• De la Mesa Directiva, relativo al Sistema Electrónico de Registro de Asistencia.

• Que reforma y adiciona los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de libertad de expresión y derecho a la información dentro de la Reforma del Estado, presentada por el diputado Juan Carlos Pallares Bueno, del grupo parlamentario del PAN, en la sesión del jueves 31 de octubre de 2002.

 
• De Ley para el Fomento y Desarrollo de la Marina Mercante, presentada por el diputado José Tomás Lozano y Pardinas, del grupo parlamentario del PAN, en la sesión del jueves 31 de octubre de 2002.

 
• Que reforma el párrafo tercero del artículo 134 y deroga el inciso f) del párrafo primero del artículo 49 y la fracción IV del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para centralizar la administración del Sistema de Bibliotecas en una sola comisión, presentada por el diputado Juan Alcocer Flores, del grupo parlamentario del PAN, en la sesión de jueves 31 de octubre de 2002.

 
• Para modificar el artículo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal, para integrar a la Recaudación Federal Participable la totalidad de los ingresos públicos, excluyendo únicamente los provenientes de las desincorporaciones y venta de activos, presentada por la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del jueves 31 de octubre de 2002.

• De la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 16 de noviembre del 2002, con el fin de participar en el Quinto Aniversario de la Cumbre de Microcrédito, a realizarse en Nueva York, Estados Unidos de América, el día 10 de noviembre; del 11 al 15 de noviembre de 2002, con objeto de efectuar una gira de trabajo por Europa, que incluye visitas oficiales y de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 11 al 12 de noviembre; a la República de Irlanda el 13 de noviembre de 2002, así como a la República Francesa del 14 al 15 del mismo mes; y el 16 de noviembre de 2002, a fin de participar en la Décima Segunda Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Bávaro, República Dominicana.

 
• De las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

• A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, presentada por el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del jueves 31 de octubre de 2002.

 
• A la Comisión de Puntos Constitucionales, presentada por la diputada María Elena Chávez Palacios, del grupo parlamentario del PAN, presentada en la sesión del jueves 31 de octubre de 2002.

• Con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas locales para que se implementen las medidas necesarias de carácter legal que favorezcan un procedimiento expedito en materia de alimentos contra el deudor alimentante, presentada por la diputada Silvia América López Escoffie, a nombre de integrantes de la Comisión de Equidad y Género, en la sesión del jueves 31 de octubre de 2002.
• Con punto de acuerdo, a fin de revisar los cálculos relativos a la asignación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Estados y Municipios de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del jueves 31 de octubre de 2002.

 
• Con punto de acuerdo, para crear un fideicomiso que cubra los gastos hospitalarios y de funeral de donantes de órganos, presentada por el diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del jueves 31 de octubre de 2002.
• Con punto de acuerdo, para solicitar a la Conagua que se realicen las obras de rehabilitación del distrito de riego 06, Palestina, Coahuila, sin condicionarlas a la entrega de agua de sus presas por compromisos internacionales, presentada por el diputado Armín José Valdés Torres, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del jueves 31 de octubre de 2002.

• Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para aceptar y usar condecoración.

 
• Con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana señora Martha Sahagún de Fox para aceptar y usar condecoración.

• De la Comisión de Seguridad Social, a su reunión ordinaria mensual, el martes 5 de noviembre, a las 9 horas.
• De la Comisión de Asuntos Indígenas, a su segunda reunión de la sesión permanente del pleno, el martes 5 de noviembre, a las 14 horas.
• De la Comisión de Transportes, a su reunión de trabajo para tratar los puntos de vista del sector marítimo y puertos del proyecto de Ley de Transporte Federal, el miércoles 6 de noviembre, a las 15 horas.

DE LA MESA DIRECTIVA, RELATIVO AL SISTEMA ELECTRONICO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

La Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que, en términos del artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva conduce las sesiones de la Cámara de Diputados y asegura su debido desarrollo.

II. Que, según lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Orgánica, los secretarios de la Mesa Directiva tienen como atribución asistir al Presidente de la Mesa Directiva y, de forma expresa, tienen a su cargo la supervisión del Sistema Electrónico de Asistencia y Votación.

III. Que, en términos del artículo 23, numeral 1, inciso b), el Presidente tiene como atribución citar a las sesiones de la H. Cámara de Diputados, en cuyo caso se ha realizado dicho citatorio de forma regular, salvo casos excepcionales, a las 10:00 horas para el inicio de las sesiones ordinarias.

IV. Que se considera conveniente para los trabajos legislativos que las sesiones ordinarias empiecen a la hora señalada para su inicio, a fin de que se puedan desahogar los asuntos registrados para el orden del día respectivo.

V. Que, en reunión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos celebrada el 24 de octubre de 2002, la Presidencia de la Cámara comentó con los coordinadores de los grupos parlamentarios la pertinencia de iniciar con oportunidad las sesiones de Pleno, cuestión en la que los coordinadores de los grupos parlamentarios expresaron su total coincidencia.

Expuestos los considerandos anteriores, se adopta el siguiente

Acuerdo

Primero. Se instruye a los secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados para que el Sistema Electrónico de Asistencia sea abierto a las 8:30 horas y cerrado, con instrucción de la Presidencia, media hora después del término del citatorio que, a la sesión de que se trate, haya hecho la Mesa Directiva; o sea, cuando se cite a las 10:00 horas, el Sistema Electrónico de Registro de Asistencia se cerrará a las 10:30 horas (previa instrucción de la Presidencia) y así respectivamente, según el horario del citatorio a la sesión ordinaria.

Segundo. En sesiones no ordinarias, o en otras que se celebren en horarios diversos, la Presidencia de la Mesa Directiva dictará oportunamente el trámite de apertura y cierre del Registro Electrónico de Asistencia.

Transitorio Unico. El presente acuerdo entrará en vigor el día martes 5 de noviembre de 2002.

Dado en el Palacio Legislativo, a los 30 días del mes de octubre de 2002.

Dip. Beatriz Paredes Rangel (rúbrica)
Presidenta

Dip. Eric Eber Villanueva Mukul (rúbrica)
Vicepresidente

Dip. María Elena Alvarez Bernal (rúbrica)
Vicepresidenta

Dip. Jaime Vázquez Castillo (rúbrica)
Vicepresidente

Dip. Adela Cerezo Bautista (rúbrica)
Secretaria

Dip. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica)
Secretario

Dip. Adrián Rivera Pérez (rúbrica)
Secretario

(De enterado. Octubre 31 de 2002.)
 
 

QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 6º Y 7º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESION Y DERECHO A LA INFORMACION DENTRO DE LA REFORMA DEL ESTADO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS PALLARES BUENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2002

Los suscritos, diputados federales, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto, para reformar y adicionar los artículos 6º y 7º de la Constitución federal, con el fin de actualizar, fortalecer y establecer una mejor definición y alcances entre la libertad de expresión y el derecho a la información, iniciativa que se inscribe dentro de nuestro planteamiento para la Reforma del Estado, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Para el Partido Acción Nacional, la libertad de expresión es el germen y cimiento de todas las libertades, sin ella, el hombre no habría logrado avances sustantivos en el desarrollo de sus valores y garantías fundamentales. La defensa de la libertad de expresión, nace desde la fundación misma del partido, como la bandera que se debe enarbolar en contra de los regímenes antidemocráticos, en el entendido de que esta garantía constitucional, históricamente ha sido la que en mayor medida, se ha visto limitada en cuanto a su pleno ejercicio por parte del poder público.

Coincidimos con las voces que reclaman reconocimiento a la apertura y a la pluralidad de las ideas, pues estamos conscientes de que ello consolidará los valores democráticos de la sociedad; sobre este respecto, se debe admitir que ha habido progresos importantes, pero a pesar de todo aún existen resquicios que obstaculizan el ejercicio pleno de esta libertad, por lo que es fundamental no dejar estos avances sólo a la buena voluntad del buen gobierno, toda vez que éste es un derecho ciudadano que debe ser asegurado y promovido por el Estado para el fortalecimiento de sus libertades.

Es por ello, que dentro de lo que se ha denominado la Reforma del Estado, la cual conlleva implícitamente la modificación del marco legal y conceptual de sus estructuras e instituciones, el Partido Acción Nacional pretende integrar a su propuesta legislativa, aquella que ha sido una de las más firmes y consistentes de su lucha política por fomentar y consolidar una verdadera sociedad democrática. Esta propuesta consiste en definir legislativamente los alcances del derecho a la información, así como actualizar los alcances de la libertad de expresión, particularmente ante los dinámicos cambios tecnológicos que se han suscitado en los últimos años, armonizarlos con el desarrollo doctrinal y jurisprudencial que se ha generado sobre la materia, mediante el establecimiento de un marco normativo que no la limite, sino que por el contrario, la fortalezca y amplíe a través de mecanismos y condiciones claras para su pleno e irrestricto ejercicio.

La actualización y fortalecimiento de la libertad de expresión, serán sin duda, un útil instrumento para consolidar nuestro Estado de derecho, y encauzar las acciones de los órganos del Estado, hacia su evolución democrática. Un Estado que defiende y fomenta las libertades fundamentales de los seres humanos, es un Estado democrático, que incidirá en la consecución de una sociedad participativa y responsable.

Cabe señalar que la experiencia nos ha demostrado, que cuando las garantías no se actualizan y fortalecen, se convierten en letra muerta que no cumple con su cometido. De ahí que surja la necesidad de revisar nuestro marco jurídico-constitucional en materia de libertad de expresión y derecho a la información, con la finalidad de llevar a cabo los ajustes pertinentes, pues la protección y respeto de un derecho, no se logran únicamente mediante su consagración constitucional, sino que requieren su revisión periódica, a efecto de que el deber ser y el ser, se encaucen por los mismos caminos, y que consideren a las garantías individuales, como un verdadero derecho público subjetivo oponible a los demás.

Es preciso reconocer que en materia de libertad de expresión y derecho a la información, en los últimos años se han realizado esfuerzos importantes tendientes a definir y fortalecer estos derechos, ante la ausencia de normas claras que den certeza jurídica en cuanto a sus alcances, y doten de instrumentos y medios de defensa eficaces en contra de la falta de garantías de su ejercicio pleno. No obstante, a la fecha, han sido las inercias y la falta de voluntad por parte de diversos actores que intervienen en el proceso de la comunicación, las que han evitado que dichas propuestas vean la luz en el derecho positivo.

En nuestro sistema jurídico, la libertad de expresión se encuentra tutelada por el artículo 6º de la Constitución General. Varios fueron los ordenamientos jurídicos y documentos que dispusieron en su texto, la necesidad de respetar el derecho de expresión, así como de establecer límites al mismo. Desde el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, expedido en Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, hasta la promulgación de nuestra actual Ley Fundamental con fecha 5 de febrero de 1917, el derecho a expresarse, a manifestarse por escrito, ha sido inherente a nuestros derechos fundamentales.

Esta garantía aparece de manera explícita por primera vez en la Constitución de 1857, en su artículo 6°, del que literalmente y sin afectarlo pasa a ser parte textual de la Constitución de 1917. Lo mismo sucede con el artículo 7º, que consagra la libertad de imprenta, hasta entonces único medio de publicitar las ideas, que fue modificado en el año de 1883 al introducir la figura de jurado popular destinado exclusivamente a juzgar los delitos de la prensa. El Constituyente de Querétaro lo elimina y retoma el texto original de 1857.

En el contexto internacional, en el año de 1789, mediante la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por primera vez de manera coherente, se proclama la necesidad de tutelar el derecho de expresión. De igual manera, dentro de este periodo, se llegó al reconocimiento de que dicho derecho no es absoluto, sino que siempre se encuentra acotado por otros derechos de igual jerarquía, y que mediante la armonización de estos derechos, es como se puede encontrar el camino para lograr el desarrollo y superación de un pueblo.

Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de fecha 10 de diciembre de 1948, se cristaliza la evolución de la doctrina sobre el derecho de expresión, y se reconoce la necesidad de proteger no solamente el ejercicio del derecho del sujeto que manifiesta sus ideas, sino también de tutelar el derecho que tiene el sujeto que recibe dicho mensaje, toda vez que la desinformación o tergiversación de la misma, es tan nociva para el desarrollo pleno del ser humano, como la represión del derecho de expresión.

Por lo que se refiere al derecho a la información, éste adquiere carta de naturalización en nuestro país mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977, por el que se reformaron y adicionaron 17 artículos constitucionales, y dentro de ellos, el artículo 6º de nuestra Ley Fundamental. Este numeral fue adicionado en su última parte con la siguiente expresión: "el derecho a la información será garantizado por el Estado", instituyéndose de esta manera el derecho a la información. "El contexto histórico que le dio vida a tal libertad, estaba orientado por la intención del Estado de crear un sistema de partidos que a la fecha no existía, para lo cual, se presentó y aprobó una reforma política que redifiniría el camino a seguir en asuntos democrático-electorales. Es en este marco, que el derecho a la información se creó con la finalidad de que el Estado permitiera por conducto de diversos medios de comunicación, que los partidos políticos manifestaran de manera regular la diversidad de sus opiniones".1

Como se ha señalado, el derecho a la información fue considerado en cuanto a su génesis, como una garantía electoral y un atributo de los partidos políticos para informar al pueblo mexicano. No obstante que el derecho a la información fue concebido como una garantía electoral de acuerdo con el contexto histórico, proveniente de la reforma política de 1977, nuestro máximo tribunal, como consecuencia de diversos acontecimientos trágicos suscitados en nuestro país, otorgó al derecho a la información, una connotación más amplia, en el sentido de la obligación que tiene el Estado de informar la verdad.

En el ámbito internacional, el derecho a la información en su connotación general, como una actualización de lo que es la libertad de expresión, tiene su antecedente jurídico en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, la cual en el artículo 19 señala que "todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

Este derecho se recogió posteriormente en el artículo 10 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que se celebró en el año de 1950, y por otra parte, en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se efectuó en la ciudad de San José de Costa Rica en el año de 1969, en donde se establece que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Asimismo, el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1969, retomó casi literalmente la declaración de 1948.

Por otra parte, es de advertirse que tanto el artículo 6o. como el 7o. no han sido reglamentados, no obstante que existe una Ley de Imprenta, la cual dada su génesis normativa es considerada preconstitucional, toda vez que nace con el carácter de transitoria, en tanto los órganos federales expedían las correspondientes leyes reglamentarias, lo que no ha sucedido a la fecha.

Sobre las consideraciones anteriores, los objetivos de la propuesta que se presenta ante esta soberanía, se orientan a expresar de manera clara y con la sobriedad que requiere nuestra Norma Máxima, los alcances legislativos de las garantías individuales de libertad de expresión y del derecho a la información

De manera correlativa y como consecuencia de dicha propuesta, se propone fomentar el ejercicio pleno, plural y participativo del proceso informativo, lo cual es un sustento básico para la conformación de una opinión pública informada; así como estimular el respeto al libre ejercicio profesional del informador y facilitar su acceso a las fuentes de información.

También se pretende promover que toda persona, organización y grupo social sean sujetos activos, participantes y con efectivo y libre acceso a la información; y de igual manera, proteger y garantizar los derechos que han sido considerados como el núcleo básico de la persona, tales como el respeto a su intimidad, vida privada, honor, reputación y su imagen.

En este contexto, la presente iniciativa, tiene como eje rector la consolidación de cuatro aspectos fundamentales. El primero de ellos, consiste en la integración de la libertad de imprenta, actualmente tutelada por el artículo 7º constitucional, con el concepto, contenido y alcances de la libertad de expresión prevista en el artículo 6º de nuestra Ley Fundamental. Lo anterior, en virtud de que hoy por hoy, ante el reto que se afronta al tratar de regular las más diversas tecnologías de la información, tutelar sólo a un medio por el que se pueden expresar las ideas y difundir información, resulta excluyente y obsoleto; situación que obliga que para hacer efectivas las garantías a la libertad de expresión y el derecho a la información, se debe considerar a toda aquella vía o medio por el que se expresen las ideas, considerando incluso las que aún no existen.

De igual manera debe considerarse, que tanto el actual artículo 6º como el 7º se encuentran estrechamente asociados, y que en la normatividad internacional y la legislación comparada, la libertad de imprenta se encuentra incluida como parte constituyente de la libertad de expresión, lo que le otorga un sentido más amplio que su mera restricción a lo impreso.

Por lo anterior, se propone se incorpore como el punto toral de la protección estatal que se debe brindar a la manifestación de las ideas y de pensamientos, el concepto libertad de expresión, bajo un sentido amplio, que sea ominicomprensivo y que incluya la expresión de todos aquellos pensamientos, ideas, opiniones, juicios de valor y creencias que se difundan por cualquier medio físico o que utilice como medio de propagación el espectro radioeléctrico o cualquier otra vía.

Es importante señalar que esta garantía es responsabilidad del Estado, en tanto la obligación de asegurar a la sociedad en su conjunto que tal derecho sea el medio idóneo para que unos se expresen con la libertad suficiente que permita a otros informarse con veracidad sobre hechos públicos, sin más limitación que la de no vulnerar derechos de otros.

El segundo aspecto pretende consolidar y clarificar desde el punto de vista legislativo, el derecho a la información contenido en la parte in fine del actual artículo 6º constitucional.

Si bien es cierto, como se ha establecido en la presente iniciativa, el derecho a la información en lato sensu doctrinariamente implica una modernización y actualización de la libertad de expresión, ya que incorpora además como objeto de tutela a los sujetos receptores del proceso informativo, así como la naturaleza y calidad de la información que deben recibir; también lo es, que en stricto sensu, este derecho se acota y pretende establecer la prerrogativa que tiene todo gobernado, para acceder a la información en poder de los órganos del Estado.

Sobre este respecto, se ha retomado el desarrollo jurisprudencial que este derecho ha generado, y se pretende plasmarlo de manera indubitable en nuestro marco constitucional, por lo que se propone que el artículo 7º de la Constitución General se consagre, ahora, en su totalidad al derecho a la información, otorgándole el mismo rango que a las libertades de expresión.

La actuación del Estado como garante del derecho a la información, presupone que adopte una conducta activa, a través de sus órganos competentes, a efecto de proporcionar la información que obre en su poder y expedir los ordenamientos legales respectivos, con la finalidad de que dicho derecho sea ejercido y respetado plenamente.

Por otro lado, el derecho a la información deviene de la facultad estatal de tutelar ciertas necesidades sociales que garanticen la satisfacción de un derecho de carácter general: que la sociedad, en este caso, tenga participación activa en la recepción y acceso a la información, así como de que se mantenga informada, con todas las implicaciones del concepto.

El tercer aspecto fundamental, surge de la necesidad de tomar conciencia, sobre los graves riesgos que la utilización de las nuevas tecnologías, conlleva para el ejercicio y respeto de los derechos fundamentales, lo que ha orillado, a que las garantías del gobernado evolucionen a este ritmo.

En efecto, con el auge de los sistemas computarizados, se genera un poder de dimensiones insospechadas. La capacidad de registro de estos sistemas, así como la rapidez de consulta y de transferencia de datos y la cobertura que toda esa información genera para quien la posee o pueda acceder a ella, le genera una fuerte dosis de poder, que puede ser tanto poder económico, en virtud de que la información se puede comprar o vender, así como viajar de un lugar a otro sin que el interesado tenga conocimiento de ello, como poder político, ya que conocer minuciosamente la vida, características físicas, hábitos, preferencias y gustos de los demás, permite en cierta medida regular, controlar y vigilar su comportamiento, así como también se trata de una vulneración e intromisión grave a la intimidad de las personas.

Por lo anterior, se propone incorporar como garantía constitucional, que los datos referentes a una persona física identificada o identificable, que sean almacenados en bases de datos de cualquier naturaleza, tanto públicas como privadas, puedan ser conocidos, actualizados y rectificados por las personas a las que hace referencia la información contenida en las bases de datos señaladas; así como también, el que dicha información por las razones ya expuestas, sea protegida y tenga el carácter de confidencial, en los términos que dispongan las leyes que al efecto se expidan.

El cuarto y último aspecto fundamental, pretende elevar a rango de garantía individual lo que tradicionalmente se han considerado como límites o esquinas del ejercicio de la libertad de expresión, y que dada su propia naturaleza, deben ser considerados derechos de igual jerarquía, los cuales deben ser armonizados por las leyes respectivas.

Es decir, la libertad de expresión no es ilimitada, dado que debe acotarse por otros derechos y valores de igual jerarquía, como el único medio para encontrar el camino que consolide el desarrollo y superación de un pueblo. Por lo que de aprobarse la presente iniciativa, estaríamos formando parte del selecto grupo de países que cuentan con un marco constitucional moderno y, ante todo, respetuoso de los derechos de sus gobernados, como la condición indispensable para alcanzar estadios de armonía y democracia en el seno de su sociedad.

Las garantías que se propone adquieran autonomía, son el respeto a la intimidad, la vida privada, el honor, la reputación y la imagen de las personas.

Por otra parte, tanto sujetos activos como pasivos en el proceso de la comunicación, deben contar con garantías que les aseguren el pleno respeto a sus derechos. Por lo que se propone la incorporación, como seguridades jurídico-constitucionales, de que los sujetos cuenten con medios eficaces de defensa ante cualquier daño que se les pueda infligir por virtud del exceso que se pudiese presentar en el ejercicio de la labor informativa, así como el que los profesionales de la labor informativa, cuenten con garantías para que en el desempeño de su labor, no sean perseguidos u hostigados so pretexto de la información de interés público que difundan.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto a la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los suscritos diputados federales, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos a la consideración de esta representación nacional el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Unico. Se reforman los artículos 6º y 7º; se adicionan al artículo 6º los párrafos segundo, tercero y cuarto, al artículo 7º el párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 6º. Es inviolable la libertad de expresión. Este derecho no estará sujeto a previa censura sino a responsabilidades posteriores y comprende la libertad de buscar y difundir información por cualquier medio. El ejercicio de esta garantía no será restringido, sino en los casos en que se ataquen los derechos de terceros, la moral, se perturbe el orden público o se comprometa la seguridad nacional.

En el ejercicio de la libertad de expresión, la ley establecerá los medios de defensa que tienen los individuos, sobre la difusión de información incorrecta o que viole sus derechos, así como las disposiciones por las que deba protegerse el secreto profesional de las fuentes periodísticas.

El Estado respetará y protegerá la intimidad, la vida privada, el honor, la reputación y la imagen de las personas.

No podrán decomisarse como instrumentos del delito, los medios de comunicación destinados a la difusión de información.

Artículo 7º. El Estado deberá garantizar el derecho a la información. Esta garantía consiste en el derecho que tiene todo individuo, a recibir información oportuna, completa, real y objetiva. El acceso a la información pública no tendrá más limitaciones que las expresamente establecidas en la ley.

Toda persona tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que respecto de ella, se posea en archivos o bases de datos. La ley regulará la protección y confidencialidad de éstos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2002.

Diputados: Juan Carlos Pallares Bueno, Francisco E. Jurado Contreras, Raúl García Velázquez, Gumercindo Alvarez Sotelo, Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez, Amado Olvera Castillo, Lionel Funes Díaz, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Alicia Ricalde Magaña, Jorge A. Lara Rivera, Heidi Storsberg Montes, Luis Alberto Villarreal García, José de Jesús López Sandoval, Roberto Aguirre Solís, María Isabel Velasco Ramos, Héctor Taboada Contreras, Alfonso G. Bravo y Mier, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Raúl Gracia Guzmán, Sergio García Sepúlveda, Mercedes Hernández Rojas, Salvador Escobedo Zoletto, Rafael Ramírez Agama, Rigoberto Romero Aceves (rúbricas).

Nota:
1 Participación del señor ministro Castro y Castro, en debate de sesión privada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el martes 22 de febrero de dos mil. Contenida en el libro editado por la SCJN titulado El derecho a la información, México, 2000.

(Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Radio, Televisión y Cinematografía, con opinión de la Especial para la Reforma del Estado. Octubre 31 de 2002.)
 
 
 

DE LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE TOMAS LOZANO Y PARDINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2002

José Tomás Lozano y Pardinas y César Patricio Reyes Roel, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, H. Cámara de Diputados, la presente iniciativa de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos de la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana

El objeto de la presente propuesta de ley como su nombre lo indica es lograr la reactivación de la marina mercante y la industria de construcción naval nacionales, considerada esta última como premisa esencial del fortalecimiento de la marina mercante.

Se hace constar que la larga tradición marítima de México, así como la capacidad y calidad técnica de los egresados de las escuelas náuticas mercantes mexicanas hace imperativo regresar a sus legítimos dueños la marina mercante nacional:

Los navieros y marinos mercantes mexicanos

México es, ha sido y siempre será un país marítimo por naturaleza, pues se encuentra entre los dos océanos más grandes del mundo: el Atlántico y el Pacífico. Esta ubicación geográfica estratégica y vital, ha sido muy deseada por grandes potencias marítimas, entre las que podemos destacar Francia, Italia, Japón, Noruega, China, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda del Norte, Alemania, Suecia, entre otras.

Sin embargo, esta posición no ha sido suficiente para que nuestro país alcance un desarrollo marítimo pleno, por el contrario su flota mercante está a punto de desaparecer. Actualmente, sólo contamos con dos buques para realizar nuestro comercio exterior y gran parte del tráfico de cabotaje lo realizan empresas extranjeras.

No se busca solamente la reactivación de la marina mercante por la reactivación misma, sino porque dicha reactivación trae aparejado el fortalecimiento de la industria ligera, base de la industria de construcción pesada, así como la del transporte terrestre nacional, además de áreas y servicios relacionados con los mismos.

La ausencia de incentivos financieros, laborales y fiscales ha sido uno de los principales factores que ha impedido contar con una flota mercante suficiente y competitiva.

Esa falta de apoyo, ha propiciado que el naviero y armador mexicano esté en desventaja para competir comercialmente ante navieros y armadores extranjeros, y tenga que refugiarse en segundos registros extranjeros y en pabellones de conveniencia, a fin de contrarrestar los problemas que genera un entorno financiero, laboral y fiscal hostil, convirtiéndose en extranjeros en su propia patria.

Cabe hacer mención de que el cabotaje nacional está reservado en todas las naciones soberanas del mundo a sus propios marinos mercantes y embarcaciones nacionales.

México como país soberano es la única excepción a esta regla

Se hace referencia a que los países integrantes de la Unión Europea, no obstante los fuertes lazos de orden laboral, de paso de fronteras y aduanas, de integración en materia de salud, y más aún la integración total monetaria a través del euro, siguen reservando el cabotaje de cada una de las naciones integrantes exclusivamente a marinos y embarcaciones nacionales.

Los países tradicionalmente marítimos que tienen grandes flotas mercantes han aplicado políticas de desarrollo que les han redituado fuertes ganancias y les permiten una mayor independencia comercial para utilizar servicios de transporte marítimo en su comercio exterior.

Por ello, en México se debe fomentar esta industria para aprovechar los beneficios que generaría una industria marítima eficiente y competitiva.

Por otra parte, es de vital importancia para el país la reactivación de la industria de la construcción naval, ya que ésta prácticamente no existe. La ausencia de apoyos para la construcción de embarcaciones modernas, para su operación y para la fabricación del equipo que requieren, como sistemas electrónicos, ayudas a la navegación, motores y otros componentes, ha originado que muchos de los astilleros nacionales fueran cerrados y los que actualmente operan sólo se dedican a la reparación y mantenimiento de pequeñas embarcaciones, lo que genera una fuerte fuga de divisas y una alta tasa de desempleo en el personal capacitado.

Para reactivar esta industria es fundamental crear mecanismos para comenzar a construir barcos con más demanda en el mercado y con tecnologías de fabricación relativamente sencillas, así como crear instrumentos financieros para comprar el equipo necesario y reparar la mayor cantidad de buques mexicanos, a efecto de disminuir la fuga de capitales por concepto de reparaciones en el extranjero.

Conservadoramente se calculan en más de 320 mil fuentes de empleo las plazas que podrían ser creadas a la detonación de la industria de construcción naval y la marina mercante mexicana.

Es necesario decidir si queremos adquirir tecnología de punta y aceptar el reto de construir una fuerte marina mercante nacional o queremos seguir en un colonialismo tecnológico y de infraestructura naval.

Tenemos la capacidad y los cuadros académicos, profesionales y de investigación para integrar un marco tecnológico de punta a la industria de construcción naval, misma que será la base de una pujante marina mercante mexicana.

El proyecto de la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana que se presenta a continuación ha sido elaborado pensando en la creación de instrumentos favorables para reactivar la marina mercante nacional, asegurar la superación de toda dependencia del exterior, la autosuficiencia de la transportación marítima de nuestro comercio exterior e interior y reactivar la industria de construcción naval.

En función de ello, la ley tiene como finalidad instaurar la Comisión Intersecretarial para el Fortalecimiento de la Marina Mercante Nacional, el Consejo Consultivo para Reactivar la Marina Mercante Mexicana y el Registro Especial Marítimo Mexicano. Así como también, el establecimiento de mecanismos para reconstruir la industria de construcción naval a fin de beneficiar a aquellos que están haciendo mayores inversiones en este sector.

La Comisión Intersecretarial para el Fortalecimiento de la Marina Mercante Nacional se crea como un instrumento que asume facultades de corte operativo, basándose en la opinión del Consejo, es por ello que sólo se integrara por autoridades de las distintas secretarías y dependencias del Gobierno Federal.

El Consejo Consultivo para Reactivar la Marina Mercante Mexicana se crea como órgano de carácter consultivo y asesoría, para el mejor funcionamiento de las decisiones que tome la Comisión. El Consejo coadyuvará en la coordinación y formulación de políticas y programas que fomenten el desarrollo de la marina mercante.

El Registro Especial Marítimo Mexicano se crea como un apartado del Registro Público Marítimo Mexicano y tiene como objetivos lograr un desarrollo marítimo integral que evite la fuga de divisas, regularice la recaudación fiscal, cree empleos, minimice la dependencia de navieras extranjeras para el transporte de productos estratégicos y perecederos, e incremente el potencial económico de nuestro país al armonizar la cadenas de transporte multimodal-buquepuerto.

Si queremos lo anterior el reto es promulgar una ley que sea la base de la reactivación de la marina mercante y de la industria de construcción naval.

La propuesta que hoy se presenta a su consideración es el fruto de la palabra, la experiencia y el consejo del capitán naval, del piloto portuario, del armador, del naviero, del constructor de infraestructura naval y portuaria mexicanos y en suma de los hombres del mar mexicanos que han puesto su corazón y dejado su vida en los mares y litorales nacionales y extranjeros al servicio de México.

En base a lo anteriormente expuesto los abajo firmantes diputados federales a la LVIII Legislatura proponen a esta soberanía, honorable Congreso de la Unión, la siguiente propuesta de

Ley para el Fomento y Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana

Título Primero

Capítulo Unico
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente ley es de aplicación general y de interés público y tiene como objetivo el fomento y desarrollo de la marina mercante mexicana y de la industria de construcción naval nacional, para operar en forma eficiente, en condiciones no discriminatorias y de competencia efectiva.

Para los efectos de esta ley es de interés nacional todo lo relacionado con la navegación interior y de cabotaje y el transporte marítimo de altura, de carga, bienes y personas, así como de la industria naval.

Quedan exceptuadas de las disposiciones de esta ley, las embarcaciones y artefactos navales de uso militar de la Secretaría de Marina, así como las embarcaciones de recreo y deportivas; dragas y balizadores.

Artículo 2.- Los beneficios previstos en esta ley, se concederán a las embarcaciones mexicanas, empresas navieras y armadores nacionales.

Artículo 3.- Para efectos de la aplicación de la presente ley se entenderá por:

Capítulo I
De la Comisión Intersecretarial para el Fortalecimiento de la Marina Mercante Nacional

Artículo 4.- Se crea la Comisión Intersecretarial para el Fortalecimiento de la Marina Mercante Nacional, la cual para el mejor desempeño de sus responsabilidades, contará con un Consejo Consultivo para Reactivar a la Marina Mercante Mexicana, como órgano de carácter honorario, con el objeto de que emita su opinión respecto de los asuntos que se sometan a su conocimiento.

El Consejo participará en el estudio, asesoría, coordinación y formulación de políticas y programas, que fomenten el desarrollo de la marina mercante mexicana.

La Secretaría proveerá lo necesario, para apoyar a la Comisión y al Consejo en el fomento y desarrollo de la marina mercante, conforme a este ordenamiento.

Artículo 5.- La Comisión Intersecretarial para el Fortalecimiento de la Marina Mercante Nacional, se integrará por los titulares de cada una de las siguientes secretarías de Estado:

Comunicaciones y Transportes a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante;

Por resolución de la Comisión, se podrá invitar a otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, así como a entidades privadas, para que designen representante ante la propia Comisión, cuando sea conveniente para el mejor cumplimiento de sus tareas.

Artículo 6.- La Comisión para el Fortalecimiento de la Marina Mercante Nacional tendrá, de manera enunciativa pero no limitativa, las siguientes facultades:

Apartado A.- Programar, definir e instrumentar la política del Ejecutivo federal en materia de la flota mercante mexicana de la siguiente manera:

Capítulo II
Del Consejo para Reactivar a la Marina Mercante Mexicana

Artículo 8.- El Consejo Consultivo para Reactivar a la Marina Mercante se integrará por parte del Gobierno Federal, por las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, quien la presidirá; de Marina; de Hacienda y Crédito Publico; de Economía; de Energía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Relaciones Exteriores; y del Trabajo y Previsión Social; así como el director general de Petróleos Mexicanos, quienes tendrán el carácter de consejeros. Los representantes de las dependencias del Ejecutivo federal deberán tener cuando menos nivel de subsecretario u homólogo y podrán nombrar suplentes que tengan nivel de director general.

Por el Poder Legislativo, un representante de los Presidentes de las Comisiones de Marina y de Comunicaciones y Transportes.

Por el sector empresarial, como consejeros un representante por cada una de las organizaciones empresariales y sociales, de usuarios, navieros, personal naval mercante y agentes navieros, que conforman el ámbito marítimo.

El Consejo podrá invitar adicionalmente a las autoridades, institucionales educativas u organizaciones, cuya participación estime necesaria en el tema que se atenderá a través de grupos de trabajo.

La Secretaría de Comunicaciones y Transporte contara además con representantes de sus Direcciones Generales, Fideicomiso y áreas relacionadas con el transporte.

Artículo 9.- El Consejo Consultivo para Reactivar a la Marina Mercante Mexicana, tendrá por objeto emitir opinión y analizar las acciones que sean necesarias para proponer soluciones, respecto de los asuntos que se sometan a su conocimiento, que se requieran para impulsar el desarrollo de la marina mercante mexicana, con el fin de lograr un transporte marítimo que satisfaga los requerimientos de las actividades económicas de nuestro país, en el plano nacional e internacional.

Para cumplir con lo anterior, el Consejo deberá:

Artículo 10.- El Consejo Consultivo para Reactivar a la Marina Mercante Mexicana, se regirá por sus propias Reglas de Operación.

Título Tercero
Del Registro Especial Marítimo Mexicano

Capítulo II
De las Inscripciones en el Registro Especial Marítimo Mexicano

Artículo 11.- Se crea el Registro Especial Marítimo Mexicano, cuya finalidad es la promoción, el fomento y el desarrollo permanente de la industria del transporte marítimo y de la marina mercante nacional. La inscripción en el REMM, otorgará a las embarcaciones mexicanas que operan en navegación de altura y cabotaje, condiciones similares a las concedidas por otros países a sus flotas mercantes, conforme a los términos establecidos en la presente ley.

Artículo 12.- Las empresas navieras mexicanas y las embarcaciones que sean inscritas en el Registro Especial Marítimo Mexicano, gozarán de las condiciones especiales que se establecen en esta ley.

Artículo 13.- Para inscribirse en el Registro Especial Marítimo Mexicano las embarcaciones y las empresas, deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

Artículo 15.- Las empresas navieras que obtengan uno o más de los beneficios contemplados en la presente ley, deberán mantener inscrita la embarcación en el REMM, durante al menos tres años posteriores al último beneficio que les hubiese sido otorgado.

Artículo 16.- En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, la empresa deberá sustituir la embarcación por otra de iguales características y año de construcción, en caso contrario deberá devolver al Estado los beneficios que, en virtud de la inscripción en el REMM, hubiese recibido, independientemente de las sanciones a que se haga acreedora.

En aquellos casos en que el incumplimiento sea considerado como debido a caso fortuito o fuerza mayor, la empresa naviera deberá acreditarlo ante la autoridad marítima, y de ser aceptado la empresa naviera estará exenta de las obligaciones establecidas en el párrafo anterior.

Artículo 17.- Por cada embarcación que una empresa inscriba en el REMM, podrá optar por recibir, en lo conducente, uno o más de los beneficios estipulados en la presente ley.

Los beneficios podrán ser efectivos sólo durante el plazo en que la embarcación se encuentre inscrita.

La empresa deberá indicar ante el REMM cuáles beneficios ha elegido, así como una valuación monetaria, por embarcación y ejercicio fiscal respecto de dichos beneficios, en caso de que le sean concedidos.

Artículo 18.- Las embarcaciones inscritas en el REMM podrán disfrutar de un acreditamiento de un monto equivalente al del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado, por la enajenación de diesel marino que adquieran dichas embarcaciones para su consumo final y que sea utilizado exclusivamente para el desarrollo de las actividades propias de la marina mercante, contra el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado que tengan a su cargo a las retenciones efectuadas a terceros por dichos impuestos, así como contra el Impuesto al Activo.

Artículo 19.- En materia del Impuesto Sobre la Renta, las empresas navieras con embarcaciones inscritas en el REMM, podrán elegir entre lo siguiente:

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los beneficios fiscales a que se refiere la presente ley, se aplicarán conforme a lo establecido en esta ley y en los ordenamientos legales aplicables en la materia.

Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica)

Dip. César Patricio Reyes Roel (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Marina. Octubre 31 de 2002.)
 
 
 

QUE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 134 Y DEROGA EL INCISO F) DEL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 49 Y LA FRACCION IV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA CENTRALIZAR LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS EN UNA SOLA COMISION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN ALCOCER FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DE JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2002

El que suscribe, diputado Juan Alcocer Flores, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta soberanía vengo a presentar la siguiente iniciativa de decreto por el cual se reforma el párrafo tercero del artículo 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan el inciso f) del párrafo primero del artículo 49 y la fracción IV del artículo 90 de la misma ley, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las bibliotecas son centros de información que requieren un complejo sistema de administración, que comprende desde mantener los acervos actualizados hasta la prestación de servicios especializados de consulta y referencia. Por otra parte, necesitan personal capacitado y en constante actualización.

La administración de una biblioteca debe ser encomendada a profesionales que cuenten con los conocimientos suficientes para realizar dicha labor, así como un compromiso con la calidad.

Las bibliotecas deben ser valoradas como un elemento de desarrollo nacional, ya que en su interior se cultivan la educación de un pueblo, el conocimiento específico en diversas áreas del saber y la memoria de todo un país. Además, son el instrumento cotidiano en la toma de muchas de las decisiones trascendentales en los países desarrollados.

Con la nueva conformación del Congreso mexicano, se hace necesario contar con servicios eficientes de información que apoyen la toma de decisiones de los legisladores. Por esto, la necesidad de contar con una biblioteca que responda a los nuevos retos del quehacer parlamentario resulta evidente.

Actualmente, el Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión se compone de tres unidades: dos de la Cámara de Diputados y una del Senado de la República.

El Sistema de Bibliotecas, para brindar un eficiente servicio que satisfaga las necesidades del Poder Legislativo, requiere los más avanzados instrumentos de trabajo; es decir, la más moderna tecnología en materia de clasificación y almacenamiento de información, las publicaciones más modernas y actualizadas y personal altamente capacitado para atender adecuadamente a los legisladores.

La Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas ha determinado que las condiciones que guardan las bibliotecas de la Cámara de Diputados distan del nivel de calidad requerido; es decir, existe un significativo atraso en la adquisición de materiales, especialmente los de procedencia extranjera; no se cuenta con una partida presupuestal para comprar las publicaciones que no son objeto del depósito legal; los medios tecnológicos con los que se trabaja en ellas no son los idóneos; el personal que labora, en su mayoría, no está capacitado para las labores que desempeña. En resumen, las bibliotecas de que hoy dispone la Cámara de Diputados no están en condiciones de prestar un servicio de alta calidad a los legisladores.

Como antecedente, cabe señalar que las bibliotecas, hasta la LVII Legislatura, estaban regidas por un Comité de Biblioteca e Informática; es decir, eran dirigidas por legisladores, a quienes todo funcionario rendía cuentas. Esto en, su momento, dio resultados muy positivos. Posteriormente, a finales de la pasada Legislatura, se propusieron cambios en la administración de las bibliotecas del Congreso, especialmente en la de la Cámara de Diputados, mediante reformas a la Ley Orgánica en 1999.

Como resultado de dicha reforma, se dispuso que las bibliotecas fueran administradas por cuerpos burocráticos, lo que originalmente se consideró un eficaz mecanismo de administración que dejaba a salvo la dirección de los trabajos de la biblioteca de los vaivenes políticos. Sin embargo, en el transcurso de la presente Legislatura hemos observado que los órganos burocráticos no han dado los resultados que se esperaban con la modificación. Por el contrario, han caído en un estado de inactividad en su desempeño.

Por lo anterior, las bibliotecas de la Cámara de Diputados actualmente no cumplen eficientemente sus funciones, lo cual se traduce en que los usuarios que menos asisten a la biblioteca del Palacio de San Lázaro sean los diputados y sus colaboradores. La biblioteca no ha podido lograr que los legisladores se acerquen a ella. Esto, a su vez, ha ocasionado que no tenga grandes exigencias y mantenga una inercia de trabajo que, lejos de beneficiarla, la perjudica.

Por las razones antes expuestas, la presente iniciativa busca reivindicar para los legisladores el control de estos importantes centros de información, ya que actualmente la Ley Orgánica limita la actuación de los diputados en las labores que la biblioteca lleva a cabo, limitación que resulta inconveniente, pues los diputados tienen mejor apreciación de las necesidades del resto de los legisladores. Además, tienen un importante papel en el proceso legislativo, ya que aportan valiosos elementos para llevar a cabo iniciativas, dictámenes y cualquier otra determinación de las Cámaras.

En consecuencia, la actividad que desarrollan es prioritaria en la toma de decisiones de los legisladores, por lo que no puede cederse el control de tan importantes órganos a las instancias administrativas. Como claro ejemplo está el caso de la biblioteca del Senado de la República, cuyo control está en manos de los senadores mediante una comisión ordinaria, que es la responsable de conducir sus trabajos.

En los últimos años, esa biblioteca ha tenido un notable desempeño ya que, sin contar con grandes recursos, ha tenido un significativo crecimiento. Sin embargo, para eficientar su conducción, es conveniente centralizar la administración del Sistema de Bibliotecas en una sola comisión, ya que de esa manera las políticas que se instrumenten serán aplicables para la totalidad de las bibliotecas del Congreso, lo que tendrá como consecuencia la homogeneidad en los criterios de dirección y, por ende, en los servicios brindados a los legisladores, con lo cual se pretende lograr la calidad de desempeño requerida en dichas bibliotecas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente

Iniciativa de decreto por el cual se reforma el párrafo tercero del artículo 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan el inciso f) del párrafo primero del artículo 49 y la fracción IV del artículo 90 de la misma ley.

Artículo Unico. Se reforma el párrafo tercero del artículo 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan el inciso f) del párrafo primero del artículo 49 y la fracción IV del artículo 90 de la misma ley, para quedar en los siguientes términos:

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Título Segundo
De la Organización y Funcionamiento de la Cámara de Diputados

Capítulo Séptimo
De la Organización Técnica y Administrativa

Sección Segunda
De la Secretaría de Servicios Parlamentarios

Artículo 49.

1. ...

a) al e) ...

3. ..

Título Tercero
De la Organización y Funcionamiento de la Cámara de Senadores

Capítulo Quinto
De las Comisiones

Artículo 90.

1. ...

De la Difusión e Información de las Actividades del Congreso

Capítulo Unico

Artículo 134.

1. ...

2. ...

3. La dirección, administración y operación de las bibliotecas serán responsabilidad de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, integrada por tres diputados y tres senadores, electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas Juntas de Coordinación Política. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.

Transitorios

Primero. Estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga cualquier disposición que se oponga a este decreto.

Dip. Juan Alcocer Flores (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Octubre 31 de 2002.)
 
 
 

PARA MODIFICAR EL ARTICULO 2º DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, PARA INTEGRAR A LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE LA TOTALIDAD DE LOS INGRESOS PUBLICOS, EXCLUYENDO UNICAMENTE LOS PROVENIENTES DE LAS DESINCORPORACIONES Y VENTA DE ACTIVOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA GENOVEVA DOMINGUEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2002

Exposición de Motivos

Muchos gobiernos estatales y municipales se encuentran ante la necesidad de contar con suficientes recursos que les permitan impulsar el desarrollo de sus municipios y regiones. Hoy más que nunca, se entiende que la libertad política de los estados y municipios jamás será posible si la libertad económica no les está asegurada.

Los gobiernos estatales y municipales del país, relegados por muchos años a desempeñar labores asistenciales o funciones de prestadores de servicios básicos, han venido luchando por una revisión de sus facultades y recursos que les otorga la legislación actual.

Ante la nueva realidad que vive el país, los gobiernos municipales se enfrentan al reto de convertirse en impulsores del desarrollo de sus municipios y regiones.

Las finanzas publicas son un instrumento de política económica para ser utilizado en el desarrollo municipal y regional. Por ello, los avances en materia de democracia electoral han de ser complementados con la construcción de un federalismo hacendario que garantice las facultades y recursos que los tres ámbitos de gobierno requieren para cumplir con las funciones que la Constitución y la nueva realidad mexicana les exigen.

Dentro del proceso de la Reforma del Estado y del Federalismo, el ámbito fiscal y hacendario es uno de los principales temas a debate.

El perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal debe contribuir a fortalecer las haciendas públicas estatales y municipales logrando mantener el equilibrio de las finanzas de la federación.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha buscado avanzar en distintos aspectos de las relaciones fiscales del gobierno federal, los estados y los municipios, como son: La armonización impositiva y la reducción de la tributación múltiple: la simplificación de los sistemas tributarios federal y estatal; el establecimiento y el perfeccionamiento de un sistema de transferencia de recursos intergubernamentales llamados Participaciones; la colaboración administrativa en diversas materias impositivas y la creación y operación de organismos específicos de comunicación y diálogo entre las autoridades fiscales de los distintos ámbitos de gobierno.

Sin embargo, debe reconocerse que el Sistema no ha cumplido sus objetivos y la situación financiera de los Estados es frágil y alarmante.

Ante esta realidad, tenemos la obligación de contribuir para construir las bases que permitan dotar a los Municipios, Entidades Federativas y a la Federación, de los recursos y facultades necesarias para hacer de las finanzas públicas un verdadero instrumento que impulse el desarrollo de todas las regiones del país.

Por ello, la iniciativa que hoy presento a su consideración busca integrar a la Recaudación Federal Participable la totalidad de los ingresos públicos, excluyendo de ellos únicamente los provenientes de desincorporaciones y venta de activos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General someto a su consideración la siguiente iniciativa de reformas al artículo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 2

El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.

No se incluirán en la recaudación federal participable, los impuestos adicionales del 3% sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y del 2% en las demás exportaciones; ni tampoco los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo.

Tampoco se incluirán en la recaudación federal participable, los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa; ni los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos y sobre automóviles nuevos, de aquellas entidades que hubieran celebrado convenios de colaboración administrativa en materia de estos impuestos; ni la parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en que participen las entidades en los términos del artículo 3o.-A de esta Ley; ni la parte de la recaudación correspondiente a los contribuyentes pequeños que las entidades incorporen al Registro Federal de Contribuyentes en los términos del artículo 3o.-B de esta Ley; ni el excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 15% a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los artículos 130 y 158 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

La modificación será PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 2

El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus ingresos , disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos. No se incluirán los ingresos provenientes de desincorporaciones o venta de activos.

Dip. Genoveva Domínguez Rodríguez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Octubre 31 de 2002.)
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Decreto por la que se solicita autorización para que el C. Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del Territorio Nacional del 10 al 16 de Noviembre de 2002, con el fin de participar en el Quinto Aniversario de la Cumbre de Microcrédito, a realizarse en Nueva York, Estados Unidos de América el día 10 de Noviembre; del 11 al 15 de Noviembre de 2002, con objeto de efectuar una gira de trabajo por Europa, que incluye visitas oficiales y de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 11 al 12 de Noviembre; a la República de Irlanda el 13 de Noviembre, así como a la República Francesa el 14 y 15 del mismo mes.; y el 16 de Noviembre de 2002, a fin de participar en la Décima Segunda Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Bávaro, República Dominicana.

Los Diputados Federales Miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los Artículos 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 39, 45 párrafo sexto, incisos d, e y f; así como en el tercero transitorio, fracción IV, inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los Artículos 60, 87, 88, 93 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, analizan la iniciativa y presentan este DICTAMEN con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de Abril de 2002, el Director General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, envió a la Cámara de Senadores la Iniciativa de Decreto para conceder autorización al C. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse en varias ocasiones del Territorio Nacional, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- El día 16 de Abril del año en curso, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso que tal iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Relaciones Exteriores- Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores Europa y África y de Relaciones Exteriores, América Latina y Caribe. Diversos permisos de los solicitados por el Ejecutivo Federal fueron dictaminados; sin embargo, aún quedaban pendientes por estudiar y, en su caso, autorizar, las Iniciativas de Decreto por la que se solicita autorización para que el C. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del Territorio Nacional del 10 al 16 de Noviembre de 2002, a fin de realizar una visita oficial al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, una visita de Estado a la República de Francia; así como participar en la XII Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Bávaro, República Dominicana. En consecuencia, con fecha 3 de Septiembre del año en curso, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Europa y África; y de Relaciones Exteriores, América Latina y Caribe.

3.- Con fecha 10 de Octubre de 2002, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, remitió a la Cámara de Senadores un oficio complementario al referido en el inciso anterior, por medio del cual presenta una nueva Iniciativa de Decreto por el que se solicita autorización para que el C. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del Territorio Nacional del 10 al 16 de Noviembre de 2002, con el fin de participar en el Quinto Aniversario de la Cumbre de Microcrédito, a realizarse en Nueva York, Estados Unidos de América; del 11 al 15 de Noviembre de 2002, con objeto de efectuar una gira de trabajo por Europa, que incluye visitas oficiales y de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 11 al 12 de Noviembre, a la República de Irlanda el 13 de Noviembre, así como a la República Francesa el 14 y 15 del mismo mes; y finalmente el 16 de Noviembre de 2002, a fin de participar en la Décima Segunda Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Bávaro, República Dominicana.

4.- En sesión ordinaria del 10 de Octubre del 2002, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Relaciones Exteriores, América del Norte, de Relaciones Exteriores, Europa y Africa y de Relaciones Exteriores, América Latina y Caribe de dicha Cámara.

5.- En Fecha 24 de Octubre de 2002, el presente Proyecto de Decreto, fue discutido y aprobado en la Cámara de Senadores y fue remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

6.- El 29 de Octubre del 2002, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a ésta Comisión el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que concede autorización al C. Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del Territorio Nacional del 10 al 16 de Noviembre de 2002, con el fin de participar en el Quinto Aniversario de la Cumbre de Microcrédito, a realizarse en Nueva York, Estados Unidos de América el día 10 de Noviembre; del 11 al 15 de Noviembre de 2002, con objeto de efectuar una gira de trabajo por Europa, que incluye visitas oficiales y de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 11 al 12 de Noviembre; a la República de Irlanda el 13 de Noviembre, así como a la República Francesa el 14 y 15 del mismo mes.; y el 16 de Noviembre de 2002, a fin de participar en la Décima Segunda Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Bávaro, República Dominicana

De acuerdo con las disposiciones vigentes tanto en la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión es competente para estudiar, analizar y dictaminar la Minuta con proyecto de decreto antes señalada.

Esta Comisión emite su dictamen, haciendo un análisis de la Minuta con Proyecto de Decreto en estudio, tomando en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

Cumbre de Microcrédito, Nueva York, EUA.

Es reconocido el papel que juegan las micro y pequeñas empresas en el desarrollo global, ya sea en los países desarrollados, como en las economías emergentes o en vías de desarrollo. Múltiples ejemplos de ello se encuentran en naciones prósperas como Italia o Japón y casos específicos de políticas públicas orientadas con éxito por sus gobiernos al desenvolvimiento de estas empresas multiplicadoras del empleo y del ingreso.

El objetivo principal de esta Cumbre de Microcrédito, que surgió en 1997, es alcanzar en nueve años a 100 millones de las familias más pobres, a quienes se les proporcione crédito y otros servicios financieros y comerciales, para que puedan trabajar por cuenta propia para antes del año 2005.

El 15 de Diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2005, como el "Año Internacional del Microcrédito" y pidió que se aprovechara la ocasión que ofrecía la conmemoración del año para dar impulso a los programas de microcrédito en todo el mundo. Asimismo, pidió a quienes trabajan en programas de erradicación de la pobreza que tomaran medidas adicionales para proporcionar a un número cada vez mayor de personas que viven en la pobreza créditos y servicios conexos, destinados a fomentar por cuenta propia el trabajo y las actividades de generación de ingresos. Se invitó a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales, al sector privado y a los medios de difusión a que enfatizaran el papel que desempeña el microcrédito en la erradicación de la pobreza, su aportación al desarrollo social y el efecto positivo que tienen en la vida de quienes están marginados del desarrollo.

Esta Comisión de Relaciones Exteriores resalta la importancia que tiene el 5° Aniversario de la Cumbre de Microcrédito, a celebrarse del 10 al 13 de Noviembre de este año, donde se espera la participación de más de 3,000 delegados incluyendo a Jefes de Estado y de Gobierno y de otros dignatarios, en la cual se ofrecerá una oportunidad a microempresarios, promotores, donantes, y otros sectores comprometidos con el objetivo de la Cumbre, para evaluar el progreso, identificar nuevos retos y reafirmar su compromiso en esta campaña de 9 años. Por ello, consideramos conveniente la presencia del titular del Poder Ejecutivo en esta reunión que representa una oportunidad para intercambiar puntos de vista y experiencias en el campo de los microcréditos, con el objeto de enviar un mensaje a la comunidad internacional sobre la importancia que concede México a este mecanismo de financiamiento.

Visita oficial al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Las Relaciones Diplomáticas con el Reino Unido constituyen una de las prioridades de la política exterior mexicana de vinculación con Europa, por el papel diferenciado que cumple esta nación insular con el resto del continente.

Las relaciones bilaterales caracterizadas por su estabilidad y espíritu de franca cooperación, se han visto fortalecidas en los últimos años gracias al diálogo político entre ambas partes. México ha sabido desarrollar una presencia destacada en los ámbitos político, comercial, cultural y financiero de la Gran Bretaña.

El Reino Unido fue uno de los más entusiastas promotores de México en su ingreso al Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea y es el segundo inversionista más fuerte en México, después de los Estados Unidos, con una inversión acumulada de 8 mil millones de dólares.

Respecto al mecanismo de libre comercio, actualmente se comienzan a percibir los resultados de este Acuerdo y de la reducción de aranceles, cuya primera ronda los eliminó hasta en un 30%, impactando de manera positiva a las empresas mexicanas y británicas que mantienen un intercambio comercial. El año pasado el comercio de México hacia el Reino Unido aumentó un 54%. Por el momento, se cuenta con un intercambio comercial de 1 mil millones de dólares en ambas direcciones, pero se espera se incremente esta cifra en un 50% para el año 2004.

En el rubro de la inversión británica generadora de empleo en México, al mes de Diciembre de 2001 se contaba con el registro de 703 empresas, es decir, el 3% del total de sociedades con inversión extranjera directa (IED) establecidas en México (23,110). Los inversionistas británicos participan mayoritariamente en el capital social de 577 empresas (82.1%) y minoritariamente en las restantes 126 (17.9%). De acuerdo a su localización geográfica, las empresas con inversión del Reino Unido se localizan principalmente en el Distrito Federal, el Estado de México, Quintana Roo, Jalisco y Nuevo León.

La visita oficial del Presidente Vicente Fox a ese País, se realizará en reciprocidad a aquella que llevó a cabo el Primer Ministro Anthony Blair en Agosto de 2001, y permitirá mantener un intercambio de opiniones sobre diferentes temas de la llamada Nueva Agenda Internacional, como Derechos Humanos, terrorismo, medio ambiente, combate al crimen organizado, así como sobre el fortalecimiento del multilateralismo, entre otros.

Los que integramos la Comisión de Relaciones Exteriores al analizar este programa coincidimos en que contempla encuentros y entrevistas con los principales actores políticos, económicos y sociales del Reino Unido. Que Incluyen reuniones con el Primer Ministro y una visita de cortesía a la Jefa de Estado, la Reina Isabel II, así como con altos funcionarios y parlamentarios británicos. Asimismo, se ha establecido una intensa agenda de promoción económico-comercial destinada a reforzar nuestros vínculos económicos y promover la Inversión Extranjera Directa a nuestro País; las co-inversiones; la transferencia de tecnología y el incremento de oportunidades de negocios y colaboración con los diversos agentes económicos de esa Nación. De igual forma, se tiene prevista una importante agenda cultural que contempla la inauguración de una magna exposición de arte precolombino en la Real Academia de Londres, así como diversas conferencias en foros económicos y políticos de gran relevancia en la capital de ese país.

Visita a la República de Irlanda

El Presidente Fox llevará a cabo una gira de un día por la República de Irlanda, en reciprocidad a la visita oficial que realizó a México la Presidenta Mary McAleese, en Abril de 1999.

En la década pasada las relaciones México-Irlanda alcanzaron una etapa de acercamiento y profundización. Con el establecimiento de las Representaciones Diplomáticas de ambos países, las relaciones bilaterales han reflejado un cambio cualitativo que reconoce ventajas cooperativas a todos niveles y en los ámbitos político, económico, educativo y cultural.

En el plano multilateral, ambos países han encontrado marcadas coincidencias en temas como: el narcotráfico, Derechos Humanos, desarme y liberalización comercial. De igual forma, el importante papel que juega Irlanda en la Unión Europea y el destacado papel económico-financiero de la comunidad irlandesa en el exterior, son factores que han fortalecido la proyección internacional de ese País, abriendo nuevas perspectivas para el desarrollo de la colaboración bilateral y multilateral. La participación de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la entrada en vigor del Acuerdo Global México-UE y el papel destacado de nuestro País en América Latina, han fortalecido la importancia que Irlanda le concede al mismo.

En el plano comercial, Irlanda se situó como el noveno socio comercial de México. En 1999, el intercambio comercial bilateral ascendió a 396.7 millones de dólares (mdd), las importaciones alcanzaron 329.7 millones de dólares (mdd) y las exportaciones se ubicaron en 67 millones de dólares (mdd), con un déficit para nuestro país de 262.7 millones de dólares (mdd). En el año de 2001, México fue el principal socio comercial de Irlanda en América Latina, representando un tercio del comercio total irlandés con la región.

El Gobierno de Irlanda ha manifestado su apoyo para programas bilaterales orientados al desarrollo de la educación superior y realiza tareas para incrementar la promoción y difusión de la cultura, mantiene una activa participación en la Agenda Internacional y coincide con México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Por los razonamientos anteriores, consideramos de importancia esta visita, dado que pretende desarrollar una tarea de promoción económica y estimular las relaciones culturales entre ambos países. Coincidimos en que los contactos personales entre Jefes de Estado son instrumentos eficaces en el fortalecimiento de las relaciones internacionales. El presidente Vicente Fox sostendrá encuentros con personalidades políticas, económicas y culturales de ese país para examinar temas de interés común, se reunirá con la Presidenta McAleese y con el Primer Ministro Bertie Ahern, con quienes abordará la situación en Iraq y en Medio Oriente, la lucha contra el terrorismo, los derechos humanos y el medio ambiente, el combate al crimen organizado y el fortalecimiento del multilateralismo. Sostendrá encuentros con representantes del sector empresarial y financiero y tendrá la oportunidad de dirigirse a los ciudadanos irlandeses a través de una entrevista que se transmitirá por la televisión de ese país.

Visita de Estado a la República de Francia.

México y Francia han mantenido una relación diplomática que tiene casi dos siglos de existencia. Al inicio del siglo XIX, establecieron relaciones diplomáticas y comerciales y años después pudieron superar sus diferencias a través de acuerdos internacionales. La relación franco - mexicana, se ha consolidado a través del tiempo por los lazos históricos y culturales que unen a sus pueblos.

México asigna a Francia una gran importancia en su estrategia de diversificación, tanto por su peso político y económico, como por su posición de influencia en los foros regionales y globales. Dado el papel que juega este país en la Europa Comunitaria, fue la estrategia mexicana para recibir el importante apoyo francés durante el proceso de negociación para el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea, firmado en Bruselas en 1997.

En la actualidad, las relaciones entre México y Francia se caracterizan por un clima de franqueza y cordialidad mutuas, que se refleja en una creciente cooperación, debido en parte a la nueva configuración económica y política del entorno internacional, donde el país Galo mantiene una posición propia sobre temas políticos y de seguridad, sin menoscabo de su vinculación con "La Europa de los Quince". Esto ha llevado a que ambas naciones mantengan coincidencias importantes en materia de política exterior, especialmente en lo referente a la construcción de un régimen mundial equilibrado basado en el derecho internacional y en la preeminencia de las decisiones dentro de la organización de las Naciones Unidas, donde los gobiernos de México y Francia tienen un asiento en el Consejo de Seguridad, el primero de ellos de carácter bianual y el segundo de manera permanente.

En el campo de la economía internacional, Francia desempeña un papel central por la importancia de sus inversiones y la consolidación de sus empresas multinacionales en todos los mercados mundiales. Respecto a México, es el quinto socio comercial y su cuarto socio inversionista en los países de la Unión Europea con más de 600 empresas francesas en nuestro país.

La visita en comento, reforzará el proceso de contactos al más alto nivel con los miembros de los Poderes Ejecutivos, de Legisladores de ambos Congresos, de gobernadores de diferentes entidades federativas y alcaldes de provincias francesas, así como de representativos de los sectores académico, cultural, empresarial y de organizaciones sociales impulsadas por ambos gobiernos. De esta forma, la relación política de México con Francia ha estado basada en una interlocución de muy alto nivel, realizada de manera permanente.

La Iniciativa menciona que, durante esta gira internacional, el Presidente Vicente Fox se reunirá con su homólogo Jacques Chirac y con el Primer Ministro Jean-Pierre Raffarin, quienes recientemente tomaron posesión de sus cargos, por lo que será posible establecer un programa de acción de largo plazo hasta el 2006. De igual forma, se reunirá con los Presidentes del Senado y de la Asamblea Nacional y con otros actores políticos de enorme importancia para consolidar la presencia económica y cultural de nuestro país en la agenda francesa.

Se tiene prevista una importante agenda de promoción económico-comercial, encaminada a fomentar a México como destino de comercio e inversiones, y se desarrollará un programa cultural que permita reforzar la estrategia de difusión de la cultura mexicana, ampliamente estimada en esta nación.

XII Cumbre Iberoamericana, Bávaro, República Dominicana.

La relación de México con Latinoamérica debe mantenerse como una de las más altas prioridades de la política exterior nacional, región con la que nos une, no sólo la proximidad geográfica, sino también una herencia histórica y cultural, que vincula de manera singular nuestra identidad y destinos comunes. Por otra parte, con España y Portugal nos vincula, además de los principios y valores culturales, intereses comunes que han sido favorables para México, como se ha demostrado dentro de los foros comunitarios europeos.

En este contexto, la presencia del Presidente de México en la XII Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar en la República Dominicana el 15 y 16 de Noviembre de 2002, permitirá dar continuidad a esta estrategia multilateral y regional de México, enriqueciendo su presencia en una área que no es ajena a las inestabilidades de la arquitectura financiera internacional y a las disparidades del desarrollo.

La Cumbre Iberoamericana, después de más de una década de experiencias y compromisos compartidos, se ha institucionalizado como un espacio actual, de dimensiones intercontinentales, para impulsar una agenda de interés político, económico y social.

Anualmente en dicha Cumbre se discute un tema central, que en este caso versará sobre el turismo sustentable. Debido a los ingresos percibidos por este rubro y la cantidad de personas dedicadas al mismo, esta actividad significa para las regiones latinoamericana e ibérica, un porcentaje considerable de su Producto Interno Bruto (PIB) y de su población económicamente activa; además representa ventajas comparativas a nivel mundial como oferentes de productos sustentables, cuyo efecto repercute en otros sectores de la economía como el artesanal, agropecuario, industrial y de bienes y servicios en general.

Sin perjuicio de lo anterior, el encuentro abarca la discusión de otros asuntos de gran trascendencia para Iberoamérica, como el de la educación. Hacer efectivo el ejercicio del derecho a una educación básica de calidad para todos, es una condición para la gobernabilidad democrática. La Cumbre permitirá reafirmar que la cobertura y calidad de la educación constituye la más alta prioridad, que las políticas de educación compensatoria deben ser dirigidas a los grupos más vulnerables de la sociedad, de tal manera que la educación contribuya efectivamente a la superación de la pobreza. Con este fin, en la Declaración de la pasada Cumbre celebrada en la Ciudad de Lima, Perú, e intitulada "Unidos para Construir el Mañana", los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron el compromiso de realizar esfuerzos para que, a más tardar en el año 2015, todos los niños de Iberoamérica tengan acceso a una educación inicial temprana y a la educación primaria gratuita y obligatoria, sustentada, entre otros, en los valores de la paz, la libertad y la democracia; y en los principios de la no discriminación, equidad, pertenencia, calidad y eficacia.

Por lo tanto, la presencia del Titular del Poder Ejecutivo en esta Cumbre es congruente con la posición de México de reforzar la diplomacia multilateral; reafirmar el interés prioritario por la región latinoamericana. Coincide con el reconocimiento del papel que España y Portugal juegan en la estrategia de inserción de México en Europa, y el interés político, económico y cultural de estas Naciones por la región iberoamericana y, en general, reiterar los beneficios que trae una política exterior más activa y diversificada.

Los Diputados Federales integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores acordamos recomendar al Pleno de la Cámara de Diputados que, conforme a la práctica ya establecida, solicite al Ejecutivo, una vez concluidos los viajes autorizados por el Congreso de la Unión, informe a este Órgano Legislativo el resultado de los mismos.

POR LO ANTES EXPUESTO Y FUNDADO, SOMETEMOS A LA CONSIDERACION DE ÉSTA HONORABLE ASAMBLEA LA APROBACION DEL SIGUIENTE PROYECTO DE

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede autorización al C. Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 16 de Noviembre de 2002, con el fin de participar en el Quinto Aniversario de la Cumbre de Microcrédito, a realizarse en Nueva York, Estados Unidos de América el día 10 de Noviembre; del 11 al 15 de Noviembre de 2002, con objeto de efectuar una gira de trabajo por Europa, que incluye visitas oficiales y de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 11 al 12 de Noviembre; a la República de Irlanda el 13 de Noviembre, así como a la República Francesa del 14 al 15 del mismo mes; y el 16 de Noviembre de 2002, a fin de participar en la Décima Segunda Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Bávaro, República Dominicana.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente, PRI; Francisco Javier Sánchez Campuzano, secretario, PRI (rúbrica); Tarcisio Navarrete Montes de Oca, secretario, PAN (rúbrica); José Carlos Borunda Zaragoza, secretario, PAN (rúbrica); Erika Elizabeth Spezia Maldonado, secretaria, PVEM (rúbrica); Sergio Acosta Salazar, PRD; Samuel Aguilar Solís, PRI; Alberto Anaya Gutiérrez, PT; Hilda Josefina Amalia Anderson Nevárez, PRI (rúbrica); Eduardo Arnal Palomera, PAN (rúbrica); Edilberto J. Buenfil Montalvo, PRI; María Elena Chávez Palacios, PAN; Jorge Alejando Chávez Presa, PRI; Víctor Emanuel Díaz Palacios, PRI (rúbrica); Lucio Fernández González, PAN (rúbrica); Adrián Salvador Galarza González, PAN; Raúl Covarrubias Zavala, PAN; Augusto Gómez Villanueva, PRI; Raúl Gracia Guzmán, PAN (rúbrica); Efrén Leyva Acevedo, PRI; José Ramón Mantilla y González de la Llave, PAN (rúbrica); Miguel Angel Moreno Tello, PRI (rúbrica); José Luis Novales Arellano, PAN (rúbrica); Bernardo Pastrana Gómez, PAN; Ma. de los Angeles Sánchez Lira, PRD (rúbrica); Heidi Gertud Storsberg Montes, PAN (rúbrica); Emilio Ulloa Pérez, PRD; Eddie Varón Levy, PRI (rúbrica); José Socorro Velázquez Hernández, PRI (rúbrica); Gustavo Riojas Santana, PSN.

(Primera lectura. Octubre 31 de 2002.)
 
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, CON PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Gobernación y Seguridad Pública, de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del H. Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, presentada por el Ejecutivo Federal.

Estas Comisiones Unidas, de conformidad en lo establecido en el artículo 39, numerales 1 y 2, fracciones XVI y XVIII, 45, numerales 6, inciso f) y g) y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 56, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Órgano Federal, se somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen.
 

METODOLOGÍA

A) En un primer apartado denominado ANTECEDENTES, se establece una breve referencia relacionada con el origen de la propuesta del Ejecutivo Federal que se analiza;

B) En un segundo apartado denominado DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, se plantean de manera sucinta los argumentos del Ejecutivo Federal respecto de cada uno de las Capítulos que abarca la Iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;

C) En el apartado de CONSIDERACIONES, las Comisiones Dictaminadoras exponen los motivos que dieron lugar al presente dictamen, y

D) En el apartado de MODIFICACIONES, se exponen los argumentos por los cuales se realizan los cambios que se consideraron pertinentes.

ANTECEDENTES

1.- Mediante oficio número DGG/211/1357/02 de fecha 18 de abril de 2002, suscrito por el Director General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, se presentó ante el H. Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados como cámara de origen, la iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

2.- En sesión celebrada el 23 de abril de 2002, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la iniciativa en cuestión para su estudio y dictamen.

3.- Mediante oficio No. D.G.P.L. 58-11-1-866 de 7 de junio de 2002, la Mesa Directiva de esta H. Legislatura instruyó la ampliación del turno a favor de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

4.- Con fecha 24 octubre de 2002, las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación y Seguridad Pública sesionaron a efecto de analizar y discutir la citada iniciativa y emitir el dictamen correspondiente, el cual se somete a la consideración y, en su caso, aprobación de esta Honorable Asamblea.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

Señala el Ejecutivo Federal en la exposición de motivos de su iniciativa, que "La inseguridad y la violencia asociada a los delitos es uno de los principales problemas que sin lugar a dudas enfrenta actualmente el Gobierno de la República y la sociedad. Cada día se observa con mayor preocupación un clima de incertidumbre y desconfianza de la población hacia las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, así como una percepción generalizada de que los delitos no son castigados por las autoridades encargadas de la impartición de justicia; es decir, se vive una verdadera sensación de impunidad."

De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, para el Ejecutivo Federal resulta imprescindible diseñar un modelo de administración que permita orientar las tareas asignadas a la Procuraduría General de la República "de acuerdo con la demanda de los servicios de procuración de justicia; establecer la cooperación interinstitucional e internacional como norma de trabajo; desarrollar con transparencia los procesos de decisión y planeación; evaluar sistemáticamente la calidad y eficacia en las funciones encomendadas por el orden jurídico, y generar los sistemas de control en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Estas acciones conllevarán a la intolerancia de la corrupción, la ineficacia, la incapacidad, la desorganización y, finalmente, redundarán en la reversión de la impunidad."

Asimismo, considera que "es necesario rediseñar los procesos, procedimientos y operaciones de la Procuraduría General de la República, mediante programas y herramientas de planeación, control y evaluación con la finalidad de elevar los índices de efectividad, así como asegurar el logro de los objetivos institucionales mediante el compromiso profesional del Ministerio Público de la Federación y sus órganos auxiliares."

En este contexto, presenta una iniciativa de Ley que comprende diez capítulos, denominados de la siguiente manera: Disposiciones Generales; Bases de organización; De los auxiliares del Ministerio Público de la Federación; De la suplencia y representación del Procurador General de la República; Del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal; De los procesos de evaluación de los servidores públicos; De los derechos de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la policía federal investigadora y peritos; De las causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la policía federal investigadora y peritos; De las sanciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la policía federal investigadora y peritos y, Disposiciones Finales.

