ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos setenta y seis diputados, a las diez horas con veintiún minutos del martes doce de noviembre de dos mil dos, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.
Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Chihuahua, con acuerdo relativo a las tarifas del servicio de energía eléctrica de la región norte del país. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Durango, con acuerdo por el que manifiesta su apoyo a la propuesta de la Confederación Nacional Ganadera, para que sea considerada dentro de la estrategia de blindaje agroalimentario anunciada por el Presidente de la República. Se turna a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Agricultura y Ganadería y Especial de Ganadería.
Nayarit, con acuerdo por el que solicita incluir en el análisis del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil tres, recursos que permitan a la Universidad Autónoma de Nayarit cubrir su nómina laboral completa y las aportaciones para pensiones y jubilaciones de su personal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
San Luis Potosí, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Sonora, con acuerdo relativo a la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-ciento treinta y nueve-ECOL-dos mil dos, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Presidencia concede la palabra a la diputada Laura Hermelinda Pavón Jaramillo, para dar lectura a una comunicación relativa a la cuarta Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas, que habrá de realizarse del veinticuatro al veintisiete de noviembre de dos mil dos en Ixtapan de la Sal.
Comunicación del diputado Mauro Huerta Díaz, con la que informa de su separación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y su incorporación al del Partido Verde Ecologista de México. De enterado y tómense las medidas administrativas y reglamentarias que procedan.
Comunicación del diputado Gustavo César Buenrostro Díaz, con la que informa que se reincorpora a sus labores legislativas. De enterado y se le tiene por reincorporado.
Oficio del Auditor Superior de la Federación, relativo al Proyecto de Presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil tres, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados. Se turna a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Comunicación del gobernador del estado de Nuevo León, en relación con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil tres. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, con los anexos que contiene el documento.
Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:
Con acuerdo por el que se designa al Presidente del Comité de Información, Gestoría y Quejas. Se aprueba en votación económica.
Con acuerdo por el que se designa al Presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Se aprueba en votación económica.
Con la que informa de cambios en la integración de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. De enterado.
El Congreso del estado de Jalisco remite dos iniciativas con proyectos de decreto por los que:
Se adiciona una fracción segunda al artículo octavo de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se reforma la segunda parte de la fracción decimasexta del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que:
Solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Luis Romero Hicks, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Antonio Pujals Fuentes, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
La Asamblea, en votación económica, le dispensa todos los trámites a la solicitud y sin discusión se aprueba el proyecto de decreto correspondiente por trescientos cincuenta y cinco votos en pro, uno en contra y una abstención. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:
Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo doscientos cincuenta y ocho de la Ley General de Salud, en lo referente a la Farmacopea Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Salud.
Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley sobre los Derechos de los Migrantes. Se turna a las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores.
David Rodríguez Torres, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo sexto de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
Cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos:
Martha Sahagún de Fox, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Reino de España.
Gustavo Carvajal Moreno, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Jorge Zermeño Infante, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
La Presidenta informa que se discutirán individualmente los proyectos de decreto y se votarán en conjunto y, desde su curul, el diputado Víctor Roberto Infante González solicita que sean votados individualmente. La Presidencia atiende la solicitud.
Sin discusión se aprueba el primer proyecto de decreto por trescientos treinta y dos votos en pro, cuarenta y cuatro en contra y treinta y dos abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Sin que motive discusión se aprueba el segundo proyecto de decreto por doscientos cincuenta y seis votos en pro, ciento veintitrés en contra y veintisiete abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
No habiendo nadie que solicite hacer uso de la palabra, se aprueba el cuarto proyecto de decreto por trescientos setenta y nueve votos en pro, ninguno en contra y diez abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal
Sin discusión se aprueba el tercer proyecto de decreto por doscientos noventa y cuatro votos en pro, ochenta y uno en contra y veintiún abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Es de segunda lectura.
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión, se concede la palabra al diputado Jorge Alejandro Chávez Presa, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo;
Presidencia del diputado Jaime Vázquez Castillo
Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México; José Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Julián Hernández Santillán, del Partido Acción Nacional; y Juan Manuel Carreras López, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
Habla en pro del dictamen el diputado Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática.
En votación económica la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
La Presidenta informa que se reservan para su discusión en lo particular los artículos séptimo, veinte - A y veintisiete de la Ley del Sistema de Administración Tributaria.
La Secretaría recoge la votación nominal del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular de los artículos no reservados por cuatrocientos cinco votos en pro, ninguno en contra y una abstención.
La Presidenta informa que los diputados David Rodríguez Torres, Tomás Torres Mercado y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta reservaron los artículos séptimo, veinte - A y veintisiete de la Ley del Sistema de Administración Tributaria, respectivamente.
Desde su curul el diputado David Rodríguez Torres declina la reserva del artículo séptimo.
Se refieren al artículo veinte - A reservado los diputados: Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y propone modificaciones; y por la Comisión Dictaminadora, Fernando Pérez Noriega, del Partido Acción Nacional, en pro.
Para rectificar hechos se concede la palabra al diputado Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática.
La Asamblea considera suficientemente discutido el artículo veinte - A reservado, en votación económica, y de la misma manera desecha la propuesta del diputado Tomás Torres Mercado.
Hablan sobre el artículo veintisiete reservado los diputados: Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, y propone una adición; y Jorge Alejandro Chávez Presa, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la Comisión acepta la adición propuesta.
La Asamblea considera suficientemente discutido el artículo veintisiete reservado en votación económica.
Desde su curul el diputado Abelardo Escobar Prieto hace una aclaración en relación con la propuesta de adición del diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, a quien la Presidenta concede la palabra para darle lectura.
La Secretaría recoge la votación nominal del artículo veintisiete reservado, misma que resulta aprobatoria, con la adición propuesta, por cuatrocientos ocho votos en pro, ninguno en contra y una abstención. La Presidenta da lectura al artículo veintisiete en los términos aprobados.
Se recoge la votación nominal de los artículos séptimo y veinte - A reservados, misma que resulta aprobatoria, en los términos del dictamen, por trescientos cuarenta y un votos en pro, cuarenta y seis en contra y cinco abstenciones.
La Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
La Presidencia felicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público por su espíritu incluyente y por haber enriquecido la iniciativa respectiva con las aportaciones de los legisladores y saluda la presencia en el Recinto de parlamentarios y funcionarios del Congreso de la República del Perú.
La Asamblea dispensa la lectura, en votación económica, del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de Código Federal de Procedimientos Civiles. Es de segunda lectura.
A nombre de las comisiones dictaminadoras, habla el diputado Vicente Pacheco Castañeda, del Partido Acción Nacional, para fundamentar el dictamen.
Fijan la posición de su respectivo partido político o grupo parlamentario los diputados: Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista; Concepción Salazar González, del Partido Verde Ecologista de México;
Presidencia del diputado Jaime Vázquez Castillo
Héctor Sánchez López, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Raymundo Toledo, del Partido Acción Nacional; y Enrique Garza Tamez, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, en votación económica la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
La Presidencia informa que el presente dictamen está relacionado con el siguiente de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, y que las comisiones han notificado que éste sólo se fundamentará, por lo que solicita se autorice que ambos dictámenes sean votados en conjunto. La Asamblea, en votación económica, así lo autoriza.
Fundamenta el dictamen referido, a nombre de las comisiones, el diputado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular y la Presidencia informa que, en atención a una pertinente observación realizada por el diputado Armando Salinas Torre sobre el procedimiento de votación de ambos dictámenes, en el sentido de que, aunque se trata de materias similares, son leyes y articulados diferentes, y para no sentar un precedente que pueda ser reclamado en otro momento, se votarán por separado.
La Secretaría recoge la votación nominal del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de Código Federal de Procedimientos Civiles, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por trescientos ochenta y dos votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Se recoge la votación nominal del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por trescientos ochenta y cuatro votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Transcurrido el tiempo acordado para la duración
de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día
de la próxima sesión y la Presidencia clausura la de hoy
a las dieciséis horas con veintinueve minutos, citando para la próxima
que tendrá lugar el jueves catorce de noviembre de dos mil dos,
a las diez horas.
Pachuca, Hidalgo, 25 de septiembre de 2002.
Cámara de Senadores
H. Congreso de la Unión
Presente
Para su conocimiento y efectos, nos permitimos informar a ustedes que la Diputación Permanente de la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, clausuró los trabajos correspondientes al receso del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarles las seguridades de mi atenta consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Jorge Luis López del Castillo (rúbrica)
Oficial Mayor
Pachuca, Hidalgo, 1 de octubre de 2002.
C. Gral. de Brigada DEM
Humberto Eduardo Antimo Miranda
Comandante de la 18ª Zona Militar
Presente
Para su conocimiento y efectos, me estoy permitiendo informar a usted, que la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, dio apertura al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional y eligió a los integrantes de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de octubre de 2002, recayendo dichos cargos en los ciudadanos:
Presidente: Dip. Daniel Ludlow Kuri.
Vicepresidente: Dip. Ignacio Trejo Ramírez.
Secretaria propietaria: Dip. María Estela Arellano
Pérez.
Secretario propietario: Dip. Manuel Hernández
Badillo.
Secretario suplente: Dip. Alfonso Covarrubias Rubio.
Secretario suplente: Dip. Hermenegildo Angeles Pérez.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarle las seguridades de mi atenta consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Jorge Luis López del Castillo (rúbrica)
Oficial Mayor
DEL CONGRESO DE PUEBLA
Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos comunicar a usted que la Quincuagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del estado, en junta preparatoria celebrada con esta fecha, se declaró constituida para funcionar durante el tercer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio legal, comprendido del 15 de octubre al 15 de diciembre del año en curso. Asimismo se eligió a los diputados que integrarán la Mesa Directiva, quedando de la siguiente manera:
Presidente: Dip. Adrián Víctor Hugo Islas
Hernández.
Vicepresidente: Dip. Juan Ramírez Ramírez.
Secretario: Dip. José Gerardo Hilario Garcilazo
Martínez.
Secretario: Dip. María Sara Camelia Chilaca Martínez.
Prosecretario: Dip. Odón Abad Sidar Fierro.
Prosecretario. Dip. Gustavo Díaz Ordaz Castañón.
Lo que hacemos de su conocimiento por disposición de esta Legislatura para los efectos legales procedentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza, octubre 11 de 2002.
Dip. José Gerardo Garcilazo Martínez (rúbrica)
Secretario
Dip. María Sara Camelia Chilaca Martínez
(rúbrica)
Secretaria
DEL CONGRESO DE QUINTANA ROO
CC. Diputados Secretarios del H. Congreso de la Unión
Presentes
En sesión ordinaria celebrada en fecha 3 de octubre del año en curso, la H. X Legislatura del estado de Quintana Roo tuvo a bien aprobar el siguiente punto de acuerdo
Primero.- Los diputados integrantes de la H. X Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo nos adherimos y apoyamos los acuerdos emitidos por las Legislaturas de Zacatecas, de Coahuila de Zaragoza y de Guanajuato mediante los cuales se pronuncian en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, por considerarla discriminatoria y violatoria de los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos en situación migratoria irregular.
Segundo.- Comuníquense la adhesión y el apoyo a las honorables Legislaturas locales solicitantes, al titular del Poder Ejecutivo federal y a las Cámaras del H. Congreso de la Unión, así como a las demás Legislaturas locales del país, para los efectos correspondientes.
Lo que nos permitimos transcribir a ustedes para su conocimiento y efectos conducentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo,
15 de octubre de 2002.
Dip. María de Guadalupe Novelo Espadas (rúbrica)
Presidenta
Dip. Sergio M. López Villanueva (rúbrica)
Secretario
Honorable Pleno Legislativo:
Los suscritos, diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Asuntos Migratorios y Fronterizos de la honorable X Legislatura del estado, en referencia a los puntos de acuerdo aprobados y remitidos por la Quincuagésima Séptima Legislatura del estado de Zacatecas, la Quincuagésima Quinta Legislatura del estado de Coahuila de Zaragoza y la Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del estado de Guanajuato, mediante los cuales se pronuncian en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, por considerarla discriminatoria y violatoria de los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos en situación migratoria irregular, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 32, 35, 41, 107 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el numeral 38 de su Reglamento Interno, y
Considerando
Que la situación económica en nuestro país es mala para muchos mexicanos: algunos carecen de empleo, otros son subempleados. Al final de cuentas, el ingreso económico no es suficiente para la efectiva manutención de sus familias, lo cual conlleva a que tomen la determinación de emigrar hacia los vecinos países del norte.
La migración en la frontera de México con Estados Unidos existe desde hace muchos años. Tolerada en otra época, de necesidad de mano de obra barata, hoy es combatida sin ningún miramiento, violentando incluso los derechos humanos más elementales reconocidos internacionalmente.
Que las causas de la migración hacia Estados Unidos son múltiples, diversas y complejas. Sin embargo, es un error intentar frenarla mediante la represión y no con políticas públicas eficientes que arraiguen al migrante a su país de origen. Un claro ejemplo es que, no obstante las medidas que han adoptado las autoridades estadounidenses para frenar la migración indocumentada, cada año ingresan cientos de miles de personas en ese país, utilizando algún punto de la extensa frontera norte de México.
Que las personas, tanto mujeres como hombres, que deciden correr la aventura de cruzar el río Bravo, con el fin de buscar otra alternativa de ingreso económico para el sustento de sus familiares, nos dice a todas luces que se requieren nuevas fuentes de empleo para la población que carece de uno, pero el problema no es sólo darles la oportunidad de trabajo sino que éste sea bien remunerado; esto es, que satisfaga las expectativas de desarrollo de una familia.
Que, durante años, los trabajadores mexicanos han contribuido a la economía estadounidense, mientras que las prácticas discriminatorias, por razones migratorias, se acentúan sin reconocer dicha contribución histórica. A grado tal, que los connacionales son sujetos de todo tipo de vejaciones, como robo, violaciones, extorsiones y detenciones arbitrarias de parte de esas autoridades.
Que las autoridades de Estados Unidos de América resolvieron determinar, en perjuicio de los trabajadores mexicanos, la inexistencia de los derechos de nuestros connacionales que se encuentren en el citado país en una situación migratoria irregular, por medio de una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia, la cual evidentemente es discriminatoria y violatoria de los derechos humanos y laborales.
Que, como representantes populares de nuestros conciudadanos, tenemos el deber y la obligación de velar y garantizar los derechos de todos los mexicanos, máxime en este particular caso.
Con base en las consideraciones expuestas, estimamos emitir los siguientes puntos de
Acuerdo
Primero. Los diputados integrantes de la H. X Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo nos adherimos y apoyamos los acuerdos emitidos por las Legislaturas de Zacatecas, de Coahuila de Zaragoza y de Guanajuato mediante los cuales se pronuncian en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, por considerarla discriminatoria y violatoria de los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos en situación migratoria irregular.
Segundo. Comuníquense la adhesión y el apoyo a las honorables Legislaturas locales solicitantes, al titular del Poder Ejecutivo federal y a las Cámaras del H. Congreso de la Unión, así como a las demás Legislaturas locales del país para los efectos correspondientes.
Sala de Comisiones "Constituyentes de 1974" del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil dos.
Comisión de Justicia, diputados: Carlos Gutiérrez García, Secundino Eladio Cab Iucab, Manuela del S. Godoy González, Rogelio Márquez Valdivia, María de Guadalupe Novelo Espadas (rúbricas).
Comisión de Derechos Humanos, diputados: Rogelio Márquez Valdivia, María de Guadalupe Novelo Espadas, María Eugenia Córdoba Soler, Juan Manuel Herrera, Gildardo Palacios Herrera (rúbricas).
Comisión de Asuntos Migratorios y Fronterizos,
diputados: Héctor G. Ortega Contreras, Gildardo Palacios Herrera,
Plácido Acosta García, Mildred C. Avila Vera, Secundino Eladio
Cab Iucab (rúbricas).
CC. Diputados Secretarios del H. Congreso de la Unión
Presentes
La X Legislatura Constitucional del estado, en cumplimiento al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar que en sesión ordinaria celebrada el día 17 de octubre del año en curso, se procedió a la elección del Presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva del segundo mes, del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, misma que fungirá del 20 de octubre al 15 de diciembre de 2002, resultando electos por mayoría de votos los ciudadanos:
Presidente: Dip. Juan Manuel Herrera.
Vicepresidenta: Dip. Landy Noemí Espinosa Suárez.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cd. Chetumal, Q. Roo, a 18 de octubre de 2002.
Dip. Sergio Manuel López Villanueva (rúbrica)
Secretario
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Ciudad de México, miércoles 5 de noviembre de 2002.
Lic. Adela Cerezo Bautista
Diputada Secretaria
Lic. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán
Diputado Secretario de la Mesa Directiva de la LVIII
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
En atención al atento oficio (Nº D.G.P.L. 58-II-4-987) que se sirvieron dirigirle al Lic. Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través del cual solicitan información sobre las condiciones que guardan los centros de readaptación social a cargo del Gobierno del Distrito Federal, adjunto al presente el Informe sobre las condiciones que guardan los centros de readaptación social del Distrito Federal, que elaboró la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, en el cual se da respuesta puntual a su petición.
Aprovecho para saludarlos cordialmente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. José Agustín Ortiz Pinchetti (rúbrica)
Secretario de Gobierno del Distrito Federal
DEL PODER EJECUTIVO DE QUERETARO
Querétaro, Qro., a 24 de septiembre de 2002.
