DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, EN RELACION CON EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación al financiamiento de los partidos políticos
La Junta de Coordinación Política con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
1. Con fecha 3 de octubre del año en curso, el diputado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo, por la que se plantea que "la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Presidente de la República, para que ordene a los representantes de ?Amigos de Fox, AC?, entreguen a esta Cámara y al Instituto Federal Electoral, la información precisa acerca de los recursos recaudados desde la fecha de su constitución hasta el 31 de diciembre del año 2000, así como los datos completos acerca de su aplicación. En particular interesa a esta soberanía conocer los recursos provenientes del extranjero y los compromisos que por este hecho se generaron".
2. La Junta de Coordinación Política estima como un asunto de salud política, transparentar los montos y los orígenes de los recursos con los que se sufragaron las campañas políticas de 2000, en particular lo relativo a la candidatura presidencial.
La equidad en los procesos electorales es un requisito para la limpieza de las elecciones.
En México se ha avanzado mucho en ese terreno, pero no nos ajustaríamos a la verdad, si afirmáramos que ya no es un problema la competencia política inequitativa en nuestro país.
Entre sus atribuciones, la Cámara de Diputados puede exhortar para que aquel que fue beneficiado por los recursos, conmine a dicha asociación civil para que se entregue esa información al Instituto Federal Electoral.
Por lo expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política presenta el siguiente
Acuerdo
Unico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente de la República, para que encomiende a los representantes de "Amigos de Fox, AC", con conocimiento de esta Cámara, que entreguen al Instituto Federal Electoral la información precisa acerca de los recursos recaudados desde la fecha de su constitución hasta el 31 de diciembre del año 2000, así como los datos completos acerca de su aplicación. En particular interesa a esta soberanía conocer si hubo recursos provenientes del extranjero y en ese caso los compromisos que por este hecho se generaron.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los catorce días del mes de octubre de dos mil
dos.
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente de la Junta de Coordinación Política
y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática
Dip. Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica p.a.
en contra)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
(Aprobado en votación económica. Octubre
15 de 2002.)
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de octubre de 2002.
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Octubre 15 de 2002.)
QUE REFORMA LOS ARTICULOS 340, 341 Y 343 Y ADICIONA UN ARTICULO 341 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE SOTO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
El suscrito, diputado José Soto Martínez, integrante de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de nuestra Carta Magna, y con apoyo además en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esa H. Cámara de Diputados una iniciativa de decreto para reformar los artículos 340, 341 y 343 y adicionar con un artículo 341 bis la Ley Federal del Trabajo, basándome para ello en la siguiente
Exposición de Motivos
1.- En nuestro país, las labores del hogar son realizadas por a) las que lo hacen en forma gratuita y sin reconocimiento: las amas de casa; y b) los que hacen trabajo doméstico fuera de ley. Únicamente me ocuparé, esta vez, de estos últimos.
2.- En los países pobres del mundo, como México, se da el fenómeno de "el servicio"; es decir, la servidumbre. Los más ricos tienen como "criados" a los más pobres, y son los indígenas los que proveen la mayor cantidad de "sirvientes" en nuestro país.
3.- Discriminación racial, explotación, prolongadas jornadas de trabajo, salarios pobres, abuso sexual, golpes, maltratos, nulos derechos laborales, inseguridad en el empleo, todo ello es parte de la larga lista de agravios que padecen miles de mujeres y de hombres que encuentran empleo en el trabajo doméstico, actividad que por momentos vive perfiles de esclavitud.
4.- En México, alrededor de un millón y medio de personas (en la capital mexicana existen más de 43,000 empleadas domésticas y en todo el país hay más de 1.7 millones) se dedican a esta actividad, que es la tercera ocupación más importante de la población femenina económicamente activa (una de cada cinco mujeres que trabajan es empleada doméstica); la gran mayoría proviene de pequeños pueblos que rodean a las grandes ciudades. Muchas de ellas son indígenas que siguen hablando sus dialectos y conservan de alguna manera sus tradiciones culturales originales.
5.- Las trabajadoras del hogar (las "chachas" del pueblo, las que son despreciadas y minimizadas en el trabajo que todavía ejercen millones de indígenas, campesinas pobres, mujeres urbanas sin educación escolar, a las que las señoras llaman "gatas", "sirvientas") piden dignidad y no limosna, piden derechos laborales. Ya no quieren comer las sobras de la comida del día anterior, ni recibir la ropa usada ni acuerdos del siglo XVII en los términos del trabajo.
6.- Sobre los hombros de una empleada doméstica descansa el funcionamiento de la casa, gracias a ella el patrón y/o la patrona pueden trabajar o dedicarse a lo que les interesa; por ella hay comida, limpieza; y, sin embargo, el panorama de la trabajadora doméstica en México es sombrío: protegida sólo en apariencia por una legislación que no se aplica, que no es respetada; marginada de la educación, la capacitación y el derecho a la seguridad social, abandonada a su buena suerte o a la conciencia de justicia social que puedan tener sus empleadores, mal alimentada y mal alojada, con escasos momentos de reposo durante la jornada inacabable, expuesta más que ninguna otra trabajadora al acoso sexual y a la violación. La empleada doméstica está recluida, separada de las demás mujeres con quienes podría unirse para demandar sus derechos y aún no ha aprendido a organizarse. Es de elemental justicia reivindicar el trabajo doméstico, acabar con la opresión milenaria de este sector desprotegido de nuestra sociedad; que se dignifique su función y sean verdaderamente protegidas por las leyes laborales.
7.- Considerando que el artículo 123 de la Constitución federal establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil?
8.- Considerando que los diputados federales nos debemos a los intereses de la sociedad, en tanto representantes de la misma, y que, al tomar posesión de nuestro cargo, protestamos guardar y hacer guardar la Constitución federal y las leyes que de ella emanen.
En mérito de lo anteriormente expuesto, y con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 70 de nuestra Carta Magna, se presenta la siguiente iniciativa de decreto para que se reformen los artículos 340, 341 y 343 y adicionar con un artículo 341 bis la Ley Federal del Trabajo
Decreto
Por el que se reforman los artículos 340, 341 y 343 y se adiciona con un artículo 341 bis la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo Unico.- Se reforman los artículos 340, 341 y 343 y se adiciona con un artículo 341 bis la Ley Federal del Trabajo:
Ley Federal del Trabajo
Título Sexto
Trabajos Especiales
Capítulo XIII
Trabajadores Domésticos
Artículo 340.- Los trabajadores domésticos tienen las obligaciones especiales siguientes:
II. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa;
III. Desempeñar sus servicios, bajo la dirección del patrón, a cuya autoridad estará subordinado en todo lo concerniente al trabajo; y
IV. Efectuar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados.
Es causa de rescisión además, sin responsabilidad para el trabajador, la violación por parte del patrón de las normas generales de esta ley, aplicables a los trabajadores domésticos en lo que no contraríen las de este capítulo.
Artículo 341 bis.- El trabajador podrá separase de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé, por parte del patrón, el incumplimiento o la violación a que se refiere el artículo que antecede, y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en términos de los artículos 49, fracción IV, y 50.
Artículo 342.- .................
Artículo 343.- El patrón podrá rescindir la relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. El plazo para que el patrón rescinda la relación laboral será dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé el incumplimiento, por parte del trabajador, de las obligaciones especiales consignadas en este capítulo.
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto por este decreto.
Tercero.- Se requiere a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos informe sobre el cumplimiento que le esté dando al artículo 335 de la Ley Federal del Trabajo.
Cuarto.- Se requiere al Secretario del Trabajo informe sobre el cumplimiento que le esté dando a la fracción III del artículo 337 de la Ley Federal del Trabajo.
Quinto.- Se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres para que, dentro de sus atribuciones, propugne por el mejoramiento de la calidad de vida de las trabajadoras domésticas del país.
Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados,
México, DF.
Dip. José Soto Martínez (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión
Social, y de Equidad y Género. Octubre 15 de 2002.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 73, FRACCION XXI, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO JURADO CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta soberanía iniciativa de reforma al artículo 73, fracción XXI, y de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A pesar de que, de acuerdo con los principios rectores del sistema republicano, las facultades de la Federación no deben menoscabar la autonomía de los estados miembros, la tendencia ha sido en sentido inverso en áreas prioritarias y en lo que interesa respecto a la seguridad pública.
En razón de que en la actualidad los estados tienen restringido su ámbito de competencia para la persecución y enjuiciamiento de peligrosos infractores que ponen en serio riesgo a la comunidad y, al mismo tiempo, destinan valiosos recursos para sostener a los tribunales locales que están obligados a actuar en auxilio de la Federación. Y lo más grave: el enjuiciamiento de un infractor que ha cometido delitos en ambos fueros provoca en múltiples ocasiones su impunidad, así como también la ubicación de los juzgados en diferentes ciudades propicia la violación a la garantía (que exige su permanencia en el lugar del juicio) básica para actualizar su derecho a una adecuada defensa.
Los planteamientos que anteceden se apoyan en que los tribunales locales concurrieron en el conocimiento de delitos del orden federal durante la etapa inicial del procedimiento. Esto significa, en principio, que la averiguación previa se integró en el fuero local, los jueces locales proveyeron para decidir la situación jurídica de los involucrados, pero, finalmente, los tribunales federales continuaron el conocimiento de esas causas, lo que, desde luego, trajo como consecuencia que, simultáneamente, los inculpados fueran procesados en ambos fueros.
Esta situación refleja duplicidad de causas penales, inadmisible en una época en que se ha subrayado la necesidad de que la función jurisdiccional se ejerza con eficiencia y ahorro de recursos humanos y materiales. Además, existe una recurrente situación reveladora de impunidad: un gran número de hechos de homicidio y robo se comete utilizando armas de fuego de uso prohibido a los particulares, dentro de circunscripciones territoriales alejadas de las principales poblaciones del estado. En estos casos, el deficiente ejercicio de la acción penal impide a los jueces, aun como auxiliares, hacer pronunciamiento de un delito del orden federal, lo que conduce en múltiples casos a que el inculpado quede al margen de cualquier acción punitiva que debería ser impuesta por ese ilícito.
Esto genera una discriminación entre inculpados que ejecutan conductas típicas similares, pero reciben un tratamiento punitivo distinto, de acuerdo con el ámbito territorial en que ejecutan los hechos.
La reciente incorporación del segundo párrafo del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución de la República estableció una regla de atracción en asuntos del fuero local hacia el fuero federal. Y la ley secundaria en materia procesal de este último ámbito desarrolló esa potestad de atracción. Sólo que, en breve lapso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que limitar el alcance de la nueva norma: el concurso de delitos y la conexidad entre ellos trajeron como resultado que los jueces locales plantearan la competencia federal para conocer de ilícitos del fuero común que, sin duda, incrementarían las cargas de trabajo de los jueces federales.
Ante este fenómeno, la Suprema Corte se decidió por la duplicidad de enjuiciamientos para evitar el previsible aumento de asuntos penales de especial complejidad. Y, mediante interpretaciones cargadas de malabarismos jurídicos, finalmente sentó jurisprudencia que, en resumen, hizo nugatoria la novedosa facultad de atracción incorporada a nuestra Ley Fundamental.
Esta delicada determinación sólo merece una lectura: fracasó la pretensión de un solo enjuiciamiento contra personas que, al cometer dos o más ilícitos en concurso, provocaron la intervención del aparato de justicia en ambos fueros.
La consecuencia lógica es plantear otra solución que, además de rescatar la respetabilidad de las funciones de justicia locales, diseñe una opción que privilegie las garantías de los indiciados, el reclamo de la comunidad contra cualquier situación que provoque impunidad y la optimización de los recursos humanos y materiales que integran el aparato de justicia punitiva.
Una respuesta que involucre las inquietudes señaladas debe plantearse en el ámbito constitucional. Sólo así adquiere fuerza jurídica suficiente para modificar el sistema de competencias de ambos fueros.
De esta manera, se propone agregar un tercer párrafo al artículo 73, fracción XXI, constitucional, que corresponde al sistema de competencias y aclare el sentido del segundo párrafo. Esto da lugar a que
2. Los órganos de procuración y administración de justicia de los estados inicien y concluyan el enjuiciamiento de quienes delinquen en una situación de concurso que significa la comisión de delitos en ambos fueros, cuando los del orden común, por su gravedad, soporten medidas punitivas con mayor carga represiva.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa de reforma que adiciona un tercer párrafo al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Unico.- Anexa un tercer párrafo al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Sección III
De las Facultades del Congreso
Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
XXI.- Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse.
Las autoridades de los estados conocerán de los delitos del fuero federal cuando concurran con delitos comunes de mayor gravedad punitiva;
Transitorios
Artículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2002.
Dip. Francisco E. Jurado Contreras (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Octubre 15 de 2002.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 138 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SERGIO ACOSTA SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto de reformas a la Ley General de Población, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna para referirme a un tema que es de la mayor trascendencia, el relacionado con el delito del tráfico de personas, tal vez el más vil e inhumano.
Las fronteras de los países donde el fenómeno de la migración de indocumentados de los diversos continentes se encuentran plagadas de estos individuos sin escrúpulos que hacen de su modus vivendi el tráfico de migrantes indocumentados que desean atravesar una frontera en busca de mejores oportunidades de vida, en el mejor de los casos; pero no se encargan sólo de eso, sino de traficar con menores y mujeres que después serán destinados al comercio sexual o, inclusive, para la venta de sus órganos.
El tema de los traficantes de personas representa un problema de la mayor importancia para México, pues dicha actividad, actualmente, está considerada el segundo asunto en importancia de seguridad nacional de nuestro país. Baste recordar a los cientos de compatriotas nuestros que pierden la vida a manos de los que lucran con la pobreza y la esperanza de aquellos cuya sola intención es asegurar a los suyos un nivel de vida decoroso.
Estos delincuentes también llamados "polleros", que operan en los poco más de tres mil kilómetros que tiene México de frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, son responsables de cientos de muertes sí, pero además de violaciones perpetradas contra jovencitas que cruzan la frontera contra su voluntad para, además, después ser la mercancía sexual de otros tantos vivales; o de menores que son vendidos para ser adoptados por familias europeas o norteamericanas.
El asunto es de tal magnitud, que según el Servicio de Naturalización e Inmigración de Estados Unidos, se calcula que en sólo tres años los grupos delictivos que se dedican a introducir inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, incrementaron sus ganancias en 50 por ciento, al pasar de cinco mil millones a siete mil quinientos millones de dólares al año; ésa es la magnitud del negocio de estos señores. Y vale la pena mencionar, para resaltar la importancia del tema que se trata, que este delito, el del tráfico de personas, a nivel mundial, es el tercer ilícito más lucrativo, sólo detrás del tráfico de drogas y de armas; delitos ambos de la más aberrante naturaleza porque atentan contra los elementales derechos de las personas, contra su libertad y dignidad.
Sabemos bien dónde nace este delito, en los propios lugares de origen de quienes acuden a los "polleros", en la pobreza extrema, en las profundas desigualdades sociales, en la falta de oportunidades; pero además concurre otro elemento que ha permitido el crecimiento desmedido de este cruel delito, y es no sólo complicidad de servidores públicos corruptos, sino también la laxitud de las leyes que sancionan tal conducta, es por ello que ante este Pleno vengo a someter a consideración la necesidad de incrementar sustancialmente la pena con que se castiga el delito de tráfico de personas.
