QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 283 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CONTROL SANITARIO DE ESPECIES, PRODUCTOS, INSUMOS Y EQUIPOS AGRICOLAS, VEGETALES, PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2003
El suscrito, diputado federal miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar la siguiente:
Iniciativa de ley que reforma y adiciona el artículo 283 de la Ley General de Salud.
Exposición de Motivos
La facilidad con que se genera el contrabando en productos lejanos de cumplir con las normas de sanidad y calidad establecidas en nuestro país.
La importación de productos de desecho de Estados Unidos que compiten y desplazan a nuestros productos de primera calidad.
El Tratado de Libre Comercio es un mecanismo para comercializar nuestros productos, el contrabando nada tiene que ver con el Tratado.
La infraestructura desplegada en las aduanas y casetas de revisión fitosanitarias y zoosanitarias ubicadas en las salidas y las entradas de las entidades federativas, que pueden y deben fortalecer la inspección al combate de los productos insalubres e irregulares en su importación.
La dudosa vigilancia de la Dirección de Aduanas en los puertos de importación, así como el llamado contrabando documentado que inunda a los estados productores, generando riesgos a la salud general de la población por no cumplir con las normas necesarias o la falsificación de las mismas.
Productos que se importan no autorizados por bioseguridad y con el riesgo de contaminación al sector humano principalmente, violando todo tipo de normas.
La falsificación de certificados de importación, falsificando los cupos de importación y los contenidos de origen de los productos.
La posibilidad de contaminación de las especies animales mexicanas, debido a la introducción de alimento contaminado.
Las centrales de abasto de nuestro país se encuentran inundadas de productos de importación, muchos de los cuales no cumplen con los requisitos mínimos de calidad y sanidad.
Iniciativa de ley que reforma y adiciona el artículo 283 de la Ley General de Salud.
Artículo Primero: Se adiciona un párrafo segundo al Artículo 283 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 283. Corresponde a la Secretaría de Salud el control sanitario de los productos y materias primas de importación y exportación comprendidos en este título, incluyendo la identificación, naturaleza y características de los productos respectivos.
Corresponde a las Entidades Federativas verificar que las especies, productos, insumos, y equipos agrícolas, vegetales, pecuarios, acuícolas y pesqueros que se pretendan introducir al país, cumplan con la normatividad correspondiente y en su caso, se constate su condición sanitaria o su inocuidad.
Transitorios
Artículo Unico.- La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro; febrero 19 del 2003.
Dip. Cesar H. Duarte Jáquez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Salud. Febrero 19 de
2003.)
QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE POBLACION, DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, CON RELACION AL REGIMEN PENAL PARA EL TRAFICO DE INDOCUMENTADOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2003
La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa que reforma y adiciona artículos de la Ley General de Población, el Código Penal Federal y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
El traslado e internación de personas indocumentadas en territorio de otros países, ha presentado un panorama de conductas delictivas que se incrementa año con año, en relación directa con la crítica situación económica que prevalece en nuestro país y en los vecinos de Centro y Sudamérica
Ante la complejidad y diversidad de normas legales que tipifican este tipo de delitos que se dan en torno al fenómeno migratorio, parece conveniente en este momento proponer la intensificación de las penas que desalienten a los delincuentes; y
Considerando
1. Que es necesario incrementar las penas a los que se dedican a la actividad de traslado ilegal de mexicanos o extranjeros con propósito de tráfico, sin la documentación ni las formas legales prescritas, independientemente del resultado de su gestión.
2. Que dicho proceso puede culminar en una internación exitosa, si se puede llamar así a una situación al margen de la ley, pero que responde a la voluntad y al compromiso de los contratantes.
3. Que el traslado puede resultar inconcluso, o en la muerte, daños graves o abandono del migrante, en cuyo caso las penas se acumularán, según las normas procesales penales.
4. Que hay que recalcar que la intención es un elemento importante en la configuración del delito. Existe tráfico cuando hay voluntad de lucro en el encargado del traslado de las personas.
5. Que no se puede desconocer la relevancia que tienen las redes familiares o comunales para el desplazamiento de ilegales a través de las fronteras.
6. Que en esos casos, donde no existe ánimo de lucro sino de solidaridad, estamos igualmente en presencia de delito, al violar las disposiciones migratorias del país huésped, pero no se configuraría el tráfico de indocumentados como tal.
7. Que la Ley General de Población, en el mencionado artículo 138 dispone lo siguiente:
"Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o, con propósito de tráfico, los albergue o transporte por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria.
"A quien a sabiendas proporcione los medios, se preste o sirva para llevar a cabo las conductas descritas en los párrafos anteriores, se le impondrá pena de uno a cinco años de prisión y multa hasta el equivalente a cinco mil días de salario mínimo conforme al que esté vigente en el Distrito Federal. Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en los párrafos precedentes, cuando las conductas descritas se realicen respecto a menores de edad; o en condiciones o por medios que pongan en peligro su salud, la integridad o la vida de los indocumentados; o bien cuando el autor del delito sea servidor público."
9. Que dichas conductas están tipificadas en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1996) para el caso de que sean cometidas por tres o más personas organizadas en forma permanente o reiterada, en cuyo artículo 2 establece:
b) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días de multa.
I. Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán a dicho servidor público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión pública, o
"II. Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de los delitos a que se refiere esta ley."
Por lo que antecede, me permito proponer a esta honorable asamblea
Primero.- Se derogue el artículo 138 de la Ley General de Población y se incorpore el delito de traslado de personas, sin la documentación correspondiente, con propósito de tráfico, al Código Penal Federal, incrementando las penas dispuestas, a fin de penalizar al máximo dicha conducta, cuando ésta sea realizada por una o dos personas. Cuando se realice en forma reiterada por tres o más personas, cae dentro de los supuestos descritos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Segundo.- En la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada se incrementen las penas ahí establecidas al delito en cuestión, que se encuentra recogido en la fracción III del artículo 2º.
Tercero.- En ambos casos, se incrementen las penas cuando se utilice a menores de edad o incapaces para cometer el delito o auxiliar en la comisión del mismo.
Palacio Legislativo, a 13 de febrero de 2003.
Dip. Irma Piñeyro Arias (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Población, Fronteras
y Asuntos Migratorios, y de Justicia y Derechos Humanos. Febrero 19 de
2003.)
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión -de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia- de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por los senadores Héctor Michel Camarena y Ernesto Gil Elorduy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionado Institucional, para destinar apoyos emergentes y extraordinarios a los damnificados del estado de Colima, por el terremoto ocurrido el pasado 21 de enero de 2003.
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 29 de enero del año en curso los senadores Héctor Michel Camarena y Ernesto Gil Elorduy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con punto de acuerdo para destinar apoyos emergentes y extraordinarios a los damnificados del estado de Colima, por el terremoto ocurrido el pasado 21 de enero de 2003.
2. Con fecha 3 de febrero del año en curso, se turnó el referido punto de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.
3. Con fecha 4 de febrero del mismo año, los integrantes de esta Primera Comisión en acatamiento al turno dispuesto y en reunión urgente de trabajo procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen, tomando en cuenta las siguientes
Consideraciones
1ª. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina surge a partir de la propuesta presentada ante esta soberanía por los CC. senadores Héctor Michel Camarena y Ernesto Gil Elorduy, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionado Institucional, como consecuencia de la apremiante necesidad de establecer mecanismos de coordinación y cooperación que permitan enfrentar los graves daños ocasionados por el terremoto ocurrido el pasado 21 de enero en el estado de Colima.
2ª. Los integrantes de esta Primera Comisión estiman pertinente reproducir textualmente la motivación del punto de acuerdo que se dictamina, tal y como fue presentada por los proponentes:
"Para dimensionar la fuerza y consecuencia de la tragedia, más de 800 casas destruidas en su totalidad y más de 12 mil afectadas, conforman las escenas dantescas en cinco de los diez municipios de la entidad como son: Colima, Tecomán, Villa de Alvarez, Coquimatlán y Manzanillo; con mayores estragos en la ciudad capital."
"Los daños estructurales se han extendido de casas habitación a cientos de comercios, a más de 700 inmuebles escolares, lo mismo en monumentos históricos y templos religiosos, oficinas administrativas de los tres niveles de gobierno y también en la infraestructura agrícola del estado: clínicas, hospitales del ISSSTE, IMSS y de la Secretaría de Salud.
"Cabe también mencionar que en el caso del hospital del ISSSTE, con sede en la ciudad capital, fue necesario desalojar a pacientes y personal de dicha institución, debido a los fuertes daños que sufrió su edificio.
"Ante el luto y dolor de los colimenses se pone de manifiesto una vez más la solidaridad y hermandad de los mexicanos, el actuar de nuestras instituciones.
"Es de reconocerse y se reconoce, la pronta intervención de las Fuerzas Armadas que con eficiencia y amplia capacidad han implementado el Plan DN-III en apoyo a damnificados.
"La participación espontánea y solidaria de la sociedad civil; la ayuda siempre fraterna de diversos gobiernos estatales que ya ha llegado a Colima, y aquella que puntualmente ha sido propuesta y enviada por organismos internacionales y naciones como: España, Estados Unidos, Grecia y el Estado Vaticano, entre otros.
"La actuación de la Benemérita Cruz Roja Mexicana y la cooperación de cuerpos de rescate del vecino estado de Jalisco se han sumado exitosamente a las tareas de ayuda inmediata y remoción de escombros en la entidad. A ellos y a quienes ante estas adversas circunstancias han brindado su apoyo a los miles de familias damnificadas expresamos la gratitud y reconocimiento del pueblo y gobierno de Colima.
"Al día siguiente del terremoto el Ejecutivo federal, en compañía de los secretarios de la Sedesol, Sedena, Marina, Turismo, así como de los titulares del ISSSTE y Cenapred, realizaron un recorrido por las zonas afectadas en compañía del gobernador del estado. En los días subsecuentes los secretarios de Educación, de Economía y el director del Fonden llevaron a cabo una gira de trabajo a efecto de evaluar y convenir los apoyos necesarios.
"La mañana del jueves 24 el Ejecutivo estatal sostuvo una reunión de trabajo en Los Pinos y se firmaron acuerdos para la rehabilitación y apoyo a damnificados del terremoto por 150 millones de pesos. La magnitud y evaluaciones del terremoto que han ejercido las instancias correspondientes de los tres órdenes de gobierno permite al gobierno del estado estimar en 400 millones de pesos la cantidad de recursos necesarios para programas exclusivos de reconstrucción de vivienda, según la información proporcionada por el propio gobernador del estado, Fernando Moreno Peña, a la sociedad colimense.
"Asimismo la dimensión y consecuencias del terremoto hicieron posible que la Secretaría de Gobernación y a petición del propio gobierno del estado se declarara a Colima como zona de desastre. Se han instrumentado los mecanismos que permitirán el flujo de apoyos y recursos para la recuperación de miles de inmuebles afectados en forma parcial o total.
"Lamentaremos siempre la invaluable pérdida de colimenses que en el fenómeno natural perecieron. A sus deudos y a todo el pueblo de Colima nuestro apoyo y solidaridad en momentos tan difíciles.
"En los hechos Colima está demostrando que una adecuada coordinación entre los órdenes de gobierno, instituciones y sociedad, es la mejor garantía para dar solución a la problemática derivada de contingencias y desastres naturales. Ahora es necesario redoblar esfuerzos y respaldar las acciones emprendidas, a fin de garantizar que el desarrollo de un eficaz sistema de protección civil debe contar con tres estrategias de aplicación básicas: una de prevención, en la cual se busca evitar los efectos nocivos del desastre; otra, de acción de emergencia para salvar el mayor número de vidas y contrarrestar situaciones secundarias; y una última, de restablecimiento que solucione la problemática material de la colectividad.
"En este contexto no sólo se hace necesario la revisión de planteamientos sociológicos, políticos, históricos y legales, que nos permita alcanzar respuestas más integrales y colectivas para la atención de futuros riesgos y emergencias. Se requiere ampliar, pero ante todo garantizar la insuficiencia de recursos tendientes al auxilio, reconstrucción y recuperación de las condiciones de normalidad ante la presencia de situaciones de desastre.
"Ahora es preciso centrar los esfuerzos hacia el fortalecimiento de un proceso de reconstrucción en inmuebles afectados. Dar certidumbre y seguridad económica a quienes lo han perdido todo o parte de su patrimonio, forjado con el esfuerzo y tenacidad de muchos años. De nada servirán los mecanismos de coordinación entre las distintas dependencias públicas y los tres órdenes de gobierno con el propósito de realizar acciones unificadas que respondan efectivamente al desastre de Colima, si no se cuenta con los recursos suficientes, pero ante todo su inmediata disposición."
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción II, 78, fracción III, de la Constitución federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión que suscriben el presente, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el presente dictamen con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita al Gobierno Federal que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2003, así como de conformidad con lo previsto por los artículos 15, 26, 27, 28, 29 y 30, y demás relativos de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, se transfieran recursos adicionales al Fonden por 500 millones de pesos, destinados a programas de reconstrucción de inmuebles, en ayuda a los damnificados de Colima por el terremoto ocurrido el pasado martes 21 de enero y que se ejercerán independientemente de los recursos ya acordados entre los gobiernos de la República y del estado de Colima.