Adela Cerezo Bautista
Diputada Secretaria de la Mesa Directiva
LVIII Legislatura Federal
Presente
En contestación a su escrito de fecha 12 de septiembre de 2002 con número de referencia D.G.P.L. 58-II-4-988 donde solicita información sobre las condiciones que guardan los centros de readaptación social a cargo de la Federación en esta entidad federativa, le comento que en el estado de Querétaro no hay a la fecha un centro de readaptación social a cargo de la autoridad federal, por lo que no es posible enviar la información solicitada.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"Unidos por Querétaro"
Lic. Bernardo García Camino (rúbrica)
Secretario de Gobierno
DEL PODER EJECUTIVO DE SONORA
Hermosillo, Sonora, a 31 de octubre de 2002.
CC. Diputados
Adela Cerezo Bautista
Rodolfo Dorador Pérez Gavilán
Secretarios de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
En atención a su oficio No. D.G.P.L 58-II-4-988 de fecha 12 de septiembre de los corrientes, mediante el cual se ha hecho del conocimiento del C. gobernador del estado, Lic. Armando López Nogales, que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó solicitar información sobre las condiciones que guardan los centros de readaptación a cargo de la Federación en el estado, me permito enviarle la información requerida en los siguientes términos:
1) Centros de readaptación social a cargo de la Federación. En Sonora no existen centros federales de readaptación social. Los centros penitenciarios del estado albergan y custodian a internos sentenciados por delitos federales, o bien a quienes estén a disposición de tribunales federales, contando con la cooperación económica de la Federación.
2) Personal penitenciario. Los centros de readaptación social del estado de Sonora, cuentan con el personal profesional, técnico y de custodia necesario para el cumplimiento de sus funciones, y que son nombrados por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del estado, siendo sus percepciones económicas cubiertas por el gobierno del estado.
3) Clasificación de internos. En cuanto a los criterios de clasificación de los internos, éstos son distribuidos de acuerdo con el carácter del delito, esto es, a aquellos que están internos por la comisión de delitos federales se les ubica en lugar distinto a los del fuero común, y éstos a su vez, por la gravedad del delito, edad y estado de salud. Por el hacinamiento que existe dado el sobrecupo del 126%, ha resultado muy difícil hacer la clasificación más adecuada.
4) Criterios y cifras de otorgamiento de liberaciones, preliberacionales y demás beneficios de ley. Para el otorgamiento de libertades, se maneja una tabla para obtener el cómputo de los tiempos requeridos por la ley, la cual contempla tres tipos de beneficios preliberacionales, a saber:
5) Número de internos por delito federal. Al día de hoy contamos con 5,178 internos por delitos federales, distribuidos en los 11 centros de readaptación social que tenemos en funcionamiento, siendo éstos los siguientes:
c) Centro Nogales I: 774 internos federales.
d) Centro Nogales II: 1,601 internos federales.
e) Centro Nogales Femenil: 136 internas federales.
f) Centro de San Luis Río Colorado: 297 internos
federales.
g) Centro de Guaymas: 86 internos federales.
h) Centro de H. Caborca: 95 internos federales.
i) Centro de Huatabampo: 17 internos federales.
j) Centro de Cananea: 20 internos federales.
k) Centro de Cumpas: 1 interno federal.
8) Procedimientos de visitas conyugales. El control de las visitas conyugales lo tiene el Departamento de Trabajo Social y se realizan diariamente, solamente entre matrimonios debidamente acreditados con la documentación correspondiente y previa comprobación de que ambos gozan de buena salud, esto con el fin de que no haya ningún riesgo de contagio. Las visitas conyugales se realizan en cubículos higiénicos y debidamente acondicionados, todo esto, bajo la debida supervisión de custodios destinados para tal efecto.
9) Acciones para generar empleos en el interior de los centros penitenciarios del estado de Sonora. En los centros de readaptación social del estado contamos con varias opciones laborales, de entre las que destacan las siguientes:
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos y para refrendarles mi especial consideración y respeto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Adolfo Hernández Muñoz (rúbrica)
Subsecretario de Prevención y Readaptación
Social
México, DF, 30 de octubre de 2002.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL 58-II-4-986 de fecha 12 de septiembre último, con el presente les acompaño copia del similar número 00030/2002, signado el 10 del mes en curso, por el C. Lic. Héctor Alfredo Gómez Barrera, subsecretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Aguascalientes, así como la información en forma impresa y en medio magnético que en el mismo se cita, relativa al punto de acuerdo sobre las condiciones que guardan los centros de readaptación social, promovido por el C. Dip. Alfredo Hernández Raigosa.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 30 de octubre de 2002.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL 58-II-4-986 de fecha 12 de septiembre del presente año, con el presente les acompaño copia del similar número 13585, signado por el Lic. Sergio Martínez Garza, secretario general de gobierno del estado de Chihuahua, con el que remite información relacionada con el punto de acuerdo sobre las condiciones que guardan los centros de readaptación social, promovido por el Dip. Alfredo Hernández Raigosa.
Lo que hago de su conocimiento para los fines que estimen procedentes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 30 de octubre de 2002.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL 58-II-4-986 de fecha 12 de septiembre último, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 136, signado el 14 del mes en curso, por el C. Lic. Jaime H. Lastra Bastar, secretario de gobierno del estado de Tabasco, así como el original que en el mismo se cita, referente al punto de acuerdo sobre las condiciones que guardan los centros de readaptación social, promovido por el C. Dip. Alfredo Hernández Raigosa.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 30 de octubre de 2002.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL 58-II-4-986 de fecha 12 de septiembre último, con el presente les acompaño copia del similar número 0867/2002, signado el 10 del mes en curso, por el C. Lic. Juan Olmedo López, subsecretario de Seguridad Pública y Readaptación Social del gobierno del estado de Tlaxcala, por el que envía la información relativa al punto de acuerdo sobre las condiciones que guardan los centros de readaptación social, promovido por el C. Dip. Alfredo Hernández Raigosa.
Por lo anterior les acompaño la información de referencia, para los fines que estimen procedentes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 22 de octubre de 2002.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención a su oficio No. D.G.P.L. 58-II-1-822, de fecha 29 de abril último, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. DGEP/337/2002, signado por la C. Lic. Ana Silvia Arrocha, directora general de Enlace Parlamentario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como del documento que en él se señala, en relación con el punto de acuerdo para la implantación de medidas de protección para salvaguardar la integridad de la mariposa monarca.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 9 de octubre de 2002.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
Me permito hacer referencia al punto de acuerdo aprobado por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión relativo a la implantación de medidas de protección, en coordinación con los gobiernos de los estados de México y de Michoacán, para salvaguardar la integridad de la mariposa monarca.
Al respecto, anexo al presente sírvase encontrar copia del oficio No UAJ-104/02, emitido por la Comisión Nacional Forestal y recibido en esta oficina el 8 de octubre de 2002, en el cual se incluye la atención otorgada a dicho punto de acuerdo dentro del ámbito de competencia de esa Comisión, con el fin de solicitarle de la manera más atenta se sirva hacer llegar dicha documentación a las instancias correspondientes del H. Congreso de la Unión.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Ana Silvia Arrocha (rúbrica)
Directora General de Enlace Parlamentario
Lic. Roberto López Izquierdo
Secretario Técnico
Semarnat
Presente
Por el presente acuso copia de recibido del volante referido al rubro, por el cual nos hace saber de los oficios en él señalados relativos al punto de acuerdo aprobado por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en sesión del día 29 de abril de 2002, relativo a la implantación de medidas de protección, en coordinación con los gobiernos de los estados de México y de Michoacán, para salvaguardar la integridad de la mariposa monarca.
Sobre la materia de dicho punto de acuerdo, informamos que la Comisión Nacional Forestal ha implantado y tiene programado ejecutar las siguientes acciones:
Respecto al Plan de Manejo de las Areas Naturales Protegidas de los Estados de México y de Michoacán en las que se Encuentran Asentados los Santuarios de la Mariposa Monarca:
Se han promovido acciones integrales, con la participación de diferentes dependencias federales, estatales y municipales, respetando las restricciones que presenta el decreto relativo a las zonas núcleo y para las de amortiguamiento.
La participación que tenemos se circunscribe al otorgamiento de los apoyos económicos que el Prodefor destina a los titulares de aprovechamientos forestales para la elaboración de estudios de diversificación productiva. Además, se han presentando propuestas relacionadas con el tema de ecoturismo, que hoy día están en proceso de calificación, conforme a sus Reglas de Operación.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Zapopan, Jalisco, a 23 de mayo de 2002.
"2002, Año Internacional de las Montañas"
Dr. Mauricio Limón Aguirre (rúbrica)
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos
México, DF, octubre 23 de 2002.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención a su oficio número D.G.P.L.
58-II-2-858, de fecha 5 de septiembre del año en curso, con el presente
les acompaño copia del similar 6-747/R/428/
2002, signado por el C. Arturo Villaverde Lazo, titular
del Organo Interno de Control en el Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, por el que da respuesta al apartado segundo del punto de
acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en el que se
solicita se informe sobre el estado jurídico en que se encuentra
el asunto relativo al ex secretario adjunto jurídico del IPAB.
Lo que hago de su conocimiento para los fines que estimen procedentes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, octubre 14 de 2002.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Me refiero a su atento oficio No. SEL/396/02, del 9 de septiembre próximo pasado, que dirigió al CP Francisco Javier Barrio Terrazas, secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, por medio del cual le envía copia del oficio D.G.P.L. 58-II-2-858, del 5 de septiembre del año en curso, suscrito por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por el que comunican al titular de esa Secretaría los puntos de acuerdo aprobados en sesión de esa fecha, en cuyo apartado segundo solicitan se informe a la Cámara de Diputados sobre el estado jurídico en que actualmente se encuentra el asunto relativo al ex secretario jurídico del IPAB. Lo anterior, para los fines que estime procedentes.
Sobre el particular, nos permitimos informarle que existe procedimiento disciplinario en etapa de investigación en contra del C. Eugenio González Garza, ex secretario adjunto jurídico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en este Organo Interno de Control, el cual aún no se concluye y de cuyo resultado se informará posteriormente.
Lo que se informa para los efectos legales a que haya lugar.
Atentamente
Arturo Villaverde Lazo (rúbrica)
Titular
México, DF, a 31 de octubre de 2002.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 58-II-2-858 de fecha 5 de septiembre del año en curso, con el presente les acompaño copia del similar SPP-A/6205/2002, signado por el C. Lic. Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Procedimientos Penales "A" de la Procuraduría General de la República, por el que da respuesta al punto de acuerdo en cuyo apartado segundo se solicita se informe el estado jurídico en que actualmente se encuentra el asunto relativo al ex secretario adjunto Jurídico del IPAB, promovido por el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez.
Lo que hago de su conocimiento para los fines que estimen procedentes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 14 de octubre de 2002.
C. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
Estimado señor subsecretario:
En relación con su oficio SEL/396/02, tengo el agrado de informarle el estado jurídico en que actualmente se encuentra el procedimiento relativo al licenciado Eugenio González Sierra ex secretario adjunto Jurídico del IPAB; es lo siguiente:
El 26 de diciembre de 2001, la averiguación previa PGR/UEDO/038/2001 se resolvió ejercitándose acción penal contra Eugenio González Sierra y León Alberto Schietekat Ballesteros, por la presunta comisión de los delitos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, uso indebido de información sobre clientes y operaciones del sistema bancario, tráfico de influencias y extorsión.
El 27 de diciembre de 2001, en la causa penal 259/2001 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Federales en el Distrito Federal, se dictó orden de aprehensión por la supuesta perpetración de los delitos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, uso indebido de influencia sobre clientes y operaciones del sistema bancario y tráfico de influencias.
En la misma fecha el Juez negó la orden de aprehensión en relación con el delito de extorsión, resolución que fue confirmada por el tribunal de alzada.
El 3 de enero de 2002 se dictó auto de formal prisión a los inculpados por los delitos de abuso de autoridad, uso indebido de información sobre clientes y operaciones del sistema bancario y tráfico de influencias, decretándose auto de libertad por falta de elementos para procesar respecto a los delitos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
A la fecha la causa penal se encuentra en etapa de instrucción.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Lic. Gilberto Higuera Bernal (rúbrica)
Subprocurador de Procedimientos Penales "A"
Memorándum
México, DF, a 17 de septiembre de 2002.
Al C. Lic. Gilberto Higuera Bernal
Subprocurador de Procedimientos Penales "A"
Presente
Distinguido licenciado:
Por instrucciones del C. Procurador General de la República, me permito remitir a usted el documento que a continuación se indica:
Respetuosamente
Lic. Raúl Quintanilla González (rúbrica)
Secretario Técnico del C. Procurador
México, DF, a 28 de octubre de 2002.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención a su oficio No. D.G.P.L. 58-II-5-1016, de fecha 26 de septiembre último, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 400.-373, signado por el C. Antonio Ruiz García, subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el que da contestación al punto de acuerdo en el que se solicita se destinen recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales a todos los pescadores afectados por el paso de la tormenta tropical Julio y el huracán Isidore, del golfo de México, en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, presentado por la diputada Patricia Aguilar García.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 17 de octubre de 2002.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Hago referencia a su oficio SEL/300/668/02, a través del cual remite al C. Javier Usabiaga Arroyo, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 26 de septiembre en el que se solicita se destinen recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y del Programa de Empleo Temporal (PET) a la atención de los pescadores afectados por el paso de la tormenta tropical Julio y del huracán Isidore por diversas entidades del país.
Sobre el particular, por este conducto me permito comentar a usted que esta Secretaría destinó recursos por $6,600,000.00 del PET para el apoyo de los pescadores de los estados de Quintana Roo (2 mdp), de Yucatán (1.1 mdp) y de Tamaulipas (3.5 mdp).
Por otra parte, pero en el mismo contexto del PET, la Sedesol informó que, como consecuencia de los daños causados por los meteoros que nos ocupan, ha radicado a sus delegaciones estatales recursos por un total de 71 mdp, de los cuales 21 mdp se enviaron a Campeche y 50 mdp a Yucatán. Por el momento, no es factible precisar los montos que aplicarían en acciones de apoyo a pescadores, toda vez que los anexos técnicos correspondientes aún se encuentran en elaboración en dichas entidades.
Finalmente, comento a usted que los propios estados afectados desistieron de solicitar recursos del Fonden para la atención de los pescadores, optando por alternativas que consideraron más viables para ello.
En este sentido, para el estado de Yucatán se han destinado 6 mdp para la reactivación de la actividad pesquera, a través de proyectos productivos y de rehabilitación de lanchas y motores, con cargo a la Alianza para el Campo. En este mismo tenor, se aplican 9 mdp para el estado de Campeche. En Tamaulipas se desarrollan proyectos por un monto de 3.5 mdp que, una vez concluidos, podrán ser apoyados con cargo a recursos de la propia Alianza para el Campo.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Antonio Ruiz García (rúbrica)
Subsecretario de Desarrollo Social
México, DF, 24 de octubre de 2002.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención a su oficio No. D.G.P.L. 58-II-5-913 de fecha 29 de abril último, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. DGEP/336/2002 signado por la C. Lic. Ana Silvia Arrocha, directora general de Enlace Parlamentario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como del documento que en el mismo se señala, en relación al punto de acuerdo relativo a implementar programas que establezcan el equilibrio de la flora y fauna, y se fomente la cultura de la conservación de los recursos naturales en la región Izta-Popo, que abarca los estados de Puebla, México y Morelos, presentado por el diputado Víctor León Castañeda.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 9 de octubre del 2002.
Lic. Humberto Aguilar Coronado
Director General de Gobierno de la Secretaría
de Gobernación
Presente
Me permito hacer referencia al punto de acuerdo aprobado por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, relativo a la implementación de programas que restablezcan el equilibrio de la flora y la fauna y el fomento a la cultura de conservación de los recursos naturales en la región Izta-Popo en los estados de Puebla, México y Morelos.
Al respecto, anexo al presente sírvase encontrar copia del oficio Nº UAJ-103/02 emitido por la Comisión Nacional Forestal, recibido en esta oficina el 8 de octubre de 2002 y en el cual se incluye la atención otorgada a dicho punto de acuerdo dentro del ámbito de competencia de esa Comisión, con el fin de solicitarle de la manera más atenta, se sirva hacer llegar dicha documentación a las instancias correspondientes del H. Congreso de la Unión.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Ana Silvia Arrocha (rúbrica)
Directora General de Enlace Parlamentario
Lic. Roberto López Izquierdo
Secretario Técnico
Semarnat
Presente
Por el presente acuso copia de recibido del volante referido al rubro, por el cual nos hace saber de los oficios en él señalados relativos al punto de acuerdo aprobado por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en sesión del día 29 de abril de 2002, relativos a la implementación de programas que restablezcan el equilibrio de la flora y la fauna y el fomento a la cultura de conservación de los recursos naturales en la región Izta-Popo en los estados de Puebla, México y Morelos.
Respecto al Programa Integral de Manejo de los Recursos Naturales del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.
En el estado de Puebla estamos participando en la conformación de los programas municipales forestales, en los que se conjuntan recursos de Conafor, Profepa y ayuntamientos del estado.
En la zona metropolitana, en colaboración con Profepa, se presentaron los programas de Conafor en la región.
En el estado de Puebla.
En 2002 se tienen solicitudes Prodefor para la realización de 4 cursos taller a 135 personas en materia de incendios, documentación y tratamiento silvícola, un proyecto de transferencia de tecnología para la elaboración de carbón con tecnologías apropiadas, así como 8 proyectos en igual número de predios forestales para la limpia de desperdicios. Todo lo anterior tiene una solicitud de subsidios por más de 500 mil pesos.