De acuerdo con recientes estimaciones y conforme al Segundo Informe Anual Sobre Tráfico de Personas 2002, elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, durante el año de 2001, por lo menos 700 mil hombres, mujeres y niños fueron objeto de tráfico en todo el mundo. Ante tales circunstancias, resulta fundamental que se legisle en torno a tal delito y nuestras leyes sean orientadas de tal modo, que coadyuven a combatir a quienes viven a costa de tan lamentable conducta.
Compañeros legisladores, combatir frontalmente a las bandas de "polleros" que operan en nuestro país requiere de medidas de la más diversa índole que van desde el fortalecimiento de campañas informativas que adviertan sobre los riesgos a que se enfrentan quienes recurren a estos delincuentes, hasta la generación de mayores lazos de cooperación entre los gobiernos de los países directamente involucrados en éste que se ha convertido en un problema mundial.
Un primer y trascendental paso será, estoy convencido, el endurecimiento de las penas para este delito, pero hay mucho que avanzar, se tienen que establecer políticas migratorias multilaterales que dificulten la actividad de los traficantes de personas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento la siguiente iniciativa de reformas a la Ley General de Población.
Artículo Unico.- Se reforma el artículo 138 de la Ley General de Población para quedar como sigue:
Artículo 138.- Se impondrá prisión de diez a veinticinco años de prisión y multa de cinco mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, a quien por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente.
...
Artículo Transitorio
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
San Lázaro, a los 15 días del mes de octubre de 2002.
Dip. Sergio Acosta Salazar (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios. Octubre 15 de 2002.)
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para presentar a la Presidencia de la Mesa Directiva una formal solicitud para que, con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formule excitativa al Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con el propósito de que la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 420 del Código Penal Federal y el numeral 33 a la fracción I del artículo 194, pasando el actual numeral 33 a ser numeral 34 del Código Federal de Procedimientos Penales, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Con fecha de 11 de diciembre de 2001, la diputada Rosa Delia Cota Montaño presentó a nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para reformar el Código Federal de Procedimientos Penales en las fracciones y numerales citados líneas arriba.
Nos preocupa sobremanera, compañeras y compañeros diputados que reformas que tienden a mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos, en este caso en particular, los dedicados a la pesca ribereña se mantengan en condiciones de indefensión por el marco legal existente.
La pesca furtiva daña de manera grave los ingresos de las familias dedicadas a la pesca, a quienes en la mayoría de los casos sólo les permite su supervivencia. Seguir tolerando esta situación equivale a que estos mexicanos permanezcan en condiciones cada vez más difíciles y en los hechos se les orille a cometer hechos ilícitos.
Como señalamos en la exposición de motivos de la iniciativa en comento, la pesca furtiva se ha incrementado de manera notable en los últimos 20 años y la tendencia no se revertirá en tanto siga persistiendo la normatividad vigente.
De otra parte, el efecto en el daño ambiental que produce este tipo de ilícito afecta de manera determinante la biodiversidad de nuestros litorales. A los efectos nocivos de los contaminantes que descargan en los mares nacionales, se suman los daños ecológicos y económicos que es preciso revertir.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos atentamente a la Presidenta de la Mesa Directiva de esta Cámara, excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que emita el dictamen correspondiente.
Dip. Rosa Delia Cota Montaño
(Se hace una excitativa a la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos, para que emita el dictamen correspondiente. Octubre
15 de 2002.)
A LAS COMISIONES DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA, DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, Y DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LORENA BEAUREGARD DE LOS SANTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
La que suscribe, Lorena Beauregard de los Santos, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, en uso de las facultades que me otorgan los artículos 21, 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este honorable Congreso de la Unión la siguiente
Excitativa
Sin duda, hoy el Poder Legislativo enfrenta grandes retos, parte de esos retos son los de actuar congruentemente para estar a la altura de la nueva realidad de la sociedad mexicana. Hoy, por primera vez el Poder Legislativo representa en nuestro país un verdadero equilibrio de poderes, y ello nos obliga a desempeñarnos con profesionalismo y responsabilidad, asumiendo el compromiso que representa ser legisladores con visión de futuro, con altura de miras, privilegiando en todo momento el interés superior de nuestro país, y no siendo rehenes de nuestros propios intereses o de los partidos representados en esta Cámara de Diputados.
Ahora más que nunca, es necesaria la construcción de consensos en torno a los grandes temas nacionales que son el cimiento del México al que todos aspiramos. Lo que los nuevos tiempos requieren son cambios profundos que nos permitan dar certeza jurídica a todos los sectores de la sociedad mexicana. Un sector importante para el país lo representan los medios de comunicación, ya que han jugado un papel sustantivo en este proceso de cambio.
Por ello, es fundamental crear nuevas condiciones frente a los medios de información, pues muchos de éstos son cada vez más poderosos, lo cierto es que uno de los primeros pasos sería demostrar la disposición del Estado a someterse al escrutinio del Legislativo en esta materia.
No sería congruente demandar un nuevo comportamiento de las empresas periodísticas, cuando el Legislativo ha incurrido en omisiones, al permitir que el gobierno cree sus propias reglas para el uso de sus recursos en materia de difusión y comunicación, se sancione y se otorgue a sí mismo los permisos para excederse en gastos, cuando lo considera necesario.
La iniciativa de Ley Reguladora para el Control de la Publicidad Gubernamental en Materia de Prensa, Radio y Televisión que presenté el 19 de marzo de 2002, tiene como propósito fundamental establecer nuevas reglas para el uso correcto de los recursos públicos que el gobierno ejerce en materia de publicidad, difusión y comunicación social.
Si queremos plena legalidad en el ejercicio periodístico, los legisladores y servidores públicos debemos empezar por arreglar nuestra casa. Si proponemos nuevas reglas para los medios de comunicación, el gobierno está obligado a enviar señales de disposición a ser vigilado por el Poder Legislativo. Así como los medios sin reglas son capaces de manipular la opinión pública, los gobiernos sin una auténtica vigilancia del Legislativo, son proclives a crear condiciones para que los medios actúen siempre subordinados a sus intereses.
Si nuestros gobernantes de antaño no desconocieron la utilidad de los medios de comunicación, es de suponerse que los actuales, ya sean del PRI, del PAN, del PRD o de cualquier otro partido político, tampoco la desconozcan.
Frente a la proximidad de elecciones, debemos crear condiciones para que el Poder Legislativo vigile las acciones del Ejecutivo en el manejo de la publicidad que hoy recobra un especial interés, luego de la abrogación del decreto de 1969, en el que los medios electrónicos pagaban con tiempos en radio y televisión sus impuestos.
A lo largo de su historia, el PRI siempre tuvo conciencia sobre la importancia de controlar los medios; sin embargo, esta debilidad no es exclusiva de este partido, pues en los otros también han existido excesos ampliamente conocidos por todos.
La falta de una supervisión correcta sobre el uso y destino de los tiempos oficiales, ha propiciado que otros funcionarios, como el propio Presidente Vicente Fox, aprovechen los vacíos existentes para publicitar indiscriminadamente la figura presidencial.
La iniciativa de ley que presenté el 19 de marzo del 2002, tiene como finalidad otorgar al Legislativo el poder de control sobre los actos del Ejecutivo en materia de recursos públicos para la difusión y publicidad del gobierno. Frente a la tentación de los partidos gobernantes, tiene que existir una vigilancia constante, a fin de que se cumplan los objetivos que se proyectaron en materia de difusión de las campañas gubernamentales. Sin embargo, tenemos que asegurarnos que tales egresos se apliquen únicamente para gastos de propaganda e imagen institucional y no la individual.
Es por ello, que presento la siguiente
Excitativa
Artículo Unico. Que la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión, excite a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, de Radio, Televisión y Cinematografía, así como a la de Programación y Cuenta Pública, a que concluyan el proceso de dictaminación de la iniciativa de Ley Reguladora para el Control de la Publicidad Gubernamental en Materia de Prensa, Radio y Televisión, toda vez que han transcurrido más de 6 meses de que ésta fue turnada a las mencionadas Comisiones, cumpliéndose con ello el tiempo reglamentario para que emitan un dictamen.
Dip. Lorena Beauregard de los Santos (rúbrica)
(Se hace excitativa a las Comisiones de Gobernación
y Seguridad Pública, de Radio, Televisión y Cinematografía,
y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que emitan el dictamen correspondiente.
Octubre 15 de 2002.)
A LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO GREGORIO URIAS GERMAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por este conducto, respetuosamente, solicita a la Presidencia de esta honorable Cámara tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes
Antecedentes
1. Que, con fecha 9 de abril de 2001, el suscrito presentó ante esta soberanía iniciativa que contiene reformas y adiciones al artículo 93 de la Constitución General de la República; asimismo, se propone reformar el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
2. Que uno de los ejes que vertebra el régimen político mexicano es el predominio del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, rompiendo el indispensable equilibrio en el esquema de división de poderes. Tal distorsión es la principal fuente de las fallas en el actuar estatal, en detrimento de los derechos y aspiraciones de la sociedad.
En la ruta de la transición, como vía para diseñar un sistema verdaderamente democrático, ahora más que nunca estamos obligados a ir más allá de la alternancia en el Ejecutivo de la Unión y emprender una transformación profunda en las instituciones que dieron identidad y permanencia al viejo régimen.
En esta tarea democratizadora, el principal reto del proceso de reforma del Estado mexicano tiene que ver con reordenar los poderes y volverlos al esquema que da sentido y razón a la separación de las actividades estatales, agrupándolas en tal forma que no exista predominio ni avasallamiento alguno, alcanzando así un sistema de pesos y contrapesos; ello evitaría todo tipo de excesos que origina la concentración desproporcionada de atribuciones en uno de dichos poderes. De ahí la pertinencia de la iniciativa que proponemos.
3. El contenido del artículo 93 de la Constitución General debe ser reformado, en razón de que la realidad política del país y de las relaciones entre los poderes presenta cambios de gran trascendencia.
En la literatura del constitucionalismo mexicano se expresan opiniones críticas. Cito las palabras del Dr. Diego Valadés:
En primer lugar, reduce la capacidad de investigación a los organismos y a las empresas, no a los órganos de gobierno. Pero además, y esto resulta digno de ponerlo en un marquito, resulta que cualquiera de ustedes, señores legisladores, puede proponer una reforma constitucional, nada menos que una reforma constitucional, pero ninguno de ustedes puede proponer la formación de una comisión. ¡Esto realmente es un disparate!
En virtud de que ha transcurrido con exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de que es impostergable reformar el precepto constitucional multicitado, consideramos oportuno que se proceda a enviar excitativa en los términos reglamentarios a la Comisión de Puntos Constitucionales, con la finalidad de que emita su dictamen a la mayor brevedad posible.
Palacio Legislativo, a los 15 días del mes de octubre de dos mil dos.
Dip. Gregorio Urías Germán (rúbrica)
(Se realiza excitativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente. Octubre 15
de 2002.)
A LAS COMISIONES DE AGRICULTURA Y GANADERIA, Y ESPECIAL DE GANADERIA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por este conducto, atentamente, solicito a la Presidencia de esta honorable asamblea, tenga a bien formular excitativa a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y Especial de Ganadería, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes
Antecedentes
1.- El día 27 de noviembre del 2001 la que suscribe, integrante de la fracción parlamentaria del PRD, presenté a la consideración del Pleno una iniciativa de Ley de Promoción a la Avicultura Nacional y de reformas a la Ley Federal de Derechos.
2.- La Iniciativa se turnó a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y Especial de Ganadería, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
3.- La iniciativa tiene su origen en el hecho de que la avicultura mexicana requiere de una inmediata consolidación y preparación para lo que ya es evidente, con pena de ser arrasada con productos del exterior excedentes a precios bajos. En base a lo anterior se presentan las consideraciones para la excitativa.
Consideraciones
1.- La avicultura nacional, en el marco de la feroz competencia internacional, no ha sido apoyada o fomentada en forma decidida por el Estado mexicano, a diferencia de los productores norteamericanos, los cuales cuentan con todo tipo de facilidades, apoyos, subsidios, créditos baratos, organización, consejos y comités que los apoyan y promueven, creando así una disparidad de condiciones que hace sumamente vulnerable a la avicultura nacional al enfrentarse a la apertura comercial inminente, por lo que resulta necesario establecer un trato de igualdad comercial y de condiciones distributivas entre competidores desiguales.
2- Para dar una idea de la disparidad entre la avicultura mexicana y norteamericana, es importante considerar la desproporción existente entre los costos de producción de ambas cadenas productivas, teniendo la avicultura nacional un costo superior en alrededor del 64.8% con relación a la avicultura norteamericana.
3.- En caso de desaparecer la avicultura nacional, se crearía un caos para toda la cadena alimenticia nacional, creándose un vacío que sería llenado por competidores internacionales que impondrían sus precios, calidades y condiciones, mismos que repercutirían en todos los eslabones de la cadena, golpeando severamente al consumidor mexicano, sin contar con la pérdida de soberanía alimentaria en un alimento tan importante en la dieta del consumidor mexicano (en lo poco que le queda para comer al pueblo).
4.- Un efecto fundamental que se produciría con la entrada sin aranceles de diversos tipos de productos avícolas procedentes de EEUU al país a principios del año próximo, sería la amenaza de desempleo que se produciría en la cadena productiva nacional. Con la entrada irrestricta de productos pecuarios norteamericanos se estaría amenazado el empleo de ciento veinte mil trabajadores.
5.- Ante la necesidad de reorientar las políticas de promoción y fomento aplicables al sector agropecuario, se requiere fortalecer una nueva institucionalidad avícola. Es decir, nuevas relaciones entre el gobierno y los productores, entre los niveles de gobierno, entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, una nueva legislación y una reorientación de las atribuciones, responsabilidades y recursos para el desarrollo avícola, fomentando la creación de instituciones especializadas.
6.- La iniciativa de Ley de Promoción a la Avicultura Nacional, presentada en el mes de noviembre del año pasado, se concibe como un instrumento dinamizador de los agentes que intervienen en el sector, proporcionando un marco para la definición de los ámbitos de competencia federal, estatal, municipal y de los productores, para eficientar la gestión pública a partir de las normas, ámbitos de acción y condiciones generales para la planeación, fomento y gestión del desarrollo avícola.
7.- La iniciativa busca otorgar mayores atribuciones de fomento en materia avícola a los productores, precisando el establecimiento de relaciones gubernamentales basadas en la concurrencia, coordinación y solidaridad para la solución de los problemas del sector.
8.- En esencia, la iniciativa busca fomentar al sector avícola, por medio de la promoción del aumento del consumo por persona de huevo y de pollo, permitiendo así elevar la competitividad de los productores y de esta manera reducir aún más los precios de los productos avícolas, lo que permitirá hacer llegar a más mexicanos huevo, pollo y pavo de alta calidad a precios accesibles, con un abasto adecuado, oportuno y productos de alta calidad en beneficio del consumidor, a la vez que esto permitirá prepararse para la apertura comercial inminente. Asimismo, esta iniciativa tiene como fin el fomento e impulso a las exportaciones de productos avícolas, ampliar los mercados nacionales e internacionales.
9.- Frente a la liberalización agropecuaria que se convierte en un hecho para principios del próximo año, se hace necesario definir claramente los apoyos que le debemos a nuestros productores nacionales.
10.- La incapacidad mostrada por la actual Legislatura para dar salida de manera pertinente y puntual a las diversas iniciativas presentadas por las fracciones que comprenden la Cámara de Diputados, no sólo produce un desfasamiento entre las necesidades de las actividades productivas y de la gente con la velocidad con que las diferentes comisiones dictaminan las diversas iniciativas presentadas por los diputados, sino también refleja dicho desfase cierta incapacidad de esta Legislatura para cumplir la función que tiene asignada por la Constitución.
Por lo anterior, y en términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, solicito respetuosamente lo siguiente:
Unico: Se envíe excitativa a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y Especial de Ganadería para que emitan el dictamen respecto de la iniciativa presentada el 7 de noviembre por la suscrita y que les fue turnada en la misma fecha.
Dip. Petra Santos Ortiz (rúbrica)
(Se excita a las Comisiones de Agricultura y Ganadería,
y Especial de Ganadería, para que emitan el dictamen correspondiente.
Octubre 15 de 2002.)
A LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
La suscrita, en mi calidad de diputada federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promuevo ante esta soberanía la presente excitativa, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La ocupación laboral de menores pone con frecuencia en peligro las oportunidades que tienen los niños para llegar a ser personas plenamente productivas y útiles a la sociedad. No obstante se pueden hacer progresos para su eliminación, a condición de que exista una voluntad política y social para oponerse a ella.
Urge apartar de inmediato de estas situaciones a los niños que ya se encuentren en ellas y a garantizar que su alejamiento sea duradero. Los niños menores de 14 años de edad no deberían tener que ejercer una actividad económica. La infancia es un periodo de la vida que en ellos no debería estar dedicado al trabajo, sino a la educación y a la formación.
Es necesario proteger a los niños de la explotación económica y de todo trabajo susceptible de comprometer su educación o de poner en peligro su salud o bienestar. El tráfico de niños con fines de empleo en fábricas y en casas particulares, o con fines de prostitución, pornografía y otras actividades ilegales, no cesa de extenderse. Se hace necesaria la protección de los niños que trabajan, esto es, las acciones destinadas a mejorar sus condiciones de trabajo o a proporcionarles diversos servicios, por ejemplo, en materia de salud, educación, alojamiento, alimentación y recreo.
Con lo anterior se pretende sensibilizar a los legisladores de todos los partidos, para que los niños, niñas y adolescentes en condiciones de desventaja social tengan acceso a los servicios de salud, además de que sería bien recibido por las organizaciones altruistas, filantrópicas, de beneficencia, no gubernamentales y por toda la sociedad.
Consideraciones
El pasado 17 de abril de 2001, la de la voz, acudió a esta tribuna para presentar una iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que se proporcionen servicios de salud gratuitos a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en condiciones de desventaja social, especialmente a los trabajadores agrícolas, de la calle y del sector informal de la economía.
Desde que se presentó la iniciativa en cuestión, ha transcurrido en exceso el plazo que concede el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para que las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Justicia y Derechos Humanos presenten su dictamen en los negocios de su competencia.
Por lo antes expuesto y fundado, solicito a la Presidencia dé trámite inmediato a la siguiente proposición:
Unico. Con fundamento en los términos de los artículos 21, fracción XVI, y 87 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turne la presente excitativa a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que inicien el anteproyecto de dictamen con objeto de que dicha resolución sea presentada ante el Pleno.
Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2002.
Dip. Adela del Carmen Graniel Campos (rúbrica)
(Se realiza excitativa a las Comisiones de Justicia y
Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables para que emitan
el dictamen correspondiente. Octubre 15 de 2002.)
A LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
El suscrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito atenta y respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos para que, a la brevedad posible, dictaminen, para su presentación en el Pleno de esta Cámara, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 76, 135 y 145 de la Ley de Amparo; y se adicionan los artículos 19-bis y 121-bis a la Ley de Amparo; al tenor de los siguientes
Antecedentes
El día 3 de octubre del año 2000 se presentó a nombre del suscrito, la iniciativa citada en el epígrafe, con el objeto de abrogar la relatividad de la sentencia en el juicio de amparo, denominado por la doctrina como "Fórmula Otero".
El Presidente de la Cámara turnó la iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos para que emitieran el dictamen correspondiente.
En razón de lo anterior se expresan las siguientes
Consideraciones
Primero.- La relatividad de la sentencia de amparo se expresa en que sólo se ocupa de las personas promoventes del recurso, limitándose a ampararlos y protegerlos y sin hacer ninguna declaración general de la ley o acto que motive el juicio.
Segundo.- Este principio no puede seguir sosteniéndose. El orden jurídico nacional no puede permitir que se siga arrastrando una figura decimonónica que contraría los principios generales del derecho y que hace nugatorios los derechos del hombre y del ciudadano, elementales a cualquier Estado de derecho. Una norma no puede ser inconstitucional para un individuo y, al mismo tiempo, tener validez y aplicación para otros.
Tercero.- La injusticia que comete la susodicha fórmula consiste en que sólo aprovecha al promovente, excluyendo a todos los demás. Ello viola el principio del control de la constitucionalidad, pues en la realidad una norma secundaria tendrá un ámbito de validez derogatorio de la norma constitucional.
Cuarto.- También hace inoperante la igualdad de los hombres ante la ley, pues sólo aprovecha a quien interpone el recurso. Asimismo, es fuente de constantes violaciones y atropellos por parte de la autoridad, pues se aplican leyes y/o se realizan actos señalados como inconstitucionales.
Quinto.- La tutela constitucional es nugatoria si la protección y amparo sólo benefician a uno o varios individuos y no a la generalidad de quienes componen la sociedad. Porque si bien es cierto que existe el derecho subjetivo de acudir a la tutela jurisdiccional, en la realidad sólo muy pocos individuos recurren los actos y/o leyes violatorios de sus garantías.
Sexto.- Ahora bien, si el tribunal, encargado de decir el derecho, considera inconstitucional un acto de autoridad o una ley sobre un individuo, lógicamente se desprende que lo es para todos los demás que se encuentran en los mismos supuestos y con las mismas características de la especie.
Séptimo.- La sentencia de amparo cuyo contenido sea de efectos generales ayuda y fortalece el principio de división de poderes, porque al mismo tiempo que coadyuva con el Poder Legislativo a ponderar su actuación como órgano generador de las normas, defiende o tutela la norma fundamental.
Octavo.- Si los tribunales declaran la inconstitucionalidad de una ley o acto de autoridad, se colige que ambos actos están afectando las normas que rigen para todos los ciudadanos, por tanto, los efectos de la sentencia deben ser a tal punto generales a fin de que el gobernado tenga la garantía no sólo de tutela jurídica sino constitucional de sus derechos.
Noveno.- En virtud de que han transcurrido más de dos años, superando el término que establece el artículo 87 del reglamento correspondiente, para que las Comisiones en cita emitan el dictamen de esta iniciativa, presentada el 3 de octubre del 2000; comparezco ante ustedes solicitando que la Presidencia formule excitativa a las Comisiones que han quedado mencionadas líneas arriba, a efecto de que dictaminen sobre la iniciativa motivo de este libelo.
Por lo antes expuesto y fundado, a usted señora Presidenta de esta Cámara muy atentamente pido se sirva;
Unico.- En los términos de los antecedentes y consideraciones postulados, así como los diversos legales que se invocan, se sirva excitar a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos para que presenten dictamen correspondiente a la iniciativa que motiva esta solicitud.
Dip. David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica)
(Se realiza excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales,
y de Justicia y Derechos Humanos, para que emitan el dictamen correspondiente.Octubre
15 de 2002.)
A LAS COMISIONES DE SALUD, DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y DE DESARROLLO RURAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
En mi calidad de diputada federal de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión de Desarrollo Rural y a la Comisión de Salud a efecto de que dictaminen a la brevedad para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo la iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Salud y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Consideraciones
I.- Que la problemática ambiental y el deterioro ecológico han trascendido a nivel internacional. Y, con ello, distintas legislaciones han sufrido modificaciones con el fin de lograr el equilibrio ecológico;
II.- El deterioro ecológico que se ha vivido en los últimos veinte años ha enseñado al mundo que una crisis puede manifestarse en cualquier organización, sea grande o pequeña, pública o privada, con o sin aviso alguno y en cualquier parte;
III.- La legislación debe defender los ecosistemas, garantizando su vitalidad y la de las poblaciones que viven en relación con ellos;
IV.- Es necesario obtener de los estados, gobiernos y empresarios privados el estricto cumplimiento de las leyes y la reparación de los daños ocasionados a las comunidades y a los ecosistemas, así como detener la expansión de las actividades económicas industriales inapropiadas en ecosistemas por considerarlas destructivas y contaminantes;
V.- Que existen graves daños a la salud de la población de muchos mexicanos, principalmente de comunidades pobres, debido al deterioro ecológico, que no se han determinado, que provocan empresas particulares y públicas, donde los grupos más expuestos son las mujeres y los niños;
VI.- Es necesario pensar en la pertinencia de que se exija un impuesto a las empresas y que se destine a proyectos productivos en las zonas afectadas, proyectos que sean sustentables y planeados de manera participativa con las comunidades afectadas; y
VII.- También es necesario que el Estado, como promotor del desarrollo, genere las condiciones que la gente en todo el país requiere para que puedan equilibrarse los niveles de desarrollo y bienestar en su conjunto y que exija la corresponsabilidad de las empresas particulares que afecten la salud y el ecosistema de las comunidades.
Con base en estas consideraciones, propuse adiciones a distintas leyes, siendo éstas:
b) La Ley General de Salud, se adicione el artículo 119 bis; y
c) La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se adicione el artículo 4 bis.
Suscribiendo la presente, con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito a esta Presidencia se sirva excitar a las Comisiones mencionadas a fin de que emitan un dictamen respecto del asunto mencionado.
Dip. Adela del Carmen Graniel Campos (rúbrica)
(Se realiza excitativa a las Comisiones de Salud, de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, y de Desarrollo Rural para que emitan el
dictamen correspondiente. Octubre 15 de 2002.)
A LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RUFINO RODRIGUEZ CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
El suscrito, diputado federal a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, y por las disposiciones contenidas en el artículo 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y de Seguridad Pública para que con la brevedad posible dictaminen para su presentación en el Pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que comprenden el artículo 52, el segundo párrafo del artículo 53, el artículo 54 en su párrafo primero y en sus fracciones I, II y III, el segundo párrafo de la fracción III del artículo 55 y el segundo párrafo del artículo 56.
Como referencias de la presente excitativa, se señalan los siguientes
Antecedentes
El 27 de noviembre del año 2001, el que suscribe presentó la iniciativa con proyecto de decreto que pretende la reforma de los artículos constitucionales anotados.
En la misma fecha, esa iniciativa fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Seguridad Pública para su correspondiente dictamen, el cual, pese a haber transcurrido casi un año de la presentación de dicha propuesta, aún no ha sido elaborado.
Sobre el particular, creo necesario referirme brevemente a la materia y características de la iniciativa presentada, anotando las siguientes
Consideraciones
I.- Esta propuesta gira en torno de la conveniencia de instituir la figura de las candidaturas de prelación en nuestro marco constitucional, situación que modificaría una de las formas de acceso a los cargos legislativos a que tengan derecho los diferentes partidos políticos para acceder al Congreso de la Unión, bajo el principio de representación proporcional.
Como es conocido, el sistema de prelación establece que los candidatos registrados por los partidos políticos como integrantes de una fórmula de mayoría relativa deben ser los mismos que sean considerados como candidatos de representación proporcional en las diferentes circunscripciones.
Así las cosas, los contendientes que por cada partido hayan obtenido mayor porcentaje de votos en sus correspondientes demarcaciones circunscripcionales serían quienes tengan la posibilidad de ocupar un escaño legislativo a través de la vía de representación proporcional.
II.- Instituir el sistema de prelación estimularía la competitividad de los candidatos registrados bajo esta figura, y tal situación llevaría implícito el mejoramiento del sistema de partidos y el fortalecimiento del principio de la representación proporcional como fundamento de la democracia propia de los sistemas electorales modernos.
III.- Ahora bien, la naturaleza de la iniciativa que motiva la presente hace obligado referirnos a dos aspectos relacionados con el caso concreto.
El primero de ellos, el contenido del inciso f) de la fracción II del artículo 105 constitucional, disposición que establece el mandato de no efectuar cambios fundamentales a la legislación electoral al menos 90 días antes de iniciarse el proceso electoral en que dicha legislación vaya a aplicarse.
El segundo aspecto es sobre el inicio del proceso electoral del año 2003 que, de acuerdo con el Cofipe, comenzó junto con el presente mes de octubre.
IV.- En atención a lo anterior, cabe recordar que la propuesta de reforma que es objeto de la presente excitativa no pretende cambios al Cofipe, por lo que no se vulneraría el mandato contenido en la fracción II del artículo 105 constitucional, aunado a que, evidentemente, el sistema de prelación de candidaturas propuesto en la iniciativa de mérito no podría ser aplicado para el proceso electoral del año próximo.
V.- Todo lo anterior, sumado a las razones planteadas en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional materia de la presente, consolida la pertinencia de la iniciativa en mención.
Por lo expuesto, y considerando el hecho de que ha transcurrido en exceso el término de cinco días señalado en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que se emita el dictamen sobre la iniciativa presentada en este Pleno, a esta Presidencia de la Mesa Directiva atentamente pido:
Unico.- Que, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva excitar a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Seguridad Pública a efecto de que dictaminen la iniciativa de referencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2002.
Dip. Rufino Rodríguez Cabrera (rúbrica)
(Se realiza excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales,
y de Gobernación y Seguridad Pública para que emitan el dictamen
correspondiente. Octubre 15 de 2002.)
A LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
Antecedentes
Los derechos y las garantías sociales que nuestra Constitución Política ha incorporado antes que ninguna otra legislación, no son fruto de ocurrencias, de afanes declarativos o expresión de buenas intenciones, sino que se trata de caracterizar las prioridades que como nación tiene México, producto de una realidad de desigualdad y pobreza que ha acompañado a nuestro país desde su más primaria existencia, y que en los últimos tiempos ha tendido a exacerbarse, por la implementación a rajatabla de una política económica que sirve a la gran empresa transnacional y opera en detrimento de la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población.
Desprender de lo privado, la atención de las necesidades primarias que son comunes para todos, es la razón del nacimiento de los derechos sociales como ámbito autónomo del derecho, haciendo especial hincapié con ello en la responsabilidad del Estado en estas áreas en particular, donde el lucro, la ganancia y la rentabilidad privada ceden su paso hacia la satisfacción sin distingo de esas necesidades por parte de todos. La justicia distributiva se ejecuta a través del reconocimiento de estos derechos, como un mecanismo para compensar y atenuar las desigualdades que son fruto de las políticas públicas que no cumplen su principal razón de ser.
El promover ante esta Cámara de Diputados el derecho a la alimentación es una acción afirmativa, ya que buscamos que de ahí se deriven políticas públicas concretas para atender el problema de la desnutrición de las y los mexicanos, por lo que precisamos que el Estado debe proveer lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de este derecho.
El Partido de la Revolución Democrática es pionero en esta solicitud, desde el año de 1994 presentamos ante esta soberanía una iniciativa de reformas al artículo 4º, en el que buscando concordancia con el ya ratificado Pacto Internacional Sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, se estableciera el derecho a la alimentación.
Para abundar en esta necesaria reforma, es preciso recordar la condición de México como país pobre y que nuestro reto desde ahora en la globalidad es precisamente atacar la marginación en la que viven más de 60 millones de mexicanos. Según datos de la FAO, el 40 por ciento de los mexicanos padece desnutrición, situación que se agrava en más del doble para nuestra población indígena.
