DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, A LA SESION DE CONGRESO GENERAL PARA LA APERTURA DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LVIII LEGISLATURA.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 4, párrafos 1 al 3; 5, párrafo 2; 6 y 23, párrafo 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a las Diputadas y Diputados Federales y a las Senadoras y Senadores de la República, a la Sesión de Congreso General para la apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura, que tendrá lugar el próximo sábado 15 de marzo del año en curso, a las 11:00 horas, en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sito en Avenida Congreso de la Unión, número 66, Colonia El Parque, en esta Ciudad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2003.
Atentamente
Dip. Eric Eber Villanueva Mukul (rúbrica)
Presidente de la Cámara de Diputados
Esta Presidencia hace del conocimiento de la asamblea que
El Grupo Plural de las Cámaras del Congreso de la Unión, para que se entreviste con miembros del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica y del Parlamento de Canadá, con objeto de plantear iniciativas y acuerdos que aseguren el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estará integrado con los siguientes legisladores:
Dip. Beatriz Paredes Rangel (PRI)
Dip. Jesús Burgos Pinto (PRI)
Sen. Esteban Angeles Cerón (PRI)
Dip. Francisco Ortiz Esquivel (PAN)
Sen. Héctor Larios Córdova (PAN)
Dip. Tomás Ríos Bernal (PAN)
Dip. Ramón León Morales (PRD)
Sen. Rutilio Cruz Escandón Cadenas (PRD)
Dip. Julieta Prieto Fuhrken (PVEM)
Dip. Víctor Antonio García Dávila
(PT)
QUE ADICIONA UNA FRACCION V AL ARTICULO 67 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION, PARA GARANTIZAR UN USO MESURADO DEL IDIOMA ESPAÑOL EN MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2003
El suscrito diputado, Víctor Antonio García Dávila, en uso de las facultades que le confieren los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa, para agregar una fracción V al artículo 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para lo cual hago la siguiente
Exposición de Motivos
El contenido de las transmisiones de radio y televisión que se hacen diariamente en nuestro país es verdaderamente denigrante para el público. Las violaciones de la ley vigente son cotidianas y poco importa a los concesionarios violarla, pues nadie ejerce un control verdadero sobre estos poderosos empresarios quienes, en complicidad con la Secretaría de Gobernación, encargada de hacer valer la ley, la convierten en letra muerta.
Es común, compañeros y compañeras, escuchar palabras altisonantes, que en esta tribuna ni nos atrevemos a decir. Hay programas de alto contenido violento en clasificaciones para niños. Las programaciones de los consorcios electrónicos se hacen de manera libertina y son los receptores quienes cambian sus actitudes, influidos por los transmisores. Así, hemos visto desde desnudos, sexo y violencia hasta drogas y escuchado un sinnúmero de groserías insulsas y ofensivas; todo ello, escudado con el pretexto de gozar de la libertad de expresión.
El resultado de esto, que nuestros jóvenes traten de imitar a sus personajes y, sin importar las consecuencias, inciten a la violencia y participen en actos violentos, lo que incrementa el número de delitos, y -créanmelo, no estoy exagerando- es cosa de todos los días. La Ley de Radio y Televisión contempla muchos aspectos que hay que cambiar, pero más bien se trata de obligar a cumplir. De nada serviría una nueva ley casi perfecta si los organismos creados para que se cumpla no realizan su labor, como lo han hecho hasta ahora.
Programas infantiles con alto contenido de violencia que han sido prohibidos en otros países pueden ser vistos en el nuestro; telenovelas sangrientas y eróticas, donde se denigra a la mujer, convirtiéndola sólo en objeto de deseo o poder; programas cómicos donde el libertinaje sexual es el ejemplo a seguir... Y todo esto, en horarios donde niños y jóvenes los vean, pues son considerados simple medición de audiencia. Programas de radio donde lo último en que piensan es educar; hay hasta programas donde juegan bromas y donde se ha causado la desintegración de familias enteras. Eso no lo permite la ley, pero se hace.
El uso de extranjerismos en publicidad y programación se ha venido acrecentando cada vez más y nuestro idioma original ya se encuentra deformado, al grado de que ya causa confusión entre los teleespectadores y los radioyentes. Así, vemos y oímos de actores, conductores y, en publicidad, palabras como light, Forever, Soft and Dry, Best, Big Cola, Big Brother, nice, grand class, Premiere, Sky, Prodigy, cool, resort, sport, kids y muchas más. Algunas hasta nos dan la sensación de que son del español, como el okay o el bye.
No podemos sólo quejarnos de ser un pueblo ignorante; tenemos que evitar que se sigan fomentando la ignorancia y la enajenación en que actualmente algunos medios de comunicación tienen inmerso a nuestro pueblo, no sólo al de escasa escolaridad sino también a universitarios y licenciados. Necesitamos radio y televisión que eduquen y no deformen, que informen y no causen confusión. Necesitamos, simple y llanamente, amar nuestro idioma.
En razón de lo expuesto y con fundamento en las disposiciones señaladas en el proemio, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente
Iniciativa de decreto que adiciona una fracción V al artículo 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
Artículo 67
V. En la programación y la publicidad se usará el idioma español, excepto cuando las marcas de productos provengan del extranjero; y se exigirá a locutores y a los conductores que eviten el uso de extranjerismos. Los títulos de los programas deberán ser en idioma español, como lo dicta la ley en comento.
Artículo Transitorio
Unico. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dip. Víctor Antonio García Dávila (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Radio, Televisión
y Cinematografía. Marzo 12 de 2003.)
QUE REFORMA DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES EN RELACION CON LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS Y LOS FAMILIARES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2003
En nuestra calidad de legisladores federales a la LVIII Legislatura, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de reformas a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Es preocupante la forma discrecional en que se han efectuado diversas actividades en el ámbito de la Administración Pública Federal durante la administración de Vicente Fox.
Así fue la creación de las diversas supercoordinaciones del gabinete presidencial y las numerosas oficinas temáticas especiales de tareas de apoyo a las responsabilidades presidenciales, la mayoría de ellas sin una razón lógica de existir ni mucho menos una tarea clara y definida a realizar, y otras con funciones y facultades señaladas en contradicción o que duplican las que la ley vigente otorga ya a diversas instituciones públicas federales legalmente constituidas anteriormente.
Todas ellas han sido cuestionadas severamente en cuanto a la poca eficiencia que demuestran sus magros resultados, en contraste con lo oneroso de su funcionamiento.
Esto se ha originado por el simple deseo caprichoso de cumplir el compromiso de otorgarle empleo bien remunerado a un numeroso grupo de amigos del Presidente Fox, gratificando así los servicios personales y diversos apoyos financieros otorgados en la previa campaña electoral.
Aunque algunas de estas oficinas presidenciales y supercoordinaciones ya han desaparecido, esto ha sido por la presión de muchos actores políticos, sociales o agentes de opinión pública, al cuestionárseles severamente, pero otras, simplemente fueron eliminadas porque a sus "titulares" se les encontró ya un mejor acomodo en el organigrama oficial. No obstante, muchas de estas oficinas aún existen, bajo escasa o nula actividad y provocando las confusiones y falta de adecuada claridad en el desempeño de ciertas atribuciones y responsabilidades del Ejecutivo federal, y sobre todo, generando millonaria sangría por las erogaciones cuantiosas al erario público federal.
Pero existe una situación que nos hace reflexionar, aún más, sobre la necesaria exacta aplicación de la ley.
Es el caso de la exagerada discrecionalidad con que se presume se ha manejado el respaldo financiero a actividades privadas, abusando, al margen de la ley, de fondos federales, sin existir el soporte presupuestal correspondiente, utilizando recursos económicos asignados para su ejercicio por dependencias específicas del Ejecutivo federal y que, en lugar de ser erogados por éstas, se han utilizado para sufragar gastos con motivo de actividades privadas de la ciudadana Martha Sahagún de Fox y de la asociación civil denominada Fundación Vamos México, que ella misma encabeza.
Asimismo, resulta mucho muy cuestionable la legalidad con que se ha delegado la representación oficial del ciudadano Presidente de la República, sea en eventos oficiales en territorio nacional o en el extranjero, al haberse otorgado, sin fundamento jurídico alguno, a quien carece de personalidad oficial y/o cargo determinado en la estructura orgánica de la propia Administración Pública Federal.
Cabe destacar que la Constitución General de la República establece que el Poder Ejecutivo se deposita en "un" ciudadano denominado Presidente de la República, y no consigna determinación o personería legal alguna en relación con la figura del cónyuge del titular del Poder Ejecutivo federal.
En relación a los apoyos económicos y materiales provenientes del erario público federal para sufragar las actividades privadas de la esposa del ciudadano Presidente de la República, debe quedar claro que a ella sólo le correspondería, si acaso, recibir los respaldos inherentes a las actividades oficiales si ocupare la Presidencia del Patronato del Sistema DIF Nacional, cargo que, no obstante su carácter de honorífico y por tanto sin la posibilidad legal de recibir salario alguno, requiere para su adecuado desempeño de algunos apoyos administrativos por medio de recursos humanos, materiales y financieros suficientes para tal caso.
Pero, en los hechos, la señora Martha Sahagún Jiménez de Fox no ocupa siquiera dicho cargo, mismo que al parecer rechazó le fuera otorgado, por considerarlo de poca relevancia político-administrativa o de escaso campo de acción o de mínima influencia funcional en la esfera orgánica del Poder Ejecutivo federal. Cabe recordar que dicho organismo gubernamental, que constituye el eje de la labor asistencial del Gobierno Federal, fue constituido desde hace muchos años, y es respetado por el pueblo mexicano y no fue creado a capricho del Presidente en turno, y mucho menos para beneficiar a algún partido político.
Por lo anterior, es clara y contundente la conclusión en cuanto a que la mencionada ciudadana Martha Sahagún de Fox no tiene carácter legal alguno para ser proveída presupuestalmente, salvo en lo conducente a la prerrogativa personal como moradora de la residencia oficial de Los Pinos, que es exclusivamente en cuanto a habitación y subsistencia alimentaria y de necesidades básicas humanas cotidianas, lo que, además debe ser revisado y, en su caso, acotado debidamente y, no, nunca, jamás; en la forma como es público y notorio se le respalda desde el inicio de la actual Administración Pública Federal y hasta la fecha, porque es un hecho indubitable que a la señora Sahagún de Fox se le otorgan recursos fuera del parámetro normal que merece en su calidad de cónyuge del ciudadano Presidente de la República, dado que, como antes se afirma, ella no ostenta o desempeña cargo público alguno, pues es sabido que ella cuenta con una estructura oficial de apoyo administrativo a sus actividades personales, que incluye un numeroso grupo de servidores públicos como son: secretarios particular y privado, jefe de ayudantes, secretarios técnicos, asesores, analistas, personal de soporte técnico e informático, personal de apoyo secretarial y auxiliares administrativos diversos, así como jefes de difusión y de relaciones públicas, y otros muchos funcionarios y empleados públicos más, sin dejar de advertir los cuantiosos recursos materiales y financieros que se derivan de ello.
