligatoria, en los términos de la reforma constitucional al respecto, considerando infraestructura, equipamiento, materiales, personal y sobre todo población por atender;
Incrementar, en materia de educación superior, el monto y promover la revisión los criterios y los ponderadores para la asignación de recursos del subsidio ordinario federal; se revise la normatividad para la asignación de recursos de programas especiales, cuidando la equidad y garantizando que se otorguen de manera directa a las Universidades e Instituciones de Educación Superior, con el propósito de que, de una vez por todas, se definan criterios objetivos, neutrales y equitativos para la distribución de recursos, así como tomar medidas para que les sean respetados los ingresos que ellas mismas generen, cuidando en todo momento que sean reinvertidos en actividades sustantivas;
Dar forma de manera permanente y estable al Fondo presupuestal para la Equidad y el Fortalecimiento de la Educación Superior como garantía para el adecuado desarrollo institucional de las universidades públicas de las entidades federativas;
Tomar las medidas necesarias que permitan fortalecer los recursos asignados a aquellas universidades públicas estatales cuyo rezago histórico y condiciones actuales las ponen en situación precaria y de alto riesgo, elevando el monto de sus subsidios de tal manera que permita resarcir los desequilibrios financieros y presupuestales que presentan.
Definir incrementos en los Ramos 11, 25 y 33 para infraestructura, que permitan a los actores educativos realizar las tareas que les corresponden en condiciones pedagógicas dignas, así como para previsiones salariales que permitan a los trabajadores de la educación de todos los niveles no perder su poder adquisitivo.
Definir criterios claros y objetivos de distribución de recursos para el financiamiento de los servicios educativos en los estados para sostener una educación equitativa y de calidad;
Tomar medidas que impidan que eventuales recortes presupuestales afecten al sector educativo, así como para evitar que haya subejercicio de los recursos autorizados.
Hacer los esfuerzos necesarios para que los recursos destinados a la educación en todos sus niveles y modalidades, sean asignados a los distintos sectores educativos y aplicados de manera eficiente en las áreas y programas prioritarios que cubran las mayores necesidades educativas de país."
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
DE LA CAMARA DE SENADORES, EN EL QUE SE TRANSCRIBEN PUNTOS DE ACUERDO CON RELACION AL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004
México, DF, a 11 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente
Punto de Acuerdo
"PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, valore los efectos negativos de la desincorporación de los organismos públicos señalados en la propuesta contenida en el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal del año 2004.
SEGUNDO. La Cámara de Senadores solicita respetuosamente a los señores legisladores que integran la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, para que en el ejercicio de sus facultades y en el marco del análisis del Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal correspondiente del ejercicio fiscal del año 2004 no autoricen, ni permitan la desincorporación de las empresas Exportadora de Sal, S.A. de C.V. y Transportadora de Sal, S.A. de C.V., por los efectos que traería en el desarrollo económico y social del Estado de Baja California Sur."
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
DEL CONGRESO DE JALISCO, QUE ADICIONA UN ARTICULO 37 BIS A LA LEY GENERAL DE EDUCACION
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
La Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día de hoy, aprobó el acuerdo económico número 1134/03, del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se remite propuesta de iniciativa que reforma y adiciona el artículo 37 Bis de la Ley General de Educación.
Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 29 de octubre de 2003.
2003, Año de la Equidad en Jalisco.
Lic. Ricardo Homero Salas Torres (rúbrica)
Oficial Mayor
Ciudadanos diputados:
El que suscribe, diputado José de Jesús García García, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en esta LVI Legislatura, en uso de las facultades que me concede la Constitución Política del estado de Jalisco en su artículo 28, fracción I, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, 86 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de este H. Congreso una iniciativa de acuerdo económico mediante el cual se propone al H. Congreso de la Unión que se adicione un artículo 37 Bis de la Ley General de Educación, misma que presento con base en la siguiente
Exposición de Motivos
I.- Los valores de la sociedad se encuentran íntimamente ligados a la educación, aquella que es recibida por los padres y también aquella recibida en las aulas, en la primera será responsabilidad de cada individuo, conforme a sus convicciones y su libertad inherente como persona humana, buscar las formas y tiempos de transmitir conocimientos y valores. Pero en la segunda, es decir, en la impartida en las aulas, sobre todo en las públicas, corresponde al Estado dictar las políticas que cubran las expectativas de una sociedad compleja y exigente. En este tenor, el problema educativo en México afronta diversos tópicos, entre ellos el de la admisión de los menores a las escuelas y que, en referencia a ellos, y por acuerdo de la Secretaría de Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de marzo de 1996, el cual reforma el artículo 2º del diverso acuerdo 181, donde se estableció el criterio de que la edad mínima para ingresar al primer grado en las escuelas del país era de seis años cumplidos al primero de septiembre; existiendo dicho acuerdo, en abril del año 2002 se expidió otro acuerdo bajo el número 312, en el que nuevamente se refrenda dicho requisito de tener seis años al día de inicio de periodo escolar, como lo es el día primero de septiembre.
2.- Actualmente debido a las reformas de los artículos 3º y 31 constitucionales, que establecen como obligatoria la educación preescolar en nuestro país, así como el artículo Quinto transitorio de dicha reforma de fecha 12 de noviembre del año 2002, debido a su publicación el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se establecen los parámetros para ir aceptando gradualmente a los infantes que ingresarán a los distintos niveles de educación preescolar, en algunas instituciones educativas de nuestra entidad no fueron aceptados menores en grados que, de acuerdo con su edad y por derecho, les correspondía, en virtud de que ya habían cursado el grado correspondiente, lo que a los ojos de toda la ciudadanía es equivalente a reprobar o repetir el curso, sin embargo, a criterio y consideración de la autoridad educativa, esto no corresponde a reprobar sino a "reforzar sus conocimientos necesarios para adquirir la madurez suficiente".
3.- Preocupado por tal afectación de la continuidad académica, gradual y psicológica de los menores -toda vez que al dejarlo repetir se lesiona su autoestima, pues el menor piensa que reprobó-, distintos diputados de la presente Legislatura hemos presentado acuerdos económicos en los que se solicita a la autoridad educativa que admita a dichos escolares, volviéndose un problema cíclico y tema reiterado en esta tribuna.
4.- Es necesario tomar decisiones que pongan remedio a esta situación, pero sin afectar los intereses de los escolares ni de los padres de familia, por tanto urge que sea definida la edad en que deban ser admitidos en el sector educativo, en sus niveles preescolar y primaria, eliminando la admisión del ciclo escolar de admisión al día 1 de septiembre -como si hasta ese mes "automáticamente" se hayan repartido todos los atributos para ser escolar-, y en cambio podamos adoptar el criterio del año natural, mismo que en justicia impera para realizar el Servicio Militar Nacional, adquirir el derecho a votar, ser sujeto de responsabilidad civil o penal o, sin ir tan lejos, de ser acreedores a la imposición de vacunas en el caso de los infantes, etcétera.
En conclusión, se propone adoptar como requisito de admisión en cuestión de edad el factor del año natural correspondiente al año completo, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre, por lo que, para la admisión de dichos menores que pretenden ser inscritos y admitidos a los niveles preescolar y primaria debe corresponder cuando cumplan los 3 años para el primero y los 6 años dentro del segundo, atendiendo al año natural, pues resulta inverosímil que la madurez de un niño para ser escolar se determine por haber nacido en el periodo anterior al 1 de septiembre y que por haber nacido el menor con fecha posterior no tiene el mismo grado de madurez que el que nació antes, siendo que de la generalidad que cumplieron la edad requerida y vigente en estos momentos tienen el mismo grado de desarrollo mental y "madurez" que los que ya fueron aceptados.
5.- La propuesta aquí vertida obedece al interés de procurar el desarrollo integral y productivo de la infancia escolar, pues si tomamos en consideración que el promedio de vida es de 70 años y la vida productiva es un promedio de 40 años, sin que se tome en cuenta el caso de que cada vez es menor el campo de acción de profesionistas, técnicos, etcétera, frente a la competitividad y el crecimiento desproporcionado de la población, se estaría restando un año de vida productiva al futuro ciudadano, quien por el error de que sus padres lo trajeran a este mundo con posterioridad a la fecha en que la autoridad educativa acordó que no fueran admitidos sino hasta el periodo inmediato posterior al grado de ingreso correspondiente, lo sitúa en desventaja de los menores de su misma edad, pero que nacieron por fortuna en dicho periodo; incluso se ha llegado al absurdo provocar en el ánimo de los padres de familia la concepción programada de acuerdo a los programas y planes de la Secretaría para que sus hijos no sean concebidos antes del 1 de septiembre del respectivo año, lo cual definitivamente atenta contra la misma dignidad humana.
Es por lo anterior que propongo a esta honorable asamblea el acuerdo económico en el que se propone una reforma para que el H. Congreso de la Unión se aboque a su estudio y, de ser procedente, establezca la adición del artículo 37 Bis de la Ley General de Educación en los términos aquí expresados, y solicita a las Legislaturas locales su adhesión al mismo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la alta consideración de este H. Congreso, la siguiente iniciativa de
Acuerdo Económico
Primero.- Gírese atento y respetuoso oficio a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión mediante la cual se remite propuesta de iniciativa de reforma que adiciona un artículo 37 Bis de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
37 Bis.- Para efectos de admisión de aspirantes a integrarse a estudiar educación de tipo básica obligatoria que señala el artículo 3º constitucional en su párrafo segundo, la edad requerida del aspirante será tomada en consideración conforme al año natural en que cursen el grado que corresponde, del l de enero al 31 de diciembre del año en que inicie el respectivo ciclo escolar.
Transitorio
Unico.- La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o el que determine para la entrada en vigor el H. Congreso de la Unión.
Segundo.- Gírese atento y respetuoso oficio a las Legislaturas de los estados para que, de así determinarlo, se sirvan expresar su adhesión y apoyo al cuerpo de la presente iniciativa.
Guadalajara, Jalisco, a 28 de octubre de 2003.
Dip. José de Jesús García García
(rúbrica)
DEL CONGRESO DE JALISCO, QUE REFORMA EL ARTICULO 55 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Honorable Congreso de la Unión
Congreso de la Unión 66, Col. El Parque
Palacio Legislativo de San Lázaro
Delegación Venustiano Carranza
Edificio D, Nivel 3, México, DF
La Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada hoy, aprobó el acuerdo económico número 1128/03, del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se aprueba emitir iniciativa de ley que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por instrucciones de la directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 23 de octubre de 2003.
"2003, Año de la Equidad en Jalisco"
Lic. Ricardo Homero Salas Torres (rúbrica)
Oficial Mayor
Ciudadanos Diputados:
Los que suscribimos, diputados Luis Angel Meraz Ríos y José León Valle, con base en la facultad que nos otorga el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del estado, y de conformidad con las disposiciones de los artículos 85, 88 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de este H. Congreso iniciativa de acuerdo económico que remite una iniciativa de ley al H. Congreso de la Unión para reformar el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustentándola en la siguiente
Exposición de Motivos
I. El Estado, como ente investido del poder soberano, deposita el ejercicio de sus atribuciones en la autoridad, la cual, en su sentido más amplio, representa la parte visible de la forma de organización jurídico-política que como nación hemos adoptado.
A través del sistema de representación que considera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ideado para elegir a los funcionarios que habrán de integrar el Poder Ejecutivo y el Legislativo, se hace realidad la continuidad institucional del gobierno y se actualiza uno de los principios en que se sustenta la vida democrática del país.
De esa manera, mediante el voto libre y directo, se brinda a los ciudadanos la posibilidad de participar en la renovación de las estructuras gubernamentales, al elegir de entre los miembros de su propia comunidad a quien habrá de representarlos.
El desarrollo de las teorías políticas sobre el sistema representativo se ha ido perfeccionando a la par de la evolución social, siempre como resultado de las experiencias históricas de un pueblo, que adapta los principios generales elaborados por los pensadores a las circunstancias sociales, culturales, económicas y religiosas, entre otras, que se viven en un lugar y una época determinados.
Sin embargo, si se prescinde del ropaje jurídico con que se da forma al sistema de representación para hacerlo viable desde un punto de vista constitucional, es posible seccionar sus elementos fundamentales; es decir, los que originan su nacimiento, le confieren su razón de ser y permanecen sólidos a lo largo del tiempo, ejercicio mediante el cual se comprenden más claramente las razones de una práctica que, en la mayoría de las ocasiones, se toma como verdad absoluta que no requiere ningún tipo de argumentación para justificar su existencia.
En ese orden de ideas, en su concepción más primitiva, por mencionarlo de algún modo, el régimen de representación popular nace por tres causas principales.
En primer lugar, por la necesidad práctica de que sólo algunos de entre la población funcionaran como líderes de la comunidad, coordinando y dirigiendo los esfuerzos de todos para conseguir un objetivo común. Incluso en los modelos democráticos más rígidos -entendiendo democracia en su acepción lingüística original como "el gobierno de todos"- resultaba imposible la participación directa de cada uno de los ciudadanos en las tareas de gobierno.
En segundo término, la representación surge como un intento de frenar los abusos del poder, al someter al escrutinio ciudadano la actuación de un servidor público y, en caso de haber desempeñado su papel en perjuicio del bienestar de la sociedad, evitar su permanencia indefinida.
Por último, mediante la representación, se buscó que quienes estuvieran dentro de los supuestos propios de cada forma de organización política pudieran aspirar a los puestos públicos.
En un régimen democrático, esto último es de suma trascendencia, pues afirma la importancia de que los ciudadanos tomen parte activa en la vida política de su país, así como la necesidad de que su población se encuentre suficientemente preparada, pues al no exigirse un requisito especial de formación para ocupar un cargo de elección popular, cualquier ciudadano puede aspirar a él y, por tanto, su desempeño dependerá en gran medida de los conocimientos y la experiencia previos adquiridos a lo largo de su existencia.