En ese sentido, se solicita a los Gobiernos Federal y del estado de Colima, constituyan un Consejo Estatal integrado por el gobierno del estado de Colima, representantes de todas las dependencias federales involucradas, así como por los municipios afectados, a efecto de que induzca en coordinación con el Fonden, todo lo relativo a la aplicación, fijación de metas, destino y flujo de los recursos adicionales para los programas emergentes de vivienda y ayuda a damnificados a que se refiere el presente punto de acuerdo. Lo anterior a fin de que su aplicación tenga la transparencia que la sociedad reclama.
Segundo. La asignación de los recursos será en el entendido de que en aquellos casos en que las condiciones económicas lo permitan, los particulares o beneficiados reintegrarán el apoyo económico a la Federación en los plazos y procedimientos que para tal efecto se determinen por el Consejo Estatal.
Tercero. Esta soberanía exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de los titulares de la Sedesol, Educación, ISSSTE, IMSS, Economía, Turismo, Sagarpa y el propio Fonden, se agilice el flujo de los recursos ya acordados en apoyo a los damnificados por el terremoto en el estado de Colima.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, reconoce y agradece el apoyo de jefes de Estado, organismos internacionales, miembros de la comunidad internacional y por supuesto a los elementos del Ejército Mexicano, que en tan difíciles momentos para el pueblo de México han mostrado su solidaridad y apoyo siempre entrañables.
Quinto. Comuníquese de inmediato al Poder Ejecutivo federal para los efectos conducentes.
Dado en el Salón de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil tres.
Primera Comisión de Trabajo
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Sen. Orlando Paredes Lara (rúbrica), Presidente; Dip. Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretarios; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Gerardo Buganza Salmerón, Sen. Federico Ling Altamirano, Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Antonio García Torres (rúbrica), Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica).
(Aprobado en votación económica. Febrero
19 de 2003.)
DE LA PRIMERA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ORDENE LA SUSPENSION TEMPORAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y OPERACION DE UN MUELLE PARA EMBARCACIONES DE MEDIANO CALADO EN PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO, MEXICO
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ordene la suspensión temporal de las obras de construcción y operación de un muelle para embarcaciones de mediano calado en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, estado de Quintana Roo, México, en nombre de integrantes de diversos grupos parlamentarios, el 12 de febrero de 2003.
Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 60, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente el presente dictamen, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
La empresa Servicios Mexicanos Náuticos, SA de CV, pretende construir un muelle para embarcaciones de mediano calado en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.
El 7 de febrero de 2001, el promovente ingresó en la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Quintana Roo la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional, correspondiente al proyecto "Construcción y operación de dos muelles para embarcaciones de mediano calado localizados uno en la isla de Cozumel, municipio de Cozumel, y el otro en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, estado de Quintana Roo, México", motivo de este punto de acuerdo.
Con fecha 29 de enero de 2003, se recibió en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H Cámara de Diputados una denuncia pública en contra de la Semarnat, por haber autorizado la construcción de un muelle para embarcaciones de mediano calado en Playa del Carmen.
Con fecha 31 de enero, se recibió la solicitud de realizar una visita urgente de esta Comisión al área afectada, ya que las obras de construcción de dicho muelle ya han empezado, por lo que los diputados integrantes acuden a realizar esta visita de inspección, apenas seis días después de recibida esta solicitud.
Con fecha 6 y 7 de febrero, diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente realizaron una gira de trabajo por el área antes referida. Se realizaron sesiones de trabajo con representantes de diversos sectores, como son pequeños hoteleros, sector turístico, pesquero, representantes empresariales, prestadores de servicios acuáticos y sociedad civil. También se realizó una entrevista con representantes de partidos políticos.
Posteriormente, se realizó un sobrevuelo, así como un recorrido marítimo para corroborar los datos proporcionados por la población.
Con la información recibida y ampliada por la investigación documental y la inspección realizadas, se tiene conocimiento documentado de las graves e irreversibles afectaciones que la ejecución del proyecto de referencia, y actualmente en construcción, está causando al hábitat de la zona.
Que, derivado de dicha investigación e inspección, se pudo constatar que existen serias contradicciones e irregularidades entre los esfuerzos de conservación y protección en la zona y a las actividades económicas y de desarrollo promovidas, así como violaciones de la normatividad ambiental aplicable en la aprobación de dicho proyecto, así como, a saber, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
I. Importancia del ecosistema de la zona del proyecto
Aunque la zona por sí misma reviste una importancia ecológica considerable, la unidad ecológica que en particular se pretende utilizar para la ejecución del proyecto lo es aún más debido al tipo y características de la fauna y la flora, tanto migratoria como nativa, que existen en la zona.
Caso particular que se actualiza con el citado proyecto, ya que dentro de las especies que sin duda se han afectado por la perturbación y transformación del hábitat original se encuentran, entre otras, las tortugas marinas, especie que actualmente se encuentra clasificada dentro de nuestra legislación como "en peligro de extinción" (NOM-059-ECOL-1994).
Efectivamente, el proyecto pretendido puede modificar el hábitat en un grado suficiente para llegar al punto en que el arribo de tortugas marinas a dichas playas sufra una merma. Existen evidencias de que incluso se han filmado tortugas carey alimentándose en el arrecife coralino llamado Los Jardines, que se ubica a escasos 125-150 metros del punto más distante a tierra del muelle planeado.
Por otro lado, en la Manifestación de Impacto Ambiental referente al mencionado proyecto se proporciona información falsa respecto a la distancia del muelle que se está construyendo en Playa del Carmen con el arrecife Los Jardines, el cual se encuentra a escasos 150 metros del lugar pretendido para la construcción de este muelle, que tendrá una longitud mayor de 250 metros.
El mencionado proyecto requerirá la realización de varios trasplantes de colonias vivas de coral, lo cual se encuentra expresamente prohibido en la Unidad de Gestión Ambiental en donde se pretende ubicar el proyecto.
II. Aspectos legales de las autorizaciones en materia ambiental
b) El 7 de febrero de 2001, el promovente ingresó en la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Quintana Roo la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional, correspondiente al proyecto "Construcción y operación de dos muelles para embarcaciones de mediano calado localizados uno en la isla de Cozumel, municipio de Cozumel, y el otro en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, estado de Quintana Roo, México".
c) Para el caso de Playa del Carmen, motivo de este punto de acuerdo, la zona en que se ubica el proyecto se encuentra dentro de la región regulada por el Acuerdo de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico de la región denominada Corredor Cancún-Tulum, publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Quintana Roo el 9 de junio de 1994 ("el programa de ordenamiento") y clasificado en la Unidad Territorial de Gestión Ambiental ("UGA") T30 y en la Unidad Marina de Gestión Ambiental ("UMGA") M2.
d) El ordenamiento ecológico territorial de dicha zona ordena expresamente la realización de estudios ecológicos para instrumentar la conservación de las especies de tortugas marinas, así como su hábitat (A5-A). El presente proyecto representa una amenaza para las tortugas, a través de la destrucción y/o deterioro del hábitat.
Al mismo tiempo, el inciso E11 prohíbe las obras o instalaciones en la zona de dunas costeras, por lo que también resulta violatorio del ordenamiento.
e) Al mismo tiempo, se ordena la conservación de las estructuras coralinas y se prohíbe la recolección de organismos vivos o muertos o materiales naturales (G1), que el presente proyecto viola. Asimismo, también se viola la disposición de proteger los arrecifes coralinos en G4, que dice: "G4 Para el tránsito de las embarcaciones de altura deberá concertarse con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una distancia mínima que no ponga en peligro la integridad de los arrecifes coralinos".
f) Dentro de los cinco días contados a partir de que presentó la Manifestación de Impacto Ambiental, no se hizo publicación alguna de un extracto del proyecto en algún periódico de amplia circulación en el estado de Quintana Roo.
1. Irregularidades al ordenamiento ecológico:
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental hizo caso omiso de la afectación del arrecife Los Jardines, debido a que los modelos de simulación de viento y marea sólo se hicieron con datos del 23 de septiembre de 2000 al 8 de octubre del mismo año.
Lo anterior contraviene el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que su artículo 44 menciona:
"Al evaluar las manifestaciones de impacto ambiental, la Secretaría deberá considerar:
Los posibles efectos de las obras o actividades a desarrollarse en el o los ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación."
Resulta claro que la autorización es ilegal, debido a que no se tuvo en cuenta la cercanía de dicho arrecife, siendo que estaba obligada a tenerlo en cuenta, aparte de que carecía de información para determinar que la operación de las embarcaciones no afectaría al arrecife, y resulta claro que la autoridad no pudo haber previsto las condiciones de navegación y los modelos de simulación se basan en un periodo menor de tres semanas, cuando las condiciones de navegación son muy distintas por las condiciones predominantes de los vientos en las distintas estaciones del año.
Conclusiones
Por todo lo anterior, existen evidencias de que se incurrió en una serie de irregularidades a la legislación ambiental vigente y al ordenamiento territorial, por lo que resulta necesario ordenar la suspensión temporal de la obra hasta en tanto se realice una investigación conforme a derecho de los hechos y circunstancias en que se otorgaron los permisos.
En efecto, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental pasa por alto diversos criterios ecológicos contenidos en el Ordenamiento Ecológico de la región denominada Corredor Cancún-Tulum.
Siendo el ordenamiento ecológico territorial un instrumento jurídico de vital importancia, que regula el uso del suelo, así como las actividades productivas, y que se ha constituido en el cimiento de la política ambiental, resulta inadmisible la aprobación de un proyecto que resulta violatorio de tales disposiciones.
Es prudente mencionar que en ninguna ley o reglamento se confieren facultades a la mencionada Dirección General de decidir qué criterios aplica y cuáles no, siendo que la obligación de sujetarse a los mismos es clara y contundente. En este sentido, de conformidad con el principio de legalidad imperante en nuestro sistema jurídico, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente las faculta la ley en contraposición con la facultad de los particulares de hacer todo lo que no les prohíbe la ley.
En el caso que nos ocupa, la autoridad que emitió el acto pretende fundarse en el contenido de la autorización que se recurre, resultando en una resolución que violenta la naturaleza y el sentido que el instrumento de política ambiental, denominado "evaluación de impacto ambienta" tiene en nuestro país, ya que todos los criterios del ordenamiento ecológico y todas y cada una de las leyes, reglamentos y demás disposiciones establecidas en el artículo 35 de la LGEEPA sirven precisamente para eliminar la discrecionalidad en la toma de decisiones de las autoridades ambientales, confiándolas a ordenamientos previos y no dejando insubsistentes dichos criterios a través de una autorización que infringe el principio de legalidad mencionado.
Con base en las observaciones formuladas y las consideraciones apuntadas, y debido a que legisladores de diversas fracciones parlamentarias han constatado que las obras se han iniciado, pero se encuentran todavía en la etapa de construcción en tierra, sin haber iniciado en mar, la Primera Comisión de la Comisión Permanente somete al Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que ordene la suspensión temporal de las obras referentes al proyecto de construcción y operación de un muelle para embarcaciones de mediano calado en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo, hasta en tanto se verifique la legalidad de las autorizaciones.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revisar todos y cada uno de los documentos y permisos que fueron otorgados, verificando su legalidad; y, de encontrarse vicios en los procedimientos, se declare la suspensión o revocación de las autorizaciones correspondientes.
Tercero. En caso de corroborarse las violaciones antes descritas, se inicie una investigación de las circunstancias en que fueron otorgados los permisos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días de febrero de 2003.
Primera Comisión de Trabajo
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Sen. Orlando Paredes Lara (rúbrica), Presidente; Dip. Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretarios; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Gerardo Buganza Salmerón, Sen. Federico Ling Altamirano, Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Antonio García Torres (rúbrica), Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica).
(Aprobado en votación económica. Febrero
19 de 2003.)
Antecendentes
1. Con fecha 8 de enero del presente año, el que suscribe integrante de la fracción parlamentaria del PRD, presenté a consideración del Pleno de esta Comisión, un punto de acuerdo para que esta Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo federal a renegociar el Capítulo VII, "Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias", del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y Canadá, con objeto de proteger la producción agropecuaria nacional.
La proposición fue turnada a la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública.
Consideraciones
A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el intercambio comercial se ha incrementado paulatinamente entre Estados Unidos y México, en particular las importaciones agropecuarias, las cuales han sido mayores que las exportaciones, ampliando con ello el déficit comercial agropecuario de nuestro país.
El proceso de apertura ha ocasionado que el sector más afectado sea el agropecuario, sumado a que el campesino fue utilizado por décadas para fines electorales. El abandono del campo mexicano se manifiesta por la mayor pobreza de su población: de 24.5 millones de habitantes que viven en zonas rurales, se estima que 17 millones viven en condiciones de extrema pobreza y, según cifras del Banco Mundial, una cuarta parte de la población rural carece de los recursos para comprar alimentos básicos.
En este año, México acordó la inmediata eliminación de aranceles para una lista muy amplia de productos agrícolas. Al mismo tiempo, se acordó la desgravación gradual de las barreras arancelarias restantes en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor del Tratado.