Es de explorado derecho que nadie podrá nunca obtener emolumento o remuneración económica con cargo al erario público sin que exista justificación legal y el soporte presupuestal específico y determinado con claridad, y que, además, no podrá realizarse erogación alguna a cargo del propio erario público sin que exista al respecto la autorización y la determinación validada cabalmente en el propio presupuesto oficial que corresponda.
Actuar en contravención a esta máxima legal, es incurrir en un manejo ilegal de los recursos públicos correspondientes y está tipificado y penalizado en la ley.
Además, es muy claro que sólo puede acudir a representar al ciudadano Presidente de la República en algún evento oficial alguien que detente formalmente una responsabilidad pública y no es ése el caso actual de la señora Sahagún de Fox, quien, es sabido, ha acudido a representar al titular del Poder Ejecutivo federal careciendo de legalidad, y al efecto, también, se han canalizado cuantiosos recursos públicos para que la citada ciudadana cumpla dichas espurias encomiendas oficiales.
Por otra parte, ha sido muy difundido y criticado el respaldo oficial inadecuado, en cuanto a recursos humanos, materiales y financieros, que se le ha venido otorgando, en forma por demás discrecional, a la asociación civil denominada Fundación Vamos México, sin que hasta ahora se conozca el monto real y el justificado origen presupuestal de dichos recursos públicos, lo que contraviene la más elemental norma de aplicación y administración de los fondos públicos de la Federación y vulnera, además, el principio de justicia y equidad en la distribución de los mismos y, aun cuando éstos sean supuestamente destinados a actividades de beneficio social, su ejercicio debe ceñirse a la legislación aplicable, por lo que es necesario solicitar la transparencia y el soporte legal en cuanto al manejo de los mismos.
Al respecto, nos reservamos el derecho para ejercer posteriormente las acciones legales que corresponden, porque, en su momento, todo esto deberá ser revisado muy cuidadosamente por la Auditoría Superior de la Federación, pues, es muy claro que debe imperar el mandato de la legislación federal aplicable en materia de contabilidad, presupuesto y gasto público, así como la correspondiente Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la propia legislación civil y penal que deba aplicarse al caso.
Por todo lo anterior, es evidente que resulta muy necesario adecuar el marco legal de la Administración Pública Federal, para acotar la existencia legal de las estructuras funcionales del Poder Ejecutivo, e institucionalizar las actividades del cónyuge del ciudadano Presidente de la República, con la finalidad de llenar el vacío jurídico que al respecto existe, otorgando tanto facultades expresamente conferidas, como las responsabilidades ante el ejercicio de su cargo y de cualquier recurso publico que al efecto sea manejado.
Por ello es que se propone reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para determinar con claridad las dependencias oficiales que la conforman, eliminando cualquier mención inadecuada que existe en relación con los antiguos departamentos administrativos que desde hace muchos años dejaron de figurar en el organigrama oficial federal, y establecer que la Presidencia de la República sólo podrá contar con las unidades de apoyo técnico, de asesoría y de coordinación que expresamente establezca el Presupuesto federal asignado, aclarándose, además, específicamente, que en cada secretaría de Estado sólo existirán las subsecretarías y demás dependencias administrativas que se señalen expresamente en el propio citado Presupuesto público federal aprobado por el Poder Legislativo, así como, muy especialmente, incluir la figura de la Coordinación General de Asistencia Social de la Presidencia de la República, cuya titularidad podrá ser conferida sin contravención legal alguna al cónyuge del titular del Ejecutivo federal, asimismo se propone normar las facultades que podrá ejercer con el objeto de cumplir los objetivos establecidos, prevaleciendo en todo momento la asistencia social.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente
Iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de conformidad con el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Unico. Se reforman los artículos 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 y el título del Capítulo 2, y se derogan los artículos 10 y 15, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente; para quedar así:
1. Se suprimen, en el segundo párrafo del artículo 1, las palabras "los departamentos administrativos" y en su lugar aparecerán las palabras "la Coordinación General de Asistencia Social" para quedar como sigue:
Artículo 1.
La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.
La Presidencia de la República, las secretarías de Estado, la Coordinación General de Asistencia Social, y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, integran la Administración Pública Centralizada.
Los organismos descentralizados...
2. En el artículo 2 en su fracción segunda se suprimen las palabras "departamentos administrativos" y en su lugar queda "Coordinación General de Asistencia Social", para quedar como sigue:
Artículo 2.
En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la administración pública centralizada:
Artículo 6.
Para los efectos del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República acordará con todos los secretarios de Estado y el procurador general de la República.
4. En el artículo 7 se suprimen las palabras "jefes de departamentos y el secretariado técnico de las mismas estará adscrito a la Presidencia de la República"; para quedar como sigue:
Artículo 7.
El Presidente de la República podrá convocar a reuniones de secretarios de Estado, y demás funcionarios competentes, cuando se trate de definir o evaluar la política del Gobierno Federal en materias que sean de la competencia concurrente de varias dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. Estas reuniones serán presididas por el titular del Ejecutivo federal.
5. En el artículo 8 se adiciona la palabra "sólo" y se eliminan las palabras "el propio Ejecutivo" y "de acuerdo con" para quedar como sigue:
Artículo 8.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sólo contará con las unidades de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación que se determine en el presupuesto asignado para la Presidencia de la República.
6. Se suprime en la denominación del Capítulo Primero las palabras: "y los departamentos administrativos".
Para quedar así:
Capítulo I
De las Secretarías de Estado
7. Se deroga el artículo 10, para quedar así:
Artículo 10. (Derogado)
8. En el artículo 11 se derogan las palabras "y de los departamentos administrativos"; para quedar como sigue:
Artículo 11. Los titulares de las secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República.
9. En el artículo 12 se derogan las palabras "o departamentos administrativos"; para quedar como sigue:
Artículo 12.
Cada secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su competencia los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República.
10. En el artículo 13, primer párrafo, se derogan las palabras "o el jefe del departamento administrativo" y "o departamentos"; para quedar así:
Artículo 13.
Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el secretario de Estado respectivo, y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más secretarías, deberán ser refrendados por todos los titulares de los mismos.
Tratándose de los decretos promulgados...
11. En el artículo 14 se suprimen las palabras "el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales", así como las palabras "y por los demás funcionarios", y se adicionan las palabras "que establezca el presupuesto asignado a cada secretaría de Estado"; para quedar como sigue:
Artículo 14.
Al frente de cada secretaría habrá un secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, que establezca el presupuesto asignado a cada secretaría de Estado.
En los juicios de amparo...
12. Se deroga el artículo 15, para quedar así:
Artículo 15. (Derogado)
13. En los artículos 16, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 se eliminan las palabras "departamentos administrativos".
14. En la denominación del Capítulo II, se eliminan las palabras "departamentos administrativos"; para quedar así:
Capítulo II
De la Competencia de las Secretarías de Estado
y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
15. Se adiciona el artículo 44 para quedar como sigue:
Artículo 44.
A la Coordinación General de Asistencia Social de la Presidencia de la República le corresponderá el despacho de los asuntos siguientes:
II. Coordinar dichos programas previa aprobación del Ejecutivo federal. Estos programas estarán encaminados a fomentar la asistencia social; y se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad.
III. Apoyo y coordinación con asociaciones, fundaciones o cualquier otra figura encaminada al logro de los objetivos en los programas de asistencia social.
IV. La relación entre el Ejecutivo federal y la Coordinación de Asistencia Social de la Presidencia de la República se regirá bajo los lineamientos de congruencia administrativa y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación; asimismo deberá brindar informes trimestrales de sus actividades a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que deberán contener de manera detallada la obtención de los recursos, así como su utilización.
La titularidad de la Coordinación General de Asistencia Social podrá recaer, sin que por ello exista contravención legal alguna, en el cónyuge del titular del Ejecutivo federal; en caso de negativa de aceptación, o de la ausencia o incapacidad contemplados en el Código Civil o revocación del cargo, recaerá en la persona que designe el Ejecutivo federal.
Unico. Estas reformas y derogaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Gobernación y Seguridad
Pública, y de Justicia y Derechos Humanos. Marzo 12 de 2003.)
A la Segunda Comisión -de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública- de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el punto de acuerdo, presentado por el diputado Ramón León Morales, sobre la renegociación del Capítulo Séptimo del TLCAN.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 86, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedió al examen y discusión de la proposición con punto de acuerdo, que dispone de los siguientes
Antecedentes
1. La proposición con punto de acuerdo presentada en la sesión del 8 de enero de 2003 por el diputado Ramón León Morales para que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal a renegociar el Capítulo Séptimo, "Sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias", del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
2. El dictamen presentado en la sesión del día 26 de junio del año 2002 de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del segundo año de la LVIII Legislatura, que contiene punto de acuerdo para la instauración de una política agropecuaria trilateral de cooperación dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentada por los legisladores Lauro Díaz Castro, Fidel Herrera Beltrán y Juan Manuel Martínez Nava.
En acatamiento al turno dispuesto, los integrantes de la Comisión que suscribe analizaron la proposición referida, la cual se fundamenta en la exposición de las siguientes
Consideraciones
I. Que a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a pesar de que se han conseguido avances y beneficios para México en lo referente a los rubros industriales y comerciales, en el agropecuario se han profundizado las diferencias con nuestros socios comerciales.
II. Que, en nueve años de su aplicación, se ha generado una serie de controversias entre los países firmantes, dado que las importaciones agropecuarias han sido mucho mayores que las exportaciones, ampliando con ello el déficit de la balanza comercial agropecuaria de nuestro país.
III. Que las importaciones de productos agrícolas se han incrementado considerablemente, llegando en muchos casos a desplazar los productos nacionales, por lo cual se violan los principios de cooperación y competencia equitativa del mismo Tratado.
IV. Que Estados Unidos de América apoya sustancialmente su sector agropecuario, orientando mayores recursos al mismo; con la implementación de la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2000, avalada por el gobierno de ese país, se destinaron 183 mil 500 millones de dólares, que se distribuirán a lo largo de los próximos diez años, a un promedio anual de 18.3 mil millones de dólares, los cuales se canalizarán a programas de apoyo directo a productores y programas de conservación ambiental en el campo.
V. Que la eliminación de barreras comerciales, según la Organización Mundial de Comercio, debe estar ligada con mecanismos que propicien una política subsidiaria con niveles similares.
VI. Que el proceso de desregulación arancelaria contenido en el TLCAN ha tenido graves repercusiones en el sector agropecuario, sobre todo porque el mismo presenta desde hace varias décadas una crisis permanente, además de que la apertura al sector no está acompañada de una política integral que incluya la agricultura como motor de la actividad económica y la contemple como un mero agregado dependiente de las demás actividades del resto de la economía.
VII. Que uno de los objetivos del TLCAN es "eliminar barreras al comercio de bienes y servicios, con el fin de auspiciar condiciones para una competencia justa", situación que actualmente en nuestro país no se da, dado que los productos agropecuarios importados tienen un precio menor que los costos de producción de los nacionales.
VIII. Que, con la eliminación de aranceles a los productos agropecuarios estipulada en el Capítulo Séptimo del TLCAN, el objetivo anteriormente señalado, de una competencia justa, no se dará, dado que las condiciones de competencia serán cada vez más desiguales entre los productores de los países del norte y el nuestro.
IX. Que, en ocasiones, las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales requieren ser adaptadas a la realidad actual.
X. Que la revisión de un tratado consiste en un acuerdo de voluntades entre los Estados parte para proceder a examinarlo, con objeto de modificarlo y adaptarlo a las nuevas circunstancias imperantes.
XI. Que el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte cuenta con disposiciones jurídicas que hacen posible su revisión, concretamente los artículos 801 y 2002.
Artículo 2002. Las partes podrán convenir cualquier modificación o adición a este Tratado. Las modificaciones y adiciones acordadas y que se aprueben según los procedimientos correspondientes de cada parte constituirán parte integral de este Tratado.
XIII. Que los acuerdos complementarios pueden representar una solución paralela, viable que interceda por el sector agropecuario en México, dada la crisis por la que atraviesa este sector pero, a su vez, fortalezca el Tratado en el largo plazo.
XIV. Que lo anterior implicaría un replanteamiento de las políticas comerciales de Estados Unidos, a fin de que estén fundamentadas en la cooperación con sus socios comerciales, principalmente con nuestro país, con el cual enfrenta serias diferencias que ponen en peligro el sostenimiento del Tratado.
XV. Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte contempla como una posibilidad incorporar proyectos de cooperación toda vez que éstos sean para beneficio del Tratado. Lo anterior se encuentra en el artículo 102 del Capítulo Primero; es el sexto de los objetivos básicos: f) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.
XVI. Que, a petición de Estados Unidos, se han realizado acuerdos paralelos como respuesta a las implicaciones que el TLCAN generaría en materia de medio ambiente y laboral.
XVII. Que, basado en lo anterior, es necesaria la negociación urgente de acuerdos de cooperación basados en un acuerdo trilateral que homogenice las políticas agropecuarias de los países firmantes del TLCAN.
XVIII. Que el Capítulo VIII del Tratado de Libre Comercio para América del Norte establece la posibilidad de aplicar medidas de emergencia a través de salvaguardas cuando las importaciones provenientes de otro país miembro del TLC cause o amenace causar daño serio a una industria nacional. En este caso, un país signatario del Tratado podrá adoptar medidas de emergencia que suspendan temporalmente la eliminación de las tasas arancelarias acordadas, o bien, restablecer la tasa anterior a la entrada en vigor del TLC.
XIX. Que, ante las diversas opiniones de diferentes sectores de la sociedad mexicana y el debate que ha generado la posible revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, sería conveniente llevar a cabo un análisis exhaustivo y responsable que tenga por objeto determinar la viabilidad de proponer una acción de esta naturaleza.
Atendiendo a lo anterior, los integrantes de la Comisión que dictamina, reunidos en fecha 12 de marzo de 2003, han considerado pertinente someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que instruya a las dependencias correspondientes para que efectúen a la brevedad posible una revisión del Capítulo Séptimo, "Sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias", del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, a fin de iniciar una urgente negociación con las contrapartes firmantes que nos lleve a la realización de acuerdos complementarios de cooperación que protejan la producción agropecuaria nacional y coadyuven a sustentar dicho Tratado en el largo plazo.
Segunda Comisión -de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública- de la Comisión Permanente
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova, Dip. José Tomás Lozano y Pardinas, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).
(Aprobado en votación económica. Marzo 12
de 2003.)
DE LA PRIMERA COMISION DE LA COMISION PERMANENTE, CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LA PROPOSICION PARA QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EXHORTE A LOS GOBIERNOS DE TEXAS Y DE OKLAHOMA A QUE ACATEN EL FALLO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS Y RESPETEN LA VIDA DE NUESTROS CONNACIONALES
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión -de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia- de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión fue turnada para estudio y elaboración del dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el senador Rutilio C. Escandón Cadenas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que el titular del Poder Ejecutivo federal exhorte respetuosamente al gobierno de Texas a que acate el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia y adopte, en consecuencia, las medidas necesarias para respetar la vida de nuestros connacionales Osvaldo Torres Aguilera, Roberto Moreno Ramos y César Roberto Fierro Reyna.
Antecedentes
1. En sesión de fecha 19 de febrero del año en curso, el senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que exhorte respetuosamente al gobierno de Texas a que acate el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia y adopte, en consecuencia, las medidas necesarias para respetar la vida de nuestros connacionales Osvaldo Torres Aguilera, Roberto Moreno Ramos y César Roberto Fierro Reyna.
2. En esa fecha se turnó el referido punto de acuerdo a la Primera Comisión -de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia- de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.
3. Los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo, procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen, tomando en cuenta las siguientes
Consideraciones
La propuesta con punto de acuerdo presentada por el senador Rutilio Escandón Cadenas a la letra dice:
Lo anterior en virtud, de que el pasado 21 de enero, el Gobierno de México presentó ante este Tribunal una demanda para suspender la aplicación de la pena de muerte a 51 connacionales detenidos en Estados Unidos, por considerar que existieron irregularidades en su proceso judicial.
Dos de los mexicanos citados en el fallo César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos, se encuentran en el pabellón de la muerte en Texas. El tercero Osvaldo Torres Aguilera, enfrenta el riesgo de ser ejecutado en Oklahoma, los cuales corrían riesgo de ser ejecutados "de forma inminente", según los jueces del Tribunal.
Dicho fallo se sustentó primordialmente en los argumentos hechos valer por el Gobierno mexicano sobre la violación del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Asuntos Consulares de 1963 de la cual Estados Unidos forma parte y que consiste en la trasgresión al derecho de todo ciudadano de contar con asistencia legal por parte del Consulado de su país de origen al momento de ser detenido y sujeto a proceso migratorio o penal, situación que no fue respetada.
Esta dictaminadora considera, que no nos encontramos ante una situación excepcional, toda vez que a lo largo del tiempo, se ha venido constatando la reiterada violación de garantías procesales a que son sujetos nuestros connacionales en el vecino país del norte, lo cual representa un vivo ejemplo de la tradicional y continua actitud de discriminación racial y de vejación a la dignidad humana que en ese país se practica y que tiende a colocarse frecuentemente por encima del derecho internacional, desconociendo tratados internacionales en materia de derechos humanos, prueba de que el procedimiento judicial en diversos estados de la Unión Americana, están plagados de irregularidades, es el acontecimiento suscitado el 11 de enero del presente año en donde el gobernador saliente del estado de Illinois, George Ryan decidió otorgar un indulto a 167 sentenciados a muerte manifestando que el Sistema de Penas Capitales de su entidad que los condenó había sido caprichoso e inmoral; la citada medida incluyó a tres connacionales de nombres Juan Caballero, Gabriel Soloache y Mario Flores.
No obstante lo anterior, resultan aún más preocupantes las recientes declaraciones del gobernador de Texas, quien manifestó "que el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia no afecta en nada la situación jurídica de los sentenciados a muerte y que tal solicitud es una intromisión injustificable tanto en el sistema de justicia estadounidense como en su soberanía".
Resulta oportuno mencionar a esta soberanía que en el estado de Texas se ejecutan a más personas que en cualquier otra jurisdicción de occidente. Como paradigma de ello, se hace alusión que en dicho estado se ha roto récord de ejecuciones llevándose a cabo a agosto del año 2001, 251 ejecuciones desde el restablecimiento de la pena de muerte en el año de 1982, según datos emitidos por Amnistía Internacional.
Esta Comisión dictaminadora considera que la pena de muerte, resulta ser evidentemente inhumana, la trasgresión a las normas internacionales en materia de dignidad de los ciudadanos y la vida misma de las personas.
Asimismo, se registran severas violaciones legales en el juicio que atentan en contra de las garantías procesales aceptadas internacionalmente en los convenios de la materia, los cuales no hay que olvidar tienen carácter obligatorio y que no sólo benefician a los mexicanos sino también a los nacionales de otros países firmantes que se encuentren en el territorio americano en situación semejante.
Por tal motivo, no podemos pasar inadvertidos los incidentes aludidos en donde se juzga de manera inequitativa e injusta.
Esta Primera Comisión de trabajo, no pretende de ninguna forma intervenir en el sistema judicial norteamericano, sin embargo, expresamos firmemente nuestro apoyo a las gestiones emprendidas por el Gobierno mexicano, pronunciándonos enérgicamente en pro del respeto y cumplimiento a los instrumentos y organismos internacionales que rigen la convivencia de las naciones que lo suscriben y ratifican.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción II, 78, fracción III, de la Constitución Federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión de trabajo que suscriben el presente, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el presente dictamen con el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Poder Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envíe una nota diplomática al Gobierno de los Estados Unidos de América para exhortar a los estados de Texas y de Oklahoma a que acaten el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia y adopten en consecuencia, las medidas necesarias para respetar la vida de nuestros connacionales Osvaldo Torres Aguilera, Roberto Moreno Ramos y César Roberto Fierro Reyna
Segundo.- El Senado mexicano se dirigirá al Senado de los Estados Unidos de América para expresar su preocupación ante el incumplimiento del citado fallo en que están incurriendo sistemática e injustificadamente las autoridades del estado de Texas y Oklahoma, con objeto de que en el marco de sus facultades actúen haciendo valer los términos del mismo.
Tercero.- El Senado de la República se dirigirá al gobernador del estado de Texas y Oklahoma para manifestarle su preocupación ante el incumplimiento del fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia e invitarlos a su aplicación correspondiente.
Dado en el Salón de Comisiones de la H. Comisión Permanente, a los doce días del mes de marzo del año dos mil tres.
Primera Comisión de Trabajo -de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia- de la Comisión Permanente
Sen. Orlando A. Paredes Lara (rúbrica), Presidente; Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretarios; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Gerardo Buganza Salmerón, Sen. Federico Ling Altamirano (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Antonio García Torres (rúbrica), Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica).
(Aprobados. Marzo 12 de 2003.)
 
DE LA PRIMERA COMISION, PARA QUE LA COMISION PERMANENTE DESIGNE UN GRUPO PLURAL DE DIPUTADOS Y SENADORES QUE ATIENDA E INFORME SOBRE LA INTEGRIDAD FISICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS DETENIDOS INVOLUCRADOS EN DENUNCIAS CONTRA LA ASOCIACION AMIGOS DE FOX, AC
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Juan Manuel Carreras López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que la Comisión Permanente designe un grupo plural de diputados y senadores, para atender e informar sobre la integridad física y el respeto a los derechos de los defendidos involucrados en denuncias contra la asociación Amigos de Fox, AC.
Antecedentes
1. En sesión de fecha 5 de marzo del año en curso el diputado Manuel Carreras López del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno, una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente designe un grupo plural de diputados y senadores, para atender e informar sobre la integridad física y el respeto a los derechos de los defendidos involucrados en denuncias contra la asociación Amigos de Fox, AC.
2. En esa misma fecha, se turnó el referido punto de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.
3. Los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen, tomando en cuenta las siguientes
Consideraciones
La propuesta con punto de acuerdo presentada por el diputado Juan Manuel Carreras López, a la letra señala:
2ª. Al punto de acuerdo que se dictamina se adhirieron legisladoras y legisladores del Partido Verde Ecologista Mexicano.
3ª. En sesión de la H. Comisión Permanente de fecha 5 de marzo, se leyeron cartas, fechadas el cuatro de marzo, de Mónica Ballesteros y Arely Manning, esposas de Eduardo Fernández y Luis Felipe González, respectivamente, en las que se quejan de que sus cónyuges estén incomunicados y posiblemente se les violan diversas garantías constitucionales; además, manifestaron su temor de que les imputen delitos que no han cometido, por lo que demandaron la intervención de los legisladores.
4ª. La carta de Mónica Ballesteros de Fernández, expone a los legisladores la situación en que se encuentra su esposo, a quien, dice, no se le permite comunicarse con el exterior, y que las conversaciones que tiene con ella son grabadas permanentemente, y lo que más teme es que se le imputen inadecuadamente responsabilidades por supuestas violaciones a la ley, como romper la secrecía bancaria y "lavar dinero", de las cuales, dice, no hay indicio alguno de haberlos cometido.
En su misiva, demandó la intervención urgente de los legisladores y nombrar una comisión para que acudan los senadores que se determinen, con el fin de que observen las condiciones y el trato de delincuente que se le da a su cónyuge y manifestó su temor personal y la suerte de su marido.
5ª. En su comunicación la Sra. Arely Manning, actual esposa de Luis Felipe González, en la que denunció la persecución política a la que está sometido su esposo por la Presidencia de la República y la PGR, y la forma violenta e ilegal en que se le detuvo con violación a la Constitución.
6ª. Es imperativo responder a la demanda que han formulado sus familiares, y que ya se han hecho públicas, para que este honorable Congreso intervenga en dicho caso.
En este asunto un primer nivel y elemental sentido de intervención es el de verificar el estado de salud de los detenidos, su condición jurídica y la certeza, si es que pudiera haberla, de que, por el carácter de las acusaciones que se les han formulado, no son objeto de tratamiento alguno que busque inhibir o alterar el sentido de las acusaciones que estas personas han emitido a la opinión pública.
7ª. Existe un criterio muy razonable para esto, ya que los detenidos están señalando a personas íntimamente ligadas o relacionadas con el poder político, en especial con el Poder Ejecutivo y sus estados de ánimo. Es decir, se trató de un asunto de la mayor trascendencia nacional, en el que están en juego, viéndose desde cualquier ángulo, el Estado de derecho e intereses políticos y económicos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción II, 78, fracción III, de la Constitución federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión de Trabajo que suscriben el presente, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el presente dictamen con el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión designa un grupo plural de diputados y senadores para atender e informar sobre la integridad física y el respeto a los derechos de los dos detenidos involucrados en denuncias contra la asociación Amigos de Fox, Asociación Civil.
Dado en el Salón de Comisiones de la H. Comisión Permanente, a los doce días del mes de marzo del año dos mil tres.
Sen. Orlando Paredes Lara (rúbrica), Presidente; Dip. José Tomás Lozano y Pardinas, secretario; Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica en contra), Sen. Gerardo Buganza Salmerón, Sen. Federico Ling Altamirano (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Antonio García Torres (rúbrica), Dip. Bernardo Borbón Vilches, Dip. Mónica Leticia Serrano Peña, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, Dip. Ramón León Morales, Dip. Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica).
(Aprobado en votación económica. Marzo 12
de 2003.)
DE LA PRIMERA COMISION DE LA COMISION PERMANENTE, CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LA PROPOSICION PARA SOLICITAR AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA QUE ORDENE DE INMEDIATO LA DESIGNACION DE UN FISCAL ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION DEL CASO DE LA ORGANIZACION DENOMINADA AMIGOS DE FOX
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, a nombre de legisladores integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, para que el titular del Poder Ejecutivo federal ordene de inmediato la designación de un fiscal especial para llevar a cabo la investigación del caso de la organización denominada Amigos de Fox, AC.
Antecedentes
1. En sesión de fecha 5 de marzo del año en curso, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, presentó, a nombre de legisladores integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, una proposición con punto de acuerdo para solicitar que el titular del Poder Ejecutivo federal ordene de inmediato la designación de un fiscal especial para llevar a cabo la investigación del caso de la organización Amigos de Fox, AC.
2. En esa misma fecha, se turnó el referido punto de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.
3. Los integrantes de esta Primera Comisión de trabajo, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen, tomando en cuenta las siguientes:
Consideraciones
La propuesta con punto de acuerdo presentada por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, a nombre de legisladores integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, a la letra dice:
En efecto, la agrupación funcionó como medio para la obtención de recursos para el financiamiento de la campaña electoral del ciudadano Vicente Fox Quesada, candidato del PAN a la Presidencia de la República.
A raíz de algunas denuncias realizadas por diversos partidos políticos, se deduce que esta organización pudo haber sido el conducto para que ingresaran a dicha campaña electoral recursos procedentes del extranjero, lo cual no está permitido de acuerdo a la legislación electoral mexicana vigente.
Asimismo, la agrupación Amigos de Fox, AC, ha sido señalada como probable responsable de la utilización del sistema bancario mexicano para realizar operaciones con los recursos anteriormente mencionados.
La gravedad de estas acusaciones resulta de particular interés y trascendencia para la vida política y jurídica del país, por lo que se hace indispensable que estas denuncias se analicen a fondo, con responsabilidad e imparcialidad y una vez estudiadas, se actúe conforme a derecho.
Esta Comisión dictaminadora reconoce que la facultad de investigación y persecución de los delitos corresponde a la Procuraduría General de la República, dependencia del Poder Ejecutivo federal y que sólo a través de ella se podrán realizar las investigaciones correspondientes.
Es por ello, que las investigaciones sobre el caso de la organización Amigos de Fox, AC, deberán recaer, a juicio de esta dictaminadora, en la persona de un fiscal especial que cuente con el debido reconocimiento profesional y ético, además de imparcialidad política, que garantice la objetividad en el desarrollo de las investigaciones.
Con ello, esta Comisión dictaminadora no pretende, de ninguna manera, hacer a un lado las responsabilidades de la Procuraduría General de la República ni interferir en las facultades y competencias que por ley le corresponden, sino únicamente garantizar la imparcialidad en el desarrollo de las investigaciones y la adecuada aplicación de la ley.
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en el párrafo segundo de su artículo 13, faculta al procurador general de la República para crear fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.
Esta Comisión considera que la trascendencia, interés y características de los posibles delitos que pudieran resultar de las investigaciones en el caso de la organización Amigos de Fox, AC, ameritan la creación de una fiscalía especial que garantice, en favor de las instituciones del país, una plena objetividad e imparcialidad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción II, 78, fracción III, de la Constitución Federal, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión de Trabajo que suscriben el presente, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el presente dictamen con el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al C. Presidente de la República que instruya de inmediato al procurador general de la República para que designe un fiscal especial para llevar a cabo la investigación del caso de la organización denominada Amigos de Fox, AC, cargo que deberá recaer en una persona de probada honorabilidad y reconocimiento profesional y de reconocida imparcialidad política.
Dado en el Salón de Comisiones de la H. Comisión Permanente a los doce días del mes de marzo del año dos mil tres.
Sen. Orlando A. Paredes Lara (rúbrica), Presidente; Dip. José Tomás Lozano y Pardinas, secretario; Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica en contra), Sen. Gerardo Buganza Salmerón, Sen. Federico Ling Altamirano (rúbrica en contra), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Antonio García Torres (rúbrica), Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica).
(Aprobado. Marzo 12 de 2003.)
DE LA PRIMERA COMISION DE LA COMISION PERMANENTE, CON PUNTO DE ACUERDO RESPECTO A LA PROPOSICION PARA SOLICITAR AUDITORIA URGENTE SOBRE LA APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A LOS DAMNIFICADOS POR EL HURACAN KENNA EN EL ESTADO DE JALISCO
A la Primera Comisión -de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia- de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión fue turnada para estudio y elaboración del dictamen la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar auditoría urgente a la aplicación de los recursos federales otorgados a los damnificados del huracán Kenna en el estado de Jalisco y, en su caso, se realice el pago a un numeroso grupo de afectados que no fueron cubiertos debidamente por esos recursos.
Antecedentes
1. En sesión de fecha 19 de febrero del año en curso, el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar auditoría urgente a la aplicación de los recursos federales otorgados a los damnificados del huracán Kenna en el estado de Jalisco y, en su caso, se realice el pago a un numeroso grupo de afectados que no fueron cubiertos debidamente por esos recursos.
2. En esa fecha se turnó el referido punto de acuerdo a la Primera Comisión -de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia- de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.
3. Los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo, procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen, tomando en cuenta las siguientes
Consideraciones
La propuesta con punto de acuerdo presentada por el diputado Salvador Cosío Gaona a la letra dice:
"Segundo. Se solicita se instaure de inmediato una auditoría especial de la Auditoría Superior de la Federación a la aplicación de estos recursos federales, otorgados a damnificados del huracán Kenna en el estado de Jalisco, por la presunción de manejo ilegal y se realice el pago inmediato al numeroso grupo de afectados a quienes se omitió otorgar el apoyo con dichos recursos federales."
"Asimismo, a los municipios que fueron declarados zona de desastre se canalizaron, por conducto del gobierno del estado de Jalisco, recursos del Fonden, así como del denominado Programa de Empleo Temporal Emergente, y además recursos federales de programas ordinarios de apoyo a productores agropecuarios, afectados por pérdida parcial o total de cultivos por efectos de siniestros.
"También se menciona que a los municipios no declarados como zona de desastre sólo les fueron otorgados apoyos económicos de recursos federales del programa de apoyo a agroproductores.
"Una vez que han transcurrido casi cuatro meses del desastre, la situación de entrega de los mencionados recursos federales es incierta, quedando cientos de damnificados a quienes no se les ha cubierto con recursos económicos de apoyo y a otros a los que sólo se les ha pagado parcialmente, sin que a la fecha exista información oficial o explicación alguna.
"Cabe resaltar que el gobierno de Jalisco no ha demostrado, con información adecuada y detallada, el adecuado manejo de más de 11 millones de pesos, relativos al denominado Programa de Empleo Temporal Emergente; sólo mencionan que se entregó a los ayuntamientos respectivos, y la norma establece que deben entregarse a los afectados directamente."
Más adelante, también manifiesta que, por lo que respecta a la reparación del sistema hidráulico, hay información en cuanto a que se repararon 2 mil 14 kilómetros cuadrados; es decir, una extensión sumamente grande, inverosímil, de lozas de revestimiento de canales, bordos y puentes, a un costo de más de 3 millones de pesos, y no se establece ninguna información de dónde están esos miles de kilómetros cuadrados de loza de revestimiento de puentes, bordos y canales. Y expresa que, para él:
Considerando que el promovente asegura que le constan los hechos en que basa sus planteamientos y porque no resulta inadecuado solicitar a la autoridad federal competente la información oficial relativa, es de solicitarse a fin que se canalice al promovente, a cualquier legislador interesado y, especialmente, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que sea analizada y resuelva en su caso la necesidad de realizar una auditoría especial en cuanto a la adecuada aplicación de dichos fondos federales, y en su caso realizar el exhorto correspondiente al Poder Ejecutivo federal, en cuanto a que si se localizan omisiones en la entrega de recursos de apoyo a los afectados se clarifique y se entreguen de inmediato.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión de Trabajo que suscriben el presente someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el presente dictamen, con el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita a la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación proporcione toda la información y documentación relativa respecto a la administración de los recursos federales otorgados a los afectados por el huracán Kenna en el estado de Jalisco. Se otorgue a los legisladores interesados y se turne formalmente ésta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que analice y considere la necesidad de realizar una auditoría especial en cuanto a la adecuada aplicación de dichos fondos federales, propiciando en su caso se clarifique si existen omisiones en la entrega de recursos de apoyo a afectados y, de ser así, se exhorte su inmediata liquidación.
Dado en el Salón de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil tres.
Primera Comisión -de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia- de la Comisión Permanente
Sen. Orlando A. Paredes Lara (rúbrica), Presidente; Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretarios; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Gerardo Buganza Salmerón, Sen. Federico Ling Altamirano (rúbrica), Sen. David Jiménez González, Sen. Antonio García Torres, Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica en contra), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica).
(Aprobado en votación económica. Marzo 12
de 2003.)
Salvador Cosío Gaona, diputado federal del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45, párrafo sexto, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de esta Comisión Permanente, tenga a bien turnar y formular una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, a efecto de emplazarla a emitir el dictamen correspondiente, y que sea presentado ante el Pleno de la Cámara de Diputados, de la iniciativa de decreto para que se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre de Don Mariano de la Barcena y Ramos.
Antecedentes
Con fecha noviembre 7 del año 2002, el que suscribe, presentó a nombre propio y de varios diputados priístas jaliscienses, la iniciativa de decreto para que se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre de Don Mariano de la Barcena y Ramos. Lo anterior teniendo como antecedente de gran importancia que el H. Congreso de la Unión, reconoce a los mexicanos que han contribuido con su obra a consolidar nuestra nación y lo expresa en el Muro de Honor de este recinto parlamentario, en el que se encuentran quienes han dado su aportación y esfuerzo en las distintas actividades de la sociedad y que con ello han dado lustre a México, como es el caso del ameritado jalisciense Don Mariano de la Barcena y Ramos, quien como sabio y erudito desplegó una impresionante versatilidad, incursionando con talento y excelsitud en la ciencia, la plástica, la literatura, el humanismo y el ejercicio de la función pública.
Consideraciones
Dada la importancia de la vida de este ilustre jalisciense que dejó profunda huella en la República y trascendió inconmensurablemente las fronteras de México, es de suma importancia realizar el esfuerzo de dictaminar la iniciativa anteriormente citada, por esta LVIII Legislatura.
Mariano de la Barcena y Ramos fue un científico luminoso de talla universal, descubridor de fósiles y de minerales valiosos que llevan su nombre, como la barcenita, así como de especies biológicas que clasificó y puso a disposición de la humanidad.
Fue fundador del Observatorio Meteorológico Nacional y de la Casa de Moneda de México, representó a la nación en diversas exposiciones mundiales, como en Filadelfia, Nueva Orleans y París, entre otras.
Asimismo, este intelectual jaliscience nos legó obras ameritadísimas que acreditan los sólidos conocimientos de su sabiduría comentada tanto en nuestro continente como en Europa, siendo entre otras, Descripción del crustáceo fósil del género Sphyrorno y Reseña geológica del Valle de Ameca, Jalisco (México), Ensayo estadístico del estado de Jalisco.
De igual relevancia, son sus obras El hombre prehistórico de México, y Noticia acerca de hallazgo de restos humanos prehistóricos en el Valle de México, así como su obra denominada Elementos aplicables a la agricultura, a la ingeniería y a la industria, y de todo esto se advierte cuán larga es la lista y qué completos son los trabajos editados de este fecundo sabio en todos los órdenes de la ciencia.
Además de ser un servidor público que llegó a ser gobernador sustituto y senador.
Refiero a ustedes, que la LV Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, aprobó el decreto por el cual se eleva a la calidad de benemérito del estado en grado heroico a Don Mariano de la Barcena y Ramos y que sean trasladados sus restos mortales a la plaza de la Rotonda Jalisciense de los Hombres Ilustres de la ciudad de Guadalajara, Jal.
Como diputado representante del estado de Jalisco, soy portavoz del reclamo de los jaliscienses, que solicitan se apruebe de inmediato la inscripción con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario del ilustre mexicano Don Mariano de la Barcena y Ramos.
Consideraciones de Derecho
Por todo lo anterior y con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento esta excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a efecto de que dictamine a la brevedad posible, respecto a la iniciativa en mención.
Por lo anterior expuesto, C. Presidente de la Comisión Permanente, solicito a usted:
Unico.- Tenga por presentada esta solicitud de excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que presente dictamen a la iniciativa mencionada.
Dado en el Palacio Legislativo Federal de San Lázaro, marzo 12 de 2003.
Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias para que emita el dictamen correspondiente. Marzo 12 de
2003.)
A LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAMON LEON MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2003
Antecedentes
Con fecha del martes 3 de diciembre del año 2002, fue turnada a la Comisión de Comercio y de Fomento Industrial, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7 bis de la Ley de la Propiedad Industrial que presentó el diputado Rubén Aguirre Ponce, integrante de la fracción parlamentaria del PRD.
La iniciativa tiene su origen en el hecho de que en el proceso de registro de patentes por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deben participar las asociaciones independientes de inventores y con ello transparentar los procedimientos del registro de marcas, inventos y patentes.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe abrir su consejo de administración e incluir a dos asociaciones de inventores para contribuir a la confianza de los mismos en dicho instituto.
Por la serie de irregularidades que presenta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el registro y aprobación de las marcas y patentes se hace necesario que los mismos inventores sean los protagonistas de este proceso y no continúen siendo meros espectadores en el transcurso del registro, donde la falta de claridad es la constante.
Consideraciones
En México el sistema de patentes se regula por la Ley de la Propiedad Industrial cuya aplicación corresponde al Ejecutivo federal a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; desde la década pasada la importancia de las patentes ha aumentado, pero al mismo tiempo han sido constantes las denuncias sobre el robo de las mismas sin que las autoridades hayan hecho algo al respecto, inclusive se habla de corrupción de los altos mandos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, encargados de velar por los intereses de quien patenta y registra un invento.
Las autoridades mexicanas mencionan que los niveles de protección patentaria se han incrementado en el país, desde la década pasada en forma permanente y destacada. Se dice que ofrecen a los titulares protección legal adecuada y eficiente; sin embargo el índice de patentes de inventores y empresas nacionales, (que no rebasan las 500 anuales), sigue mostrando las debilidades de un sistema que aún no permea sus bondades a la comunidad inventora y empresarial.
El ejemplo que ilustra este hecho es el caso de las compañías Kolitas y Corporación Rolmar. Los accionistas y representantes legales de las mismas, han denunciado al actual director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por supuestos malos manejos en el otorgamiento y registro de marcas que han afectado sus intereses comerciales y económicos. Los dos casos anteriores se refieren a registros de marcas, que en promedio llevan 8 años defendiendo sus derechos otorgados por el instituto. Con relación a derechos de patente y de modelos de utilidad, podemos mencionar el caso del señor Uriel Gastón Sabido Mendiburu, titular de un modelo de utilidad otorgado por el instituto con 2 años de anterioridad y que está en conflicto con otro invento otorgado posteriormente a una empresa nacional. El modelo de utilidad aparece ahora con características propias de otros modelos internacionales olvidándose el instituto de que "el primero en tiempo, es primero en derecho" establecido en los artículos 10 bis y 42 de la Ley de Propiedad Industrial.
El inventor debe tener el respaldo del Gobierno para el desarrollo y la comercialización de su invención a nivel nacional e internacional, al mismo tiempo se debe apoyar con recursos para generalizar el invento.
Ante el conjunto de irregularidades en el proceso de registro de las patentes, es indispensable que el gremio de los inventores pueda contar con información oportuna y transparente, sobre el curso que lleva su trámite, y al mismo tiempo deben ser copartícipes de la misma.
A partir de 1994, en el artículo 7 bis se introduce en la Ley de la Propiedad Industrial en sus órganos de administración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que la Junta de Gobierno se integrará por 10 personas; entre las cuales no hay representantes de los principales actores de la inventiva como son los inventores, siendo totalmente factible que estuviera por ser un organismo descentralizado.
Por lo anterior es conveniente incluir en el consejo de administración a dos asociaciones de inventores para que conozcan de primera mano los trámites que se llevan en el IMPI. Sabemos que un país sin desarrollo tecnológico propio es un país que dependerá enormemente de los grandes centros industriales, tenemos que ser capaces de desarrollar tecnología propia que coadyuve al desarrollo económico del país y no sean las instituciones las que frenen la inventiva nacional.
Por lo anterior, y en términos del artículo 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente lo siguiente:
Unico. Se envíe excitativa a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial para que emita el dictamen respecto de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual fue turnada a la misma el martes 3 de diciembre de 2002.
Diputados: Ramón León Morales (rúbrica), Rubén Aguirre Ponce.
(Se excita a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial para que emita el dictamen correspondiente. Marzo 12 de 2003.)
Es de todos conocido el que en un lapso muy breve el gobierno del vecino país del norte, Estados Unidos de Norteamérica, determina la posibilidad de iniciar o no acciones bélicas en contra de Irak, por los supuestos motivos que son del dominio público y que no viene al caso mencionar. Con la experiencia histórica de otras conflagraciones internacionales, así como la más reciente, los ataques que sufrió dicho país vecino el 11 de septiembre del año 2001, es de prever la actitud de muchos ciudadanos de dicha nación, que además, alentados por su Gobierno, se inhibirán sustancialmente para realizar traslados con motivo turístico a otros países, en este caso México sería de los más afectados, pues es patente, que nuestro principal mercado turístico es el que representan los habitantes del país vecino, quienes, al contraer su traslado turístico al exterior afectarán muy sensiblemente la economía mexicana, principalmente la de aquellos destinos cuya vocación económica está fundamentalmente ligada a los ingresos por los servicios turísticos en general.
Ante ello, y sin que esto sea privativo de esta región de mi natal Jalisco, los prestadores de servicios turísticos, tanto de hospedaje, como gastronómicos, de transportación, entretenimiento y otros similares y conexos, de Puerto Vallarta y de la gran región de Bahía de Banderas en Jalisco y Nayarit, me han solicitado expresar la gran preocupación que existe por este inminente hecho, y los efectos negativos para México, además de tratar de obtener la información más urgente y oportuna posible, en relación con las estrategias y programas emergentes que el Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, tenga ya establecidos en la búsqueda de nuevos mercados turísticos, de ciudadanos de diversos países del orbe, para paliar las inclemencias que motivará el deterioro económico por el menoscabo del número de turistas provenientes de nuestro vecino del norte con motivo de la tensa situación que ya se presenta, y de la inminencia de la posibilidad de una conflagración bélica de orden mundial.
No hace muchos días, la secretaria de Turismo, Leticia Navarro, anunció que ya contaban con planes emergentes para enfrentar la situación que puede presentarse con motivo de la posible guerra, pero a la fecha, se desconoce todo lo relativo a dicho programa, por lo que, confiando en que éste existe y que contiene elementos interesantes, es que se plantea solicitar dicha información para así poder coadyuvar y participarle a los interesados lo relativo, a fin que puedan sumarse y cooperar con ello.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración, el presente
Punto de Acuerdo
Se solicite a la Secretaría de Turismo la información relativa a los planes y programas emergentes para la promoción turística especial, para enfrentar las consecuencias negativas que afectarían a los servicios turísticos por la merma en la recepción de los visitantes del vecino país del Norte, motivados por la tensión que provoca el posible conflicto, y que esta información se entregue a los interesados y se canalice a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, para el análisis y consideraciones correspondientes, al tenor del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita a la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo, informe sobre las acciones derivadas de planes y programas emergentes, que se tomarán ante un posible conflicto bélico mundial que afectaría sensiblemente el flujo de turismo internacional hacia México, y se entregue a los legisladores interesados y se remita además a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, para el análisis y consideraciones correspondientes, y adicionalmente se cite a comparecer a los funcionarios federales que considere necesario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo 12 de 2003.
Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Turismo de la Cámara
de Diputados. Marzo 12 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL USO DE RECURSOS PUBLICOS EN EL PROCESO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO GUADARRAMA LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2003
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos integrantes del grupo parlamentario del PAN en la LVIII Legislatura, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo para solicitar a la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, investigue y, en su caso, realice las auditorías necesarias, por el posible desvío de recursos públicos por parte del gobierno del estado de México, a favor de las campañas electorales de Alianza para Todos, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, bajo las siguientes
Consideraciones
En un Estado de derecho y democrático, la ascensión al poder público se logra exclusivamente mediante la práctica democrática y el ejercicio pleno del sufragio universal, para que esto sea así es indispensable contar con el marco jurídico electoral que garantice la certeza, independencia, profesionalismo, imparcialidad, transparencia, equidad y objetividad de los procesos electorales.
Pero además de las reglas jurídicas, es condición indispensable que los actores que protagonizan la lucha política, tengan y expresen la firme voluntad de hacer que la norma se traduzca en hechos, que el espíritu de la ley se materialice en voluntad política de cumplimiento. Es decir, debemos aspirar a una democracia que no se quede en la teoría, en la mera escritura de la ley, sino que sea reflejo fiel en la práctica y que somos capaces de concretar.
La posibilidad de convivencia y competencia civilizada y de una institucionalidad estatal capaz de representar y procesar los intereses de la sociedad la ofrece la fórmula de gobierno democrática. Por ello, a todos nos corresponde no defraudar la democracia, no traicionar su esencia. La democracia, debe estar exenta de todos aquellos antiprincipios que la puedan contrariar, al grado que violenten la voluntad ciudadana, la cual debe ser libremente expresada en las urnas. La competencia entre partidos debe llevarse a cabo con el firme basamento de la pluralidad, la tolerancia, la legalidad, la equidad y la transparencia.
Fiscalizar y transparentar los recursos empleados en los procesos ha sido una demanda política constante, en virtud de que la fiscalización trae como consecuencia dar certeza a la ciudadanía de que la competencia electoral fue equitativa y que ningún partido participe con ventajas adicionales que le permitían ganar, y menos que esas ventajas sean proporcionadas de manera ilegal por el propio aparato estatal que está por renovarse.
La libertad del sufragio tiene como componente básico la vigencia efectiva de las libertades políticas, las cuales se traducen en que el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación, compra o coacción alguna. Es así, que un aparato de gobierno y el poder de sus recursos públicos no deben emplearse a favor de un partido político o candidato alguno, ya que ello distorsiona la naturaleza del sufragio y de la competencia electoral, y consecuentemente pervierte la democracia.
México ha vivido en estos años un proceso de transición a la democracia que se ha reflejado entre otros aspectos, en un cambio importante en los procesos electorales. A pesar de lo anterior, en algunos procesos electorales, siguen las añejas prácticas clientelares, así como el poco apego a reglas éticas de competencia política entre partidos, de ello da prueba el estado de México, ocasionando la imposibilidad de afirmar que el proceso de democratización del país ha llegado a feliz término.
Por ejemplo, se tuvo conocimiento de que los empleados de la Comisión de Aguas del Estado de México, mejor conocida como CAEM, fueron materialmente obligados a defender el voto de los priístas en las casillas, asimismo tenían que tocar puertas para que la gente fuera a votar por sus candidatos. En este sentido, se utilizaron empleados públicos para la promoción del voto a favor de un partido por parte del gobierno estatal, en plena violación a la ley electoral y al Código Penal del estado.
Ahora bien, por acuerdo del 9 de enero de este año, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México acordó que cada uno de los siete partidos y la coalición que participarán en la elección del 9 de marzo en el estado de México podrían gastar hasta 366 millones 573 mil 380 pesos en sus campañas proselitistas.
En dicho acuerdo se estableció además, que los candidatos a presidentes municipales que más podrán gastar en sus actividades proselitistas serán los de Ecatepec, pues el municipio cuenta con un padrón de un millón 32 mil 560 electores. El tope para los aspirantes a la alcaldía de este municipio será de 22 millones 881 mil pesos.
Sin embargo, el PAN y el PRD en Ecatepec denunciamos en rueda de prensa que los candidatos de la Alianza para Todos gastaron tres veces más de lo que el Instituto Electoral del Estado de México les había asignado originalmente, la pregunta aquí es: ¿de dónde obtuvieron esos recursos?
Asimismo, se denunció por diversos actores políticos que en los municipios de Valle de Chalco, Tutultepec y Huixquilucan el gobierno del estado realizó obras públicas y entregó material para construcción a favor de los candidatos de la Alianza para Todos.
En tal sentido, resulta indispensable desplegar una función fiscalizadora en el proceso efectuado en el estado de México, a fin de asumir nuestro papel de control y vigilancia de los recursos públicos federales otorgados a dicha entidad, mediante la investigación y comprobación en el uso y manejo de los recursos públicos y, en su caso, la imposición de las sanciones que correspondan, ya que el gobierno del estado de México tiene a su cargo el manejo de fondos públicos para el ejercicio y cumplimiento de las funciones públicas que tiene encomendadas, pero no para emplearlas con fines distintos, y menos aun para inclinar la balanza electoral, y no para convertirse en el gran elector.
El propósito de nuestro punto de acuerdo tiene la firme intención de que al tratarse de recursos públicos, los principios de transparencia y control puedan estar garantizados de mejor manera, y para que la competencia electoral sea precisamente eso, una competencia abierta y libre, sin cortapisas, con posibilidades reales y equitativas de obtener el ejercicio del gobierno, y no que se trate de una contienda ritual en donde la iniquidad ya prevea anticipadamente ganadores y perdedores.
En este sentido hemos de recordar el reconocimiento que hiciera el Presidente Ernesto Zedillo de que el proceso electoral en el que resultó triunfador pudo haber sido legal pero no equitativo, por lo que la búsqueda de reglas o condiciones justas, claras, legales y equitativas en la contienda electoral.
Compañeras y compañeros diputados y senadores, a excepción del financiamiento público de ley, la donación de recursos públicos por parte de los gobiernos a los partidos políticos y a sus candidatos, no sólo se prohíbe sino que está considerado como un delito electoral tipificado por las leyes penales.
Ante los procesos electorales por venir, es necesario que se garantice la seguridad con la que se desenvuelven, no sólo respecto a lo que implica el procedimiento electoral, sino también velar porque los recursos económicos otorgados por la Federación no se desvíen a favor de determinada corriente política, descuidando así el desarrollo democrático del país.
Se trata nada más y nada menos, de dar certeza a la sociedad de que los procedimientos para obtener el voto se apegan a la ley, y en segundo término fiscalizar también tiene que ver con la responsabilidad de mostrar a la sociedad que los recursos públicos que se otorgan a los poderes públicos, en este caso al gobierno del estado de México, fueron o no utilizados en su propio beneficio y no para un fin electorero, de partido o de grupo.
Compañeras y compañeros diputados:
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta H. Cámara la siguiente
Proposición
Primero.- Que la Entidad Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, investigue y, en su caso, realice las auditorías que sean necesarias, respecto a los recursos federales otorgados al gobierno local del estado de México, ante el posible desvío de los mismos, para ser utilizados de manera ilícita como financiamiento a favor de las campañas electorales de Alianza para Todos, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México.
Segundo.- Que en su momento, la Entidad Superior de la Federación informe sobre los resultados de la investigación, así como del fincamiento de responsabilidades en que hubiera incurrido el gobierno local del estado de México, encabezado por el licenciado Arturo Montiel, derivado del desvío de recursos federales a favor de las campañas electorales de Alianza para Todos, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, y ponga en conocimiento del Ministerio Público las conductas que constituyeran delitos.
Dip. Francisco Guadarrama López, Sen. Héctor Larios Córdova, Dip. José Tomás Lozano y Pardinas, Dip. Alejandro Zapata Perogordo, Dip. Mónica Leticia Serrano Peña, Sen. Federico Ling Altamirano, Sen. Rafael Morgan Alvarez (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación. Marzo 12 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA PLAYA MIRAMAR, EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAMON LEON MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2003
La diputada Magdalena Núñez Monreal y un servidor, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter ante esta Comisión Permanente una propuesta con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
Se han acercado a nosotros habitantes de Ciudad Madero, Tamaulipas, para denunciar la arbitraria decisión del cabildo municipal de privatizar la playa Miramar, un tesoro para todos los maderenses, quienes acuden ahí para disfrutar de sus días de descanso y que, una vez privatizándose, las visitas familiares serán objetos de altos cobros, tal es el caso de otras playas mexicanas que ya se han privatizado, cobrando -como bien sabemos- en dólares.
Por otra parte, muchas de las familias maderenses sobreviven del comercio con los turistas que visitan las playas y, al ofrecer estos servicios promotores privados, se dejará sin empleo a muchos padres de familia.
A la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática preocupa sobremanera que una vez más se tomen decisiones a espaldas de la ciudadanía. Al parecer, en los distintos niveles de gobierno persiste una actitud insensible a las demandas de los habitantes del lugar, olvidando que se gobierna para ellos y que las decisiones que se tomen deben contar con el respaldo de los gobernados.
El presidente municipal argumenta la creación de empleos, el desarrollo de un polo turístico y entradas económicas por impuestos en las arcas municipales. No obstante, la población considera que, al venderse a unos cuantos empresarios, éstos serán los únicos dueños de la playa y -por ende- de las ganancias que ésta genera, ahuyentando el turismo familiar y de clase media que la visitan.
Además, la zona que se propone para venta es la mejor que se puede encontrar en toda la playa y, con la privatización, sólo se dejarán 20 metros de la orilla de la playa y áreas de tercera categoría a los habitantes del lugar.
Por otra parte, en la Manifestación de Impacto Ambiental se reconoce que el agua y el suelo tendrán un impacto adverso significativo.
En el caso del primer elemento, se prevé -sobre todo en la etapa de construcción- que se darán una interferencia del drenaje superficial, calidad y cantidad del recurso hídrico superficial y subterráneo y la alteración de la calidad del agua marina.
Una vez en servicio dicho proyecto turístico, el manejo de las aguas residuales puede representar una grave fuente de contaminación marítima.
En el caso del suelo, resultarán afectadas las características topográficas, la calidad del mismo, los asentamientos y la compactación, al llevar a cabo la revelación y el relleno en la etapa de la preparación del sitio y la explotación de los bancos de materiales y en la construcción de estacionamientos, almacenes y hoteles; finalmente en las actividades de playa una vez operado el proyecto turístico.
Consideraciones
Punto de Acuerdo
Unico. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas y al presidente municipal de Ciudad Madero a que, en el ámbito de sus atribuciones, suspendan la realización del proyecto turístico Playa Miramar hasta no establecer un diálogo con los habitantes que permita que éstos sean incluidos y consultados para la toma de decisiones en torno de la aplicación de proyectos turísticos de esta envergadura.
Diputados: Magdalena Núñez Monreal, Ramón León Morales (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Turismo. Marzo 12 de
2003.)
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y AL MUNICIPIO DE TIJUANA QUE SUSPENDAN LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE GAS NATURAL EN EL CITADO MUNICIPIO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA JULIETA PRIETO FUHRKEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2003
Los legisladores que firmamos al calce, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ponemos a consideración el siguiente punto de acuerdo fundado en los siguientes
Considerandos
En días pasados, diputados locales del H. Congreso de Baja California y distintas organizaciones no gubernamentales, han manifestado su inconformidad respecto a la instalación de una planta receptora, gasificadora y almacenadora de gas natural de la empresa Marathon Oil/Gas Natural de Baja California, en la delegación de Playas de Tijuana. Por lo que el Partido Verde Ecologista de México ha querido presentar este punto de acuerdo, en virtud de que la construcción de la planta de gas natural antes mencionada resulta inadecuada por las siguientes razones:
Segundo.- Asimismo, la Carta Urbana y la Matriz de Compatibilidad para la Delegación de Playas de Tijuana 2002-2025, establece claramente que no existe posibilidad para llevar a cabo la instalación de industrias de riesgo, explosión, contaminación o extracción en esta zona.
Tercero.- El proyecto de la Marathon Oil/Gas Natural de Baja California atenta contra la seguridad de las familias de la zona, ya que los peligros y riesgos de la planta se magnifican por los dos tanques de almacenamiento de gas natural que se encontrarían ubicados a 1.5 kilómetros de distancia de la población de Playas de Tijuana, la cual es considerada de alta densidad por contar con 250,000 habitantes.
Cuarto.- Los riesgos sísmicos de la zona representan un obstáculo más para la implantación de esta planta de gas natural.
Quinto.- Consideramos que el proyecto de la empresa Marathon Oil/GNBC contribuirá al deterioro de la calidad del aire en la región, porque contempla dos generadoras de energía, las cuales no son objeto de análisis en la Comisión Reguladora de Energía, y no están incluidas en el extracto del proyecto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de octubre de 2002; sin embargo aparecen en los planos publicados por dicha empresa.
Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución
Unico.- Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Energía y su Comisión Reguladora de Energía, al gobierno del estado de Baja California y al municipio de Tijuana, informen a esta soberanía si la empresa Marathon Oil/Gas Natural de Baja California, ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos ambientales y de ordenamiento territorial necesarios para la construcción y operación de la planta receptora, gasificadora y almacenadora de gas natural que se encuentra en construcción en la delegación Playas de Tijuana.
En el caso de que la empresa Marathon Oil/Gas Natural de Baja California no hubiese cumplido con las especificaciones correspondientes, se exhorta a las autoridades antes señaladas procedan conforme a la legislación y normas vigentes a sancionar o en su caso suspender la construcción de la planta mencionada.
Dado en el Salón Legisladores de la República, Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 12 días del mes de marzo del 2003.
Diputadas: Olga Patricia Chozas y Chozas, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Julieta Prieto Fuhrken (rúbricas).
(Turnada a las Comisiones de Energía, y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Marzo 12 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LAS SECRETARIAS DE GOBERNACION, Y DE RELACIONES EXTERIORES, EL RECLAMO DEL ARCHIPIELAGO DEL NORTE, HOY CONOCIDO COMO ISLAS CORONADO, QUE USUFRUCTUA EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2003
Este punto de acuerdo que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo viene a presentar ante esta tribuna, es de suma importancia para nuestro país, por lo cual pedimos el apoyo de quienes se dicen mexicanos y de quienes verdaderamente lo son.
Desde nuestros días en la escuela primaria, hemos seguido la historia de nuestra patria, los actos heroicos de muchos valientes compatriotas que dieron la vida por la patria, pero también con tristeza conocemos del despojo que el 2 de febrero de 1848, cuando nos fue arrebatada la mitad de nuestro territorio por los que desde ese entonces ya querían ser los dueños del mundo, Estados Unidos de Norteamérica.
Ayer, al igual que hoy, un tratado injusto, ilegal y también apoyado por traidores a la patria, hizo que miles de mexicanos cayeran en desgracia y se concesionaran 295 territorios comunales en la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, ahí se nos fueron amplios estados como California, Nuevo México, Nevada, Utah, Arizona y parte de Colorado, también aprobó la anexión de Texas a cambio de 15 millones de dólares y los norteamericanos? querían todo el país.
Debido a que los instrumentos de medición para definir las fronteras entre ambos países no fueron los adecuados y ante la premura por la guerra civil que envolvió a EU, se cometieron varios errores, entre ellos la definición del Archipiélago del Norte, un conjunto de 8 islas que se encuentran al sur del estado de California y que de acuerdo con la lista de concesiones y a los mapas de las fronteras de esa época, no se encuentra dentro del tratado, es decir, siguen perteneciendo a nuestro país legalmente y son usufructuadas por los norteamericanos desde entonces sin que ningún presidente ni ningún Congreso hasta ahora tenga la valentía de solicitar vía tribunales internacionales, lo que es nuestro.
Hace unos años, un puñado de mexicanos y líderes de movimientos chicanos apoyados en los estudios que han hecho historiadores y analistas como Jorge A. Vargas y Marco Antonio Millán, quien recorre a lo largo y ancho nuestra República mostrando las evidencias de que esas islas son mexicanas, plantaron la bandera de México en la isla Catalina, una de las ocho conocidas como Islas Coronado.
Compañeras y compañeros legisladores:
No se trata de iniciar hostilidades en un mundo hoy amenazado de guerra por quienes al igual que lo hicieron a nosotros, hoy tratan de seguir despojando a otros países, aquí lo que se trata es de iniciar los trabajos necesarios para tratar de recuperar lo que nos pertenece de manera legal.
Los legisladores somos sistemáticamente atacados por gente ignorante de las labores legislativas, se nos acusa de incompetentes, partidistas, holgazanes y muchas cosas más, pero de lo que nunca nos podrán acusar es de ser traidores a la patria porque, para ser diputado es necesario ser mexicano y ser mexicano significa algo más, ser patriota, por ello los estoy invitando a unirse a ese puñado de compatriotas que valientemente plantaron la bandera de México en las islas mexicanas, es en estas cuestiones cuando de verdad se sabe quién es patriota y quién es traidor, el reto es también para nuestros gobernantes.
En este punto de acuerdo, también estamos anexando la lista de las 295 concesiones de manera detallada y con los nombres originales de los territorios, el mapa antes del despojo y el texto del Tratado de Guadalupe-Hidalgo a manera de contribuir con los investigadores que si se apoya el presente punto de acuerdo deberían iniciar.
El Archipiélago del Norte o Islas Coronado se encuentra frente a Tijuana y San Diego y en la actualidad es un emporio turístico con casinos y playas y es usado también como base naval de EU. Fue ocupado sigilosamente por los norteamericanos y desde entonces lo tienen en su poder.
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en lo que dispone el artículo 73 de la Constitución Política y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito proponer el siguiente punto de acuerdo
Punto de Acuerdo
Unico: Se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras que integran el Poder Legislativo para que convoquen al titular del Poder Ejecutivo a iniciar en las cortes internacionales los juicios correspondientes para que quienes se encuentran ocupando estos territorios, los devuelvan y se indemnice a la nación por el uso que desde 1848 les han venido dando.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de marzo de 2003.
Dip. Víctor Antonio García Dávila (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Gobernación y Seguridad
Pública, y de Relaciones Exteriores. Marzo 12 de 2003.)
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, DE SU REUNION REALIZADA EL MARTES 25 DE FEBRERO DE 2003
Acta de la Mesa Directiva de la Comisión de Desarrollo Social, de su reunión realizada el 25 de febrero de 2003
Estando presentes los diputados federales Víctor León Castañeda, Presidente; Luis Fernando Sánchez Nava, Alberto Amador Leal, Esteban Daniel Martínez Enríquez, secretarios, como consta en la lista de asistencia, que se anexa y que forma parte de la presente acta, votaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
Segundo. Se aprueban y se firman las actas tanto de la Mesa Directiva del 11 de febrero de 2003, como de la reunión plenaria de la Comisión del 29 de enero de 2003.
Tercero. Se aprueba que en la próxima reunión de la Mesa Directiva a realizarse el 11 de marzo, se traigan las observaciones y comentarios relativos al proyecto de dictamen de la Ley General de Desarrollo Social.
Diputados: Víctor León Castañeda
(rúbrica), Presidente; Alberto Amador Leal (rúbrica), Luis
Fernando Sánchez Nava (rúbrica), Esteban Daniel Martínez
Enríquez, David Penchyna Grub, secretarios.
DE LA COMISION DE SALUD, DE LA VIGESIMA NOVENA REUNION DE SU MESA DIRECTIVA, EFECTUADA EL MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2003
Acta de la vigésima novena sesión de Mesa Directiva
15 de enero de 2003
Siendo las doce horas del día quince del mes de enero del año dos mil tres, da inicio la sesión de Mesa Directiva de la Comisión de Salud en la sala de juntas de sus instalaciones ubicadas en el edificio F, segundo nivel, de esta H. Cámara de Diputados, bajo el siguiente orden del día:
1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.
Se da cuenta del registro de asistencia encontrándose presente la diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón, diputada secretaria Adela del Carmen Graniel Campos, diputado secretario Rafael Orozco Martínez, diputado secretario Eduardo Abraham Leines Barrera y el diputado secretario Héctor Esquiliano Solís.
La diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón declara quórum legal en virtud de que se encuentran todos los diputados miembros de la Mesa Directiva.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
Como siguiente punto del orden del día, la diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón somete a consideración la aprobación del orden del día correspondiente, para el desarrollo de la sesión.
Aprobado.
3.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los anteproyectos de dictamen.
La diputada Presidenta manifiesta que en relación con este punto es necesario revisar los asuntos que están pendientes de dictaminar y convocar las reuniones de subcomisiones para preparar los trabajos del próximo periodo de sesiones.
4.- Asuntos generales.
Se hizo del conocimiento de los diputados asistentes la postura de los representantes de la Iglesia Evangelista con respecto al tema de la clonación; ya que, previamente, varios de sus principales representantes asistieron a una reunión con diputados integrantes de la Comisión.
De igual forma, se informa de la invitación de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud para asistir los días 26 y 27 de febrero a la VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica México-Nicaragua. Y los días 5 y 6 de febrero participar en la reunión de trabajo organizada con la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Finalmente se presenta la actualización del cuadro que contiene los asuntos turnados a esta Comisión, junto con los cuadros y gráficos de productividad.
Tratados todos los asuntos del orden del día, la diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón clausura la sesión a las catorce horas con treinta y dos minutos del día miércoles 15 de enero del año dos mil tres, agradeciendo la participación de los diputados presentes.
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
Dip. Eduardo A. Leines Barrera (rúbrica)
Secretario
Dip. Héctor Esquiliano Solís
Secretario
Dip. Rafael Orozco Martínez (rúbrica)
Secretario
Dip. Adela del C. Graniel Campos (rúbrica)
Secretaria
A la Quinta Reunión Anual "Parlamento de Mujeres de México", que se realizará el 13 y 14 de marzo, a partir de las 8 horas.
Comisión Bicamaral
Parlamento de Mujeres de México
Reunión Anual 2003
13 y 14 de marzo de 2003
Palacio Legislativo de San Lázaro
PROGRAMA
Jueves 13 de marzo de 2003
Registro de participación (lobby del Salón de Plenos).
Palabras de bienvenida, balance de los avances legislativos y objetivos a cargo de la diputada federal Concepción González Molina, Presidenta de la Comisión Bicamaral "Parlamento de Mujeres de México".
Palabras de dos representantes de la sociedad civil, con el tema: "El Parlamento de Mujeres de México como espacio abierto a la participación ciudadana".
Declaratoria inaugural a cargo del diputado Eric Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Ajuste de tiempo.
Sesión Plenaria.
Modera: Senadora Lucero Saldaña de Fueyo y diputada federal Magdalena Núñez Monreal.
Antecedentes del Parlamento de Mujeres de México. Senadora Aracely Escalante Jasso, Vicepresidenta de la Comisión Bicamaral "Parlamento de Mujeres de México".
Palabras del diputado Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados.
Conferencia Magistral
Patricia Espinosa Torres, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.
Ajuste de tiempo.
Instalación e inicio de los trabajos de las mesas.
Trabajarán simultáneamente 8 mesas de trabajo con los siguientes temas:
Mesa 2. Derechos laborales y seguridad social con enfoque de género.
Mesa 3. Educación y cultura para la equidad.
Mesa 4. Acceso a la salud integral.
Mesa 5. Política social con equidad.
Mesa 6. Participación política, ciudadanía plena y democracia.
Mesa 7. Institucionalización de la perspectiva de género: reformas legislativas en la administración pública y en el Poder Judicial.
Comida.
Continuación de las actividades de las mesas de trabajo.
Cierre de las mesas de trabajo y elaboración de las conclusiones.
Inauguración de la exposición colectiva de pintura "Equidad y género a través del arte".
Lectura de poesía. Acela Bernal.
Viernes 14 de marzo de 2003
Sesión Plenaria.
Moderan: Senadora Leticia Burgos Ochoa y diputada federal Celita Alamilla Padrón.
Presentación de las conclusiones de las mesas de trabajo, a cargo de una representante por cada mesa elegida para el efecto.
Intervención de representantes de la sociedad civil y de legisladoras representantes de los diferentes partidos políticos representados en el H. Congreso de la Unión.
Convergencia por la Democracia Partido Alianza Social
Partido de la Sociedad Nacionalista
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México
Partido de la Revolución Democrática, senadora
Leticia Burgos Ochoa
Partido Acción Nacional, diputada Sonia López
Macías
Partido Revolucionario Institucional, diputada Olga Haydeé
Flores Velásquez
Palabras del senador Diego Fernández de Cevallos, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Senadores.
Acto de clausura. Senador Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Ajuste de tiempo.
Programa cultural
Presentación del libro
Mirada de mujer, diputada Celita Trinidad
Alamilla Padrón
Presentación de libros
Cuerpo de mujer, campo de batalla, Lilly Wolfensberger
Schertz
Provincias del alma, Lidia Cacho
Música.
Acto musical Yo aprendí de las mujeres,
Arcelia Paz.
Ajuste de tiempo.
Teatro.
Monólogo Mujeres de Ciudad Juárez,
Cristina Michaus.
Música.
Música coral de compositoras mexicanas (octeto)
 
DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO
A su reunión plenaria de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 13 de marzo, a las 10 horas, en el salón Protocolo.
Atentamente
Dip. Uuc-kib Espadas Ancona
Presidente
DEL COMITE DE INFORMACION, GESTORIA Y QUEJAS
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el jueves 13 de marzo, a las 11 horas, en las oficinas del Comité, ubicadas en el edificio F, primer nivel.
Atentamente
Dip. Esteban Daniel Martínez Enríquez
Presidente
 
DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 13 de marzo, a las 11:15 horas, en el salón de usos múltiples del edificio D, planta baja.
Orden del Día
4. Discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen a la iniciativa que reforma el numeral 3 del artículo 175
del Cofipe con el fin de que los partidos políticos registren en
los cargos de elección popular al mismo número de candidatos
varones que de mujeres.
5. Discusión y, en su caso, aprobación
del dictamen a la iniciativa de reformas y adiciones al Cofipe sobre la
regulación de asociaciones políticas nacionales.
6. Discusión y, en su caso, aprobación
del dictamen a la iniciativa de reformas a la Ley de Expropiación.
7. Discusión y, en su caso, aprobación
del dictamen a la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Entidades
Paraestatales (adición de un artículo) y al artículo
70 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
8. Discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 9, 12 y 33 de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
9. Discusión y, en su caso, aprobación
del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Planeación.
10. Discusión y, en su caso, aprobación
del dictamen a la iniciativa de Ley General de Bienes Nacionales.
11. Discusión y, en su caso, aprobación
del dictamen a la minuta con proyecto de decreto de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
e iniciativa de decreto de Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera
de la Administración Pública Federal.
12. Planteamientos del Grupo de Trabajo en Materia de
Juegos y Sorteos.
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el jueves 13 de marzo, a las 13 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Silvia Alvarez Bruneliere
Presidenta
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su reunión de trabajo en conferencia de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, el sábado 15 de marzo, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 18 de marzo, a las 18 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 19 de marzo, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DEL DISTRITO FEDERAL
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 19 de marzo, a las 10 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Dip. Salvador Rocha Díaz
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales
Dip. Jorge Alberto Lara Rivera
Presidente de la Comisión del Distrito Federal
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su reunión ordinaria de trabajo con la comparecencia del Lic. Jorge Amigo Castañeda, director general del Instituto General de Propiedad Industrial, el miércoles 19 de marzo, a las 11 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el miércoles 19 de marzo, a las 12 horas, en el edificio F, segundo piso.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE SALUD
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 19 de marzo, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
 
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión plenaria y presentación de las Reglas de Operación 2003 por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, que se efectuará el miércoles 19 de marzo, a las 14:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Víctor León Castañeda
Presidente
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su reunión ordinaria de trabajo con la comparecencia del Lic. Fernando Canales Clariond, secretario de Economía, el miércoles 2 de abril, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere
Presidente