Por lo anterior, es claro que quien se encuentra en el servicio público, sobre todo quien ha sido elegido por los ciudadanos, tiene una gran responsabilidad, que en el contexto actual es fácil que se olvide, ya que las circunstancias políticas e incluso legales que rodean el sistema de representación democrática no favorecen una verdadera comprensión de los motivos que la originaron y, como consecuencia, limitan su eficiencia en favor de la sociedad.
II. Cuando se ejerce un encargo público, se adquiere el compromiso con los ciudadanos de llevarlo a cabo con profesionalismo y honestidad, dedicando toda la energía a dicha labor y desquitando con resultados concretos, por así decirlo, la remuneración proveniente del dinero de los ciudadanos.
Ese compromiso, cuando se asume cabalmente, implica sacrificios y la anteposición de los intereses generales a los particulares, lo cual de ninguna manera es heroico, pues quien se adentra en el servicio público por convicción sabe de antemano a qué debe enfrentarse.
En la actualidad, es común que quienes desempeñan un encargo de representación popular quieran de igual manera continuar su carrera política en otro puesto de elección, para lo cual comienzan a contactar a los ciudadanos y a realizar campañas formales en los tiempos marcados en la ley de la materia, aun cuando su encargo constitucional no ha concluido.
No es el propósito de la presente iniciativa debatir sobre los pros o contras de lo anterior, pero sí regular un hecho derivado de la situación mencionada.
Para ello hay que ser muy claros: quien realiza actos de campaña mientras desempeña un encargo de elección popular descuida este último, ya que no dedica toda su concentración y energía al puesto por el que libremente contendió.
Con esto no me refiero a que se labore en horas de trabajo. La acción partidista podrá llevarse a cabo fuera del horario estrictamente marcado para la institución.
Sin embargo, aunque ello sea totalmente legal, se contrapone a los principios éticos que deben regular el servicio público de los representantes populares, viola el compromiso adquirido con los ciudadanos y demuestra una incomprensión, en ocasiones no producto de la mala fe, sobre la dimensión del ser de su cargo de representación, como se ha señalado.
Aún más: se recibe un sueldo que no se "desquita", factor de los que principalmente se inconforma el pueblo.
Como en todo acto de la vida, tenemos que asumir las consecuencias de nuestras opciones. Si un servidor público opta por aspirar a otro puesto de elección popular, debe saber de antemano que su decisión implica pedir licencia al encargo que desempeña y, como tal, dejar de recibir una remuneración. Tan sencillo y tan justo como eso, tal como sucedería en cualquier trabajo no público cuando la persona no estuviera dedicada de lleno a él.
III. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en los artículos 55 y 58 los requisitos de elegibilidad para ser diputado y senador al Congreso de la Unión, respectivamente.
Esos requisitos establecen el tiempo de anticipación con que ciertos servidores públicos designados deben separarse de su puesto cuando deseen postularse a los cargos de elección mencionados.
Con la iniciativa que hoy se presenta se pretende incluir en los requisitos de elegibilidad uno que establezca que quien aspire a ser diputado o senador, y se encuentre desempeñando con anterioridad a los comicios un cargo de elección, deberá pedir licencia a éste dentro del periodo comprendido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para presentar ante el órgano respectivo la solicitud de registro como candidato.
De esa manera, legalmente podrá exigirse la debida congruencia que implica la responsabilidad de representar a los ciudadanos en el ejercicio de las funciones públicas del Estado.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este H. Congreso el siguiente punto de
Acuerdo Económico
Unico. El H. Congreso del estado de Jalisco, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba remitir al H. Congreso de la Unión iniciativa de ley que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en el texto siguiente:
Iniciativa de ley que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Unico. Se adiciona una fracción VIII al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 55. ...
VIII. Pedir licencia a su encargo, dentro de los plazos que señala la ley para el registro de candidaturas de diputados y de senadores electos por el principio de mayoría relativa, tratándose de servidores públicos que se encuentren desempeñando un encargo de elección popular con anterioridad a dicho plazo.
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Envíese el presente decreto a las Legislaturas de los estados para efectos del cómputo a que se refiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Guadalajara, Jalisco, a 23 de octubre de 2003.
Diputados: Luis Angel Meraz Ríos, José
León Valle (rúbricas).
QUE REFORMA LOS ARTICULOS 14 Y 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO ABRAHAM BAGDADI ESTRELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Abraham Bagdadi Estrella, miembro de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de la Asamblea de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 14 y el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El día de hoy vengo ante esta Cámara de Diputados Federal, para que juntos todos, legisladoras y legisladores, demos de una vez punto final a la mancha que significa para nuestra Carta Magna, el hecho de tener inscrita la permisibilidad de la pena de muerte, paradójicamente en el capítulo de las garantías individuales de el máximo ordenamiento legal del país.
En México la historia de la pena capital no es reciente, y su discusión mucho menos. Si bien es cierto que la constitución de 1824 no habla al respecto, tampoco la garantía de su ausencia de aplicación está inscrita en la ley, por consecuencia el legislador ordinario en cualquier momento podría prescribirla.
Es hasta la constitución de 1857 cuando se realiza una mención específica de la pena capital, es así que al artículo 23 de dicho ordenamiento legal cita:
Considero que es clara y precisa que la voluntad del legislador de 1857, y de 1917, al imponer la pena capital para casos especiales, se traducía, en que en ese momento histórico, nuestro país no contaba con un sistema penitenciario capaz de rehabilitar a los delincuentes, a efecto de ofrecerles con mayor claridad esta apreciación cito textualmente las palabras que expresara el diputado Arriaga el 25 de agosto de 1856:
Hoy en día nuestra nación forma parte del grupo de 21 países en el mundo que se consideran abolicionistas de hecho, sin embargo, ya es tiempo que demos una muestra clara de nuestra tendencia a favor de la vida, sin cortapisas.
No es comprensible que un país como el nuestro que en reiteradas ocasiones se ha manifestado en contra de las cerca de 54 sentencias a la pena capital de nuestros compatriotas en Estados Unidos de América siga difiriendo la abolición de nuestro marco constitucional de la pena de muerte.
Un país como el nuestro que presume certificar el Estado de Derecho, tiene que necesariamente garantizar el pleno respeto de los derechos humanos ya que ninguna nación puede disponer de la vida de cualquiera de sus ciudadanos aunque éstos hallan cometido conductas delictivas graves. Otorgar al estado la potestad de disponer libremente de la vida, nos pondría de nueva cuenta en la antesala de la tortura y las penas inhumanas.
A aquellos que estamos en contra de la pena de muerte nos asiste la razón jurídica y la razón moral:
La razón jurídica, porque si bien es cierto que el artículo 22 de nuestra Constitución la admite para casos especiales, también es cierto que nuestro país a firmado tratados internacionales que la prohíben, tales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos la cual expresa en su artículo tercero que no se restablecerá la pena de muerte en los países que la han abolido, y hoy en día en ningún ordenamiento del país se encuentra establecida, ya que todos los estados de la República fueron desechándola de sus legislaciones locales de manera sucesiva en el transcurso del tiempo. Cabe aclarar que los tratados internacionales de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política Mexicana, que a la letra expresa:
De igual manera la razón moral nos asiste ya que como hemos expresado en líneas anteriores, el sentimiento del legislador del 57 estaba únicamente fundado en el hecho de que no existían un régimen penitenciario en el país, y hoy en día sí lo hay, si bien es cierto hay que reconocer que la readaptación social es uno de los retrasos en la agenda nacional, este problema a mas de un siglo no puede ser culpa del gobernado, sino del que ostenta el poder, ya que es una obligación del Estado garantizarla en los términos del segundo párrafo del artículo 18 constitucional, que expresa:
Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto."
Es por lo anterior que propongo ante esta honorable asamblea que reformemos el párrafo segundo del artículo 14 y el párrafo cuarto del artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente
Proyecto de Decreto
Que reforma el párrafo segundo del artículo 14 y el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 14.- ........
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
.......
..........
"Artículo 22.- ...
..........
........
En los Estados Unidos Mexicanos queda prohibida la pena de muerte.
Artículo Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a 13 de noviembre de 2003.
Dip. Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTICULO 16 Y EL CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, A FIN DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SEA CONCLUIDA LO MAS PRONTO POSIBLE, A CARGO DEL DIPUTADO IVAN GARCIA SOLIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
En mi carácter de diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad constitucional que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía, la iniciativa de reforma del artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación, para lo cual me permito hacer la siguiente:
Exposición de Motivos
El 18 de mayo de 1992, en el marco del proceso global de descentralización que se promovió desde la cima del Estado mexicano, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) entre el Gobierno Federal, los Gobiernos de los 31 estados de la República y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El Acuerdo tuvo como uno de sus propósitos centrales el reorganizar el esquema de organización y concurrencia de los tres ordenes de gobierno para extender la cobertura de los servicios educativos y elevar la calidad de la educación en todo el país. Así mismo, se proponía resolver los rezagos educativos, enfrentar los retos futuros, comprometer recursos crecientes para la educación pública y revalorar la carrera magisterial.
El Acuerdo establecía que, a fin de corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo, el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas de la República celebrarían Convenios para establecer claramente sus responsabilidades en la conducción y operación del sistema de educación básica y educación normal. De conformidad con esos Convenios, a partir de entonces, correspondió a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos, de los que la Secretaría de Educación Pública federal se había hecho cargo hasta entonces.
Para darle sustento legal a ese Acuerdo, el Gobierno Federal en 1993 promovió la transformación del marco legislativo que norma la educación, a fin de enmarcar el nuevo rol que desempeñarían los actores educativos tanto sociales como institucionales.
Ese proceso de descentralización de la educación básica significó una amplia transformación de la organización del Estado mexicano para garantizar el derecho a la educación, lo cual implicó pasar de un modelo basado en la impartición exclusiva de los servicios por parte, a otro basado en la atención de los servicios por parte de los gobiernos estatales, bajo un conjunto de facultades y responsabilidades concurrentes entre los tres ordenes de gobierno. Ese modelo se plasmó en una Ley General de Educación, en sustitución de una Ley de corte Federal.
Desde la firma de Acuerdo, y luego con la expedición de la Ley, los Gobiernos de las entidades federativas asumieron el control de la educación básica. Todos, excepto el Distrito Federal. La razón no era que éste no fuera una entidad federativa, ya que cuenta con derechos y soberanía plenos y desde entonces contaba con las capacidades hacerse cargo de los servicios educativos, como lo demuestra el hecho de que desde los años 80 manejó los de salud, que derivaron también de un proceso de descentralización.
La razón de no transferir el control de los servicios, básicamente es de orden político y se estableció justamente por medio del artículo cuarto transitorio que hoy buscamos reformar. Este artículo puntualmente señala:
El proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, y especial en el propio Distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley y hasta la conclusión del proceso antes citado, las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal, a la Secretaría. A la conclusión del proceso citado entrará en vigor el primer párrafo del Artículo 16 de la presente ley.
Como se ve, mediante este artículo transitorio, el gobierno federal sujetó el proceso de transferencia a la disposición y voluntad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de tal modo que el mencionado artículo, es el único obstáculo para que los servicios educativos del Distrito Federal pasen a manos del Gobierno de esta entidad federativa.
Pero en 10 años muchas de las cosas que en este terreno sujetaban este procesos, han cambiado sustancialmente.
Por principio de cuentas, la reforma constitucional de 1996 que dota de cierto grado de autonomía al Gobierno del Distrito Federal, establece que a partir de 1997 éste sería encabezada por un Jefe de Gobierno electo por medio del sufragio universal, directo y secreto de los ciudadanos. Justo en ese año resultó electo el Primer Gobierno Democrático de la Ciudad, el cual, es importante destacarlo, fue encabezado por un perredista.
Así mismo, esa reforma estableció que el órgano legislativo local contaba con atribuciones para legislar en diversas materias, entre ellas y de manera destacada la educativa. De tal modo que durante la 1ª Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se creó la Ley de Educación para el Distrito Federal.
Esa Ley fue objetada por el Gobierno Federal durante la administración zedillista, bajo la consideración de que era competencia exclusiva de la Federación la legislación en materia educativa. Para ello presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de Controversia Constitucional. Ante este conflicto, el 15 de noviembre de 2001 la Suprema Corte resolvió por unanimidad que los poderes del Distrito Federal tienen pleno derecho a conducir su propio sistema educativo, incluida la prestación de servicios de educación superior.
De modo tal que si bien la Suprema Corte con su resolución ratificó lo establecido en la reforma constitucional de 1996, ella no resuelve la contradicción de fondo que resulta de que el Distrito Federal cuenta con atribuciones en materia educativa, y por ello ha erigido una ley, pero no puede impartir servicios en el nivel básico. Pero además, está la incongruencia de que la Ley local establece que el nivel medio superior forma parte de la educación obligatoria, pero no puede formar, ni capacitar maestros para ese nivel educativo, en virtud de que sigue vigente el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley General de Educación, que señala que los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán prestados, en el Distrito Federal, por la Secretaría.
De modo tal que hoy en día se hace necesario resolver ya esta incongruencia legal que encuentra como único valladar el artículo 4º transitorio de la Ley General de Educación.
Hoy en día los trabajadores de la educación del Distrito Federal han realizado distintas acciones orientadas a preparar lo necesario para enfrentar satisfactoriamente el proceso de federalización de los servicios educativos. Se cuenta con la anuencia explícita de buena parte de los trabajadores de la educación de las secciones IX, X y XI del SNTE que se encuentran en el DF, quienes se manifestaron claramente en ese sentido en el Primer Congreso de Educación Pública en la Ciudad de México, llevado a cabo en colaboración con el Gobierno del Distrito Federal a lo largo del 2002.
Ese Congreso se pronunció por concretar ya la transferencia de los servicios educativos, a partir de acordar con el GDF cuestiones como: estudiar el cómo se financiará el costo salarial y de prestaciones de los trabajadores, calcular cuánto cuesta la descarga académica para preparar clases y cuánto cuesta el año sabático, todo ello para hacer una transferencia que cumpla con la Ley de Educación del DF.
Así mismo, resolvió demandar que esta federalización se lleve a cabo garantizando:
Con la transferencia de los servicios educativos se daría un mayor impulso a esas políticas educativas del Gobierno local, que ha demostrado plena capacidad para llevarlo a cabo, a pesar de que no ha recibido subsidio federal alguno. Así lo amerita la Universidad de la Ciudad de México, que es una institución que cuenta con todas las bases jurídicas, administrativas y académicas, así como todos los derechos y condiciones que tienen las universidades de otros estados, por lo cual ya fue reconocida por la propia Secretaría de Educación Pública.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2003, los servicios educativos del Distrito Federal dispusieron en conjunto de un presupuesto autorizado por la Federación del orden de 23 mil millones de pesos. Actualmente el gobierno capitalino ejerce, respecto del nivel básico, recursos propios sólo para el mantenimiento de escuelas, el cual para el ciclo 2002-2003 se estimó poco más de 700 millones de pesos. Cabe señalar que el Gobierno del Distrito Federal no recibe recursos para la educación por vía del Ramo 33.
Hoy, 10 años después de aquel arreglo institucional, todas las condiciones para que los trabajadores de la educación del Distrito Federal, agrupados en las secciones IX, X y XI del SNTE, no vena alteradas ni su materia de trabajo, ni las condiciones que de ella derivan. Con ello se beneficiarían a los más de casi dos millones de alumnos de ese nivel educativo, además de fortalecer las acciones de formación y capacitación de maestros.
Por lo que respecta al Gobierno Federal, en marzo de 2002 la subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal, Sylvia Ortega Salazar, manifestó que antes que de concluya el sexenio de Vicente Fox la transferencia de los servicios educativos al gobierno capitalino se habría cumplido. La SEP ha señalado que este proceso es muy tardado, en virtud de su complejidad y que se hará lo necesario para que sea ordenado, a fin de no tener insuficiencias como se ha dado en otras entidades.
Reconocemos lo complejo del proceso, pero resulta a todas luces pertinente que luego de 3 años de gestión, y de que de hecho el proceso de descentralización esta mandatado por la ley desde hace 10 años, es tiempo de concretarlo.
De modo tal que es evidente la necesidad de poner fin a esta situación que esta impidiendo que el Gobierno de la Capital del país, cuente con las riendas de la política educativa para la cual esta facultado por la Constitución, las leyes federales y las locales.
Más aún cuando está plenamente claro que una de las principales demandas de los trabajadores de la educación del DF es que ese servicio quede en manos del gobierno local, y dado que el GDF ya ha realizado negociaciones con ellos en ese sentido, se está en las mejores condiciones para transferir ya esos servicios.
En ese sentido se ha pronunciado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que el pasado 4 de noviembre acordó emitir un Punto de Acuerdo dirigido a los integrantes de esta Cámara de Diputados, y que se comunicó mediante oficio a esta Soberanía en nuestra sesión del martes 11 de noviembre, a fin de que se derogue el artículo 4° transitorio de la Ley General de Educación y se modifique el artículo 16 de la mencionada ley.
Compañeras diputadas y diputados
Es el momento de tomar decisiones sobre este proceso de descentralización y para ello sólo se necesita la voluntad política del gobierno federal, pues el Gobierno del Distrito Federal tiene proyecto, políticas y la suficiente solvencia administrativa y política para hacerse cargo de esta importante función social. Es con ese propósito, y con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que me permito presentar la siguiente propuesta de Reforma del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Educación.
Propuesta de Decreto
ARTÍCULO PRIMERO.-
Se reforma el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 16
Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán prestados en el Distrito Federal por el Gobierno de esta entidad federativa.
ARTÍCULO SEGUNDO.-
Se reforma el Cuarto Transitorio de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículos Transitorios
Artículo Primero.- ...
Artículo Segundo.- ...
Artículo Tercero.- ...
Cuarto.- Se deroga
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el 13 de noviembre de 2003.
Dip. Iván García Solís (rúbrica)
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IX AL ARTICULO 58 DE LA LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION Y UN PARRAFO AL ARTICULO 19 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL
México, DF, a 6 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma por adición, mediante la incorporación de una fracción IX, el artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se agrega un párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA POR ADICIÓN, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE UNA FRACCIÓN IX EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN Y SE AGREGA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma por adición, mediante la incorporación de una fracción IX el artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para quedar como sigue:
Artículo 58
De lo dispuesto en las fracciones II y IV del artículo 55 y I del artículo 57, quedan exceptuados:
II. Las reducciones que hagan las empresas, por razones de beneficencia y a estudiantes, maestros, repatriados, colonos, turistas, niños, compañías de espectáculos públicos, conjuntos deportivos, agentes y comisionistas viajeros, representantes de sindicatos o de cooperativas de trabajadores que viajen en el desempeño de funciones propias de su cargo, y en general, a los trabajadores que perciban salarios reducidos.
En todo caso, las personas que pretendan hacer uso de esta franquicia deberán acreditar el carácter con que la soliciten y la legitimidad de las causas en que funden su solicitud, en la forma y términos que señalen los reglamentos respectivos o las mismas tarifas especiales.
Cualquier abuso en el goce de esta franquicia inhabilitará a la negociación o persona que resulte responsable de haberlo cometido, por el plazo de un año, para volver a gozar de ella;
III. Las tarifas transitorias de pasajeros en viajes de recreo;
IV. Las tarifas reducidas cuando se trate de una extensión kilométrica que el pasajero podrá recorrer en cualquier dirección, en determinado período de tiempo o con el carácter de abonos;
V. El transporte a cuotas reducidas, de efectos de primera necesidad a los lugares donde sean indispensables por causa de calamidad pública, por carestía proveniente de maniobras de especulación comercial o de otros motivos de interés general que lo ameriten, a juicio de la Secretaría de la Economía Nacional;
VI. El transporte de mercancías y personas hacia regiones pobres o poco pobladas, pero susceptibles de convertirse en centros de producción y de trabajo, a juicio del Ejecutivo Federal.
VII. Las tarifas para servicios especiales, tales como carga o descarga, transbordo, almacenaje, limpia demoras, arrastres, alquileres de carros, trenes y coches especiales, coches salones, dormitorios y comedores, excepto de equipaje, transporte de artículos inflamables y explosivos y para aquellos efectos y objetos que no pudiendo sujetarse a peso o medida, debido a su naturaleza, tengan que pagar fletes distintos a los de la tarifa general, como transporte de cadáveres y otros;
VIII. Tarifas reducidas a base de por cientos de la general para transporte de mercancías destinadas a la exportación, consumo fronterizo, cabotaje de entrada y salida o de competencia de mercados, exclusivamente en los casos excepcionales que autorice la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, de acuerdo con el estudio y opinión respectivos de la Secretaría de la Economía Nacional, y
IX. Las otorgadas a personas adultas mayores y personas con discapacidad.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Auto Transporte Federal, mediante la adición de un segundo párrafo para quedar como sigue:
Artículo 19
En caso de que la Secretaría considere que en alguna o en algunas rutas no exista competencia efectiva en la explotación del servicio de autotransporte federal de pasajeros solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que, en caso de resultar favorable se establezcan las bases tarifarias respectivas. Dicha regulación se mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
Independientemente de lo señalado en el párrafo que antecede, la Secretaría establecerá, una tarifa especial para personas adultas mayores y personas con discapacidad, en el servicio de autotransporte federal de pasajeros, misma que no deberá ser superior al sesenta por ciento de la tarifa corriente u ordinaria.
TRANSITORIO
ARTICULO UNICO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 6 de noviembre de 2003.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERISTICAS DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 500 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS
México, DF, a 11 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito remitir a ustedes, para los efectos constitucionales, el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del 500 aniversario del Encuentro de dos Culturas.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN
LAS CARACTE-
RÍSTICAS DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL
500 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo Segundo del Decreto por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del 500 aniversario del encuentro de dos culturas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1991, reformado y adicionado mediante diversos publicados en el mencionado diario los días 25 de junio de 1993, 22 de mayo de 1996 y 6 de enero de 2000, para quedar como sigue:
ARTÍCULO SEGUNDO: . . .
Los cuños serán:
I.- . . .
II.- Para la segunda moneda:
ANVERSO: . . .
REVERSO: Una reproducción del Brasero Efigie, pieza perteneciente a la Cultura Mexica y que se encuentra en el Museo del Templo Mayor, llevando debajo la leyenda "Brasero Efigie" y del lado izquierdo al centro, el símbolo de la Casa de Moneda de México y debajo de éste el número "1993". A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc. En el exergo, la leyenda "N$5". El marco liso.
III. a VI. . . .
VII.- Para la séptima moneda:
ANVERSO: . . .
REVERSO: Una reproducción del Anciano con Brasero, pieza perteneciente a la Cultura Centro de Veracruz y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Anciano con Brasero" y del lado izquierdo al centro, el símbolo de la Casa de Moneda de México y debajo de éste el número "1993". A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieves de la Zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "N$5". El marco liso.
ARTÍCULO NOVENO: . . .
b) Los cuños serán: . . .
I. a II. . . .
III.- Para la tercera moneda:
ANVERSO: . . .
REVERSO: Una reproducción de un hombre jaguar, pieza perteneciente a la Cultura Olmeca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Hombre Jaguar" y del lado izquierdo al centro, el símbolo de la Casa de Moneda de México y debajo de éste el número "1996". A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en elementos gráficos extraídos del tocado y pectoral de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.
IV a XII. . . .
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Las monedas cuyas características se modifican acuñadas en metales finos, con anterioridad a la fecha en entrada en vigor del presente Decreto continuarán en circulación.
SALON DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES.- México, DF, a 11 de noviembre de 2003.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Lydia Madero García (rúbrica)
Secretaria
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO INGENIERO JAIME PARADA AVILA, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION DE LA ORDEN DEL MERITO DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, EN GRADO DE CRUZ DE GRAN OFICIAL, QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE DICHO PAIS
México, DF, a 11 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ing. Jaime Parada Ávila, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso al ciudadano Ing. Jaime Parada Ávila, Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de dicho país.
SALON DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES.- México, DF, a 11 de noviembre de 2003.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Lydia Madero García (rúbrica)
Secretaria
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
4 de Noviembre 2003.
HONORABLE ASAMBLEA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresos General de los Estados Unidos Mexicanos, el Diputado Tomás Ruiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional , presento el 18 de del presente iniciativa que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.
Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades, que le confieren los artículo 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio de la iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en pleno, presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
DESCRIPCION DE LA INICIATIVA
La iniciativa de ley para reformar el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, propone incorporar nuevamente a los puentes de peaje que no son internacionales y que son operados por la Federación en territorio nacional al esquema de participación de Fondos en beneficio de los municipios y entidades donde se ubican tales puentes, quienes podrán obtener hasta el 50% del monto total de los ingresos que se deriven de la operación de los mismos.
En junio de 1992 se reformó la Ley de Coordinación Fiscal. para permitir la agrupación de la Federación, los estados y los municipios, a fin de que con aportaciones de cantidades iguales se formasen fondos destinados a la conservación, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en los municipios con puentes de peaje operados por la Federación; la aportación de esta última, tenía como limite hasta 1996 el 10% de lo obtenido por la operación del puente. En términos de ley fueron celebrados los convenios correspondientes.
En diciembre de 1995, se modificó el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer un incremento del porcentaje máximo de aportación de la Federación de 10 a 25% de los ingresos brutos generados en cada puente. Dentro de este contexto se requirió la celebración de nuevos convenios con los lineamientos vigentes, a partir de 1996.
Con motivo de la última reforma al artículo 9-A , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2003, se modificó sustancialmente el esquema que había venido operando ya que deja sin efectos los convenios celebrados con relación a puentes nacionales, puesto que únicamente se aplica con los estados y municipios donde existan puentes Internacionales de peaje y, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el nuevo texto del artículo 9-A, por lo que únicamente sería aplicable para 4 entidades federativas y 11 municipios.
Consecuentemente, todos los estados y municipios involucrados en el esquema vigente hasta el 15 de julio del 2003, dejarían de percibir los recursos federales que se generaran a partir de esa fecha.
Por lo anterior, se consideró necesario reformar el artículo 9-A , con la finalidad de incorporar nuevamente a los puentes de peaje que no son Internacionales los cuales son operados por la Federación y comunican diversos puntos dentro del territorio nacional, beneficiando a los municipios de 9 entidades federativas y 20 municipios adicionales.
Asimismo se estima conveniente proponer 3 artículos transitorios: el primero para señalar el inicio de vigencia del decreto; el segundo para establecer que por el ejercicio de 2003, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continué efectuando las aportaciones que le correspondan, de conformidad con los convenios que se hubieren celebrado con estados y municipios, conforme en lo dispuesto en el artículo 9-A, vigente hasta que entre en vigor el Decreto relativo a puentes de peaje operados por la Federación y el tercero, para establecer expresamente que los convenios a que se refiere este Decreto, podrán ser celebrados a partir del 1° de enero de 2004.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
La que Dictamina considera procedente que al referirse el artículo 9-A a los puentes de peaje Internacionales operados por la Federación, se debe eliminar el término Internacionales para incluir a todos los puentes de peaje operados por la Federación como se menciona en la Iniciativa, así como la aclaración en el penúltimo párrafo para eliminar la palabra Internacional.
Lo anterior en virtud de que el 22 de julio de 2003 la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informo a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), que a partir del 15 de julio quedaban sin efecto los convenios celebrados al amparo de la Ley de Coordinación Fiscal con los Estados y Municipios en donde existían Puentes Nacionales de Peaje, como consecuencia del Decreto publicado en el Diario Oficial dela Federación del 14 de julio del presente.
Por lo que se refiere al segundo párrafo que señala "la aportación a los fondos mencionados se hará por el Estado, por el Municipio, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación sin que la aportación exceda de un 50% de monto de los ingresos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate??, la que dictamina considera conveniente apoyar el esfuerzo de los Municipios para que realicen la infraestructura necesaria para la operación de los puentes de peaje sin menoscabo del interés por mantener la salud financiera de Caminos y Puentes Federales de Ingreso (CAPUFE) para lo cual propone que la aportación por parte de la Federación sea hasta un 25% de los ingresos brutos, tal y como venía operando hasta antes del 14 de julio de 2003, con lo que se cambia el porcentaje del 50% de los ingresos netos. De esta forma se modifica el segundo párrafo para quedar como sigue:
DECRETO
Artículo Unico. Se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 9-A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los estados y municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente.
La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 25% del monto total de los ingresos brutos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá como sigue: municipios 50% y estados 50%.
Para que un municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de la recaudación potencial de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, podrá convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la Hacienda Pública local con la Federación, para poder aplicar a la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de recaudación señalado con anterioridad.
En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo del 50%, la cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual del nivel recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio, el municipio se encuentra en este supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal.
El aforo vehicular de los puentes estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Lo señalado en el presente artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero.
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Por el ejercicio de 2003, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continuará efectuando las aportaciones que le correspondan de conformidad con los convenios que se hubieren celebrado con los estados y municipios, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 14 de julio de 2003, relativos a puentes de peaje operados por la Federación.
Tercero.- Los convenios a que se refiere el artículo 9-A, que se reforma por medio de este decreto, podrán ser celebrados a partir del 1 de enero de 2004 y para su suscripción se tomará como base de recaudación del impuesto predial la correspondiente al año inmediato anterior a la firma del mismo.
SALA DE COMISIONES DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.
Diputados: Gustavo Madero Muñoz, Presidente
(rúbrica); Francisco Suárez y Dávila, secretario (rúbrica);
Juan Carlos Pérez Góngora, secretario (rúbrica); José
Felipe Puelles Espina, secretario (rúbrica); Diana Rosalía
Bernal Ladrón de Guevara, secretaria (rúbrica); Alejandro
Agundis Arias, secretario; Oscar González Yáñez, secretario
(rúbrica); Jesús Emilio Martínez Alvarez, secretario;
José Arturo Alcántara Rojas; Rafael Roberto Campa Cifrián
(rúbrica); Marko Antonio Cortés Mendoza; Alfredo del Mazo
González; Abel Echeverría Pineda; José Luis Flores
Hernández (rúbrica); Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa; Francisco
Luis Monárrez Rincón; Jorge Carlos Obregón Serrano
(rúbrica); José Osuna Millán; María de los
Dolores Padierna Luna (rúbrica); Manuel Pérez Cárdenas
(rúbrica); Alfonso Ramírez Cuéllar; Luis Antonio Ramírez
Pineda (rúbrica); Tomás José Ruiz González
(rúbrica); Javier Salinas Narváez; María Esther de
Jesús Scherman Leaño (rúbrica); Miguel Angel Toscano
Velasco (rúbrica); José Trejo Reyes (rúbrica); Francisco
Javier Valdéz de Anda; Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica);
Emilio Zebadúa González.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR LA RECLASIFICACION DE TARIFAS ELECTRICAS PARA EL ESTADO DE GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO ABEL ECHEVERRIA PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Abel Echeverría Pineda, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionado Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a adoptar las medidas necesarias a efecto de otorgar tarifas eléctricas preferenciales, sin factor de indexación, para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo en el estado de Guerrero, al tenor de los siguientes
Considerandos
Una de las demandas más sentidas y reiteradas de los habitantes de las zonas cálidas del país ha sido la solicitud de tarifas eléctricas más bajas, especialmente cuando el intenso calor los obliga a utilizar aparatos de aire acondicionado, que representan el 80% del consumo eléctrico total, como es el caso de los municipios más cálidos del estado de Guerrero.
La alta demanda obligada de energía eléctrica durante todos los meses del año provoca que los recibos de energía eléctrica sean muy caros y algunas veces imposibles de solventar, afectando sobre todo la economía familiar de la población con menores ingresos.
En el estado de Guerrero la pobreza es superior al 40%, más del doble del promedio nacional y seis veces más por arriba del índice de los estados del norte; en este sentido, debemos tomar en cuenta que a muchas familias guerrerenses se les hace prácticamente imposible pagar el servicio eléctrico, toda vez que los montos en los recibos son muy altos.
La decisión del Gobierno Federal de reducir el subsidio a las tarifas domésticas, tal como se aprobó en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002, dio como resultado un nuevo incremento de las tarifas eléctricas, sobre todo en las regiones cálidas del estado de Guerrero.
Por citar un ejemplo, la región de Tierra Caliente tiene una temperatura promedio por arriba de 35 grados centígrados y una humedad relativa promedio del 60%; esto eleva considerablemente la temperatura registrada. Las condiciones climáticas nos hacen consumir más electricidad por habitante que en zonas templadas.
Considerando que alrededor del 34% de la capacidad total instalada para la generación de energía eléctrica del país se localiza en el sur-sureste, y donde Guerrero produce el 28%, es alarmante el contraste cuando nuestra entidad tiene un gran número de comunidades y localidades que no cuentan con energía eléctrica.
Aprobar tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el estado de Guerrero es reconsiderar la aportación de nuestro estado a la Federación, por lo cual exigimos que se actúe en reciprocidad.
Estos son, entre otros, los argumentos principales para que, en materia de tarifas eléctricas, se considere el caso del estado de Guerrero como un asunto prioritario y de justicia social.
Sabemos y entendemos los rezagos en tarifas acumulados por años, y de los altos costos de mantenimiento de las fuentes que generan electricidad. Pero no aceptamos los supuestos beneficios para las zonas cálidas, toda vez que en Guerrero la mayoría de las regiones que lo conforman son cálidas, sin embargo, el costo por el servicio eléctrico es cada vez más caro e incosteable.
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la alta consideración de este honorable pleno el siguiente
Punto de acuerdo de urgente resolución
Primero.- Esta Honorable Cámara de Diputados se pronuncia a favor de tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo en el estado de Guerrero.
Segundo.- Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al jefe del Poder Ejecutivo federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a efecto de que, con fundamento al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, proceda a la reclasificación de las tarifas de electricidad para usa doméstico, comercial, industrial y del campo para el estado de Guerrero.
Dip. Abel Echeverría Pineda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO AL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DE 2004, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Seguridad Pública la siguiente proposición con punto de acuerdo.
En días pasados, el Ejecutivo federal presentó ante esta soberanía el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
En dicho proyecto, el Ejecutivo federal pretende ridículamente deshacerse de algunas entidades paraestatales, con fines de ahorro presupuestario.
Sabemos que el gobierno necesita desesperadamente fondos, pero debemos oponernos a la irracionalidad disfrazada de necesidad. Una reforma fiscal surgida de la desesperación no es viable. Aquí, el problema es la tendencia generalizada del gobierno del Presidente Fox que pretende acabar con todo lo que, desde su ignorante y obtuso punto de vista, no es rentable; pero no ha advertido que la inversión en ciencia, tecnología y cultura no es un lujo sino la única forma de garantizar la estabilidad y la soberanía del país.
Pensemos, por ejemplo, en el Colegio de Posgraduados, una institución que forma investigadores en el ámbito agropecuario y realiza estudios en esa materia.
Apenas hace dos años, la misma Secretaría de Hacienda, que hoy decreta su extinción, reconoció sus logros y, en función de ellos, lo consideró un centro público de investigación, conforme a la Ley de Investigación Científica y Tecnológica.
Del mismo modo, se pretende cancelar la participación gubernamental en la industria cinematográfica, en un acto que ignora la importancia de las expresiones culturales, mediante la supresión del Instituto Mexicano de Cinematografía y del Centro de Capacitación Cinematográfica, de los Estudios Churubusco y seguimos con Notimex, Lotería Nacional, Pronósticos Deportivos, etcétera.
A este paso, el Ejecutivo federal acabará vendiendo las pirámides de Teotihuacán en los próximos años.
Asimismo, un organismo que por su trascendencia en materia ambiental nos ocupa es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Creado por decreto presidencial el 7 de agosto de 1986, como órgano desconcentrado de la otrora Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a raíz de la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el IMTA se transformó en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca a partir del 29 de diciembre de 1994, para posteriormente, el 30 de octubre de 2001, cambiar su figura jurídica y convertirse en un organismo público descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La misión del instituto es realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, la conservación y la rehabilitación del agua y su entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable.
El IMTA cuenta entre sus instalaciones con importantes laboratorios con sistemas de aseguramiento de calidad, que le han permitido tener pruebas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación.
Asimismo, cuenta con el Centro de Consulta del Agua, que tiene el mayor acervo bibliográfico del país en materia de agua, con 25,000 volúmenes de libros, monografías e informes y 8,000 mapas, y mantiene suscripciones a más de 100 revistas especializadas.
El IMTA es ampliamente reconocido como el brazo científico y tecnológico del sector agua en México. Apoya la Comisión Nacional del Agua y otros organismos operativos y ejecutores de servicios públicos, así como distintos sectores, en el planteamiento de soluciones de problemas relacionados con el uso, aprovechamiento, saneamiento y preservación del recurso.
Entre los clientes más importantes del IMTA que se han beneficiado con estudios, proyectos e investigaciones realizados por dicho instituto están Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano del Petróleo, los gobiernos de Guanajuato, de Tamaulipas, de Jalisco, de Morelos, de Querétaro y de Veracruz, diversos organismos operadores de agua potable y alcantarillado, asociaciones de usuarios de riego, así como empresas privadas (Grupo Vitro, Nestlé, Temola y Grupo Mexicano de Desarrollo, entre otros).
Cabe mencionar que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es la única institución mexicana que cuenta con la infraestructura y el personal capaz de proponer soluciones a los problemas relacionados con el aprovechamiento y la preservación del agua, con un enfoque multidisciplinario que incluye aspectos técnicos, ambientales, sociales, económicos, culturales y legales.
Además, su repercusión en el gasto neto total del gobierno apenas si es de 0.013 por ciento, ya que los recursos fiscales que se le asignan ascienden a sólo 211.9 millones de pesos.
Cabe destacar que, en 2003, el IMTA autogeneró recursos por 115 millones de pesos, cantidad que ha crecido más del 120 por ciento en los últimos tres años.
Por una parte, consideramos también que la desincorporación de esas entidades es "una cortina de humo" para desviar la atención de las propuestas fiscales por parte del Ejecutivo y evitar con ello que la población y diversos sectores tengan oportunidad de oponerse a tales medidas.
Por otra parte, la desincorporación de Pronósticos Deportivos y de la Lotería Nacional parece parte del plan para la instalación de casinos, dejando a un lado las utilidades económicas que producen para servicios asistenciales que proveen estas entidades.
Si eso no fuera poco, pretenden con la desincorporación de Exportadora de Sal evitar que la empresa se sujete a control gubernamental y, de esa manera, establecer el proyecto de Salitrales de San Ignacio, en la reserva de la biosfera El Vizcaíno, eludiendo todas y cada una de las recomendaciones que formuló esta soberanía, por conducto de la Comisión de Investigación sobre el Impacto Ecológico Ambiental por las Actividades la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Exportadora de Sal, SA de CV.
Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a reconsiderar su propuesta establecida en el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
Segundo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública deseche el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de noviembre de 2003.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador;
Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco
Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles
Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo,
Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos,
Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta
Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio,
Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl
Piña Horta.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS PROCURADURIAS DE JUSTICIA A QUE ATIENDAN DE MANERA INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y QUE LAS CONSTITUCIONES LOCALES SE ADECUEN EN LA MATERIA A LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA GEMA ISABEL MARTINEZ LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados y diputadas federales sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las procuradurías de Justicia a que atiendan de manera integral a las víctimas de los delitos.
Exposición de Motivos
Todos los días, ya sea por los medios de comunicación o por algún conocido, tenemos noticias de la poca sensibilidad y justicia con que las víctimas de los delitos son tratadas por las agencias del Ministerio Público.
Las mujeres recibimos habitualmente un trato discriminatorio, abusivo y, en las más de las ocasiones, grosero, del Ministerio Público y, en general, del personal que labora en las agencias.
Día tras día, las mujeres nos enfrentamos a la negligencia, a las burlas, al trato despótico y a la inobservancia de nuestros derechos. La falta de sensibilidad es latente en cada uno de los actos de las autoridades.
El tema de las víctimas de delito ha sido abordado desde diferentes ángulos por juristas y especialistas en derechos humanos en los últimos años.
En la realidad, hay una demanda constante de la sociedad en el sentido de que en nuestro país la atención a las víctimas es de clara desventaja frente al tratamiento que se da a los victimarios.
Entre las preocupaciones que más aquejan hoy día a la sociedad mexicana están la justicia y la impunidad, que producen a su vez la inseguridad y la pérdida de credibilidad en las instituciones.
Los mexicanos consideran que los delincuentes cuentan con medios suficientes para exigir sus libertades y que tienen protección de las leyes, las autoridades y aun las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, en tanto que a quienes sufren las consecuencias de los delitos -es decir, a las víctimas- no se les atiende adecuadamente, no se les informa sobre los procesos, no se les proporciona el auxilio asistencial ni jurídico suficientes y tampoco les son reparados los daños que se les causan. Por tanto, no creen en la impartición de justicia, a la que por consiguiente creen ocioso acudir.
Afortunadamente, en la última década se ha desarrollado el interés por atender los derechos de la víctima del delito y del abuso de poder.
En 1993, la Ley Fundamental se modificó para reconocer por primera vez esos derechos. Aunque es un esfuerzo loable y de gran utilidad, todavía resulta insuficiente.
Actualmente, los sujetos pasivos del delito enfrentan dos infortunios: primero son víctimas de un abuso por el delincuente y después son doblemente victimadas porque no hay un eficiente reconocimiento de sus prerrogativas, pues la ausencia de suficientes, pero sobre todo de eficientes instituciones provoca la falta de protección y restitución de sus derechos.
Durante muchos años se trató de proteger al procesado quien, dada la involución del derecho penal mexicano, permaneció sin el más elemental reconocimiento de sus derechos; y, en el afán de darle garantías para defenderse, se llegó al otro extremo: omitir ocuparse de los derechos de la víctima.
Por suerte, en la actualidad existe la tendencia a lograr el equilibrio de derechos entre los protagonistas del delito.
El inciso B del artículo 20 de la Constitución otorga a la víctima u ofendido las garantías siguientes:
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
IV. Que se repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria;
V. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;
VI. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y
VII. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.
Por otro lado, resulta de igual importancia que la impartición y procuración de justicia se hagan efectivas, que los procedimientos se agilicen y, sobre todo, que los servidores públicos estén verdaderamente capacitados y sensibilizados para atender de manera adecuada a las víctimas.
En otras palabras, se necesita cumplimentar lo mandatado en la Ley Fundamental.
En cuanto al derecho a recibir asesoría jurídica, me permitiré hacer algunas consideraciones:
Si decimos que los derechos de la víctima deben ser equivalentes a los del inculpado, quien desde la averiguación previa tiene derecho a asistencia jurídica y legal, sea particular o de oficio, entonces la víctima también debe contar con un verdadero asistente legal que lo ilustre, lo aconseje y lo patrocine de manera efectiva y gratuita.
Este abogado puede ser el propio Ministerio Público, a quien deberá dotarse de las atribuciones y los recursos necesarios; o bien, una institución especializada en atender no solamente los asuntos de orden penal sino, también, las materias civil, laboral, fiscal, etcétera.
De otro modo, si hablamos sólo de una simple asesoría, hablamos de una asistencia legal limitada, que únicamente da consejos, emite opiniones y orienta, pero no siempre representa a la víctima ante un juicio. En tal virtud, la defensa del ofendido u ofendida es más reducida que la prevista para el infractor.
La reparación del daño debe garantizarse desde el inicio del proceso, al fijar la caución, si el inculpado tiene derecho a ella.
En la aplicación de ese derecho, las leyes pueden prever mecanismos de aseguramiento de bienes desde la fase de averiguación previa.
Igualmente, es importante que la ley evite la práctica de absolver de la reparación del daño, por falta de supuestos elementos para determinarla, en muchas ocasiones los jueces, si no tienen en autos los comprobantes de gastos, dejan de obligar al responsable, incluso cuando es evidente que los gastos se efectuaron, como es el caso de gastos funerarios o de hospitalización; o bien, erogaciones que será necesario hacer.
Entonces, debería ser práctica general, en aplicación de este derecho de la víctima, que el juzgador no pueda absolver de la reparación del daño cuando haya impuesto sentencia condenatoria y, para calcular el monto, igual que lo tiene que estimar cuando fija la caución, pueda recurrir a juicios propios, a pruebas periciales, a cálculos comparativos o a cualquier otro medio que le permita valorar el daño y fijar el monto y la forma de reparación.
Del mismo modo, deben preverse los casos en que, por ejemplo, la atención médica es otorgada por instituciones de beneficencia que no cobran y evidentemente no expiden factura, o por instituciones sociales como el IMSS o el ISSSTE que de igual manera realizan erogaciones que deben correr a cargo del delincuente, por lo que es necesario prever en todas las legislaciones que el daño sea reparado a un tercero.
En razón de lo expresado, insisto en la conveniencia de atender y profundizar en el estudio de la victimología, en aras de modernizar el sistema jurídico mexicano y lograr con ello que la impartición y procuración de justicia en todo el país sean eficientes, modernas y justas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar de manera respetuosa a las Legislaturas de los estados a que adecuen sus respectivas Constituciones a lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere a los derechos de las víctimas de los delitos.
Segundo. Exhortar a la Procuraduría General de la República, así como a las Procuradurías de los estados y del Distrito Federal, a que capacite y sensibilice al personal adscrito a las diferentes agencias del Ministerio Público, en aras de garantizar a las víctimas el cabal ejercicio de sus derechos, además de un trato justo, respetuoso y digno.
Integrantes de la Comisión de Equidad y Género
Diputadas y diputados: Diva Hadamira Gastélum
Bajo (rúbrica), Presidenta; Margarita Martínez López,
Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (rúbrica), Blanca Eppen Canales (rúbrica),
Martha Lucía Mícher Camarena, secretarias; Angel Paulino
Canul Pacab, María Hilaria Domínguez Arvizu, Carmen Guadalupe
Fonz Sáenz, Gema Isabel Martínez López, Rosalina Mazari
Espín, María Elena Orantes López, Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, María del Consuelo Rodríguez de Alba,
Rosario Sáenz López (rúbrica), Evelia Sandoval Urbán,
Nora Elena Yu Hernández, Concepción Cruz García (rúbrica),
Patricia Flores Fuentes (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña,
Evangelina Pérez Zaragoza (rúbrica), María Angélica
Ramírez Luna, Martha Leticia Rivera Cisneros, Marisol Vargas Bárcena
(rúbrica), María Beatriz Zavala Peniche, Marbella Casanova
Calam, Angélica de la Peña Gómez, Dolores del Carmen
Gutiérrez Zurita, María Marcela Lagarde y de los Ríos
(rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos, María Avila
Serna (rúbrica), Eliana García Laguna (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA AL CONGRESO DE GUERRERO Y AL SECRETARIO DE GOBERNACION QUE INTERVENGAN EN EL CASO DE LA LIBERACION QUE SE HA VENIDO DANDO DE LAS PERSONAS SEÑALADAS COMO AUTORES MATERIALES DE LOS CRIMENES COMETIDOS EN AGUAS BLANCAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIA DEL ROSARIO HERRERA ASCENCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el Tercer Informe de Gobierno, el Presidente Vicente Fox reiteró que para mantener la paz social, el desarrollo individual y colectivo, así como la total vigencia del Estado de Derecho se realizan acciones efectivas encaminadas a abatir la corrupción y la impunidad, en un marco de cumplimiento irrestricto de la ley, respeto y protección a los derechos humanos, en un ambiente en el cual la procuración de justicia se realice de manera pronta, expedita e imparcial.
Sin embargo, estos propósitos quedan muy lejos de las acciones en contra de la acción criminal del 28 de junio de 1995 llevada a cabo en el Vado de Aguas Blancas, pero, además, es muestra de que prevalece la impunidad y la falta de acciones pertinentes del gobierno para garantizar el ejercicio de la justicia sobre todos aquellos autores intelectuales y materiales de los hechos.
El crimen perpetrado en el vado de Aguas Blancas ha contado con la complicidad de las autoridades para hacer menor el costo legal de los inculpados y la ausencia de fincamiento de responsabilidades en contra de otros personajes que han sido señalados por la opinión pública. Por ello, las promesas de cumplimiento irrestricto de la Ley, que exalta el gobierno foxista, han quedado sin efecto y se suman a los nulos resultados obtenidos en los hechos del 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y el 22 de diciembre de 1997 de Acteal, entre otros sucesos de represión gubernamental a movimientos sociales.
La ejecución de 17 campesinos en el Vado de Aguas Blancas no ha alcanzado la observancia de la Ley. Las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero adolecen de una serie de deficiencias que tuvieron como consecuencia que los autores intelectuales de la masacre permanezcan en la impunidad.
De 28 policías encarcelados por esta matanza, 15 salieron de prisión en 1999 y de cuatro funcionarios presos, sólo queda uno. Pero entre el 11 de septiembre y 9 de octubre del presente año, siete policías más fueron liberados por el Consejo Técnico Disciplinario de Readaptación Social del gobierno estatal por problemas de salud que les impedían seguir compurgando la pena en el interior del penal y porque el gobierno federal les concedió amparo.
Cabe señalar que la actuación de las autoridades ha dejado a un lado las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emitió resolución donde se concluye que "existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados".
La necesidad de otorgar justicia a las víctimas y familiares de la masacre es obligación irrefutable del actual gobierno, encabezado por Vicente Fox. El argumento de que la masacre representa un hecho no sucedido en la actual administración, no tiene ningún sustento cuando está en manos de los órganos gubernamentales revertir la impunidad que ha caracterizado este caso.
A ocho años de la masacre y a dos de los compromisos adquiridos por el gobierno federal ante la CIDH, vemos con preocupación que no existe voluntad política ni jurídica para otorgar justicia a los familiares de los ejecutados que no han recibido una justa reparación del daño y tampoco se les ha hecho justicia integral. Por lo que hace a los supervivientes, muchos de ellos siguen en estado de salud crítico y tampoco les ha sido otorgada la debida reparación del daño.
Por lo anteriormente expuesto y en términos de los hechos señalados, someto a la consideración de este honorable Pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. En forma respetuosa, se exhorta al Congreso del Estado de Guerrero para que solicite a las autoridades responsables informen de los motivos que justifican el otorgamiento del amparo para la liberación de siete ex policías motorizados involucrados en los hechos de Aguas Blancas.
Segundo. Se solicite al secretario de Gobernación federal su intervención en el caso e informe a detalle sobre los pendientes del caso Aguas Blancas y los motivos por los cuales no considera conveniente presentar inconformidad por la liberación de los autores materiales de los crímenes cometidos el 28 de junio de 1995.
Tercero. Se cumpla la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se otorgue justicia a los familiares de los ejecutados y se repare el daño causado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.
Dip. Rosario Herrera Ascencio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL JEFE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES CON EL SECTOR AGRARIO A IMPULSAR UNA REFORMA AGRARIA INTEGRAL QUE ATIENDA EL DESARROLLO DE LA PROPIEDAD SOCIAL EN MEXICO Y GARANTICE LA PARTICIPACION DE LOS EJIDOS Y LAS COMUNIDADES EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSE LAMBERTO DIAZ NIEBLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
En esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando la importancia y urgencia de apoyar a los habitantes que viven en el medio rural, hago uso de esta tribuna para expresar lo siguiente:
Al igual que muchos de ustedes, tengo por origen el campo y he llegado aquí con la responsabilidad de defender sus intereses.
Todos sabemos que el campo se encuentra, desde hace más de 20 años, en una profunda crisis, al dejar de crecer y generar los alimentos y productos que demanda su población y el bienestar general del país.
Se tiene que reconocer de entrada el debilitamiento crónico del Estado en su responsabilidad hacia el campo y, con ello, la devastación de las redes institucionales y de fomento en el mundo agropecuario. Nunca como ahora se había documentado públicamente esta cruda realidad. No resulta ocioso insistir en algunos datos reveladores:
En primer lugar tenemos que vencer el prejuicio dogmático que supone que las instituciones públicas de fomento, capitalización y comercialización son sinónimo de proteccionismo o corrupción. Este argumento ha estado detrás y sigue estando hasta hoy en la base de una política de abandono, a favor de un mercado de libre competencia que no ha favorecido a nuestros hombres del campo.
Ustedes saben que durante muchos años la lucha agraria fue el motor del desarrollo social en México, y que esta lucha vino a desembocar en la entrega de más de la mitad del territorio nacional a cerca de 30,000 ejidos y comunidades y a la creación de toda un aparato institucional, que paulatinamente se ha ido desmantelando en perjuicio del campo mexicano.
Así, nuestra agricultura sufrió una verdadera agresión al retirársele los apoyos, reducir brutalmente la inversión y el gasto programable para el campo. En forma casi simultánea, abrimos nuestras fronteras, por la vía de los tratados comerciales, a una competencia injusta para nuestros productos y productores; pues nos hicieron competir en condiciones desleales dentro de nuestro mercado, con productos extranjeros de menor costo y fuertemente subsidiados en sus países de origen.
Adicionalmente, en la actualidad existen 472 conflictos sociales con alto nivel de riesgo y además un rezago en materia de administración de justicia agraria.
El Gobierno de la República se encuentra atrapado en el frenesí del cambio y para evitar que este cambio nos destruya, alentando los conflictos agrarios por falta de acciones concretas y frente al éxodo masivo de campesinos a otros países, debemos fijar nuestra posición como legisladores en los siguientes aspectos:
Por otro lado, es imperativo vincular, de una vez por todas, el ciclo de la reforma agraria, al objetivo de reconstruir el aparato jurídico definitivo que dé certidumbre y estabilidad al desarrollo rural en México.
Los rezagos e insuficiencias son muchos e importantes, pero ninguno es más grave que la pobreza que se concentra en el medio rural. Moderarla, combatirla y erradicarla es el reto supremo de nuestro momento, de nuestra generación.
Por todo lo anteriormente expuesto me permito presentar a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a las dependencias responsables del sector agrario a impulsar una reforma agraria integral que atienda el desarrollo de la propiedad social en México y asegure la participación de los ejidos y comunidades, dentro de los programas de desarrollo rural.
Adicionalmente me permito solicitar a esta soberanía que tomemos el siguiente punto de acuerdo:
El Poder Legislativo hará las modificaciones legales que le permitan reforzar la capacidad administrativa y técnica de la Secretaría de la Reforma Agraria para que ésta cumpla su papel de llevar a cabo una reforma agraria integral en beneficio de la propiedad social.
Señor Presidente, con base en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso y dada la urgencia y naturaleza del planteamiento, solicito que se otorgue el trámite de urgente y obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.
Dip. José Lamberto Díaz Niebla (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A EMITIR EL DICTAMEN REFERENTE A LA APROBACION DE LA INICIATIVA DE LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, CON OBJETO DE ELIMINAR DICHO IMPUESTO A LOS POLVOS PARA PREPARAR BEBIDAS SABORIZADAS, A CARGO DE LA DIPUTADA CRISTINA DIAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El pasado jueves 30 de octubre la suscrita presentó una iniciativa de decreto para reformar la Ley General de Salud, orientada a prevenir, tratar y controlar la obesidad en México como un precursor de enfermedades como la diabetes y la hipertensión; o detonante de padecimientos cardiovasculares, entre otros.
Sin embargo, es de suma relevancia añadir a la promoción de facultades con que debe contar la autoridad sanitaria para desarrollar en mejores condiciones su labor y, por lo tanto, para combatir a la obesidad, que los tratamientos terapéuticos sean complementados por acciones que permitan a quienes padecen dicho mal contar con condiciones que eleven su calidad de vida.
Es conveniente mencionar que para enfrentar la diabetes, uno de los probables riesgos que puede provocar ser obeso, se desarrollan acciones de prevención y detección como parte de las políticas sanitarias dirigidas a atender con oportunidad los casos en los que los ciudadanos pueden estar expuestos a dicho mal.
Dentro de la atención primaria, es decir, aquella dirigida a prevenir la enfermedad, y del tratamiento y control de las personas que padecen activamente la enfermedad, se encuentra el plan de alimentación, el cual recomienda que el paciente consuma productos que contengan edulcorantes no nutritivos como parte de la acción integral que debe desarrollarse para limitar el avance del mal.
Así, al esfuerzo que las autoridades despliegan para acotar esta enfermedad -que ya es considerada una epidemia-, es preciso facilitar el acceso de los individuos que la padecen a productos que puedan coadyuvar en la prevención, tratamiento y control del mal, como lo son los polvos elaborados con edulcorantes no nutritivos.
Estos productos son consumidos en su mayor parte, dos terceras partes, por aquellos niveles socioeconómicos de menores recursos, lo cual expresa la importancia de que se mantenga como una opción de consumo que permita controlar el peso y coadyuve en la promoción de estilos de vida saludables.
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a efecto de que emita el dictamen referente a la aprobación de la iniciativa de Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para eliminar dicho impuesto a los polvos para preparar bebidas saborizadas.
Dip. Cristina Díaz Salazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE REUBIQUE A LAS FAMILIAS AFECTADAS BAJO LA COTA 68.5 DE LAS PRESAS PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN Y PRESIDENTE MIGUEL DE LA MADRID, A CARGO DEL DIPUTADO EVIEL PEREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Compañeras y compañeros diputados, vengo ante esta alta tribuna a presentar una proposición con punto de acuerdo y turnar a las comisiones involucradas para resolver los problemas añejos que aquejan a las poblaciones correspondientes al distrito electoral 01, con cabecera en Tuxtepec, Oaxaca.
Concretamente el problema real se encuentra en manos de la Comisión Federal de Electricidad, ya que se generó a raíz de las construcciones de las presas Presidente Miguel Alemán y Presidente Miguel de la Madrid, la primera por decreto del 26 de octubre de 1949, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre del mismo año, y la segunda, por resolución presidencial, emitida por el Lic. José López Portillo el 29 de agosto de 1972, fue aprobada la construcción de la presa Cerro de Oro, hoy Miguel de la Madrid, y por diversos decretos presidenciales publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de junio de 1973, en donde se expropiaron aproximadamente 50 mil hectáreas, siendo el municipio de San Lucas Ojitlán el más afectado.
Si bien durante la primera década del siglo XX el capital para la generación de la energía eléctrica era de origen nacional, éste se vio desplazado por la creciente inversión extranjera, ya que para 1920 únicamente cuatro o cinco empresas generaban la mayor parte de energía eléctrica en el país.
La expropiación de tierras y aguas de los ejidos y comunidades para la construcción de obras hidráulicas reviste una gran importancia por los efectos directos que sufre la población ahí residente, como es el caso de las poblaciones que se han afectado en nuestro distrito por la construcción de las presas citadas en este punto de acuerdo. Las consecuencias de dichas expropiaciones pueden ser entre otras:
2) Cambios en la estructura social, económica y política de la región, por la magnitud de la superficie destinada a la construcción de las presas y de los embalses; y
3) Un drástico impacto ambiental que modifica el entorno, no sólo al cambiar el paisaje, sino al alterar el ecosistema.
La reubicación de una cantidad tan importante de población llevó a la Comisión Federal de Electricidad a la búsqueda de tierras para su reacomodo, en tanto que para la población significó diversas dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones de vida y de desarrollo de sus fuentes de trabajo.
Como ejemplo de esa situación se puede mencionar el ejido de San Martín Soyaltepec, el cual por motivo de la construcción de la presa vio cómo la totalidad de sus tierras quedaron inundadas, por lo que en el decreto presidencial se declaró desaparecido el ejido y creado nuevamente en el municipio de Playa Vicente, en el estado de Veracruz.
De las 2 mil 341 hectáreas perdidas, cuyas diversas calidades (humedad, temporal, y monte alto) se les restituyeron en la misma cantidad pero de monte laborable. Por lo que se refería a sus casas, éstas les fueron construidas en las tierras que se les asignaron como compensación.
En oficio dirigido en su oportunidad por los ejidatarios de San Martín Soyaltepec al representante del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en la Comisión del Papaloapan, solicitaban que se les permitiera permanecer en su antiguo ejido, ya que en él contaban con la posesión definitiva, y que no les convenía el lugar de reacomodo; de 103 ejidatarios con certificado de derechos agrarios, a 61 de ellos no les dieron parcelas ni se les había indemnizado, por lo que sus familias habían quedado en una situación de desamparo.
Hechos
En el artículo 27 de la Constitución de 1917 se asientan las bases para el aprovechamiento de los recursos naturales (renovables y no renovables) declarándose en el quinto párrafo la propiedad nacional del agua.
En la década de 1920 el presidente Plutarco Elías Calles creó la Comisión Nacional de Irrigación. De donde posteriormente nació la Secretaría de Recursos Hidráulicos para coordinar los aprovechamientos de las obras hidráulicas, supuestamente con una finalidad social de política estatal, por encima de limitaciones puramente económicas. El criterio, a nivel político y administrativo, era preparar programas integrales para la construcción de obras hidráulicas donde técnica y económicamente fuera factible.
La cuenca del Papaloapan abarca 275 municipios y una población de casi 3 millones de habitantes. Gran parte de la población es de campesinos (aproximadamente un 25% de campesinos indígenas); el sistema hidrográfico del Papaloapan es el segundo en el país por su caudal, vertiendo 47 mil millones de metros cúbicos anualmente a la laguna de Alvarado.
Conclusiones
Por lo anteriormente expuesto, solicito a las secretarías y organismos del Gobierno Federal que procedan a resolver el problema de fondo, con la reubicación y el pago a que tienen derecho por ley los ciudadanos de los pueblos afectados por los rezagos agrarios, hechos consecuentes que se generaron por la construcción de las presas que este asunto en mención se ocupa.
Por lo tanto, señoras y señores diputados, solicito su apoyo total para que se resuelva este asunto que aqueja a mi distrito.
Dip. Eviel Pérez Magaña (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004 SE ASIGNE AL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA TOTAL DE 7,500 MILLONES DE PESOS, A CARGO DEL DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Considerandos
En los últimos tres años, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha percibido incrementos presupuestales que no corresponden a las enormes necesidades de la institución. Para el año 2004, el Ejecutivo plantea en su propuesta de Presupuesto de Egresos un monto de 5,971 millones de pesos, lo que significaría un raquítico incremento del 0.72%, igual a 43 millones de pesos, menos de lo que presupuestariamente se le destina de gasto a cada ex presidente de la República (52 millones de pesos). Con ello prácticamente se estaría ahogando a la institución, que no contaría con los recursos que requiere para realizar su importante labor educativa y de investigación, ya que sólo le alcanzaría para cubrir el Capítulo 1000, y qué decir de la disminución al resto del gasto corriente.
Si a esto sumamos que el IPN está siendo obligado a entregar a la Tesorería de la Federación sus recursos autogenerados porque se les considera como recursos fiscales -consideración totalmente errónea- y que para este año se calcula sumarán un monto total de 200 millones de pesos; así tenemos que en realidad se está disminuyendo de manera muy importante el presupuesto de la institución.
Además, la escasez presupuestal le ha generado al IPN enormes carencias que afectan negativamente y de manera ostensible la labor educativa del instituto.
Por ejemplo, el mobiliario y el equipo utilizado para el cumplimiento de las actividades institucionales sufre un desgaste natural, soportando condiciones de sobre utilización, llegando a la obsolescencia y viéndose obligado por falta de recursos a seguir utilizándolo.
De tal manera que algunas carreras realizan prácticas educativas con equipos caducos, que incluso ya no se utilizan en el sector productivo, poniendo en desventaja a los egresados del IPN respecto de otras instituciones privadas de educación superior.
Los equipos de cómputo y material educativo, necesarios para el registro, control y apoyo a los alumnos son igualmente en su mayoría obsoletos, razón por la cual es importante su sustitución por otros de tecnología actualizada.
Gran parte del parque vehicular con que la institución cuenta para que los estudiantes realicen prácticas de campo para vincularse con el sector productivo es antiguo e insuficiente.
Se requiere también actualizar gran parte del equipo de enseñanza en los laboratorios de biología, física y química; como microscopios, centrífugas y equipos básicos para una mejor enseñanza.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 3º, en su fracción V:
Partiendo de todo lo antes expuesto, se plantea que el IPN requiere para el ejercicio presupuestal del año 2004, una partida presupuestal de por lo menos 7,500 millones de pesos. Hay que considerar que el IPN es una institución que en sus 70 años de existencia ha colaborado de manera sustancial al desarrollo tecnológico y educativo de nuestro país, formando a varias generaciones de ingenieros industriales, electrónicos, metalúrgicos, petroleros, químicos, así como profesionistas de otras áreas del conocimiento como médicos, químicos farmacobiólogos, economistas, contadores, entre otros, cuyo aporte al crecimiento y desarrollo de México ha sido invaluable. Actualmente el Instituto alberga a poco más de 170 mil estudiantes. Con el monto que se plantea apenas podría empezar a cubrirse el rezago histórico que se tiene en operación e infraestructura, en algunos casos desde el año de 1940, y que impide al instituto cumplir adecuadamente con su labor de investigación, enseñanza y vinculación productiva con la sociedad mexicana.
De acuerdo con información proporcionada por autoridades del propio IPN, de contar con los 7,500 millones de pesos que se solicitan, se cubrirían rezagos de materiales, reactivos y sustancias químicas, refacciones y accesorios para cómputo, estructuras y manufacturas, material eléctrico y electrónico, medicinas y productos farmacéuticos, transporte, etcétera.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en su Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2004, asigne como mínimo una partida presupuestaria total de 7,500 millones de pesos al Instituto Politécnico Nacional, con la finalidad de que éste cuente con los recursos mínimos para poder desarrollar de manera adecuada su labor educativa y de investigación científica y tecnológica en beneficio de los alumnos y de la nación en su conjunto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de noviembre de 2003.
Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL JEFE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE -MEDIANTE LAS SECRETARIAS DE SALUD, DE DESARROLLO SOCIAL, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES- SE CORRIJAN LAS CAUSAS DE LA CONTAMINACION EXISTENTE EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y DE JUANACATLAN, JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO ARMANDO CHAVEZ DAVALOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Que tiene como objeto exhortar al jefe del Poder Ejecutivo federal y a los secretarios de Salud (Ssa), de Desarrollo Social (Sedesol), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que formulen los estudios necesarios.
Y la aplicación de recursos para contrarrestar la grave contaminación que padece el cauce del río Lerma-Santiago aledaño a los municipios de El Salto y de Juanacatlán, Jalisco.
Que presentó en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Jalisco, el diputado Armando Chávez Dávalos, por el distrito 07.
Conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2001-2007, compromiso de gobierno de la actual administración estatal, establece que la industria en el estado emite gran parte de la contaminación atmosférica.
En los últimos años, según se calcula, el total de emisiones a la atmósfera es de 1.4 millones de toneladas anuales, de las cuales 1 millón corresponde a la industria.
En la entidad no se cuenta con sistemas de recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos adecuados, lo cual ocasiona contaminación severa de mantos freáticos y de ríos; erosión del suelo; y, sobre todo, proliferación de infecciones y de enfermedades terminales entre ciertos núcleos de población.
Claro ejemplo de lo anterior son los problemas que, por la contaminación del río Lerma-Santiago, padecen los habitantes de los municipios de El Salto y de Juanacatlán, que han sufrido de manera creciente trastornos respiratorios y dermatológicos, que potencialmente provocan defunción.
De las casi 200 empresas que operan en el corredor industrial de El Salto, Jalisco, sólo 50 por ciento cuenta con plantas de tratamiento. De esa proporción, la mitad opera, lo cual ocasiona que la contaminación aumente de manera constante, sin dejar de mencionar los desechos que los rastros municipales también arrojan sin tratamiento.
Pese a ser un problema de salud pública, a la fecha ninguna autoridad, como la Profepa, la Semarnat, la CNA o la Ssa, ha intervenido ni -mucho menos- se ha encargado de la situación.
En otras palabras, no se está cumpliendo lo establecido en la Ley General de Salud, cuyo artículo 3°, fracción VIII, indica como materia de salubridad general y consiguiente obligación estatal "la prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre".
De igual manera, se incumple lo señalado en el artículo 1° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, donde se define el compromiso estatal de "garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar".
Sobre todo cuando, en materia de salud pública, es importante considerar las causas por las que mueren los jaliscienses. En este sentido, se distinguen tres grandes grupos. Resalto que el primero agrupa las enfermedades infecciosas.
En los municipios de El Salto y de Juanacatlán, Jalisco, no se cumplen el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni, mucho menos, las obligaciones derivadas de las citadas leyes generales.
Lo único cierto en esos municipios es que los efectos de contaminación suponen un problema de salud pública y en este momento no puede asegurarse que no hay una epidemia e inclusive una pandemia.
Lo anterior, por la simple razón de que las autoridades correspondientes no han querido realizar al menos estudios en la zona y de esa manera tener la seguridad de las acciones correctivas por aplicar.
En tal virtud, y considerando que el derecho a la salud pública es un mandato constitucional, resulta preciso que se realicen los estudios necesarios por las secretarías y las dependencias respectivas, a fin de determinar los orígenes y las consecuencias de la problemática referida y las propuestas de solución y corrección.
A medida que se agrava la situación ambiental y se degrada la salud pública, crecen la preocupación y la demanda de solución de los 95 mil 245 habitantes de esos municipios.
Por todo ello y con base en los artículos 58 y 59, pongo a consideración el siguiente punto de
Acuerdo Económico
Se instruya a las Comisiones de Salud, de Desarrollo Social, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para que, con la mayor brevedad y respeto pleno de la división de poderes, se exhorte al jefe del Poder Ejecutivo federal, mediante la Ssa, la Sedesol y la Semarnat, a formular los estudios necesarios que permitan determinar las causas de la contaminación, tanto en el vaso lacustre como en el ambiente circundante de los municipios de El Salto y de Juanacatlán, Jalisco, aplicando los programas de salud pública y ordenamiento urbano requeridos y las acciones tendentes a corregir las causas de la contaminación existente.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.- Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2003.
Dip. Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A PERMITIR QUE LOS RECURSOS AUTOGENERADOS EN EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL E INSTITUTOS TECNOLOGICOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2003 NO INGRESEN EN DICHA SECRETARIA, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR ORTEGA ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Instituto Politécnico Nacional es el alma mater de la educación tecnológica, en virtud de que ha incorporado a sus tareas básicas de capacitación y docencia, la investigación científica y tecnológica de frontera básica y aplicada, la difusión cultural, los servicios de documentación e información, el fomento del deporte y los conocimientos al servicio del Estado Mexicano a través de sus profesionales integrales útiles para la sociedad; actualmente, su compromiso con la nación mexicana va más allá de la formación de técnicos y profesionistas, sino que también abarca la adquisición, la selección, asimilación e innovación de tecnologías externas, las aportaciones científicas y tecnológicas propias, así como la sólida vinculación con los sectores productivo y social.
En sus 67 años de vida el Instituto Politécnico Nacional ha formado a un gran número de profesionistas, quienes de manera exitosa y comprometidos con los problemas del país se han incorporado a los sectores industrial, comercial y de servicios, a la docencia y a la investigación, y se han distribuido especialmente en las industrias de la construcción, petrolera, electrónica, textil, metalúrgica, química, eléctrica, mecánica, de comunicaciones y aeronáutica, en este sentido no se puede concebir a la industria petroquímica, sin los aportes de los Ingenieros egresados del Politécnico. En el campo de la salud ha formado médicos alópatas y homeópatas, optometristas, enfermeras, biólogos, parasitólogos, farmacobiólogos, bioquímicos y especialistas en medio ambiente, alimentos, nutrición, inmunología, biotecnología entre otros.
Asimismo, la grandeza y fortaleza del Instituto Politécnico Nacional radica en su acervo científico y cultural de las disciplinas duras, en sus labores de investigación, donde participan más de 1800 investigadores, consolidando al Politécnico como la institución fundamental en la investigación y desarrollo tecnológico en el país.
En los últimos tres años el Instituto Politécnico Nacional, al igual que otras instituciones educativas, tales como los Institutos Tecnológicos-SEP, ha padecido de una insuficiente asignación de recursos presupuéstales otorgados por el Gobierno Federal.
Para el año 2003 se le asignó un presupuesto de 5 mil 900 millones de pesos, pero, para continuar atendiendo su reforma, y mejorar significativamente la calidad de los servicios educativos, científicos y tecnológicos que ofrece a la sociedad, el Instituto Politécnico Nacional requiere fortalecer los proyectos para la transformación establecidos en su Programa de Desarrollo Institucional 2001 - 2006, para lo cual necesita un presupuesto mínimo de 7,500 millones de pesos.
El Instituto tiene un rezago histórico, en algunos casos, desde 1940, en operación e infraestructura del orden de los 7 mil millones de pesos, lo que ha restringido la oportunidad de absorber y atender en condiciones óptimas la formación de los cuadros técnicos que el país requiere.
Dicha situación ha impactando desfavorablemente la cobertura de su oferta educativa, ya que la misma ha permanecido estable durante los últimos tres años, ofertando 18 mil y 19 mil 700 lugares, en los niveles medio superior y superior; lo anterior significa, una cobertura promedio de la demanda real de ingreso al Politécnico, del 45 y 30 por ciento respectivamente. Misma que, podría ser incrementada de acuerdo al crecimiento observado por la demanda, al menos en un 20%, de contar con los recursos suficientes.
Otro aspecto que se ha visto afectado por la insuficiencia presupuestal, ha sido la restricción para contratar nuevos profesores, que le permitan al Instituto sustituir a los que se han retirado por motivos de jubilación y/o renuncia. Situación que puede verse agravada en los próximos 5 años, por el hecho de que aproximadamente el 30% de la planta docente actual, cuenta con más de 25 años de servicio y puede ejercer su derecho a la jubilación en el periodo antes mencionado.
Destacando que esta situación, también afectaría de igual manera a la investigación básica y aplicada, que el Instituto siempre ha desarrollado de manera significativa y relevante.
Una parte de las acuciantes necesidades presupuéstales del Politécnico, así como de los Institutos Tecnológicos, podrían ser cubiertas con recursos propios generados a través de la prestación de distintos servicios de investigación, desarrollo tecnológico, educación continua y a distancia, y de vinculación; si la normatividad se flexibilizara, otorgándole a éstos, el mismo trato que a otras Instituciones de Educación Superior Autónomas, y no el que se les ha dado en los últimos años; donde para hacer el entero y recuperación de los recursos autogenerados, tengan que pasar por una serie de trámites (que en algunos casos duran aproximadamente un mes y medio) para ser reintegrados por la Tesorería de la Federación de manera oportuna a estas Instituciones Educativas.
De esta manera, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional, estaría en posibilidades de captar alrededor de 600 millones de pesos anuales, lo que le posibilitaría a esta Institución atenuar los efectos de las últimas insuficiencias presupuéstales.
Por todo lo antes expuesto y con fundamento a lo que establece el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi carácter de diputado federal, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
PRIMERO.- Con base al artículo sexto de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, esta soberanía exhorte a la SHCP, para que le permita que los recursos autogenerados no se ingresen, toda vez, que este Instituto cuenta con todas características técnicas, educativas, y administrativas de Organismo Público Descentralizado.
SEGUNDO.- Que dichos recursos sean auditables por la Dependencia correspondiente conforme a la normatividad vigente.
TERCERO.- Que los recursos generados por el Instituto Politécnico Nacional, en los meses de noviembre y diciembre del 2003, no sean ingresados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, y puedan disponerse para la operación y funcionamiento de las diversas escuelas de este Instituto, ya que dicha Secretaría por cuestiones de normatividad no estaría en posibilidades de devolverles estos ingresos autogenerados al Instituto Politécnico Nacional y a los Institutos Tecnológicos.
Dip. Omar Ortega Alvarez (rúbrica)
Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO A HOMOLOGAR EL PRECIO DEL DIESEL MARINO, EN BENEFICIO DE LOS ARMADORES DE BUQUES DE INVESTIGACION OCEANOGRAFICA UNIVERSITARIA, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO ANAYA RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 20, párrafos l y 2, incisos c) y d); 38, párrafo 1, inciso a); 39, y 45, párrafo 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción parlamentaria del PRI en el estado de Veracruz, se solicita el presente punto de acuerdo con base en los siguientes
Considerandos
1. Que el consumo de combustible representa actualmente el 70 por ciento de los gastos de operación de un buque oceanográfico en alta mar. El precio de este insumo ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años de alrededor del 90 por ciento; ascendiendo prácticamente al doble de los precios de diesel marino en los mercados internacionales.
2. Que el aumento desmesurado del precio del diesel marino ha encarecido de sobremanera la operación de los buques de investigación oceanográfica universitaria, limitando su uso efectivo por la comunidad oceanográfica nacional.
3. Que en nuestro país se maneja un precio diferenciado del diesel para la actividad agrícola y para las embarcaciones de investigación oceanográfica universitaria, a pesar de que ambas actividades son parte fundamental para el desarrollo del país.
4. Que el Congreso tiene la facultad para sostener la investigación científica en los términos del artículo 73, fracción XXV, de la Constitución.
5. Que en el año de 1975 México incorporó en el artículo 27 de la Constitución Política el concepto de la zona económica exclusiva, quedando la misma como parte integral de su patrimonio nacional; este concepto abrió grandes perspectivas en lo que se refiere al potencial de recursos naturales renovables y no renovables y creó al mismo tiempo la obligación de investigar sus características, preservar sus recursos y proteger su ecología.
6. Que para hacer frente a esta responsabilidad, el Gobierno de la República, a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, autorizó la construcción de dos buques oceanográficos con la capacidad y flexibilidad adecuada para explorar las áreas marítimas adyacentes al país, principalmente su zona económica exclusiva.
7. Que en la actualidad se cuenta con más de dos mil trabajos científicos basados en los datos obtenidos en el transcurso de las más de 400 campañas efectuadas por las embarcaciones oceanográficas universitarias, destacando que varios de ellos han sido de muy alta calidad y utilidad para diversos usuarios nacionales de la investigación (Pemex, industria pesquera, etcétera).
8. Que la entrada en operación de estas unidades al inicio de la década de los ochenta representó un avance en el desarrollo oceanográfico nacional, ya que los trabajos efectuados en estos buques contribuyeron de manera significativa al conocimiento de los mares de México y áreas oceánicas aledañas en todas sus facetas, como biológicas, ecológicas, químicas, físicas o geológicas.
9. Que los referidos trabajos han sido publicados o bien presentados en reuniones científicas nacionales e internacionales.
10. Que a esta producción se agrega un número de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, un hecho que, además de su valor científico, ha contribuido a la formación de recursos humanos en la investigación marina.
11. Que varios de los autores de las antes citadas investigaciones han sido premiados por sus contribuciones al conocimiento de los mares del país.
12. Que es un compromiso del Estado mexicano como un resultado de los acuerdos internacionales ratificados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los cuales nuestro país se ha desempeñado como una de las naciones más propositivas hacia la promulgación del acuerdo de la Convención sobre Derecho del Mar (ONU-UNCLOS, 1982) mediante el cual se establece la zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas para los países ribereños; de la misma forma, México es signatario de los acuerdos contenidos en la Agenda 21 sobre Desarrollo Sustentable (ONU-UNCED, 1992). Ambos acuerdos garantizan a nuestro país la soberanía y jurisdicción sobre sus aguas oceánicas, pero a la vez le confieren la responsabilidad y compromiso de estudiar, proteger y manejar en forma sustentable sus recursos.
Por lo anteriormente expuesto, y en uso de las atribuciones antes citadas, los CC. diputados de la diputación federal veracruzana del grupo parlamentario del PRI se permiten someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Como medida de respaldo e impulso a la investigación oceanográfica mexicana, se exhorte al Ejecutivo y específicamente a la SHCP a homologar el precio del diesel marino especial para los armadores de buques de investigación oceanográfica universitaria, al precio que se otorga al sector agrícola.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.
Diputados: Pablo Anaya Rivera, Gonzalo Guízar
Valladares, Juan Bustillos Montalvo, Tomás Ruiz González,
Pablo Pavón Vinales, Gustavo Moreno Ramos, Ubaldo Aguilar Flores,
Guillermo Zorrilla Fernández, Marco Antonio Torres Hernández,
Ernesto Alarcón Trujillo, Alfonso Sánchez Hernández,
Rómulo I. Salazar Macías, Filemón Arcos Suárez,
Miguel Angel Yunes Linares, Martín R. Vidaña Pérez,
Jorge Uscanga Escobar, Concepción O. Castañeda Ortiz (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, AL ANALIZAR LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2004, INCLUYA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA APOYAR LAS ASOCIACIONES CIVILES CONSTITUIDAS LEGALMENTE DE LOS INGENIOS DE ZACATEPEC Y OACALCO, MORELOS, EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRAN EN UNA SITUACION ECONOMICA PRECARIA, A CARGO DEL DIPUTADO GUILLERMO DEL VALLE REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que tiene como propósito apoyar a los ex trabajadores y viudas de los ingenios azucareros del estado de Morelos al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que en el entendido de que los legisladores somos los legítimos representantes del pueblo ante esta máxima tribuna del país, lo cual nos lleva a velar por los intereses de nuestros representados, por lo que el compromiso de esta legislatura, de escuchar, atender y canalizar las demandas que han hecho las asociaciones civiles legalmente constituidas, en este caso en particular de ex obreros y viudas de los ingenios Emiliano Zapata de Zacatepec y de Oacalco, ambos en el estado de Morelos, en las que manifiestan su precaria situación económica y que agrupan por conducto de asociaciones civiles legalmente constituidas a un gran número de personas de adultos en plenitud de sus facultades físicas y mentales, y que no cuentan con ningún apoyo para la subsistencia de ellos y sus familias.
En los ingenios Emiliano Zapata de Zacatepec y de Oacalco del estado de Morelos, desde los años de 1988 a 1991 se han presentado serios problemas, financieros, laborales y técnicos, sin que hasta la fecha nadie haga nada para resolverlos y muy en particular las autoridades.
La quiebra fraudulenta del ingenio de Zacatepec y el cierre del ingenio de Oacalco han ocasionado desde esos años, sin lugar a dudas, que los ex obreros y viudas hayan sido y sigan siendo víctimas del abuso por parte del Gobierno Federal, en complicidad con el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana.
Que debe ser una responsabilidad de nuestra parte poner atención a todos los conflictos que existen en el país y que, de no atenderlos podríamos llegar a tener estallidos sociales, porque, señores, la situación cada día se esta agudizando más en el campo de México.
Por su parte, el Congreso del estado de Morelos ha solicitado ya al titular del Ejecutivo federal, mediante un punto de acuerdo, que gire sus instrucciones a la Sagarpa y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para apoyar de manera económica a los ex obreros y viudas de dichos ingenios.
En virtud de lo anteriormente expuesto solicito a esta soberanía turnar la presente proposición a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para ser incluida en el Presupuesto de Egresos del próximo año; por tanto, someto a esta Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados, al analizar la propuesta de Presupuesto para el 2004 enviada por el Ejecutivo federal, incluya los recursos necesarios para apoyar a las asociaciones civiles legalmente constituidas de los ingenios de Zacatepec y Oacalco en el estado de Morelos, en virtud de que se encuentran en una precaria situación económica.
Segundo: Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, una vez autorizado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004 otorgue un apoyo económico a los ex obreros y viudas de los ingenios de Zacatepec y Oacalco del Estado de Morelos.
Dip. Guillermo del Valle Reyes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, AL DICTAMINAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, ELIMINE EL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER OBREGON ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2003
Los que suscribimos, diputados integrantes de distintos grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
La población de Baja California Sur ha escrito en la historia de México páginas completas en la lucha por la defensa de la soberanía nacional y de la mexicanidad. La posición estratégica de la península y sus recursos naturales han provocado no pocas veces la ambición de intereses ajenos.
En la entidad, en la parte central de la península, en una zona desértica, en Guerrero Negro, se ha creado una empresa salinera, que en 46 años ha dado vida a esa región y que se caracteriza por su elevada productividad y rentabilidad, contribuyendo además con la creación de infraestructura y la dotación de servicios básicos a la población.
Originalmente de propiedad extranjera, el Gobierno Federal tuvo la atinada decisión de incorporarla al patrimonio nacional, asociándose con la empresa Mitsubishi, a partir de lo cual, y gracias a una eficaz administración y al esfuerzo de sus trabajadores, se ha convertido en un modelo de eficiencia y productividad.
Su producción, superior a 6 millones de toneladas anuales, la han posicionado a la vanguardia mundial en el ramo, generando divisas por más de 78 millones de dólares al año, trabajando siempre con números negros.
Asimismo, la empresa ha propiciado la elevación del nivel de vida de la región y a su alrededor ha impulsado una economía floreciente en el desierto, haciéndolas compatibles con el cuidado de los recursos bióticos de la zona, ejemplificado en la recuperación de la especie ballena gris, en las lagunas Ojo de Liebre y Guerrero Negro.
En el año 2000 se engañó al pueblo de Baja California Sur, al cancelar el proyecto de expansión de esa empresa en el área de la laguna de San Ignacio. El entonces presidente Zedillo se comprometió a resarcir a la población por tal decisión. Hasta hoy no se han realizado acciones que generen nuevas alternativas de producción a sus habitantes.
Y hoy, en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004, que el Ejecutivo federal presentó a esta Cámara, en el artículo segundo transitorio, fracciones VIII y IX, se ha incluido a las empresas Exportadora de Sal y su filial Transportadora de Sal, dentro de las entidades que el Gobierno Federal pretende desincorporar.
Ello significa que el Gobierno Federal, sin consultar a la sociedad sudcaliforniana, ni considerar el carácter estratégico de la empresa Exportadora de Sal, ni sus rendimientos y productividad o su significado social y económico para la población de Baja California Sur, ha decidido venderla al mejor postor.
¿Qué significa ello? Que a partir de esa decisión cualquier particular podrá adquirir la empresa y con ello esa región dependerá de la voluntad de su nuevo dueño. Estaríamos entregando parte de nuestra soberanía y el destino de nuestros pueblos a la suerte, lo cual no debemos permitir.
No queremos que suceda lo mismo que pasó con la venta de la empresa Roca Fosfórica Mexicana. Hoy Rofomex, que daba trabajo directo a más de 500 familias de BCS y ha desaparecido, condenando a miles de sudcalifornianos al desempleo.
Pretender la venta de una empresa estratégica contraviene la propia Constitución General de la República en sus artículos 25 y 28, porque se renuncia a la rectoría del estado en el desarrollo nacional. Promover la venta de Exportadora de Sal tiene las mismas implicaciones que si el gobierno vende la Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos.
Nos oponemos a la desincorporación de Exportadora de Sal. No podemos aceptar que el destino del pueblo de Baja California Sur quede en manos de voluntades que le sean ajenas.
EL Poder Legislativo no debe validar esta propuesta. Que no nos vengan con el chantaje de que la venta de esa empresa será la alternativa para fortalecer programas sociales. No se debe permitir el desmantelamiento de sectores estratégicos de la nación.
Tampoco debemos aceptar la desincorporación de entidades como el Instituto Mexicano de Cinematografía, el INIFAP, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Notimex, la Lotería Nacional, o Pronósticos Deportivos, que se encuentran entre las 16 entidades que se pretende desincorporar.
¿Qué intereses persigue esta propuesta? ¿A quién se pretende beneficiar con esta decisión?
Por lo expuesto anteriormente, venimos a presentar ante este Pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Unico: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2004, suprima el artículo segundo transitorio del proyecto presentado por el Ejecutivo federal ante esta soberanía el pasado 6 de noviembre.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2003.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, Narciso Agúndez Montaño, Jesús Porfirio González Schmal, María del Rosario Herrera Ascencio, Cruz López Aguilar, Francisco Javier Obregón Espinoza, Oscar González Yáñez, Adrián Chávez Ruiz, José Alberto Aguilar Iñárritu, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Juan Pérez Medina, Rafael García Tinajero Pérez, María Guadalupe Morales Rubio, Irma Sinforina Figueroa Romero, Omar Ortega Alvarez, Abdallán Guzmán Cruz, Sergio Augusto Magaña Martínez, Israel Tentory García, Víctor Suárez Carrera.
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Noviembre 11 de 2003.)
A LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA MARTHA PALAFOX GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fecha 6 de noviembre de 2003, los diputados José Gilberto Temolzin Martínez, Alberto Amaro Corona y Víctor López Hernández, Presidente y vocales, respectivamente, de la Comisión de Desarrollo Económico del honorable Congreso del estado de Tlaxcala, presentaron ante esa soberanía un punto de acuerdo por el que se solicitó a la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura que con la mayor brevedad se aprobara la iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para que tanto el delito fiscal de contrabando y los actos que se equiparan a éste, que se traducen en el contrabando documentado, se introduzcan en el artículo 2º de dicha ley federal y sean tipificados como actos de las organizaciones delictivas.
Considerar como delincuencia organizada el delito de contrabando es de suma importancia para la industria nacional, a fin de contrarrestar la acción de grupos de delincuentes que trabajan con equipos y recursos suficientes, con el fin de introducir al país, de manera ilegal, cantidades considerables de productos y mercancías, en detrimento de nuestra economía productiva.
Considerando
Que el Senado de la República aprobó el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en los siguientes términos:
Artículo Unico.- Se reforman los artículos 2º, fracción I, IV, y V, 3º, párrafo primero, 7º, 8º, párrafo segundo, 12, 13, 16, tercer párrafo, 17, primer párrafo del 40; se adiciona un párrafo tercero al artículo 3º, una fracción sexta al artículo 2º, y se adicionan dos párrafos al artículo 11 para ser primero y segundo, recorriéndose en su orden los existentes, un cuarto párrafo al artículo 16, un octavo párrafo al artículo 18, un tercer párrafo al artículo 28, recorriendo el tercero para pasar a ser cuarto párrafo, y un segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 40 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Que con fecha 10 de diciembre de 2002, fue turnada la minuta con proyecto de decreto a la H. Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura y turnada, en la misma fecha, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sin haber sido dictaminada por esa Comisión.
Por todo ello y con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos c), e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento, le solicito, señor Presidente, excite lo conducente a fin de que se dictamine la minuta de referencia.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre del 2003.
Atentamente
Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)
DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA LISTA DE ASISTENCIA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS, CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2003.
SECRETARIA GENERAL
ASISTENCIA DE LA SESION ORDINARIA DEL 11 DE NOVIEMBRE
DE 2003
|
PARLAMENTARIO |
|
POR CEDULA |
POR COMISION OFICIAL |
|
JUSTIFICADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Listado de Asistencia día 11 de noviembre de 2003 doc
Listado de Inasistencias día 11 de noviembre
de 2003 doc
Nota: Las diferencias
que existen entre las listas de asistencia y el número de votos
pueden variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
Dentro de 6 días
se publicarán las inasistencias justificadas respecto a la presente
lista.
DE LA COMISION DE SALUD, DE LA TERCERA REUNION DE SU MESA DIRECTIVA, LLEVADA A CABO EL MIERCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2003
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:20 horas del 5 de noviembre de 2003, en la Sala de Juntas de la Comisión de Salud, del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los siguientes ciudadanos
Diputados: José Angel Córdova Villalobos, Presidente; Pablo Anaya Rivera, Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero, secretarios.
Como primer punto de la orden del día, se verificó la asistencia, contando con el quórum legal para dar inicio a la reunión, con la lectura y aprobación del siguiente
Orden del Día
1. Verificación de asistencia; 2. Lectura y aprobación del orden del día; 3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 4. Presentación de la señora Ana Teresa Aranda Orozco, directora del DIF Nacional; 5. Análisis y discusión del dictamen del genoma humano; y 6. Asuntos generales.
Con relación a los puntos números 2 y 3, se aprobó el orden del día, así como el acta de la sesión anterior, correspondiente al 21 de octubre de 2003.
Durante la presentación, la señora Ana Teresa Aranda Orozco, Directora del DIF Nacional, planteó ante los integrantes de la Mesa Directiva y del Presidente de la Comisión de Salud un diagnóstico general de la organización del DIF en el ámbito nacional.
En él destacan la coordinación con 2 mil 274 DIF municipales y 32 DIF estatales, cuya misión es promover la integración en el desarrollo humano de las familias vulnerables y en riesgo, mediante la promoción de modelos exitosos de atención, en el ámbito del sistema nacional de asistencia social, que mejoren la prevención y la calidad de los servicios con base en principios de rectoría y liderazgo.
Igualmente, se refirió a los programas dirigidos a las personas con mayor vulnerabilidad, entre las que destacan las personas con discapacidad, los adultos mayores y los infantes, reforzando las acciones encaminadas a evitar la desigualdad y fortalecer la integración familiar.
En otro rubro, se presentaron los nuevos esquemas de los programas denominados "De la Calle a la Vida", donde la inversión comparada del año 2001 con 2002 se vio beneficiada con más de 8 millones de pesos.
En el mismo periodo, el modelo de atención alimentaria tuvo una cobertura de 80 por ciento de los municipios en el país, 75 por ciento de los municipios de alta y muy alta marginación -es decir, 678 de 904- y 74 por ciento de municipios indígenas -591 de 803-, por lo que se resume que en 2001 se incrementó la atención de 30 por ciento en los municipios de muy alta marginación y 1.81 por ciento en los municipios indígenas.
En relación con los proyectos relevantes, dio a conocer los proyectos innovadores en la atención integral a las personas con discapacidad, como es el caso de 26 unidades móviles de rehabilitación para la atención de familias en zonas de mayor marginación del país.
En ellas se proporcionan orientación y capacitación a las familias para participar en el proceso de rehabilitación.
Igualmente, se integró el programa Apoyo y Reorientación con Uso de Tecnología Adaptada para Personas con Discapacidad Visual, Discapacidad Intelectual, Alteraciones del Habla y de Lenguaje y Problemas Neuromotores.
Respecto a la dinámica que pretende generar el DIF Nacional es rediseñar los instrumentos de la política social y la descentralización de las operaciones que forman parte de un proceso que da impulso a los valores fundamentales de la acción pública: la transparencia, la equidad y la promoción de oportunidades entre la población vulnerable.
Para ello se requiere reforzar las fuentes de financiamiento en todos los rubros para la operación satisfactoria en todas las acciones que realiza el DIF Nacional.
Con relación al punto número 5, el diputado Presidente hizo del conocimiento de los secretarios integrantes de la Mesa Directiva el dictamen del genoma humano, aprobado por las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología durante la LVIII Legislatura se envió a todos los integrantes de la Comisión de Salud, así como a la segunda subcomisión, a efecto de verter los comentarios al respecto y, en su caso, modificar la iniciativa con la intención de presentarla en el pleno de la Comisión para su aprobación durante el presente mes.
En asuntos generales, correspondiente al punto número 6, el Presidente dio a conocer los siguientes asuntos que fueron turnados a la Comisión:
2. Del 27 de octubre de 2003, la revisión del contrato colectivo de los trabajadores del IMSS, que enviaron los representantes de las organizaciones integrantes de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, el cual se acordó remitir a la Comisión de Seguridad Social; y
3. De fecha 3 de noviembre de 2003, documento en que se nos informa del foro sobre bioseguridad, que envió la Comisión de Ciencia y Tecnología. Se acordó hacerla extensiva a los integrantes de esta Comisión.
Así lo acordaron
Diputados: José Angel Córdova Villalobos
(rúbrica), Presidente; Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Rafael
García Tinajero, Cristina Díaz Salazar (rúbrica),
José J. Osorio Salcido (rúbrica), secretarios.
A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el jueves 13 de noviembre, a las 9:15 horas, en las instalaciones de la Comisión (edificio D, cuarto nivel).
Orden del Día
DE LA COMISION DE CULTURA
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre, a las 9:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Filemón Arcos Suárez
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre a las 12 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su tercera reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre, a las 15:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A su reunión de trabajo con integrantes del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, AC, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Angel Aguirre Rivero
Presidente
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión de trabajo con la Comisión Intersecretarial del Programa Paisano, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 15 horas, en el Salón Verde.
Atentamente
Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 16 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A su reunión de trabajo con la Ing. Xóchitl Gálvez Ruiz, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 17 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Javier Manzano Salazar
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión extraordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 18 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A la comparecencia del C. secretario de la Reforma Agraria, licenciado Florencio Salazar Adame, que tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República (salón Verde).
Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
Al foro El dolor y su tratamiento, que se realizará el miércoles 3 de diciembre, de las 9 a las 15 horas, en el salón Legisladores de la República (salón Verde).
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente