Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1392-IV, jueves 11 de diciembre de 2003

Proposiciones
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES INFORME AL CONGRESO DE LA UNION ACERCA DE LAS MEDIDAS QUE LA REPRESENTACION DIPLOMATICA MEXICANA HA PUESTO EN PRACTICA PARA LA DEFENSA DE NUESTROS CONNACIONALES EN EL ESTADO DE CALIFORNIA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

Los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

1.- El arribo como gobernador de Arnold Schwarzenegger en el estado nortemericano de California, pone una vez más a prueba nuestra capacidad como nación en su larga lucha por la defensa de nuestros paisanos que laboran en nuestro país vecino. Prueba de ello lo constituye la desafortunada decisión del gobernador y su gobierno de promover la derogación de la ley que permite a los migrantes la obtención de licencias de manejo.

2.- La actual legislación permite un conjunto de posibilidades tanto para la obtención de trabajo como para la vida diaria de miles de nuestros compatriotas. Cancelar la obtención de la licencia de manejo no puede sino verse como un agravio más que lesiona sus legítimos derechos a una vida laboral digna y al libre tránsito.

3.- Lamentablemente, este clima de intolerancia y xenofobia no es un acto aislado, puesto que el ahora gobernador Schwarzenegger ya había participado activamente en 1994 en la proposición 187, que pretendía impedir que los extranjeros indocumentados tuvieran acceso a la educación y al cuidado público de la salud. Afortunadamente esta iniciativa fue derrotada en los tribunales, gracias a la presión ejercida por las organizaciones cívicas y de derechos humanos.

4.- Sin embrago, de nueva cuenta el grupo promotor de la 187 "Salvemos a Nuestro Estado" liderada por Ron Price, vuelve a iniciar una campaña para reformar la Constitución estatal para que los patrones se obliguen a denunciar a cualquier trabajador indocumentado que localicen en su planta laboral. Esto, aunado al pronunciamiento por imponer restricciones a la matricula consular que dota nuestras representaciones a los connacionales, no hace sino confirmar un clima de incertidumbre en la seguridad personal y laboral de cientos de miles de mexicanas y mexicanos en el estado de California de los Estados Unidos.

5.- El Instituto de Políticas Migratorias con sede Washington, en un estudio reciente, comprueba que los mexicanos en EUA son ya la mayor comunidad nacional y, paradójicamente, la más marginada. El secretario Derbez, por su parte, ha manifestado que la integración, entre México y Estados Unidos, pasa por el mercado laboral y que, por necesidad económica, tarde o temprano se dará un acuerdo migratorio.

6.- Sin embargo, la marginación, la intolerancia, la falta de acuerdos que hagan valer los derechos fundamentales de los trabajadores mexicanos, crean una mayor incertidumbre para millones de migrantes. Para revertir esta situación no son suficientes los buenos deseos, si no logramos toda una serie de acciones para la defensa de nuestros connacionales y por la dignificación de sus condiciones de vida y de trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Exhortar al Ejecutivo federal a que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe al Congreso acerca de las medidas que nuestra representación diplomática ha puesto en acto para la defensa de nuestros connacionales en el estado norteamericano de California.

Segundo.- La Cámara de Diputados se pronuncia contra las acciones discriminatorias, las prácticas xenofóbicas y persecutorias que animan la anulación de la ley que permite a inmigrantes mexicanos tramitar y obtener licencia de manejo en el estado de California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2003.

Diputados: Jesús E. Martínez Alvarez, Luis Maldonado Venegas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jesús P. González Schmal, Juan Fernando Perdomo Bueno.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR 2004 COMO AÑO DE LA FAMILIA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIA DEL CARMEN MENDOZA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para que el año 2004 se declare como Año de la Familia y, en tal entorno, se realicen todas las acciones correspondientes para promover al núcleo principal de la sociedad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tal como establece nuestra plataforma legislativa, para Acción Nacional el cuidado de la familia no sólo es una obligación moral: es una necesidad política para consolidar el desarrollo democrático de México; es un imperativo social para que la solidaridad entre generaciones triunfe sobre el individualismo ciego, y es un compromiso social de quien cree en los lazos de convivencia que unen a una sociedad vigorosa.

El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

En 1989, por resolución 44/82, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el de 1994 como Año Internacional de la Familia, con el lema: "Familia, recursos y responsabilidades, en un mundo en evolución". La proclamación de este año tenía como objetivo impulsar la adopción de medidas en el plano internacional con el fin de mejorar la condición de la familia; fortalecer su capacidad para atender sus propias necesidades, el equilibrio entre el trabajo y las propias responsabilidades familiares, la reducción de la violencia doméstica y el alivio de la pobreza.

Como consecuencia directa de la celebración del año, los gobiernos formularon planes de acción sobre la familia, establecieron ministerios a favor de la misma y aprobaron leyes sobre la cuestión.

El próximo décimo aniversario del Año Internacional de la Familia constituye una importante oportunidad para darle seguimiento a los trabajos iniciados en esa fecha y buscar como objetivos:

Incrementar las acciones de gobierno y del sector privado orientadas al fortalecimiento de la Familia.

Identificar los problemas específicos por los que atraviesan las familias y sus necesidades.

Generar nuevas oportunidades y fortalecer las ya existentes en programas establecidos en el ámbito nacional, local y municipal.

Impulsar la colaboración nacional e internacional del apoyo a dicho núcleo.

Por otra parte, nuestra Constitución señala, en el artículo 4º: "El varón y la mujer son iguales ante la ley; ésta protegerá el desarrollo de la familia.

" Cada persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos...

"Toda familia tiene derecho a disfrutar vivienda digna y decorosa, la ley establecerá los instrumentos necesarios a fin de alcanzar dicho objetivo."

Así, en el año 2004, cuando se conmemora el décimo aniversario del año internacional de la familia, en este marco debemos reconocer que la familia es uno de los grupos sociales que requieren mayor atención por parte del Estado.

Actualmente, en México hay 23 millones de familias en el país, de las cuales 20% están dirigidas por mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia Familiar que se levantó en la zona metropolitana del Distrito Federal, en el 33 % de los hogares existe algún tipo de violencia, maltrato emocional, intimidación, abuso físico o sexual. Preocupa también cómo las adicciones han venido afectando a las familias. De esta misma manera, otro problema que enfrenta el núcleo familiar es la migración, que aparte de todas las implicaciones legales y sociales que conlleva, ha venido desintegrando a las familias tanto territorial como cultural y afectivamente, es por eso que dicho tema debe ser abordado desde todas sus aristas para encontrar mecanismos de apoyo a las personas que se ven en la necesidad de salir del país en busca de un mejor nivel de vida para los suyos.

Compañeras y compañeros legisladores, es nuestra obligación salvaguardar esta institución irremplazable, indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad y para el futuro de todas las personas, así la proclamación del 2004 como Año de la Familia tiene por objeto impulsar y reforzar políticas públicas que mejoren la condición de la misma.

Proponemos que el próximo año 2004 sea declarado como Año de la Familia, lo que significa que todos los órganos de gobierno deberán emprender las políticas públicas necesarias para fomentar el fortalecimiento de la institución de la familia. Estas familias, que luchan por sobrevivir, incluso de las formas más elementales, requieren de nuestro compromiso decidido. Sus derechos fundamentales y, por extensión, la integridad de toda la familia humana a la que pertenecen, deben ser salvaguardados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración el presente

Punto de Acuerdo

Primero. Que se declare el 2004 como Año de la Familia y que esta H. Cámara solicite a la Secretaría de Gobernación que durante el año 2004 se realice una amplia promoción para fortalecimiento de la familia.

Segundo.- Que esta H. asamblea exhorte de la manera más atenta y respetuosa a la Secretaría de Gobernación a efecto de que, en el ámbito de su competencia, gire instrucciones para que en la papelería del Gobierno Federal se incluya la leyenda "2004, Año de la Familia".

Palacio Legislativo, a 11 de diciembre de 2003.

Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, DE COMUNICACIONES, Y DE TRANSPORTES QUE CONSIDEREN LA CONVENIENCIA DE ASIGNAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004 MAYORES RECURSOS AL SECTOR CARRETERO A FIN DE GARANTIZAR SU OPERACION ADECUADA, A CARGO DEL DIPUTADO ANGEL AGUIRRE RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Angel Aguirre Rivero, diputado federal en la Quincuagésima Novena Legislatura, en nombre de los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar proposición con punto de acuerdo, con el propósito de fortalecer el gasto de inversión pública en el sector carretero para el ejercicio fiscal 2004, con base en las siguientes

Consideraciones

1. Nuestro país cuenta con una infraestructura de más de 340 mil kilómetros de carreteras y caminos, de los cuales 48 mil corresponden a carreteras federales, 66 mil a carreteras estatales alimentadoras, 162 mil a caminos rurales y 65 mil a brechas.

2. La propuesta de presupuesto para el sector comunicaciones y transportes, que presenta el Ejecutivo Federal para el ejercicio 2004, refleja una disminución en términos reales del orden de 50.8 por ciento, la mayor en todo el sector público federal.

3. El Fondo Carretero invertirá el próximo año poco más de 35 mil millones de pesos, lo celebramos, sin embargo se trata de tramos concesionados o autopistas que sólo pueden pagar quienes tienen una situación económica solvente y no se contribuye al sentido social que invariablemente se debe destacar en el Presupuesto de 2004.

4. La historia reciente del país muestra que el papel que ha desempeñado la inversión pública federal ha sido fundamental en el desarrollo del sector, al representar conjuntamente con los recursos que invierten las entidades federativas más del 97 por ciento de la inversión total realizada en la infraestructura carretera a nivel nacional. Adicionalmente las inversiones en el sector generan hasta 5 empleos indirectos por cada empleo directo.

5. El Gobierno Federal dice que la política de gasto está orientada a fortalecer el mercado interno, pero no hay una sola propuesta en materia presupuestal que dé soporte material a este discurso. Aumenta el gasto corriente y el de servicios personales, en tanto se pretende castigar a la inversión y la infraestructura. Resulta inconsistente que la Secretaría de Economía venga a decirnos que impulsará múltiples proyectos de carácter regional y no se prevea el financiamiento mínimo que se requiere para conectar los mercados respectivos mediante la infraestructura carretera.

6. No perdamos de vista que el 65% de los 340 mil kilómetros que integran la red carretera, pertenecen a caminos rurales, por lo que sugerimos se incrementen los recursos para los cientos de comunidades que quedan aisladas durante la época de lluvias, especialmente las indígenas, asimismo proponemos un tratamiento especial para la región sur-sureste, si aspiramos a un país de menos contrastes y desequilibrios regionales.

7. Debo recordarles que, tal como se documenta en el Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, una inversión de sólo 1,221.2 millones de pesos aplicados a través del Programa de Empleo Temporal (PET) permitió durante el año 2002 la generación de 20.4 millones de jornales, equivalentes a 231 mil 955 empleos temporales. La reducción de la inversión en el año 2003, a través de este Programa, ha significado la reducción de casi la mitad de lo obtenido el año anterior, al generar 125 mil 980 empleos temporales. No podemos permitir que esta situación se perpetúe como pretende el Ejecutivo federal.

8. La propuesta del Ejecutivo federal tampoco reconoce la importancia creciente del Sector Comunicaciones y Transportes en la generación del Producto Interno Bruto (PIB) nacional al que contribuye actualmente con 11.1 por ciento y aporta 17.8 por ciento del PIB del sector servicios. Cancelar la inversión implica renunciar a la posibilidad de sentar las bases para consolidar la recuperación de la economía mexicana en el mediano y largo plazos.

9. Frente a esta propuesta del Ejecutivo Federal, estamos convencidos que el nivel mínimo de la inversión requerida de manera adicional, a lo que pretende asignarse al sector, es del orden de los 7 mil millones de pesos que, por cierto, no es una cifra al azar, se trata de los requerimientos financieros para lograr dos objetivos básicos: por una parte, la construcción y modernización del sector carretero, que permitiría darle continuidad a las principales obras en proceso en las diferentes entidades federativas, para las que se requeriría por lo menos 5 mil 100 millones de pesos y, por otro lado, las acciones necesarias de conservación y mantenimiento de la red carretera federal, que exigen aproximadamente un mil 900 millones de pesos.

10. Es importante destacar que de aprobarse esta proposición, el monto total de los recursos de que se dispondría en materia de infraestructura carretera durante el 2004, sería en términos reales similar al presupuesto del 2003.

11. Finalmente deseo destacar que este Punto de Acuerdo ha recibido el beneplácito de los integrantes de las diversas Fracciones Parlamentarias, de la Comisión de Comunicaciones, porque más allá de nuestras diferencias partidarias están los intereses de la nación, hagamos realidad la frase inmortal del paladín de la Independencia don Vicente Guerrero cuando expresaba: "La patria es primero".

Con base en las consideraciones expuestas, los Diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario institucional sometemos a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita que, para efectos del dictamen del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2004, las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones y de Transportes consideren la conveniencia de asignar 7 mil millones de pesos adicionales a los contemplados en la Iniciativa del ejecutivo Federal, para el sector carretero a fin de garantizar la operación adecuada del mismo e impulsar el crecimiento económico y el empleo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de diciembre del año dos mil tres.

Dip. Angel Aguirre Rivero (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES MEJORA Y CLARIDAD SOBRE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES AEREAS, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER BRAVO CARBAJAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, Francisco Javier Bravo Carbajal, diputado por el 05 distrito de Puerto Vallarta, Jalisco, con vocación económica de fomento turístico, con diversos atractivos turísticos, que atraen por diversas vías de comunicación tanto turismo nacional como internacional y que, a su vez, por asuntos de turismo, de negocios, etcétera, existe una población importante que se traslada de Puerto Vallarta a la Ciudad de México por vía aérea.

Al respecto, he recibido varias inquietudes de mis representados en el sentido de que sean informados sobre el Programa de Seguridad en Aeropuertos, toda vez que dichas medidas fueron intensificadas por los hechos lamentables ocurridos en Estados Unidos de América el 11 de septiembre de 2001, y que todos coincidimos que son necesarios, pero para ello se requiere que sean claros y objetivos.

El caso es que no se da a conocer con claridad lo que es restringido y sobre qué acuerdos opera el programa referido, ya que continuamente hay disposiciones diversas respecto a criterios de las empresas privadas subrogadas que otorgan seguridad en aeropuertos, argumentando listas de artículos, de material o de ambos de acceso restringido a áreas estériles del aeropuerto, como salas de última espera o plataforma, o transportación en la cabina de pasajeros y que sustentan que dichas restricciones son enunciativas, no limitativas. Por ello, como según ellos no son limitativas, pueden cada día argumentar y adicionar una prohibición más, hoy es un cortaúñas, mañana un cargador de celular, etcétera, y con dichas disposiciones, no obstante que como pasajeros se pasa un arco de seguridad con rayos X, todavía unos dos minutos antes de abordar la aeronave en el módulo de revisión de boletos o aun ya formado para ingresar en el pasillo de ingreso del avión, a criterio de un empleado de seguridad privada pueden abrir la maleta de mano o bolsa, sacándolo de la formación que le indicaron, trastornándole el abordaje o haciéndole perder el vuelo.

Esto es para ingresar en un aeropuerto y otro tanto para subir a una aeronave.

El egreso es muy diferente, al indicarle la banda en que le será entregado su equipaje, constantemente se confunden las maletas de los pasajeros, tomando muchas de las veces, unas por otras. En esa salida, al contrario al ingreso no existe ninguna vigilancia, se puede escoger la maleta que mejor le plazca y salir con ella sin ningún problema, ya que el sistema de verificación de talones de registro es sumamente deficiente. Ante ello, es contrastante el ingreso y el egreso de pasajeros en tránsito aéreo, pero ambos son por demás tardados y molestos.

Sabedor de que los altos funcionarios de diversas dependencias no sufren dichas vejaciones, toda vez que ingresan por el salón oficial del área de relaciones públicas en las salas de espera, o en vuelos oficiales, pero los ciudadanos comunes, la gente productiva, no merecen ser revisados con un trato de características delictivas.

Por lo anteriormente expuesto y en beneficio del turismo que visita nuestro país y de los ciudadanos pasajeros por la vía aérea, y con ello tratando de elevar la calidad de servicio y seguridad para el usuario, me permito presentar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al organismo público Aeropuertos y Servicios Auxiliares que se informe a la ciudadanía con claridad acerca de las prohibiciones y los métodos a seguir conforme al programa de seguridad en aeropuertos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2003.

Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA QUE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ATIENDA DE MANERA EXPEDITA LA DEMANDA DE LOS POBLADORES DE LOS MUNICIPIOS DE APATZINGAN Y MUGICA, DEL ESTADO DE MICHOACAN, QUE HAN MANIFESTADO SU INCONFORMIDAD POR EL INCREMENTO SUSTANCIAL DE LOS COBROS DE ENERGIA ELECTRICA, A CARGO DEL DIPUTADO INELVO MORENO ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 2 de diciembre pobladores de los municipios de Apatzingán y Múgica se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad de Apatzingán y Múgica (Nueva Italia), para protestar por el incremento sustancial de las cobros domésticos de energía eléctrica, sin embargo sus peticiones no fueron atendidas bajo el argumento que la solución se encuentra fuera del alcance local.

En consecuencia, los usuarios del servicio tiene bloqueadas por tiempo indefinido las oficinas de la paraestatal, hasta que sean atendidas sus demandas en cuanto a la aplicación de la tarifa de verano de manera permanente y a la facturación bimestral del cobro por consumo de energía eléctrica.

De tal forma, que los inconformes han manifestado que es urgente que el gobierno federal y estatal atiendan este asunto que se está convirtiendo en un verdadero conflicto social, dado que afecta la economía familiar pues la falta de empleos e ingresos les impiden absorber los altos costos por el consumo de energía eléctrica.

Cabe señalar, que en lugar de promover mecanismos de solución al conflicto, funcionarios de la Comisión interpusieron una denuncia penal por el bloqueo de los inmuebles.

El efecto no se hizo esperar, en Apatzingán y Mújica se suman cada día otros sectores y grupos de ciudadanos que ven, según su propia apreciación justa la demanda e inconformidad en contra de las altas tarifas en el consumo de energía eléctrica.

Al ampliarse el descontento social, la población procedió a bloquear la carretera federal Apatzingán-Uruapan, acto que sugiere atender con prontitud el conflicto para evitar situaciones que, en su momento, puedan afectar la convivencia social en esta región del país.

En el estado de Michoacán se aplica de manera general la Tarifa 1 C de Servicio Doméstico con Temperatura Media Mínima en Verano de 30 grados centígrados, sin embargo en los municipios de Apatzingán y Mújica se registran Temperaturas superiores y se observa que los últimos registros de temperaturas medias mensuales datan de 1994.

En tal virtud y toda vez que es necesario detener el conflicto existente entre la población y la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad, me permito someter a la consideración de este H. Pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- Que el Director de la Comisión Federal de Electricidad atienda de manera expedita las demandas de los pobladores de los municipios de Apatzingán y Mújica en el estado de Michoacán, revisando cada uno de los registros históricos de los usuarios del servicio doméstico de energía eléctrica, evitando el corte de luz y estableciendo condiciones justas de cobro.

Segundo.- Que la Comisión Federal de Electricidad actualice los registros de temperaturas medias mensuales y considere la procedencia de aplicar la Tarifa que corresponda a la Temperatura promedio real que se reporta en los municipios de Apatzingán, Mújica y otros circundantes de los mismos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2003.

Dip. Inelvo Moreno Alvarez (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA A CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004 MAYORES RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE VACUNACION, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA S. FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Como diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
 

Consideraciones

I. El Programa Nacional de Vacunación se basa en un esquema coordinado de acciones, lo que ha permitido alcanzar coberturas elevadas y utilizar recursos humanos, técnicos y financieros. A través de la Cartilla Nacional de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud ha sido posible llegar a todas las localidades del país y a la población que vive en los municipios con mayor riesgo de enfermedades prevenibles por vacunación, con lo cual se ha logrado una cobertura nacional superior a 90%.

II. Que se ha hecho manifiesta la preocupación con base en la reducción del presupuesto dedicado a este programa, por parte de la Confederación Nacional de Pediatría de México, organismo que agrupa a más de 31 colegios de pediatría de las entidades federativas del país, y a 10 asociaciones nacionales de subespecialistas en pediatría. Lo anterior con base en las consecuencias alarmantes en la cobertura y efectividad del programa de inmunizaciones para la niñez, a causa de la reducción presupuestal.

III. Que resulta preocupante que siendo prioritaria la prevención de la salud de la niñez y la adolescencia, ello no se traduzca en una asignación presupuestal suficiente para atenderla.

IV. Que en el proyecto de Presupuesto de 2004 se prevean únicamente 39 millones de pesos para la adquisición de vacunas, insuficiente si se considera que para el año 2003 se ejercerán para ese fin específico casi 350 millones de pesos.

V. Para estar en condiciones de mantener la cobertura nacional de vacunación e introducir nuevas vacunas para los niños, se requiere duplicar los recursos que se ejercerán en 2003.

VI. Que de aprobarse el presupuesto tal y como viene ocasionaría que nuevamente resurjan enfermedades que ya han sido controladas, además de que se cancelaría la posibilidad de afrontar con nuevas vacunas la prevalencia creciente de enfermedades como meningitis, neumonía, bacteriemia y otitis media, mimas que son producidas por el neumococo.

VII. La reactivación de enfermedades controladas y la no atención del esquema integral de vacunación no sólo produciría índices elevados de mortalidad y daños irremediables para la salud de la niñez, sino también un costo exponencial en el tratamiento y rehabilitación.

VIII. El gasto que se destine a la vacunación significa un ahorro sustancial de recursos, independientemente de salvaguardar el bien superior que significa el desarrollo saludable de nuestra niñez.

IX. Que está soberanía tiene el compromiso de velar por la salud de los mexicanos y mexicanas, y muy en especial su niñez, porque ellos son el futuro de México.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 mayores recursos destinados al Programa Nacional de Vacunación, a fin de prevenir con ello gran cantidad de enfermedades en niños y en adolescentes.

Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004 SE CONSIDEREN RECURSOS SUFICIENTES PARA REABRIR MAS DE 18 MIL EMPLEOS Y RESOLVER LA URGENCIA ECONOMICA QUE ENFRENTA EL SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION METALMECANICA, SIMILARES Y CONEXOS, A CARGO DEL DIPUTADO MOISES JIMENEZ SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito diputado federal, Moisés Jiménez Sánchez, en la LIX Legislatura y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a fin de que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 considere recursos suficientes para reabrir más de 18,000 empleos y resolver la grave emergencia económica regional que enfrenta el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria de Transformación Metalmecánica Similares y Conexos, con base en las siguientes

Consideraciones

Que la empresa National Casting fue una empresa licitada en 1996, en cuyo contrato se estableció como empresa sujeta a leyes mexicanas, llegando en ese año a ser la mejor y más productiva del grupo Abc Naco Incorporatión, sin embargo, de forma ilegal, a partir del año 2001 se dejó sin personalidad a sus directivos y representantes, sin recursos y sin patentes.

Que el argumento para su cierre fue la crisis norteamericana presentada en los años 1998 y 1999, precisamente cuando National Casting producía los componentes para la fabricación de 77 mil carros de ferrocarril en Estados Unidos, producción que se redujo a 12 mil carros hacia el año 2001, lo que orilló al consorcio transnacional a pedir la intervención de la Corte de Quiebras con el decreto de venta de todas sus subsidiarias en Europa y China con excepción de las de México y Canadá; ello ocasionó que se dejaran de pagar los salarios y prestaciones a los trabajadores, y que no se cubrieran los adeudos a los proveedores y acreedores mexicanos.

Que en los seis años de su operación, la empresa exportadora National Casting no pagó ningún impuesto a pesar de ser la productora del 43 por ciento del acero fundido en México, acción evasiva que de alguna forma estuvo vinculada al conocimiento del Gobierno Federal, al no sujetarla al régimen fiscal correspondiente, por que es un hecho que se sabía la forma como exportaba la empresa y las transferencias de utilidades de las sucursales a las matrices extranjeras, incluso por las lagunas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se le permitió el saqueo de herramentales y de materia prima hacia sus sedes en el exterior; esas acciones motivaron a la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura a expedir una modificación al artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para evitar la evidente injusticia fiscal, y a solicitar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a participar en la investigación jurídico-fiscal de esa importante empresa, que daba empleo a 1,500 trabajadores de forma directa, que impulsaba casi 12 mil empleos indirectos y el manejo de insumos de 320 empresas proveedoras, con un impacto económico en los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y México.

A pesar de que National Casting de México cerró por las razones expuestas, en la actualidad es una empresa viable económicamente, como lo avalan estudios serios del Tecnológico de Monterrey, existen pedidos sustentados en cartas de intención de empresas consolidadas como General Electric, de la Sociedad de Fundidores, y otras norteamericanas, aunado a la capacitación con que cuentan los trabajadores, me permito presentar a ustedes un punto de acuerdo sutentado en lo que dispone el artículo 25 constitucional que obliga al Estado a fomentar el desarrollo económico del país y el empleo, sin embargo, entiendo que más allá de razones jurídicas y técnicas, el principal sustento es la alta responsabilidad de ustedes, compañeros legisladores, su compromiso y vocación social, indispensable para saber que la generación de empleos es una demanda prioritaria de la sociedad, esa sociedad que conoció en su momento del apoyo que el legislativo brindó al fondo bancario de protección al ahorro y que ahora espera el mismo compromiso para las familias de los trabajadores sin empleo.

Cabe mencionar que la comisión permanente del honorable Congreso de la Unión emitió un punto de acuerdo en julio del presente año, para solicitarle al ciudadano presidente de la República que acordara con nacional financiera y con el Banco Nacional de Comercio Exterior la participación del Estado con capital de riesgo en la adquisición de los activos de la empresa, así como el exhorto al secretario de Hacienda y Crédito Publico para que informara a esta soberanía el régimen fiscal y el control a que están sujetas las empresas extranjeras.

Con base a lo expuesto y por su importancia, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La solicitud respetuosa para que dentro del estudio y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se contemplen recursos suficientes para que se ejecute el punto de acuerdo de la Comisión Permanente presentado en julio de este año con objeto de garantizar la reapertura de la fallida National Casting de México.

Segundo.- Solicitar repetuosamente a las Comisiones de Economía, y de Hacienda de esta H. Cámara de Diputados su coordinación para que den seguimiento a la ejecución del punto de acuerdo presentado por la Comisión Permanente en julio del presente año respecto a la fallida empresa National Casting de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de diciembre de 2003.

Dip. Moisés Jiménez Sánchez (rubrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE PROPONE QUE LOS RECURSOS EXCEDENTES QUE PEMEX OBTENGA SE DESTINEN A LA INVERSION PRODUCTIVA EN ACTIVIDADES TALES COMO REFINACION, PETROQUIMICA, EXTRACCION Y APROVECHAMIENTO DEL GAS NATURAL, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CARRILLO SOBERON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Las políticas energética en lo general y petrolera en particular de los últimos tres sexenios se han distinguido por impulsar una verdadera descapitalización de Pemex, con lo cual el gobierno viene propiciando condiciones para privatizar esta empresa estratégica.

La inversión pública en refinación y petroquímica se encuentra estancada y sólo se invierte en exploración y extracción, con ello México se ha convertido en país exportador de crudo e importador de petroquímicos y gasolinas, con lo cual las finanzas de Pemex se deterioran cada día más.

Por tales motivos, se requiere recuperar recursos para que Pemex invierta de manera directa y fortalezca su situación productiva, afianzando, con ello, su posición financiera y económica en el país.

Asimismo, se debe considerar que la situación política a nivel mundial y las proyecciones de diversas consultorías internacionales sugieren que el precio del barril de petróleo, por lo menos durante el primer semestre será igual o un poco menor que en la actualidad, sobre todo cuando han sido dados a conocer índices sorpresivamente altos de recuperación de la actividad económica estadounidense y en condiciones de inventarios petroleros históricamente bajos.

Además, no debe olvidarse que la OPEP ha recuperado su capacidad de incidencia en el mercado petrolero mundial, a partir de instaurar un mecanismo flexibilizado de cuotas cuya eficacia para mantener el precio del crudo en una banda de referencia en torno a los 28 dólares, ha sido probada en los últimos tres años.

Dentro de esta lógica tiene racionalidad estimar que para el año próximo los precios promedio de petróleo se sitúen en 30 dólares para el West Texas, 26 para el Brent y 24 para la mezcla mexicana. Por esta razón, el precio promedio del petróleo que propone el Gobierno Federal de 20 dólares por barril se aprecia inferior al esperado en los mercados internacionales. Esto le va a permitir aumentar sus ingresos anuales por concepto de impuestos que le paga Pemex.

Cabe destacar que el precio promedio del petróleo que se propone en el Paquete Fiscal para el 2004 tiene como antecedente pronósticos castigados que han mantenido durante los últimos dos años el precio estimado en el orden de 18 dólares. Esto incluso le permitió al gobierno federal obtener durante el ejercicio fiscal del 2003, según el propio director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, un excedente de casi 10 mil millones de dólares, el cual de manera casi íntegra irá a las arcas nacionales para cubrir otro tipo de erogaciones presupuestales.

Por lo anteriormente expuesto y considerando que:

a) Por razones estratégicas es imperativo para la nación continuar desarrollando infraestructura en las áreas de refinación, petroquímica y gas.

b) Se estima para el año 2004 el precio promedio ponderado del petróleo crudo exceda los 20 dólares por barril.

c) A los ingresos excedentes del petróleo se les puede dar un destino especifico que no afectaría la tributación esperada por la Ley de Ingresos y por tanto el nivel del presupuesto propuesto.

Por lo tanto, se propone suprimir la fracción XI del Artículo 7 del Proyecto de Ley de Ingresos, con el propósito de que Pemex cuente con recursos propios adicionales y no siga cayendo en la paradoja de perder recursos al registrarse un precio promedio mayor del petróleo al estimado en los Criterios Generales de Política. En correspondencia con lo anterior, deberán eliminarse las fracciones I, III y IV y modificarse las fracciones II y IV del artículo 4 del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de que los recursos excedentes que Pemex obtenga por esta vía, se destinen a la inversión productiva en actividades de fuerte valor agregado como la refinación, la petroquímica y el gas.

Con lo anterior, sólo por incremento del precio del petróleo de exportación, el impacto económico reportaría que, por cada dólar por arriba de los 20 dólares estimados para la mezcla mexicana de petróleo por el Ejecutivo Federal, Pemex entregaría a la Federación alrededor de 500 millones de dólares adicionales a lo presupuestado, esto si se parte de una plataforma esperada de exportación de 1,969 millones de barriles diarios y considerando que los impuestos "corrientes" que Pemex entera de por si al fisco, representan el 70% del total de los ingresos de la paraestatal.

Por su parte, Pemex contaría con un ingreso adicional ligeramente superior a los 280 millones de dólares. Es decir, se trata de una propuesta que sin disminuir los recursos ya presupuestados en la propuesta de PEF, ni el Acuerdo para la conformación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; permitiría a la empresa allegarse de recursos para relanzar su desarrollo industrial. A manera de ejemplo: Un par de endulzadoras de gas, que permitirían terminar de una vez por todas con la quema de dicho hidrocarburo, implican una inversión de 500 millones de dólares, que podrían obtenerse con una cotización promedio de menos de 22 dólares por barril de crudo, precio inferior a los poco más de 25 dólares a los que se cotiza en estos días.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que la Comisión de Hacienda y Crédito Público considere la procedencia de suprimir la fracción XI del Artículo 7 del Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004.

Segundo.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública atienda la propuesta de eliminar las fracciones I, III y IV del artículo 4 del Proyecto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004.

Tercero.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analice la propuesta de modificar las fracciones II y V del artículo 4 del Proyecto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, para quedar como sigue:

Fracción II.

Petróleos Mexicanos, sin sujetarse a lo dispuesto en el artículo 23 de este Decreto, podrá realizar erogaciones adicionales en inversión física con cargo a los ingresos netos que obtenga en exceso a los previstos en el artículo 1, fracción VII, numeral 1, inciso A de la Ley de Ingresos de la Federación, conforme a lo siguiente:

a) Con ingresos netos adicionales, obtenidos en el ejercicio de su presupuesto por mayor volumen y precio de ventas internas, mayor volumen de productos exportados, así como mayores precios de exportación de estos productos.

b) Por la venta de acciones de empresas en las que participa, previa autorización de la Secretaría;

c) Por ingresos provenientes de la ejecución de programas de abatimiento de rezagos de cobranza; recuperación de ingresos por eficiencia en el control de ventas; financieros; venta de bienes muebles e inmuebles, entre otros, con el acuerdo de su órgano de gobierno;

d) La inversión física preferentemente tendrá lugar en infraestructura para actividades de refinación, petroquímica y gas.

Fracción V (primer párrafo).

Las entidades señaladas en el Anexo 1.D. de este Decreto, con excepción del Instituto Mexicano del Seguro Social, deberán establecer sus respectivas metas de balance de operación primario y financiero, mensual y trimestral a nivel pagado.

Cuarto.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere las modificaciones en los aspectos correlativos contenidos en los artículos 23 y 25 del Proyecto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, una vez aprobadas las propuestas señaladas en los puntos de acuerdo anteriores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2003.

Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR QUE ESTA SOBERANIA EXHORTE A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE AMBAS CAMARAS A MODIFICAR LA LEY DE INGRESOS, PRESENTADA POR EL EJECUTIVO FEDERAL, A EFECTO DE AMPLIAR LOS ESTIMULOS FISCALES PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO EXPERIMENTAL, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

La Comisión de Ciencia y Tecnología con fundamento en los artículos 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a esta Soberanía la emisión de un punto de acuerdo mediante el cual se exhorte a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a su equivalente en la colegisladora modifique en el proyecto de dictamen el inciso a y b de la fracción IX articulo 17 de la Iniciativa de Ley de Ingresos referente a los estímulos fiscales aplicables a la investigación y el desarrollo experimental:

"La capacidad científica y tecnológica de cada país tiene una relación directa con su bienestar económico y social... Por ello es necesario incrementar la inversión en ciencia y tecnología." Así lo aseveró el Presidente de la República en su tercer informe de Gobierno.

Llevemos juntos, Poder Legislativo y Ejecutivo, sin distingos ideológicos ésta intención presidencial a los hechos. Abundan los datos que reflejan que un esfuerzo adicional es necesario.

Mientras que en los últimos 30 años, los países del sureste asiático, entre ellos Corea, han multiplicado 9 veces su inversión en ciencia y tecnología respecto a su PIB, México lo hizo sólo dos veces. Los resultados son evidentes: el ingreso per cápita en México creció 3.8 veces y el de Corea 25.

Por su parte para la primera economía del mundo, los factores que producen el crecimiento económico son: el capital (24%), la fuerza de trabajo (27%) y el cambio tecnológico (49%). Brasil y España, países que en el pasado tenían condiciones económicas similares a la nuestra le apostaron a invertir en investigación y desarrollo, y hoy tienen un mayor ingreso per capita, mayor productividad y mejores índices de competitividad.

Las cifras son evidentes, y existen muchos mas indicadores al respecto. La inversión en ciencia y tecnología es un detonador económico, que no sólo estimula el crecimiento, sino además la productividad, la competitividad, el ingreso per capita, lo cual redunda en creación de empleos de alto valor agregado.

Independientemente, de que esta Comisión presente su propuesta presupuestal de incremento por 6000 millones de pesos en este rubro, la cual se encuentra plenamente justificada, nos abocaremos en este punto de acuerdo a solicitar a esta soberanía y a la Colegisladora modificar el artículo 17 de la Iniciativa de Ley de Ingresos a efecto de ampliar los estímulos fiscales de 500 a mil millones de pesos.

Asimismo, se propone que las reglas generales con que operará el Comité Interinstitucional para la aplicación de los estímulos fiscales sean publicadas a más tardar el 15 de Enero en sustitución del 31 de Marzo, a efecto de otorgarle a las empresas mayor margen de análisis para ejecutar los proyectos de estímulos fiscales. Esto a su vez permitirá que las empresas que invierten en ciencia y tecnología, tengan mayor certidumbre.

Es de destacarse que los 500 millones de pesos de estímulos fiscales, son insuficientes para hacer frente a la gran demanda de proyectos de las empresas, ya que tan solo para el año 2004, ya están comprometidos 170 millones, por lo cual cientos de proyectos de alto valor agregado, quedarían fuera de esta oportunidad.

Es importante comentar al respecto, que dichos estímulos, lejos de ser una perdida para la hacienda publica, significaran una ganancia gracias a la riqueza y al incremento de utilidades que representa apoyar a este sector, trayendo consigo los siguientes beneficios, de acuerdo a los proyectos que fueron objeto de estudio en el Conacyt:

Estos datos destacan la necesidad y la urgencia de invertir en ciencia y tecnología. Para ello, en este momento, le entrego al Presidente de la Comisión de Hacienda diversos estudios que comprueban los beneficios de estos estímulos fiscales. Asimismo, dichos estudios, contienen información y ventajas adicionales, de invertir en ciencia y tecnología a través de esta vía.

Así como para una persona es absolutamente indispensable dedicar la mayor cantidad de recursos a su educación para elevar sus posibilidades de nivel de vida, para un país es absolutamente indispensable hacer un esfuerzo de inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico. Para México, es urgente superar la situación de atraso en este rubro, recordemos que aunque somos la novena economía del mundo, ocupamos el lugar 41 en competitividad.

Compañeros legisladores, compañeras legisladoras:

De nuevo, el futuro económico del país esta en nuestras manos. De lo que hagamos ahora, dependerá el México del mañana. No permitamos que el desarrollo del país se siga postergando. No dejemos que el tiempo nos alcance, porque los que lo sufrirán serán nuestros hijos.

En estos momentos, tenemos una oportunidad única, de que nuestro bono demográfico, 33 millones de niños y jóvenes, tengan la oportunidad de prepararse, ya que ellos serán la fuerza productiva del año 2015 al 2050. De cómo les vaya a ellos, le irá al país en los próximos 50 años, y solo tenemos 12 años para alcanzar este reto. Señores Legisladores:

No podemos esperar más.

Es tiempo ya de enfrentar el futuro del país con responsabilidad.
Es tiempo ya de responderle a nuestros electores.
Es tiempo ya de un Congreso comprometido con el desarrollo del país.
Es tiempo ya de construir el México que soñamos.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Soberanía que exhorte a la Comisión de Hacienda de ambas cámaras a modificar en su dictamen el artículo 17 de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Poder Ejecutivo a efecto de ampliar los estímulos fiscales para la investigación y el desarrollo experimental, como a continuación se detalla

Artículo 17. En materia de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de 2004, se estará a lo siguiente:

IX. Para la aplicación del estímulo a que hace referencia el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se estará a lo siguiente:

a) Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien tendrá voto de calidad en la autorización de los proyectos de ciencia y tecnología, uno de la Secretaría de Economía, uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y uno de la Secretaría de Educación Pública, el cual deberá dar a conocer a más tardar el 15 de Enero de 2004, (antes 31 de Marzo) las reglas generales con que operará dicho Comité, así como los sectores prioritarios susceptibles de obtener el beneficio, las características de las empresas y los requisitos adicionales que se deberán cumplir para poder solicitar el beneficio del estímulo.

b) El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, deberá ser de $1000 millones de pesos para el año de 2004 (antes 500 millones).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días de diciembre de 2003.

Por la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados: Julio César Córdova Martínez, Presidente; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Eloísa Talavera Hernández, Omar Ortega Alvarez, secretarios (rúbricas).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE PROPONE MODIFICAR LOS ARTICULOS 4°, FRACCION VIII; 48, FRACCION III; 49, PRIMER PARRAFO; 52, QUINTO PARRAFO; Y 55, FRACCION I, Y EL ANEXO 15 DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, ASI COMO ADICIONAR UNA FRACCION IX AL ARTICULO 4 Y SUPRIMIR EL QUINTO PARRAFO DEL ARTICULO 49 DEL MISMO PROYECTO DE DECRETO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CARRILLO SOBERON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. Uno de los temas que más polémica genera referente al servicio de energía eléctrica, es lo relativo a la transparencia en los subsidios a los consumidores de dicha energía, ya que los citados subsidios no aparecen claramente identificados en los presupuestos de egresos, apartándose del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la "Ley Federal de las Entidades Paraestatales" que establece:

"La entidad paraestatal manejará y erogará sus recursos propios por medio de sus órganos. Por lo que toca a la percepción de subsidios y transferencias, los recibirá de la Tesorería de la Federación en los términos que se fijen en los presupuestos anuales de la Federación..." Por lo que se considera necesario clarificar los conceptos de aprovechamiento y del subsidio previsto para cada tipo de consumidores según las tarifas eléctricas vigentes, tanto para Comisión Federal de Electricidad como para Luz y Fuerza del Centro.

Derivado de lo anterior proponemos modificar en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos la fracción VIII del artículo 4 y adicionar al mismo una nueva fracción IX, con el objeto de revelar la información a que hemos hecho referencia.

2. Considerando que los criterios para dar prioridad a los proyectos de infraestructura energética, no solo deben tomar en cuenta los beneficios económicos netos, sino también otros elementos de carácter estratégico para el país, como pueden ser, impulsar la infraestructura para petroquímica, refinación y gas; favorecer la diversificación en el empleo de energéticos; promover el empleo de uso de energías renovables.

Se propone modificar la fracción III del artículo 48 del proyecto de decreto de Egresos, a fin de dejar establecidos dichos criterios.

3. El artículo 49 del proyecto de decreto de Egresos establece la necesidad de contar para los proyectos de inversión productiva, con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental.

Que dichos análisis sean elaborados por agentes externos a las dependencias y entidades se juzga inconveniente por las siguientes razones:

Esta disposición incrementa injustificadamente los trámites y tiempos para contar con estos proyectos en operación.

Se considera que las dependencias y entidades que tienen a su cargo estos proyectos, cuentan con la capacidad y experiencia para determinar la factibilidad técnica, económica y ambiental de estos proyectos, la disposición pone en duda esa capacidad.

En el caso de las entidades, la disposición va en sentido opuesto a la autonomía de gestión de las mismas, conforme al artículo 11 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Por lo anterior se propone modificar el primer párrafo del artículo 49 del proyecto de decreto de Egresos y suprimir el quinto párrafo del mismo artículo, a fin de que los análisis técnico-económicos requeridos para inversión productiva sean por cuenta de las dependencias y entidades.

4. Lo establecido en el artículo 52 del proyecto de Presupuesto de Egresos relativo a subsidios y transferencias no guarda coherencia con el artículo 52 de la Ley Federal de la Entidades Paraestatales citado en inciso 1 de estas consideraciones, ya que el primero indica que el Ejecutivo Federal podrá reducir, suspender o terminar los subsidios y las transferencias, sin consulta y aprobación de la Cámara de Diputados por lo que no se sigue el mismo procedimiento establecido para la fijación de dichos subsidios y transferencias.

Se propone modificar el párrafo quinto del artículo 52 del proyecto de decreto de Presupuestos de Egresos para establecer la coherencia con la Ley Federal de la Entidades Paraestatales en la fijación de subsidios.

5. Ante el H. Congreso de la Unión y motivadas por las condiciones socioeconómicas de diversos sectores de la sociedad, se han generado diversas iniciativas de ley y puntos de acuerdo, tendientes a amortiguar el efecto que tienen los precios de tarifas eléctricas en consumidores de energía eléctrica, para quienes la incidencia en sus economías de estos precios es particularmente onerosa.

El apoyo a esos consumidores de frágil economía no es conveniente que corra a cargo de las empresas encargadas del servicio público de energía eléctrica, ya que eso reduce sus recursos para proporcionar un servicio confiable y seguro.

Por lo que atendiendo a la demanda social y premisa indicadas, proponemos la creación de un programa sujeto a reglas de operación coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social denominado "Programa de apoyo a consumidores de energía eléctrica de frágil economía" y una modificación a la fracción I del artículo 55 del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos a fin de que las reglas de operación de ese programa se emitan oportunamente.

El fondo para el programa citado se estima en 8,000 millones de pesos, que habrá de ser considerado en el presupuesto para la Secretaría de Desarrollo Social.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere la procedencia de modificar la fracción VIII del artículo 4 del proyecto de decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, para quedar como sigue:

VIII. La cifra que señala el Anexo 1.D. de este decreto para Luz y Fuerza del Centro refleja el monto neto, por lo que no incluye las erogaciones por concepto de compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad.

En el Tomo IV se indica la componente que de la transferencia del Gobierno Federal se destina a subsidios de las tarifas eléctricas y el correspondiente a cada clasificación de consumidores; y

En el mismo artículo 4 del proyecto de decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se propone adicionar una fracción IX, en los términos siguientes: IX. La cifra que señala el Anexo 1.D. de este decreto para Comisión Federal de Electricidad, refleja el monto neto, por lo que no incluye ninguna erogación por el concepto de aprovechamiento y ninguna transferencia del Gobierno Federal por concepto de subsidios. En el Tomo IV se indica la interrelación entre el derecho de aprovechamiento y los subsidios para los consumidores de cada una de las tarifas eléctricas. Segundo.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública atienda la propuesta de modificar la fracción III, del artículo 48 del proyecto de decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, para quedar como sigue: III. Otorgar prioridad a la realización de los programas y proyectos de inversión que generen mayores beneficios netos. En el caso de proyectos de infraestructura la prioridad también tomará en cuenta consideraciones de carácter estratégico como impulsar las industrias de petroquímica, refinación y gas; la diversificación de energéticos y el empleo de energías renovables para la generación de energía eléctrica. Tercero.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analice la propuesta de modificar el primer párrafo del artículo 49 del proyecto de decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, para quedar como sigue: "Los programas y proyectos de inversión que se señalan en este artículo deberán contar antes de la convocatoria para la licitación respectiva con un dictamen favorable sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental y, en su caso, sobre el proyecto ejecutivo de obra pública elaborado por las dependencias y entidades, según corresponda. Consecuente con la modificación propuesta habrá de suprimirse el quinto párrafo del mismo artículo 49.

Cuarto.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analice la propuesta de modificar el párrafo quinto del artículo 52 del proyecto de decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, para quedar como sigue:

"El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, previa opinión de la dependencia coordinadora del sector, podrá reducir, suspender o terminar los subsidios y las transferencias, cuando las dependencias o entidades no cumplan, en lo conducente, con lo previsto en los artículos 20 y 54 de este decreto. Tratándose de entidades, lo anterior, deberá contar con la aprobación de la Cámara de Diputados". Quinto.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analice la propuesta de añadir en el anexo 15 del proyecto de decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, relativo a programas sujetos a reglas de operación, un programa coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social denominado "Programa de apoyo a consumidores de energía eléctrica de frágil economía".

También modificar el último párrafo de la fracción I del artículo 55 del proyecto de decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, para quedar como sigue:

En el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal y en particular referencia al "Programa de apoyo a consumidores domésticos de energía eléctrica de frágil economía", será responsabilidad de los titulares de las dependencias o entidades, presentar sus proyectos de reglas de operación a más tardar el último día hábil de enero. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2003.

Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR QUE ESTA SOBERANIA EXHORTE A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA A INCREMENTAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DE 2004 EL MONTO ASIGNADO AL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y AL PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EJECUTADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

La Comisión de Ciencia y Tecnología con fundamento en los artículos 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a esta Soberanía la emisión de un punto de acuerdo mediante el cual se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a dictaminar un incremento al monto asignado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2004, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y al Programa Especial de Ciencia y Tecnología ejecutado por diversas dependencias, en atención a las siguientes

Consideraciones

El Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, establece como requisito para que el país eleve su competitividad, una inversión incremental anual equivalente al 0.1 % del producto interno bruto en el sector ciencia y tecnología, es decir, en la actualidad, la cantidad de 6,000 millones de pesos, de los cuales una parte, 2,790 millones de pesos, se asigne al Ramo 38 de Ciencia y Tecnología, y el resto, 3,210 millones de pesos, se distribuya entre las diversas dependencias del Ejecutivo Federal, al amparo de la Clave 85 (Programa Especial de Ciencia y Tecnología), de tal manera que se garantice la aplicación de los recursos en este rubro.

La evidencia empírica internacional revela que la mejor inversión que un país realiza es la que se vincula con la preparación del elemento humano y el conocimiento, que en el caso de la ciencia y la tecnología, ésta inversión demuestra ser recuperable en periodos no mayores a cinco años, además del impacto directo que tiene en la competitividad país que se traduce en crecimiento económico, empleo de mayor calidad y una tangible elevación general del nivel de vida de la población; o sea que la aplicación de dicha experiencia, sin duda nos permitirá mejorar nuestros indicadores económicos y sociales para competir a nivel mundial y generar una mayor recaudación fiscal en el ámbito interno.

Esta suma de esfuerzos entre los sectores público y privado, que en términos del Programa Especial de Ciencia Tecnología, debiera alcanzar el 1 % del Producto Interno Bruto para el año 2006, nos permitiría abatir el rezago en el que hemos incurrido. Es importante destacar al respecto, que ya existe un rezago presupuestal de 3 años en el programa Especial de Ciencia y Tecnología, por lo cual esta Comisión está solicitando al menos un presupuesto incremental de 0.1% del PIB durante los próximos 3 años, a efecto de pasar del 0.42% al 0.72% del PIB, al finalizar este sexenio.

Por tanto, debemos entender que la erogación del Estado para impulsar el desarrollo de la ciencia básica y su aplicación tecnológica, no corresponde a un concepto de gasto, sino a una inversión que además de necesaria, debe de hacerse con oportunidad, porque el rezago acumulado en esta materia, indefectiblemente provoca mayores erogaciones a futuro y lo que es peor, crecientes dependencias económicas y comerciales respecto de los países altamente tecnificados que supieron tomar estas decisiones a tiempo.

La inversión en la materia contribuye al desarrollo económico y social, cuyos efectos multiplicadores se traducen en elementos substanciales de bienestar para los Mexicanos, y así se disminuye la brecha que nos separa de aquellos países que han optado por invertir en estas materias, procurando la competitividad que tanto necesita nuestro país.

Sin embargo, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, no refleja esta prioridad nacional, sino por el contrario presenta una disminución presupuestal de mil millones de pesos en este rubro, por lo que de aprobar dicho proyecto, pasaríamos del 0.42 al 0.37% de inversión en ciencia y tecnología en proporción a nuestro producto Interno Bruto. Aunado a lo anterior, se está considerando la desaparición de importantes centros de Investigación en el artículo transitorio segundo.

Esta Comisión expresa su rechazo a esta propuesta y se suma a los múltiples pronunciamientos en esta tribuna de otros compañeros diputados, por la eliminación del artículo transitorio segundo, propuesto en el proyecto de egresos del Poder Ejecutivo.

La ciencia y la tecnología y estos organismos requieren de inversión e incentivos, no de recortes o ahorros mal entendidos, que tienden a desaparecer la infraestructura física y humana generada en las décadas anteriores, en estas actividades tan indispensables para el desarrollo del país.

Compañeras Diputadas
Compañeros Diputados:

Estamos conscientes de que los recursos presupuestales son escasos, sabemos también de la existencia de más de 50 millones de pobres en este país, sabemos también que la salud y la seguridad social son necesidades básicas, entendemos también los compromisos adquiridos de deuda pública. Estamos comprometidos también con el campo mexicano.

Sin embargo, es indispensable hacer un esfuerzo para que sean destinados mayores recursos a la ciencia y la tecnología. No podemos esperar a que nuestros índices de competitividad, de confianza y de desempeño económico empeoren con los años. No es posible que siendo la novena economía en el mundo ocupemos el lugar 31 por nuestro ingreso per cápita, el lugar 42 por el bajo esfuerzo en investigación y desarrollo (0.4% del PIB), y El lugar 51 en calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta Soberanía exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dictaminar un incremento de 3,505.6 millones de pesos a la asignación presupuestal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Ramo 38, contemplada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, con el propósito de avanzar hacia la meta planteada en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, para que con la participación del sector privado se logre destinar el equivalente al 1% del PIB al gasto en actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Segundo. Que esta Soberanía exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dictaminar un incremento a la asignación presupuestal de la clave 85 (Programa Especial de Ciencia y Tecnología) para las Secretarías de Estado que contempla el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, en la forma que se detalla en este documento.

Sector             Presupuesto incremental

SEP                                        986
Energía                                 585
Sagarpa                                297
Salud y seguridad social    317
Economía                             320
Ambiente                             250
Marina                                    80
SCT                                       150
PGR                                        50
Sedena                                   40
Sedesol                                  55
Sectur                                    30
SRE                                        30
Segob                                     20

Total                                 3,210

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2003.

Por la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados: Julio César Córdova Martínez, Presidente; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Eloísa Talavera Hernández, Omar Ortega Alvarez, secretarios (rúbricas).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL SENADO DE LA REPUBLICA A CONCLUIR EL TRAMITE DE RATIFICACION DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES, A CARGO DE LA DIPUTADA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El desarrollo histórico de la humanidad ha sido acompañado de concepciones discriminatorias que al observar inferior o indigno al prójimo, han permitido la aplicación o proliferación de conductas y prácticas de tortura, penas crueles o maltrato notorio.

Y si bien es cierto que desde el siglo XVI se toma conciencia sobre la dignidad como característica intrínseca del ser humano, también lo es que el respeto de dicha dignidad ha sido supeditado a imposiciones de poder y autoridad que se arrogan al derecho de dominar y doblegar.

Ninguna causa política, militar, religiosa u otra, puede justificar la tortura, entendida esta como todo acto por el cual se infrinjan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento y aquiescencia.

En este sentido no parece existir nación en el mundo cuyas autoridades no hayan hecho o hagan uso de la tortura como medio de "ejemplar" castigo a pensamientos y acciones contrarias a su mandato. De forma lamentable, los mexicanos siguen padeciendo continuamente, si no es que de forma cotidiana, el abuso, maltrato y tortura, de parte de algunas de sus autoridades.

La tortura, de forma callada pero sistemática, sigue siendo aplicada a presos e indiciados. Las condiciones que prevalecen en los centros penitenciarios de nuestro país, representan una amplia gama de lesiones físicas y morales cuya gravedad cursa desde los malos tratos hasta la tortura misma.

La situación de las mujeres es de particular vulnerabilidad, pues de inicio los primeros tormentos hacia ellas son vejaciones sexuales, que no distinguen a niñas de mujeres adultas. Esos abusos; concentran nefastas visiones de discriminación social, inferioridad y desprecio, lo que se agrava por la sensación de derecho natural del torturador a inferirles el máximo nivel de dolor como muestra de la superioridad que imaginan tener, el torturador busca quebrantar la voluntad y el espíritu de su víctima.

Escudarse en un puesto de autoridad que pudiese parecer concesión de impunidad, es una cobardía cuya infamia se multiplica al tratarse de infantes y adolescentes detenidos por infracciones o delitos que, ante la incapacidad física y social de defenderse, se ven sometidos a las más atroces situaciones de dolor que les marcan la vida entera.

En contraste con esta triste realidad, afortunadamente se encuentran también las acciones emprendidas para erradicar estas prácticas, a las que México, como Nación se opone determinantemente, instrumentando leyes, políticas y programas, suscribiendo e impulsando decididamente la normatividad internacional y transformándola en derecho positivo mexicano.

Recordemos que los derechos humanos deben primero y ante todo ser respetados y protegidos por los gobiernos, estos mecanismos internacionales de protección son complementarios.

Justamente como parte de este proceso por reafirmar las bases de la lucha contra la tortura en nuestro país, el pasado 23 de septiembre, de manera acertada el titular del Ejecutivo federal rubricó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes México, fue el primer país en adherirse a este Protocolo Facultativo, reconociéndose internacionalmente el respeto y la promoción que México pretende, respecto de los Derechos Humanos. Por ello, reconocemos la valía de esa decisión y la apoyamos plenamente.

No obstante, el proceso legal que lleve a la incorporación plena de este instrumento legal internacional al cuerpo jurídico mexicano apenas empieza. Se requiere que dicho Protocolo sea enviado al Senado de la República para que sea ratificado sin reserva alguna y tenga plena aplicación como recurso adicional para la defensa de la integridad física y mental de las mujeres y hombres de nuestro país.

El Protocolo Facultativo tiene como fin crear un sistema global de inspección de lugares de reclusión como medio de prevenir la tortura y los malos tratos. Este Protocolo representa una iniciativa única, debido al énfasis que pone sobre la prevención.

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración y aprobación del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a efecto de que se sirva remitir a la brevedad posible el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, al Senado de la República para su ratificación.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República para que el proceso de ratificación del protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y oros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, sea considerado prioritario y de especial importancia nacional, obsequiándole con celeridad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de diciembre de 2003.

Dip. Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)