Conjuntamente con el INIFAP se llevará a cabo el proyecto de investigación en el Campo Experimental de San Juan Tetla "Manejo de microcuencas forestales para la producción de agua" con una inversión prevista de 1.5 millones de pesos.
Para el presente año se reforestarán 950 hectáreas, de ellas 500 se localizan en el Parque Nacional.
En la región de Texcoco se hizo entrega de las órdenes de pago del Prodefor a los beneficiarios que cumplieron con los requisitos de las Reglas de Operación de dichos programas.
Para el Prodefor 2002, el pasado 26 de junio se lanzó la respectiva convocatoria, por lo que se espera que se presenten propuestas para estudios de ecoturismo y diversificación productiva.
En los estados de México y Morelos.
En asuntos de prevención y combate de incendios no hemos participado por ser una actividad que apenas nos va a ser transferida y aún es competencia de la Semarnat.
Promoción para el aprovechamiento de resina.
Se han diagnosticado cerca de 3,000 hectáreas y tratado 16 con plagas y enfermedades.
Incorporando al manejo forestal sustentable la superficie comprendida en el área natural protegida y su zona de influencia.
Participando con los tres niveles de gobierno, mediante la formación de consejos forestales municipales y/o regionales.
Actualmente se está promoviendo la creación de la Unión de Ejidos Forestales del Izta-Popo.
Mediante la promoción de los mecanismos para que los dueños y propietarios de los recursos forestales asciendan a la categoría de productor, permitiéndoles aplicar un valor agregado a la madera.
Sin otro particular, quedo de usted.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Zapopan, Jalisco, a 23 de mayo de 2002.
"2002, Año Internacional de las Montañas"
Dr. Mauricio Limón Aguirre (rúbrica)
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos
México, DF, a 30 de octubre de 2002.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 58-II-4-594, de fecha 6 de diciembre de 2001, con el presente les acompaño copia del similar número FOO. 1033, signado por el C. Ernesto Enkerlin Hoeflich, Presidente de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el que remite información relacionada con el punto de acuerdo para que se declare área natural protegida la zona conocida como "Xcacel-Xcacelito", bajo la categoría de santuario de tortuga marina, en el estado de Quintana Roo, promovido por el diputado Bernardo de la Garza Herrera.
Lo que hago de su conocimiento para los fines que estimen procedentes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Ciudad de México, a 11 de octubre de 2002.
Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Con relación al exhorto de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para declarar como área natural protegida la zona conocida como Xcacel-Xcacelito en Quintana Roo, bajo la categoría de santuario, me permito manifestarle lo siguiente:
El decreto de un área natural protegida federal bajo cualquiera de sus categorías requiere de la anuencia por escrito de los propietarios y legítimos poseedores de la tierra. En este caso, la tenencia de la tierra de la zona propuesta no cuenta con certidumbre jurídica dado que existe un problema legal entre el gobierno del estado de Quintana Roo y propietarios privados, que escapa a las atribuciones y mandato de esta Comisión.
Cabe señalar que el instrumento de decreto de un área natural protegida a nivel federal debe verse como la herramienta toral de conservación y como uno de los instrumentos más poderosos de la política ambiental, mas no como una solución a problemas de tenencia de la tierra, sobre todo en casos como el que actualmente nos concierne, donde existe ya un instrumento jurídico, es decir, un decreto estatal, para proteger a las tortugas de la zona. Más que decretar un amplio santuario federal, se sugiere se consolide y aplique el decreto estatal existente.
Sin más por el momento me despido de usted enviándole un saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ernesto Enkerlin Hoeflich (rúbrica)
Presidente de la Comisión Nacional de Areas Naturales
Protegidas
QUE REFORMA LOS ARTICULOS 12 Y 31 DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO DAVILA MONTESINOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos diputados de la LVIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 70, 71, y 73, fracción X, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del H. Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 12 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Exposición de Motivos
Hemos señalado en diferentes foros la falta de equidad en la asignación de tarifas eléctricas por parte de la Junta de Gobierno que toma como base la media aritmética durante el día, situación a todas luces injusta para los ciudadanos de climas extremos y de humedad sofocante para quienes lo correcto sería una media ponderada por el número de horas con temperaturas calcinantes.
Asimismo se ha dicho con justicia, que al carecer la Comisión Federal de Electricidad de los equipos necesarios para una adecuada medición de temperaturas toma como base las mediciones que la Conagua y la CILA realizan como un trabajo adicional y distinto para lo que son instalados y ubicados sus equipos de medición, ya que como todos sabemos, dichos equipos en la mayoría de los casos se ubican en los ríos, presas y áreas arboladas en razón de que es otra su función y que la temperatura que ellos registran, varía en varios grados centígrados la temperatura en que viven los habitantes de las ciudades, con el lógico perjuicio para los habitantes de que con esas temperaturas les impida tener acceso a otras tarifas con subsidio mayor pero de acuerdo a las condiciones climatológicas en que viven.
Aunado a todo esto y con la justificación de obtener mayores recursos, para que las empresas públicas de energía eléctrica pudieran otorgar un servicio de más calidad y con eficiencia así como para evitar seguir subsidiando a usuarios con mayor consumo de energía y proteger al 75% de la población por ser los de menor ingreso publican un galimatías de decreto el 7 de febrero donde autorizan el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro de energía eléctrica reduciendo el subsidio a las mismas. Amén de crear una nueva tarifa de alto consumo.
Las consideraciones de este acuerdo oficialmente elaborado de manera impecable en cuanto a su orientación y objetivos, distan mucho de la realidad, ya que al analizar el articulado y contrastar las tarifas y rangos anteriores con los autorizados confirman las enormes diferencias que hay y las consecuencias fácilmente predecibles en su operación en la economía de los más amplios sectores de la población como oportunamente lo señalamos, no conforme con lo anterior, el Ejecutivo según su dicho, atendiendo al marcado reclamo popular de las ciudades de climas húmedos y cálidos extremosos expide un nuevo decreto el 8 de abril creando la tarifa 1F, faltando una vez más a la verdad ya que dicha tarifa, lo único que ofrece es reestablecer el segundo rango intermedio de la tarifa 1E que tenía hasta antes del decreto del 7 de febrero.
Por lo que este último acuerdo no resolvió en lo más mínimo el problema de los estados con temperaturas extremas, ya que surtió efecto para 2 ciudades del país únicamente. Prueba de todo lo anterior, es el alto rechazo popular a ambas medidas en casi todo el país, problema que ha ido creciendo y ya son preocupantes las acciones de inconformidad que a lo largo del país se están realizando; la desesperación puede tomar cauces incontrolables, como puede observarse en el norte y sur del país donde han pasado ya en varios lugares, de la protesta pacífica a diversas acciones de movilización.
Hoy la realidad de los recibos hace estragos en las familias mexicanas que viven en climas extremosos, en donde el uso de la energía no es un privilegio tanto en el verano como en el invierno, ese recibo que no admite demagogia, ni cifras manejadas, ha puesto a miles de familias en la disyuntiva de comer o pagar la luz como en el caso de los jubilados y pensionados que con su irrisoria pensión deben de dejar de medio comer o correr el riesgo de que les corten la luz.
Considerandos
1 . Que en el caso de todos los habitantes de las ciudades de climas extremos, es una necesidad el uso de la energía para contar con lo mínimo para tener una vida aceptable y digna, tanto en lo sofocante del verano y sobre todo en lo congelante del invierno, donde ahora el subsidio será todavía menor.
2. Que en el caso de estas regiones son inequitativas las reglas para la asignación de tarifas de uso doméstico por las condiciones climatológicas en que viven.
3. Que los sistemas de medición de temperaturas de la Conagua y la CILA, no reflejan la realidad de las temperaturas que se viven en las colonias.
4. Que como efecto de los consumos mayores por parte de las familias de clase socioeconómica media baja, media y alta, en realidad se ha pagado mucho más en proporción al consumo, lo que también ha repercutido en el pago de mayores proporciones de impuestos y derechos, ya que en casi la totalidad de las ciudades norteñas, el pago del 15% del IVA más el 5% de DAP, aumenta en un 20% la facturación por lo tanto es muy cuestionable definir el esquema tarifario anterior como regresivo.
5. Que en el caso de las ciudades con climas extremosos, la afectación económica que sufrieron los habitantes, derivada del deslizamiento mensual a través del índice anualizado representó durante el último año más de 14%, el triple de la inflación oficial del 2001 y muy superior a los incrementos salariales.
6. Que en el caso de los consumidores de la nueva tarifa DAC son muchas las razones por las que se les puede incluir como tales, y no en todos los casos, por ingresos altos, ya que en el invierno, en estas ciudades es casi el mismo consumo de energía en los hogares para mantener condiciones aceptables de vida ante el crudo invierno.
7. Que los acuerdos publicados el 7 de febrero y el 8 de abril, han puesto en una situación difícil a las familias de menores ingresos y de las clases medias por el incremento de las tarifas eléctricas, causándoles un gran impacto tanto económico como social en las regiones de climas extremosos, ya que el porcentaje del salario que destinan para el pago de luz es sustancialmente mayor al que destinan en otras regiones del país.
8. Porque como parte importante de nuestra función es la de ser, la Cámara de Diputados, la auténtica representación popular, responsable de cuidar los intereses de nuestros representados, proponemos a esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
Decreto por el que se reforman los artículos 12 Y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Artículo Primero. Se reforma el artículo 12 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue:
La Junta de Gobierno deberá:
II. .......
III. .......
IV. .......
V. .......
VI. Acordar el ajuste, modificación o reestructuración de las tarifas en los casos de emergencia previstos en el artículo 31.
VII. Aprobar y presentar oportunamente a la Cámara de Diputados la propuesta anual para la aplicación de las tarifas.
El Congreso de la Unión fijará anualmente en la Ley de Ingresos las tarifas aplicables a la prestación del servicio público de energía eléctrica, atendiendo a las necesidades financieras de las empresas públicas que lo prestan; a los requerimientos de ampliación del servicio y a la racionalización del consumo de energía. Igualmente establecerá los criterios y los rangos de las variaciones aplicables a dichas tarifas por parte de la Comisión Federal de Electricidad para la prestación del servicio en horas de demanda máxima, demanda mínima o las aplicables a una combinación de ambas.
La Comisión Federal de Electricidad deberá presentar a la Cámara de Diputados su propuesta anual para el establecimiento de tarifas a más tardar el 15 de noviembre de cada año. Para la fijación definitiva de las tarifas la Comisión correspondiente de la Cámara de Diputados realizará las consultas necesarias con la Secretaría de Energía y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Comisión Federal de Electricidad deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta de las necesidades de subsidios al consumo de energía eléctrica para los consumidores domésticos que por razones de su situación económica o ubicación geográfica lo requieran. Esta propuesta deberá acompañarse al proyecto de establecimiento de tarifas que se presente ante la Cámara de Diputados.
Con el objeto de asignar las tarifas correctas con el subsidio respectivo, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, deberán tomar en cuenta las variaciones y diferencia de temperaturas que reconocen la Conagua y la CILA registradas por sus aparatos de medición en sus lugares de ubicación, con las temperaturas que se registran en las colonias y áreas rurales donde residen los ciudadanos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el proyecto de Egresos, deberá considerar las estimaciones necesarias para cubrir los subsidios indispensables en la prestación de este servicio con cargo al erario público y sin afectar las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, la Cámara de Diputados resolverá lo conducente.
En casos excepcionales la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad podrá acordar el ajuste, modificación o reestructuración de las tarifas que sean necesarios para atender la situación de emergencia, dando cuenta de inmediato a la Cámara de Diputados a fin de que determine lo conducente si se encuentra en sesiones o lo haga en el periodo ordinario inmediato siguiente acordando, en su caso, las modificaciones a la Ley de Ingresos que deben realizarse.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Por única ocasión, este decreto considera el 30 de noviembre de 2002 como fecha límite para la presentación al Congreso de las propuestas respectivas.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Cualesquiera menciones que aludan a la facultad que anteriormente se concedía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fijar las tarifas se entenderán referidas al Congreso de la Unión.
Cuarto. Queda sin efecto los ajustes tarifarios efectuados durante el presente año y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero y el 8 de abril de 2002. La Comisión Federal de Electricidad seguirá aplicando las tarifas que regían con anterioridad a dichos ajustes hasta que entren en vigor las nuevas tarifas dictaminadas en los términos del presente decreto.
Diputados: Marco Antonio Dávila Montesinos
(rúbrica), Eduardo Andrade Sánchez.
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 40 numeral 2, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión somete a la consideración de la Asamblea el presente proyecto de Decreto para posponer la aprobación del dictamen y la entrega de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", de conformidad con los siguientes
ANTECEDENTES
1. El 20 de diciembre de 2000 se presentó ante la Cámara de Diputados la proposición con Punto de Acuerdo para que se reactive la entrega de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri".
2. Dicha proposición fue turnada por la Mesa Directiva para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
3. La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias después de haber sostenido varias sesiones de trabajo presentó ante la Cámara de Diputados, el 25 de abril de 2001, el dictamen con proyecto de Decreto para que la Cámara de Diputados Instituya la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913". Dicho dictamen fue aprobado por el Pleno el mismo día.
4. Una vez instituida la Medalla, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en ejercicio de sus facultades, consideró apropiado proponer al Pleno el proyecto de Decreto que expide el Reglamento de la citada Medalla. Dicho Reglamento se presentó y fue aprobado por la Asamblea en Sesión Ordinaria el día 29 de abril de 2002.
5. Ambas disposiciones legales que norman la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913" disponen que dicha presea deberá ser entregada el 9 de octubre del último año de cada Legislatura, con la salvedad que establece el Reglamento en su Artículo Primero, párrafo segundo, en el sentido de que tal acto puede celebrarse en día distinto.
De acuerdo con lo antecedentes citados, esta Comisión presenta este proyecto de acuerdo con las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. Se considera conveniente extender el plazo de dictamen y entrega de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", dada la importancia de que la Cámara de Diputados otorgue una presea de este rango al ciudadano que se haya distinguido por su aportación a la defensa de la República, a la vigencia del Estado de Derecho, al fortalecimiento de las instituciones o haya participado en movimientos políticos, cívicos o culturales, cuya obra debe ser evaluada, en cuanto a su aportación en la salvaguarda de la libertad y los valores superiores de la Nación, con serenidad y objetividad.
Segunda. Considerando que la difusión del decreto de creación de la Medalla y su convocatoria ha sido insuficiente para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento del mismo, es conveniente ampliar el plazo de dictaminación y entrega debido a que se podría correr el riesgo de no hacer una auténtica consulta a las instituciones y organizaciones de la sociedad. Por ello, es favorable además de ampliar el plazo, que la Cámara de Diputados instrumente un programa efectivo de difusión que subsane el proceso.
Como resultado de los razonamientos antes expuestos, esta Comisión, en uso de sus facultades legales, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
DECRETO PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS EXTIENDA EL PLAZO PARA LA DICTAMINACION Y ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO CIVICO "EDUARDO NERI, LEGISLADORES DE 1913".
Artículo Primero.- Para los efectos de la entrega de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913" que corresponde a la LVIII Legislatura se extiende el plazo, de acuerdo con las siguientes bases
II. La entrega de la presea se realizará en Sesión Solemne de la Cámara de Diputados el día 1° de abril de 2003, con las modalidades previstas en el Decreto de Creación y el Reglamento de la Medalla.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Este Decretoterminará su vigencia una vez que se haya cumplido la entrega de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913" correspondiente a la LVIII Legislatura Federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México D.F., a los cinco días del mes de noviembre de 2002.
Por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:
Diputados: Augusto Gómez Villanueva, Presidente
(rúbrica); Manuel Medellín Milán, secretario (rúbrica);
Sergio R. Vaca Betancourt Bretón, secretario (rúbrica); Miguel
Angel Martínez Cruz, secretario (rúbrica); Cristina Moctezuma
Lule, secretaria (rúbrica); Eduardo Andrade Sánchez (rúbrica);
Manuel Garza González (rúbrica); Gustavo Nabor Ojeda Delgado
(rúbrica); Juan Manuel Martínez Nava (rúbrica); Rafael
Rodríguez Barrera (rúbrica); Jesús Alí de la
Torre; Francisco Javier Chico Goerne Cobián (rúbrica); Luis
Villegas Montes (rúbrica); José de Jesús Hurtado Torres;
José de Jesús López Sandoval (rúbrica); Lorenzo
Rafael Hernández Estrada (rúbrica); Luis Miguel Jerónimo
Barbosa Huerta; Ricardo Moreno Bastida (rúbrica).
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
HONORABLE ASAMBLEA
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, "la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial", presentada por el Diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y 3 transitorio, fracción IV, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 88, cuarto párrafo y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Iniciativa descrita, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 25 de marzo del año dos mil dos, la Presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta al Pleno de la Iniciativa que se presentó por el Diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, del Partido Acción Nacional.
La Iniciativa de referencia, tiene por objeto que en la Ley de Propiedad Industrial vigente, se reforme el artículo 142, así como que se adicionen los artículos 142 BIS, 142 BIS 1, 142 BIS 2, 142 BIS 3, 142 BIS 4, 142 BIS 5, 142 BIS 6 y 142 BIS 7 y las fracciones XXVI y XXVII del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial.
El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite "Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial"
SEGUNDO. Con fecha 31 de agosto de 1999, se derogó la anterior Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por medio del Decreto de fecha 31 de diciembre de 1999 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de septiembre de 1999, el H. Congreso de la Unión expidió la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, misma que en su artículo 3 Transitorio, fracción IV, inciso a) dispone la fusión de las Comisiones de Comercio, de Patrimonio y Fomento Industrial así como la de Artesanías, constituyéndose así la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la actual LVIII Legislatura.
TERCERO.- Que mediante oficio Nº CCFI/001266/
2002, de fecha 25 de marzo del año 2002,
se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial, de la Iniciativa referida con anterioridad.
CUARTO.- Los miembros integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, procedieron al estudio de la Iniciativa turnada y referida con anterioridad.
En razón de lo anterior, es importante partir de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, así como también que dicho organismo se rige por las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, que para el caso que nos ocupa y que tiene por objeto, según lo dispone su artículo 20, fracción III, lo siguiente
Si bien esta legislación en materia de franquicias es ligera, a partir de 1985, fecha en que dio inicio esta figura formalmente, ha permitido el desarrollo sustancial del sector, además de que con el tiempo éstas han evolucionado, lo que ha ocasionado una etapa más de desarrollo, en donde los empresarios mexicanos comienzan a generar franquicias de otros giros de negocios a los que detonaron la industria.
Por lo anterior, se hace indispensable que nuestro derecho mexicano contemple el otorgar certidumbre a quienes deciden utilizar estas formas contractuales como medios idóneos para canalizar sus inversiones, evitando con ello que se cometan abusos hacia las partes que pudiesen verse menos favorecidas por dicha relación jurídica, buscando incluso que las empresas puedan crecer sin tener que comprometer sus recursos propios.Adicionalmente, este sector ha sido capaz de incorporar a personas desempleadas en la medida en que algunas de éstas han visto en las franquicias una oportunidad de incursionar en los negocios al realizar una inversión propia.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que tal y como ya se ha mencionado en los antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Comercio, de Patrimonio y Fomento Industrial, así como la de Artesanías correspondientes a la LVII Legislatura, con fecha 1 de septiembre de 2000, se fusionaron para conformar la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la actual LVIII Legislatura, por lo que ésta es competente para dictaminar la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial en comento.
SEGUNDO. Que según lo establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia de las Comisiones se corresponde con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, consecuentemente la competencia de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial es la otorgada, en lo conducente, a la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo Federal por el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
TERCERO. Para el análisis de la Iniciativa que se somete a dictamen de esta Unidad Legislativa, es indispensable señalar lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, disposición legal en virtud de la cual se establece textualmente lo siguiente:
Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley.
Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo."
III.- Antigüedad de la empresa franquiciante de
origen y, en su caso; franquiciante maestro en el negocio objeto de la
franquicia;
IV.- Derechos de propiedad intelectual que involucra
la franquicia;
V.- Montos y conceptos de los pagos que el firanquiciatario
debe cubrir el franquiciante;
VI.- Tipos de asistencia técnica y servicios
que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario;
VII.- Definición de la zona territorial de operación
de la negociación que explote la franquicia;
VIII.- Derecho del franquiciatario a conceder o no
subfranquicias a terceros y, en su caso, los requisitos que deba cubrir
para hacerlo;
IX.- Obligaciones del franquiciatario respecto de la
información de tipo confidencial que le proporcione el franquiciante,
y
X.- En general las obligaciones y derechos del franquiciatario
que deriven de la celebración del contrato de franquicia.
Es por ello, que aún y cuando el reglamento establece requisitos importantes no debe ir más allá de lo que la propia ley establece, por lo que con el afán de evitar que la escasa regulación permita por un lado que los franquiciantes cometan diversas irregularidades o que otorguen franquicias de manera irregular basándose en contratos que no son del todo adecuados, dejando de lado la asistencia y el apoyo técnico; y por el otro lado, que los franquiciatarios no cumplan con sus obligaciones contractuales, se hace necesario una reforma que perfeccione el marco jurídico existente, sin caer en la sobre regulación, de forma tal que su objetivo es brindar seguridad jurídica a cada una de las partes firmantes.
QUINTO. Es así que atendiendo a la necesidad de actualizar la regulación prevista para las Franquicias, es que se ha denotado que la iniciativa que se dictamina mediante este acto, se realiza en función de los principios que a continuación se señalan:
2.- Establecimiento de límites a estos contratos de franquicia.- En este sentido, se reconoce la necesidad de fijar restricciones a medidas o prácticas que a nuestros días han propiciado injusticias para alguna de las partes o que en su defecto suelen ser desventajosos, como lo es el hecho de que en muchas ocasiones el tener injerencia directa en los actos del franquiciatario que implican en ocasiones la fusión, escisión, transformación, transmisión o gravamen de partes sociales, ha ocasionado que alguna de las partes pierda el patrimonio invertido, sin dejarle además opción a iniciar un nuevo negocio.
Ciertamente la reforma que se propone, permite que el franquiciatario decida la organización y operación de la franquicia en forma libre y en la forma más conveniente a sus intereses, sin menoscabo de los propios intereses de su contraparte.
3.- Establecimiento de remedios a las terminaciones injustificadas o desplazamientos indebidos.- Los integrantes de esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial, coinciden en que uno de los constantes abusos que se llegan a cometer en estos contratos, consiste en el establecimiento de cláusulas leoninas, o el aprovechamiento de la escasa legislación que en la materia existe, que han permitido en muchos casos, al empresario o franquiciante el dar por terminado en cualquier momento estos contratos, reiterando que muchas veces hasta antes de que la contraparte recupere su inversión y no digamos sus ganancias.
Sin dejar de reconocer que internacionalmente existe una tendencia de simplificación relativa a licencia de marcas y en consecuencia a su inscripción, por lo que a futuro pudiera resultar necesario efectuar adecuaciones en esta materia.
SEPTIMO.- De igual manera, esta Unidad Legislativa considera necesarias las adiciones propuestas al ordenamiento legal antes ya citado, en el sentido de que la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, que es el Instituto de Propiedad Industrial, así como es el competente para sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone la Ley y su Reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma; definida como tal por el artículo 6º, fracción IV de dicho ordenamiento legal, deberá ser el organismo facultado que dé constancia de la existencia de marcas registradas materia de franquicias.
Además, de que ante esta dependencia deberá inscribirse el contrato a manera de verificar que se cumplan con los requisitos mínimos listados en ley, previendo con ello que se cometan actos ilícitos o irregularidades en perjuicio de alguna de las partes involucradas.
OCTAVO.- Por otra parte esta Unidad Legislativa, considera conveniente prever si las disposiciones relacionadas con el contrato de franquicia se regularán en el Código de Comercio, ya que se trata de un contrato mercantil cuyo objeto es "la licencia de una marca, materia sí de la Ley de Propiedad Industrial".
Lo anterior en virtud de que el carácter de mercantil del contrato de franquicia se funda en las siguientes consideraciones:
2.- Así mismo, los actos de transmisión y posterior explotación son de empresas previstas en las fracciones V a XI del artículo 75 del Código de Comercio.
RESUELVE
PRIMERO. En términos de los considerandos del presente dictamen, SE REFORMA EL ARTICULO 142, Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 142 BIS, 142 BIS 1, 142 BIS 2, 142 BIS 3, 142 BIS 4, 142 BIS 5, 142 BIS 6 Y 142 BIS 7, ASI COMO LAS FRACCIONES XXVI Y XXVII DEL ARTICULO 213 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, para quedar como sigue:
El franquiciante deberá otorgar al franquiciatario, bajo pena de nulidad, y con por lo menos treinta días de anticipación a la firma del contrato de franquicia, la información técnica, económica y financiera a que se refiere el artículo 65 del Reglamento, la que se denominará Circular de Oferta de Franquicia.
La falta de veracidad en la Circular de Oferta de Franquicia dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato en los términos del párrafo anterior, a exigir del franquiciante el pago de los daños y perjuicios ocasionados. Este podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo sólo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato.
ART. 142 BIS.- El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá inscribirse ante el Instituto para que pueda surtir efectos frente a terceros.
Cualquier controversia que pudiera suscitarse por el incumplimiento del contrato de franquicia deberá someterse a los Tribunales que para el caso sean competentes.
ART. 142 BIS 1.- Sólo podrán ser materia de franquicias las marcas registradas.
ART. 142 BIS 2.- El franquiciante no podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, sino en la medida estrictamente necesaria para garantizar la observancia de los estándares de administración y de imagen de la franquicia.
No obstante lo anterior, el franquiciante no tendrá injerencia en los actos del franquiciatario que implique su fusión, escisión, transformación, modificación de estatutos, transmisión o gravamen de partes sociales, acciones, salvo que dichos actos impliquen la cesión de los derechos derivados del contrato de franquicia.
ART. 142 BIS 3.- El contrato de franquicia se podrá pactar con el carácter de exclusivo o no.
ART. 142 BIS 4.- Todo contrato de franquicia debe cumplir con por lo menos el siguiente contenido y características:
I.- El otorgamiento al franquiciatario del uso o explotación del sistema del franquiciante, así como los derechos de propiedad intelectual que determine el franquiciante para la correcta operación de la franquicia.
II.- Método o formas que utilizará el franquiciante para proporcionar asistencia técnica al franquiciatario;
III.- Derechos y obligaciones de cada una de las partes.
IV.- Operación de la franquicia, haciendo mención del derecho o no de subfranquiciar por parte del franquiciatario
V.- Las condiciones en que se llevará a cabo la publicidad del negocio franquiciado.
VI. - Vigencia del contrato de franquicia otorgado al franquiciatario.
VII.- El territorio o zona geográfica donde operará el franquiciatario
VIII.- Disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores.
IX.- Obligaciones del franquiciatario de suministrar reportes, cuentas y datos del negocio otorgado en franquicia.
X.- Condiciones de supervisión y asesoría que realizará el franquiciante al negocio franquiciado.
XI.- Para el caso de que se establezca la prohibición para el franquiciatario de no dedicarse al término del contrato a una igual o similar al objeto de la franquicia, dicha prohibición no podrá exceder, del término de tres años a partir de la fecha de terminación o rescisión del contrato de franquicia.
XII.- No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato salvo pacto en contrario.
XIII. - No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento las acciones de su empresa, o hacerlo socio de la misma salvo pacto en contrario.
ART. 142 BIS 5.- El firanquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato, y una vez concluido éste la confidencialidad sobre los secretos industriales y en general sobre la información de carácter confidencial de los que hayan tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato.
ART. 142 BIS 6.- El franquiciante y el franquiciatario no podrán dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado por tiempo indefinido, o bien, exista una causa justa para ello. Para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por rescisión deberán ajustarse a las causas o procedimientos convenidas en el contrato.
La terminación anticipada que hagan franquiciante o franquiciatario dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieron pactado en el contrato, o en su lugar a las indemnizaciones por los daños o perjuicios causados.
ART. 142 BIS 7.- El franquiciatario tendrá derecho a que en igualdad de condiciones sea preferido con respecto a terceros en la celebración de un nuevo contrato de franquicia en el territorio otorgado en exclusividad.
ART. 213.- Son infracciones administrativas:
XXVI.- No proporcionar el franquiciatario la información a que se refiere el artículo 65 del Reglamento de esta Ley.
XXVII.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que en su conjunto, permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado.
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "
SEGUNDO. Notifíquese a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados para los efectos legales conducentes.
Palacio Legislativo, a 24 de abril de 2002.
Comisión de Comercio y Fomento Industrial:
Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere (rúbrica),
Presidente; José Ramón Mantilla y González de la Llave
(rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Reyes
Antonio Silva Beltrán, Francisco Agundis Arias (rúbrica),
secretarios; José Bañales Castro (rúbrica), Orlando
Alfonso García Flores, Moisés Alcalde Virgen (rúbrica),
Jaime Salazar Silva, Francisco Javier Ortiz Esquivel (rúbrica),
María Teresa Tapia Bahena (rúbrica), Jorge Urdapilleta Núñez
(rúbrica), Carlos Nicolás Villegas Flores, Samuel Yoselevitz
Fraustro (rúbrica), Miguel Castro Sánchez (rúbrica),
Elías Dip Rame, María Luisa Domínguez Ramírez,
Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Jaime
Hernández González (rúbrica), Julián Luzanilla
Contreras (rúbrica), Hermilo Monroy Pérez (rúbrica),
Manuel Payán Novoa, Roberto Ruiz Angeles (rúbrica), Jorge
Schettino Pérez, Adolfo Zamora Cruz, Miroslava García Suárez
(rúbrica), Rafael Servín Maldonado (rúbrica), Gregorio
Urías Germán, Norma Patricia Riojas Santana (rúbrica).
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA CON UN TERCER PARRAFO EL ARTICULO 25 Y CON UNA FRACCION III EL ARTICULO 31 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la H. Cámara de Diputados, correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Decreto que Reforma el Artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para que los participantes presenten constancia de no adeudo expedida por el IPAB, presentada por el C. Diputado José Antonio Arévalo González, a nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, el 13 de diciembre de 2001, que en ejercicio de la fracción II, del Artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.
La Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con fundamento en los Artículos 39 y 45, párrafo sexto, incisos d, e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los Artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa descrita, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta H. Cámara de Diputados, el día 13 de diciembre de 2001, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al Pleno de la Iniciativa que presentó el C. Diputado José Antonio Arévalo González del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial".
Segundo. Mediante oficio CCFI/001140/2001 de fecha 14 de febrero de 2002, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del contenido de la mencionada Iniciativa.
Tercero. La iniciativa de Decreto considera modificar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para que toda aquella persona que vaya a concursar en adquisiciones, arrendamientos o servicios dentro del Sector Público, deberá presentar un documento expedido por el IPAB que constate que no tiene ningún adeudo con ese organismo.
Cuarto. El legislador establece lo siguiente:
Esta situación fue consecuencia del mal uso que se le dio a la banca (autopréstamos, préstamos sin garantía, y demás acciones fuera de la ley), los bancos comenzaron a quebrar o intentar quebrar uno a uno. Por lo que el gobierno debió intervenir con el dinero de los contribuyentes, para salvar a los bancos y que los dueños no perdieran su capital.
Ahora bien, los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público no son del todo apegados a la honestidad y transparencia que requieren presentar, esto ha traído como consecuencia que la ciudadanía no tenga la plena confianza en este tipo de procedimientos.
En consecuencia, es necesario evitar que aquellos que han demostrado una nula capacidad para administrar financieramente los créditos que se les han otorgado, vuelvan a contraer deudas incobrables, en las que nuevamente saldría a financiarlas el pueblo de México.
Por lo anterior, se requiere modificar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que tenga una mejor normatividad que garantice la transparencia y esclarezca los procedimientos para dar confiabilidad del uso de los recursos públicos.
Artículo 25. ...
La participación de cualquier persona moral o persona física en el procedimiento de este Título Tercero, estará condicionada a que dichas personas presenten ante cualquier entidad del sector público correspondiente, documento original expedido por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, por virtud del cual conste que no tienen obligaciones financieras vencidas ante dicho organismo.
Transitorio
Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Considerando
Primero. Con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.
Segundo. Que es clara la necesidad de transparentar aún más las compras y adquisiciones que hace el gobierno a las empresas privadas.
Tercero. Que el sistema jurídico mexicano debe contemplar disposiciones jurídicas, que obliguen a las personas, tanto físicas como morales, a finalizar las obligaciones que tengan pendientes, con el IPAB, antes de poder contratar con el Gobierno, esto con el fin de evitar la propagación de fraudes de empresas de dudosa confiabilidad crediticia.
Cuarto. Por lo que hace a la propuesta que hace el legislador proponente, de reformar el artículo 25, la que dictamina considera que también es necesario adicionar un texto de referencia en el artículo 31 de esta Ley, mismo que establece los requisitos que deben cumplir aquellos interesados que deseen participar en los concursos efectuados por el Gobierno Federal, de esta manera se conservaría el orden propio de la ley en comento.
Resultando
PRIMERO. Por los considerandos anteriores, los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, presentan a consideración, análisis, debate y, en su caso, aprobación, el siguiente
Decreto por el que se Adiciona al artículo 25 un tercer párrafo, y se adiciona al artículo 31 una fracción III, recorriendo la fracción III) a IV) y así sucesivamente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
ARTICULO UNICO. Se adiciona al artículo 25 un tercer párrafo, y se adiciona al artículo 31 una fracción III, recorriendo la fracción III) a IV), y así sucesivamente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:
Artículo 25. ...
La participación de cualquier persona moral o persona física en el procedimiento de este Título Tercero, estará condicionada a que dichas personas presenten ante cualquier entidad del sector público correspondiente, documento original expedido por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, por virtud del cual conste que no tienen obligaciones financieras que hubiesen significado un costo fiscal.
Artículo 31. ...
III. Presentar documento original expedido por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que conste que no tienen obligaciones financieras que hubiesen significado un costo fiscal.
IV. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato;
V. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;
VI. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes o servicios, acompañados de una traducción simple al español;
VII. Moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo. En los casos de licitación internacional, en que la convocante determine efectuar los pagos a proveedores extranjeros en moneda extranjera, los licitantes nacionales podrán presentar sus proposiciones en la misma moneda extranjera que determine la convocante. No obstante, el pago que se realice en el territorio nacional deberá hacerse en moneda nacional y al tipo de cambio vigente en la fecha en que se haga dicho pago;
VIII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas;
IX. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos de conformidad a lo establecido por el artículo 36 de esta Ley;
X. Descripción completa de los bienes o servicios, o indicación de los sistemas empleados para identificación de los mismos; información específica que requieran respecto a mantenimiento, asistencia técnica y capacitación; relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del contrato; aplicación de normas a que se refiere la fracción VII del artículo 20 de esta Ley; dibujos; cantidades; muestras, y pruebas que se realizarán, así como método para ejecutarlas;
XI. Plazo y condiciones de entrega, así como la indicación del lugar, dentro del territorio nacional, donde deberán efectuarse las entregas;
XII. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, los cuales no deberán limitar la libre participación de los interesados;
XIII. Condiciones de precio y pago, señalando el momento en que se haga exigible el mismo. Tratándose de adquisiciones de bienes muebles, podrá establecerse que el pago se cubra parte en dinero y parte en especie, siempre y cuando el numerario sea mayor, sin perjuicio de las disposiciones relativas de la Ley General de Bienes Nacionales;
XIV. Datos sobre las garantías, así como la indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que se entregará, el que no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato;
XV. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo proveedor, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo a que se refiere el artículo 39 de esta Ley, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará;
XVI. En el caso de contratos abiertos, la información a que alude el artículo 47 de este ordenamiento;
XVIII. La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 60 de esta Ley, y
XIX. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica. El que los licitantes opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación.
Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, arrendamientos o servicios no se le podrá exigir al particular requisitos distintos a los señalados por esta Ley.
Transitorio
Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Notifíquese a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados para los efectos legales conducentes.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de abril de 2002.
Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere (rúbrica),
Presidente; José Ramón Mantilla y González de la Llave
(rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Reyes
Antonio Silva Beltrán, Francisco Agundis Arias (rúbrica),
secretarios; José Bañales Castro (rúbrica), Orlando
Alfonso García Flores (rúbrica), Sergio García Sepúlveda,
Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jaime Salazar Silva (rúbrica),
Francisco Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena (rúbrica),
Jorge Urdapilleta Núñez (rúbrica), Carlos Nicolás
Villegas Flores, Samuel Yoselevitz Fraustro (rúbrica), Miguel Castro
Sánchez, Elías Dip Rame (rúbrica), María Luisa
Domínguez Ramírez, Rubén Benjamín Félix
Hays (rúbrica), Jaime Hernández González, Julián
Luzanilla Contreras, Hermilo Monroy Pérez (rúbrica), Manuel
Payán Novoa, Roberto Ruiz Angeles, Jorge Schettino Pérez,
Adolfo Zamora Cruz, Miroslava García Suárez (rúbrica),
Rafael Servín Maldonado (rúbrica), Gregorio Urías
Germán, Norma Patricia Riojas Santana (rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, DE CULTURA, DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 25 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION
Una de las mayores aspiraciones de la sociedad mexicana del nuevo milenio es, sin duda, la de lograr una educación pública de calidad para todas y todos los mexicanos durante toda la vida, en los términos señalados por el artículo tercero constitucional. Los partidos políticos son fieles portavoces de esta demanda social, fenómeno que se constata en las plataformas políticas con las que compiten por ganar el voto popular. Asimismo, los legisladores queremos ser congruentes con la representación ciudadana, la cual año con año se expresa en múltiples y diversas manifestaciones a las puestas de este Palacio Legislativo, con un reclamo común: elevar los recursos que la federación destina a la educación pública. Maestros, padres de familia, estudiantes, sindicatos, investigadores y todos aquellos actores del proceso educativo coinciden en ello.
La recesión económica definitivamente no debe causar recorte en el presupuesto educativo. Por el contrario, creemos que los tiempos de crisis, son tiempos de invertir más en educación, pues sólo así estaremos mejor preparados para superarla. En efecto, el ambicioso proyecto educativo en el que hemos convenido las mexicanas y los mexicanos, requiere imprescindiblemente de acrecentar los montos de los ramos que conforman el presupuesto destinado a la educación.
Por eso, con el propósito de dar respuesta positiva a esta sentida demanda de la sociedad mexicana, y con fundamento en los numerales 1º y 3º del artículo 39, así como en los artículos 44, 45 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta Soberanía el presente dictamen, fundamentado en los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha del 14 de septiembre de 2000, la Dip. Hortensia Aragón Castillo, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación con objeto de alcanzar un presupuesto federal destinado a la educación equivalente al 8 por ciento del Producto Interno Bruto de México para el año 2006.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la entonces Comisión de Educación Pública, Cultura y Ciencia y Tecnología; y de Presupuesto y Cuenta Pública, fecha previa al acuerdo para la reforma a la Ley General de Congreso de la Unión del 29 de septiembre de 2000, por la cual pasaron a formarse las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos; Cultura; y Ciencia y Tecnología.
3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se instaló el 19 de octubre de 2000 y el día 30 del mismo realizó una reunión plenaria en la que creó subcomisiones para el análisis de los asuntos turnados y la elaboración de anteproyectos de dictamen, entre los cuales, se encontró esta iniciativa.
4. Las comisiones a las que fue turnada la iniciativa ha recibido dos excitativas: la primera, con fecha del 14 de diciembre de 2000, presentada por el Dip. Ramón León Morales, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y la segunda, con fecha del 20 de septiembre de 2001, presentada por el Dip. Manuel Duarte Ramírez, del mismo Grupo Parlamentario. Con motivo de la segunda excitativa, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados exhortó a las comisiones correspondientes a que diesen respuesta para el día 4 de octubre de 2001.
CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA
La exposición de motivos remite al artículo tercero constitucional como el sustento sobre el que el Estado ha creado las instituciones que permiten dar cumplimiento a la garantía de la educación. No obstante, se ha conducido al sistema educativo a una situación delicada que le ha impedido abatir sus rezagos en los distintos niveles y modalidades, y que se agudizan en las entidades más pobres del país. La comparación con países desarrollados evidencia la enorme disparidad competitiva que tenemos en desventaja con éstos.
Considera que el crecimiento de la matrícula al que hacen referencia los informes de gobierno, "no refleja el fenómeno de la constante expulsión de miles de educandos, de un nivel a otro, ni reconoce que sólo una parte muy pequeña de la población tienen acceso a la educación superior. Tampoco registra los problemas de calidad y pertinencia de la educación".
Señala la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, el cual, desde 1982, ha perdido el 57.7 por ciento, por lo que, más de la mitad de ellos tienen que trabajar en una segunda plaza o en otra actividad que les permita completar un ingreso para el sustento familiar. Destaca el dato de que el 25 por ciento de los profesores son interinos. Hay que considerar también que las condiciones en las que se tiene que realizar su ejercicio docente son, en muchas ocasiones, inadecuadas para la enseñanza. "Estas condiciones -dice la exposición de motivos-, repercuten en su desempeño profesional y en la calidad de la enseñanza que imparten".
Asevera que, aunque en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Desarrollo Educativo de la administración anterior se caracterizó a la educación como la más alta prioridad, "ello no se vio reflejado en las finanzas públicas? La baja presupuestal durante el gobierno de Ernesto Zedillo impidió el abatimiento de los rezagos y el cumplimiento de las metas".
Atribuye la huelga estudiantil de la UNAM a "la escasez de recursos en que se debaten las instituciones públicas de educación superior, pues asegura que hay "algunos estudios especializados" han demostrado que hay disminuciones en el gasto de educación media superior y superior de 1994 a 1998.
Los problemas señalados anteriormente, están relacionados, argumenta, con el financiamiento educativo. Por lo que demanda al Estado a asumir un compromiso creciente con el sostenimiento de la tarea educativa, con independencia de la inversión estatal y municipal que se realice en los próximos años.
Cita el compromiso de campaña del Presidente Vicente Fox Quesada ante el Comité Nacional de Acción Política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuando dijo:
Reconocer las dificultades presupuestales que conllevaría su aprobación, pero apela a "reorientar varios renglones de la política económica y presupuestal", tales como: el pago de la deuda pública interna y externa; el financiamiento de la deuda contraída por el IPAB; "la estrategia de rescate a empresas privadas que han asumido actividades públicas; el gasto superfluo e innecesario en varias dependencias de gobierno; y una política fiscal regresiva". Recursos que, se deduce, serían, en unos casos, presupuestados como gasto público programable en los ramos destinados a educación, en lugar de destinarse al gasto público no programable; otros recursos provendrían de la resignación de recursos dentro del propio gasto programable; y, otros más, serían resultado de una reforma fiscal que generara mayores ingresos.
Propone que, de manera complementaria, la Cámara de Diputados aprobaría anualmente "los renglones del gasto a los que se destinarían los incrementos propuestos, en consulta con los sectores involucrados".
VALORACIÓN DE LA INICIATIVA
La fracción 25 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al H. Congreso de la Unión a "dictaminar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los estados y los municipios, el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público?", fundamento por el cual esta iniciativa se encuentra plenamente sustentada por nuestra Carta Magna, en cuanto a que esta Soberanía pueda demandar al Ejecutivo los recursos que considere necesarios para brindar los servicios educativos que requiere el país.
En la referencia que hace la exposición de motivos al Plan Nacional de Desarrollo de sexenio pasado, hay que considerar también que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se postula a la educación "como columna vertebral del desarrollo", por lo que, asegura, se impulsará una "revolución educativa" que permita a México elevar su competitividad ante el mundo, "así como la capacidad de todos los mexicanos para tener acceso a mejores niveles de calidad de vida", proyecto que también crea expectativas de que se asignen recursos significativamente crecientes a los ramos educativos presupuestales.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el numeral XIV del artículo 31, señala que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le corresponde: "Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional". Así, reconocemos que es facultad del Ejecutivo presentar el Proyecto de Propuesto de Egresos de la Federación ante esta Soberanía, pero tiene la responsabilidad de considerar la atención a las necesidades educativas de la nación, en congruencia con el alto valor que se le ha dado a la educación como política del desarrollo nacional, por lo que el tratamiento presupuestal debe ser congruente con esta prioridad.
Asimismo, es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, en conformidad con lo que determina el artículo 6º de la Ley de presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, orientar y coordinar la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto de las entidades que queden ubicadas en el sector bajo su coordinación, quedando explícito en esta mismo ley, por lo que determina en el artículo 15, según el cual, "el Presupuesto de Egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, para expresar, durante el periodo de un año a partir del 1º de enero, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que en el propio presupuesto se señalen".
La iniciativa hace referencia a la recomendación que hace la UNESCO para que los países en vías de desarrollo destinen a la educación recursos crecientes. Cabe señalar que México signó con la UNESCO el compromiso de destinar a la educación, según se constata en el documento titulado PROYECTO principal de Educación en América Latina y El Caribe, el cual recoge el trabajo de conferencias de países miembros de la UNESCO entre 1979 y 1981, y entre los requisitos para el logro de sus objetivos señala: "Destinar a la educación presupuestos que lleguen a constituir gradualmente hasta el 7 u 8% del Producto Nacional Bruto".
Precisamente, entre los Marcos de Acción Regionales de la Conferencia de la UNESCO de Dakar, en la Declaración de Recife de los Países del Grupo E - 9, aprobada entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 2000, en la reunión de ministros de educación y representantes de este grupo, del cual México forma parte, éstos consignaron el siguiente compromiso: "Deseamos fortalecer nuestra resolución de continuar aumentado las asignaciones de recursos para la EDUCACIÓN PARA TODOS, a nivel del gobierno nacional hasta los organismos provinciales, estatales y locales, y recabando el apoyo de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, así como la industria y el comercio con miras a que contribuyan a la EDUCACIÓN PARA TODOS y a que participen en ella".
Además, la aprobación de la iniciativa contribuiría, efectivamente, a establecer un marco legal que favoreciera el cumplimiento de las expectativas creadas durante su campaña por el presidente Vicente Fox Quesada, tal como se comprometió ante los maestros del país en la ocasión en que señala la exposición de motivos. Habría que agregar que en esa ocasión, el entonces candidato Vicente Fox Quesada, dijo lo siguiente: "?es un compromiso firme, que adquiero delante de todos ustedes, de hacer de la educación la columna vertebral del proyecto de gobierno que está por empezar? a la que se le asigne todo el presupuesto necesario, tenga lo que tenga que hacerse. Habremos de asegurar este avance del 5 al 8 por ciento del Producto Interno Bruto a través de una reforma fiscal integral, que, sin aumentar las tasas impositivas, aumento el ingreso del Estado? Y ratifico mi compromiso de conectar todo el ingreso del petróleo y de PEMEX directamente al sistema de educación pública nacional, laica y gratuita? Todo recursos adicional por la vía de reforma fiscal, por la vía del ahorro al interior del gobierno, por la vía del ingreso del petróleo o de PEMEX, lo vamos a conectar directamente al sistema de educación pública nacional". Declaraciones como la citada, no cabe duda, constituyen un bono de confianza que hacen creer factible la instrumentalización de medidas fiscales, administrativas y presupuestales que permitan dar cumplimiento a la reforma propuesta por esta iniciativa.
Los periodos temporales propuestos por la iniciativa para ir incrementado anualmente recursos equivalentes a un punto porcentual de PIB, resultan desfasados por la evidente razón de que se trató de una propuesta previa a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2001. No obstante, proponemos resolver este problema, dejando abierta la reforma para que se cumpla en un periodo de tiempo no limitativo.
La iniciativa no considera los aspectos condicionantes de la Ley de Ingresos -con el principio de anualidad y las variables eventuales contingentes que le caracterizan- , para que efectivamente sea factible un egreso por un monto como el requerido. Tampoco considera que el proyecto de presupuesto que recibe la Cámara de Diputados, además de estar acotado por ingresos estimados limitados, responde a un conjunto de compromisos que en cada ramo es necesario cumplir, por lo que muy difícilmente permite reasignar recursos de un ramo a otro. La realidad es que el Poder Legislativo no puede disponer a su antojo de los recursos propuestos por el Ejecutivo para signarlos a su libre criterio.
Sin embargo, esta es una situación presente, que no obsta para que en el mediano o largo plazo pueda resolverse este inconveniente, por lo que la iniciativa no pierda la fuerza de su propuesta, aun cuando la coyuntura actual no favorezca en este momento su cumplimiento. Dicho de otro modo, el principio de la federación destine recursos a la educación que sean equivalentes a 8 por ciento del producto interno bruto del país es suscribible, es necesario y es imperativo, por lo que debe quedar explícito en la ley. Y será responsabilidad del Ejecutivo de la Federación, planear e instrumentar las medidas conducentes que permitan su cumplimiento.
Por las razones enumeradas anteriormente, estas comisiones someten a la consideración del pleno de esta Soberanía el siguiente
DECRETO
ÚNICO.- Se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas.
Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad.
El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos.
En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Para dar cabal cumplimiento a esta disposición, los presupuestos del Estado, contemplarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en el año 2006, recursos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto que mandata la presente reforma.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2002.
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos:
Diputados: Enrique Meléndez Pérez, Presidente (rúbrica); Jorge Luis García Vera, secretario (rúbrica); Alonso Vicente Díaz, secretario; Oscar Ochoa Patrón, secretario; Miguel Bortolini Castillo, secretario (rúbrica); Rosa Elena Baduy Isaac (rúbrica); Norma Enriqueta Basilio Sotelo (rúbrica); Juan Nicolás Callejas Arrollo (rúbrica); Cutberto Cantorán Espinosa (rúbrica); José Manuel Correa Ceseña (rúbrica); Miguel Angel Donaciano Moreno Tello (rúbrica); José Ramírez Gamero (rúbrica); Gerardo Sosa Castelán; Olga Margarita Uriarte Rico (rúbrica); Celita Trinidad Alamilla Padrón; Luis Artemio Aldana Burgos; Silvia Alvarez Bruneliere; José Carlos Luna Salas; Héctor Méndez Alarcón; Eduardo Rivera Pérez; Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez; José María Tejeda Vázquez; Fernando Ugalde Cardona; María Isabel Velasco Ramos; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica); Ramón León Morales (rúbrica); Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica); José del Carmen Soberanis González (rúbrica); María Cristina Moctezuma Lule (rúbrica); Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas (rúbrica); Bertha Alicia Simental García.
Comisión de Cultura:
Diputados: José Manuel Correa Ceseña (rúbrica); Cutberto Cantoran Espinoza (rúbrica); Celita Trinidad Alamilla Padrón; Oscar Romero Maldonado; Elías Martínez Rufino (rúbrica); Juan Alcocer Flores (rúbrica); Benjamín Ayala Velázquez (rúbrica); Celestino Bailón Guerrero (rúbrica); Rafael Barrón Romero (rúbrica); María Teresa Campoy Ruy (rúbrica); Florentino Castro López (rúbrica); María Elena Chapa Hernández (rúbrica); Manuel Duarte Ramírez (rúbrica); Uuc-kib Espadas Ancona (rúbrica); Roberto Javier Fuentes Domínguez (rúbrica); Concepción González Molina (rúbrica); Justino Hernández Hilaria (rúbrica); Jorge Alberto Lara Rivera; Esther López Cruz (rúbrica); Gregorio Arturo Meza de la Rosa; Rodrigo David Mireles Pérez; Miguel Angel Donaciano Moreno Tello (rúbrica); Luis Gerardo Rubio Valdés; Verónica Sada Pérez; Luis Fernando Sánchez Nava; Mario Sandoval Silvera; Bertha Alicia Simental García (rúbrica); Alfonso Vicente Díaz; Joel Vilche Mares; Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas (rúbrica).
Comisión de Ciencia y Tecnología:
Diputados: Silvia Alvarez Bruneliere, PAN; Aarón Irízar López (rúbrica), PRI; Gerardo Sosa Castelán (rúbrica), PRI; Luis Aldana Burgos (rúbrica), PAN; Francisco Patiño Cardona (rúbrica), PRD; José Marcos Aguilar Moreno, PAN; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), PRD; Jorge Carlos Berlín Montero (rúbrica), PRI; Diego Cobo Terrazas (rúbrica), PVEM; Roberto Domínguez Castellanos (rúbrica), PRI; Armando Enríquez Flores, PAN; Sergio García Sepúlveda, PAN; Silverio López Magallanes (rúbrica), PRI; Beatriz Patricia Lorenzo Juárez (rúbrica), PAS; José Carlos Luna Salas, PAN; Oscar R. Maldonado Domínguez, PAN; Humberto Mayans Canabal (rúbrica), PRD; Angel Artemio Meixueiro González (rúbrica), PRI; Enrique Meléndez Pérez (rúbrica), PAN; Gerardo Morales Barragán, PAN; María del Rosario Oroz Ibarra (rúbrica), PRI; José Rivera Carranza, PAN; Luis Gerardo Rubio Valdez (rúbrica), PRI; Jorge Schettino Pérez (rúbrica), PRI; Mónica Leticia Serrano Peña, PAN; José María Tejeda Vázquez, PAN; Fernando Ugalde Cardona, PAN; Armín José Valdés Torres (rúbrica), PRI.
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública:
Diputados: Luis Alberto Pazos de la Torre, Guillermo
Hopkins Gámez (rúbrica), Abel Trejo González (rúbrica),
Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Tomás Torres
Mercado (rúbrica), Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica),
Félix Castellanos Hernández (rúbrica), Moisés
Alcalde Virgen, Jaime Alcántara Silva (rúbrica), José
Carlos Borunda Zaragoza, Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica),
Abel Ignacio Cuevas Melo, Roberto Domínguez Castellanos (rúbrica),
Abelardo Prieto Escobar, Vìctor Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica),
Marcelo García Morales (rúbrica), Miroslava García
Suárez (rúbrica), Raúl Homero González Villalba
(rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Julián
Hernández Santillán, Fernando Herrera Avila, Juan Manuel
Martínez Nava (rúbrica), César Alejandro Monraz Sustaita,
José María Eugenio Núñez Murillo, David Penchyna
Grub (rúbrica), Marcos Pérez Esquer, Roberto Preciado Cuevas
(rúbrica), Jaime Salazar Silva, Gregorio Urías Germán
(rúbrica), Simón Iván Villar Martínez (rúbrica).
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA LA REVISION Y SOLUCION INMEDIATA DE LA PROBLEMATICA AMBIENTAL DE LA PLAYA LAS LUPITAS, EN LA BAHIA DE TEACAPAN, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que realicen las diligencias necesarias a fin de controlar los problemas ambientales en Teacapán, Sinaloa, presentada por el Diputado Concepción Salazar González del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Antecedentes
1.- En la sesión pública del Pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 11 de diciembre de dos mil uno, el Diputado Concepción Salazar González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se propone:
Segundo.- Se mandata a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que actúen conforme a lo establecido a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que se realice la restauración ecológica y se aplique lo que a derecho corresponda a los responsables de las modificaciones y alteraciones a los ecosistemas costeros en Teacapán, Sinaloa, y poder revertir con ello, el daño ecológico producido en esta zona.
Tercero.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente establezca un programa de inspección y vigilancia permanente que permita frenar el desorden que existe en las playas mexicanas para que los fraccionadores, empresarios hoteleros y los propietarios privados cuenten con las autorizaciones respectivas en materia de impacto ambiental y no estén privatizando o invadiendo superficie que corresponda a la zona federal marítimo terrestre.
Con fundamento en los artículos 39 y 45, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la Propuesta con Punto de Acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las siguientes:
Consideraciones
1º.- A pesar de la privilegiada situación de la zona costera mexicana, existe en nuestro país un notable rezago en el conocimiento, aprovechamiento y manejo adecuado de los recursos naturales.
2º.- En las zonas costeras mexicanas se realizan diversas actividades con gran potencial de desarrollo, las cuales impactan en mayor o menor medida al ambiente, entre las que destacan las siguientes:
No obstante el potencial económico de la actividad y su relativamente bajo impacto ambiental, la misma no está exenta de provocar impactos negativos sobre la población y el ambiente; las experiencias conocidas en Acapulco y Cancún, muestran que las formas en las que se ha conducido el desarrollo de la actividad distan mucho de un adecuado manejo ambiental.
Un ejemplo de ello es la problemática que se presenta en el Estado de Sinaloa el cual, por su ubicación geográfica, se ha convertido en un privilegiado destino turístico, donde la sierra y la costa enmarcan la belleza de sus múltiples atractivos culturales y recursos naturales.
Sinaloa se ubica en el Noroeste del país, su superficie es de 58,092 kilómetros cuadrados, con 608 kilómetros cuadrados de superficie insular, 17,751 kilómetros cuadrados de plataforma continental o parte sumergida, 656 kilómetros de litoral, 221,600 hectáreas de lagunas litorales y 57,000 hectáreas de aguas continentales.
La mayor oferta de servicios en lugares de interés turístico se presenta en la zona sur del Estado, integrado por siete municipios: Mazatlán, Concordia, Rosario, Escuinapa, Elota, Consalá y San Ignacio.
A 30 kilómetros al sudoeste de Escuinapa y a 98 kilómetros de Mazatlán se localizan las playas de Teacapán, un puerto de pescadores, con una rica producción de mango y camarón, consideradas como la principal fuente de ingresos para los habitantes del área.
La región comprende la zona estuaria más extensa del mundo con 80 kilómetros al sur, misma que forma interesantes laberintos con un ambiente tropical único. Entre los manglares se puede observar la Isla de Pájaros, la cual es un santuario para diferentes especies de aves.
Las playas de Teacapán están consideradas como las más seductoras y vírgenes de Sinaloa. Las Lupitas, La Tambora, Las Cabras y Los Angeles son las playas que por su incomparable belleza y tranquilidad cautivan a sus visitantes. Esta área es una de las reservas ecológicas más importantes del noroeste mexicano por su abundante flora y fauna, aquí habitan diversos tipos de aves entre las que destacan garzas blancas y rosas, patos canadienses y pichihuilas; además existe una gran cantidad de animales silvestres, venado, gato montés, tigrillo y jabalí entre otros.
4º.- No obstante lo referido en el numeral anterior, en la playa Las Lupitas, desde hace un par de años, algunos empresarios y particulares han explotado este atractivo turístico, pero desafortunadamente las acciones que han realizado han afectado severamente al ambiente, a los ecosistemas marinos y a la población aledaña, modificado drásticamente el paisaje del lugar.
5º.- La problemática que se presenta en la zona es la siguiente:
Así pues, se han dado las siguientes acciones por la comunidad:
b) El 22 de octubre de 1999, la presidencia municipal de Escuinapa expone ante Delegación Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lo siguiente:
En diversos predios y fraccionamientos ubicados en la zona de Teacapán se presentan las siguientes irregularidades:
Con la finalidad de nivelar algunos predios y obtener la mayor área vendible, se obstruyeron cañadas naturales y drenes de desfogue de aguas pluviales provenientes de varios kilómetros de extensión territorial, provocando constantes inundaciones en época de lluvias.
Obstrucción al libre paso y servidumbre a las playas utilizado por la comunidad, con la construcción a la entrada de elementos estructurales.
Lotificación en zona federal marítimo terrestre; además, se tiene conocimiento que la venta de éstos se realiza a extranjeros.
Trabajos de rellenos con piedra obstruyendo el libre tránsito por la playa y sobre una cañada natural que permitía el desalojo de aguas pluviales.
Cobro de hasta $50.00 por cada vehículo que ingresa a la playa.
Construcción de escolleras, sin contar con los estudios de impacto ambiental correspondientes.
c) El 2 de febrero de 2001 la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reconoce las siguientes infracciones cometidas y las sanciones emitidas:
Después del conocimiento de este resolutivo los habitantes de la bahía de Teacapán no han recibido ninguna otra información, siguen en su lucha enviando cartas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sin que hasta la fecha tengan respuesta; mientras tanto el deterioro ecológico de la zona empeora día a día sin que las autoridades actúen para solucionar este problema.
7º.- Esta H. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es competente para conocer del presente dictamen, en virtud de que la materia del mismo se corresponde con las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales les confieren a esta dependencia y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
8º.- Asimismo, y ante el eminente daño ambiental que se ha producido en la bahía de Teacapán, municipio de Escuinapa, y a que los pobladores solicitaron se tomen acciones inmediatas en el caso, para que se restablezca el equilibrio ecológico de la zona, como lo garantiza la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, resulta indispensable la intervención de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de exhortar a las autoridades ambientales federales para que ejerzan sus facultades de inspección, vigilancia y sanción contra quien o quienes resulten legalmente responsables. De lo contrario, con las tendencias antes mencionadas el estado de deterioro de esta zona continuará día con día ya que actualmente se siguen observando acciones que atentan contra el medio ambiente en esa área.
De acuerdo con estas consideraciones y ante el inminente daño ambiental que se está dando en la playa Las Lupitas en la bahía de Teacapán, municipio de Escuinapa, Sinaloa, esta Comisión dictaminadora considera necesario someter a consideración del honorable Pleno el siguiente punto de acuerdo
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que procedan a la revisión y a la solución inmediata de la problemática ambiental de la playa Las Lupitas en la bahía de Teacapán, municipio de Escuinapa, Sinaloa, fundamentando tal exhorto en el excesivo plazo de cuatro años en que han incurrido tales autoridades sin dar una respuesta contundente y satisfactoria a la población afectada.
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que actúen conforme a lo establecido a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la restauración ecológica de la zona afectada y se apliquen las sanciones que en derecho corresponda a los responsables de las modificaciones y alteraciones a los ecosistemas costeros en Teacapán, Sinaloa.
Tercero.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que establezca un programa de inspección y vigilancia permanente que permita frenar el desorden que existe en las playas mexicanas, a fin de verificar que los fraccionadores, empresarios hoteleros y los propietarios privados cuenten con las autorizaciones respectivas en materia de impacto ambiental antes, durante y después de iniciados los proyectos de desarrollo respectivos, y respeten las condiciones establecidas en dichas autorizaciones de impacto ambiental, respetando sin invadir ni privatizar las superficies que forman parte de la zona federal marítimo terrestre.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintinueve días del mes de octubre del 2002.
Diputados: Cobo Terrazas Diego (rúbrica),
Presidente; De la Rosa Godoy Jesús (rúbrica), secretario;
Lugo Espinoza Gustavo, secretario; Gutiérrez Machado Miguel Angel
(rúbrica), secretario; Garibay García Jesús (rúbrica),
secretario; Arano Montero Francisco (rúbrica), Ortiz Colín
Donaldo, Bortolini Castillo Miguel, Coheto Martínez Vitálico
Cándido (rúbrica), Cota Montaño Rosa Delia (rúbrica),
Díaz Medina José Manuel, García Sepúlveda Sergio
(rúbrica), Garza Martínez Rómulo (rúbrica),
Gracia Guzmán Raúl, Guillén Torres José María
(rúbrica), Manterola Sainz Pedro (rúbrica), Garza González
Manuel (rúbrica), Nazar Morales José Jacobo (rúbrica),
Pallares Bueno Juan Carlos (rúbrica), Nogueda Ruiz Juan José
(rúbrica), Ponce Contreras Ramón (rúbrica), Ramírez
Agama Rafael (rúbrica), Ramírez Sánchez Rafael (rúbrica),
Rodríguez López Jaime, Sainz Lozano Juan Carlos (rúbrica),
Sicilia Salgado Raúl Efrén (rúbrica), Tejeda Vázquez
José María (rúbrica), Torrijos Mendoza Miguel Angel
(rúbrica), Treviño Gutiérrez Librado, Vidal Pérez
Julio César.
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DEL PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVES DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE, REANUDE EN FORMA INMEDIATA EL PROGRAMA ESPECIAL DE VERIFICACION AMBIENTAL EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RIO COLORADO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales correspondientes a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a:
"Solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, reanude en forma inmediata el programa especial de verificación ambiental en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado".
La presidencia de este H. Organo Legislativo, con fundamento en el artículo 23, fracción 9 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnó a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales dicha proposición, la cual fue analizada y dichos elementos tomados en cuenta para la elaboración del presente documento.
Con fundamento en los artículos 39 y 45, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con Punto de Acuerdo motivo del presente estudio, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con los siguientes antecedentes:
Antecedentes
En sesión celebrada el día 15 de diciembre del 2001 en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el Diputado Bernardo de la Garza a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, "para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, reanude en forma inmediata el programa especial de verificación ambiental en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado".
Consideraciones
Teniendo en cuenta que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 48 se refiere ampliamente a las reservas y a la letra dice " las reservas de la biosfera se constituirán en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente... Que requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción".
El tercer párrafo del mismo artículo establece que: "en las propias reservas deberá determinarse la superficie o superficies que protejan la zona núcleo del impacto exterior, que serán conceptuadas como zonas de amortiguamiento, en donde sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos del decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y expida, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables".
Además, sin dejar de tomar en cuenta que el artículo 81 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Areas Naturales Protegidas a la letra dice "En las áreas naturales protegidas sólo se podrá realizar aprovechamiento de recursos naturales que generen beneficios para los pobladores que ahí habiten y que sean acordes con los esquemas de desarrollo sustentable, la declaratoria respectiva, su programa de manejo, los programas de ordenamiento ecológico, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables".
El mismo Reglamento de Areas Naturales Protegidas (artículo 81) establece que en las reservas sólo se podrán desarrollar aprovechamiento pesqueros siempre y cuando:
2) El volumen de pesca incidental no sea mayor que el volumen de la especie objeto de aprovechamiento, ni implique la captura incidental de especies consideradas en riesgo por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
2) Algunas de estas especies son endémicas, en peligro de extinción y protegidas por la ley, como por ejemplo la totoaba, pez que se encuentra únicamente en el Golfo de California y para el cual el Alto Golfo y Delta del Río Colorado es su zona de reproducción y crianza.
3) Los barcos son propiedad y son operados por personas de comunidades fuera de la reserva. Organizaciones ambientalistas (Conservación Internacional) calculan que aproximadamente 100 barcos pesqueros originarios de otros puertos pescan dentro de la reserva.
Si bien es cierto que la productividad y diversidad biológica en el delta han disminuido durante el siglo que recién ha acabado, aun así su ecosistema sigue siendo una fuente biológica importante.
Aun cuando las reducciones en la corriente y las construcciones de diques han transformado al delta, las inundaciones, el drenaje agrícola, las aguas residuales municipales y el agua de mar en la zona de las mareas, sigue sosteniendo grandes áreas de pantanos.
El delta sostiene una gran variedad de vida natural, incluyendo
muchas especies amenazadas y en peligro de extinción. La Norma Oficial
Mexicana NOM-059-
ECOL-2001 se refiere a las especies amenazadas y en peligro
de extinción, y enlista las siguientes especies que habitan las
regiones acuáticas y terrestres del delta (Diario Oficial de la
Federación, la cual sale publicada en el Diario Oficial el 10 de
abril del 2002).
El palmoteador de Yuma, también enlistado entre las especies en peligro en Estados Unidos;
El gato montés;
La vaquita, el mamífero marino mas pequeño del mundo, listada como una de las, especies de especial importancia por la Comisión de Mamíferos Marinos de los Estados Unidos.
La totoaba virtualmente extinta, un pez de color azul acero que crece hasta dos metros (7 pies) y pesa hasta 136 kg, y que en algún momento mantuvo una pesquería comercial que cerró en 1975.
Además México lista cinco especies amenazadas: La gaviota de patas amarilla, la gaviota obscura, la gaviota elegante, la garza colorada y el halcón peregrino; tres especies para protección especial: ganso de collar, pinzón casero, y el cenzontle; y una especie rara: la garza morena.
Aunque no ha sido estudiada suficientemente la importancia del delta para las aves migratorias es indiscutible, ya que es el principal pantano de agua dulce de la región.
También se sabe que la composición de especies de árboles es crítica en la selección del hábitat para aves, particularmente en hábitats desiertos. En el Río Colorado bajo, las aves prefieren los bosques de galera de sauce y álamo. Los humedales del delta constituyen el hábitat de varios mamíferos, incluyendo mapaches, murciélagos, coyotes, conejos, ardillas, zorrillos, gato montés, etc. La zona mareal y los hábitats costeros marinos cercanos al Golfo de California también sostienen especies en peligro de extinción e importantes industrias pesqueras.
Por otro lado el plan de manejo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado reconoce que la principal problemática ambiental y amenaza para estas reservas es el deterioro del hábitat, los cambios en la estructura de las comunidades vegetales y animales, la disminución de poblaciones naturales como resultado de las actividades humanas.
Ya que la Reserva tiene una función específica contemplada en la política de México, la legislación ambiental se debe de cumplir sin discrecionalidades.
Por otro lado mantener a los barcos camaroneros fuera de la zona de amortiguamiento es importante, ya que ésta es la única forma en que se puede garantizar la conservación del hábitat para la reproducción, desove y crianza de especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción como son la vaquita marina y la totoaba así como de otras especies de importancia comercial.
También porque es un elemento fundamental para las negociaciones con los pescadores de la Reserva para poner en marcha un programa de recuperación de la vaquita marina, ya que los barcos al entrar a la zona de amortiguamiento, se llevan varias redes de pescadores de la comunidad del Golfo de Santa Clara, la cual se ubica dentro de la Reserva, y legalmente, sólo pueden trabajar aquellas personas que habiten el área.
Asimismo una recomendación que se incluye en la Carta Nacional Pesquera que fue publicada el 28 de agosto del 2000 en el Diario Oficial de la Federación, es el uso de dispositivos excluidores de peces y modificaciones en las redes de arrastre que disminuyan la captura incidental.
Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dictamina, somete a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se establezca de manera definitiva y permanente en las temporadas de camarón el programa especial de verificación ambiental en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del río Colorado.
Segundo.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de la Sagarpa para que atienda al sector pesquero, especialmente a las flotas de Puerto Peñasco y San Felipe, asignándoles una zona exclusiva para realizar sus actividades (al sur del límite de la Reserva), y que no permita la pesca de arrastre dentro de la Reserva.
Tercero.- Que se limite la entrada de los barcos camaroneros fuera de la zona de amortiguamiento, aun utilizando excluidores; esto con el fin de reducir la captura incidental.
Cuarto.- Que se recomienden el uso de dispositivos excluidores de peces y otras modificaciones en las redes de arrastre que disminuyan la captura incidental en las actividades de pesca comercial, como se incluye en la Carta Nacional Pesquera que fue publicada el 28 de agosto del 2000 en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones, México, DF, a 4 de junio del año 2002.
Diputados de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Presidente;
Miguel Angel Gutiérrez Machado (rúbrica), secretario; Gustavo
Lugo Espinoza, secretario; Jesús Garibay García (rúbrica),
secretario; Jesús de la Rosa Godoy (rúbrica), secretario;
Raúl Gracia Guzmán, Ramón Ponce Contreras (rúbrica),
Juan Carlos Sainz Lozano (rúbrica), José María Tejeda
Vázquez (rúbrica), Francisco Arano Montero (rúbrica),
Sergio García Sepúlveda (rúbrica), Rómulo Garza
Martínez (rúbrica), Juan Carlos Pallares Bueno (rúbrica),
Rafael Ramírez Agama (rúbrica), Rafael Ramírez Sánchez
(rúbrica), Miguel Angel Torrijos Mendoza (rúbrica), Librado
Treviño Gutiérrez (rúbrica), José María
Guillén Torres, Pedro Manterola Sainz, José Jacobo Nazar
Morales (rúbrica), José Manuel Díaz Medina (rúbrica),
Héctor Pineda Velázquez (rúbrica), Donaldo Ortiz Colín
(rúbrica), Miguel Bortolini Castillo (rúbrica), Rosa Delia
Cota Montaño (rúbrica), Jaime Rodríguez López,
Manuel Garza González (rúbrica), Julio César Vidal
Pérez (rúbrica), Vitálico Cándido Coheto Martínez
(rúbrica), Raúl Efrén Sicilia Salgado (rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, Y DE ENERGIA, A LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A LA EMISION DE UN DECRETO QUE AMPLIE LA TARIFA DE VERANO EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE, YUCATAN, QUINTANA ROO Y CHIAPAS
Honorable Asamblea:
A las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Energía de esta H. Cámara de Diputados, correspondientes a la LVIll Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal, la emisión de un decreto que amplíe la tarifa de verano, dadas las consecuencias de los fenómenos naturales en los estados de Campeche, Yucatan, Quintana Roo, y Chiapas, presentada el 1 de octubre de 2002, por el C. Diputado Edilberto Jesús Buenfil Montalvo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que en ejercicio de la fracción II, del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.
Las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Energía de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 párrafo sexto incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio fracción IV inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo descrito, al tenor de los siguientes:
Considerandos
Primero. Con base en los antecedentes indicados, las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Energía, con las atribuciones antes señaladas se abocaron a dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia.
Segundo. Que el paso del huracán Isidore afectó a varios municipios del sureste de la República, donde hay por lo menos 300.000 damnificados y daños superiores a 260 millones de dólares.
Tercero. Que los habitantes de diversos municipios, principalmente de los estados de Campeche y Yucatán, perdieron sus casas, granjas, negocios, cultivos, animales, barcos y demás instrumentos para su trabajo y subsistencia, la recuperación de su patrimonio se llevará un largo tiempo, así como el reestablecimiento de los servicios básicos de agua y luz.
Cuarto. Que con fecha 4 de octubre de 2002, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, las Declaratorias de Desastre Natural para 11 municipios de Campeche y 85 de Yucatán, a fin de acceder al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), debido a las lluvias atípicas e impredecibles, que se presentaron del 20 al 25 de septiembre pasado, ocasionadas por el huracán Isidore.
Quinto. Que este Poder Legislativo Federal no puede estar ajeno al sufrimiento de esos mexicanos y debemos ayudar a los miles de damnificados a superar a la brevedad posible los daños causados por el huracán Isidore, con la ampliación de la tarifa eléctrica de verano, lo cual sería un mecanismo complementario de ayuda y apoyo a los habitantes de aquella región.
Resultandos
Primero. Que con base en los considerandos vertidos en el presente Dictamen, se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo del C. Diputado Edilberto Buenfil Montalvo. Por lo que se solicita, al Poder Ejecutivo Federal a que en uso de sus facultades, amplíe la aplicación de la tarifa de consumo de energía eléctrica correspondiente a la época de verano hasta marzo de 2003, en los municipios y localidades de los estados de Campeche y Yucatán, afectados por el paso del huracán Isidore y que fueron declarados zona de desastre por la Secretaría de Gobernación. Lo anterior, sin perjuicio de las demás medidas de apoyo y subsidio que se otorguen a la región para su pronta recuperación económica.
Segundo. Remítase el presente Dictamen a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía, para los efectos a que haya lugar.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de octubre de 2002.
Comisión de Comercio y Fomento Industrial:
Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere (rúbrica), Presidente; José Ramón Mantilla y González de la Llave, Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Reyes Antonio Silva Beltrán (rúbrica), Francisco Agundis Arias (rúbrica), secretarios; José Bañales Castro (rúbrica), Orlando Alfonso García Flores (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jaime Salazar Silva, Francisco Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena (rúbrica), Jorge Urdapilleta Núñez (rúbrica), Carlos Nicolás Villegas Flores (rúbrica), Samuel Yoselevitz Fraustro (rúbrica), Miguel Castro Sánchez, Elías Dip Rame, María Luisa Domínguez Ramírez (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Jaime Hernández González (rúbrica), Julián Luzanilla Contreras, Hermilo Monroy Pérez (rúbrica), Manuel Payán Novoa, Roberto Ruiz Angeles (rúbrica), Jorge Schettino Pérez, Adolfo Zamora Cruz (rúbrica), Miroslava García Suárez, Rafael Servín Maldonado (rúbrica), Gregorio Urías Germán, Norma Patricia Riojas Santana (rúbrica).
Comisión de Energía:
Diputados: Juan Camilo Mouriño Trerrazo
(rúbrica), Roque Joaquín Gracia Sánchez (rúbrica),
Marco Antonio Dávila Montesinos (rúbrica), Noé Navarrete
González (rúbrica), Rosario Tapia Medina (rúbrica),
Jaime Aceves Pérez (rúbrica), Alberto Amador Leal, Manuel
de Jesús Espino Barrientos (rúbrica), Mauricio Enrique Candiani
Galaz (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante (rúbrica),
Javier Julián Castañeda Pomposo (rúbrica), Juan Manuel
Duarte Dávila (rúbrica), Manuel Medellín Milán,
Sara Guadalupe Figuero Canedo (rúbrica), Orlando Alfonso García
Flores (rúbrica), Jesús Garibay García (rúbrica),
Gustavo Adolfo González Balderas (rúbrica), Héctor
González Reza (rúbrica), Humberto Mayans Canabal, Rafael
López Hernández (rúbrica), Marcos Paulino López
Mora (rúbrica), Luis Priego Ortiz, José María Rivera
Cabello (rúbrica), Carlos Antonio Romero Deschamps, Raúl
Efrén Sicilia Salgado (rúbrica), José del Carmen Soberanis
González (rúbrica), Héctor Taboada Contreras (rúbrica),
Jesús Adelfo Taracena Martínez (rúbrica), Rosalía
Peredo Aguilar, Francisco Raúl Ramírez Avila (rúbrica).
DE LA COMISION DE SALUD, DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE CONTEMPLE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION LA ASIGNACION ETIQUETADA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS INFECTADAS POR EL VIH/SIDA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada el 26 de septiembre del 2002, la proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal para que se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación etiquetada de recursos suficientes para la atención a las personas infectadas por el VIH/SIDA presentada en la misma fecha por la C. Diputada María Elena Chapa Hernández, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Antecedentes
1.- En sesión celebrada en fecha 26 de septiembre de 2002 por el Pleno del H. Congreso de la Unión, la diputada María Elena Chapa Hernández, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación de recursos suficientes para la atención a las personas infectadas por el VIH/SIDA.
2.- La Presidencia de la Mesa Directiva, turnó en la misma fecha el Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud para su resolución.
Consideraciones
La solicitud de punto de acuerdo, según lo expuesto en el cuerpo del mismo, tiene como base uno de los más graves problemas de salud que aqueja a la humanidad entera, es sin duda el contagio del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
Efectivamente, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, coincidimos con lo expuesto en la proposición que se atiende en el sentido de que la pandemia que se ha desatado, inicialmente fue entendida como una enfermedad de procedencia inexplicable y de consecuencias fatales, que sólo afectaba a un grupo determinado de personas que compartían ciertos comportamientos considerados de riesgo. Hoy sin embargo, el VIH/SIDA se ha convertido en una enfermedad que afecta la vida de cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Tan es así que a finales del año 2001, en todo el planeta se alcanzó la cifra de 40 millones de personas que viven con VIH/SIDA, de estas, el 90% pertenecen a los países en desarrollo.
Consideramos que la falta de atención médica oportuna, así como el acceso a los tratamientos adecuados y completos para el manejo de la enfermedad, son los problemas que de manera cotidiana los enfermos de SIDA o portadores del virus enfrentan, a pesar de los avances en materia legislativa y de los programas de gobierno que se han venido implementando.
El VIH/SIDA representa una grave amenaza para la humanidad, especialmente para los países y grupos sociales más pobres. Por sus propias características, pone en riesgo la salud pública, la vigencia de los derechos humanos y en general, la posibilidad de alcanzar el desarrollo social. Acorde a lo expuesto en la proposición de referencia consideramos que es indispensable la planeación de estrategias y la regulación de las acciones de prevención y atención que el sector-salud ha puesto en marcha para dar respuesta a las personas que la padecen.
Pese a los esfuerzos de prevención desplegados en el último decenio, las enfermedades de transmisión sexual siguen constituyendo importantes problemas de salud pública en los países desarrollados y en desarrollo, entre éstos México.
Los integrantes de esta Comisión de Salud consideramos importante resaltar los siguientes datos invocados en la proposición con punto de acuerdo que se resuelve, siendo estos los siguientes:
En muchas partes del mundo, el consumo de drogas inyectables es la forma predominante de transmisión del VIH.
La transfusión de sangre o sus derivados infectados por el VIH/SIDA es causa del 5% del total de contagios de adultos por la enfermedad.
En diferentes regiones del mundo se han observado recientemente epidemias explosivas de infección por el VIH/SIDA. Aproximadamente 830 mil niños viven con el VIH/SIDA.
Aproximadamente un 8% de los niños expuestos a quedar huérfanos y desplazados por causa del SIDA, son ellos mismos VIH positivos.
Al menos una cuarta parte de las personas infectadas ignora que lo está.
El desabasto del 20% en medicamentos antirretrovirales, que reconocen el Instituto Mexicano del Seguro Social e ISSSTE para hacer frente a la enfermedad, problema exacerbado por sus crisis financieras y que desata de manera alarmante la disminución de las posibilidades de vida de los pacientes infectados por el VIH/SIDA. Por esta razón consideramos urgente, garantizar el abasto y la atención médica al 100%, de manera permanente; es importante comentar que esta situación se agrava aún más si las personas infectadas con VIH/SIDA no tienen acceso a la seguridad social.
Los integrantes de esta Comisión tenemos conocimiento que actualmente, según datos oficiales, más de 4 mil mexicanos y mexicanas que viven con VIH/SIDA carecen de seguridad social y no cuentan con recursos para el acceso a medicamentos antirretrovirales, y aunque en el Presupuesto de Egresos del 2002 se hizo un gran esfuerzo para cubrir a la mayor cantidad de personas sin derechohabiencia, aun los enfermos de SIDA carecen de la satisfacción a su derecho a la salud. Por esta razón, es urgente la asignación de recursos financieros para el 2003 en este rubro, para que el sector salud suministre los tratamientos que estas personas demandan.
Tomando en cuenta que lo anterior representa un gasto adicional no programado, y coincidiendo con lo expuesto en la Proposición que nos ocupa; se requiere de la aplicación emergente del presupuesto contemplado para ejercerse este mismo año, de hasta por 200 millones de pesos, para satisfacer íntegramente la demanda de servicio y atención médica a los afectados; además de la revisión de los ordenamientos jurídicos acordes con las estrategias de combate a la epidemia y con la atención a sus efectos económicos y sociales; por lo anterior y considerando:
Que la infección del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se ha incrementado considerablemente en los últimos años, tanto en hombres como en mujeres y menores de edad, a pesar de los avances científicos, representando una sería amenaza para la salud y la vida de todas las personas.
Que la infección del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se ha incrementado considerablemente en los últimos años, tanto en hombres como en mujeres y menores de edad, a pesar de los avances científicos, representando una seria amenaza para la salud y la vida de todas las personas.
Que si se deja que el VIH siga su curso natural, causará una devastación de una magnitud sin precedentes.
Que la vulneración de los derechos fundamentales de las personas portadoras del VIH y que padecen el SIDA, son cada vez más frecuentes, debido al temor infundado hacia las formas de transmisión del virus y a la falta de seguridad social para éstas, que garanticen su atención médica.
Que el acceso a medicamentos antirretrovirales disminuye en 44% la mortalidad, 35% los costos de hospitalización y prolonga la vida en 8 años.
Que para enfrentar la epidemia con posibilidades de éxito, se deben considerar, entre otros, los aspectos éticos, jurídicos, educativos, presupuestales y de generación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
Que es necesario regular las conductas, acciones, actividades y procedimientos para la promoción de la prevención, asistencia y control de la infección por VIH/SIDA.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 45 numeral 6 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión dictaminadora emite los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero.- Se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la asignación etiquetada de recursos suficientes para la atención a las personas infectadas por el VIH/SIDA a las Dependencias de la Administración Pública que integran el Sector Salud y a las Instituciones de Seguridad Social con la finalidad de que puedan hacer frente al desabasto de medicamentos y a la falta de acceso a la atención médica a pacientes afectados.
Segundo.- Se solicite al Ejecutivo federal instruya a las dependencias del Sector Salud, para que en todos los niveles de gobierno se brinde atención a los enfermos de SIDA e infectados con el VIH a través de un fondo emergente de cuando menos 200 millones de pesos.
Así lo acordaron y firmaron los diputados integrantes de esta Comisión de Salud.
Diputados: María Eugenia Galván Antillón
(rúbrica), Presidenta; Eduardo A. Leines Barrera (rúbrica),
Rafael Orozco Martínez (rúbrica), Adela del Carmen Graniel
Campos, Héctor Esquiliano Solís (rúbrica), secretarios;
Samuel Aguilar Solís, Juan Alcocer Flores (rúbrica), Francisco
J. Cantú Torres (rúbrica), Celia Martínez Bárcenas
(rúbrica), María L. A. Domínguez Ramírez (rúbrica),
Neftalí S. Escobedo Zoletto (rúbrica), María de las
Nieves García Fernández (rúbrica), Federico Granja
Ricalde (rúbrica), Policarpo Infante Fierro (rúbrica), Arturo
León Lerma (rúbrica), Francisco S. López Brito (rúbrica),
Santiago López Hernández (rúbrica), Enrique Meléndez
Pérez, Magdalena Núñez Monreal (rúbrica), Felipe
Olvera Nieto (rúbrica), Manuel Wistano Orozco Garza, Julieta Prieto
Fuhrken, Víctor Antonio García Dávila, Pedro Miguel
Rosaldo Salazar (rúbrica), Luis Miguel Santibáñez
García, Olga M. Uriarte Rico (rúbrica), Carlos A. Valenzuela
Cabrales, José S. Velázquez Hernández (rúbrica),
Juvenal Vidrio Rodríguez, Arcelia Arredondo García (rúbrica).
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARIA DE ECONOMIA INFORME SOBRE LAS PRACTICAS MONOPOLICAS DE LAS CADENAS COMERCIALES
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la H. Cámara de Diputados, correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Economía informe sobre las prácticas monopólicas de las cadenas comerciales, presentada por el C. Diputado Luis Miguel Barbosa Huerta del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 11 de septiembre de 2002, lo anterior que en ejercicio de la fracción II, del Artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.
La Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los Artículos 39 y 45, párrafo sexto, incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio, fracción IV, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los Artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta H. Cámara de Diputados, el día 11 de septiembre de 2002, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al Pleno de la Proposición con Punto de Acuerdo que presentó el C. Diputado Luis Miguel Barbosa Huerta del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Segundo. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial".
Tercero. Mediante oficio CCFI/001901/2002 de fecha 17 de septiembre de 2002, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo.
Cuarto. El legislador establece lo siguiente:
Una de las tiendas del grupo Walmex, el cual detenta, también la propiedad de otras tantas, tiene un poder de monopolio que va desde el posicionamiento en el mercado, estableciendo barreras a la entrada como la fijación de precios por debajo de los prevalecientes en el mercado. Recientemente proveedores de esta cadena comercial la acusaron de obligarlos a reducir sus precios por debajo de los niveles de la competencia, esto es un claro ejemplo de práctica monopólica.
Las irregularidades que se denunciaron ante la Comisión Federal de Competencia tienen el sustento legal para proceder a la investigación del grupo Walmex, la averiguación que está en marcha, tiene contemplado analizar los contratos o convenios que puedan desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, estableciendo ventajas exclusivas a favor de intereses ajenos a la competencia, en particular a la imposición de precios inferiores a la competencia.
Por lo anterior, se solicita a la Secretaría de Economía por conducto de la Comisión Federal de Competencia, informe a la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión sobre la investigación que guardan las prácticas monopólicas desarrolladas por las grandes cadenas comerciales.
Considerandos
Primero. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia.
Segundo. Que la apertura de la economía mexicana impulsada en los últimos años, cambió el sector del comercio en nuestro país, y con ello, la conformación, las políticas, las estrategias, y en general, la forma del negocio de las tiendas de autoservicio. Con la entrada de nuevas cadenas comerciales y de nuevos productos, la competencia extranjera orilló a las cadenas de tiendas de autoservicio nacionales a eficientarse al máximo, y en otros casos, a fusionarse o venderse a otras empresas extranjeras.
Tercero. Que las grandes cadenas de tiendas de autoservicio, pudieran estar llevando prácticas monopólicas que atentan contra la eficiencia del mercado y perjudican a miles de detallistas, esto se sustenta en las posibles condiciones que imponen las tiendas de autoservicio a sus proveedores en cuanto a precio, cantidad, calidad y venta, como resultado de su gran poder de negociación debido al volumen de mercancía que comercian.
Cuarto. Que la Comisión Federal de Competencia de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica, protege el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Por lo anterior, esa Comisión tiene las atribuciones suficientes para iniciar una investigación de oficio para investigar la existencia de monopolios, estancos, prácticas o concentraciones prohibidas en los mercados.
Quinto. Que la supuesta imposición de condiciones y precios, a que son sometidos los proveedores de las cadenas de tiendas de autoservicio, están claramente prohibidas por el artículo 10, fracción II, de la Ley Federal de Competencia Económica:
I. ...
II. La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor debe observar al expender o distribuir bienes o prestar servicios;
..."
Esta averiguación tiene por objeto investigar contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles el acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas, mediante la imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor debe observar al expedir o distribuir bienes, así como, en su caso, las que resulten de la investigación.
Séptimo. Que esta Comisión solicitó a la Presidencia de la Comisión Federal de Competencia mediante oficio núm. CCFI/001988/2002 de fecha 10 de octubre de 2002, información detallada sobre el estado que guarda la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-02-2002, por prácticas monopólicas relevantes en el mercado de la adquisición, distribución y comercialización de bienes en tiendas de autoservicio. Esa Comisión contestó el 16 de octubre de 2002, a través del oficio núm. SE-10-096-2002-549:
Actualmente se analiza la información recabada durante la investigación, y se considerará, en su caso, requerir mayor información y documentos a los agentes económicos que participan en el mercado relevante."
Octavo. Los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial que dictamina, reconocen y concluyen que la Comisión Federal de Competencia ha informado a esta Soberanía sobre el estado que guarda la investigación sobre supuestas prácticas monopólicas relevantes en el mercado de la adquisición, distribución y comercialización de bienes en tiendas de autoservicio.
De la misma manera se reconoce, que esta investigación puede llevarse entre seis meses y un año, dependiendo de la complejidad del asunto y de acuerdo con la normativa aplicable, por lo tanto el dictamen final puede demorarse algunos meses más. Sin embargo, en el caso de que se detecten prácticas monopólicas de alguna cadena de tiendas de autoservicio, las Leyes contemplan las sanciones que a derecho correspondan.
Resultandos
Primero. Con fundamento en los considerandos vertidos en el presente Dictamen, se considera que ha sido cumplimentada la Proposición con Punto de Acuerdo del C. Diputado Luis Miguel Barbosa Huerta. Lo anterior, en virtud de que la Comisión Federal de Competencia enteró a esta Comisión sobre el estado que guarda la investigación sobre posibles prácticas monopólicas en las tiendas de autoservicio.
Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de octubre de 2002.
Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere (rúbrica),
Presidente; José Ramón Mantilla y González de la Llave
(rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Reyes
Antonio Silva Beltrán (rúbrica), Francisco Agundis Arias,
secretarios; José Bañales Castro, Orlando Alfonso García
Flores (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica),
Jaime Salazar Silva (rúbrica), Francisco Javier Ortiz Esquivel (rúbrica),
Francisco Luis Treviño Cabello (rúbrica), María Teresa
Tapia Bahena (rúbrica), Jorge Urdapilleta Núñez (rúbrica),
Carlos Nicolás Villegas Flores (rúbrica), Samuel Yoselevitz
Fraustro (rúbrica), Miguel Castro Sánchez, Elías Dip
Rame, María Luisa Domínguez Ramírez, Rubén
Benjamín Félix Hays, Jaime Hernández González
(rúbrica), Julián Luzanilla Contreras, Hermilo Monroy Pérez
(rúbrica), Manuel Payán Novoa, Roberto Ruiz Angeles, Jorge
Schettino Pérez (rúbrica), Adolfo Zamora Cruz (rúbrica),
Miroslava García Suárez, Rafael Servín Maldonado,
Gregorio Urías Germán, Norma Patricia Riojas Santana (rúbrica).
Honorable Asamblea:
Los que suscriben, ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LVIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, nos permitimos presentar la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal expedir el decreto que asegure el cabal cumplimiento de los propósitos y compromisos del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, conforme a las normas y objetivos consensuadas por las propias autoridades educativas.
Antecedentes
Primero.- Como antecedentes legales existen dos motivos en la Ley para la creación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, a saber: la Exposición de Motivos de la Ley General de Educación que el Presidente de la República en turno presentó al Poder Legislativo en 1993 y, el artículo 17 de la misma ley.
Al construirse un sistema educativo en el que concurren la autoridad local y la autoridad nacional con responsabilidad claramente delimitadas, se conjugan democracia local y rectoría de la autoridad federal, participación comunitaria y unidad nacional, fortaleza de las expresiones regionales y el sentimiento de pertenencia a una gran nación"
b) Y en el Artículo 17 de la vigente Ley General de Educación, que dispone: "Las autoridades educativas, federal y locales, se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del sistema educativo nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la función social educativa. Estas reuniones serán presididas por la Secretaría"
Tercero.- Con fecha 24 de octubre de 2000 el ciudadano Diputado José Mario Rodríguez Alvarez de la LVIII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una excitativa al Pleno de la Cámara para que la Comisión de Educación emitiera el dictamen relativo a la Iniciativa de creación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.
Cuarto.- El Ejecutivo Federal ha contemplado la creación y funcionamiento del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2001, presentado en el año 2000, mismo que contiene en el apartado de Exposición de Motivos, correspondiente a la sección de Desarrollo Humano, lo siguiente:
b) De su análisis la subcomisión rechazó la Iniciativa y acordó en un anteproyecto de dictamen votarla en sentido negativo, debido a que ésta restaba importantes facultades al Ejecutivo en materia de educación trasladándolas al Consejo. Además de no tenerse una valoración completa sobre las repercusiones que implican las adiciones y reformas planteadas en la Iniciativa. Sin embargo, los integrantes de la Subcomisión coincidieron en la transcendencia y necesidad de este Consejo, por lo que se comprometieron a impulsar su creación revisando todos los mecanismos legales para este efecto; así como, la necesidad, naturaleza, funcionamiento y alcances.
c) La Subcomisión en mesa de trabajo con los representantes de la Secretaría de Educación Pública y los Secretarios de Educación de los estados de Sinaloa, Ing. Jesús Antonio Malacón Díaz; de Jalisco, Lic. Miguel Agustín Limón Macías; de Quintana Roo, Lic. Cecilia Rosalía Loria Marín; de Tlaxcala, Lic. Roberto Cubas Carlín; y de Nuevo León Lic. José Martínez González, realizada el 14 de agosto del presente, se valoró que el mecanismo legal que da mayor viabilidad y celeridad para alcanzar el objetivo de crear el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, es la vía administrativa, por lo que se acordó a solicitud expresa de las autoridades educativas promover un punto de acuerdo, mediante el cual, se solicite al Titular del Poder Ejecutivo expedir las normas reglamentarias y que por su parte, la Secretaría de Educación Pública presentara el proyecto de reglamentación trabajado y acordado con los Secretarios de Educación de los Estados.
d) El pleno de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos en su sesión del día 2 octubre de 2001, desechó la Iniciativa relativa a la Creación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, bajo las consideraciones y resultados de los trabajos de la Subcomisión expuestos en el punto anterior.
e) De esta manera, se lograron además los consensos en los siguientes puntos:
1. La creación del Consejo significa avanzar adecuadamente hacia un verdadero federalismo educativo.
2. La creación del Consejo es el primer paso para una agenda más amplia en la discusión de los temas educativos nacionales con una visión de mediano y largo plazo, enfatizando aquellos que se refieren a la culminación de los procesos de descentralización pendientes.
3. Se pretende que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas sea un organismo que permita el permanente seguimiento y evaluación del sistema educativo, para la toma decisiones conjuntas sobre las políticas y aspectos de descentralización de la educación; y, construyendo una vía de cooperación entre las autoridades, para delinear conjuntamente el esquema de planeación del modelo educativo.
4. Que el Consejo sea presidido por la autoridad educativa federal e integrado por las autoridades educativas de las entidades federativas como lo establece la Ley General de Educación en su artículo 17.
5. El Consejo tendrá, según se definan los mecanismos en su reglamentación facultades consultivas.
f) Los Secretarios de Educación de los estados han elaborado mediante la integración de mesas de trabajo y consenso un proyecto de reglamento relativo a la integración, funcionamiento y operación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, mismo que fue presentado a esta Subcomisión por conducto de la Secretaría de Educación Pública.
Este reglamento se titula "Reglamento Interno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas", y se estructura en los cuatro capítulos siguientes y cuyo contenido es:
Son objetivos y atribuciones del Consejo: contribuir en la consolidación de un auténtico federalismo educativo, proponer las acciones necesarias para la adecuada y armónica organización y articulación de los sistemas educativos nacional y estatales; apoyar a las autoridades educativas para que continúen y profundicen en la descentralización educativa y, discutir analizar y construir acuerdos que garanticen el diseño, formulación, implementación y evaluación de forma pertinente de políticas federales con los gobiernos estatales.
Tercero: De los Organos del Gobierno; describe las funciones del Presidente y Secretario Técnico del Consejo, así como, la integración de las comisiones de trabajo que se requieran para el mejor funcionamiento del Consejo en las que participarán las propias autoridades, especialistas y actores sociales involucrados.
Cuarto: De la Operación del Consejo; el Consejo celebrará reuniones ordinarias trimestralmente y extraordinarias cuando el Presidente lo considere conveniente. Éstas tendrán validez únicamente con la presencia de las dos terceras partes de sus miembros, y así mismo, las resoluciones, cuando sean tomados acuerdos por votación dado que se privilegiará el consenso, será por mayoría calificada de dos tercios de los consejeros.
El Consejo podrá vincularse con otras entidades u organismos públicos y privados que por sus actividades, fines o metas se relacionen con la educación.
g) El viernes 28 de septiembre del 2001 en el Palacio de Bellas Artes es firmada el Acta de Instalación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento del Gobierno Interior para el Congreso General, los Diputados integrantes de la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos promovemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, Vicente Fox Quesada, expida con base en el artículo 17 de la Ley General de Educación, las normas reglamentarias para formalizar y asegurar el adecuado funcionamiento del Consejo Nacional de Autoridades Educativas y lograr el cabal cumplimiento de sus objetivos y propósitos, tomando en consideración el proyecto de normas internas consensuado por las autoridades educativas, mismo que se adjunta al presente y al que se alude en el inciso f) del antecedente quinto de este punto de acuerdo.
Segundo.- Se apruebe por el Pleno de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo por urgente y obvia resolución.
México, Distrito Federal, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2002.
Diputados: Jorge Luis García Vera, Oscar
Ochoa Patrón, Norma Enriqueta Basilio Sotelo, Juan Nicolás
Callejas Arroyo, Miguel Angel Moreno Tello, José Ramírez
Gamero, Gerardo Sosa Castelán, Olga Margarita Uriarte Rico, Celita
Trinidad Alamilla Padrón, Luis Artemio Aldana Burgos, Silvia Alvarez
Bruneliere, Héctor Méndez Alarcón, Eduardo Rivera
Pérez, Rodolfo Ocampo Velázquez, Fernando Ugalde Cardona,
Isabel Velasco Ramos, Hortensia Aragón Castillo, Ramón León
Morales, Alberto Anaya Gutiérrez, José del Carmen Soberanis
González, Nahúm Ildefonso Zorrilla Cuevas, Bertha Alicia
Simental García (rúbricas).
(Gaceta Parlamentaria número 1125, pp. 25-27)
DE LA SUBCOMISION DE DICTAMEN DE LA LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS, DE LA COMISION DE MARINA
Acuerdo de la Subcomisión de Dictamen de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos
La Subcomisión de Dictamen de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, fue creada con el propósito de formular el dictamen de esta iniciativa de ley que fuera presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados por el diputado José Tomás Lozano y Pardinas el 14 de diciembre de 2001 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente, a las Comisiones de Marina y de Transportes.
Antecedentes
1. En reunión celebrada en el Puerto de Veracruz los días 20 y 21 de septiembre de 2002, la Subcomisión de Dictamen aprobó el proyecto de predictamen analizado y discutido en dicha reunión.
2. El 2 de octubre del año en curso se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Subcomisión de Dictamen en la Cámara de Diputados, en la que se aprobó el dictamen de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en lo general.
3. El 11 de octubre la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados presentó el dictamen de la Ley de Navegación ante los miembros del sector de la marina mercante nacional, en sesión de trabajo que tuvo lugar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
4. Posteriormente, se sostuvieron entrevistas con navieros de diversas cámaras del sector, con organizaciones de pilotos de puerto, servidores públicos de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Marina, y se recibieron los comentarios del sector de la marina mercante y de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, sobre el dictamen citado.
Por lo anteriormente expuesto, y en virtud del acuerdo alcanzado por la Subcomisión de Dictamen en la reunión de trabajo del 7 de noviembre, los integrantes de la misma nos pronunciamos a favor del proyecto de ley, porque es la expresión que sintetiza la voluntad y pluralidad políticas que caracterizan los trabajos de la Comisión de Marina.
Consideramos además, que dicha iniciativa de ley no sólo corrige las deficiencias y omisiones de la legislación vigente, sino que regula situaciones de iniquidad y de competencia desleal que operan en la práctica comercial, en detrimento de las actividades del sector.
Proponemos su aprobación porque su objetivo fundamental es promover la reactivación de la marina mercante del país y, por tal razón, la Subcomisión de Dictamen de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, establece el siguiente
Acuerdo
Primero. Los miembros de la Subcomisión de Dictamen se comprometen a reunirse el día 20 de noviembre de 2002, fecha establecida como límite para presentar el dictamen final de la iniciativa de ley en comento.
Segundo. El dictamen citado se presentará ante el pleno de las Comisiones Unidas de Marina, y de Transporte para su discusión y, en su caso, aprobación, a finales del mes de noviembre. Considerando para tal propósito, el acuerdo de los diputados de la Subcomisión de Dictamen de impulsar al interior de sus fracciones, la aprobación del mismo.
Tercero. Comuníquese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para su conocimiento, y publíquese para su difusión en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2002.
Dip. Vicente Pacheco Castañeda (rúbrica)
Coordinador
Dip. César Patricio Reyes Roel (rúbrica)
Dip. Araceli Domínguez Ramírez (rúbrica)
Dip. Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica)
Dip. Angel Meixueiro González (rúbrica)
Dip. Eréndira Cova Brindis (rúbrica)
Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica)
A su desayuno de trabajo, el jueves 14 de noviembre, a las 8:30 horas, en el patio sur, donde se realizará una conferencia de prensa en la que se abordarán los siguientes temas:
* Aprobación del dictamen a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de firma electrónica.
Atentamente
Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A la segunda reunión de la sesión permanente de la Comisión, para continuar el análisis y la discusión del proyecto de Ley General de Derechos Lingüísticos, que se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre, a las 13 horas, en el salón Protocolo (edificio A, planta baja).
Orden del Día
2. Análisis en lo particular de los artículos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, reservados para su discusión y, en su caso, aprobación.
3. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE MARINA
A su reunión de trabajo con la Asociación de Retirados de la Armada de México, que se efectuará el viernes 15 de noviembre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. César Patricio Reyes Roel
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Al foro de consulta pública Legislación Mexicana en Materia de Vida Silvestre, que realizará la Subcomisión de Biodiversidad, los días 15 y 16 de noviembre, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A su reunión ordinaria, el martes 19 de noviembre, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión extraordinaria de trabajo, que se efectuará el jueves 21 de noviembre, a las 8:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas
de las reuniones anteriores.
4. Análisis, discusión y, en su caso, votación
de anteproyectos de dictámenes pendientes de trámite legislativo.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente