QUE ADICIONA UN ARTICULO 96 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA FOMENTAR LA INVESTIGACION CLINICA Y BASICA DE LAS CELULAS ESTAMINALES DEL ADULTO Y DEL RECIEN NACIDO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ANGEL CORDOVA VILLALOBOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003
El suscrito, diputado federal José Angel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un artículo 96 Bis a la Ley General de Salud, con la finalidad de fomentar la investigación clínica y básica de las células estaminales del adulto y de las del recién nacido, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En la actualidad se ha encontrado, como resultado de la investigación científica, la posibilidad -hasta hace poco ignorada- de que algunas células del organismo humano regresen a una fase antes considerada exclusiva de las células embrionarias, por la cual las células podrían convertirse o adecuarse a cualquier especialización celular; a éstas en biología del desarrollo se denomina células totipotenciales y células pluripotenciales.
A las células con esa capacidad de transformarse en cualquier linaje especializado celular se han dado diferentes nomenclaturas, como células madre, células precursoras hematopoyéticas y células estaminales, considerándose esta última la definición más comúnmente aceptada.
Lo que caracteriza además estas células es, por un lado, la capacidad de autorrenovación ilimitada o prolongada; y, por otro, la posibilidad que tienen de dar origen a células de diversas estirpes celulares.
El estudio de las células estaminales tomadas de médula ósea de adultos dio origen a una línea de investigación con la posibilidad de curar diversas enfermedades, mediante la reprogramación de células estaminales pluripotenciales.
En las últimas tres décadas, ese tipo de células se tomó fundamentalmente, como se ha señalado, de la médula ósea de adultos, de las cuales se lograron muy diversas líneas celulares, capaces de reconstruir, por ejemplo, la población hemática en pacientes con tratamientos de quimioterapia y radioterapia, Asimismo se logró el desarrollo de células gliales.
En el caso de células estaminales para la terapia de patología de músculo, se logró curar enfermedades diversas y se abrió el futuro a las de origen miógeno.
Con lo anterior puede entenderse que los resultados y progresos de la investigación en el campo de las células estaminales son muy prometedores y que la plasticidad constatada en esas células de origen adulto es muy similar a la de las células estaminales embrionarias.
Recientemente se logró otro gran linaje de las células estaminales, las denominadas del "recién nacido" o de origen embrionario, y que son tomadas de manera fundamental de los cordones umbilicales y las placentas, en las cuales en un corto periodo ha podido ser probada su capacidad para desdiferenciarse y, a través de la plasticidad, convertirse en células pluripotenciales, así .como demostrar su enorme capacidad de autorrenovación y reproducción.
Los problemas y dilemas con que se enfrentan investigadores, legisladores, objetores de conciencia, filósofos, científicos y la población en general no radica sólo en cuál es de mejor y más apropiada fuente de células estaminales, ya que lo que está en controversia son diversas concepciones de la vida y no únicamente de los beneficios de la investigación científica.
Para los legisladores, cuya responsabilidad constitucional los convierte en recipiendarios de la soberanía y de la voluntad del pueblo, constituye una de sus primeras obligaciones legislar en favor del bien común y conminar al Estado a la tutela de los grupos más vulnerables, entre los cuales figura por supuesto el embrión humano.
Al respecto, en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se indica: "Todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y con las condiciones que ella misma establece".
Asimismo, en el artículo 14 de la Constitución se señala: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos..."
A ese fundamento jurídico podríamos sumar la prohibición expresa del Código Penal sobre el aborto (con la excepción del caso de violación), así como el Código Civil, que se pronuncia en el mismo sentido en su artículo 22, que expresa: "La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código".
Del mismo modo, la Ley General de Salud y un sinnúmero de fundamentos jurídicos hacen constar la protección del Estado para el embrión humano.
Las personas con una convicción religiosa que da origen a su estamento moral se han manifestado ampliamente por la prohibición de investigación con embriones y, por supuesto, la destrucción de éstos. Ante ese hecho concreto, la responsabilidad de los legisladores y los servidores públicos no puede obviar ni, mucho menos, desestimar o denostar las creencias o ideologías de quien, en el último de los casos, es el mandatario de los poderes del Estado.
No todos los científicos e investigadores en tan importante área del conocimiento biomédico están de acuerdo con la investigación, manipulación y destrucción de embriones, lo cual puede constatarse en todos los códigos éticos y deontológicos a escala mundial y, por supuesto, las regulaciones y acotaciones que, desde la entraña misma de las ciencias biológicas, han dictado diversas corrientes del pensamiento bioético.
No nos cabe duda de que la loable labor de científicos, investigadores y clínicos es de gran trascendencia y que día tras día contribuyen con su mejor esfuerzo a elevar los niveles y la calidad de la vida, y que el dilema de la disposición de embriones, sobre todo los denominados sobrantes de las técnicas de reproducción asistida y que se encuentran crioconservados, tomaría un matiz diferente si éstos fueran la única opción para el desarrollo del linaje de células pluripotenciales.
Empero, como existe la alternativa científica, sin dilemas éticos, y sin dilema científico para el desarrollo de estos linajes celulares, nos sumamos a la prohibición mundial sobre la destrucción de embriones, así como a cualquier otra forma de investigación de seres humanos que atente contra la vida, la dignidad y los derechos fundamentales, incluidos los del no nacido.
Nos adherimos a la propuesta de otorgar mayor financiamiento y facilidades para la investigación en células estaminales del adulto y células estaminales del recién nacido, como las del cordón umbilical y la placenta, toda vez que éstas han probado éxito y prácticamente ningún rechazo inmunológico.
La necesidad de elaborar una legislación clara y moderna respecto a la investigación con células estaminales del adulto y del recién nacido es evidente, pues no hay razón científica para realizar investigaciones en embriones humanos, lo que en otros países ha dado lugar a las controversias y dilemas como resultado de leyes permisivas.
Con objeto de conocer lo que en otros países se ha legislado en la materia, procedimos a la revisión de las siguientes leyes:
En Estados Unidos hay varias posturas discordantes. Sobre todo en el tema de la investigación en embriones, el Congreso de ese país prohibió el uso de fondos federales para la investigación en embriones humanos que vayan a ser destruidos.
En Holanda, el Congreso aprobó una ley que permite utilizar embriones no usados para fertilización en la investigación científica con fines educativos. Empero, el Consejo de Salud recomienda que no se permita la creación de embriones humanos con fines de investigación.
En Francia, la Ley de 1994 prohíbe explícitamente la experimentación en embriones. Se propone que puedan realizarse experimentos en embriones que no hayan sido utilizados para fines reproductivos y que no sean mayores de 14 días. En Francia es ilegal crear embriones con fines de investigación.
La legislación en Austria y en Alemania es muy restrictiva y prohíbe terminantemente la investigación con embriones humanos. En el primero de dichos países se prohíbe la donación de óvulos y de embriones humanos, además de que las células pueden utilizarse sólo para inducir un embarazo.
En el Reino Unido se estableció la primera regulación para la investigación en embriones humanos en 1990 con la Human Fertilization and Embryology Act. Esa legislación se elaboró primordialmente para regular la práctica de la fertilización in vitro, así como la creación, el uso, el almacenaje y la disposición de embriones formados para esos fines.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, somete al Pleno de esta honorable asamblea la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona un artículo 96 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 96 Bis. La Secretaría de Salud, en coordinación con los institutos nacionales de salud, impulsará y fomentará la investigación básica y clínica para el desarrollo de linajes de células estaminales del adulto y de células estaminales del recién nacido.
II. Se entiende por célula estaminal del adulto. Las células que tienen la capacidad de transformarse en células pluripotenciales, que son tomadas de la médula ósea o de cualquier otro tejido de una persona adulta.
III. Se entiende por célula estaminal del recién nacido. Las células que tienen la capacidad de transformarse en células pluripotenciales, que son tomadas del cordón umbilical o la placenta.
Unico. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.
Diputados: José Angel Córdova Villalobos, Alfonso Moreno Morán, Rocío Guzmán de Paz, Miguel Angel Rangel Avila, María Eloísa Talavera Hernández, María Guadalupe Suárez Ponce, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Salud. Diciembre 9 de
2003.)
QUE ADICIONA UN ARTICULO VIGESIMO PRIMERO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, SOBRE EL SANEAMIENTO INTEGRAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LA BAHIA DE GUAYMAS, SONORA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA JACQUELINE ARGÜELLES GUZMAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista De México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.
Exposición de Motivos
El puerto de Guaymas se ubica a 120 kilómetros al sur de la capital del estado de Sonora,1 tiene una superficie de aproximadamente 22.4 kilómetros cuadrados, y se encuentra conectada con el Golfo de California por una boca de 1.2 kilómetros de ancho.
Por su ubicación geográfica estratégica y debido a que su geomorfología característica la hace una bahía naturalmente protegida, Guaymas se ha utilizado, históricamente como punto de carga y descarga del comercio, propiciando la explotación pesquera a gran escala, la cual rápidamente se convirtió en la principal actividad, intensificando el tráfico marítimo y motivando que Guaymas se convirtiera en una de las principales radas dentro del Golfo de California, solo superada por La Paz y Mazatlán.Actualmente, la zona costera del estado de Sonora es considerada una área de gran importancia para la ubicación de asentamientos humanos, generando actividades de industria, comercio, transporte, turismo y servicios en forma no regulada, que afectan los ecosistemas circundantes. Así, los problemas de contaminación generalmente son el resultado de la falta de planeación y control de los desechos producidos por las distintas actividades que se desarrollan en la zona, especialmente en la costera. En ésta, se llevan a cabo múltiples actividades, destacando la industria pesquera, carga y descarga de productos, industria generadora de energía, astilleros y turismo entre otras.
Cabe destacar que la pesca que se da en el puerto de Guaymas representa el 80% de la producción pesquera en el Estado, esto equivale al 26% de la captura nacional. Conjuntamente, los astilleros de este puerto cuentan con una flota aproximada de 359 embarcaciones camaroneras, 32 sardineras y cerca de 910 embarcaciones menores, las cuales requieren de servicios de reparación y mantenimiento que son ofrecidos por 10 astilleros que se concentran en el área del Puerto y el parque industrial Rodolfo Sánchez Taboada, principalmente. La demanda de servicios a embarcaciones se incrementa sustancialmente durante el período de veda de la temporada camaronera, cuando las embarcaciones son programadas para su reparación y mantenimiento.
La diversidad de actividades y la falta de integración y planeación en las mismas, han generado una serie de problemas entre los cuales destaca la contaminación en la zona costera, convirtiéndola en una de las Bahías mas contaminadas de México.2
Derivado del desarrollo urbano e industrial, la bahía es receptora de aguas residuales. La mayoría de los problemas de contaminación de esta zona son generados por las aguas residuales que son vertidas sin o con insuficiente tratamiento previo y que corresponden a aguas residuales urbanas y de plantas procesadoras de productos pesqueros, principalmente. Así, el manejo de aguas residuales merece especial atención por la contaminación que genera en la bahía y el efecto nocivo en la salud de la población. En el municipio solo hay cuatro sitios de descarga reconocidos: la Laguna La Salada y Aeropuerto, con volúmenes estimados de descarga de 19,972 m2/día y 260 m2/día, respectivamente, además de dos puntos ubicados sobre el Malecón, principalmente sobre las calles 20 y 21 con un gasto de 280 l/s. Sin embargo, existen en total seis puntos donde se concentra la descarga de aguas residuales:
La materia orgánica en descomposición proviene generalmente de la materia fecal urbana, la sanguaza y los desperdicios de pescado y mariscos provenientes de las plantas procesadoras de productos marinos. Los microorganismos patógenos como las salmonelas y coliformes, se originan en la materia fecal que se vierte al mar por el desagüe municipal, y que proliferan y sobreviven gracias a las altas concentraciones de materia orgánica en descomposición. Las grasas y los aceites provienen de los derrames de hidrocarburos ocurridos por las operaciones portuarias, como por el achique de sentinas por parte de las embarcaciones. Las sustancias como los detergentes, ácidos, sales, y metales pesados son conducidos por el desagüe municipal. Además, están las sustancias que se generan en las descargas de diversas industrias establecidas en la bahía. Los desechos sólidos como artículos de plástico, madera, botellas y botes metálicos, muchas veces son arrojados por los tripulantes de las embarcaciones y por quienes tiran la basura en las calles. Posteriormente, estos desechos por acción de viento, son arrastrados a la bahía.
Por otra parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha descubierto y manifestado la existencia de vertimientos de residuos tóxicos en la bahía de Guaymas, que rebasan el 400 por ciento de la norma oficial permitida.
En forma particular la adición continua y sin tratamiento de descargas con alto contenido orgánico afectan tanto a las formas de vida presentes en estos ecosistemas como a los ciclos biogeoquímicos de las diferentes especies químicas.
En un reporte, generado conjuntamente por la Secretaría de Marina y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste(Cibnbor), se detalla el diagnóstico de contaminación de la Bahía de Guaymas. Sobre la calidad del agua, se establece que las concentraciones de nitrógeno y fósforo en el agua tienen una tendencia de incremento y se encuentran en los límites máximos reportados para aguas marinas. La concentración de oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno en el agua muestran todavía un buen estado de la bahía, sin embargo, se observan problemas serios de anoxia en la zona del paraje frente al parque industrial Rodolfo Sánchez Taboada.
En relación con los niveles de metales pesados en sedimentos, se menciona que la bahía de Guaymas y la zona de El Paraje tiene problemas de contaminación por metales pesados, mientras que las zonas de la laguna de Empalme y estero El Rancho no están contaminadas por metales pesados. Sin embargo, en la bahía, las zonas adyacentes a los astilleros y a las descargas de aguas residuales urbanas tienen concentraciones de Cobre y Plomo mayores a los estándares considerados de baja o moderada contaminación. En la zona de El Paraje, la concentración de Cadmio es similar a la del estándar considerado de moderada o alta contaminación y la concentración de zinc es mayor que los estándares de baja o moderada contaminación.
Existen especies indicadoras de cargas excesivas de Nitrógeno y Fósforo, como las macroalgas, las cuales presentan signos de eutrofización y una abundancia relativa de una 54% en la bahía. Adicionalmente, las descargas de aguas residuales han incidido fuertemente en los cambios de la estructura de la comunidad bentónica y los cambios ambientales generados por cada tipo de descarga (urbana de plantas procesadoras de productos pesqueros, de plantas termoeléctricas) es indicada por la dominancia de una especie particular de poliqueto.
Con base en la alta concentración de bacterias coliformes, la bahía de Guaymas se considera como zona no aprobada para la extracción de moluscos bivalvos y en algunos sitios se puede permitir la extracción de moluscos pero bajo un estricto monitoreo. Las concentraciones de Cadmio en almeja, jaiba y peces; así como las de Plomo en jaiba y peces, fueron mayores al límite máximo establecido para consumo humano por la Secretaría de Salubridad y Asistencia.3
Toda esta gama de contaminantes no sólo afecta la bahía de Guaymas sino que, una vez descargada al mar, puede ser transportada por las corrientes marinas, afectando zonas costeras y marinas de otros estados.
Adicionalmente a las afectaciones que se puedan dar a los ecosistemas circundantes a la Bahía, ya se han registrado casos de afectación en la salud de los residentes de la zona. Durante el mes de septiembre del presente año, se reportaron padecimientos como conjuntivitis, dermatitis, hepatitis, padecimientos gastrointestinales, tifoidea y dengue. Sobre este último, el dengue, el Cibnbor menciona que la bahía presenta zonas de anoxia. Lo anterior, sumado a los encharcamientos cercanos a la bahía, causados por los continuos aportes de aguas negras, es muy probable que promuevan el incubamiento del mosco transmisor del dengue. En consecuencia, el Hospital General de la zona, ha confirmado 27 casos de dengue y 6 hemorrágicos; sin embargo se tienen 300 sospechosos de padecer esta enfermedad.
Debido a la contaminación por metales pesados, específicamente Cadmio y Plomo, encontrados en jaibas y peces capturados en la bahía, es probable que se den afectaciones en la salud ocasionados por la ingesta de alimentos contaminados. Entre las afectaciones por la contaminación de cadmio están la nefropatía, osteopatía y algunos tipos de cáncer, así como irritación al estómago que induce a vómitos y diarrea, lesiones en los pulmones y en el intestino. Por ingesta de plomo se pueden ver afectados casi todos los órganos del cuerpo, siendo el sistema nervioso central el más sensible.
Dentro de la ley ambiental existen sanciones y disposiciones para realizar descargas a los mantos acuíferos. Así, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 121, establece los criterios en los que se otorgarán permisos para descargar aguas residuales a cuerpos acuáticos:
Diversos programas de saneamiento de la Bahía se han implementado desde 1970, sin embargo, debido a que no se han atacado a las fuentes generadoras de esta contaminación, cualquier esfuerzo será en vano. Entre las acciones que se llevan a cabo sobre el tema, está el estudio a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para detectar a las empresas que más contaminan. Entre el trabajo realizado por esta institución, también se encuentra el esfuerzo realizado con la Comisión Nacional del Agua (CNA), con la Cuarta Zona Naval y la Profepa, en visitas a industrias ubicadas en la bahía, con el objetivo de exhortarlos a la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y así disminuir la grave contaminación que presenta la zona.
Como resultado, evaluaciones recientes, realizadas por el Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora se propone la realización de un Programa Piloto Integral Ambiental que permita el tránsito de la Región Guaymas - Empalme hacia el desarrollo sustentable, basado en cuatro programas estratégicos:
Ordenamiento ecológico regional del municipio de Guaymas.
Obras de saneamiento directo de la bahía de Guaymas.
Programa de Capacitación a cuerpos técnicos ambientales.Este programa está encaminado hacia la gestión y vinculación de diferentes entidades públicas y privadas involucradas, teniendo como líder y promotor a la Semarnat, por lo cual se busca que esta dependencia incluya en su presupuesto anual, para el ejercicio 2004, recursos para evitar seguir contaminando o bien para obras de remediación y restauración.Así, se ha estimado que con un monto de $74,500,000.00 se pueden realizar las operaciones de saneamiento y tratamiento de aguas residuales en la Bahía, cubriendo los programas estratégicos propuestos dentro del Programa Piloto Integral Ambiental antes mencionado.
Decreto, mediante el cual se adiciona un artículo vigésimo primero al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004
Artículo Unico. Se adiciona un artículo vigésimo primero al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, para quedar como sigue:
Vigésimo Primero. Con objeto de que la Semarnat elabore un programa integral enfocado al saneamiento integral y tratamiento de residuos de la bahía de Guaymas, Sonora, en el Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, se considera una previsión presupuestaria por un monto de $74,500,000.00.
El ejercicio presupuestario de dichos recursos deberá informarse, a la Cámara de Diputados, de manera trimestral.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2004.
Segundo. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, hará las previsiones presupuestarias necesarias para garantizar los recursos adicionales al Ramo 16.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de diciembre de 2003.
Notas:
1 Se encuentra sobre la costa este del golfo de California,
entre las coordenadas geográficas 27° 53? y 27° 57? de latitud
norte y 110° 53? y 110° 56? de longitud oeste, en la zona árida
del noroeste del país.
2 El Sol de México, 8 de abril de 2003,
página 4; y La Jornada, 8 de abril de 2003, página
43.
3 NOM-SSA1-027-1993, NOM-SSA1-029-1993 y NOM-SSA1-031-1993.
4 Artículos 119, fracción I; y 120, fracción
III, de la Ley General de Aguas Nacionales.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Diciembre 9 de 2003.)
QUE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 36 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Salud, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley, con base a la siguiente
Exposición de Motivos
El desarrollo que ocurre durante los primeros 6 años de vida del infante es fundamental para determinar su temperamento, estilo de aprendizaje, patrón y tiempo de crecimiento, entre otros. Para alcanzar un óptimo desarrollo durante este periodo los niños necesitan diferentes tipos de estimulación e interacción por lo que es esencial responder a sus necesidades más básicas, particularmente la de salud.
La salud es uno de los más profundos valores y derechos de los individuos. Esta dignifica al hombre y es una responsabilidad que el Estado debe asumir en cumplimiento del artículo 4°, párrafo tercero de nuestra Carta Magna.
El mismo artículo señala que para su desarrollo integral, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.
Asimismo, establece que los ascendientes, tutores y custodios, tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
La Ley General de Salud reglamenta este precepto constitucional, y establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
El artículo 25 de la citada Ley dispone que, conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, se garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables, entre los que figura la niñez.
A pesar de lo anterior, nuestro país se encuentra muy lejos de poder dar cabal cumplimiento a estos preceptos. Hoy en día, siguen siendo miles los mexicanos que carecen de servicios básicos de salud. Otros, que cuentan con algún tipo de cobertura social, siguen padeciendo servicios deficientes.
El propio Programa Nacional de Salud 2001-2006, subraya que es necesario analizar la desigualdad de las condiciones de salud y señala que: "Mientras que los daños a la salud en las regiones y grupos de mayores ingresos del país tienen un perfil similar al de algunos países europeos, en las regiones y grupos sociales empobrecidos, el cuadro es el de un país de escaso desarrollo."1
Dicho Programa precisa, que los principales indicadores de salud muestran un rezago importante en las personas más pobres que son: la población no asegurada, la que vive en los estados del sur, y sobre todo los habitantes de los municipios altamente marginados. Entre los grupos de población más vulnerables se encuentran: los indígenas, los discapacitados, las mujeres y la niñez, quienes presentan las cifras de mayor rezago.
La falta de acceso a los servicios de salud, es determinante en el ciclo pobreza-enfermedad, ya que la vida familiar se trastorna, pues para atenderlos, se utilizan recursos extraordinarios que inciden en la dinámica de empobrecimiento; muchas veces, no se cuenta con autosuficiencia para procurar tratamientos prolongados o hacer frente a los llamados gastos de bolsillo.
Esta problemática se vuelve particularmente grave cuando nos referimos a la población infantil. Hoy en día, muchas familias se ven imposibilitadas a atender a sus hijos cuando se presenta alguna emergencia, ya que no son derechohabientes o beneficiarios del sector salud, donde les piden cubrir cuotas que en la mayoría de los casos excede su capacidad de pago.
Aún con las reformas a la Ley General de Salud que recientemente fueron aprobadas y que contienen novedosas aportaciones, no se resuelve esta problemática en virtud de que sólo comprende la prestación de servicios médicos a las personas que contribuyan con la cuota familiar; es decir, miles de infantes cuyos padres no pueden cubrir este pago y que carecen de los beneficios de la seguridad social, continúan en un estado de vulnerabilidad ante las enfermedades.
En el año 2000, por cada mil nacidos menores de cinco años, se presentaban 30 muertes, cifra cuatro veces mayor a la de Portugal, siete veces mayor a la de Singapur, cinco veces mayor a la de España y más del doble que en Chile.
Además, 18 por ciento de los niños menores a cinco años, presenta una talla menor a la ideal, siendo el efecto talla, tres veces más frecuente en las zonas rurales que en las urbanas y cuatro veces mayor en las zonas pobres del sur del país que en los estados del norte.
Recientemente, las diferencias en las tasas de mortalidad de menores de cinco años, entre la población urbana y rural, se han acentuado. En tanto, en 1992 la diferencia era el 20 por ciento, para 1998, se incrementó al 55 por ciento. En términos generales, la mortalidad infantil indígena es 58 por ciento mayor a la media nacional.
Por otro lado la interacción entre pobreza, estado nutricional y exposiciones ambientales, ejerce un efecto adverso potenciado en la salud infantil. La contaminación del aire, agua, suelo y alimentos, así como el ruido, la radiación y los agentes microbiológicos son algunos de los problemas que impactan negativamente en la salud de los niños.
Uno de cada cinco niños en las regiones más pobres del mundo, no alcanza a vivir más de cinco años, debido a enfermedades relacionadas con el medio ambiente. En México, el 36 por ciento de los niños están expuestos de manera continúa a ambientes contaminados y la mayoría de estos, vive en zonas de alta marginación. Cada año se registran 6 mil intoxicaciones por plaguicidas. Los recién nacidos presentan entre 7 y 12 microgramos de plomo por decilitro de sangre, nivel mayor a la norma internacional, lo que provoca daños neurológicos y hormonales.
En México, según datos del Consejo Nacional de Población, para el año 2004 habrá alrededor de 8 y medio millones de niños de 2 a 6 años y de éstos, poco más de la mitad no eran derechohabientes o beneficiarios de ninguna institución de seguridad social.
Al analizar los datos del INEGI sobre el uso de los servicios de salud por parte de la población, se encontró que aproximadamente, el 4 por ciento de los niños, no tienen acceso a ningún servicio de salud público-privado. Esto quiere decir que cerca de un millón de niños, no tiene posibilidad alguna de atención médica.
Con excepción de los niños asegurados, cuyos padres cubren por ley las cuotas de la Seguridad Social, con independencia del número de hijos que tengan, todos los demás niños se ven obligados a pagar al menos una cuota por la atención médica. Esta situación, pone en riesgo el patrimonio de muchas familias que ante una emergencia o enfermedad, no cuentan con los recursos para cubrir las cuotas, honorarios o medicamentos que les son solicitados.
Si al grupo de población de 2 a 6 años de edad se le eximiera del pago de la cuota de recuperación de los Servicios Públicos de Salud, beneficiaríamos a una multitud de familias que tienen que incurrir en gastos catastróficos.
Con esta medida, ayudaríamos a muchos niños que actualmente no tienen acceso a ningún servicio de salud.
Sin lugar a duda, la salud infantil es un asunto que nos concierne a todos. Asegurar que nuestros niños nazcan y se desarrollen en un ambiente sano, es condición necesaria para que alcancen todo su potencial en la madurez como hombres y mujeres, plenos y capaces.
Por ello, el Partido Verde Ecologista de México, apoyado en sus premisas e ideología promueve el desarrollo integral de la niñez mexicana, mediante el acceso equitativo de los servicios de salud que redundará en una Nación más sana y por lo mismo más presta para afrontar los grandes retos que la nación le demanda.
Por lo tanto, en atención a lo anteriormente expuesto y observando los intereses de la niñez mexicana, los suscritos diputados, sometemos a la consideración de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión la siguiente
Iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo al artículo 36 de la Ley General de Salud
Artículo Único.- Se adiciona un párrafo al artículo 36 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 36. ...
...
...
Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor de dos a seis años cumplidos que no sea beneficiario o derechohabiente de ninguna institución del sector salud.
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Las autoridades sanitarias conforme a lo dispuesto en la presente reforma, deberán expedir los lineamientos bajo los cuales las instituciones de salud presten servicios gratuitos a los niños de dos a seis años cumplidos que no sean beneficiarios o derechohabientes de ninguna institución del sector salud.
Tercero.- Las autoridades sanitarias deberán expedir los lineamientos señalados en el transitorio anterior, en un término de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Cuarto.- El Ejecutivo Federal podrá allegarse de los recursos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente decreto a través de: a) lo dispuesto en el artículo 21 fracción I inciso j del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2003; b) lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; c) lo establecido en el artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que dispone el canalizar recursos para el desarrollo nacional. El Ejecutivo Federal será responsable de emitir valores gubernamentales que financien en específico el desarrollo de las actividades del presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de diciembre de 2003.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).
Nota:
1 Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del
Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado. "Plan Nacional de Salud 2001-2006. Hacia un Sistema Universal
de Salud".
(Turnada a la Comisión de Salud. Diciembre 9 de
2003.)
QUE REFORMA LOS ARTICULOS 10 Y 32 Y ADICIONA UN ARTICULO 16 BIS A LA LEY DEL ISSSTE, PARA QUE QUIENES QUEDEN DESEMPLEADOS O SEAN DADOS DE BAJA SIGAN DISFRUTANDO DE LOS SERVICIOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo que establece el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 10 y 32 y se adiciona un artículo 16 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La evolución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, puede apreciarse desde diferentes perspectivas: por su estatus jurídico y las reformas que le han precedido, por la evolución de las diversas prestaciones que ha incorporado y por el alcance de sus coberturas.
Sus antecedentes jurídicos se remiten a las leyes generales de Pensiones Civiles y Retiros que se emitieron, con ese nombre, en los años de 1925 y 1946 respectivamente; y a la que en 1947 fue conocida como la Ley de Pensiones Civiles, estos ordenamientos se orientaban, en esencia, sólo a beneficiar al personal en los aspectos de pensión, retiro o ambos.
La Ley del ISSSTE de 1959 resultó ser un ordenamiento de avanzada para la época, no únicamente porque garantizaba las diversas prestaciones amparadas por las leyes anteriores en materia de salud y protección al salario, sino también porque incorporaba un esquema de prestaciones similar al establecido en la Ley del Seguro Social. Sin embargo, no fue sino hasta el año de 1983, con la publicación de la Ley que actualmente rige al Instituto -y a las diferentes reformas de que ha sido objeto- cuando se consolidó la diversificación de seguros, prestaciones y servicios.
Sin duda, resultó de particular importancia la opción que la Ley concedía a los trabajadores para continuar inscritos de manera voluntaria en el régimen obligatorio -en caso de retiro antes de tiempo- y la posibilidad para los estados y municipios de incorporar a sus trabajadores a dicho régimen.
Gracias a esa ley, el ISSSTE fue también integrando gradualmente los sistemas de tiendas y agencias turísticas y otros servicios, como los que proporcionan las estancias de bienestar y desarrollo infantil que ya venían siendo operadas por diferentes dependencias, organismos e instituciones de la Administración Pública Federal; las primeras con la finalidad de proteger el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores y apoyar su calidad de vida, y las segundas, para apoyar el desempeño laboral de las mujeres trabajadoras, asegurando espacios apropiados para la protección y desarrollo de sus hijos en su primera infancia.
De gran trascendencia fue para la consolidación de la Institución y para los trabajadores al servicio del Estado, la adición del apartado "B" del artículo 123 constitucional en el año de 1961, pero sobre todo su reglamentación en el año de 1963, mediante la aprobación y publicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Como toda institución dinámica y abierta a las necesidades de la población a la que se debe; en las últimas dos décadas, el ISSSTE y la Ley que lo rige han venido rezagándose a los nuevos retos. De singular importancia fueron, por ejemplo, las reformas con las que fue posible, en 1972 y 1993, la creación del Fondo de Vivienda Fovissste y su Comisión Ejecutiva, así como del Sistema de Ahorro para el Retiro.
La seguridad social en México enfrenta problemas estructurales y coyunturales de gran trascendencia:
En el ámbito estructural, como consecuencia de alcanzar el objetivo de lograr finanzas públicas sanas, como fundamento macroeconómico de estabilidad, la seguridad social, modificó substantivamente sus objetivos trastocando el esquema histórico de solidaridad social del Estado, obligando al redimensionamiento del gasto público y a la privatización de pensiones, sustentando todo el esquema en un modelo de ahorro y capitalización individual.
En la coyuntura, la seguridad social enfrenta a su interior severas restricciones financieras, limitada cobertura, poca eficiencia y eficacia en sus objetivos y logros, baja calidad, poca penetración, y lo peor la modificación de la pirámide demográfica que presiona hacia mayores y mejores servicios y atención de primer, segundo y tercer nivel. Pero lo más grave es que la actividad económica productiva sigue deprimida, situación que se verifica en la baja generación neta de empleo: datos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, reflejan que la tasa de desempleo abierta llegó a 4.5 por ciento.
Esto es el reflejo del comportamiento y evolución de la economía y del mercado interno; la creación de empleo sufre un rezago gigantesco sobre todo sí tomamos en cuenta que la demanda nacional anual de empleo se estima en 1 millón 300 mil nuevas plazas.
Ahora, en el marco de la globalización, la política económica y social y las reformas legales en materia de seguridad social, tienden a fragmentar las principales conquistas del trabajador como son la previsión social, las sociedades mutualistas y hasta los fondos de pensiones administrados por el Estado.
Los principios básicos de solidaridad y universalidad que coadyuvan por el logro de una mayor estabilidad, tanto económica como social, están siendo relegados a segundo término. El fondo de pensiones fue, durante muchos años, pilar financiero para la conformación de la infraestructura actual del ISSSTE, en virtud de que era el único esquema que no reclamaba grandes erogaciones, y por el contrario recibía sustanciales ingresos por concepto de cuotas de los trabajadores y aportaciones de las dependencias y entidades del Gobierno Federal.
Las estrategias para transitar hacia la nueva política social se han truncado por los subsecuentes recortes del gasto público, la descentralización y privatización selectiva de los beneficios y servicios sociales. Todo ello con la finalidad de desarticular las principales instituciones públicas de bienestar social, mediante acciones de signo individualista y mercantil, que implican una acción pública mínima.
El debate sobre la reforma pensionaria del Estado mexicano no es menor, porque de esta reforma depende la eliminación gradual del déficit del fondo de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que para 2010 llegará a 48.3 mil millones de pesos.
Las consecuencias de la reforma nos llevaría en el mediano plazo a un esquema generalizado de cuentas individuales que de acuerdo a sus promotores daría viabilidad financiera del sistema de pensiones del ISSSTE y los trabajadores "obtendrían el mayor beneficio".
Pero lo que se está persiguiendo con esto es modificar estructuralmente la histórica alianza solidaria del Estado con la clase trabajadora. Lo que en el contexto de una sociedad polarizada y extremadamente desigual significaría mayor exclusión social, promover un esquema de capitalización individual atenta contra la inclusión social, debemos ir mucho más adelante de la propuesta de un esquema de cuentas individuales.
En este modelo de desarrollo neoliberal, las instituciones públicas de salud y seguridad social, en la medida que concentran importantes fondos sociales, constituyen un apetitoso filón para los capitales privados, que están presionando enérgicamente para que sean transferidos al mercado, convirtiéndolos en fondos financieros bajo control privado, como ya ocurre con las Afore y las Siefore del IMSS.
Es preocupante el deterioro de la calidad de los servicios médicos del ISSSTE, dada la importancia que tiene la salud física y mental para los trabajadores y sus familias, tanto en su desempeño laboral como social, por lo que se deben fortalecer los programas de medicina preventiva, eficientar los servicios médicos con una mejor infraestructura, simplificar los trámites administrativos en todas las áreas, asegurar el abasto oportuno y suficiente y cuando haya necesidad, subrogar el servicio, sin complicaciones de tiempo y de gastos para el trabajador. En este sentido, los esfuerzos que se realicen, deben estar orientados a resolver las causas principales de los problemas, evaluando resultados en forma bipartita, a la luz de una perspectiva global de la situación.
Es prioritario vigilar que se mantengan sin interrupción alguna, las prestaciones de seguridad social que otorga el ISSSTE, a los trabajadores, a pesar de que sean en varios rubros deficientes.
Existe en el ISSSTE una grave crisis de financiamiento, que se origina en el crecimiento sistemático de las necesidades y en el número actual de derechohabientes, así como en la enorme complejidad operativa para otorgar las prestaciones y servicios a las que el trabajador tiene derecho.
Las cifras son alarmantes y, en este sentido, la Secretaría de Hacienda está seriamente preocupada por el déficit de pensiones del ISSSTE que en este año ascenderá a 21 mil millones de pesos, lo que equivale a 0.3 por ciento del PIB, es decir la tercera parte del déficit fiscal de todo el Gobierno Federal.
Para el 2004, el subsidio para el sistema de pensiones del ISSSTE se estima en 25 mil millones de pesos, cifra que se incrementará a 35 mil millones de pesos al final del presente sexenio, lo que desde ahora revela una fuerte presión a las finanzas públicas.
La situación financiera es tan precaria que recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó a México un crédito por 1,200 millones de dólares, de los cuales 275 serán asignados para fortalecer al ISSSTE, con el fin de que este instituto enfrente la crítica situación que enfrenta el sistema de pensiones.
En suma, podemos ver que el sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado no es autosuficiente y enfrenta serios problemas.
En este contexto, conviene también, preguntarse qué consecuencias ha tenido el Sistema de Coordinación sobre las prácticas presupuestarias de las entidades federativas y de los municipios. Con la información agregada disponible se puede llegar a algunas conclusiones sobre el impacto que han tenido las mayores participaciones sobre el esfuerzo recaudatorio local y sobre algunos de los destinos del gasto. También se puede analizar el impacto de la Coordinación sobre las finanzas del Gobierno Federal.
Empezando por este último, se puede apreciar que su menor ingreso recurrente disponible. Ha llevado el gasto de la Administración Pública Centralizada de un poco más de 6.6% del PIB a un 4.8% en los últimos 10 años.
Por su parte, el número de burócratas federales, sin incluir los empleados federalizados, pasó de un máximo de 850 mil en 1991, a 600 mil en 1999. En cambio, también sin incluir a los empleados federalizados, las Entidades pasaron de un millón ciento diez mil empleados en 1990, a un millón 360 mil en 1999, aumentando su número de servidores públicos en casi el mismo número que el gobierno federal redujo su nómina.
Por lo que se refiere a los ingresos de las entidades federativas, no todas han aprovechado las facultades recaudatorias que poseen y pocas las han aprovechado cabalmente.
En el caso de los municipios el cuadro es todavía más desolador. Su recaudación como proporción del PIB es inferior a la quinta parte del uno por ciento, habiendo caído de un máximo de 0.28% del PIB en 1994 a sólo 0.19 en 1999, con un potencial que llega fácilmente a 0.5% del PIB, es decir, dos y media veces por encima de su nivel actual.
Siguiendo en ese mismo tenor, uno de los problemas más serios que enfrentan los trabajadores, es la insuficiencia de los montos, para solventar todas las demandas del sector salud, prestaciones como seguros, los números de préstamos personales, en general, poder cubrir todos los beneficios de seguridad social que tienen todos los trabajadores incorporados al ISSSTE. En este renglón existe una cantidad enorme de rezagos, por lo que es urgente que se establezca, conjuntamente, la forma en que el Instituto cumplirá cabalmente con esta prestación. Esto buscando que sea, una verdadera política social, Institucional e incluyente.
Junto a los desafíos de imprimir esos atributos a los servicios médicos, a las prestaciones económicas, sociales y culturales y a las acciones de vivienda, está el reto de hacerlo en un entorno nacional e internacional dinámico, derivado de la transición demográfica, social, económica y política y ya no es suficiente, para solventar todas las demandas de los derechohabientes, que día a día se van incrementado; se debe de reformar gradualmente al ISSSTE, para que se pueda dar cabida a la resolución de todas y cada una de las demandas.
Por ello en México se requieren reformas estructurales en muchos ordenamientos legales, dentro de esta coyuntura y acorde a los nuevos tiempos que vive el país, el Poder Legislativo, no puede quedar a la zaga de tan importantes acontecimientos, y debe actuar más en concordancia con las condiciones actuales, que vive el País, es decir, y se propone mediante el presente, en primer término, a este H. Pleno, que dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio del Año 2004, se incremente el presupuesto, en cuanto hace a la Seguridad Social, para los trabajadores al servicio del Estado, a efecto de que los trabajadores incorporados al ISSSTE, prorroguen el goce y disfrute de los beneficios de seguridad social, que actualmente les otorga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Y, en segundo término, se propone ante este H. Pleno empezar a realizar reformas gradualmente, a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, comenzando por los numerales que se mencionan en el presente; ya que dentro del ordenamiento actual no existe ningún mecanismo para proteger al trabajador y demás familiares derechohabientes, cuando el trabajador o servidor público, sea dado de baja ante el Instituto o quede desempleado, pueda seguir gozando y disfrutando de los beneficios y derechos que le otorga la presente ley.
Empero, en el ordenamiento actual, se norma, en general, el monto de las cuotas que deben de pagar los trabajadores y la posibilidad de continuar dentro del régimen obligatorio, si se paga en su totalidad las cuotas correspondientes.
Por tal razón se somete a consideración de este honorable Pleno la presente iniciativa, ya que con la reforma y adición de los artículos citados al rubro de la presente, aun encontrándose en los supuestos antes descritos de desempleo o baja, al trabajador se le da una nueva alternativa y la oportunidad de seguir gozando y disfrutando en su totalidad de los beneficios, que le otorga la presente Ley a él y a sus familiares, si comprueba fehacientemente su desempleo y si sigue cotizando ante el Instituto, pagando únicamente el 50% (cuatro por ciento) de la cuota fija, sobre el último salario que cotizo y por tales consideraciones, resulta apremiante, adicionar y reformar los artículos que se mencionan.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente iniciativa con
Proyecto de Decreto
Unico. Se reforman los artículos 10 y 32 y se adiciona un artículo 16 Bis, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 10.
Los trabajadores que hayan sido cesados, renunciados, o por término de obra, o que se adhieran al programa de retiro voluntario y que por esa causa no perciban íntegramente su sueldo, sólo podrán continuar disfrutando de los beneficios que esta Ley les otorga, si pagan el 50% de las cuotas que les corresponden.
Artículo 32.
El trabajador dado de baja por cese, renuncia, terminación de la obra o del tiempo para los cuales haya sido designado, pero que haya prestado servicios ininterrumpidos mínimo por el lapso de un año y actualmente se encuentre desempleado y cubra las cuotas señaladas en el artículo 16 Bis de este ordenamiento, conservará el derecho a recibir las prestaciones establecidas en el capítulo anterior. Del mismo derecho disfrutarán, en lo que proceda, sus familiares derechohabientes.
Artículo 16 Bis.
Los trabajadores que se encuentren en el supuesto previsto por el artículo 10 de éste ordenamiento y que por lo mismo se encuentren desempleados y estén incorporados al Instituto y deseen seguir bajo este régimen, deberán cubrir a éste una cuota fija.
Del cuatro por ciento del último sueldo básico que cotizó, antes de su desempleo, que se aplicará en la siguiente forma:
II. 0. 50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil; integrales de retiro a jubilados y pensionistas; servicios turísticos; promociones culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios;
III. 1.75% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de esta Ley;
IV. El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de administración del Instituto exceptuando los correspondientes al Fondo de la Vivienda.
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 4 días del mes de diciembre de 2003.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión
Social, y de Seguridad Social. Diciembre 9 de 2003.)
QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 7, FRACCION I; 8, FRACCION I; Y SEGUNDO, TERCERO Y OCTAVO TRANSITORIOS DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVAEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, que reforma y adiciona los artículos 7, fracciones I y II; 8, fracción I, y los transitorios segundo, tercero y octavo de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Para atender la solución del problema social que viven miles de ahorradores en el país, el Congreso de la Unión legisló y aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, la cual fue publicada en el Diario Oficial el 29 de diciembre de 2000.
Dicho fideicomiso inició sus actividades en enero del 2001, y si bien cumplió con lo establecido, rescatando a miles de ahorradores no fue suficiente, porque dejó a muchos fuera de este beneficio, así como a sociedades de otro tipo que no había considerado la ley. Esto provocó que los ahorradores volvieran a manifestarse en las calles y a hacer patente este problema social, que dejó en la miseria a miles de personas, que en su mayoría son de la tercera edad, pensionados o jubilados, viudas que tienen que mantener una familia, minusválidos, campesinos y desempleados que dependían de sus ahorros para poder subsistir y proporcionarse una vida digna. A la fecha, este problema no se ha solucionado.
No fue el ánimo de especular lo que los llevó a invertir sus ahorros en las cajas populares, sino la poca respuesta del sistema bancario, que redujo la tasa de interés a rendimientos tan bajos que los obligaron a buscar mejores alternativas de ingreso, como el que ofrecían las cajas populares y de inversión.
Es importante señalar que a los Bancos se les rescató en forma integral, no se les escatimó ni los intereses, con el pretexto de que se rescataba a los ahorradores de los bancos, a los cuales no se les pidió que cumplieran con ningún requisito, ¿qué acaso los ahorradores de cajas de ahorro y de inversión son diferentes?
Es importante legislar para hacer justicia a los miles de ahorradores que se quedaron excluidos del rescate; que si bien no es posible hacerlo en forma integral y de inmediato, deberíamos considerar un rescate en etapas, y no ser cómplices en la injusticia cometida contra este amplio sector de nuestra sociedad, por lo cual debemos ampliar el término de funcionamiento del fideicomiso, castigar a los culpables de este quebranto y buscar los mecanismos que nos permitan proteger y dar seguridad al ahorro popular; no debemos olvidarnos que todos estos ahorros e inversiones se encuentran en manos de autoridades del orden penal y civil, o en manos de los defraudadores, y todos ellos deben ser recuperados y con estas acciones devolver la confianza y credibilidad a todos los ahorradores del país en sus autoridades e instituciones, fortaleciendo así el sistema de ahorro popular.
Estas reacciones sociales motivaron al Congreso de la Unión a promulgar reformas a la Ley del Fideicomiso-Pago que fueron publicadas en el Diario Oficial el día 30 de diciembre de 2002.
Es importante hacer notar que el espíritu de la Ley es rescatar a los ahorradores, no castigarlos, porque en su momento los directivos que manejaron estas sociedades, ya sea por ignorancia o por mala fe, omitieron el cumplimiento de algunas disposiciones que se encuentran en las legislaciones de la materia, en tal caso estas omisiones deberán ser motivo para castigar a los directivos que cometieron las omisiones o los delitos, no así a los ahorradores.
Es importante señalar que algunas de estas reformas hicieron inoperante el cumplimiento de este fideicomiso, porque estableció algunos candados, que si bien eran obligaciones de los directivos de estas sociedades, está visto que en la práctica no se llevaron a cabo, tal es el caso del artículo 38-P de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, impuesto en los artículos séptimo y octavo, cuyo mandato no se observó, razón por la cual debe ser retirado del cuerpo de la Ley para que se pueda dar cumplimiento con el espíritu de la Ley en comento, que es rescatar al mayor número de ahorradores.
Es necesario también simplificar los requisitos que impone esta ley, para evitar que en su interpretación se confundan las obligaciones que en un momento dado hubieren tenido los directivos de dichas sociedades y que, por consiguiente, por la omisión en el cumplimiento de estas obligaciones, complique o impida el cumplimiento de ellos por parte de los ahorradores; repito, no es de justicia castigar a los ahorradores por el incumplimiento de los directivos en las obligaciones que les impone la ley, tal es el caso del artículos octavo transitorio.
También es importante recordar la responsabilidad compartida que tienen los diferentes niveles de gobierno y no se vale que se deje discrecionalmente a los Estados si participan o no con fondos en el rescate; hay que recordar que el artículo 25 Constitucional le da la obligación de regular y vigilar el buen funcionamiento de estas sociedades, que se dedicaban a actividades económicas; esta responsabilidad no cumplida por los gobiernos debe dar la obligación a los mismos de participar en el rescate en forma obligatoria, para evitar que estos traten de evadir su responsabilidad, y retrasen con su negativa la solución a este problema social, que si bien es cierto que los Estados operan con partidas establecidas y aprobadas por el Gobierno Federal, éstos deben hacer un esfuerzo para que se dé la solución y buscar de alguna forma que los fondos que se recuperen en los diferentes procedimientos que implementen los Gobiernos, que el Gobierno del Estado sea preferente en la recuperación de sus fondos y aportaciones.
Por los razonamientos anteriores se deben implementar partidas presupuestales por parte del Gobierno Federal en el ejercicio de varios años para que sean ejercidos hasta su totalidad y en la medida de montos ascendentes hasta agotar el presupuesto del año que se este ejerciendo y en el tope o rango al que se llegue deberá comenzar el presupuesto del año que siga, y así, hasta dar cumplimiento a todos los ahorradores.
Asimismo, debe dársele la obligación al Comité Técnico del Fideicomiso-Pago para que realice los señalamientos que puedan adecuar la Ley para que tenga la fluidez que se requiere, y no que permanezca estático protegiendo los candados que impiden a las sociedades ingresar al Fideicomiso-Pago.
Cabe mencionar que el artículo seis de la ley en comento, en la fracción XIV, les da la facultad de proponer las modificaciones que se pretenda realizar al fideicomiso, es importante señalar que esas facultades no deben ser discrecionales, sino de carácter obligatorio, ya que el espíritu de la Ley es rescatar, y no retener el buen funcionamiento del Fideicomiso, y es lógico pensar que los funcionarios que lo hacen operativo estén en conocimiento de todos aquellos puntos que friccionan e impiden que se cumpla con la finalidad del rescate.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente
Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7, fracción I; 8, fracción I, y los artículos transitorios segundo, tercero y octavo de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 7.- ...
Segundo. El periodo durante el cual operará el fideicomiso y que está referido en el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la presente ley, se prorrogará hasta el año 2006 y cuando se extinga su patrimonio sin haber resuelto el total del problema social de ahorradores el Gobierno Federal considerará una partida emergente que sea suficiente para dar solución al total de los ahorradores beneficiados por la presente ley.
Tercero. En el caso de las aportaciones del Gobierno Federal a que se refiere el artículo 5 de esta ley, la cantidad en dinero de las aportaciones efectuadas por el Gobierno Federal en los ejercicios fiscales 2002 y 2003 deberán trasladarse al ejercicio fiscal del 2004. Asimismo se deberá crear una partida complementaria de 500 millones de pesos a efecto de que el fideicomiso cumpla en forma adecuada desde el punto de vista económico con el apoyo que se debe otorgar a los ahorradores de las diferentes cajas populares y sociedades de inversión que están pendientes del rescate económico por parte del Fideicomiso-Pago en cuestión.
Octavo. ...
b) Las sociedades en cuestión deberán haberse sometido a los trabajos de auditoría contable a que se refiere esta ley antes del 1 de junio del 2003, y como consecuencia de dichos trabajos comprobar su insolvencia; dicha insolvencia también podrá acreditarse, en virtud de encontrarse sujetas a un procedimiento de quiebra o a un proceso de concurso mercantil, iniciado con anterioridad al término del Fideicomiso-Pago en cualquiera de los supuestos señalados por esta ley.
c) Los ahorradores de dichas sociedades deberán haber sido reconocidos como acreedores de las mismas en el procedimiento de quiebra o concurso mercantil respectivo o, en su caso, encontrarse identificados de conformidad con los trabajos de auditoría en los que se tomarán en cuenta las pruebas ofrecidas y admitidas dentro de los procedimientos derivados de las denuncias penales que se consideraran como documentos idóneos para ser sujetos al beneficio de la presente ley.
d) Los ahorradores deberán haber presentado las denuncias penales correspondientes en contra de los accionistas, administradores y/o aquellas personas que tengan a su cargo funciones de dirección, administración, fiscalización y vigilancia de las mencionadas sociedades, siendo responsables solidarios tanto la sociedad como sus accionistas, administradores, personas con facultades de dirección, fiscalización y vigilancia cuando a nombre de la sociedad o por sí hayan llevado a cabo actividades señaladas en el inciso a) dentro del domicilio social de la sociedades consideradas dentro de este artículo, así como que en forma dolosa y maquinada hayan llevado a cabo actividades ilícitas de carácter civil, mercantil y penal en detrimento de ahorradores o inversionistas.
e) ...
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil tres.
Dip. Javier Salinas Narváez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Diciembre 9 de 2003.)
Me dirijo a esta soberanía a nombre de las diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados para, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someter a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
A efecto de solicitar que la Junta de Coordinación Política gire las instrucciones correspondientes para que sean atendidas de inmediato las necesidades básicas de accesibilidad para personas con capacidades diferentes en las instalaciones de esta honorable Cámara de Diputados. Ello con fundamento en las siguientes
Consideraciones
Primero. Que desde años anteriores el gobierno mexicano ha adoptado una política para la atención a las personas con discapacidad con la finalidad de promover en la sociedad una cultura de integración de las personas con capacidades diferentes. En tal sentido, derivado de la necesidad de tener en cualquier lugar y momento espacios que sean accesibles para todos, la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para las Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República emitió un manual con las recomendaciones de accesibilidad que se deben considerar en la construcción de ciudades e inmuebles.
Segundo. Que la accesibilidad otorga seguridad y comodidad en el uso de espacios y servicios que son utilizados en el trabajo, la escuela, lugares públicos e inclusive el hogar y, más allá de éstas especificaciones, la accesibilidad de un inmueble o de una calle se logra comprendiendo que las personas tienen características distintas y ello no las exime del derecho que tienen a un desarrollo pleno, por lo cual nadie debe quedar excluido del acceso a entornos arquitectónicos y urbanos.
Ejemplo de lo anterior es el trabajo actual de la Secretaría de Economía respecto del proyecto para establecer una norma de accesibilidad de las personas con discapacidad, así como la Comisión de Avalúo, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, quien habrá de publicar en el Diario Oficial de la Federación a la brevedad los lineamientos de accesibilidad de las personas con discapacidad a inmuebles federales.
Tercero. Que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, aproximadamente el 2.3 por ciento de la población total del país padece algún tipo de discapacidad, misma que requiere urgentemente los elementos básicos para acceder a todo tipo de lugares e integrarse plenamente a la sociedad sin menoscabo de su propia integridad. Más aún, que este Recinto Legislativo es visitado frecuentemente por un gran número de ciudadanos y grupos de la sociedad civil quienes demandan constantemente mayor accesibilidad, al igual que las personas con discapacidad que laboran diariamente en estas instalaciones.
Cuarto. Que toda vez que estas instalaciones no cubren plenamente las recomendaciones y normas de accesibilidad, es necesario conscientizar a los diputadas y diputados integrantes de esta LIX Legislatura sobre la importancia de contar con espacios dignos y habitables para cada ciudadano, no únicamente en este Recinto Legislativo, sino también en todo el país, independientemente de sus características físicas, sociales o económicas.
Quinto. Que es del conocimiento de todos que este honorable Congreso de la Unión siempre se ha sensibilizado hacia los grupos más desprotegidos de la sociedad, como son los grupos vulnerables. Por tanto, es necesario "comenzar por nuestra casa", siendo un tema prioritario que este recinto sea accesible para todos desde su entrada principal hasta el Pleno.
Sexto. Que en diversas ocasiones, se ha solicitado a esta Cámara los planos de construcción de las instalaciones para discapacitados, incluyendo la rampa recientemente construida en el salón de sesiones, y a la fecha no tenemos una respuesta satisfactoria, comprobando así que no existen dichos diseños. Por tanto, es necesario que esta honorable Cámara cuente con los diseños arquitectónicos de la construcción de sus instalaciones para discapacitados con la finalidad de verificar y proponer en su momento las modificaciones pertinentes.
Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se dé cumplimiento a las normas y recomendaciones de accesibilidad en las instalaciones de este recinto legislativo, a fin de atender las necesidades de acceso de las personas con capacidades diferentes.
Solicitamos, señor presidente, que esta proposición sea considerada de obvia y urgente resolución.
Diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados: Magdalena Adriana González Furlong (rúbrica), Virginia Yleana Baeza Estrella (rúbrica), Manuel González Reyes (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Alfonso Moreno Morán (rúbrica), Evangelina Pérez Zaragoza (rúbrica), Homero Ríos Murrieta (rúbrica), Martha Leticia Rivera Cisneros, Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Patricia Elisa Durán Reveles (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica), Concepción Cruz García (rúbrica), María Viola Corella Manzanilla (rúbrica), J. Irene Alvarez Ramos (rúbrica), Jorge Roberto Ruiz Esparza Orduña (rúbrica), Pablo Anaya Rivera, Gaspar Avila Rodríguez, Emilio Badillo Ramírez, Francisco Javier Bravo Carbajal, Alvaro Burgos Barrera, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos, Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella, Santiago Cortés Sandoval, José Naranjo Quintana, Omar Ortega Alvarez, Rocío Sánchez Pérez, Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), María Isabel Maya Pineda, José Eduviges Nava Altamirano, Martha Palafox Gutiérrez, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, Benjamín Sagahón Medina, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa.
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Diciembre 9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION A CUMPLIR LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL Y LA NORMA OFICIAL MEXICANA RELATIVA AL SACRIFICIO HUMANITARIO DE ANIMALES DOMESTICOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA JACQUELINE GUADALUPE ARGÜELLES GUZMAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a las Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El maltrato y trato inhumano a que son expuestos los animales al ser sacrificados en los rastros de México es una constante. Como lo corroboran las innumerables denuncias recibidas y notas publicadas en los medios, son pocos los centros de sacrificio de animales y los rastros del país que cuentan con la tecnología moderna y el personal capacitado para realizar el sacrificio humanitario. No obstante, múltiples investigaciones han probado que a un mejor trato y buen manejo de los animales destinados al sacrificio, se provocará menos estrés, menor pérdida de peso y se obtendrá mejor calidad y mayor cantidad de los productos cárnicos resultantes.
Los métodos mecánicos que han sido aprobados1 y que representan un menor sufrimiento para los animales de consumo son los pistoletes de perno oculto o cautivo y los rifles neumáticos. Estos son aparatos que se pueden utilizar en todas las especies de animales de consumo, aún en especies menores, como las ovejas y cabras, pero es indispensable que este uso se apegue a instrucciones precisas para su buen resultado, observando exactamente los lugares y la forma en que se deben de aplicar. Estos métodos son en beneficio de la seguridad del trabajador, del menor sufrimiento de los animales y, sobre todo, del avance técnico de nuestro país, además de resultar una economía positiva en dinero, esfuerzo y tiempo.
Como antecedente a estas omisiones, podemos referirnos al caso de la hacienda El Rosario, en Santa María Xochixtlapilco, Oaxaca, donde, a pesar de que la Regiduría de Salud Pública de la Presidencia Municipal de Huajapan de León, le solicitara el uso del pistolete de perno cautivo para insensibilizar a los animales ahí sacrificados de manera arcaica, se ha hecho caso omiso por parte del particular, incurriendo en faltas a la ley y normas oficiales mexicanas vigentes, específicamente violando la NOM-033-ZOO-1995 en sus apartados 4 y 5.2
También, recordemos la matanza de miles de cabras con el pretexto de preparar el tradicional mole de cadera en la ex hacienda de Balseca en Tehuacán, Puebla, donde después de alimentar por varios días a los animales exclusivamente con nopal, privándolos de agua, son brutalmente asesinados degollándolos con un cuchillo.
Desafortunadamente son muchos los lugares en nuestro país donde prácticas como esta suceden. De acuerdo con expertos, en México, de los 5,000 rastros sólo 150, aproximadamente, utilizan el sistema de insensibilización, hecho beneficiado por los ritos religiosos que prohíben la insensibilización de los animales al ser sacrificados.
La forma más común de matar una res, cerdo o caballo es con un mazo o martillo; el hombre que lo empuña por el mango largo se sitúa por encima del animal e intenta dejarlo inconsciente de un sólo golpe. El mazo tiene que dar en un punto preciso de la cabeza del animal y dado el estado de terror en que éste se encuentra es probable que se mueva. Si la moción del mazo se desvía una fracción, puede atravesarle un ojo o la nariz y tendrá que dar varios golpes antes de dejarlo inconsciente.
El método del machete consiste igualmente en tratar de descabellar al animal, dejándolo paralizado, pero no insensible y generalmente se destazan vivos, o el método de puntilla, consistente en clavar un cuchillo entre el cráneo y la primera vértebra cervical buscando quitar sensibilidad al animal, método que, de no ser bien realizado, solamente hiere al animal que termina sintiendo hasta su último suspiro.
A pesar de que existe la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual contiene el Capítulo de Trato Humanitario y la normatividad correspondiente; frecuentemente esta legislación no es aplicada debidamente, dando lugar al sufrimiento innecesario de los animales en los procesos de manejo, transporte, comercialización y sacrificio; resulta inconcebible que a pesar de contar con las técnicas modernas para sacrificar sin dolor a los animales, la mayor parte de éstos aún sigan siendo sacrificados con métodos rudimentarios y en ocasiones deliberadamente crueles, con consecuencias graves desde el punto de vista ético, sanitario y económico, ya que el trato cruel a los animales repercute en una menor calidad y cantidad de los productos obtenidos, además de que no es justificable provocarles dolor innecesario que fácilmente podría ser evitado.
Esta situación a la vez de alarmarnos nos resulta indignante, toda vez que la ley prevé la obligatoriedad del sacrificio humanitario de animales domésticos y silvestres en todo el territorio nacional y los distintos actores involucrados la han ignorado.
Consideramos que además de la variable humanitaria, la internacionalización de los mercados, que en la actualidad se está dando particularmente en el área ganadera, nos obliga a aumentar la calidad de nuestros productos de origen animal y un requisito que puede potencializar este factor es la modernización de nuestro aparato productivo, donde la modernización de los rastros y mataderos del país representa un papel fundamental para estar al nivel de calidad que exigen los mercados mundiales.
Por todo lo anterior, el grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a hacer cumplir la Ley Federal de Sanidad Animal, que especifica que el sacrificio de animales se hará mediante métodos humanitarios, según lo expuesto en el capítulo III.
Segundo.- Exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que sancione a las personas que contravengan u omitan las Normas Oficiales Mexicanas previstas en la citada ley como lo indica en su artículo 54.
Tercero.- Exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que se hagan respetar en todo el país los métodos de insensibilización y sacrificio de animales de la Norma Oficial Mexicana de Sacrificio Humanitario de Animales Domésticos y Silvestres (NOM-033-ZOO-1995).
Cuarto.- Exhortar al Gobierno Federal a que, mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, instrumente las medidas necesarias para instaurar un sello de garantía de sacrificio humanitario, adicional al de la inspección sanitaria, con lo cual el consumidor pueda estar seguro de que el producto cárnico, proviene de animales que fueron sacrificados con los métodos humanitarios de previa insensibilización.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de diciembre de 2003.
Notas:
1 NOM-033-ZOO-1995.
2 El apartado 4 de la NOM-033-ZOO-1995 establece las
disposiciones generales para la matanza de los animales. Por otra parte,
el apartado 5 de la misma norma se refiere al trato humanitario en el sacrificio
de los animales de abasto.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.
(Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Diciembre 9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL PAQUETE ECONOMICO PARA 2004, PRESENTADA POR EL DIPUTADO PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003
Nuevamente, se nos presentó un paquete económico que privilegia a los ricos y perjudica a los pobres.
Por más vueltas que se le quiera dar, con los dimes y diretes al interior del Ejecutivo federal y de dos partidos políticos, el grueso de la población pagará, en lo fundamental, el costo del presupuesto sin recibir beneficio alguno.
La apuesta del presidente Fox se basa en creer que en 2004 se iniciará una nueva etapa de crecimiento económico mundial que ayudará a que el PIB mexicano crezca en un 3.5 por ciento.
Sin embargo, la propuesta de gasto del Gobierno Federal no corresponde a las expectativas de crecimiento económico. Además es recesivo, porque sufre una caída de 3.3 por ciento en términos reales, en comparación con el de este año. Asimismo, disminuye en uno por ciento en términos reales el gasto social, y el gasto en inversión física en infraestructura se desploma 14.4 por ciento.
Por lo tanto, no existen bases para suponer que la meta de crecimiento que plantea el gobierno de Fox pueda llevarse a cabo. No ha dicho a través de qué otros mecanismos se dará la reactivación y por qué el gasto público no será un instrumento que detone la expansión económica.
Al mismo tiempo, debemos reconocer que algunas fuerzas políticas en el Congreso se han visto entrampadas en la discusión de propuestas impopulares y poco viables para el momento político que vivimos y que no resuelven las necesidades urgentes de la población.
Por lo tanto, cualquier propuesta de reforma fiscal que afecte a los más desvalidos, no pasará.
Con nuestra propuesta alternativa se allana el camino para aumentar los ingresos y dar espacio para que sea la Convención Nacional Hacendaria la que retome la cuestión fiscal.
De esta suerte, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo asume su compromiso con las causas populares y pone en la mesa de discusión, una salida viable de coyuntura, pero responsable para el paquete económico del 2004.
Por supuesto, sabemos que, como toda propuesta, es susceptible de cambios en la búsqueda de consensos que permitan tener la mejor opción para el beneficio del pueblo de México.
Nuestra misión es hacer propuestas que permitan destrabar el impase en el que se encuentra la Cámara de Diputados, pero sobre todo con alternativas que no afecten a la población de menores recursos.
Por ello, proponemos:
Para incrementar los ingresos públicos:
2. Revalorar el precio del petróleo de 20 a 22 dólares por barril, para obtener recursos adicionales por arriba de 12 mil millones de pesos.
3. Una reconsideración del déficit presupuestario a 1.2 por ciento del PIB, que otorgaría ingresos adicionales por 72 mil 291 millones de pesos, que resultarían de un déficit de 0.9 por ciento, adicional al 0.3 planteado por el Ejecutivo federal.
Punto de Acuerdo
Artículo Unico.- Que la H. Cámara de Diputados, a través de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, incluyan dentro de la discusión del paquete económico las propuestas del grupo parlamentario del Partido del Trabajo referentes a ingreso y gasto públicos de este documento.
Diputados: Alejandro González Yánez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; J. Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña, Oscar González Yánez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos.
(Turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. Diciembre 9 de
2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PRACTIQUE UNA REVISION EXHAUSTIVA A LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASIGNADA A PROVIDA EN EL PRESUPUESTO DE 2003, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS GONZALEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DE MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003
El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Considerandos
La Cámara de Diputados, facultada en exclusiva de acuerdo con el artículo 73 de la Constitución General de la República para aprobar el Presupuesto anual de Egresos de la Federación, debe acatar, con mayor rigor que ninguna otra dependencia pública federal, los señalamientos y lineamientos no sólo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal sino, en lo personal, los diputados implicados en funciones de presupuestación deben ceñirse estrictamente a lo que ordenan el artículo 108 de la Constitución y su ley reglamentaria respecto a las responsabilidades de los servidores públicos a fin de respetar estrictamente el principio de legalidad.
Ha sido del conocimiento de la LIX Legislatura, mediante la intervención de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena en la sesión del 11 de noviembre, donde denunció la maniobra consumada por el entonces diputado Luis Pazos en la LVIII Legislatura, que en su carácter de Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública confiesa haber asignado a la asociación Provida la cantidad de 30 millones de pesos, en perjuicio de otros programas también relacionados con la salvación de enfermos de VIH-sida que requerían, igualmente, apoyos urgentes.
Admitir que un presidente de comisión pueda inducir y conseguir que los integrantes de una comisión de la Cámara, ya por omisión, ignorancia u otro interés, desviaran recursos a su arbitrio revocando una decisión de la asamblea plenaria significaría lisa y llanamente abdicar de la responsabilidad que corresponde a toda la Cámara de Diputados respecto a la aprobación específica de cada una de las partidas presupuestales.
Cualquier alteración de esa aprobación, así sea, como fue el caso, que se dispusiera de más recursos para la partida de salud, su reasignación no puede ser discrecional sino atender y acatar los criterios del Presupuesto y no actuar en ejercicio abusivo de las facultades.
En todo caso, se deberían conocer los elementos que indujeran a esa decisión y las medidas de vigilancia, control y rendición de cuentas que se establecieran para que asociaciones particulares manejen fondos públicos, ya que es sabido por el caso de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que la Secretaría de Salud no mide el rendimiento social de sus gastos.
En estas circunstancias y debido a que el licenciado Luis Pazos ahora es director de Banobras, donde también recientemente a su ex director se sorprendió concediéndose préstamos cuantiosos sin intereses y de largo plazo, así como que el susodicho ex diputado tiene como tarea propalar la conveniencia de reducir la participación del Estado en responsabilidades sociales, contradiciéndose con la conducta asumida en su función como Presidente de la citada comisión, resulta ineludible que esta Legislatura audite su función anterior en este Poder de la Unión durante la pasada Legislatura y se fiscalice también su actuación en el cargo que ahora desempeña en la Federación.
La Comisión de Vigilancia, a través de la Auditoría Superior de la Federación de esta Legislatura (artículo 4 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación), debe acometer de inmediato esa revisión, a fin de sentar precedente del ejemplo que debemos dar a cualquier servidor público del país para que se observen los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Es importante que la Cámara de Diputados recobre su prestigio y la confianza del ciudadano por el cumplimiento de la ley en sus actos como representantes de elección.
El señor Pazos ha señalado en comentarios periodísticos que su decisión de reasignación presupuestal fue avalada por los miembros de la comisión de diversos partidos. Será entonces necesario verificar si es sólo uno o varios los responsables del ejercicio arbitrario de facultades o si el delito se cometió por vía de engaño de quienes integraban dicho órgano legislativo.
Por lo expuesto, solicito a esta H. asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de esta Cámara que se practique una revisión exhaustiva a la transferencia presupuestal citada en el Presupuesto de 2003 y se determinen, en su caso, las responsabilidades que corresponden al Presidente de la comisión, a sus integrantes o a ambos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.
Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación. Diciembre 9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LOS GOBERNADORES, A LAS LEGISLATURAS LOCALES Y A LOS AYUNTAMIENTOS A ADECUAR SUS RESPECTIVAS LEGISLACIONES, EXPEDIR LOS ORDENAMIENTOS NECESARIOS E INSTAURAR PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICOS PARA CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARTHA LETICIA RIVERA CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003
Martha Leticia Rivera Cisneros, en su carácter de diputada federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para que los gobiernos estatales y los municipales y las Legislaturas estatales adecuen la legislación existente, expidan los ordenamientos necesarios e instauren las políticas públicas y los programas para dar cumplimiento a lo que disponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos internacionales relacionados con las personas con discapacidad.
La petición se sustenta en las siguientes
Consideraciones
1. Que, en el contexto internacional, se tiene un vasto número de instrumentos relacionados con las personas con discapacidad, entre las cuales se encuentran el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la readaptación profesional y el empleo, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y las Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, por mencionar algunos.
2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 1°:
En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
3. Que otro avance importante de quienes en México trabajan por mejorar las condiciones de la población con discapacidad ha sido la promulgación de leyes locales de integración para las personas con discapacidad en las entidades federativas y se han realizado más de 38 reformas o adiciones de diversas leyes federales.
4. Que, pese a los esfuerzos institucionales que por décadas se han realizado a lo largo y ancho del país, en muchas colonias y comunidades urbanas, rurales e indígenas persisten personas con discapacidad con altos niveles de marginación y pobreza. El aumento poblacional, que ocurre a un ritmo mayor que la capacidad institucional para resolver sus demandas de bienes y servicios de infraestructura social básica, agrava los rezagos de las personas con discapacidad. Esa situación obliga a la búsqueda de opciones para respetar los derechos de las personas con discapacidad y avanzar a un paso más acelerado en la consideración de una sociedad más equitativa e incluyente.
5. Que las estadísticas más conservadoras aportadas por el INEGI en el XII Censo de Población y Vivienda 2000 señalan que en nuestro país hay cerca de 1.8 millones de personas con algún tipo de discapacidad permanente o de largo plazo; de ellas, 813 mil son discapacitados motrices y 467 mil discapacitados visuales, mientras que 289 mil padecen discapacidad intelectual, 281 mil son discapacitados auditivos y el resto padece otro tipo de discapacidades. Sin embargo, datos proporcionados por organizaciones no gubernamentales e inclusive la Organización Mundial de la Salud señalan que en nuestro país existe un universo de personas con algún tipo de discapacidad que representa 10 por ciento de la población.
Avanzar con mayor rapidez en la búsqueda del desarrollo de las personas con discapacidad hace imprescindible que haya mecanismos que fortalezcan la plena equidad en la distribución de factores que permitan a los grupos vulnerables, especialmente los discapacitados, disfrutar de mejores niveles y calidad de vida.
La magnitud de recursos que demanda esa empresa implica conjugar varios aspectos, ente los cuales podemos mencionar los siguientes:
b) Programas y acciones emprendidos por los tres órdenes de gobierno, con la participación de la sociedad civil;
c) Mayor información y participación para que los programas y los recursos sean conocidos y recibidos por las personas con discapacidad y para que ellas mismas quienes participen directamente en la determinación de las prioridades de atención; y
d) Voluntad política de los gobernantes para cumplir la ley y motivar la participación social, así como de los grupos de discapacitados para aportar su tiempo, su trabajo y los recursos a su alcance y participar en los procesos de definición de prioridades y en la ejecución y supervisión de los recursos por distribuir.
Punto de Acuerdo
Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a adecuar su legislación para hacerla congruente y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales relacionados con las personas con discapacidad.
Segundo. La H. Cámara de Diputados invita a los gobiernos estatales y a los municipales para que establezcan programas y presupuestos para la atención y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en especial de las que viven en las zonas más marginadas, principalmente para la atención de la educación, la salud y el deporte, conforme a los criterios de transversalidad, focalización, eficiencia, eficacia, no discriminación y perspectiva de género.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.
Dip. Martha Leticia Rivera Cisneros (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Diciembre 9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A APLICAR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE Y LA NORMA OFICIAL MEXICANA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE UN SITIO DESTINADO A LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MAXIMINO ALEJANDRO FERNANDEZ AVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Marta Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en lo artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
El estado de Tabasco se encuentra ubicado en la región sureste de México, al sur del golfo de México. El municipio de Centro es uno de los 17 que integran el estado de Tabasco. Se localiza en la parte central del estado y abarca una extensión de 1,612 kilómetros cuadrados, representando el 6.5% de la superficie total del estado. Colinda al norte con los municipios de Nacajuca y Centla; al este con Macuspana, Jalapa y Centla; al oeste con Cunduacán, Nacajuca y el estado de Chiapas y al sur con Teapa, Jalapa y Chiapas. Se encuentra ubicado entre los 18°20? y 17°43? de latitud norte y los 92°35? y 93°15? de longitud oeste.1
Los cuerpos de agua que bañan al municipio comprenden en conjunto alrededor de trece mil hectáreas en donde destacan desde luego los ríos Grijalva y sus afluentes, el río Carrizal y varios cuerpos de agua, entre los que sobresalen las lagunas de Las Ilusiones, Sabana Nueva, Ismate Chilapilla, Maluco, El Jaguacte, El Espino y El Corcho, entre otras. La precipitación pluvial en el municipio es de 2,008.2 milímetros.2
De la flora y fauna en el municipio podemos destacar que predomina en el municipio la vegetación asociada a zonas acuáticas, así como la relacionada con selvas y pantanos. De los pocos espacios que muestran ejemplos de la vegetación original sobresale el centro de recreación Yumká,3 ubicado a escasos doce kilómetros de Villahermosa, donde confluyen los diferentes tipos de vegetación de la zona: selva, pastizales y laguna.
El rápido proceso de deforestación derivado del avance de la ganadería, la ampliación de terrenos para la agricultura y la presencia de la actividad petrolera en el municipio, ocasionó que la fauna asociada a los ecosistemas selváticos y de pantanos se haya modificado. Prevalecen, sin embargo, especialmente en áreas naturales protegidas, especies como armadillos, mapaches, iguanas, tlacuaches, zorros, lagartijas, monos, pericos, tortugas, cocodrilos, pejelagartos, garzas y patos entre otras que pueden apreciarse en lugares como el centro recreativo Yumká y el parque museo La Venta.
En cuestión demográfica, la población del municipio alcanzó las 519 mil 873 personas en el año 2001, el 27.52% de la población total del estado de Tabasco en ese año. Por otra parte, la concentración de la población del municipio es de alrededor del 65% en Villahermosa.4
En materia agrícola el municipio de Centro cuenta con una superficie sembrada de más de diez mil hectáreas y alrededor del 60% de esta superficie está dedicada a cultivos de tipo cíclico, fundamentalmente de maíz. En lo que hace a los cultivos perennes, de plantaciones y frutales, el cultivo de mayor presencia es el plátano, aunque también se produce cacao, papaya, chicozapote y mango.
La actividad ganadera es de primera importancia dentro del sector agropecuario del municipio, con 144,550 cabezas de ganado bovino con los que se alcanza una producción de 4,906 toneladas de carne en canal el municipio representa, en el primer caso, 9.28% del volumen del estado; en el segundo caso, 9.38% de la población ganadera del estado y ocupa un cuarto lugar estatal sólo superado por los municipios de Balancán, Macuspana y Tenosique.5
En Villahermosa se concentran la gran mayoría de los establecimientos industriales con que cuenta el estado, básicamente orientados a la industria manufacturera. Destaca en este subsector la industria dedicada a los productos alimenticios y bebidas, la encaminada a los productos derivados del petróleo y los de hule y plásticos, así como la que tiene que ver con los productos de papel, imprentas y editoriales. Estos tres subsectores representan en conjunto el 83% de los empleos y el 94.6% del valor agregado generado en el sector manufacturero.
Villahermosa se caracteriza también por ser el primer prestador de servicios a nivel estatal. Los hoteles de cinco, cuatro y aún los de tres estrellas que existen en el estado se encuentran casi todos en Villahermosa.
Las características señaladas dan una idea de la dinámica del municipio de Centro, Tabasco; de la naturaleza de sus problemas ecológicos, y en especial, de los relacionados con el manejo de los residuos sólidos.
En el municipio se generan alrededor de 900 toneladas de basura al día; de esta cifra, cerca del 70% se produce en la zona de Villaherrnosa, en la que se instaló una planta costosa para el tratamiento de residuos sólidos, la cual sólo funcionó el día que se inauguró, en 1992.
Además de esta situación, no se dispone de la infraestructura necesaria en condiciones optimas de organización y funcionamiento para enfrentar adecuadamente el tratamiento y confinamiento final de los residuos sólidos.
Por una parte, el estado de Tabasco registra tiraderos de basura a cielo abierto en 12 de los 17 municipios, lo que es un indicador de que el manejo de la basura ha sido considerado como un aspecto de escasa relevancia dentro de los problemas ambientales de los municipios. Actualmente los tiraderos de basura se localizan en la periferia de las ciudades, hacia donde se han trasladado los problemas inherentes a la disposición inadecuada de los residuos sólidos (tal es el caso del municipio de Centro, Tabasco).
Con base en la media nacional, se estima que Tabasco genera 1,259 toneladas diarias de residuos sólidos municipales, que disponen en parte, y sin ningún tratamiento en los tiraderos existentes.6
Por otra parte, el ayuntamiento de Centro, Tabasco, pretende instalar un sitio destinado a la disposición final de sus residuos sólidos municipales, en el kilómetro 18 de la carretera Villahermosa-Escárcega.
En la zona se encuentra el parque ecológico Yumká, único en su género y se ubicaría en la salida o llegada por carretera de Palenque, Cancún y Mérida, afectando considerablemente la imagen del turista hacia la zona. También existen en la zona casas habitación, universidades, un centro hotelero, un arroyo, y hasta un criadero de venados.
No existe ninguna licencia, concesión o manifestación ante las autoridades municipales, ambientales, de salud ni de obras. El supuesto estudio de impacto ambiental ha sido encargado a la misma empresa que pretende concesionar el servicio del relleno sanitario.
Asimismo, a 15 kilómetros de esta ciudad y a 3 del sitio de disposición final de residuos, se localiza el aeropuerto internacional Capitán Carlos A. Rovirosa, lo cual podría estar en oposición a la norma oficial.7
Existe también un tiradero a cielo abierto en el municipio, el cual podría modificarse a relleno sanitario, sin estos inconvenientes.
Es necesario señalar que la Norma Oficial Mexicana 083-ECOL-1996 establece, entre otras cosas, las especificaciones que deberán tener estos sitios, como lo son: los aspectos generales, aspectos hidrológicos, aspectos geológicos, así como los procedimientos, entre los que destacan: los estudios geológicos y los estudios hidrogeológicos, de los que no se han realizado ni presentado para la utilización de la zona como área de disposición final de residuos.
En este sentido, el ordenamiento ecológico del territorio es lo que la ley señala como el instrumento de política ambiental, cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.8
Independientemente de estarse incumpliendo con la legislación ambiental, no se han considerado en primer término otras alternativas que no pondrían en riesgo al medio ambiente, ni a la viabilidad de otros proyectos productivos que se encuentran en la zona; y segundo, el impacto ambiental sinérgico9 que se produciría en la zona.
Existen otras opciones que resultan mucho más económicas, más equitativas y más respetuosas del medio ambiente y con estricto apego a la normatividad aplicable.
Por todo lo anterior y con fundamento en el artículos 5°, fracciones V, IX, XVIII; 8°, fracción IV; 15, y 16 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; en los artículos 2°, fracción IX; 6°; 26, y 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, es necesario que el Gobierno Federal, el estado de Tabasco y el municipio de Centro, Tabasco, realicen las acciones conducentes que les mandatan los citados ordenamientos; por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aplique lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y en la NOM-083-ECOL-1996, con relación a la construcción de un sitio destinado a la disposición final de residuos sólidos en el municipio de Centro, Tabasco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de diciembre de 2003.
Notas:
1 Cifras y datos obtenidos del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
2 Cifras y datos obtenidos de la página oficial
del municipio de Centro, Tabasco, www.villahermosa.gob.mx.
3 Se localiza rumbo al municipio de Macuspana,
casi a un costado del aeropuerto de Villahermosa y a escasos 16 kilómetros
de la ciudad en una superficie de 101 hectáreas, donde se combinan
espacios de selva, de sabana y de laguna y también animales propios
de esta vegetación.
4 Cifras y datos obtenidos del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
5 Cifras y datos obtenidos de la página oficial
del gobierno del estado, www.tabasco.gob.mx
6 Cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
7 Inciso a) del numeral 3.2.1.1.1 de la NOM-083-ECOL-1996.
8 Artículo 3 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA).
9 Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la
presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental
mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Diciembre 9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL SOBRE LA REFORMA Y MODERNIZACION DE LAS INSTITUCIONES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS E. MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003
Los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a asumir un mayor compromiso con la reforma y modernización de las instituciones de la Administración Pública Federal, con base en las siguientes
Consideraciones
Hemos pasado de la concentración del poder presidencial a la concentración sectorial del poder; es decir, a la dispersión del poder en cotos en la administración pública y cotos de poder en cada uno de los estados de la República, cuando la sociedad mexicana exigía la acotación del poder presidencial: federalismo auténtico.
La sociedad mexicana esperaba y espera un Poder Ejecutivo federal unido, con rumbo, acotado, pero eficiente. No podremos tenerlo en la medida que sigan manteniéndose las mismas instituciones creadas en otro contexto y con otro propósito.
Ahora que la alternancia abre las vías de un ejercicio democrático del Poder Ejecutivo, no se comprende el empeño de preservar la misma estructura de control político que caracterizó el viejo régimen.
El Gobierno Federal sigue trabajando con las mismas instituciones, leyes y prácticas que predominaron en los gobiernos anteriores, cuando el poder se ejercía verticalmente, de manera autoritaria.
Por ello creo que, más que aducir falta de reformas para explicar los escasos resultados, lo que debe hacer el Ejecutivo federal, entre otros pendientes, es llevar a cabo una profunda reforma del gobierno, una reforma integral en la Administración Pública Federal, una reforma que transforme el entramado institucional y que responda a las nuevas condiciones políticas y necesidades del país.
Para realizar esas reformas hacen falta sólo visión, voluntad y decisión política. Si así lo decide el Presidente, tiene tiempo para hacerlo, de manera que él mismo pueda trabajar con nuevas reglas e instituciones.
México requiere instituciones modernas, no orientadas al paternalismo ni al clientelismo, no proveedoras de programas asistenciales, no concebidas para la concentración del poder; instituciones fuertes, unidas en los propósitos, acreditadas ante la ciudadanía, coordinadas, flexibles y eficaces.
Tres años son una gran oportunidad para realizar aportaciones sustanciales a la transformación de México. Al hacerlo, tanto el Ejecutivo federal como el Legislativo, desde nuestros respectivos ámbitos de competencia, contribuiremos a consolidar la democracia y al bienestar, al progreso y a la certidumbre de los mexicanos.
Por lo expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia propone a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a asumir un serio compromiso con la reforma y modernización de las Instituciones de la Administración Pública Federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.
Diputados: Jesús E. Martínez Alvarez (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jesús P. González Schmal, Juan Fernando Perdomo Bueno.
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Diciembre 9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A INICIAR CON LA MAYOR BREVEDAD LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE TEPATITLAN, JALISCO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAMON GONZALEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003
El suscrito, Ramón González González, diputado federal jalisciense, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar que se turne a las Comisiones Unidas de Salud, y Seguridad Social de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a iniciar con la mayor brevedad los trabajos de construcción (reposición de las instalaciones) del Hospital General de Zona (HGZ) 21, con sede en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para lo cual se formulan las siguientes
Consideraciones
Primera. El artículo 4° constitucional consagra el derecho a la salud de todos los mexicanos, por lo que esta soberanía de manera particular debe trabajar y vigilar para que este derecho sea garantizado.
Segunda. Que el HGZ 21 y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 168 del IMSS, localizados en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, han brindado atención a la comunidad alteña, que abarca los municipios de Acatic, Yahualica de González Gallo, Mexticacan, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, San Miguel el Alto, Arandas, Jesús María, Jalostotitlán, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, San Julián, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría y Teocaltiche.
Tercera. Que a la fecha la capacidad de atención de dichas unidades se encuentra rebasada, toda vez que a octubre la Subdelegación del IMSS con sede en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tenía registrados 76,289 asegurados, quienes contaban con 145,080 beneficiarios, haciendo un total de 221,369 personas con cobertura.
Cuarta. Que, con motivo de los fenómenos meteorológicos que acontecieron en septiembre último en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y de manera especial en la cabecera municipal, resultaron severamente dañadas dichas instalaciones, por lo que desde el 5 de septiembre fueron desalojadas.
Quinta. Que, de acuerdo con los dictámenes que emitieron las autoridades municipales competentes en la materia, se determinó que las instalaciones del HGZ 21 sufrieron daños de tal magnitud, que tornaban inviable su reparación, por lo que debería considerarse con lo que técnicamente se denomina "pérdida total".
Sexta. Que asimismo se emitió dictamen en que se considera la zona donde se encuentra dicho hospital, a escasos 10 metros del margen del río Tepatitlán, zona de alto riesgo y -por tanto- inadecuada para la instalación del nosocomio.
Séptima. Que desde el 5 de septiembre el personal del HGZ 21 y el de la UMF 168 laboran en el exilio; reubicados en diversos lugares de la ciudad. Respecto a las actividades propias del hospital, han tratado de continuarlas de la mejor manera posible en las instalaciones del Hospital Regional de Tepatitlán de la Secretaría de Salud del estado.
Octava. Que la capacidad de ambas dependencias se encontraba rebasada desde antes de las inundaciones, por lo que es inenarrable, ahora que no cuentan con las instalaciones propias, la problemática por la que pasan el personal que ahí labora y los derechohabientes que se ven en la necesidad de ocurrir a sus servicios.
Novena. Al parecer, la ubicación y las condiciones de la UMF 168 ha permitido que se trabaje en ella y que se vaya a reinaugurar, a mediados del presente mes. Ello será un paliativo que vendrá bien a quienes requieran sus servicios. Sin embargo, su capacidad ya estaba rebasada y requería instalaciones que respondan a las necesidades crecientes de la población.
Décima. La suerte del HGZ 21 no fue la misma: las ruinas que quedaron no permiten ni hacen costeable su reparación. Los dictámenes que emitió la autoridad municipal son contundentes: pérdida total y, además, la zona se clasifica de alto riesgo, ya que se ubica a escasos 10 metros del margen del río Tepatitlán, por lo que no se permitiría la construcción de nuevas instalaciones en el mismo lugar.
Undécima. Pese a lo anterior, aún no existe proyecto para construir y reubicar dicho hospital ni, desde luego, para adecuarlo a las necesidades de la zona. Se ignora el futuro inmediato ya que, de seguir en las actuales condiciones, esto es, de una gravedad tal que ninguna de las partes tendría la capacidad de soportarlo por mucho tiempo: trabajadores del IMSS, derechohabientes y patrones.
Duodécima. Sabemos que, por norma, hay una póliza que cubre las instalaciones del Seguro Social, por lo que resulta evidente que éste la cobró o va a cobrarla. Es urgente que esos recursos, más los adicionales que aporte el Instituto, se destinen de manera inmediata a la construcción de un hospital digno y acorde con las necesidades actuales de la región.
Por las razones expuestas, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorte al IMSS a iniciar con la mayor brevedad los trabajos de construcción (reposición) de las instalaciones del Hospital General de Zona 21 con sede en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, destruidas por las inundaciones ocurridas en septiembre último.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de diciembre de 2003.
Dip. Ramón González González (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social,
y de Salud. Diciembre 9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE TURISMO A CUMPLIR LOS CONVENIOS CELEBRADOS DESDE 1992 CON EL ESTADO DE QUINTANA ROO Y EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, ASI COMO A PROPORCIONAR LA INFORMACION RELATIVA A SU OBSERVANCIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO AGUNDIS ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Turismo la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En 1976 el territorio de Quintana Roo se constituye en estado federado, teniendo el desarrollo turístico de Cancún un avance importante. Respecto al municipio de Benito Juárez, es importante hacer notar que las once administraciones municipales (de 1975 a 2002) fueron de origen priísta, al igual que, hasta el año 2000, el Gobierno Federal.
El proyecto Cancún se autorizó en 1969 y se inició en enero de 1970, cuando arribaron los primeros técnicos de Infratur. Los objetivos iniciales fueron abrir un camino de Puerto Juárez a la isla, diseñar el plan maestro de desarrollo y construir una aeropista provisional, ubicada en la zona urbana, haciendo coincidir la pista con una vialidad que terminaría convirtiéndose en la actual avenida Kabah, frente al parque ecológico.
Las pautas básicas de este plan maestro fueron tres: 1) la construcción de una zona turística, sin áreas residenciales permanentes, bajo el concepto de corredor turístico (dada la característica del terreno), con instalaciones hoteleras, centros comerciales, campos de golf y marinas; 2) la construcción de una zona habitacional para los residentes permanentes. Es decir, una ciudad integral, en la parte norte de la reserva territorial, con áreas residenciales y comerciales, vialidades, edificios públicos, escuelas, hospitales y mercados; y 3) la construcción de un aeropuerto internacional, a un costado del tramo carretero Cancún-Tulum (en ese entonces en construcción), en el macizo continental, al sur de la isla.
En 1974, se fusionaron Infratur y Fogatur para formar el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur). Debido a la importancia que tiene el turismo para México y dada la necesidad de coordinar en forma efectiva los esfuerzos encaminados a su desarrollo integral, el Gobierno Federal, por Ley del 29 de diciembre de 1973, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1974, creó el "Fondo Nacional de Fomento al Turismo", como un fideicomiso público, entidad paraestatal, cuyo patrimonio fue entregado en fideicomiso a Nacional Financiera, SA, (actualmente SNC), mediante contrato celebrado al efecto con fecha 29 de marzo de 1974. Dicho contrato fue modificado totalmente en los términos del convenio celebrado el 30 de junio de 2000.
De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y con el acuerdo por el que las entidades de la administración pública paraestatal se agrupan por sectores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1977, corresponde a la Secretaría de Turismo ser la responsable de coordinar el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), lo que comúnmente se denomina "cabeza de sector".
Es el caso en que presuntamente el Gobierno Federal exige al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, el pago de por lo menos 650 millones de pesos por obras de infraestructura, operación, conservación y mantenimiento de los servicios públicos, cuya responsabilidad, según la demandante, recae en la autoridad local.
Al parecer, la acción interpuesta ante un juez de distrito por Fonatur, a través de sus representantes jurídicos, demanda la restitución o el pago al municipio de Benito Juárez de las cantidades invertidas desde 1992, que suman 651 millones 467 mil 583 pesos, sin contar otras cifras que se generarían en rubros que no se contabilizaron con precisión. Por los conceptos de obras de infraestructura efectuadas por el fideicomiso; así como operación, conservación y mantenimiento de los servicios públicos, se exige cubrir de 579 millones 533 mil 672 pesos distribuidos en 36 acciones realizadas desde hace 11 años.
Sin embargo, se tiene conocimiento de la existencia de un convenio de intención del 27 de septiembre de 1996, firmado por el entonces presidente municipal Rafael Lara y por Fonatur, en el cual se le da a esta instancia federal, en vía de compensación por la no recepción de las obras consistentes en plantas de tratamiento y otros servicios públicos responsabilidad del municipio, el no pago de impuestos respecto de bienes inmuebles de su propiedad. Por su parte, el municipio de Benito Juárez reclama una serie de adeudos que dice que tiene Fonatur, por pago de impuestos provenientes de los predios que esta instancia tiene en Cancún.
Resulta tendencioso que un problema que data desde 1992 se ventile hasta la presente fecha ante las autoridades judiciales. Lo cual parece resultado más que de una diferencia administrativa o de un incumplimiento de obligaciones; de una presión política, consecuencia de la coexistencia de un gobierno federal, un gobierno estatal y un gobierno municipal, de distinto origen partidista.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Turismo a cumplir lo estipulado en los convenios que, desde 1992 a la fecha, ha celebrado en nombre propio y/o por conducto del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), con el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como con el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Asimismo remita a esta Soberanía un informe pormenorizado de dichos convenios y de las controversias judiciales, existentes, entre el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) y el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de diciembre de 2003.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.
(Turnada a la Comisión de Turismo. Diciembre 9
de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION REVISE FONDOS DE ORIGEN FEDERAL QUE BENEFICIAN A PARTICULARES DE OAXACA QUE REALIZAN OPERACIONES CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL DE LA REPUBLICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS PORFIRIO GONZALEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003
Los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. La ley de Fiscalización Superior de la Federación señala en la fracción VI del artículo segundo que las entidades fiscalizadas a cargo de la Auditoría Superior de la Federación son los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y los municipios que ejerzan recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.
2. El artículo 16 de la ley mencionada señala que, para revisar y fiscalizar la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tiene, entre otras, la atribución de requerir, en su caso, a terceros que hubieran contratado bienes o servicios mediante cualquier título legal con los Poderes de la Unión y entes públicos federales y, en general, a cualquier entidad o persona pública o privada que haya ejercido recursos públicos la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de la Cuenta Pública, a efecto de realizar las compulsas correspondientes.
3. Además, la Auditoría Superior de Fiscalización tiene la facultad de fiscalizar los subsidios que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales hayan otorgado, con cargo a su presupuesto, a entidades federativas, particulares y, en general, a cualquier entidad pública o privada, cuales sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado.
4. La empresas Grupo Corporativo Gurrión, SA de CV; Hospital Sinaí, SA de CV; Impulsora del Istmo, SA de CV; y Dos Océanos, SA de CV, han realizado obras mediante "licitaciones" o "asignaciones" con recursos federales.
5. La transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos ya deben ser consustanciales a nuestra naciente democracia. No podemos ni debemos poner en tela de juicio el marco legal que obliga a todas las entidades públicas y a los particulares que manejan recursos públicos a entregar la debida información para la práctica de revisiones que por ley tiene que realizar la Auditoría Superior de Fiscalización.
Por lo expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia propone a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que, con base en los artículos 2o., fracción VI, a 16, fracciones IX y XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación practique revisiones a las empresas mencionadas por lo que se refiere a los fondos públicos federales que han manejado en Oaxaca.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.
Diputados: Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno.
(Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación. Diciembre 9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS SECRETARIAS DE ENERGIA, DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y DE LA FUNCION PUBLICA; A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA; Y A PETROLEOS MEXICANOS A REALIZAR, DENTRO DE SUS COMPETENCIAS, LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONTRARRESTAR Y DISMINUIR EL ROBO Y EL TRAFICO ILICITO DE COMBUSTIBLE EN EL PAIS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino A. Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Energía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Aunado a la difícil situación que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex) por falta de recursos suficientes, el robo y tráfico de combustible es un problema que aumenta cada día y que a pesar de las medidas adoptadas no parece disminuir de manera significativa a corto plazo.
Los registros de Pemex Refinación respecto a robos en ductos, más lo que sustraen en carreteras, terminales, vehículos y adulteraciones; equivalen a 9 mil millones de pesos al año.1
El robo de combustibles a Petróleos Mexicanos es un problema arraigado a lo largo de toda la República. Estados como Nuevo León, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Baja California, Veracruz, Hidalgo, Tabasco y Yucatán registran un alto índice delictivo en esta materia, tan sólo en Yucatán el 40% del combustible que se vende en esta entidad proviene de esta practica ilícita.2
De acuerdo con información de Pemex, el mercado ilícito de combustible se abastece de tres fuentes definidas como tomas clandestinas, robo a instalaciones de la paraestatal e importación ilegal o contrabando de productos desde Estados Unidos y Belice, que se utilizan para adulterar los combustibles y que son distribuidos en estaciones de servicio y expendios clandestinos.3
Esta importación ilegal o contrabando de combustible en cierta medida es ocasionada por la diferencia de precios de la gasolina y el diesel entre México y Estados Unidos en su zona fronteriza,4 ocurriendo lo mismo en la zona franca de Belice, ya que, se ofrece a los consumidores la libertad de adquirir cualquier cantidad de productos libres de impuestos locales y aranceles internacionales.
Esta situación, si bien propicia la compra de gasolina o diesel en los expendios establecidos en las fronteras con ambos países en aras de un beneficio económico para el consumidor mexicano, también lleva a cometer actos de corrupción y de contrabando de estos combustibles para su venta clandestina en territorio nacional, afectando la economía del país e incluso afectar la seguridad de la población.
La diferencia de precios es motivo también de la sustracción ilegal de dichos combustibles de los ductos Pemex para su expendio de manera clandestina en el país. No hay que olvidar que la venta clandestina de gasolina y diesel va asociada por lo general a la práctica del contrabando y el robo de estos combustibles.
La homologación de los precios de la gasolina y el diesel mexicanos con los establecidos en el mercado estadounidense, por ejemplo, ayudaría a eliminar, en cierta medida, los incentivos para su venta ilegal.
Sin duda el robo y la adulteración de gasolina y diesel de las redes de distribución de Pemex constituye un delito grave del fuero federal, que ha alcanzado, hoy en día, dimensiones similares al del narcotráfico y el crimen organizado.
Puesto que en el artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo reserva a la nación el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación, en las leyes mexicanas existen ya diversas disposiciones para hacer frente al contrabando y el robo de combustibles para su venta clandestina en nuestro país, al considerarse estas actividades como delictivas.
En el Código Penal de la Federación, en su artículo 368 quáter, el robo de combustibles es tipificado como delito:
En su artículo 105 establece que será sancionado con las mismas penas de contrabando quien adquiera mercancía extranjera y la enajene o comercie con ella sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país.
Luego tenemos que tanto el delito de robo como el de contrabando de combustibles son de orden federal. En consecuencia, incumbe al Ministerio Público de la Federación su persecución ante los tribunales (artículo 102 constitucional, apartado A).
Asimismo, la fracción XII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establece como atribución de la SHCP: "Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera".
Sabemos que en lo que va del año, Pemex pudo reducir hasta en un 38% el numero de robos a los ductos en todo el país.5
Aun así, las pérdidas que Pemex Refinación registra por la venta en el mercado negro del combustible sustraído, siguen siendo altas, a pesar de las medidas adoptadas por autoridades correspondientes y de las regulaciones ya existentes. Por lo que en una búsqueda para erradicar la corrupción en la dependencia se han establecido medidas, tales como la reingeniería de los procesos de adquisición, planeación y contratación, los cuales ya no se manejarán manualmente, sino mediante tecnología de punta; controlando el suministro de combustibles en forma automática, mediante sistemas de comunicación electrónica y satelital, con el objetivo de evitar totalmente el robo y venta clandestina de hidrocarburos.6
Sin embargo, aun falta mucho por hacer, no resultan suficientes los planes a largo plazo y las investigaciones no arrojan resultados inmediatos que ayuden a contrarrestar este acto delictivo que ha incrementado el mercado negro de gasolina en México en un 50 por ciento en los últimos 5 años,7 y que representa grandes perdidas para la nación. Tan sólo en el poliducto Monclova-Santa Catarina se robaron 32 mil litros de gasolina premium en el mes de octubre,9 cifra que nos reafirma el largo camino que aún falta por recorrerse en el combate y prevención de este delito federal.
Asimismo, hemos constatado que el derrame de combustibles ocasionado por el robo a ductos de Pemex ha traído peores consecuencias consigo para la seguridad de la población, basta con recordar lo ocurrido en Tala, Jalisco. Si bien es cierto no hubo pérdidas humanas que lamentar, el robo o intento de robo de combustible es una práctica que se ha venido presentando desde hace tiempo en todo el país y pareciera que a nadie le importa.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Exhortamos a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos para que realice una auditoría en las áreas responsables del almacenamiento y distribución de combustibles a fin de evaluar los índices de pérdida por fugas y evaporación, y detectar las posibles extracciones ilegales a los ductos y almacenes de Pemex. Pues esta es considerada una de las primeras etapas para el robo de combustible, y lo haga del conocimiento a las autoridades federales respectivas en caso de presumir del delito de robo o de venta clandestina de combustibles.
Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública (contraloría) para que agoten las investigaciones correspondientes de las averiguaciones previas en trámite para fincar la responsabilidad a quien resulte culpable de tal delito.
Tercero.- Se Exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ejercer un estricto control en las aduanas de las fronteras norte y sur, a fin de contrarrestar la entrada ilegal de combustible proveniente de Estados Unidos y Belice, con el propósito de denunciar ante el Ministerio Público Federal el delito de contrabando de gasolina y diesel que sea detectado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de diciembre de 2003.
Notas:
1 Según reconoció Juan Bueno Torio, director
de Pemex Refinación, en entrevista del 29 de septiembre de 2003,
ante reporteros de la revista Mural. www.mural.com/negocios/articulo/305863/.
2 Martín Morita. Investigación del periódico
Reforma.
Junio 2003.
3 Según reconoció Emilio Loret de Mola
Gomory, representante de la Organización Nacional de Expendedores
de Petróleo en Yucatán, ante reporteros del periódico
Reforma
en junio de 2003.
4 Por ejemplo, "el precio de la gasolina desde Tijuana
hasta Matamoros llega a ser de 25 a 35 por ciento más caro que en
la Unión Americana" (El Financiero, 6 de mayo de 2002, p.
29).
5 Boletín de prensa No. 211. Pemex. 25 de agosto
de 2003. www.pemex.com.
6 Comunicado de prensa. Pemex Refinación. Octubre
de 2003.
7 Alejandro Gutiérrez, senador del grupo parlamentario
del PRI.
8 Comunicado del Departamento de Seguridad Física
de Petróleos Mexicanos.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Energía. Diciembre
9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION REVISE LOS FONDOS DEL RAMO 33 ASIGNADOS A OAXACA DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2000 A 2002, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003
Los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en los artículos 74 y 79 que la H. Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejercen las entidades federativas, los municipios y los particulares.
2. La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la Cuenta Pública, entre ellos los entes públicos federales y todas las entidades que ejercen recursos públicos.
3. Los recursos del Ramo 33 de aportaciones federales son los recursos que están destinados a las más sentidas necesidades de la población. Están orientados para todos los que nada tienen.
Los recursos del Ramo 33 de aportaciones federales para Oaxaca, quizás el estado de mayor marginación, ascienden a 30 mil millones aproximadamente.
4. La rendición de cuentas de los programas sociales es consustancial a toda democracia. No debemos permitir y dejar la impresión de que los recursos de los programas sociales puedan tener un propósito distinto de aquel a que están destinados.
5. México está construyendo su democracia. En esa tarea participan todos los mexicanos; y uno de los valores de la democracia es la transparencia en el ejercicio del gobierno y en el manejo de los recursos públicos. No habrá democracia en México sin transparencia y rendición de cuentas.
Y, en esta condición, no hay argumento válido para impedir la transparencia, como no lo es desde luego la invocación de la soberanía estatal, que no es ni debe ser una especie de salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
6. La rendición de cuentas debe ser práctica cotidiana en México; incluso, nuestra norma debe ser explícita: si no hay rendición de cuentas, no debe haber más recursos. En el Congreso se hacen las leyes y los primeros obligados a cumplirlas somos los legisladores y los miembros de los otros poderes.
El Poder Legislativo debe ser garante de la legalidad y la transparencia, y la rendición de cuentas es condición fundamental de la democracia.
En Convergencia creemos que sólo luchando por la legalidad y transparencia podremos construir el país que queremos: justo, próspero y demócrata.
Por ello, el grupo parlamentario de Convergencia propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con los artículos 74, fracción IV, y 79 de la Constitución General, así como 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique revisiones a los fondos del Ramo 33 asignados a Oaxaca durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2002.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.
Diputados: Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jesús Porfirio González Schmal, Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación. Diciembre 9 de 2003.)
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, DE SU PRIMERA SESION ORDINARIA, EFECTUADA EL MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2003
Siendo las 12:00 horas del miércoles 29 de octubre de 2003, contando con la presencia de la diputada Adriana González Carrillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante del grupo parlamentario del PAN; diputado Arturo Robles Aguilar, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante del grupo parlamentario del PRI; diputado José Alberto Aguilar Iñárritu, del grupo parlamentario del PRI; diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del PAN; diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, del grupo parlamentario del PRD; diputada Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del PVEM; diputado Sami Gabriel David David, del grupo parlamentario del PRI; diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del PAN; diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del PRD; diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI; diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN; diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del PRD; diputado José Luis Flores Hernández, del grupo parlamentario del PRI; diputado Francisco Javier López Mena, del grupo parlamentario del PAN; diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del PRI; diputado Sergio Penagos García, del grupo parlamentario del PAN; diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del PRI; diputado Carlos Noel Tiscareño, del grupo parlamentario del PAN; y diputado Marco Antonio Torres Hernández, del grupo parlamentario del PRI, se efectuó la declaratoria de quórum y apertura a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.
1. Se dio inicio a la reunión de trabajo con el subsecretario para América de Norte, maestro Gerónimo Gutiérrez Fernández, concediéndose en primer orden el uso de la palabra al subsecretario en comento, haciendo uso de la palabra consecuentemente los siguientes
Diputados: José Alberto Aguilar Iñárritu, del grupo parlamentario del PRI; Francisco Javier Saucedo Pérez, del grupo parlamentario del PRD; Arturo Robles Aguilar, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante del grupo parlamentario de PRI; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante del grupo parlamentario del PAN; María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI; María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del PRD; y Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del PAN.
2. Se procedió a desahogar los asuntos agendados en el orden del día de la siguiente manera:
II. Se dio lectura al proyecto de decreto por el que se autoriza al C. Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 4 al 6 de noviembre de 2003, con motivo de una visita de trabajo que realizará a los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, en Estados Unidos de América.
II.I. Se aprobó por unanimidad el proyecto de decreto por el que se autoriza al C. Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 4 al 6 de noviembre de 2003, con motivo de una visita de trabajo que realizará a los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, en Estados Unidos de América.
II.II. Se circuló a firma el proyecto de decreto por el que se autoriza al C. Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 4 al 6 de noviembre de 2003, con motivo de una visita de trabajo que realizará a los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, en Estados Unidos de América.
III. Se realizó la clausura de la sesión ordinaria.
Asimismo, se discutió la posibilidad de incluir en el orden del día de la sesión del Pleno de la H. Cámara de Diputados del jueves 30 de octubre de 2003 dos puntos de acuerdo relacionados con las políticas que debe tomar México frente a la posición política que ha estado tomando el Presidente de Estados Unidos de América respecto a Cuba, por lo que la diputada Presidenta comunicó a los diputados asistentes que para futuras solicitudes de inscripción de puntos de acuerdo que se hicieran en nombre de la Comisión, se sirvieran los interesados en efectuar dicha solicitud a realizarla a través de los secretarios de la Comisión para sus efectos conducentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2003.
Diputados: Adriana González Carrillo, Presidenta;
Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Carlos M. Jiménez Macías,
Arturo Robles Aguilar, Jorge Martínez Ramos, secretarios (rúbricas).
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, DE SU SEGUNDA SESION ORDINARIA, LLEVADA A CABO EL LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2003
Siendo las 16:30 horas del lunes 10 de noviembre de 2003, contando con la presencia de la diputada Adriana González Carrillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante del grupo parlamentario del PAN; diputado Arturo Robles Aguilar, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante del grupo parlamentario del PRI; diputado Jorge Martínez Ramos, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante del grupo parlamentario del PRD; diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del PAN; diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, del grupo parlamentario del PRD; diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del PRI; diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del PAN; diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del PRD; diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN; diputado Sergio Penagos García, del grupo parlamentario del PAN; diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja, del grupo parlamentario del PAN; diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del PRD; diputada Leticia Gutiérrez Corona, del grupo parlamentario del PRI; diputado Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del PRI; y diputada Marcela González Salas y Petriccioli, del grupo parlamentario del PRD, se efectuó la declaratoria de quórum y apertura a la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.
1. Se dio inicio a la reunión de trabajo con el subsecretario para América Latina y el Caribe, doctor Miguel Hakim Simon, concediéndose en primer orden el uso de la palabra al subsecretario en comento, haciendo uso de la palabra consecuentemente los siguientes
Diputados: Arturo Robles Aguilar, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante del grupo parlamentario del PRI; Jorge Martínez Ramos, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante del grupo parlamentario del PRD; Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del PRD; Francisco Javier Saucedo Pérez, del grupo parlamentario del PRD; y María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del PRD.
2. Se procedió a desahogar los asuntos agendados en el orden del día de la siguiente manera:
II. Se dio lectura al proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 15 de noviembre de 2003, con objeto de participar en la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
II.I. Se aprobó por unanimidad el proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 15 de noviembre de 2003, con objeto de participar en la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
II.II. Se circuló a firma el proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 15 de noviembre de 2003, con objeto de participar en la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
III. En asuntos generales, hicieron uso de la palabra para efectuar ciertos comentarios sobre las labores propias de la Comisión la diputada Guadalupe Morales Rubio, la diputada Leticia Gutiérrez Corona, el diputado Juan José García Ochoa y la diputada Presidenta, Adriana González Carrillo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2003.
Diputados: Adriana González Carrillo, Presidenta;
Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Carlos M. Jiménez Macías,
Arturo Robles Aguilar, Jorge Martínez Ramos, secretarios (rúbricas).
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL, DE SU PRIMERA SESION PLENARIA, EFECTUADA MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 2003
En la Ciudad de México, Distrito Federal, en el Palacio Legislativo, siendo las catorce horas con quince minutos del día veintiséis de noviembre del año dos mil tres, en el salón E del restaurante Los Cristales de esta H. Cámara de diputados, previo citatorio que fue hecho llegar a sus integrantes y de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria número 1379 de fecha veinticuatro de noviembre del año en curso, se realizó la primera sesión plenaria de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, bajo el siguiente orden del día:
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum.
Una vez pasada la lista de asistencia, se contó con la presencia de los CC. diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez (Presidente), Francisco Luis Monárrez Rincón (secretario), Alfonso Nava Díaz (secretario), José Juan Bárcenas González (secretario), Humberto Aldaz Hernández, Gaspar Avila Rodríguez, Irene Herminia Blanco Becerra, Felipe de Jesús Díaz González, Luis Andrés Esteva Melchor, Manuel González Reyes, Cruz López Aguilar, José Alfonso Muñoz Muñoz, Daniel Ordóñez Hernández, Javier Orozco Gómez, Arturo Robles Aguilar, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Gerardo Ulloa Pérez
Asimismo se hace constar que los diputados Javier Orozco Gómez y Sonia Rincón Chanona, en su lugar mandaron a un representante. De igual manera se da cuenta del escrito de fecha 26 de noviembre del año en curso, suscrito por la diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz, en el cual se disculpa por su inasistencia a la sesión por causas de fuerza mayor.
Una vez pasada la lista de asistencia y encontrándose presentes dieciséis diputados, en uso de la voz el Presidente de la Comisión menciona que se cuenta con el quórum legal, iniciándose la sesión.
2.- Lectura y aprobación del orden del día.
Una vez puesto a consideración el orden del día, el Presidente de la Comisión menciona si existe algún comentario al respecto o, en su caso, la inclusión de otro punto al orden del día que los diputados deseen que se trate; no habiendo ningún comentario al respecto por parte de los asistentes, se aprueba el orden del día.
3.- Integración y discusión del plan anual de trabajo.
Después de un análisis multilateral de la propuesta del plan anual de trabajo elaborado por la Junta Directiva y con la inclusión de las sugerencias hechas por escrito por los diputados Alfonso Nava Díaz, Javier Orozco Gómez y Gerardo Ulloa Pérez, y las ideas surgidas de las diferentes reuniones realizadas por la Junta Directiva con otros sectores relacionados con el tema, así como la adecuación del plan al marco jurídico vigente, el Presidente de la Comisión, diputado Francisco J. Saucedo Pérez, señala:
Incluir en el programa las uniones de crédito.
Facilitar el acercamiento de relaciones institucionales y de carácter empresarial entre las entidades y empresas sociales, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, los organismos internacionales y las instituciones de educación superior.
Aparte de elaborar leyes, buscar crear condiciones legales que no obstaculicen el desarrollo económico y social.
Consolidar el fomento cooperativo y la economía social, para crear instrumentos que permitan el pleno desarrollo de las empresas con vocación social.
Diseñar programas adecuados para el mejoramiento de la vida económica y social para proponérselos al Ejecutivo, de tal modo que este los desarrolle.
Rehabilitar los fondos de carácter económico para crear programas encaminados al fomento, desarrollo y el mejor desempeño de la actividad cooperativa y social.
Capacitar adecuadamente a la ciudadanía sobre el tema económico y social para conocer con certeza los diferentes programas que implementan los diferentes niveles de gobierno.
El diputado Juan Bárcenas González, secretario de la Comisión, en uso de la voz, abundando en los comentarios hechos por los diputados integrantes de la Comisión, menciona:
La importancia de integrar a la agenda nacional el tema de la economía social.
Buscar la plena coordinación con los tres niveles de gobierno.
Crear puentes de comunicación con el sector cooperativista, los intelectuales y académicos y con los diferentes grupos interesados en el tema.
El relacionado con la coordinación y el establecimiento de un puente entre diferentes instancias del Legislativo con el Ejecutivo y los diferentes niveles de gobierno, y
El relacionado con los diferentes instrumentos de difusión y capacitación.
4.- Integración y definición de subcomisiones.
El Presidente de la Comisión, en uso de la voz, comenta a los presentes que en la carpeta de información que se les hizo llegar al principio de la sesión aparece la propuesta de la integración de tres subcomisiones:
El diputado José Juan Bárcenas González, secretario de la Comisión, en uso de la palabra, menciona la importancia de la integración de estas tres subcomisiones, proponiendo inclusive que en esta misma sesión, si así se considera pertinente, queden debidamente integradas.
El diputado Francisco J. Saucedo Pérez, Presidente de la Comisión, retomando la palabra, menciona que la propuesta del diputado Juan Bárcenas es importante tomarla en cuenta, sin embargo, propone que ya que este punto del orden del día es consecuencia del anterior sería de suma importancia que los diputados integrantes de esta Comisión, analizaran a fondo la viabilidad de la integración de las tres subcomisiones y en una sesión posterior quedaran debidamente integradas, estando de acuerdo los presentes en esta última propuesta.
5.- Propuesta de integración del consejo consultivo de la Comisión.
El presidente de esta Comisión menciona a los diputados asistentes la posibilidad de integrar un consejo consultivo, que tendría como única función el de asesorar los trabajos inherentes a esta Comisión, si así se considera pertinente, aclarando que este consejo consultivo ya ha funcionado con anterioridad, concretamente en las dos Legislaturas que antecedieron a ésta, para lo cual entrega a los presentes un directorio que contiene empresas y organismos representativos del sector social de la economía como posibles candidatos a integrar el consejo consultivo, para que sea valorado por los integrantes de la Comisión y, en su caso, enriquecido con otras propuestas.
Los diputados presentes integrantes de esta Comisión se manifestaron a favor de la creación del consejo consultivo, mencionando a grandes rasgos:
Se comprometieron a analizar el directorio y en su caso
proponer otras opciones.
Que a la brevedad, en sesión plenaria, una vez
revisado el directorio y establecidos los lineamientos de la integración
de este consejo, quede debidamente integrado.
6.- Seguimiento de acuerdos y pendientes.
El diputado Francisco J. Saucedo Pérez, Presidente de la Comisión, en uso de la voz, informa a los presentes que se ha cumplido en tiempo y forma con todos y cada uno de los acuerdos emitidos en las diferentes reuniones con el pleno y la Junta Directiva, entre los cuales se incluyen:
Oficio enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe a esta soberanía todo lo referente al Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (acuerdo reunión Junta Directiva, 5 de noviembre).
Oficio enviado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe la relación de entidades de ahorro y crédito popular que a la fecha se encuentran autorizadas para operar (acuerdo reunión Junta Directiva, 5 de noviembre).
La recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La entrega de un CD a todos los integrantes de la Comisión que contiene toda la información relativa a la conferencia.
7.- Asuntos generales.
El Presidente de la Comisión entrega a los asistentes la minuta de la reunión realizada con la Confederación Alemana de Cooperativas el día 17 de noviembre próximo pasado, asimismo informa que el día 17 de noviembre del año en curso se presentó el libro Las cooperativas en México, del doctor Juan José Rojas Herrera, en este Palacio Legislativo, y por acuerdo de la Junta Directiva en su reunión de fecha 18 de noviembre se hizo llegar a los integrantes de la Comisión un ejemplar del libro en referencia para su lectura, asimismo menciona que a la brevedad posible se hará llegar a cada integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social la minuta de la reunión de trabajo con la Junta Directiva del pasado 18 de noviembre del año 2003.
Finalmente el Presidente de esta Comisión informó a los presentes que el doctor Juan José Rojas Herrera será quien fungirá como secretario técnico de la Comisión.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las dieciséis horas con treinta y cinco minutos de la fecha y año en que se actúa, se declaró finalizada la reunión.
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez (rúbrica)
Presidente
Dip. Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica)
Secretario
Dip. Alfonso Nava Díaz (rúbrica)
Secretario
Dip. José Juan Bárcenas González
(rúbrica)
Secretario
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
5. Análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo presentado
por la diputada Cristina Portillo Ayala, del PRD, el 19 de noviembre de
2003, para que con absoluto respeto a su jurisdicción y competencia,
se exhorte al Supremo Tribunal Militar para que, de confirmar la culpabilidad
del Subteniente Herón Varela Flores en el homicidio del Coronel
Salvador Juárez Villa sustituya la pena de muerte impuesta por la
de prisión que corresponda.
6. Análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de dictamen de la iniciativa de reformas a los artículos
85, 85 bis, 86, 87 y 90 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
presentada por el H. Congreso del estado de Puebla, en sesión celebrada
por la H. Cámara de Diputados el 30 de octubre de 2003.
7. Análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de opinión que la Comisión de Defensa Nacional turna
a la Comisión de Seguridad Social, en relación con la minuta
proyecto de decreto remitida a esta Cámara de Diputados por la Cámara
de Senadores, por el que se reforman los artículos 31 y sexto transitorio
de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
8. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE TURISMO
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Infraestructura Turística y Desarrollo, que se realizará el miércoles 10 de diciembre, a las 9 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco López Mena
Presidente
DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre, a las 10 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
A su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 10 de diciembre, a las 10 horas, en la sala de juntas de la coordinación de Jalisco (edificio C, planta baja).
Atentamente
Dip. José Manuel Carrillo Rubio
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la quinta reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre, a las 10 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
1. Verificación de asistencia.
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su segunda sesión ordinaria, que se efectuará el miércoles 10 de diciembre, a las 11 horas, en el salón Libertadores (edificio H, primer nivel).
Orden del Día
DE LA COMISION DE TURISMO
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Promoción Turística, que se efectuará el miércoles 10 de diciembre, a partir de las 13 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco López Mena
Presidente
DE LA COMISION DE GOBERNACION
A su quinta reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A su quinta reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 10 de diciembre, a las 14 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A su segunda sesión plenaria, que se efectuará el miércoles 10 de diciembre, a las 14:30 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se efectuará el miércoles 10 de diciembre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA
A su reunión plenaria de trabajo con la licenciada Gloria Brasdefer Hernández, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el miércoles 10 de diciembre, a las 17 horas, en el salón Protocolo.
Atentamente
Dip. Jorge Uscanga Escobar
Presidente
 
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión de trabajo, que se realizará el jueves 11 de diciembre, a las 8 horas, en el patio sur.
Atentamente
Dip. Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A su segunda reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre, a las 8:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE TURISMO
A su quinta reunión plenaria, con el director de Fonatur, licenciado John McCarthy Sandland, que se realizará el jueves 11 de diciembre, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PESCA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Obregón Espinosa
Presidente
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su reunión de trabajo con el oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, licenciado Pablo Gómez Domínguez, el jueves 11 de diciembre, a las 15:30 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer piso.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre, a las 16 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGIA, DE ECONOMIA, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre, a las 16:30 horas, en el auditorio norte.
Orden del Día
Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Dip. Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano
Presidente de la Comisión de Energía
Dip. Miguel Ignacio López Villarreal
Presidente de la Comisión de Economía
DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL
A su cuarta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre, a las 18 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el primer nivel del edificio H.
Atentamente
Dip. Miguel Luna Hernández
Presidente