Es por lo anterior expuesto, que consideramos que elevar a rango constitucional el derecho de toda persona a la alimentación, es una prioridad que debemos asumir, para procurar que los derechos en este país se cumplan. Como lo marcamos en su momento con la iniciativa de decreto que pretende agregar un párrafo cuarto al artículo 4° constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 4º ...
...
...
Toda persona tiene derecho a la alimentación que le permita un desarrollo integral adecuado a su edad y condiciones especiales. El Estado proveerá lo necesario para garantizar el ejercicio de este derecho.
Consideramos de gran importancia, se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto, la cual fue presentada el 6 de Noviembre de 2001, ante el Pleno de esta H. Cámara de Diputados y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
Toda vez que ha transcurrido el periodo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que hasta el momento se haya emitido ningún dictamen o pronunciamiento de la Comisión correspondiente. Quien suscribe la presente, con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos a esta Presidencia, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de que emita un dictamen respecto al asunto mencionado.
México, DF, 15 de octubre de 2002.
Dip. Pedro Miguel Rosaldo Salazar (rúbrica)
(Se realiza una excitativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente. Octubre 15
de 2002.)
A LA COMISION DE SALUD, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
Los suscritos, diputados y diputadas de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente a esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Salud, a efecto de que dictamine a la brevedad para su presentación al Pleno de este órgano legislativo, el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, sobre la orientación, prevención e información de enfermedades y riesgos a la salud que tienen como origen el tabaquismo.
Consideraciones
I. El programa contra el tabaquismo comprende las acciones de prevención y tratamiento de padecimientos originados por el tabaquismo, la educación sobre los efectos de éste en la salud, dirigida especialmente a la familia, niños, adolescentes, a través de métodos individuales, colectivos o de comunicación masiva, incluyendo la orientación a la población para que se abstenga de fumar en lugares públicos y la promoción y organización de servicios de orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el hábito.
II. Recordemos que fumar aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón y de muchos otros tipos de cáncer, riesgo de infecciones en el sistema respiratorio inferior, como la pulmonía y la bronquitis.
III. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, el 25 por ciento de los mexicanos mayores de 10 años tiene dependencia al tabaco, lo que ubica a esta sustancia nociva como la más utilizada en México; a causa de esto, es que uno de cada diez fallecimientos diarios, es a consecuencia de enfermedades relacionadas estrechamente con el consumo de nicotina.
IV. La afición al cigarro en México llega a extremos tan alarmantes que se calcula que un millón de individuos fuman una cajetilla al día, lo que se traduce en defunciones prematuras, morbilidad añadida, discapacidad y mayor demanda de atención médica.
Por lo anteriormente expuesto, la propuesta planteó la reforma y adición a los siguientes artículos de la Ley General de Salud: 276, 309, 420, 421, 277, 277 bis, 308 y el artículo 309 bis.
El presente proyecto fue presentado el miércoles 3 de julio del año en curso, en la sesión de la Comisión Permanente. Toda vez que ha transcurrido el periodo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se haya emitido hasta la fecha ningún dictamen, ni pronunciamiento alguno por parte de la Comisión de Salud.
Quienes suscriben la presente, con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos a esta Presidencia, se sirva excitar a la comisión mencionada, a fin de que emitan un dictamen respecto asunto mencionado.
México, DF, 15 de octubre de 2002.
Diputados: Adela del Carmen Granel Campos (rúbrica), Miguel Barbosa Huerta (rúbrica).
(Se realiza una excitativa a la Comisión de Salud
para que emita el dictamen correspondiente. Octubre 15 de 2002.)
A LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SERGIO ACOSTA SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
El suscrito diputado de la LVIII Legislatura de honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que dictamine a la brevedad para su presentación al Pleno de este órgano legislativo, la iniciativa de decreto referente al fomento de la tolerancia religiosa; el ejercicio de la libertad de conciencia y la eliminación de toda forma de intolerancia y discriminación basada en las creencias o convicciones religiosas, iniciativa presentada el 26 de abril de 2001.
La excitativa se basa en los siguientes motivos:
Hoy día uno de los asuntos pendientes en las discusiones de los órganos legislativos es el que se refiere al tema de la tolerancia religiosa en nuestro país. La resolución positiva a este tema se hace necesaria para así consolidar el cambio democrático en el sistema de gobierno.
Las transformaciones sociales que se están dando en el mundo, implican toda una serie de reflexiones encaminadas a superar formas de relación en las distintas sociedades. Se debe enfatizar en la búsqueda y el desarrollo de los sentimientos de tolerancia, reconocimiento entre las personas, pueblos y las religiones.
La UNESCO en su Vigésima Octava Conferencia General hizo pública una declaración de principios sobre la tolerancia, que decía que ésta debía estar presente también en la política y en la justicia, además de en el individuo y sus semejantes.
Actualmente podemos decir que hay los siguientes tipos de tolerancia:
Tolerancia sexual: El individuo convive y se respeta con otros individuos del sexo opuesto. El machismo y el feminismo pueden ser formas de intolerancia sexual.
Tolerancia étnica: El individuo convive y se respeta con individuos extranjeros, de otras culturas o de otros pueblos. La xenofobia es la intolerancia étnica.
Tolerancia de ideales: el individuo convive y se respeta con otros individuos de pensamiento, ideales o principios diferentes. La derecha e izquierda extremas suelen ser intolerantes.
Tolerancia social: el individuo convive y se respeta con otros individuos de distinta clase social. El clasismo es la intolerancia social.
Se hace necesario crear nuevas formas de convivencia entre los pueblos y naciones, con sus diferentes creencias que hoy sobrepasan las fronteras territoriales.
La tolerancia no debe ser vista como un soportar del actuar de la gente, que es ajeno a las mayorías, sino debe ser vista, como una integración, es decir, el reconocer al otro con su cultura, su color, su lengua, su religión; reconociendo su diferencia y su igualdad, ya que se trata de un ser humano.
En estos tiempos es indispensable profundizar en la cultura de la hermandad y la solidaridad humana, como único camino posible para una convivencia plural.
No podemos hablar de un país democrático de avances en las distintas naciones sin abordar el tema de la tolerancia. La tolerancia en cada espacio de la vida del ser humano; su libertar de creer, de pensar, de sentir, de ser.
Compartir las ideas intolerantes, intransigentes, no beneficia en nada, al contrario, desintegra e invita a la confrontación. Creemos en la necesidad de aceptar las diferencias de credos religiosos, de afinidades sexuales, de razas, etcétera. Podemos ser diferentes, pero todos debemos tener los mismos derechos.
Toda vez que ha transcurrido el periodo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, sin que se haya emitido hasta la fecha ningún dictamen, ni pronunciamiento alguno por parte de las Comisión de Puntos Constitucionales.
Quienes suscriben la presente, con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos a esta Presidencia, se sirva excitar a la Comisión mencionada, a fin de que emita un dictamen respecto del asunto mencionado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2002.
Dip. Sergio Acosta Salazar (rúbrica)
(Se realiza una excitativa a la Comisión de Gobernación
y Seguridad Pública para que emita el dictamen correspondiente.
Octubre 15 de 2002.)
A LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA HORTENSIA ARAGON CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
La que suscribe en mi calidad de diputada federal de la VIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dirijo a esta soberanía la presente excitativa en virtud de los siguientes
Antecedentes y Consideraciones
Con fecha 6 de septiembre de 2001 presenté ante este Pleno una la iniciativa que reforma el artículo 1º constitucional para acrecentar y puntualizar la obligación del Estado de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la no discriminación, pasar de la tolerancia al estadio superior que dé la solidaridad.
La mencionada iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales, sin que hasta la fecha se haya presentado ante este Pleno el dictamen respectivo.
Considerando el mosaico de minorías de las que está compuesta nuestra sociedad se muestra impostergable puntualizar y acrecentar la protección contra la discriminación que el Estado está en obligación de brindar a sus habitantes y transformar así el actual tercer párrafo de nuestra Constitución convirtiéndolo en una disposición que refleje la realidad nacional.
Si bien, tanto al momento de la presentación de la iniciativa, como ahora, reconocemos el avance logrado al integrar a nuestra Carta Magna la prohibición de la discriminación, debemos admitir que la actual redacción del mencionado tercer párrafo se muestra en sí misma, excluyente.
Las libertades y el ejercicio pleno de los derechos son un renglón clara y constantemente amenazado, dadas las construcciones culturales que prevalecen en nuestro país, siendo nuestra obligación crear un marco normativo propicio para la reversión y erradicación de las posturas discriminatorias.
Por la antes expuesto y en virtud de la importancia que reviste contar con un Estado de derecho que atienda efectivamente las diferencias de las que se conforma nuestra sociedad, protegiendo a todo habitante de cualquier forma de discriminación, solicito a la Presidencia de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se sirva:
Primero.- En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sea girada la excitativa pertinente a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que presente al Pleno el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma el artículo 1º constitucional, presentada por la diputada Hortensia Aragón Castillo del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del jueves 6 de septiembre de 2001.
Dip. Hortensia Aragón Castillo (rúbrica)
(Se realiza excitativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente. Octubre 15
de 2002.)
A LAS COMISIONES DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
La expansión de las redes de la información es un extraordinario desafío para nuestra sociedad y constituye también la mayor opción de desarrollo de este siglo. Ofrece al ser humano nuevos medios de expresión, comunicación, formación, acceso al saber y a las riquezas culturales y materiales. Internet puede facilitar una participación más activa en la vida social y cultural, al tiempo que permitirá acceder a un mayor número de opciones en cuanto a bienes y servicios. Las tecnologías de la información son desde ahora esenciales para el desarrollo de cualquier economía. Con la intensificación de la competencia mundial, el comercio y los intercambios electrónicos se sitúan ahora en el centro de la competitividad mundial. Para el ciudadano y la ciudadana, la introducción de los productos y servicios relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación en sus actividades cotidianas es asombrosa. De dicha penetración surgen nuevas formas de organización económica y social que ya no se estructuran en función de los límites geográficos sino alrededor de redes de telecomunicaciones o telepuertos, adquiriendo una singular importancia el teletrabajo.
En virtud de estas transformaciones, está emergiendo una nueva economía, a la que alternativamente también se ha denominado "sociedad de la información" o "del conocimiento". Se trata de un sistema económico y social donde la generación, procesamiento y distribución de conocimiento e información constituyen la fuente fundamental de productividad, bienestar y poder.
La revolución digital es, pues, ya una realidad que exige ser afrontada de inmediato, buscando y motivando una suficiente derrama de inversión para su desarrollo y legislando un marco jurídico seguro tanto para los proveedores de servicios como para los usuarios. En efecto, uno de los factores que ha impedido un desarrollo mayor de los servicios de la sociedad de la información es la inseguridad al momento de realizar transacciones electrónicas, debido a un sistema jurídico que no está adecuado para recoger las exigencias del mismo. La implantación de Internet y las nuevas tecnologías tropiezan con incertidumbres jurídicas, que es preciso aclarar con el establecimiento de un marco jurídico adecuado que genere en todos los actores participantes la confianza necesaria para el empleo de este nuevo medio.
No obstante, el vigente marco jurídico mexicano de la materia, comúnmente conocido como la "legislación sobre comercio electrónico", pero que en realidad es un conjunto de diversas y dispersas disposiciones del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, está lejos de constituir instrumento eficaz para propiciar un desarrollo adecuado de la sociedad de la información en nuestro país. Pero, lo que es más grave, con una insuficiente regulación existe el riesgo de perder una oportunidad única para acortar las diferencias económicas y tecnológicas con otros países de nuestro entorno.
Por esto, el objetivo principal de la iniciativa que se somete a esta soberanía consiste en establecer en nuestro sistema jurídico las garantías jurídicas necesarias para que pueda potenciarse el desarrollo del comercio electrónico y de los servicios ofrecidos a través de Internet, instrumentando un marco legal seguro tanto para los proveedores de servicios como para los usuarios, desarrollando en un solo ordenamiento las distintas materias, que cruzan con el fenómeno tecnológico, aún pendientes en el derecho patrio y que ya han sido abordadas desde hace varios años en otras legislaciones de América. Es decir, firma y comercio electrónicos, mensajes de datos y servicios de la sociedad de la información. No hacerlo ahora implicaría desperdiciar oportunidades de ganar competitividad e impulsar nuestro desarrollo económico.
Por ello presento excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para dictaminar la iniciativa de decreto que expide la Ley Federal de Firma y Comercio Electrónicos, Mensajes de Datos y Servicios de la Sociedad de Información.
México DF, a 15 de octubre de 2002.
Dip. Luis Miguel G. Barbosa Huerta (rúbrica)
(Se realiza excitativa a las Comisiones de Gobernación
y Seguridad Publica, de Comercio y Fomento Industrial, y de Hacienda y
Crédito Público para que emitan el dictamen correspondiente.
Octubre 15 de 2002.)
A LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ELIAS MARTINEZ RUFINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
1. El 9 de diciembre de 1999, varios diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a través la diputada María Rojo, Presidenta de la Comisión de Cultura en la LVII Legislatura, presentaron ante esta honorable asamblea una iniciativa de decreto para establecer en nuestra Ley Fundamental el derecho de acceso a la cultura y la obligación del Estado para regular las industrias culturales.
Dicha iniciativa pretende concretar y definir claramente la función que el Estado y la ley tienen para con la cultura, entendida ésta como el factor que conforma la identidad nacional y que, junto con la educación, otorgan al pueblo el impulso creador de una nación en constante superación, definiendo al desarrollo cultural como una actividad de enorme interés para el Estado, pues de ello depende el crecimiento nacional.
La iniciativa pretende sentar las bases para avanzar hacia un marco legal unificado que cristalice en una Ley de Cultura, superando el estado actual de la legislación en la materia, caracterizado por la existencia de normatividades dispersas, que respondieron a necesidades y momentos distintos y cuyos fines a veces resultan contrapuestos, dejando, al mismo tiempo, importantes vacíos.
A estos problemas se añade la falta de una política adecuada a los retos de la producción, preservación y difusión de la cultura nacional, cuya importancia en el contexto de un mundo globalizado debiera ser fundamental.
2. Asimismo, la iniciativa en comento, adiciona al párrafo V del artículo 3º constitucional que señala que:
La ley protegerá, promoverá e incentivará a las industrias culturales y toda manifestación cultural, en especial las relacionadas con el arte y las ciencias, y garantizará el libre acceso de todo individuo a las mismas.
Las industrias culturales constituyen un factor fundamental para la definición del perfil cultural de los pueblos. Su presencia y la velocidad de las innovaciones, su capacidad para influir en la vida diaria, la derrama económica que producen, sus contenidos y las vías que conducen su sostenimiento y crecimiento, hacen que el cine, la industria editorial, la televisión, el radio, la industria musical y las redes electrónicas de comunicación, nos obligan, como nación, a asumir una postura clara ante su desenvolvimiento.
Cuando para su producción y difusión, las industrias culturales se guían por intereses puramente mercantiles, sin cauces institucionales adecuados a las características y necesidades de la nación, la saturación de mensajes negativos o ajenos a nuestra identidad, y nuestro aporte a la cultura universal quedan acallados por el lucro y la masificación, por el consumo y la confusión, por la expoliación económica y la pérdida del sentido.
Los bienes culturales son referentes fundamentales para la formación de nuestro pueblo. Por eso es necesario que el Estado tenga una definición al respecto, así como instrumentos e instituciones que defiendan a nuestros creadores y nuestras industrias culturales ante la lógica mercantil de la industria "del entretenimiento" que se impone en la globalización.
Dejar esta discusión "para después" implica no sólo ahondar la brecha tecnológica y comercial que nos separa del camino ya andado por otras naciones y bloques económicos, sino también dejar en manos de corporaciones mercantiles o de intereses ajenos al nacional el fomento a los vehículos de comunicación y expresión que predominan en el mundo actual.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de que elabore y dé a conocer al Pleno para su discusión, el dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 3° constitucional, presentada ante esta honorable asamblea el 9 de diciembre de 1999, por diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVII Legislatura. Asimismo, solicito respetuosamente a la Presidencia que se sirva fijar una fecha a la comisión referida para presentar el dictamen materia de este documento, toda vez que ésta es la segunda ocasión en que un servidor presenta una excitativa sobre esta iniciativa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de octubre de 2002.
Dip. Elías Martínez Rufino (rúbrica)
(Se realiza excitativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente. Octubre 15
de 2002.)
A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
Los suscritos, diputadas y diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45, párrafo sexto, inciso E, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XVI; y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, a efecto de emplazarla a emitir el dictamen correspondiente en día determinado, a fin de que sea presentado ante el Pleno de este órgano legislativo, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en dar celeridad a los trabajos legislativos de ambas Cámaras; al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Con fecha 2 de octubre de 2001, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se presentó ante el Pleno de esta Cámara el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a fin de dar celeridad al trabajo parlamentario de las Cámaras.
Esta iniciativa reviste una gran importancia para que este órgano legislativo asuma su función, pues los ordenamientos que rigen el funcionamiento del Congreso guardan una relación directa con la agilidad, eficacia, prontitud y oportunidad con que se cumplen las altas atribuciones que tiene encomendadas el Poder Legislativo, por lo que su actualización y modernización son un imperativo de estos tiempos.
Las reformas planteadas pretenden que no haya una indefinición de las iniciativas presentadas ante el Pleno y que los grupos parlamentarios definan su posición ante la iniciativa planteada.
Asimismo, las reformas prevén el mecanismo para que todas las iniciativas planteadas por las compañeras o compañeros legisladores sean dictaminadas en sentido positivo o negativo, pero finalmente dictaminadas.
Actualmente es increíble cómo una comisión integrada por 30 diputados o menos pueda "congelar" iniciativas de ley importantísimas para el país, pero aún más resulta inverosímil cómo cualquier comisión bloquea el trabajo legislativo del resto de los integrantes de la Cámara.
Esta misma iniciativa tiene como objetivo que tanto los trabajos de esta soberanía como los de la colegisladora, tengan una celeridad de acuerdo a los tiempos actuales del país.
Aún estamos a tiempo de poder dictaminar las más de 500 iniciativas presentadas en el lapso de esta Legislatura en beneficio de nuestros representados y con respeto a nuestra función legisladora.
Consideraciones
En octubre del año pasado se presentó ante el Pleno de esta soberanía el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para dar celeridad a los trabajos legislativos de ambas Cámaras, situación que no ha cambiado en absoluto, ya que hoy ninguna iniciativa es dictaminada en el lapso que marca la ley o el reglamento que rige el trabajo de esta soberanía.
Esta situación se puede corroborar fácilmente, basta hacer un balance de las iniciativas presentadas y las iniciativas que han sido dictaminadas, y de ellas cuáles se hicieron dentro del lapso marcado por la ley y el reglamento.
Por eso se hace necesario y urgente dictaminar la iniciativa presentada en ésta, la más alta tribuna de la nación, para dar mensajes claros a la sociedad de que se está trabajando por ello y para ellos.
Por esta razón establecemos como una obligación del Presidente de la Mesa Directiva la de inscribir en el orden del día de la primera sesión del Pleno, posterior al cumplimiento del plazo de 30 días, las iniciativas para su discusión, modificación, aprobación o rechazo, cuando no se haya emitido el dictamen.
Asimismo para establecer la obligación de las comisiones de emitir, en el plazo de 30 días, los dictámenes de los asuntos que les sean turnados.
Se plantea esta inscripción directa, sólo para las iniciativas de decreto, dado que trascienden los asuntos de coyuntura y tienen que ver con modificaciones a nuestro sistema normativo.
Con esta reforma nos acercamos a la forma como ya trabajan Congresos de otros países y permite que no se dejen asuntos pendientes de una legislatura a otra.
Con esta reforma estaríamos avanzando de manera importante en el fortalecimiento del Poder Legislativo; quien se oponga a avanzar en cada iniciativa que se presente, tendrá que explicar su posición y no simplemente callar.
Por lo anteriormente expuesto, exponemos las siguientes:
Consideraciones de Derecho
1. Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ha transcurrido por mucho el tiempo concedido en el reglamento para que una comisión dictamine una iniciativa.
2. El 2 de octubre del año en curso, esta Presidencia solicitó se dictaminara la iniciativa referida, sin embargo no se ha emitido el dictamen correspondiente.
3. En tal virtud, es procedente que la Presidenta de la Cámara de Diputados, en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del reglamento antes señalado, excite a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía a fin de que emitan el dictamen correspondiente en el día que así determine esta Presidencia.
Por lo anteriormente expuesto, a usted Presidenta de la H. Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, solicitamos:
Unico. Se sirva excitar a las Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que presente el día que determine la Presidencia el dictamen que corresponda al proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
México, DF, 15 de octubre de 2002.
Dip. Alfredo Hernández Raigosa (rúbrica)
(Se realiza excitativa a la Comisión de Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias para que emita el dictamen correspondiente.
Octubre 15 de 2002.)
A LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DONALDO ORTIZ COLIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
Donaldo Ortiz Colín, diputado de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo que establece el artículo 21, fracciones III y XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia en turno de esta Cámara de Diputados se sirva excitar a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que proceda al análisis, discusión y dictamen de la iniciativa de reforma al artículo 18, inciso a), de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para incorporar al calendario cívico nacional la fecha del 19 de agosto de 1811 como fecha histórica de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana en la H. ciudad de Zitácuaro, Michoacán, presentada por un servidor con fecha 25 de abril de 2002.
Consideraciones
Por lo antes expuesto, a usted, C. Presidenta de la Cámara de Diputados en turno, atentamente solicito:
Unico. Tenga por presentada esta solicitud de excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que presente su dictamen respecto de la iniciativa de reforma al artículo 18, inciso a), de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para incorporar al calendario cívico nacional la fecha del 19 de agosto de 1811 como fecha histórica de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, presentada con fecha de 25 de abril de 2002.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de octubre de 2002.
Dip. Donaldo Ortiz Colín (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Gobernación
y Seguridad Pública para que emita el dictamen correspondiente.
Octubre 15 de 2002.)
A LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MIGUEL BORTOLINI CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
En noviembre de 2001, fue presentada una proposición con punto de acuerdo por el diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo, que en esencia pretendía exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que apoyara con recursos presupuestales la creación del Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos del Instituto Politécnico Nacional, así como pedir al director general del IPN, que en ejercicio de las facultades que le confiere la ley, apoyara las gestiones para establecer dicho centro.
Es importante mencionar que el IPN, institución educativa de carácter público, ha contribuido por más de 60 años a la formación de profesionales cuya misión se ha enfocado al estudio para el aprovechamiento de los recursos energéticos de nuestro país. Con ello, los posgrados que se imparten en el IPN relacionados con la energía representan una fuente inagotable para la preparación de expertos en disciplinas energéticas en regiones petroleras y mineras del país para realizar estudios de investigación.
Ejemplo de ello, es que a partir de la cita empleada en una tesis de la Maestría de Ciencias en especialidad de Geología, Pemex anuncia que invertirá 42 mil 200 millones de pesos en el Proyecto Kumaza, en la sonda de Campeche. Y así podemos enumerar varias investigaciones que han contribuido a la explotación de los hidrocarburos en nuestro país, estudios con reconocimiento internacional.
No obstante lo anterior, las condiciones administrativas y presupuestales del posgrado en materia energética del IPN limitan su quehacer.
Por ello, como se enunciaba en el punto de acuerdo referido, la creación del Centro Nacional de Geociencias con autonomía académica y presupuestal contribuiría "a capitalizarla labor realizada en las áreas de investigación geológicas y administrativas; a consolidar en todo el país los programas académicos y de investigación de las maestrías; a intensificar la oferta de servicios de consultoría de diversos organismos y empresas del sector público federal y estatal; y a establecer convenios de colaboración académica y de investigación con instituciones de otras naciones".
Sin embargo y a pesar de las aportaciones que ha hecho el posgrado de energéticos del IPN para el aprovechamiento de tan valiosos recursos en la economía nacional, corre peligro de tener cambios sustanciales que, incluso, pueden llevar a la desaparición de posgrados como el de Ciencias de la Tierra.
A decir del propio secretario académico del IPN, Enrique Villa Rivera, el IPN es la única institución de educación superior que "se ha atrevido a eliminar posgrados y especializaciones".
¿No será acaso que la restricción para la formación de profesionales mexicanos de alta especialización en estas áreas obedezca a la previsión a futuro de que los profesionistas de Enron, Texaco y Exxon se hagan cargo de la prospección, proyección y planeación de la explotación de nuestros recursos minerales energéticos?
Por lo anteriormente expuesto, considerando que la reforma académica del Instituto Politécnico Nacional debe ser aprobada en el mes de octubre, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a fin de que dictamine a la brevedad posible la proposición con punto de acuerdo referida.
Dip. Miguel Bortolini Castillo (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de octubre de 2002.
(Se realiza una excitativa a la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos para que emita el dictamen correspondiente.
Octubre 15 de 2002.)
A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
Antecedentes
1.- Con fecha 14 de noviembre de 2001, la suscrita diputada, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa de decreto de modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
2.- Con dicha iniciativa se pretende evitar las distorsiones en aplicación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, avanzar en la construcción de un nuevo federalismo a través de la Convención Nacional Fiscal, delinear con precisión las potestades tributarias de la Federación y los estados, retomar el tema de la descentralización y evitar las distorsiones en la distribución del fondo de participaciones federales a los municipios.
Exposición de Motivos
Dentro del marco para la construcción de un nuevo federalismo es necesario implementar un sistema eficiente y equitativo de coordinación fiscal entre los estados y los municipios. El actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal no permite contribuir a fortalecer las haciendas públicas estatales y municipales, ni logra mantener el equilibrio de las finanzas de la Federación, por lo tanto, se requiere un nuevo sistema tributario y hacendario.
Como consecuencia se convierte en un tema prioritario la construcción de un acuerdo nacional a través de implementar la Convención Nacional Fiscal.
Conviene construir una nueva relación entre los estados y la Federación referente a la potestad tributaria, ya que es desproporcionadamente favorable a la Federación con un 98 por ciento sobre los impuestos que recauda, mientras que las entidades solamente sobre un 2 por ciento aproximadamente.
En cuanto a las participaciones, la distribución de los ingresos nacionales de acuerdo con la vigente ley, ha provocado el atraso del desarrollo municipal y regional, ya que el gobierno central se queda aproximadamente el 80 por ciento del ingreso nacional.
Este problema nos remite necesariamente a abordar el tema de la descentralización, con la finalidad de que los recursos que el país genera se dediquen en los estados atendiendo las prioridades, coordinando de mejor forma los contenidos de la normatividad que rige entre los estados y la Federación.
Por lo tanto y atendiendo la necesidad de un nuevo federalismo, proponemos que se dictamine la iniciativa en comento.
Considerando
1.- Con fecha 14 de noviembre de 2001, la diputada María Miroslava García Suárez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa de decreto de modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
2.- Que ha transcurrido en exceso, el plazo que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece como término para expedir el dictamen correspondiente a una iniciativa presentada y turnada para su conocimiento.
Por lo expuesto y fundado:
La suscrita diputada federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21, y en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la diputada Presidenta de la Mesa Directiva se sirva excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que presente su dictamen correspondiente a la iniciativa presentada con fecha 14 de noviembre de 2001, para modificar diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, la cual fue turnada a la Comisión citada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de octubre de 2002.
Dip. María Miroslava García Suárez (rúbrica).
(Se realiza una excitativa a la Comisión de Hacienda
y Crédito Público para que emita el dictamen correspondiente.
Octubre 15 de 2002.)
A LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA GENOVEVA DOMINGUEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
Antecedentes
1.- El 3 de octubre de 2000, el diputado David Augusto Sotelo Rosas, del grupo parlamentario del PRD, presentó una iniciativa de reformas al artículo 107, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos setenta y seis (76), ciento treinta y cinco (135) y ciento cuarenta y cinco (145) de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados la turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos.
2.- En la exposición de motivos se explica cómo el juicio de amparo es la última instancia que tutela el orden jurídico de la nación contra la violación de la ley por parte de cualquier autoridad o instancia de Gobierno. Pero protege de manera excluyente sólo a los quejosos que interpongan el recurso de amparo y no generaliza para hacer extensivo el beneficio a todos los ciudadanos la sentencia.
Por ello, la iniciativa propone la reforma para hacer congruente con la realidad, y con el derecho mismo, una disposición, vigente sí, pero que data del siglo XIX y resulta contradictoria en sí misma.
Considerandos
México no debe permitir que su orden jurídico conserve figuras decimonónicas contrarias a los principios generales del derecho y, peor aún, que van contra las garantías individuales expresamente consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar los derechos humanos.
Una norma no puede ser inconstitucional para un individuo y, al mismo tiempo, tener validez y aplicación para otros.
La tutela constitucional se desvanece si la protección y amparo sólo benefician a uno, o varios individuos, y no a toda la sociedad. Porque, en realidad, son muy pocos individuos los que recurren al amparo por leyes o actos violatorios de sus garantías. Lo costoso de la asesoría legal y el desconocimiento generalizado de las leyes entre la sociedad hacen inaccesible al común de la gente el juicio de amparo.
Actualizar la legislación en materia de tutela constitucional de las garantías individuales significa garantizar el respeto a los derechos humanos, al dejar atrás la necesidad de llevar a cabo juicios de amparo interpuestos de manera individual para hacer valer de antemano la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por sobre cualquier legislación secundaria, más aún cuando se trata de legislación violatoria de las garantías individuales que ni se quiera debieran estar en discusión.
La sentencia de amparo cuyo contenido sea de efectos generales ayuda y fortalece el principio de división de poderes porque, al mismo tiempo que coadyuva con el Poder Legislativo a ponderar su actuación como órgano generador de las normas, defiende o tutela la Norma Fundamental.
Por los antecedentes y considerandos expuestos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados:
Envíe excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos para que dictaminen la iniciativa de reformas a la Ley de Amparo y diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras haber transcurrido en exceso el plazo que fija el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en las atribuciones que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del citado ordenamiento.
Dip. Genoveva Domínguez Rodríguez (rúbrica)
(Se excita a las Comisiones de Puntos Constitucionales,
y de Justicia y Derechos Humanos para que emitan el dictamen correspondiente.
Octubre 15 de 2002.)
Antecedentes
El 23 de diciembre de 1997, el Banco Internacional (Bital) informó que había llegado a un acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con el Fobaproa para adquirir 100% de las acciones representativas del Banco del Atlántico. De esta manera, desde el 5 de enero de 1998 el Banco Internacional asumió el control del Banco del Atlántico.
Considerando
1.- Que la operación anunciada el 23 de septiembre de 1997 debió haber sido concluida durante 1998.
2.- Que a más de cinco años de haberse anunciado la operación de fusión entre ambas instituciones, aún no se ha concluido formalmente.
3.- Que apenas el 1 de octubre pasado, el IPAB anunció formalmente la conclusión del proceso de saneamiento del Banco del Atlántico, encontrándose en su proceso final la fusión de Atlántico y Bital.
4.- Que los pasivos asumidos por el IPAB derivados del saneamiento del Banco del Atlántico ascendieron al mes de junio del presente año a 48 mil 779.5 millones de pesos, de acuerdo con los informes del propio Instituto.
5.- Que es ampliamente conocido que la operación de fusión del Banco Bital con Banco del Atlántico fue lo que desató la crisis por la que atravesó la Junta de Gobierno del IPAB, cuando sus integrantes y el ex procurador fiscal acusaron de conflicto de intereses a los vocales independientes del Instituto.
6.- Que desde principios del año pasado, los vocales independientes del IPAB solicitaron a la Secodam que emitiera una opinión jurídica sobre las facultades de la CNBV y el Fobaproa para haber firmado el convenio de fusión del 23 de diciembre de 1997 y que, a la fecha, aún no se cuenta con la opinión de la Secodam y, sin embargo, el proceso de fusión está por concluir.
7.- Que dicho convenio, del cual por cierto anexo una copia, contiene cláusulas totalmente desfavorables para las finanzas públicas, como son las tasas de rendimiento de los pagarés a cargo del erario público y la asunción por parte del Gobierno Federal de los pasivos laborales del Banco del Atlántico, entre otros.
8.- Que en dicho convenio claramente se leen los nombres y las firmas de los funcionarios públicos que aprobaron el desventajoso acuerdo para el erario público.
9.- Que hace menos de dos meses, el grupo inglés Hong Kong Shangai Bank adquirió el Grupo Financiero Bital y, finalmente, fue el beneficiado por el saneamiento del Banco del Atlántico.
10.- Que lo anterior nuevamente es una muestra de la manera en que se privilegia el capital extranjero en deterioro de los contribuyentes mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Que la Auditoría Superior de la Federación revise el proceso de saneamiento y fusión del Banco del Atlántico y del Banco Internacional (Bital) y emita opinión sobre las facultades del Fobaproa para aprobar el convenio de fusión entre ambas instituciones.
Dip. José Antonio Magallanes R. (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación y de Hacienda y Crédito Público.
Octubre 15 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE SALUD QUE, A TRAVES DEL CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES, ESTABLEZCA UNA JORNADA DE INFORMACION EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO QUE FACILITE LA INSCRIPCION DE LOS DIPUTADOS Y EL PERSONAL DE LA CAMARA AL REGISTRO NACIONAL VOLUNTARIO DE DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARIO REYES OVIEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
Las diputadas y los diputados abajo firmantes integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Centro Nacional de Trasplantes para que realice una jornada de concientización y registro como donadores voluntarios en el edificio de la Cámara de Diputados dirigido a los legisladores y personal de la Cámara, bajo los siguientes
Considerandos
En México los trasplantes son una realidad desde hace ya 38 años. El avance de la ciencia médica ha permitido que muchos de los padecimientos considerados incurables y de alto costo en su atención, como las enfermedades crónico-degenerativas, puedan ser tratadas con mejores resultados por medio del reemplazo del órgano o tejido dañado. Según estadísticas de la Secretaría de Salud, tales padecimientos representan el 33 por ciento de la mortalidad en el país, pero pueden ser trasplantados en un 50 por ciento de los casos.
Hace algunos años, padecer una enfermedad que afectaba de manera irreversible un órgano o tejido significaba la muerte o tener una pésima calidad de vida. El día de hoy la esperanza de sobreponerse, tiene cabida en los enfermos y sus familiares. El tratamiento terapéutico que involucra el transplante de un órgano o tejido, ante la insuficiencia de un órgano, es la tabla de salvación de estas personas.
Además de la posibilidad de salvar una vida, se reconoce que en términos de relación costo-beneficio el transplante resulta la mejor opción para varios padecimientos, renales, hepáticos, de la vista, cardiacos, entre otros. El costo de los medicamentos disminuye, al requerir prácticamente sólo de inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano trasplantado.
Desafortunadamente, pese a la infinidad de beneficios que trae aparejados, esta práctica no ha logrado la dimensión y, por consecuencia, los beneficios que sí ha traído en otros países. En México, según datos del Centro Nacional de Trasplantes, se realizan 12 trasplantes por millón de habitantes, mientras que países como España alcanzan 50, Costa Rica 25 y Argentina alrededor de 20.
Esta baja tasa, a pesar de que se ha trabajo de manera importante en la formación del personal médico y técnico de la salud para realizar este tipo de procedimientos, lo que nos permitió ser pioneros en trasplantes en la región latinoamericana, demuestra que el despegue no ha sido tan espectacular como quisiéramos debido a que sigue siendo insuficiente la oferta de órganos y tejidos para cumplir con la demanda de personas que los necesitan para sobrevivir.
Con base en datos del Registro Nacional de Trasplantes, la proyección de necesidades anuales es de 7 mil riñones, 10 mil córneas, 500 hígados y 500 corazones. Sin embargo, en el último año, de acuerdo con el informe de labores de la Secretaría de Salud, que por cierto reportó avances importantes en este rubro, se realizaron mil 500 trasplantes de córneas, 950 de riñón, 45 de hígado y 25 de corazón.
Estas cifras dan cuenta del déficit que se tiene. Desgraciadamente, podremos ver que no se acumula el monto que resultaría de una operación aritmética debido a que muchos de los pacientes en lista de espera mueren antes de que lleguen a contar con el órgano sano de un donador.
Esta situación se explica en mucho porque no se tiene con suficiencia la disponibilidad de órganos y tejidos cadavéricos una de las dos opciones que establece la legislación en la materia. Prueba de ello es que pese a sus limitantes, el 85% de los transplantes se realiza entre vivos, que es la otra alternativa. Hay que tener en cuenta que se encuentra inscrito menos del 1 por ciento de la población, como donadores para después de la muerte.
Si bien es cierto que la afiliación ha crecido en los últimos meses, debido, en gran medida, a la creación del Centro Nacional de Transplantes, producto de la reforma impulsada a la Ley General de Salud publicada en mayo de 2001 en materia de donación y trasplante de órganos, las cifras que se han manejado hablan de que se requiere un mayor trabajo.
A esta institución se le encomendó, además de regular y ejercer el control sanitario en la materia, promover una cultura de donación entre la población mexicana y operar y mantener actualizado el Registro Nacional de Trasplantes, ejes torales del Programa Nacional de Trasplantes.
Por ello, el pasado lunes 7 de octubre dio inicio la semana nacional de trasplantes que terminó el día 13 del presente. Su objetivo fue fomentar la cultura de la donación de órganos y tejidos.
La finalidad es que los diferentes grupos sociales se concienticen y aporten su experiencia y recursos para crear una red de colaboración que impulse una verdadera cultura de donación, donde se internalice que el acto es un regalo de vida.
En este contexto, compañeras y compañeros legisladores, se inscribe el punto de acuerdo que pongo a su consideración. La propuesta va dirigida a que se considere a esta Cámara de Diputados, sus miembros y personal que labora, como espacio para que el Centro Nacional de Trasplantes, realice una jornada de información y concientización, así como para que facilite la inscripción como donador voluntario de las personas que así lo decidan.
En la Cámara, además de los 500 diputados, laboran más de cinco mil personas lo que constituye un universo importante que puede ser considerado para tales fines. El que suscribe el presente punto de acuerdo, les pide su apoyo para que la propuesta prospere. De tal manera que se nos facilite el deseo de coadyuvar en una causa tan loable.
La cultura de la donación y trasplantes se manifiesta en una actitud social sensible y solidaria frente a la necesidad de sus semejantes que necesitan de un trasplante. Nosotros, las voces del pueblo en el Congreso, además de establecer el marco de convivencia, debemos ser partícipes de sus demandas predicando con el ejemplo.
Alimentemos la esperanza de una gran cantidad de enfermos de salvar y mejorar su vida. Mostremos nuestra sensibilidad y compromiso de colaboración.
Por todo lo anterior expuesto, en uso de nuestras facultades y en el ánimo de contribuir y participar en el noble propósito de aumentar la inscripción de donadores voluntarios de órganos y tejidos se somete a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Se solicita a la Secretaría de Salud, que a través del Centro Nacional de Trasplantes establezca una jornada de información, concientización y afiliación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que facilite la inscripción de los diputados y el personal de la Cámara al Registro Nacional Voluntario de Donación de Organos y Tejidos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2002.
Diputados: Jorge Alberto Lara Rivera, Tereso Martínez Aldana, Juan Carlos Pallares Bueno, Mario Reyes Oviedo, Luis Fernando Sánchez Nava (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Salud. Octubre 15 de
2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE CREE UNA COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE DESAPARECIDOS EN EL ESTADO DE COLIMA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAMON LEON MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2002
El que suscribe, diputado federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para que se nombre una Comisión Especial que conozca y dé seguimiento a las detenciones de ciudadanos por parte de autoridades policiacas y posterior desaparición de los mismos, ocurridas en el estado de Colima.
Consideraciones
Hace un año, exactamente el 17 de septiembre del 2001, presenté a la consideración de este Pleno una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos nombrara una subcomisión que haga las gestiones necesarias ante las autoridades competentes con el fin de identificar a las autoridades que detuvieron a los jóvenes Alejandro Martínez Dueñas y Jesús González Medina el 30 de junio del 2001 en la ciudad de Colima y que a la fecha se encuentran desaparecidos.
Desde esa fecha sus familiares conocieron y sufren el excesivo burocratismo y la falta de sensibilidad social de parte de varias autoridades destacándose la Procuraduría General de la República y la del estado de Colima, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el eslogan de que se gobierna con humanismo es solamente eso: un eslogan publicitario.
Lamentablemente, tengo que decirlo, sufren los efectos de que esta Cámara de Diputados, no haya resuelto aún sobre la proposición con punto de acuerdo a pesar de las dos excitativas que se han presentado para tal efecto y de que fue apoyada por un diputado del PRI y otro del PAN.
El día de hoy, vengo a denunciar la detención y desaparición de otras dos personas ocurridas el pasado 25 de abril del presente año, en el estado de Colima, se trata de los señores Sergio Rivera Sánchez y J. Trinidad García Magaña, ambos dedicados a las labores del campo y al comercio.
Los familiares de Sergio Rivera Sánchez, han solicitado la atención y apoyo de esta Cámara de Diputados; narran que son avecindados del municipio de Amatitán, Jalisco, y que Sergio Rivera tenía yendo más de tres años al poblado de Ocotillo, perteneciente al municipio de Cuauhtémoc, estado de Colima a comprar agave azul, para venderlo a las industrias tequileras, razón por la cual mucha gente lo conocía.
Que el día 25 de abril, a las 8:45 horas acudió a la casa del señor Salomé Alcaraz Hueso, quien le iba a prestar un tractor para sacar unas plantas de maguey que a su vez se las iba a vender al señor Trinidad García Magaña, por lo que salieron con rumbo a Colima en la camioneta propiedad de Sergio, que en el kilómetro dos, se encontraron en sentido contrario, al señor Trinidad García en una camioneta tipo Cheyene, color negra, por lo que Sergio le encargó al señor Salomé Alcaraz fuera a Colima por el tractor dejándole su camioneta, Sergio por su parte se subió a la camioneta del señor Trinidad y se regresó al poblado de Ocotillo.
A la entrada del poblado de Ocotillo, fueron detenidos por unos policías federales, quienes iban a bordo de una patrulla de la Policía Federal Preventiva, bajándolos y teniéndolos con las manos arriba, revisándoles todo cuanto traían, que al lado de la patrulla se encontraba una camioneta Cheroke blanca, una Suburban color beige o dorado y atrás de ésta un auto Sentra color dorado.
Después de esto sólo quedó la camioneta negra del señor Trinidad y la Suburban, al poco rato no quedó ninguna, ya se los habían llevado a ellos y a la camioneta, ésta apareció poco después quemada en el estado de Michoacán.
De lo anterior, existen testimonios que ratifican lo anterior, el señor José María Alcaraz, de oficio taxista en el poblado de Ocotillo, manifestó ante el Ministerio Público, textualmente lo siguiente:
Los familiares de Sergio Rivera desde luego iniciaron una búsqueda frenética para lograr su paradero, acudieron a la Delegación de la Policía Federal Preventiva de Colima y Jalisco, quienes les negaron toda información, vinieron a la Ciudad de México a las oficinas del secretario de Seguridad Pública Alejandro Gertz Manero, atendidéndolos el Comandante Alejandro Romero Romero, comprometiéndose a investigar lo ocurrido, a la fecha no han tenido respuesta alguna.
Presentaron una demanda de amparo en contra de diversas autoridades locales y federales, todas negaron tener conocimiento de la detención y desaparición de los mismos, acudieron a la Procuraduría General de Justicia en los estados de Jalisco y de Colima, en esta última presentaron denuncia, recayendo como número de expediente de la averiguación 094/2002, se presentó otra denuncia ante la Delegación de la Procuraduría General de la República de Jalisco y ante la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la propia Presidencia de la República. A la fecha, no han tenido una respuesta clara que lleve a la aparición de los detenidos-desaparecidos.
Sergio Rivera pertenece a la Unión de Mezcaleros de Amatitán, Jalisco, su presidente se entrevistó con el Procurador General de Justicia de Colima, a quien le dio datos de que Sergio es una persona honesta y trabajadora, ha anunciado que, si las autoridades no lo presentan, comenzarán movilizaciones por todo el estado y dependencias federales.
Compañeros diputados: con la desaparición de estas dos personas en el estado de Colima, suman cuando menos siete los desaparecidos en similares condiciones; sin embargo, el gobernador afirma que en el estado se vive con tranquilidad y seguridad y las autoridades responsables de investigar no le dan la importancia debida.
Estos hechos son lamentables y preocupan; se trata de desapariciones en las que intervienen autoridades policiacas federales o estatales. A la fecha se conoce de siete, no sabemos cuántos más han desaparecido en similares condiciones; sin embargo, en tanto persista la impunidad, es posible que se sigan dando. Yo les pregunto a ustedes, compañeros diputados: ¿cuántos más desaparecidos quieren que se den en el estado de Colima para que esta Cámara intervenga y detenga o trate de detener otras posibles desapariciones? No debemos guardar silencio ante el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares.
No permitamos que la impunidad se convierta en un modo de vida, en el estado de Colima y en ningún otro estado; queremos que los delitos se investiguen y sean castigados los culpables.
Desde esta tribuna hago un respetuoso exhorto a los encargados de la seguridad pública y de la administración e impartición de la justicia, para que cumplan con su responsabilidad con sensibilidad y honestidad, que se investigue a fondo quién o quiénes están involucrados en las desapariciones denunciadas, pero sobre todo que pronto regresen a sus familiares la tranquilidad que les fue arrebatada hace tiempo. Son siete las desapariciones denunciadas en el estado; no queremos que suceda lo que en Ciudad Juárez, que nada más se observa cómo aumenta el número de mujeres asesinadas.
Por lo anterior y por tratarse de una violación a los derechos humanos, y ante la urgente necesidad de detener las desapariciones en un estado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados integre una Comisión Especial para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con la detención y posterior desaparición de ciudadanos ocurridas en el estado de Colima en los últimos años.
Segundo.- Que la Comisión Especial, para el cumplimiento de su objetivo, se haga de la información que considere pertinente, se reúna cuando lo considere necesario con las autoridades federales y estatales responsables de las investigaciones, principalmente con el Procurador General de la República y del estado de Colima, con el Secretario de Seguridad Pública y el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de otras personas físicas o morales que puedan aportar datos.
Tercero.- Dicha Comisión deberá estar integrada de manera tal, que en ella estén representadas las diversas fracciones parlamentarias de esta H. Cámara de Diputados.
Cuarto.- Que los resultados y conclusiones a que se llegue sean presentados al Pleno de la Cámara con periodicidad y se atienda a los familiares de los desaparecidos.
Dip. Ramón León Morales (rúbrica)
Nota:
Se anexa copia de los oficios enviados y recibidos, además
de los recortes de notas periodísticas.
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Octubre 15 de 2002.)
DE LA COMISION DE SALUD, DE LA VIGESIMA QUINTA REUNION DE SU MESA DIRECTIVA, REALIZADA EL MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2002
Acta de la vigésima quinta sesión de
Mesa Directiva
26 de junio del año 2002
Siendo las doce horas del día veintiséis del mes de junio del año dos mil dos, da inicio la sesión de Mesa Directiva de la Comisión de Salud en la sala de juntas de sus instalaciones ubicadas en el edificio F, segundo nivel de esta H. Cámara de Diputados, bajo el siguiente orden del día:
1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
4.- Intervención de representantes de la Asociación
Dental Mexicana, Federación de Colegios de Cirujanos Dentistas,
AC, y del International College of Dentist, Sección México.
5.- Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de los anteproyectos de dictamen.
6.- Asuntos generales.
La diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón da la bienvenida a la sesión a los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Salud y al cuerpo técnico de la misma, procediendo a desahogar el correspondiente orden del día.
1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.
Se da cuenta del registro de asistencia encontrándose presente la diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón, diputada secretaria Adela del Carmen Graniel Campos, diputado secretario Rafael Orozco Martínez, diputado secretario Eduardo Abraham Leines Barrera, diputado secretario Héctor Esquiliano Solís, el secretario técnico licenciado Ricardo Avila Ballesteros y los asesores de la Comisión licenciado Eduardo García Valencia y doctor Martín Nacif Rojas.
La diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón declara quórum legal en virtud de que se encuentran todos los diputados miembros de la Mesa Directiva.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
Como siguiente punto del orden del día, la diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón somete a consideración la aprobación del orden del día correspondiente, para el desarrollo de la sesión.
Aprobado.
3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
La diputada Presidenta licenciada María Eugenia Galván Antillón, informa que en virtud de que el acta correspondiente a la vigésima cuarta sesión de Mesa Directiva de fecha 29 del mayo del 2002 fue enviada el pasado 24 de junio a cada uno de sus integrantes para su conocimiento, revisión y, en su caso, aprobación, se solicita la dispensa de la lectura y aprobación de la misma.
Aprobado.
La diputada María Eugenia Galván Antillón procede a desahogar el siguiente punto del orden del día, consistente en:
4.- Intervención de representantes de la Asociación Dental Mexicana, Federación de Colegios de Cirujanos Dentistas, AC, y el International College of Dentist, Sección México.
Asociación Dental Mexicana, Federación de Colegios de Cirujanos Dentistas, AC.
International College of Dentist, Sección México.
En uso de la palabra, el diputado Eduardo Abraham Leines Barrera, secretario de la Comisión, agradece la información que proporcionaron el International College of Dentist, Sección México, y la Asociación Dental Mexicana, Federación de Colegios de Cirujanos Dentistas, AC. Comenta que ha tenido una estrecha comunicación con ambos presidentes y que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el próximo periodo de sesiones presentarán la iniciativa de reforma integral a la Ley de Profesiones.
5.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los anteproyectos de dictamen.
La diputada Presidenta manifiesta que se presentan para su análisis en esta reunión, los siguientes anteproyectos de dictamen, consistentes en:
Los asesores de la Comisión licenciado Eduardo García Valencia y el doctor Martín Nacif Rojas argumentan que se está en espera de la información por parte de la Dirección General de Sanidad Animal de la Sagarpa sobre las normas oficiales vigentes que involucran el tema principal del expediente 42; una vez que se cuente con esta información será enviada a la Subcomisión correspondiente y así contar con mayores elementos para el análisis y discusión en la elaboración del anteproyecto de dictamen correspondiente.
La diputada secretaria Adela del Carmen Graniel Campos solicita a los integrantes de la Mesa Directiva se posponga la discusión de esta iniciativa; para que en próximas fechas haga la entrega del anteproyecto de dictamen correspondiente.
Como siguiente punto del orden del día la diputada María Eugenia Galván Antillón trata lo referente a:
6.- Asuntos generales.
Se informa que el 10 de junio de 2002, se publicaron en la Gaceta Parlamentaria los siguientes asuntos como concluidos:
Expediente 13.- Situación de los hospitales psiquiátricos del Sistema Nacional de Salud. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Dirección General de Rehabilitación Psicosocial, Participación Ciudadana y Derechos Humanos de la Ssa, comparezcan para informar sobre la situación de los hospitales psiquiátricos del sistema nacional de salud. Para restaurar el sistema de servicios de psiquiatría y salud mental en México. presentada por la diputada Julieta Prieto Fuhrken del PVEM.
Expediente 37.- Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite a las autoridades laborales competentes atender las demandas laborales y presupuestales de los trabajadores del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Diputada Adela del Carmen Graniel Campos, PRD (15/dic./01).
Con fecha 12 de junio del presente, mediante oficio numero DGPL-58-II-5-950, la diputada Beatriz E. Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de esta H. Cámara, obsequia la petición de declinación, referente a la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos revoque los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación y decrete que todos los predios que integran la tercera etapa del río Tijuana, en el municipio de Tijuana de Zaragoza del estado de Baja California, se conviertan realmente en una reserva ecológica urbana, presentada por el diputado Jaime Martínez Veloz, el 30 de abril de 2002 (Expediente 45).
Presentación de la comprobación de gastos.- Mediante oficio CS/0369/02 del 19 de los corrientes, dirigido al director general de Finanzas de esta H. Cámara, se acreditaron los gastos de la Comisión respecto a la primera solicitud.
Actualización del cuadro que contiene los asuntos turnados a esta Comisión (trabajados y pendientes).
En relación a la invitación del Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquenses, se solicita a los diputados integrantes de la Mesa Directiva, se acuerde fecha y hora para atender invitación y se estará en espera de que se formule la invitación por escrito.
Se informa que la reunión plenaria de la Comisión de Salud correspondiente al mes de junio, se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de julio del año en curso a las 11:00 horas (salón por confirmar) en Comisiones Unidas de Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que se cumplimentará lo resuelto en el dictamen del punto de acuerdo relacionado con la problemática de contaminación de la empresa Met-Mex Peñoles, con la comparecencia de los funcionarios de la Ssa, la Semarnat y la Profepa.
Tratados todos los asuntos del orden del día, la diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón, clausura la sesión a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día miércoles 26 de junio del año dos mil dos, agradeciendo la participación de los diputados presentes.
Diputados: María Eugenia Galván Antillón,
Presidenta; Eduardo Abraham Leines Barrera, secretario; Héctor Esquiliano
Solís, secretario; Rafael Orozco Martínez, secretario; Adela
del Carmen Graniel Campos, secretaria (rúbricas).
DE LA COMISION DE SALUD, DE LA VIGESIMA SEGUNDA REUNION PLENARIA, REALIZADA EL MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2002
Acta de la vigésima segunda sesión plenaria
10 de julio del año 2002
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día miércoles diez de julio del año dos mil dos, acuden a la vigésima segunda sesión ordinaria en el salón B del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, los miembros de la Comisión de Salud de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria, para el desahogo del siguiente orden del día:
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
de los anteproyectos de dictamen.
5. Asuntos generales.
Después de dar la bienvenida a los diputados presentes, el diputado Eduardo Abraham Leines Barrera avisa al pleno de la Comisión, que la diputada Presidenta, María Eugenia Galván Antillón se encuentra en la Comisión Permanente por lo que él coordinará los trabajos de esta reunión.
1.- Registro de asistencia y declaración del quórum.
Se realiza el registro de asistencia, encontrándose presentes los diputados: Dr. Rafael Orozco Martínez (PAN);
Dr. Juan Alcocer Flores (PAN); Lic. Santiago López Hernández (PRI); Periodista Víctor Antonio García Dávila (PT); Dr. Carlos A. Valenzuela Cabrales (PAN); Dr. Héctor Esquiliano Solís (PRI); Dr. Arturo León Lerma (PRI); CP Magdalena Núñez Monreal (PRD); QFB Adela del Carmen Graniel Campos (PRD); Dr. Luis Miguel Santibáñez García, (PAN); Lic. José Socorro Velázquez Hernández (PRI); TS María L. A. Domínguez Ramírez, (PRI); Dra. María de las Nieves García Fernández (PRI); Lic. Policarpo Infante Fierro (PRI); Dr. Francisco López Brito (PAN); Tec. Julieta Prieto Fuhrken (PVEM), y el Dr. Neftalí S. Escobedo Zoletto, (PAN).
En virtud de que se encuentran presentes dieciocho diputados de un total de treinta, se declara que existe quórum de ley, por lo tanto, se continúa con el desahogo del orden del día.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
El diputado secretario Eduardo Abraham Leines Barrera solicita la dispensa de la lectura y aprobación del orden del día, toda vez que fue enviado oportunamente, por lo que somete a consideración del Pleno.
Aprobado.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
El diputado secretario Eduardo Abraham Leines informa que el acta de la sesión anterior correspondiente al día 29 de mayo del año dos mil dos fue enviada con la debida anticipación a cada uno de los diputados miembros de la Comisión para su correspondiente revisión, por lo que somete a consideración del pleno omitir la lectura del acta y aprobación de la misma.
4.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los anteproyectos de dictamen.
El diputado Eduardo Abraham Leines somete a consideración del Pleno de la Comisión tres asuntos correspondientes a:
Consejo de Salubridad General. Expediente 25.
Iniciativa que reforma los artículos 15 y 16 de la Ley General de Salud y la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para que el Consejo de Salubridad General dependa directamente de la Ssa y no de la Presidencia de la República, para que puedan reajustarse correctamente sus funciones. PRI (25/oct./01). Turno: Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Salud.
La diputada María de las Nieves García Fernández obvia los antecedentes y lee los considerandos; menciona que: "Los integrantes de Comisiones Unidas manifiestan que el Consejo de Salubridad General es un órgano de tradición histórica, que ha tenido una función regulatoria sobre los problemas de salud del país y como máxima autoridad donde descansa la salubridad del pueblo mexicano, debe conservarse independiente de la Secretaría de Salud. Esta autonomía, entre otras cosas, se deriva de la subordinación directa de la Presidencia de la República, así como su conformación con representantes académicos, organismos gubernamentales y titulares de los organismos de seguridad social".
La primera parte de la exposición de motivos alude a la importancia que ha tenido el Consejo en el desarrollo del sector salud, y se apunta: "Es de destacarse que mediante las modificaciones de reforma propuestas, no se constituirá dicho entre en un órgano de asesoría de la Secretaría de Salud, sino que se preservará su carácter de autoridad sanitaria en México y permitirá que las políticas relacionadas con la salud tengan mayor consenso con su participación directa de la Secretaría de Salud, concepto totalmente inaceptable. De hecho el Consejo perdería la fortaleza y la autonomía, convirtiéndolo únicamente en un órgano consultivo y normativo en la estructura orgánica de la Secretaría de Salud". Quiere decir que una autoridad sanitaria no puede depender de otra autoridad sanitaria. Esta es la iniciativa prácticamente que metió el diputado en el sentido de que dependiera de la Secretaría de Salud, y no como está, de la Presidencia de la República.
"Por las razones mencionadas, se considera que realizar el cambio propuesto por la iniciativa, es decir, cambiar la adscripción del Consejo a la Secretaría de Salud, en lugar de representar una ventaja lo despojaría de las características de órgano constitucional y de imparcialidad, restándole posibilidades para consensuar en el sector salud las políticas, estrategias y acciones de salud, así como rendir opiniones y formular sugerencias al Ejecutivo Federal, tendientes al mejoramiento y eficacia del Sistema Nacional de Salud y al mejor cumplimiento del Programa Sectorial de Salud, y sobre todo de su autonomía para reaccionar ágilmente ante situaciones de emergencia y seguridad nacional en materia de salud pública. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 45, numeral VI, incisos c y f, de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de Comercio y Fomento Industrial emiten el siguiente resolutivo único: Se desecha la iniciativa de la reforma a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 15 y 16 de la Ley General de Salud". El diputado Eduardo Abraham Leines menciona que no hay ninguna participación o comentario de sus compañeros diputados, por lo que pone a consideración el resolutivo que la diputada María de las Nieves García Fernández ha expuesto sobre el Consejo de Salubridad General.
Se aprueba por mayoría.
Clorhidrato de zilpaterol. Expediente 42.
Punto de acuerdo para exhortar al secretario de la Sagarpa gire sus instrucciones a fin de prohibir el uso por parte de los ganaderos, de los beta-agonistas, incluyendo el clorhidrato de zilpaterol, conocido como Zilmax, hasta que no se compruebe la inocuidad para el ser humano. (2/abr./02). Turno: Comisiones de Agricultura y Ganadería, con opinión de Salud.
El diputado Salvador López Brito explica que en relación a este tema, en las últimas horas se hicieron llegar información anexa a la que ya se tenía, tienen algunos resolutivos de la Unión Europea, donde desde 1996 hay prohibición de los beta-agonistas en la alimentación del ganado.
La opinión de varios Congresos locales de la República Mexicana, donde también están recomendando la prohibición de beta-agonistas e incluso una Norma Oficial Mexicana de emergencia, publicada el día primero de marzo de 2002 en el Diario Oficial, donde precisamente dentro de las disposiciones generales, dice: "Con excepción de aquellos productos beta-agonistas, que cuenten con el registro y autorización de la Secretaría para su uso o consumo por animales, queda prohibida la producción, manufactura, fabricación, elaboración, preparación, acondicionamiento, transportación, tráfico, comercialización, importación, suministro y/o utilización de los siguientes principios activos como ingredientes activos, aditivos, alimentos y/o medicamentos en formulación de productos alimenticios destinados para consumo y uso en animales, tales como...", viene un listado de productos, y finalmente termina con el zilpaterol como un fármaco que prohíbe para el uso o combinación en productos alimenticios para el ganado que en forma indirecta pues llegue también a consumirse por los humanos.
El diputado López Brito propone para la próxima reunión de la Subcomisión traer el dictamen debidamente fundamentado, por tal motivo en este momento suspende la aprobación de la presentación de este dictamen hasta en tanto se le agrega toda la fundamentación considerada de importancia, para que quede debidamente asentado; considera que sí debe prohibirse este fármaco en la alimentación del ganado que se utiliza para consumo humano en forma directa. La propuesta de su Subcomisión, es presentar a los diputados en la próxima sesión el dictamen definitivo, donde se agregará toda la argumentación para sustentar la propuesta.
Bioseguridad. Expediente X. Iniciativa de decreto por el que se adiciona un artículo 282 bis-3 a la Ley General de Salud del 4 de abril de 2002; con excitativa del 13 de octubre de 2000. Turno: Comisión de Salud. El diputado Salvador López Brito menciona que esta iniciativa tiene como propósito el cumplimiento de las disposiciones constitucionales en relación al derecho a la información, el derecho a la protección de la salud de los consumidores de alimentos genéticamente modificados o transgénicos, así como los alimentos elaborados con productos transgénicos.
Al respecto el Senado de la República aprobó el siguiente texto: Artículo 282 bis-3.- En el caso de los alimentos genéticamente modificados deberá añadirse, de forma clara y a la vista de los consumidores la leyenda: "alimento transgénico", debiendo además señalarse qué tipo de gen le ha sido añadido al producto. Asimismo en el caso de alimentos elaborados que contengan, entre otros ingredientes, productos transgénicos deberá insertarse la leyenda: "alimento elaborado con producto transgénico", además de señalar cuál es el tipo del gen que se le añadió.
El diputado López Brito considera que este tema no debe concluirse con la dictaminación de esta iniciativa sino que considera importante que este tema se integre junto a otros seis temas que en materia de bioseguridad es están analizando en esta Comisión, de tal manera que la propuesta es que esta iniciativa, que este proyecto de decreto, se integre al paquete de proyectos que hay en el tema de bioseguridad, para su análisis, para su discusión y, en su momento, una votación pero en forma integral y no únicamente aislada.
El diputado Rafael Orozco Martínez expresa que la propuesta sería precisamente el poner a consideración del Pleno para desechar esta iniciativa, puesto que el tema ya está contemplado en el resto.
El diputado José Socorro Velázquez Hernández expresa que el proyecto de decreto que adiciona un artículo 282 bis-3 a la Ley General de Salud se incorporará a los otros dictámenes que están en estudio en la propia Comisión. Cree que es el complemento válido y que también están de acuerdo en la Subcomisión.
El diputado Eduardo Abraham Leines expresa que con esa consideración del diputado José Socorro Velázquez y el resolutivo que ha leído el diputado López Brito, pone a consideración su votación y así proceder ya a aprobar este dictamen.
Se aprueba por mayoría.
El diputado Juan Alcocer Flores menciona un asunto que es de carácter legislativo. Sabe perfectamente que la Comisión de Ciencia y Tecnología ya sesionó y dictaminó en materia de genoma humano. El dictamen se lo hicieron llegar y lo comparó con el que aprobaron aquí en la Comisión de Salud. El dictamen de la Comisión de Ciencia tiene algunas variaciones en cuanto a redacción y algunas de técnica parlamentaria, por ejemplo, abrió dos incisos en un párrafo en vez de ser un párrafo completo. De fondo, eleva las sanciones bastante más de lo que se había estipulado. Por tanto, propone se lleve a cabo una reunión de Mesas Directivas de Comisiones, para que entre ambas propongan un dictamen conjunto y sesionar a la brevedad sobre este toma para poder emitir un dictamen al respecto.
El diputado Policarpo Infante Fierro expresa que está en las manos de los integrantes de la Comisión de Salud el hacer algo para defender e ir al rescate de una institución tan importante, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Recientemente y de manera muy constante, están viendo informaciones y declaraciones del propio titular de esta institución, en el sentido de que está muy próxima la quiebra.
A quienes de alguna manera están en la Comisión de Salud les consta que muchísimos derechohabientes se quejan de la falta de atención, sobre todo en los servicios médicos, porque a las clínicas les hace falta equipo, les falta personal y hay una serie de fallas y deficiencias, que están haciendo de lo que antes fue un motivo de excelencia y orgullo para México, está siendo una institución que va ya en franca decadencia.
El diputado Policarpo Infante Fierro cree que es importante que piensen y elaboren una iniciativa que realmente le dé al Instituto Mexicano del Seguro Social la viabilidad y sobre todo la seguridad a millones de familias mexicanas, de tener la certidumbre de ser atendidos en esta institución. Su propuesta consiste en quitarle al Instituto Mexicano del Seguro Social una serie de cargas, como es el aspecto de las pensiones, de las jubilaciones, que en su momento fue muy importante que lo manejara el Instituto Mexicano del Seguro Social, todo este paquete de prestaciones; quitar cargas financieras tan pesadas, que hacen muy difícil que el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda salir adelante y que, en todo caso, se constituya un instituto de pensiones del Estado que se aboque específicamente a manejar este aspecto de seguridad. Lo lamentable es que por atender los aspectos de pensiones y jubilaciones está decayendo totalmente el servicio médico y todas estas instalaciones modernas, con equipo, con personal muy calificado se deterioren y que lamentablemente después el Instituto Mexicano del Seguro Social no sea ni la una ni la otra, que ni atienda lo de pensiones ni atienda lo de salud.
Ratifica que este tema es muy importante y que grave sería que ahora que tienen la posibilidad de ir al verdadero rescate de la institución que por indolencia lo dejen pasar y vean en unos años más la privatización o en su caso la desaparición total de la institución. Deja este tema a reflexión y espera que la Comisión de Salud tome el acuerdo de abordar con seriedad este tema.
El diputado Rafael Orozco comparte la preocupación del diputado Infante Fierro en relación a la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social. Expresa que es integrante de la Comisión de Seguridad Social y en esa Comisión cada tres meses se recibe un informe trimestral de la situación financiera del Instituto, pero en las semanas pasadas el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social presentó un estudio actuarial de la situación financiera y este estudio actuarial ve la situación presente y a un futuro a 5, 10, 15, 20 años y aquí es donde de no realizarse cambios estructurales fuertes al Instituto, en un futuro si se prevé una situación de crisis y quiebra.
Explica que es cierto que existen hospitales en muchas partes del país que no se han puesto a funcionar porque no existen los recursos para ellos; también es cierto que el Instituto tiene cargas que no van en su relación, en su función primaria, como son los deportivos, como son los hoteles o los centros recreativos, los teatros, que sí es una carga para ellos y que la Comisión de Seguridad Social se planteó precisamente el incremento que hubo en los centros deportivos, y lo que hubo fue una actualización de las cuotas que se cobran en esos centros, se planteaba que volvieran a reducirse y esto no es posible si se están sacando recursos de la atención a la salud para otro tipo de presupuestos. Internamente el Seguro Social tiene un retraso en sus equipos, en sus aparatos, en su instrumental médico de 15 años de atraso, ahí es donde también se ocupan recursos muy importantes para poder tener una actualización de los equipos y del instrumental que debería de tener en sus hospitales.
A la diputada Magdalena Núñez Monreal le parece que este tema que ha surgido en la última semana, de la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, merece, además de su preocupación, la necesidad de informar ampliamente y a profundidad qué está sucediendo con este Instituto, que hace menos de 10 años, se les informó, había sufrido una reforma estructural que le iba a permitir en el largo plazo dar viabilidad a los compromisos, precisamente, de pasivos laborales, lo que es la previsión social, más allá de mantener, obviamente, la calidad del servicio de salud que presta.
Cree que pueden tomar una decisión o proponer decisiones mientras no conozcan cuál ha sido el origen y la razón de esta situación que hoy se informa y no solamente en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino en muchas instituciones del sector público, como es el propio ISSSTE, han perdido aparentemente viabilidad, no saben si ha sido porque el esquema no sea el adecuado o porque no ha habido un manejo correcto de las instituciones y de sus finanzas.
El diputado José Socorro Velázquez añade, como ya lo mencionó sin micrófono, que la preocupación por el Instituto Mexicano del Seguro Social se debe hacer extensiva al ISSSTE porque el ISSSTE está viviendo una situación igual o peor que la del IMSS. Cree que valdría la pena que pensaran todas las fracciones parlamentarias para ponerse de acuerdo y las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social citen al director del Instituto Mexicano del Seguro Social para que comparezca y dé una explicación sobre el particular, porque le parece que es un tema muy delicado, independientemente de que hay que ver el tema del ISSSTE, que está en iguales o peores condiciones.
La diputada María de las Nieves García expresa que la reforma del Seguro Social fue una reforma pero no de fondo, tiene que tener los consensos de todos los actores que tienen que ver con el Seguro Social: sindicatos, empresas, etcétera, y eso es lo que no ha permitido avanzar, porque tampoco esta última reforma donde participaron los diputados en diciembre, tampoco fue una reforma de fondo. Está de acuerdo en que la presencia del director general es muy importante pero no hay que perder de vista, que es la parte toral que quiero puntualizar, en que en las reformas entran varios actores políticos, no es nada más que quiera el director del Instituto o que los diputados están de acuerdo. Eso es lo que está pasando en el ISSSTE, al ISSSTE todavía lo ve mucho más complejo, porque tiene que ver con un sindicato de maestros, con el magisterio y que tienen que ver varios actores políticos, por tal motivo es mucho más grave, pero creo que es fundamental que vayan apuntalando la reforma del ISSSTE la cual es urgente.
Se somete a votación esa petición.
Se aprueba por unanimidad para que tome nota el secretario técnico.
5. Asuntos generales.
Como primer punto de asuntos generales el diputado Juan Alcocer expresa que por la visita de Juan Pablo II y los problemas viales que ocasionará dicho evento propone realizar la próxima reunión plenaria hasta el mes de agosto.
Se informa que el 10 de junio del 2002, se publicaron en la Gaceta Parlamentaria ya como asuntos concluidos los siguientes: situación de los hospitales psiquiátricos del sistema nacional de salud; Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicitara a las autoridades laborales competentes, atender las demandas laborales y presupuestales de los trabajadores del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
También con fecha 12 de junio del presente, mediante oficio por parte de la Mesa Directiva de la Cámara, la diputada Beatriz Paredes Rangel obsequia la petición de declinación formulada por la Comisión de Salud, referente a la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos revoque los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación y decrete que todos los predios que integran la tercera etapa del río Tijuana, en el municipio de Zaragoza del estado de Baja California, se conviertan realmente en una reserva ecológica.
De igual forma, se informa sobre la comprobación de gastos, actualización del cuadro que contiene los asuntos turnados a esta Comisión, trabajados y pendientes y la invitación del Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquenses, darles a conocer todas las iniciativas relacionadas con salud, dictámenes que se han aprobado y que se tienen en vías de aprobación.
El diputado Eduardo Abraham Leines Barrera agradece la presencia de todos los diputados y los cita para la próxima reunión plenaria del día 28 de agosto, y en virtud de que se han tratado todos los asuntos del orden del día, da por concluida la sesión siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día 10 de julio del año dos mil dos.
Diputados: María Eugenia Galván Antillón,
Presidenta; Eduardo Abraham Leines Barrera, secretario; Héctor Esquiliano
Solís, secretario; Rafael Orozco Martínez, secretario; Adela
del Carmen Graniel Campos, secretaria (rúbricas).
A la cuarta reunión de la sesión permanente de la Subcomisión de Estudio y Dictamen de las Iniciativas de la Ley de Derechos Lingüísticos, que se llevará a cabo el miércoles 16 de octubre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio D, cuarto nivel).
Atentamente
Dip. Cándido Coheto Martínez
Responsable de la Subcomisión
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de su Mesa Directiva, el miércoles 16 de octubre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su reunión extraordinaria de trabajo, el miércoles 16 de octubre, a las 11 horas, en el salón Leona Vicario, ubicado en la planta baja del edificio H.
Atentamente
Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A la reunión de trabajo con la Subcomisión de Análisis Legislativo, la cual se llevará a cabo el miércoles 16 de octubre, a las 11 horas, en las instalaciones de la Comisión (edificio D, segundo nivel).
Atentamente
Dip. Francisco Javier Cantú Torres
Presidente
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
A su reunión ordinaria de trabajo, el miércoles 16 de octubre, a las 11 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura del acta de la reunión anterior, discusión
y, en su caso, aprobación.
3. Informe de la Subcomisión de Seguimiento del
Rescate Bancario.
4. Informe y presentación del programa de trabajo
de la Subcomisión de Seguimiento a las Operaciones de Pemex.
5. Agenda temática para la discusión y
análisis del Informe de Resultados sobre la Revisión de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2002.
6. Asuntos generales.
Atentamenete
Dip. Manuel Galán Jiménez
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de trabajo con funcionarios del ISSSTE, sobre el Presupuesto con perspectiva de género, el miércoles 16 de octubre, a las 11:30 horas, en el salón de usos múltiples, del edificio D, planta baja.
Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A la reunión de su Mesa Directiva, el miércoles 16 de octubre, a las 14:30 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. José Marcos Aguilar Moreno
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la reunión de trabajo en Comisiones Unidas de Salud, de Agricultura y Ganadería, y Especial Sur Sureste con los industriales de la leche y funcionarios federales, que se realizará el miércoles 16 de octubre, a las 17 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia.
2. Palabras de bienvenida de la diputada federal María
Eugenia Galván Antillón, Presidenta de la Comisión
de Salud.
3. Intervención del diputado Jaime Rodríguez
López, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería.
4. Intervención del diputado N. Salvador Escobedo
Zoletto, Presidente de la Comisión Especial Sur Sureste.
5. Planteamiento por parte de los representantes de la
industria lechera nacional, así como del sector ganadero respecto
a la Norma Oficial Mexicana en materia de leche.
6. Preguntas y respuestas.
7. Asuntos generales.
8. Clausura a cargo del diputado Arturo B. de la Garza
Tijerina, Presidente de la Comisión Especial de Ganadería.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Salud, sobre el Presupuesto con perspectiva de género, el miércoles 16 de octubre, a las 18 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
DE LA COMISION DE MARINA
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Dictamen de la Minuta de Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, el jueves 17 de octubre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. César Patricio Reyes Roel
Presidente
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su vigésima novena reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 17 de octubre, a las 10 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Pase de lista.
2. Verificación de quórum.
3. Exposición por parte del diputado Augusto Gómez
Villanueva sobre su iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 93, 94 y 95 de la Ley Agraria.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Félix Castellanos Hernández
Presidente
DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A su reunión de trabajo, el jueves 17 de octubre, a las 11:30 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen con proyecto de decreto que adciona una fracción XXIX-K
al artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
4. Discusión y, en su caso, aprobación
del dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero
y el inciso b) del artículo 72 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero
del artículo 63 y la fracción IV del artículo 77 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Salvador Rocha Díaz
Presidente
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A los Foros de Consulta Cooperativa, como parte del desarrollo del proceso de formulación de políticas públicas para el fortalecimiento cooperativo que han construido y proyectado en conjunto la Comisión de Fomento Económico del Senado de la República, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (Fonaes) y Conrad-Adenauer-Stiftung.
Lugar y Fecha
Quinto foro. Acapulco, Guerrero: Centro Cultural
y de Convenciones de Acapulco, avenida Costera Miguel Alemán 4455,
colonia Costa Azul, CP 39850. 18 de octubre.
DE LA COMISION BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
A su reunión plenaria, que se realizará el martes 22 de octubre, a las 16:30 horas, en el salón del mezaninesur del edificio Xicoténcatl, sito en Xicoténcatl número 9, colonia Centro Histórico.
Atentamente
Dip. Juan Alcocer Flores
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL DE GANADERIA
A su reunión de trabajo, el miércoles 23 de octubre, a las 10 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura del acta de la sesión anterior.
3. Presentación de invitados.
4. Discusión del tema Análisis de los
apoyos a la ganadería para el 2003.
5. Comentarios.
6. Clausura.
Atentamente
Dip. Arturo B. de la Garza Tijerina
Presidente
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su sesión ordinaria de trabajo, que se efectuará el jueves 24 de octubre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 24 de octubre, a las 15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente
DE LA COMISION BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
A la reunión de trabajo con su Consejo Consultivo, la cual se llevará a cabo el martes 29 de octubre, a las 10:15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Juan Alcocer Flores
Presidente