Los resultados que arroja el TLCAN en el sector agropecuario de México son negativos: las importaciones de productos agrícolas se han incrementado considerablemente, llegando en muchos casos a desplazar los productores nacionales. Solamente algunos productores están recibiendo los beneficios, mientras una gran cantidad de pequeños y medianos productores tiene que buscar alternativas para sobrevivir.
En contraste, observamos que Estados Unidos apoya sustancialmente su sector agropecuario, orientando mayores recursos al mismo. Con la implementación de la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2002 (Farm Bill), avalada por el gobierno norteamericano, se destinarán 183 mil 500 millones de dólares, los cuales se distribuirán a lo largo de los próximos 10 años a un promedio anual de 18.3 mil millones de dólares, los cuales se canalizarán a programas de apoyo directo a productores y a programas de conservación ambiental en el campo.
Reconocemos que con la Farm Bill, Estados Unidos ejerció sus facultades soberanas, pero con ello viola el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La cifra del subsidio norteamericano destinado a sus productores del campo es inalcanzable para nuestro país. Con ello, nos imponen condiciones de desventaja e iniquidad y acentúan las asimetrías entre ambos países.
El sector agropecuario en México es uno de los más liberalizados del mundo. Esto llama la atención porque en los principales países desarrollados, el sector más protegido de sus economías es precisamente el agropecuario; es decir, nuestro país va a contracorriente de las tendencias mundiales, no logra fortalecerse y sin embargo se le expone a la competencia internacional.
Las protestas de los diferentes productores del campo, como cañeros, frijoleros, cafetaleros y piñeros, entre otros, nos muestran que los programas destinados a apoyar al campo no están dando los resultados que se esperarían; al contrario, observamos que las protestas son crecientes y cada vez más violentas.
En este contexto, el Gobierno Federal señaló que el blindaje agroalimentario está contemplado en el Presupuesto para el ejercicio de 2003, indicando que se destinarán 102 mil 563 mil millones de pesos, recursos que se tienen contemplados para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. En él se conjuntan varios programas de 14 dependencias de la Administración Pública Federal; sin embargo, muchos de estos programas tienen carácter social, asistencial y de inversión. No se distingue un apoyo destinado específicamente a la competencia agropecuaria que tendrán los productores nacionales con sus contrapartes norteamericanas frente a la apertura prácticamente total del sector agropecuario para este año.
Por ello, es imperativo que el Ejecutivo inicie un proceso de renegociación del Capítulo VII, "Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias", del TLCAN con los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá.
Se ha señalado que el gobierno no puede renegociar el Capítulo VII del TLCAN, sin embargo está establecido que puede revisarse dentro del Capítulo XXII denominado "Disposiciones Finales", el artículo 2202, señala:
1. Las partes podrán convenir cualquier modificación o adición a este Tratado.
2. Las modificaciones y adiciones acordadas y que se aprueben según los procesos jurídicos correspondientes de cada parte, constituirán parte integral de este Tratado."
Por lo anterior y en términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, solicito respetuosamente lo siguiente:
Unico. Se envíe excitativa a la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública, para que emita el dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo presentada el pasado 8 de enero por el suscrito y que les fue turnado en la misma fecha.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a 19 de febrero de 2003.
Dip. Ramón León Morales (rúbrica)
(Se excita a la Segunda Comisión, para que emita
el dictamen correspondiente. Febrero 19 de 2003.)
Los suscritos diputados federales, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración de esta Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo para que se exente de pago el suministro de energía eléctrica y se conceda una prórroga y se establezca un programa de facilidades administrativas para el pago de las aportaciones de seguridad social a las personas afectadas por los sismos del 21 de enero de 2003 de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
Es del conocimiento general que algunos municipios de los estados de Colima, Jalisco y Michoacán están inmersos en una situación caótica como consecuencia del sismo que padecieron el día 21 de enero del presente año. Este fenómeno natural trajo como consecuencia una baja drástica en la actividad económica de los municipios afectados.
Como ejemplo de lo anteriormente expuesto, tenemos que existe un saldo actualmente en el estado de Colima de más de treinta mil damnificados, veintitrés mil viviendas afectadas y más de tres mil completamente destruidas.
Este acontecimiento complicó necesariamente la actividad económica y redujo drásticamente los niveles de ingresos de las personas.
La gravedad económica nos conduce necesariamente a plantearnos un programa especial de créditos a largo plazo para la reparación de los comercios e integrarlos a las cadenas productivas. Se requiere de un programa de adquisición de mercancías y es necesaria la colaboración tanto del Infonavit e IMSS, así como del Foviste para que amplíen sus programas de reparación, construcción y reconstrucción de viviendas, enfocándose a las afectadas por el sismo principalmente.
Se requiere de créditos y subsidios para reparar no sólo las viviendas, sino la actividad económica del estado. La atención de las principales demandas debe darse en los renglones de la vivienda, abastecimiento de agua y energía eléctrica y subsidios a los comercios dañados.
La situación que actualmente viven los municipios afectados, no es propicia para conseguir los bienes básicos que necesita una familia para vivir en términos normales, en virtud de que se vive el periodo de reconstrucción.
En estas condiciones aparecen centenares de personas deambulando por las calles acarreando sus pocas pertenencias y las autoridades se dan a la tarea de evitar que ocupen sus dañadas viviendas.
La población ha comenzado a reflejar su desventura y se está impacientando por la insuficiente ayuda.
Las empresas de la entidad no encuentran un punto de apoyo para salir adelante y están inmersas en una situación crítica y caótica desde el punto de vista financiero.
Como es del conocimiento del Gobierno Federal y reconocido por la Secretaría de Desarrollo Social, los apremios económicos del estado y principalmente de los municipios afectados por el sismo, son más grandes que la ayuda que han recibido.
Por lo tanto, proponemos que se amplíen las medidas de apoyo para aumentar la capacidad de apoyo a los ciudadanos y a los entes económicos para enfrentar esta situación.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recomienda a la Comisión Federal de Electricidad que exente del pago de este servicio a las personas afectadas en sus casas y negocios por el sismo, en los municipios de los citados estados, en tanto no se normalice la situación.
Segundo.- Se propone un exhorto a la Comisión Nacional del Agua para que exente del pago de este servicio a las personas afectadas en sus casas y sus negocios por el desastre natural, en los municipios de los citados estados, en tanto no se normalice la situación.
Tercero.- Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que establezca una prórroga en las aportaciones obrero-patronales de ambos organismos y realizar un plan de facilidades administrativas para el pago por los meses o bimestres prorrogados, de tal suerte que se promueva un mecanismo de apoyo para enfrentar la situación económica por la que atraviesan los municipios de los citados estados, en tanto no se normalice la misma.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2003.
Diputados: Ramón León Morales, Jesús Orozco Alfaro (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Febrero 19 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LAS TARIFAS Y ARANCELES DEL SECTOR AGROPECUARIO, PRESENTADA POR LA SENADORA YOLANDA EUGENIA GONZALEZ FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2003
Es en verdad decepcionante la gran incertidumbre que prevalece entre los productores rurales, al no contar con los elementos necesarios para programar los costos, grandes siempre, que se requieren para la obtención de sus cosechas y productos. Esto, en la práctica cotidiana y como mal componente de una serie de indefiniciones y contradicciones que agravan la crisis del campo mexicano, hoy sujetas a debate.
Hago referencia en particular, y a solicitud de los productores asociados a la Confederación Nacional Campesina en el estado de Tamaulipas, que lidera Guadalupe Flores de Suárez y de la compañera senadora Laura Alicia Garza, de las cuales gustosa soy portavoz, por ser este asunto del interés de todas las entidades federativas que constituyen el Pacto Federal a las contradicciones suscitadas entre lo que establecen las Reglas de Operación generadas por la Secretaría de Hacienda a través de Aserca (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria) entidad paraestatal federal, que norma diversos programas de apoyo al medio rural y la información publicada el pasado 20 de enero en los medios nacionales, relativa a los precios y tarifas de los bienes y servicios que presta el Gobierno Federal, así como a las diversas declaraciones del titular de la Secretaría de Agricultura, Sr. Javier Usabiaga, en esta ocasión en torno al precio del diesel para el campo y el supuesto subsidio que ampara a este insumo.
Así, el pasado 20 de enero se difundió por el Gobierno Federal las diversas tarifas a los servicios públicos, a los que se atribuye sólo y sólo, un 2.7% en su conjunto: gasolina +3%; diesel +3%; electricidad +4%, en donde se especifica: uso doméstico-residencial +5.1%, uso riego agrícola -14.5%; uso industrial y comercial: alta tensión -0.3%; media tensión +0.6%; y baja tensión +l.3%; y el diesel agrícola -55%. Claro, con este superbajón al diesel agrícola, por supuesto que se baja el promedio de los duros incrementos a los precios de los bienes y tarifas que para el servicio público, presta el Gobierno Federal.
Pero no paran ahí las cosas. Olvidados los promedios del 2.7% para esas tarifas, en la dura realidad, resulta que el precio del diesel agrícola, que cuesta 5 pesos y que con el menos 55% se abatiría a $2.25, lo que significaría un respiro para los productores rurales, ya en las Reglas de Operación de Aserca, tienen una serie de asegunes:
2. Sólo se aplicará en todo el país para el ciclo primavera-verano; por lo que la medida, ya alterada en cuanto al subsidio, no entrará en vigor hasta los meses de julio-agosto próximos y para este principio de año, en el que transcurre el ciclo otoño-invierno que es el ciclo de mayor temporalidad, no habrá tal apoyo. Los productores se quedarán como el chinito: "nomás milando".
3. Como todos sabemos, en la mayor parte del país, los campos son de temporal y con un régimen de lluvias escaso; y en la menor parte, sólo en algunas regiones, bastante pocas, existe una agricultura de riego.
Pero por otra parte, el secretario Usabiaga ha sembrado más desconcierto y zozobra entre los productores rurales, pues él ha afirmado, que el diesel subsidiado (-55%) será para todos, todo el año.
Sin embargo, en algunos medios de información se ha dado a conocer que, La Jornada, 6 de febrero, pág. 5: "El Gobierno Federal anunció la entrada en vigor de un apoyo para los productores que están siendo productivos", para los que "están mecanizados". Estos tendrán, gracias a la exención de impuestos, un precio preferencial en el diesel de uso agropecuario, que les significará un ahorro en los costos de producción de entre "35% y 38%". Ante la percepción de que una vez más se beneficia a los productores que no requieren urgentes apoyos gubernamentales, el coordinador de apoyos directos al campo (Procampo) Juan Antonio Fernández Ortiz, resaltó que "se está apoyando a todo el sector, tanto a quienes están en condiciones de autoconsumo como a los productores que están siendo competitivos". Sin embargo, el funcionario reconoció que esta ayuda podría beneficiar a sólo 280 mil de los 4.5 millones de productores nacionales.
Ante estas contradicciones, se solicita el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se cita a comparecer al señor Javier Usabiaga, secretario de Agricultura, para que determine ante esta Comisión Permanente los apoyos que se brindarán a los productores rurales mexicanos, en materia del subsidio al diesel agropecuario.
Sen. Yolanda Eugenia González Hernández (rúbrica)
(Turnada a la Tercera Comisión. Febrero 19 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL CONFLICTO LABORAL EN EL INEGI, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAMON LEON MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2003
Antecedentes y Consideraciones
En 1998 se llevaron a cabo las elecciones en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en las que indebidamente se impidió el registro de otras planillas. Solamente se registró la oficial, por lo que, después de varios años de lucha, los trabajadores obtuvieron el fallo favorable y definitivo de parte del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, en mayo de 2001. En cumplimiento de la resolución del Poder Judicial Federal, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje declaró la nulidad del proceso electoral de 1998 y ordenó la realización de un nuevo proceso electoral apegado a las normas estatuarias y legales.
El 8 de julio de 2001, la ciudadana Areli Hernández Rodarte tomó posesión como nueva secretaria general del sindicato, por haber sido elegida democráticamente por la mayoría de votos de los trabajadores integrantes de la organización sindical del INEGI.
A partir de julio de 2001, las autoridades del INEGI iniciaron una sistemática y pertinaz campaña de injerencia en la vida interna del sindicato, obstaculizando además las gestiones que realiza el Comité Ejecutivo Nacional, violando abiertamente el Convenio 87 de la OIT en materia de libertad sindical. Esa campaña se reforzó a partir del 13 de agosto del 2002, después que el CEN del sindicato presentara al director del INEGI un pliego de peticiones planteándole los asuntos más importantes y urgentes para los trabajadores, como la retabulación salarial; el reconocimiento de la antigüedad real de los trabajadores; la basificación de los trabajadores "eventuales", la revisión del catálogo de puestos y respeto a la bilateralidad con el sindicato.
En el INEGI laboran alrededor de 19 mil trabajadores: 5 mil 500 son denominados de confianza; sólo mil 500 de base y 12 mil denominados "eventuales", de ellos muchos han permanecido con ese carácter durante 5, 10 y hasta 20 años.
Ante el planteamiento del sindicato, el titular del INEGI simuló que estaba dispuesto a la negociación, pero apenas se iniciaron las negociaciones, retiró a sus representantes.
El 2 de diciembre de 2002, el CEN del sindicato presentó formal denuncia ante la Contraloría Interna del INEGI, en contra del C. Lino Arturo Vera, coordinador administrativo de la institución, y otros funcionarios de la misma, por inmiscuirse en la vida interna del sindicato. La denuncia fue registrada con el número de expediente 762/2002. Hasta la fecha, la denuncia ha sido ignorada por la Contraloría Interna. Mientras esto sucedía en la ciudad de Aguascalientes, en la Ciudad de México se llevó a cabo una supuesta convención nacional extraordinaria del sindicato, organizada por los dirigentes de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores del Servicio del Estado y patrocinada por las autoridades del INEGI. Esa convención, a la que asistieron cuarenta personas incondicionales de los dirigentes de la FSTSE, fue convocada solamente por cinco de los quince miembros del CEN, por lo que resultó ilegal y violatoria de lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 35 de los estatutos del sindicato. Esta situación fue denunciada oportunamente ante el ciudadano presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
El 4 de diciembre de 2002, el Dr. Gilberto Calvillo Vives, director del INEGI, organizó un acto en el que presentó a la "nueva directiva" del sindicato, según él, electa en la convención nacional extraordinaria; usurpando las funciones de otorgar reconocimiento a las directivas sindicales, que conforme a la Constitución y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, solamente le corresponden al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Cabe destacar que hasta la fecha el mencionado tribunal no ha dado reconocimiento oficial a la directiva que promueve entusiastamente el Dr. Calvillo.
Además de usurpar funciones reservadas al tribunal laboral, el 6 de diciembre de 2002, a las 23 horas, funcionarios de INEGI, acompañados por colaboradores de los dirigentes de la FSTSE, asaltaron las oficinas del CEN del sindicato, sustrajeron el mobiliario, los documentos, los valores y todas las pertenencias que ahí se encontraban y las subieron a dos camiones, con números de placa UYJ 4204 y UXS 1026, que ostentaban el logotipo de la institución; trasladaron los bienes del sindicato a un lugar hasta hoy desconocido. Estos hechos fueron denunciados oportunamente ante el agente del Ministerio Público en la ciudad de Aguascalientes, correspondiéndole el número de averiguación previa A-02/09912. A esta denuncia tampoco se le ha dado trámite, ya que hasta la fecha no se ha iniciado la investigación de los actos delictivos denunciados.
El 11 del mismo mes de diciembre, el CEN del sindicato solicitó atentamente al C. Presidente de la República, interviniera para evitar la consumación del primer charrazo sindical de su gobierno, sin embargo hasta el momento los legítimos dirigentes sindicales no han recibido contestación alguna. Mientras tanto, el Dr. Calvillo ha retenido indebidamente las cuotas sindicales y no ha devuelto a los dirigentes legalmente electos y reconocidos el mobiliario y demás bienes que legalmente les pertenecen.
Ante la falta de respuesta de las autoridades de nuestro país, el 20 de enero de 2003 los dirigentes del sindicato presentaron una queja formal ante la Organización Internacional del Trabajo.
Por lo antes expuesto y la gravedad que reviste el caso que hemos mencionado, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador suscrito pone a consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reprueba los actos que el titular del INEGI ha llevado a cabo en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de esa importante institución y solicita respetuosamente al C. Presidente de la República intervenga lo antes posible para evitar que sigan afectando los derechos de los trabajadores y de sus legítimos representantes, quienes fueron electos democráticamente, conforme al estatuto sindical y la ley laboral aplicable. Asimismo, que ordene al titular del INEGI deje de intervenir en la vida interna del sindicato y de cometer más actos ilícitos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al ciudadano presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a revisar minuciosamente el conflicto planteado y resuelva conforme a derecho, haciendo prevalecer la legalidad sobre la prepotencia y los actos ilícitos llevados a cabo por dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y el titular de INEGI.
Dip. Ramón León Morales (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social. Febrero 19 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA SITUACION LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAMON LEON MORALES Y SUSCRITA CONJUNTAMENTE CON LA DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ, AMBOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2003
Los suscritos diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para que se exija al Instituto Nacional de Antropología e Historia, respete los derechos laborales consagrados en la Constitución Política de la República y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de más de mil trabajadores que laboran regularmente en dicha institución y que hasta el momento carecen de seguridad en el empleo, en base a las siguientes
Consideraciones
A principios del año 2000, un grupo de 39 profesores-investigadores con diferente historial académico, conformado por licenciados, maestros en ciencias y doctores en arqueología principalmente, iniciaron un juicio en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la finalidad de regularizar su situación laboral, la cual se encontraba en un alto grado de indefinición, ya que no obstante tener algunos de ellos hasta 23 años de antigüedad en el Instituto, no habían generado durante ese tiempo derechos de antigüedad y de base, aduciendo las autoridades del Instituto el carácter eventual de su trabajo, por considerar que dichos trabajadores laboraban bajo diferentes figuras administrativas que van desde la lista de raya, hasta contratos por obra determinada.
La demanda de referencia asume su carácter formal en dicha fecha, como una respuesta de los trabajadores ante la cerrazón y falta de capacidad para la negociación que han mostrado las autoridades del INAH ante sus justos reclamos, así como ante la inexistencia de condiciones de trabajo regulares que garanticen los derechos básicos de los trabajadores que les confieren la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Constitución de la República.
El incumplimiento de las condiciones de trabajo que norman las relaciones laborales entre los trabajadores y las autoridades del INAH son evidentes, no tienen acceso a su definitividad, no gozan del servicio médico, vacaciones, guardería y algunos otros derechos de que sí gozan los trabajadores que laboran con el Instituto y que se encuentran bajo la protección de su sindicato, como serían la ropa y el calzado de trabajo, entre otros.
La falta de interés para solucionar el conflicto, por parte de las autoridades del INAH, ha provocado que hasta el momento no se haya regularizado la relación laboral de los trabajadores, de los cuales los que han promovido la demanda son tan sólo una pequeña muestra del total de trabajadores que atraviesan por la misma situación, ya que la indefinición laboral alcanza a más de mil trabajadores que prestan sus servicios actualmente en dicha institución. Las autoridades sindicales del INAH encabezadas por la arqueóloga G. Goncen, quien a pesar de haber formado parte del anterior comité sindical con el que nace la propuesta de demanda, actualmente desconoce el origen y legalidad del movimiento de los derechos de los profesores-investigadores.
Los argumentos de la patronal para regularizar la condición laboral de los trabajadores, se reducen a manifestar la inexistencia de recursos que le permitan al Instituto crear las plazas que se le demandan, cuestión ésta por cierto muy cuestionable, si consideramos que los recursos económicos implícitos en dichas plazas, en realidad existen, al manejarse éstos a través del pago de sueldos y salarios que la institución realizaba aun hasta antes de que los trabajadores demandaran al Instituto.
En los juicios seguidos ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje las autoridades del INAH han empleado tácticas dilatorias que han retardado el laudo hasta por dos años, por su parte los trabajadores perciben cierta imparcialidad de parte de la autoridad laboral al aceptarlas. Cuando finalmente el Tribunal dicta el laudo ordenando la reinstalación y el pago de los salarios caídos, las autoridades del INAH se niegan a acatarlo y el Tribunal no dicta ninguna medida para hacer cumplir sus propias resoluciones, tal es el caso de dos trabajadores del estado de Tlaxcala y uno del estado de México.
El hecho de que el problema del respeto a los derechos laborales del personal en el INAH, no haya sido resuelto hasta el momento y de que la dirección del Instituto no haya planteado ningún mecanismo para darle salida, llevó a los trabajadores a acudir al Senado de la República para plantear ante dicha soberanía su situación. Como respuesta a la problemática planteada, el Senado de la República propuso la creación de una mesa de trabajo, donde con el concurso de tres representantes del Senado, los trabajadores afectados y la representación del INAH, se buscará una solución definitiva al problema.
Como producto de los acuerdos de esta mesa, la representación del INAH, en la persona de su titular, el etnólogo Raúl Sergio Arroyo García, aceptó la carencia de derechos laborales que sufren los trabajadores de contrato en el Instituto, comprometiéndose a negociar con los trabajadores una solución definitiva a su problema; cuestión que hasta el momento no ha sucedido.
Al mismo tiempo vemos con preocupación que al Instituto Nacional de Antropología e Historia se le recortaron 5 millones 524 mil pesos de los originalmente proyectados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de este año. De los mil 613 millones de pesos, con las modificaciones hechas al mismo, observamos que se le aprobó un gasto de mil 608 millones de pesos. Aunque reconocemos que si lo comparamos con el presupuesto del 2002 se le incrementaron 60 millones de pesos; sin embargo no se respetó el proyectado originalmente.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los suscritos diputada y diputado someten ante esta representación popular el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que respete la relación laboral expresada en sus condiciones generales de trabajo de sus trabajadores, ya sea por la modalidad de lista de raya o por tiempo determinado; cumpla con las resoluciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y respete los derechos laborales asentados en el artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Segundo.- Que el titular del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje informe a esta Comisión Permanente del estado que guardan los expedientes de los trabajadores que han demandado al Instituto Nacional de Antropología e Historia y la razón por la cual no se ha logrado la reinstalación de los trabajadores que han ganado los juicios, de los cuales se acompañan copias de los laudos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2003.
Diputados: Petra Santos Ortiz, Ramón León Morales (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social. Febrero 19 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL LA REVISION, MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDEN, PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS SENADORES ANTONIO GARCIA TORRES Y HECTOR MICHEL CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2003
El suscrito, Héctor Michel Camarena, senador de la República por el estado de Colima, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer el siguiente punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal la revisión, modificación y actualización de las Reglas de Operación del Fonden, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Los siniestros y fenómenos naturales suscitados entre los años 1996 y 1999, hicieron posible el establecimiento de nuevas normas y lineamientos para mejorar la operación del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden. Se logró avanzar en el establecimiento de lineamientos que contribuirían a eficientar el proceso de evaluación y cuantificación de daños, optimizar los tiempos de respuesta, fortalecer la coordinación y la cooperación entre los tres niveles de gobierno, precisar y actualizar conceptos y cifras, así como hacer más eficaz el manejo oportuno de los recursos, tanto los ejercidos de manera directa por las dependencias y entidades federales, como aquellos que se radican en los fideicomisos públicos estatales para la atención de desastres naturales.
Si bien es cierto que una adecuada coordinación entre gobierno, instituciones y sociedad, es la mejor garantía para solucionar la problemática derivada de los desastres, ahora es necesario redefinir nuestros planteamientos legales para alcanzar respuestas más integrales y efectivas para la atención de riesgos y emergencias; es decir, alentar y mantener vigente el ejercicio de un gobierno responsable que dé seguridad y certidumbre a los ciudadanos y a sus familias. Una normatividad actualizada, acorde a las exigencias del tiempo presente.
Nos encontramos ante la urgente necesidad de reformar la normatividad de las instituciones y organismos que participan en este ramo, a fin de establecer un marco legal consistente que permita regular de manera adecuada las actividades tendientes a enfrentar las situaciones de desastre, y que reestructure, al mismo tiempo, la organización y funciones de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, fundamentalmente aquellas contenidas en su Anexo VII sobre la atención de la vivienda.
Asimismo, de la Sección IV del Capítulo IV de las Reglas de Operación que contempla el apoyo a damnificados, será necesario modificar el numeral 37 que establece que los recursos del Fonden y del PET que se destinen en apoyo a los damnificados de bajos ingresos se erogarán de forma complementaria con recursos de las entidades federativas; es decir, se establece el porcentaje de los recursos estatales, municipales y del Distrito Federal, como una estructura de coparticipación de pago a los recursos del Fonden, que oscila entre el 30 y 90 por ciento del total de los recursos.
La participación conjunta de los tres órdenes de gobierno es un ejercicio que en todo momento se ha buscado privilegiar en la satisfacción de las necesidades sociales. No obstante, debemos reconocer que el hecho de que la reestructuración y el fortalecimiento financiero del Gobierno Federal no hayan trascendido en forma adecuada al ámbito estatal y municipal ha generado crecientes obstáculos para el desarrollo económico. Los gobiernos estatales y municipales carecen de los medios y de los incentivos necesarios para reforzar su capacidad de gestión y superar las limitaciones que enfrentan para responder, en forma eficaz, a las necesidades de sus habitantes.
Es de mencionar que los gobiernos estatal y municipales de Colima han adoptado medidas complementarias en apoyo a los damnificados por el terremoto, entre las que destacan la ampliación de plazos para el pago de impuestos que, consecuentemente, limitará aún más la ya precaria condición económica de las finanzas públicas
Si a esta difícil situación financiera de los estados y municipios del país se añade la necesidad de participar con por lo menos un treinta por ciento de los recursos del Fonden, obtendríamos que tanto el gobierno de la entidad como los municipales no estarían en posibilidades de hacer frente a la participación que en proporción les habrá de corresponder. Por ejemplo, si los recursos destinados a Colima a través del Fonden fuesen del orden de los ciento cincuenta o doscientos millones de pesos, entre estado y municipios tendrían que ejercer una aportación de por lo menos cincuenta o sesenta millones de pesos para alentar, únicamente, el incremento de su deuda pública.
En casos como el de las entidades de Yucatán y Campeche, que también sufrieron violentos embates de la naturaleza con el huracán Isidore, podemos observar con mayor precisión la inviabilidad de las Reglas de Operación del Fonden, propiciando que a la fecha no hayan sido cubiertos en su totalidad los apoyos a familias damnificadas por el fenómeno meteorológico. Reafirmamos así que los esfuerzos tanto de los Poderes de la Federación y de las entidades, como el de los organismos constitucionales autónomos, deben orientarse para corregir las causas fundamentales de los problemas que en la actualidad constituyen un obstáculo para enfrentar con una mayor eficiencia situaciones de desastre.
Este escenario es el que nos obliga a solicitarle al Ejecutivo federal emprenda un decidido proceso de actualización en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales para recuperar, rápidamente, el desarrollo y vida cotidiana en los estados de Colima, Jalisco, Michoacán, Campeche y Yucatán y, al mismo tiempo, estar preparados con las acciones e instrumentos jurídicos idóneos para enfrentar con éxito futuras contingencias en éstos y otros estados de la República.
Para dar inicio a este proceso de actualización, el pasado 7 de febrero hice entrega al Ejecutivo federal de una solicitud por escrito con el propósito de que en coordinación con los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía, de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y del Trabajo y Previsión Social, el Ejecutivo federal tenga a bien revisar, analizar y actualizar las Reglas de Operación del Fonden, a efecto de dar una mayor certidumbre y seguridad en su patrimonio a quienes han perdido parte o lo han perdido todo a consecuencia de desastres naturales, como es el caso del reciente terremoto en el estado de Colima.
El Anexo VII de las citadas Reglas de Operación dice en su apartado 5.1, sobre la atención de la vivienda, que para reparación de daños de consideración que no afectaron la estructura de la vivienda, se entregará de manera gratuita un paquete de obra para la autorreparación hasta por dos mil doscientos cincuenta pesos, y un apoyo económico del Programa de Empleo Temporal hasta por 15 días, que equivaldría a seiscientos cincuenta y cuatro pesos con setenta y cinco centavos, obteniendo un apoyo neto global hasta por dos mil novecientos cuatro pesos con setenta y cinco centavos.
En su apartado 5.2, para reparación de daños parciales, daños estructurales que pueden ser reparados, se otorgará un paquete de obra para autorreparación con un valor de hasta seis mil setecientos cincuenta pesos, y un estímulo económico que será equivalente al apoyo económico diario del Programa de Empleo Temporal hasta por treinta días, que sería por un moto de un mil trescientos nueve pesos con cincuenta centavos, y que en su conjunto obtendríamos un apoyo total de ocho mil cincuenta y nueve pesos con cincuenta centavos.
Finalmente, el apartado 5.3 que contempla la reconstrucción de viviendas en el mismo sitio por pérdida total, define el otorgamiento de un paquete de obra por un monto de hasta veintidós mil quinientos pesos, y un apoyo adicional que será equivalente al apoyo económico diario del Programa de Empleo Temporal hasta por ochenta y ocho días, es decir, tres mil ochocientos cuarenta y un pesos con veinte centavos, dando un total de veintiséis mil trescientos cuarenta y un pesos con veinte centavos.
Como se puede apreciar, los apoyos que para los casos citados establecen las Reglas de Operación del Fonden verdaderamente son insuficientes. Se requiere ampliar sustantivamente el monto de los recursos establecidos sobre la atención de la vivienda y dar un nuevo enfoque a las Reglas de Operación en su conjunto. Es necesario asumir medidas responsables que nos permitan responder con éxito y anticipadamente, a futuras contingencias o fenómenos naturales en pro de la nación en su conjunto.
Distinguidos integrantes de esta honorable soberanía:
Por ser éste un acuerdo de carácter administrativo, dependerá de la voluntad política y buena disposición del Gobierno Federal que las Reglas de Operación del Fonden respondan a las expectativas de la gente y al compromiso del Estado mexicano con la sociedad al autorizar más recursos económicos para damnificados con cargo exclusivo al Fonden.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, senador de la República por Colima Héctor Michel Camarena, somete a la consideración del Pleno de esta honorable soberanía, como de urgente y obvia resolución, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita atentamente al ciudadano Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, que instruya a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía, de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y del Trabajo y Previsión Social a efecto de analizar, modificar y actualizar los apartados 5.1, 5.2 y 5.3 del anexo VII de las Reglas de Operación del Fonden para que los apoyos económicos a las familias afectadas en los estados de Colima, de Jalisco y de Michoacán se determinen con base en la verificación física y técnica, así como en los daños reales de los inmuebles afectados y los estudios socioeconómicos aplicados, mejorando sustantivamente los apoyos económicos vigentes.
Segundo. Tomando en consideración las condiciones financieras de estados y municipios, la obligación de éstos de aportar 40 por ciento del total de los recursos para la reconstrucción de vivienda y tener acceso a los recursos del Fonden, así como la magnitud de daños causados por el terremoto en Colima, Jalisco y Michoacán, se solicita al Ejecutivo federal se modifique el numeral 37 de la sección IV, que considera el apoyo a damnificados en dichas Reglas de Operación, para que el Gobierno de la República sea el que aporte, con recursos del Fonden, 100 por ciento del total requerido en apoyo de la atención de la vivienda de los damnificados.
Tercero. Realizar un análisis en lo general de las Reglas de Operación del Fonden, pero fundamentalmente en los dos puntos que he señalado con anterioridad, a efecto de actualizar los lineamientos y las formas de aplicación de los recursos federales en casos de desastres naturales, lo que traería en consecuencia una verdadera solución a toda la población del país, susceptible de transitar por las difíciles condiciones que hoy viven Colima, Jalisco y Michoacán por éste u otro desastre natural.
Cuarto. Que en este proceso de análisis y actualización de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales se incorporen la presencia y participación de los gobiernos estatales y de los municipales de todo el país.
Quinto. Se gire atento oficio al Presidente de la República con el anexo del punto de acuerdo respectivo, para los efectos que se indican en los puntos citados con anterioridad.
Dado en la Ciudad de México, en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LVIII Legislatura, a los 19 días de febrero de 2003.
Senadores: Héctor Michel Camarena, Antonio García Torres (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Gobernación de
la Cámara de Senadores. Febrero 19 de 2003.)
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EXENTAR DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LOS RESIDENTES DEL ESTADO DE COLIMA Y DE LOS 25 MUNICIPIOS DE JALISCO AFECTADOS POR EL SISMO DEL 21 DE ENERO DE 2003, PRESENTADA POR EL SENADOR VICTOR MANUEL TORRES HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2003
El que suscribe, senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de acuerdo con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en ejercicio de las facultades previstas en la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación exente del pago de contribuciones a los residentes del estado de Colima, y de los 25 municipios de Jalisco, afectados por el sismo de acuerdo a las siguientes
Consideraciones
El pasado martes 21 de enero del año en curso, el sismo con epicentro en las costas de Colima, afectó gravemente al estado de Colima y los municipios Atenguillo, Autlán de Navarro, Chiquilistlán, Cuahutitlán de García Barragán, Cuahutla, Ejutla, El Grullo, El Limón, Gómez Darías, Mascota, Pihuamo, San Gabriel, San Martín Hidalgo, San Sebastián del Oeste, Sayula, Tapalpa, Tecalitlán, Tolimán, Tonila, Tuxcacuesco, Tuxpan, Villa Purificación, Zapotitlán de Vadillo, Zacoalco de Torres y Zapotlán El Grande del estado de Jalisco, dejando un saldo de 21 muertos.
En virtud de dicho fenómeno natural, el estado de Colima sufrió severos daños: en el sector educativo estatal los daños son del orden de 257 millones de pesos; en el área de salud, los daños ascienden a 42 millones 100 mil pesos; en infraestructura urbana en todos los municipios, daños por 41 millones 766 mil pesos; en infraestructura de comunicaciones y transportes, se afectaron carreteras, por 8.1 millones de pesos, de los cuales 6 millones 159 mil corresponden a la red federal y 1 millón 240 mil a la estatal; también se dañaron las vías ferroviarias, el puerto de Manzanillo, la telefonía, así como la telegrafía y correos. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad reportó que el total de los daños es por 110 millones de pesos; la afectación al sector hidráulico en el estado es de 3 millones 400 mil pesos. Los daños en el sector agropecuario son de 12.5 millones de pesos; en infraestructura productiva son de 1 millón 750 mil; en caminos rurales y saca-cosechas es de 1 millón 200 mil.
En el rubro de la vivienda donde se tienen registrados 10 mil 116 damnificados, de los cuales 3 mil 943 formarán parte del esquema del Fonden y están clasificados de la siguiente manera: 681 daño total, mil 878 daño parcial y mil 355 daños menores. Los que forman parte del Infonavit son 574, del Fovissste 337, del Fonahpo mil 143 en coordinación con el Ivecol y de la Sociedad Hipotecaria Federal 2 mil 348. De la zona urbana son 7 mil 938 cédulas y de la rural 2 mil 179.
No obstante la ayuda gubernamental y la solidaridad manifestada por los mexicanos para auxiliar a los habitantes de las poblaciones afectadas, es insuficiente, toda vez que la recuperación de estos sectores económicos de Colima no podrá llevarse a cabo de manera inmediata si no se toman acciones tendientes a estimular las inversiones que reactiven la economía de la región.
Asimismo, ante el desastre ocasionado por el sismo, queda plenamente integrada la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, y por lo tanto, debe condonarse o eximirse parcialmente el pago de contribuciones a los afectados por el sismo.
Anteriormente el Ejecutivo federal ha concedido este tipo de facilidades fiscales, tal como ocurrió en las situaciones derivadas de las inundaciones ocurridas en Tabasco en el año de 1999 y el huracán Paulina que causó estragos en las costas de Guerrero, entre otras.
Por último, dadas las condiciones en que se encuentra esa entidad y por la trascendencia que implica el presente asunto, se solicita que la propuesta que se presenta se considere como de urgente y obvia resolución.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta al Ejecutivo federal para que en ejercicio de la facultad prevista en la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación se exima parcialmente del pago del impuesto sobre la renta (ISR) a los afectados por el sismo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil tres.
Sen. Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica)
(Turnada a la Tercera Comisión. Febrero 19 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO AL DESCARTE DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE DESECHO ALBERGADO EN LA BODEGA DE LA BIBLIOTECA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN ALCOCER FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2003
Con fundamento en los artículos 134, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de la asamblea proposición de punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La figura jurídica denominada depósito legal implica la obligación de los editores y los productores de materiales bibliográficos y documentales de entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión.
El depósito legal es la principal fuente de incorporación de material bibliográfico y documental al Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. Sin embargo, no todo el material que recibe la Biblioteca por esta vía puede ser incorporado a las colecciones, debido a que en ocasiones se trata de documentos de materias ajenas al trabajo parlamentario y, en otras, su contenido es irrelevante, por lo cual es separado de las colecciones.
Los procesos de descarte son llevados a cabo por la Dirección de Bibliotecas con base en criterios preestablecidos por especialistas en la materia. En la bodega de San Lázaro se ha acumulado una cantidad excesiva de materiales de desecho, lo que ha provocado la saturación. Este hecho conlleva a la proliferación de plagas de insectos y bacterias; las cuales, además de poner en riesgo la salud del personal que labora en esta área, dificultan la preservación del material útil, problema que debe ser atendido de inmediato, con el fin de evitar un daño irreversible para el personal y coadyuvar a la preservación del patrimonio cultural de la nación.
El artículo quinto, en su inciso c) del decreto de fecha 8 de julio de 1991 impone a las bibliotecas depositarias la obligación de custodiar, preservar y mantener en buen estado los materiales que constituyan el acervo, lo cual, con las condiciones actuales de la bodega, resulta difícil de cumplir. El inciso d) del artículo en comento dispone que las bibliotecas deben establecer las medidas necesarias para la debida organización de los materiales; y precisamente el descarte de estos materiales de desecho es una medida necesaria para resolver el problema de espacio y con esto coadyuvar a la eficiente organización de los materiales.
El descarte y la desincorporación de material no están previstos explícitamente en el texto de decreto de depósito legal, algo que sin duda es parte indispensable en los procesos técnicos de cualquier biblioteca. Por esta razón, es imperioso y urgente implantar las medidas necesarias para resolver el problema descrito, tomando en cuenta que la mayor parte de los documentos que se encuentran en esas condiciones ingresó en la Biblioteca por el depósito legal, por lo que no se puede desechar dicho material sin contar con la autorización del Pleno de esta Cámara.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito la aprobación del Pleno del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La Dirección de Bibliotecas de la Cámara de Diputados, con el fin de lograr una eficiente organización de los materiales útiles para sus colecciones, podrá:
a) Que el contenido del material no se encuentre
entre las materias que previamente se haya considerado que deban formar
parte del acervo;
b) Que se encuentre triplicado;
c) Que incluya datos estadísticos obsoletos;
d) Que el contenido esté desactualizado
o caduco; y
e) Que se encuentre mutilado o en condiciones
de deterioro que no permitan su uso.
II. Efectuar las donaciones del material considerado descartado, tomando en cuenta lo siguiente:
a) Sólo las bibliotecas de instituciones
públicas, universidades y escuelas podrán ser beneficiarias
de donaciones;
b) No se realizarán donaciones a personas
físicas;
c) En el caso de los materiales mencionados en
el numeral I, inciso c), éstos deberán ser donados a bibliotecas
especializadas;
d) El titular de la biblioteca beneficiaria deberá
entregar una relación de los materiales que le sean entregados,
en la que se mencionará el número total de títulos
y de ejemplares; y
e) Deberán tomarse en cuenta los convenios
vigentes celebrados entre la Cámara de Diputados y otras instituciones.
III. Desechar el material que se menciona en el numeral I, incisos d) y e), en el supuesto de que éstos no puedan ser objeto de donación.
Dip. Juan Alcocer Flores
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Febrero 19 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA Y LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DIFUNDAN EN CADA CENTRO ESCOLAR LOS RESULTADOS DE LA RECIENTE ENCUESTA SOBRE LA MATERIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2003
Compañeras y compañeros legisladores.
El cambio en México no tiene freno....... El chofer no
sabe conducir.
Acudimos a esta tribuna para formular un punto de acuerdo bajo las siguientes:
Consideraciones
Las recientes declaraciones de diversas autoridades de la SEP con relación a la apertura de la información sobre las evaluaciones o rankings que obtengan las escuelas públicas son, por decir lo menos, confusas y contradictorias.
Como es sabido el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en el cumplimiento de las funciones que le mandata su decreto de creación, ha realizado las evaluaciones correspondientes a los diversos centros escolares que imparten educación básica en nuestras entidades federativas.
Lo sorpresivo e insólito es que una vez realizado este ejercicio evaluatorio que ha sido reivindicado por las autoridades federales, por los maestros, por el propio SNTE y por la sociedad civil, sea justamente el Instituto el que acote y limite los rangos de la información acerca de los resultados obtenidos en cada uno de los centros escolares o planteles.
Cuando esta soberanía debatió de manera exhaustiva el punto relativo a la creación del INEE, diversos grupos parlamentarios sostuvimos la postura de que era imprescindible garantizar la autonomía de dicho Instituto, para que sin atadura alguna y con plena transparencia se dieran a conocer los resultados de sus trabajos, lo que implicaba que el H. Congreso de la Unión presentara, discutiera y aprobara la iniciativa con proyecto de decreto respectivo.
Sin embargo, el Ejecutivo federal, en el uso de sus atribuciones prefirió emitir el decreto de creación del INEE bajo la modalidad de un organismo dependiente directamente de la SEP. En dicho decreto y sólo para cubrir la formalidad se crearon espacios marginales para dar cabida a la participación limitada de personalidades representativas de instituciones vinculadas con la educación.
Dicha medida generó inconformidad y malestar porque atentaba contra el esfuerzo que legisladores, organizaciones docentes y la sociedad hicieron para tener un organismo transparente y autónomo.
En el pasado reciente, los mexicanos hemos sido tratados con desprecio y prepotencia por el Ejecutivo federal al escamoteársenos la información a la que tenemos derecho.
Recordemos que durante la gestión del Presidente Zedillo se ocultó de manera deliberada los resultados que organismos internacionales especializados en educación habían efectuado en México. Resultados que, por cierto, nos ubicaban en los últimos lugares en materia de desempeño escolar. Ciertamente era negar lo evidente, porque cualquier observador atento de la realidad educativa nacional conoce el grave rezago que tenemos en este renglón.
Lamentablemente, hoy la situación es más patética, porque la pretensión del INEE es limitar la información de los resultados de su propia evaluación, bajo un argumento que de suyo nos parece estulto y pedestre y que atenta contra los principios de la sana competencia entre los centros escolares.
Nos parece inaudito que se esgrima el argumento de que no deben darse a conocer los resultados por escuela porque eso crearía una mala imagen para aquellas que obtuvieran malos resultados. En nuestra opinión ese argumento demuestra una ignorancia supina de las autoridades educativas. Cualquier padre de familia que tiene hijos en la escuela sabe del desempeño, favorable o desfavorable, de los centros escolares de su comunidad o barrio. Entonces, ¿a qué le temen?
A más de esto, ¿cómo van a resolver los funcionarios educativos las deficiencias de los centros escolares? ¿En lo oscurito?, ¿como lo hacen ciertos políticos? ¿Y a la sociedad en general van a seguir negándole la información? Pareciera que el cambio democrático sólo ha quedado en promesas de campaña.
Porque si esto fuera poco, en la Séptima Reunión Nacional de Autoridades Educativas celebrada en la ciudad de Monterrey en estos días, los secretarios de Educación Pública o representantes estatales de ocho estados de la República "se pronunciaron contra la idea de comparar calificaciones, coincidiendo así con directivos del INEE que descartaron hacer públicas las evaluaciones por plantel".
Los argumentos que esgrimieron, que fueron dados a conocer a través de los medios de difusión, son verdaderamente pedestres.
Pareciera que la única voz sensata -aunque no explícita en el cómo y en qué detalle- es la del titular de la SEP y presidente del Consejo del INEE, Reyes Támez, quien reivindica el derecho que todos tenemos a ser informados sobre este aspecto crucial de la sociedad mexicana.
Por lo anteriormente expuesto y dada la gravedad del asunto que nos ocupa con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos a esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Unico.- Que la H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicite al secretario de Educación Pública que dé a conocer el resultado de la evaluación aplicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa a los planteles de educación básica en la República Mexicana de manera amplia y suficiente, sin omitir detalle alguno.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil tres.
Atentamente
Dip. Víctor Antonio García Dávila (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Educación Pública
y de Servicios Educativos. Febrero 19 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR UNA AUDITORIA URGENTE A LA APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A LOS DAMNIFICADOS DEL HURACAN KENNA EN EL ESTADO DE JALISCO Y, EN SU CASO, SE REALICE EL PAGO A UN NUMEROSO GRUPO DE AFECTADOS QUE NO FUERON CUBIERTOS DEBIDAMENTE POR ESOS RECURSOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2003
Al haberse afectado severamente a la población de varios municipios del estado del Jalisco por efectos directos del huracán Kenna el pasado 25 de octubre de 2002, el Poder Ejecutivo federal del Gobierno de la República emitió declaratoria oficial de zona de desastre a los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, Cihuatlán y La Huerta, a fin de otorgarle apoyo directo por medio de Recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y otras partidas de programas ordinarios y extraordinarios, acorde al presupuesto que administra el Ejecutivo federal.
Como diputado federal, fui electo por mayoría relativa en el 05 distrito electoral del estado de Jalisco, que tiene por cabecera distrital el municipio de Puerto Vallarta y engloba además a varios municipios que resultaron severamente afectados al azotar el citado fenómeno hidrometereológico, como son: Cabo Corrientes, Tomatlán, Talpa de Allende, Mascota y San Sebastián del Oeste, los dos primeros fueron considerados, junto con Puerto Vallarta y otros, en la declaratoria oficial de zona de desastre y los tres últimos fueron omitidos, a pesar de haberlo solicitado expresamente en la Cámara de Diputados al aprobar un punto de acuerdo que al efecto presente en dicha instancia del Poder Legislativo federal. Así las cosas, a los municipios que sí fueron declarados zona de desastre, se canalizaron por conducto del gobierno del estado de Jalisco, recursos del Fonden, así como del denominado programa de empleo temporal emergente y, además, recursos federales de programas ordinarios de apoyo a productores agropecuarios afectados por pérdida parcial o total de cultivos por efecto de siniestros; a los municipios no declarados como zona de desastre, sólo les fueron otorgados apoyos económicos de recursos federales del programa último citado.
Una vez que ya han transcurrido casi 4 meses del desastre, la situación de entrega de los mencionados recursos federales es incierta, porque, a la fecha, el gobierno del estado de Jalisco no ha logrado comprobar, ni siquiera otorgar información, en relación con el adecuado manejo de los recursos y, además, he visitado la mayoría de las localidades afectadas y me he dado cuenta que existen muchos damnificados a quienes no se les ha cubierto nada de recursos económicos de apoyo y a otros, a los que sólo se les a pagado parcialmente, sin que exista explicación alguna.
Como asunto muy importante a resaltar, el gobierno del estado de Jalisco no ha demostrado con información adecuada y detallada como lo establece la norma federal, el adecuado manejo de mas de 11 millones de pesos, relativos al Programa de Empleo Temporal Emergente, que se entregó en forma irregular y sin justificar el destino, habiendo consultado directamente con muchísimos afectados que este recurso no ha sido entregado, y se desconoce su paradero.
Igualmente en cuanto a reparación de infraestructura urbana dañada, no existe informe del costo y manejo de recursos por 4,580,000 pesos, en la supuesta reparación de 3, 266 metros cuadrados de calles y en las obras del malecón vallartense.
Por lo que respecta a la restauración de infraestructura hidráulica, no existe información clara en cuanto a la ubicación, medidas y costos específicos de los supuestos 2,014 kilómetros cuadrados de losas de revestimiento de canales, bordos y puentes, con un costo de más de 3 millones de pesos.
Algo a resaltar especialmente, es el informe en cuanto a que en que en los 5 municipios declarados como zona de desastre, se hayan reparado 587.5 kilómetros de caminos rurales a un costo superior a los 2 millones de pesos, pues los datos que aportan en cuanto a ubicación de dichos caminos reparados, son inexactos, lo que comprobé al realizar diversos recorridos y visitas a los puntos que se menciona, y no existe indicio de tales reparaciones.
Por tanto, ante la falta de claridad en la información se presume que los recursos federales del Fonden y otras partidas extraordinarias otorgados en apoyo a los damnificados por el huracán Kenna no fueron manejados adecuadamente por el gobierno del estado de Jalisco; por lo tanto, es de solicitar la información oficial del caso el Poder Ejecutivo federal y que se audite la aplicación de estos recursos, realizando el pago de inmediato a los afectados que aún no han sido apoyados adecuadamente, y se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita con carácter urgente a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo federal del Gobierno de la República, informe oficial con respecto a la administración de los recursos federales otorgados a los afectados por el huracán Kenna en el estado de Jalisco y se solicita se instaure de inmediato auditoría especial por la Auditoría Superior de la Federación a la aplicación de dichos recursos, por presunción de manejo inadecuado de ellos, y se realice el pago de inmediato a los afectados a quienes se omitió otorgar apoyo adecuado con dichos recursos federales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días de febrero de 2003.
Atentamente
Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica)
(Turnada a la Primera Comisión de la Comisión
Permanente y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación. Febrero 19 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISION PERMANENTE PROPONGA AL SECRETARIO DE ENERGIA RETIRE EL CONTRATO-PERMISO DE DISTRIBUCION DE GAS LP A LA EMPRESA ZETA, POR EXISTIR UNA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVA DE DICHA EMPRESA POR EL INCIDENTE OCURRIDO EN LA CARRETERA MEXICO-TOLUCA EL MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE AÑO EN CURSO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAMON LEON MORALES Y SUSCRITA TAMBIEN POR EL DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2003
El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de lo dispuesto por el artículo 78, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Para que el secretario de Energía retire el contrato- permiso de distribución de gas LP a la empresa "Zeta", toda vez de existir una responsabilidad civil, penal y administrativa de dicha empresa por el incidente ocurrido en la carretera México-Toluca, el miércoles 12 de febrero del año en curso.
Dicho punto lo sustento con base en las siguientes:
Consideraciones
1. México ocupa en el mundo el cuarto lugar como consumidor de gas licuado de petróleo (LP) y el primer lugar en el mundo como consumidor de ese mismo energético para su uso doméstico, así como ser considerado como el quinto país productor de dicho energético.
2. El gas licuado de petróleo es el combustible utilizado por mas del 80% de los hogares mexicanos y actualmente alrededor del 70% del consumo nacional de dicho energético es para uso doméstico.
3. Actualmente existen más de 10 millones de cilindros que representan verdaderas bombas de tiempo en los hogares de México por su mal estado, toda vez que se encuentran abollados, oxidados, con válvulas flojas, sin base, sin cuello protector, abombados o con grietas; esto significa que el 40% de los cilindros portátiles se encuentra fuera de cualquier norma oficial mexicana.
4. Así como también están en total descuido y sin mantenimiento adecuado, los más de 2 mil tractocamiones con semirremolques que transportan gas LP de las diferentes terminales de Pemex a las 980 plantas de almacenamiento distribuidas a lo largo y ancho del país.
5. Hay que destacar que la mayoría de estos tractocamiones llevan a su vez dos contenedores con capacidades de 20 mil litros por cada contenedor, lo que suma que un tractocamión transporta hasta 40 mil litros, lo cual hace más grave la condición en que es transportado el gas LP, pues al no tener mantenimiento estas unidades el peligro es mucho mayor.
6. Además hay que sumar los 6 mil autotanques que realizan 200 mil servicios diarios a tanques estacionarios y los más de 18 mil camionetas y camiones que suministran diariamente gas LP a 800 mil cilindros portátiles. Los cuales se encuentran fuera de cualquier norma, sin mantenimiento, desvencijados y que ya rebasaron por mucho su vida útil.
7. Así pues, compañeros, el tractocamión volcado en la carretera México-Toluca era uno de los 2 mil que circulan por toda la República Mexicana y desafortunadamente no sabemos cuántos de estos tráileres estén en mal estado, pues la autoridad responsable no vigila.
8. Por ello la empresa o holding denominada "Zeta" no quiere hacerse responsable de los daños ocasionados por la falta de mantenimiento a su tractocamión. Lamentablemente no sólo podemos hablar de la falta de mantenimiento de los camiones del Grupo "Zeta" sino también de las prácticas monopólicas u oligopólicas que esta empresa realiza.
9. El año pasado fueron emplazadas 159 empresas gaseras por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica por ejercer prácticas monopólicas. De ellas 11 pertenecen al Grupo "Zeta", las cuales son: Compañía Baja Gas, Compañía de Gas de Tijuana, Combustibles, Distribuidora Mexicana de Gas LP, Gas Butano Propano de Baja California, Gas Comercial e Industrial, Gas Guadalajara, Gas Licuado, Thermogas, Multitas y Super Gas.
10. Sin embargo, la holding "Zeta" consta de más de 65 filiales en toda la República, con denominaciones distintas, algunas con contrato de suministro con Pemex y otras únicamente como repartidoras, con este número de empresas, el Grupo "Zeta" controla más del 21 por ciento del mercado nacional de distribución de gas LP.
11. Por cierto, los dueños del monopolio "Zeta" pertenecen al club "los amigos de Fox", pues ellos junto con otros empresarios apoyaron a Vicente Fox para llegar a la Presidencia de la República, tal pareciera que hoy se están cobrando los favores al primer mandatario.
12. Para el Grupo "Zeta" y sus empresarios sólo hay una visión: el de ganar sin invertir en seguridad, en capacitación para sus trabajadores ni en mejorar las condiciones de servicio. También estos empresarios han encontrado una verdadera mina de oro en la ordeña hormiga que realizan diariamente a los cilindros portátiles.
13. Por ello y dado que hasta el momento no existen en la Administración Pública Federal alternativas reales de solución a los innumerables problemas del gas LP y a que hemos insistido una y otra vez ante instancias como: Petróleos Mexicanos, Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Federal de Competencia Económica, Procuraduría Federal del Consumidor, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, para que se solucionen problemas históricos como:
Punto de Acuerdo
Uno. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, proponga al Ejecutivo federal, retirar el contrato de permiso-concesión al grupo denominado "Zeta" a través del secretario de Energía, cabeza de sector en materia de energéticos.
Dos. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, haga un atento llamado al secretario de Energía para que obligue a resarcir los daños ocasionados por el grupo denominado "Zeta" y no por alguna de sus filiales. Así como para que la Secretaría de Energía finque las responsabilidades civiles, penales y administrativas correspondientes al grupo antes señalado.
Tres. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, cree una comisión especial de seguimiento e investigación, a los acontecimientos ocurridos el miércoles 12 de febrero del año en curso como consecuencia de la volcadura del tractocamión perteneciente al Grupo "Zeta".
Diputados: Ramón León Morales (rúbrica), Alfredo Hernández Raigosa.
(Turnada a la Tercera Comisión. Febrero 19 de 2003).
 
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LA SITUACION DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES OAXAQUEÑOS ASENTADOS EN LOS VALLES DE SAN QUINTIN Y MANEADERO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JESUS BURGOS PINTO E IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, TURNADA EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2003
La situación de los derechos humanos, sociales, culturales y laborales de los trabajadores migratorios y sus familias procedentes del estado de Oaxaca y asentados como jornaleros agrícolas en los valles de San Quintín y Maneadero, en el municipio de Ensenada, Baja California, constituyen una flagrante violación a los preceptos establecidos en nuestra Carta Magna y otras normas legales nacionales e internacionales, por lo cual
Considerando
Primero.- Que los primeros veintinueve artículos de nuestra Constitución Política establecen las garantías individuales de toda persona que habite en los Estados Unidos Mexicanos, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, y que es obligación del Estado tutelar su estricto cumplimiento y la protección de los gobernados.
Segundo.- Que el artículo 123 del mismo cuerpo legal supremo dispone el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil, medida legal para preservar la garantía social de un trato equitativo para sujetos relacionados mediante un vínculo jurídico contractual, como es el caso de las relaciones laborales.
Tercero.- Que dicho artículo 123 constitucional establece, entre muchas otras garantías mínimas e irrenunciables que "toda empresa agrícola, industrial, minera, o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas..." (fracción XII), así como "el patrono estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas..." (fracción XV).
Cuarto.- Que la legislación reglamentaria efectivamente regula esas garantías, y asegura, teóricamente como vemos, su cumplimiento.
Quinto.- Que en el caso en mención, las familias que se trasladan desde el estado de Oaxaca y otras entidades hacia los campos agrícolas situados en Baja California en busca de trabajo, están compuestas casi en su totalidad por indígenas, con familias, que una vez llegados a los valles de San Quintín y Maneadero, en el municipio de Ensenada, estado de Baja California, son contratados como jornaleros.
Sexto.- Las condiciones en las que se desarrolla el trabajo, la vida, el asentamiento, la posesión o propiedad de la tierra, el trabajo a que se somete a los menores de edad, es degradante, intolerable desde cualquier punto de vista y al margen de toda legalidad interna y de la establecida en convenios y tratados avalados por México, que de acuerdo al texto del artículo 133 constitucional son vigentes en todo el territorio nacional: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados."
Séptimo.- Que se incumple la Convención Internacional para la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, ratificada por México y en estos casos, además, por tratarse de indígenas, se está violando flagrantemente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país, que en el artículo 20 detalla cómo los trabajadores que pertenecen a los pueblos indígenas, estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades de mano de obra, deben gozar de la protección que les brinda la legislación nacional a otros trabajadores de las mismas categorías y cómo deben ser informados plenamente de sus derechos y de los recursos de que disponen para su protección. Asimismo, que no deben ser sometidos a condiciones peligrosas, a plaguicidas ni sustancias tóxicas, ni estar sujetos a contrataciones coercitivas ni servidumbres por deudas, y son sujetos de las mismas oportunidades para hombres y mujeres y protección contra todo hostigamiento sexual.
Octavo.- Cabe agregar que, además de los empleadores con la anuencia o complicidad de autoridades federales, estatales y municipales, también las autoridades judiciales cometen sistemáticamente injusticias y abusos en contra de estos trabajadores a los que se deniega defensoría, traductores o intérpretes, asesorías y toda otra garantía o recurso que la ley les otorga para sacarlos del estado de indefensión, al cual los condena la indiferencia o corrupción de estos mismos integrantes de organismos oficiales a los que pagamos con recursos del Presupuesto, al cual todos los habitantes contribuimos con nuestros impuestos.
Noveno.- Que por la notoria inacción y falta de respuesta a las quejas y gestiones presentadas ante las autoridades competentes, el 21 de octubre de 1999 los gobernadores de Oaxaca y de Baja California, firmaron un acuerdo de colaboración y el 27 de agosto de 2001 se hizo necesario que las Comisiones de Derechos Humanos de Oaxaca, de Baja California Sur y la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California suscribieran un convenio de colaboración para "establecer mecanismos de coordinación y atender las demandas de los oaxaqueños que son migrantes en los territorios de Baja California y Baja California Sur, a través de la recepción de quejas que presenten sus familiares o se hagan representar por integrantes de organizaciones no gubernamentales".
Décimo.- Los hechos que nos ofenden y los extremos en la agresión y el maltrato a los migrantes oaxaqueños, han sido verificados, testificados y documentados, entre otros, por integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Oaxaca, en un recorrido de trabajo, cuya información está a disposición de esta H. Cámara. Asimismo, la suscrita diputada los ha comunicado, seguramente una vez más, a los titulares de las Secretarías de Gobernación, del Trabajo y Seguridad Social, de Salud, al Director General del IMSS y al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para los efectos que corresponda y que son atingentes a su competencia y a su responsabilidad como funcionarios
Por las consideraciones anteriores y en vista de la gravedad de los hechos que lo fundan y motivan, presento ante el Pleno de esta H. Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se llame la atención y se exija a las instituciones involucradas, organismos desconcentrados y descentralizados y secretarías de Estado competentes en la atención y defensa de los derechos de los trabajadores, cumplan con sus obligaciones y rindan informe detallado a esta H. Cámara de Diputados de las medidas que han tomado y de qué manera han cumplido con las disposiciones de nuestra constitución política, de los diversos cuerpos legales, convenios y acuerdos firmados por México para la protección de los trabajadores migratorios y sus familias, de los integrantes de pueblos indígenas, en los campos agrícolas del estado de Baja California.
Segundo.- Se cite a los titulares de las secretarías de Estado y organismos responsables de la aplicación y tutela de las políticas establecidas en nuestra normatividad nacional e internacional, aplicables en territorio mexicano para que comparezcan ante esta H. Cámara de Diputados a exponer de que manera se actúa en la protección de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales de los sujetos objeto de este punto de acuerdo.
Tercero.- Se informe a esta H. Cámara de Diputados las medidas que se aplican en la supervisión de funciones y qué sanciones se aplican a los empresarios, patronos y funcionarios responsables de los delitos contra la población de jornaleros agrícolas oaxaqueños que radican en los valles de San Quintín y Maneadero, municipio de Ensenada, estado de Baja California.
Cuarto.- Se gire atento oficio al señor Presidente de la República para solicitar su enérgica intervención en los problemas planteados en el presente punto de acuerdo, exigiendo a los titulares asuman las responsabilidades que la Constitución Política y la ley les impone.
Quinto.- Se gire atento oficio al señor magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que intervenga de manera efectiva e inmediata, supervise y en su caso sancione a los integrantes del Poder Judicial que violan flagrantemente el ordenamiento jurídico que están obligados a resguardar, a hacer cumplir y a sancionar a quienes lo incumplen o transgreden.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2003.
Dip. Irma Piñeyro Arias (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Población, Fronteras
y Asuntos Migratorios. Febrero 19 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL SAQUEO DE ARENA EN EL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS PETRA SANTOS ORTIZ Y RAMON LEON MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, Y PRESENTADA POR EL SEGUNDO EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2003
Los suscritos diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para que se forme una Comisión para investigar el saqueo de arena en el municipio de Tecate, Baja California, en base a las siguientes:
Consideraciones
El saqueo de arena que padece en municipio de Tecate, Baja California, ha ocasionado un deterioro creciente en el medio ambiente de esa región del país, al mismo tiempo ha permitido que se lucre indebidamente con un recursos natural no renovable como es la arena.
En los últimos cinco años ha ocurrido la extracción indiscriminada de millones de toneladas de arena para su exportación, mientras en el 2002 por lo menos 700 mil toneladas fueron enviadas a Estados Unidos por vía marítima y terrestre.
Sabemos que la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (CNA) investigan el saqueo de millones de toneladas de arena mexicana que fueron adquiridas para mejorar la calidad de las playas de Hawai, que es uno de los cinco centros turísticos más importantes de Estados Unidos; aunque las autoridades no tienen evidencia de que la salida de la arena de Baja California se haya destinado a las playas de Hawai, sí reconocen en cambio que la explotación y extracción sin control de los bancos de arena del estado se destina para abastecer la demanda del mineral en California, Estados Unidos.
Se observa con gravedad que las operaciones de extracción y exportación de arena han aumentado en Baja California, lo que se ha traducido en un daño al medio ambiente significativo para la región. Y es que para este año más de 4 mil toneladas de arena fueron acarreadas semanalmente, por tren, a través de la frontera de Tecate a Campo, California. Aquí aclaramos que no existe ninguna autoridad que vigile la salida y entrada de dicho tren de México a Estados Unidos.
Si bien se desconoce con detalle la cifra exacta de la arena extraída en Baja California; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señaló que en los últimos tres años salieron del país por el puerto de Ensenada un millón 224,871 toneladas de arena, cantidad que se hubiera aprovechado para construir en México, por ejemplo, 18 mil casas de una planta de 60 metros cuadrados.
En zonas del estado de Baja California como el cañón John Bill el saqueo ha dejado un hoyo de más de dos kilómetros de largo por 20 metros de ancho y cerca de las excavaciones fue encontrada una red ferroviaria que conducía a EU.
La PGR investiga a ex funcionarios del gobierno estatal y al ex gerente de la CNA para la península. Se les acusa de recibir dinero de empresarios para otorgarles de manera irregular 54 permisos de explotación de arena y otros materiales pétreos.
Los efectos negativos del robo de arena en ríos y costas del país empieza a tener efectos negativos. El deterioro ocasionado en Baja California por la sobreexplotación de un recurso no renovable como es la arena tardará muchos años en recuperarse, pues se ha provocado la desviación de ríos, el afloramiento de los mantos freáticos y afectación de la flora y fauna de la región. Y de manera particular en el Valle de Guadalupe, cerca de Ensenada, un río se ha desviado y los mantos freáticos se han secado. Ha sido de tal grado el saqueo que en el norte hay lugares en donde ya no hay arena para extraer.
La Comisión Nacional de Agua (CNA) tiene registrados 3,700 permisos para explotar materiales pétreos. En la mayoría de las visitas de verificación que se hacen las autoridades de la Comisión han detectado irregularidades. Funcionarios de la CNA otorgaron concesiones para el aprovechamiento y comercialización de materiales pétreos, a pesar de no cubrir todos los requerimientos y sin la vigilancia necesaria para su extracción. Esto ha generado la explotación indiscriminada y la enorme exportación de arena, piedra, arcilla y limos, así como material en greña.
La Profepa ha detectado distintas irregularidades y aparentes complicidades, tal fue el caso de los ex funcionarios de la CNA, quienes fueron inhabilitados por la Secretaría de Contraloría por más de 20 años y se les impuso una multa que supera los ocho millones de pesos.
Sin embargo observamos que las irregularidades persisten, tan sólo el año pasado la CNA autorizó la reapertura de 17 empresas, e incluso a una se le dio un permiso para que pueda explotar siete millones 590,650 metros cúbicos de materiales pétreos para los próximos 42 años, ello significa que podrá extraer 180,729 metros cúbicos de arena por año. Actualmente existen alrededor de 16 empresas dedicadas a la explotación de los bancos pétreos en la entidad
Ante esta problemática urge revisar el marco regulatorio de esas concesiones, para corregir irregularidades de la actividad, y procurar que se exijan obligadamente estudios de impacto ambiental que contengan el ámbito regional y nacional mucho más completos.
Se debe crear un plan de explotación que permita determinar qué zonas son más sensibles y cuáles pueden sufrir extracción.
Por ello, autoridades ambientales de la Federación, en conjunto con el gobierno de Baja California, trabajan de manera coordinada en la supervisión de los trabajos de explotación de los bancos de arena para evitar que el deterioro continúe por prácticas abusivas y al margen de la ley.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los suscritos diputada y diputado someten ante esta representación popular, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que la Comisión Permanente forme un grupo de trabajo para delimitar el impacto que ha tenido en lo político, social y económico el saqueo de un recurso natural no renovable como es la arena en el municipio de Tecate, Baja California.
Segundo.- Que la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados, realice un estudio detallado para establecer un arancel de exportación a la arena, con la finalidad de impedir el saqueo de este recurso natural.
Tercero.- Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicite al titular de la Semarnat para que suspenda el otorgamiento de permisos otorgados para la extracción de arena en el municipio de Tecate, Baja California. Al mismo tiempo solicite la comparecencia del titular de la Semarnat para que explique dichos permisos.
Cuarto.- Que se realice el estudio correspondiente para la creación de una Norma Oficial Mexicana emergente, para regular la extracción de material pétreo (arena), considerando la propuesta presentada por CNA, para que sea condensada en un foro plural e incluyente, por el órgano correspondiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2003.
Diputados: Petra Santos Ortiz, Ramón León Morales (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial
y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Febrero 19 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LA SITUACION DE LOS MIGRANTES EN LA FRONTERA SUR DEL PAIS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS IRMA PIÑEYRO ARIAS Y JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, Y PRESENTADA POR EL DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2003
La frontera sur de nuestro país es una franja de desconocimiento y violación de los derechos y garantías de las personas, consagrados en nuestro derecho positivo y en instrumentos internacionales suscritos por México. Los trabajadores migratorios y sus familias, procedentes de Centro y Sudamérica, que entran en busca de trabajo o de paso hacia Estados Unidos de América son objeto de un trato indigno por parte de nuestras autoridades migratorias, policiales y laborales, por lo cual
Considerando
Primero.- Que en nuestra Constitución Política se establecen las garantías individuales para todo habitante de los Estados Unidos Mexicanos, sin distinción de nacionalidad, género, edad, religión, opinión, condición social, lengua u otra consideración sobre su identidad, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos que en ella misma se establece.
Segundo.- Que, no obstante esta clara disposición de nuestra Carta Magna, es cotidiana la flagrante violación de sus preceptos.
Tercero.- Que, además de lo establecido respecto a garantías individuales, el artículo 123 del mismo cuerpo legal supremo dispone el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil, medida para preservar un trato equitativo entre sujetos relacionados por un vínculo contractual, como es el caso de las relaciones laborales.
Cuarto.- Que el mencionado artículo 123 constitucional establece, entre otras garantías mínimas e irrenunciables que "toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas..." (fracción XII), así como " el patrono estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera éste que resulte la mayor garantía para la salud y vida de los trabajadores y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas..." (fracción XV).
Quinto.- Que existe legislación reglamentaria del artículo 123 constitucional que regula sus disposiciones y asegura, teóricamente como todos sabemos, su cumplimiento.
Sexto.- Que en nuestra gira de trabajo por la frontera sur pudimos observar y platicar con migrantes provenientes de Guatemala, la mayoría de los cuales eran menores de edad, a los cuales supuestamente se les había obligado a cumplir con las leyes migratorias, sin que su documentación cubriera los requisitos mínimos requeridos.
Séptimo.- Que anualmente ingresan por la zona, alrededor de 70 mil personas como visitantes agrícolas, que permanecen en la región aledaña a la frontera sur y en el Soconusco, trabajando en la pizca del café y otros trabajos temporales en áreas rurales.
Octavo.- Que los que llegan para trabajar en tareas agrícolas, generalmente acompañados de sus familias, son contratados por enganchadores, que negocian directamente con las personas que los trasladaron, asignándoles retribuciones muy por debajo de los salarios mínimos regionales, sin prestaciones y sin proporcionarles habitaciones cómodas e higiénicas, como lo prescribe el texto constitucional.
Noveno.- Que las migrantes mujeres que ingresan para trabajos agrícolas, domésticos, sexuales, como comerciantes o en servicios, y los menores de edad, son sometidos a un trato infamante, a explotación sexual, reducidos a un estado de semiesclavitud, violando claramente la Convención Contra la Esclavitud de 1926 y el Protocolo Facultativo sobre la Convención de los Derechos de la Niñez del año 2000, ratificado por México en febrero de 2002.
Décimo.- Que los migrantes, mexicanos o extranjeros, cuya intención es seguir viajando hacia el norte, para acceder a Estados Unidos de América, son extorsionados, robados, o puestos por los traficantes de personas en transportes donde corren riesgo de integridad y vida, como leemos casi cotidianamente en la prensa.
Undécimo.- Que son responsables de estos delitos los integrantes de los tres niveles de gobierno, distintos cuerpos policíacos (hay 18 corporaciones en la zona dedicadas a la seguridad), algunos creados para protección de los migrantes, las autoridades judiciales y laborales, así como las bandas nacionales e internacionales, que delinquen con toda impunidad.
Duodécimo.- Que se cometen sistemáticamente injusticias y abusos en contra de estos trabajadores a los que se deniega defensoría, traductores e intérpretes en caso de no hablar español, asesorías y toda otra garantía o recurso que la ley les otorga para sacarlos del estado de indefensión al cual los condena la indiferencia o corrupción de los servidores a quienes pagamos con nuestros impuestos.
Décimo Tercero.- Que la migración impacta la economía y el desarrollo ordenado de la región fronteriza del sur, obligando a sus autoridades a gastos y esfuerzos a fin de canalizar el flujo de personas y la demanda de bienes y servicios, a los cuales la zona no puede responder en forma eficiente.
Décimo Cuarto.- Que este fenómeno social provoca un desequilibrio entre los presupuestos adjudicados y las necesidades de una convivencia digna, sin índices delictivos incontrolables, ni violaciones flagrantes de los derechos de sus habitantes.
Por las consideraciones anteriores y en vista de la gravedad de la situación que las motiva, presento ante el pleno de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exija a las instituciones involucradas, organismos desconcentrados, descentralizados y secretarías de Estado competentes en atención y defensa de los derechos de los trabajadores migrantes, cumplan con sus obligaciones y rindan informe detallado a esta H. Cámara de Diputados de las medidas que se toman y de qué manera se asegura el cumplimiento de las disposiciones de nuestra Constitución Política y leyes reglamentarias, así como los instrumentos internacionales firmados por México para la protección de los trabajadores migratorios y sus familias.
Segundo.- Se cite a los titulares de las secretarías de Estado y organismos responsables de la aplicación y tutela de las políticas establecidas en nuestro marco jurídico interno e internacional, para que comparezcan ante esta H. Cámara y expongan de qué manera se actúa en la protección de los derechos humanos, sociales, económicos y laborales de los trabajadores, migrantes o no, en la frontera sur de nuestro país.
Tercero.- Se informe a esta H. Cámara de Diputados de las medidas de supervisión y sanciones que se aplican a los empresarios, patronos, funcionarios y servidores públicos de los delitos contra la población migrante en la frontera sur y si son presentadas denuncias al respecto ante la justicia penal.
Cuarto.- Se gire atento oficio al C. Presidente de la República a fin de que exija a los titulares de los organismos responsables de los problemas planteados en el presente punto de acuerdo para que asuman las responsabilidades que la Constitución Política y la ley les impone.
Quinto.- Se gire atento oficio al C. magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que intervenga de manera pronta y expedita, supervise y en su caso sancione, a los integrantes de la Policía Judicial que violan el ordenamiento jurídico que están obligados a preservar y hacer cumplir.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2003.
Diputados: Irma Piñeyro Arias, César Duarte Jáquez (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones de Población, Fronteras
y Asuntos Migratorios, y de Relaciones Exteriores. Febrero 19 de 2003.)
Al seminario taller "Las áreas naturales protegidas: hacia la descentralización de su administración, costos y beneficios", que se realizará el 20 y 21 de febrero, en La Paz, Baja California Sur.
Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión de la Subcomisión de Discapacidad, que se efectuará el martes 25 de febrero, a las 9:30 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
anterior.
3. Revisión de predictámenes presentados
a esta Subcomisión.
Dip. Gumercindo Alvarez Sotelo (PAN).
Código Penal Federal.
Predictamen de la iniciativa que adiciona un Capítulo
VII y un artículo 23 bis al Título Primero del Código
Penal Federal.
Dip. Gumercindo Alvarez Sotelo (PAN).
Ley del Banco de México.
Predictamen de la iniciativa que reforma el artículo
5º de la Ley del Banco de México para beneficiar a las personas
con discapacidad visual en el manejo del papel moneda.
Dip. Lorena Martínez Rodríguez (PRI).
Predictamen de la Ley Federal de la Cultura del Sordo
para beneficiar a las personas con discapacidad auditiva.
Dip. Laura Pavón Jaramillo (PRI).
Ley Nacional para Personas con Discapacidad.
Predictamen de la Ley Nacional para Personas con Discapacidad,
para beneficiar a las personas con diferentes tipos de discapacidad.
Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Presidente
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión de la Subcomisión de Adultos Mayores, que se efectuará el martes 25 de febrero, a las 10 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Análisis del anteproyecto de dictamen de la
iniciativa de adición al inciso a), fracción III, del artículo
5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada
por la diputada Celia Martínez Barcenas, del GPPRI.
4. Propuesta de excitativas de:
Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 25 de febrero, a las 14:30 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Víctor León Castañeda
Presidente
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 26 de febrero, a las 14 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 26 de febrero, a las 14:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DEL CENTRO DE CAPACITACION
A la ceremonia de clausura del diplomado "La política exterior de México y la nueva arquitectura internacional", que se llevará a cabo el miércoles 26 de febrero, a las 15:45 horas, en el auditorio Sur.
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
A la decimoctava reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el jueves 27 de febrero, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
4. Informe sobre los siguientes temas:
a) Estado que guardan los asuntos legislativos turnados
a la Comisión.
b) Comentarios sobre el informe de actividades de la
Comisión para el segundo periodo del segundo año legislativo
(marzo-agosto de 2002), entregado en la decimoséptima reunión
de Junta Directiva.
5. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
A su vigesimoquinta reunión ordinaria, que se realizará el jueves 27 de febrero, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión-comida de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 27 de febrero, a las 15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Juan Carlos Pallares Bueno
Presidente
DE LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS
A la entrega de reconocimientos a los editores y productores de material bibliográfico y documental que cumplieron lo dispuesto en el Decreto de Depósito Legal, durante 2002, que se llevará a cabo el jueves 27 de febrero, a las 17 horas, en el auditorio del edificio E.
Atentamente
Lic. Dulce María Liahut Baldomar
Directora General
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 5 de marzo, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DEL DISTRITO FEDERAL
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 19 de marzo, a las 10 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Dip. Salvador Rocha Díaz
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales
Dip. Jorge Alberto Lara Rivera
Presidente de la Comisión del Distrito Federal
En el índice y en el título de la proposición publicada en la página 81 del número 1193 de la Gaceta Parlamentaria del miércoles 19 de febrero, se adjudicó erróneamente dicho documento al senador Raymundo Cárdenas Hernández, cuando en realidad corresponde al senador Rutilio Escandón Cadenas, ambos del grupo parlamentario del PRD.