En siete apartados, el iniciador explica el contenido de su iniciativa, destacándose lo siguiente:

"I. Reestructuración de las Facultades de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público de la Federación y del Titular de la Institución.

La Ley vigente establece las facultades que corresponden de manera personal al Procurador General de la República y al Ministerio Público de la Federación, no así a la Institución en sí misma. Muchas de las facultades que corresponden a la Institución se encuentran atribuidas erróneamente al Ministerio Público de la Federación, sin observar que la Procuraduría General de la República está a cargo del despacho de múltiples asuntos que estrictamente no corresponden a las funciones ministeriales, ni al Procurador General de la República en forma personal e indelegable.

Por lo anterior, se propone sistematizar las funciones que corresponden al Ministerio Público de la Federación, a la Procuraduría General de la República y al Procurador General de la República en forma indelegable, en tres apartados.

Por cuanto hace a las atribuciones del Ministerio Público de la Federación, se estima que la ley vigente señala sus facultades de manera dispersa y poco sistemática. Por ello, se sugiere agrupar las atribuciones del Ministerio Público de la Federación en un solo artículo que, de forma coherente, separe dichas atribuciones en diversos apartados.

De esta manera, se establecen las atribuciones del Ministerio Público de la Federación relativas a la investigación y persecución de los delitos del orden federal, en tres apartados referentes a las funciones en materia de averiguación previa, actuación ante los órganos jurisdiccionales y atención a víctimas u ofendidos.

El último apartado señalado constituye un paso de la mayor trascendencia, ya que por primera vez se sistematizan las funciones ministeriales respecto a la atención de las víctimas y ofendidos, de conformidad con la reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la cual se adicionó un apartado "B" relacionado con las garantías individuales de quienes son agraviados por la comisión de delitos.

También se señalan las funciones del Ministerio Público de la Federación como vigilante de la observancia de la constitucionalidad y legalidad; intervención en los juicios de amparo; intervención ante la autoridad judicial como representante de la Federación en los negocios en que ésta sea Parte o tenga interés jurídico, e intervención en las extradiciones de indiciados, procesados y sentenciados, así como en el cumplimiento y aplicación de instrumentos internacionales en el ámbito de su competencia, entre otras.

A la Procuraduría General de la República se le otorgan atribuciones en materia de respeto a los derechos humanos, incluyendo el fomento de una cultura de legalidad y la atención a las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales en la materia; participación en el Sistema Nacional de Planeación Democrática conforme a las disposiciones aplicables; participación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en términos de la ley de la materia, y celebración de tratados, acuerdos e instrumentos de alcance internacional en asuntos concernientes a las atribuciones de la Institución, con la intervención que en su caso corresponda a las dependencias de la Administración Pública Federal, entre otras.

Por lo que hace a las facultades que de manera expresa otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables al Procurador General de la República, se propone que la Ley Orgánica de la Institución enumere las atribuciones personales de su Titular, entre las que destacan la intervención en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales; solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conozca de amparos directos o en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten; denunciar ante la propia Corte la sustentación de tesis que estime contradictorias, y proponer al Ejecutivo proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas, así como la celebración de instrumentos internacionales en las materias competencia de la Institución.

Cabe destacar que la Iniciativa conserva la atribución personal del Procurador para la celebración de los convenios a que se refiere el artículo 119 de la Constitución Federal, relativo a la colaboración entre la Federación, el Distrito Federal y los Estados de la República en materia de entrega de indiciados, procesados o sentenciados, y práctica del aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, así como de otras diligencias.

Fuera de los convenios anteriores, se otorga la facultad de celebrar acuerdos, bases de colaboración y otros convenios, tanto al Procurador como a otros servidores públicos conforme a lo que determine el Reglamento de la Ley. Ello, en virtud de que la ley vigente no es clara en cuanto a las atribuciones de los delegados de la Procuraduría en las entidades federativas y de otros servidores públicos, para celebrar esta clase de instrumentos.

Cabe destacar que muchos instrumentos de coordinación y colaboración deben ser celebrados por las autoridades operativas, sin que para ello sea necesaria la intervención directa del Titular de la Institución, sino que basta con su acuerdo o autorización para tal efecto.

También debe destacarse la atribución expresa e indelegable del Procurador General de la República para celebrar acuerdos interinstitucionales con órganos gubernamentales extranjeros u organismos internacionales, en términos de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Lo anterior, en virtud de que la Ley sobre la Celebración de Tratados otorga la atribución de celebrar acuerdos interinstitucionales a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, como se señaló con anterioridad, la Procuraduría General de la República ya no es una dependencia federal, por lo que la atribución antes mencionada resultaba poco clara.

Se señala de manera clara que el Procurador General de la República deberá resolver en definitiva sobre el no ejercicio de la acción penal; la cancelación o reclasificación de órdenes de aprehensión; la formulación de conclusiones no acusatorias, y las consultas que los Agentes del Ministerio Público de la Federación formulen, o las prevenciones que la autoridad judicial acuerde, respecto de la omisión de formular conclusiones en el término legal, de conclusiones presentadas en proceso o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso penal antes de que se pronuncie sentencia.

El Procurador podrá delegar esta atribución en otros servidores públicos de la Institución, sin perjuicio de que el Reglamento de la Ley faculte para ello a los titulares de otras unidades administrativas.

II. Bases de Organización de la Procuraduría General de la República.

La estructura vigente de la Procuraduría General de la República se centra en un concepto de desconcentración territorial de las funciones del Ministerio Público de la Federación, mediante el establecimiento de delegaciones de la Institución en las entidades federativas, las cuales se agrupan en zonas. De conformidad con el Reglamento de la Ley vigente, existen tres zonas cada una a cargo de un Subprocurador.

Cabe destacar que las zonas respectivas comprenden áreas geográficas discontinuas; es decir, una misma zona puede agrupar a las delegaciones en Estados de la República ubicados en el norte, centro y sur del país. Ahora bien, dado que una de las características de la delincuencia organizada se refiere a la constante modificación de sus métodos de operación, como es el caso de las rutas utilizadas por los traficantes de personas, drogas y armas, entre otros delitos, resulta necesario modificar la estructura actual de la Institución, con objeto de lograr una mayor coordinación en el combate a la delincuencia.

(..........)

Por lo anterior, la propuesta de nueva estructura de la Institución parte de un adecuado equilibrio entre dos criterios básicos: la especialización y la desconcentración territorial y funciona1.

Conforme a los criterios mencionados, se propone que la Nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establezca las bases para el establecimiento de unidades administrativas especializadas en la investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las diversas manifestaciones de la delincuencia organizada, así como a la naturaleza y complejidad de los diversos delitos federales.

Las unidades administrativas especializadas responden a una realidad práctica, dado que la amplitud y complejidad de las diversas figuras delictivas, la sofisticación en la comisión de los delitos, las dificultades diversas de los medios de comisión, obligan a una especialización temática. En la actualidad, por ejemplo, es imposible que un mismo agente del Ministerio Público de la Federación tenga amplios conocimientos, en forma simultánea, de los delitos financieros y fiscales; delitos ambientales, delitos contra la propiedad industrial y los derechos de autor, y otros.

Asimismo, dadas las características particulares de la delincuencia organizada, es indispensable contar con unidades administrativas especializadas en la persecución y desmantelamiento de las organizaciones delictivas.

A este respecto, cabe destacar que en la presente Iniciativa se propone una disposición transitoria con objeto de aclarar que la unidad especializada a que se refiere el artículo 8º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se conformará en términos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Con relación a lo anterior, en la presente Iniciativa se establecen las bases legales para contar no sólo con una, sino con varias unidades administrativas especializadas para la atención de géneros de delitos de delincuencia organizada. Dichas unidades abarcarán la investigación y persecución de Delitos contra la Salud, de Terrorismo y de Acopio y Tráfico de Armas, de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de Secuestros, de Tráfico de Menores, Indocumentados y órganos, de Asalto y Robo de Vehículos, sin perjuicio de que el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Titular de la Institución establezcan y modifiquen las estructuras respectivas, para dar una respuesta ágil y eficaz en el combate a la delincuencia organizada de conformidad con las necesidades del servicio.

Ahora bien, es necesario que estas unidades especializadas cuenten con los mecanismos de colaboración y coordinación entre sí y con las demás unidades administrativas de la Procuraduría General de la República. Por ello, deberá existir una unidad de coordinación superior que, junto con las unidades de investigación y persecución de géneros de delitos de delincuencia organizada, conformarán una gran estructura sistematizada y especializada en la materia.

En este orden de ideas, se propone que en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se conserven las funciones sustantivas del Ministerio Público de la Federación para la investigación y persecución de este tipo de manifestaciones delictivas, y que sea la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República la que determine las bases legales para la organización y funcionamiento de las unidades administrativas a cargo del desempeño de tales funciones.

Por lo que se refiere al sistema de desconcentración territorial y funcional, se propone el establecimiento de delegaciones de la Institución en las entidades federativas, las cuales contarán con agencias del Ministerio Público de la Federación que atenderán los asuntos que les corresponda en las circunscripciones territoriales que determine el Procurador, de conformidad con criterios de incidencia delictiva, densidad de población, características geográficas y la correcta distribución de las cargas de trabajo.

Cabe destacar que se conserva la posibilidad de que las delegaciones de la Procuraduría en las entidades federativas sean adscritas a unidades administrativas a cargo de su coordinación, supervisión y evaluación, cuando el Procurador lo estime conducente para el mejor despacho de los asuntos, atendiendo a las disponibilidades presupuestales.

Las unidades desconcentradas tendrán atribuciones en materia de integración de averiguaciones previas, ejercicio o no de la acción penal, reserva, incompetencia, acumulación, control de procesos, intervención en juicios de amparo, prevención del delito, servicios a la comunidad y servicios administrativos, además de las funciones que el Procurador considere conveniente desconcentrar para acercar los servicios de procuración de justicia federal a la población.

Cabe destacar que el Procurador General de la República, como Titular de la Institución y del Ministerio Público de la Federación, deberá dictar los ordenamientos administrativos internos que garanticen la coordinación entre las unidades administrativas especializadas y las desconcentradas, a fin de mantener los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación.

Como parte de la desconcentración territorial, se encomienda a las delegaciones de la Institución la integración de un sistema de información, que permita conocer con oportunidad la legislación del Distrito Federal y de los Estados integrantes de la Federación, a fin de que, en su caso, el Procurador General de la República promueva la acción de inconstitucionalidad respectiva, de conformidad con sus atribuciones como vigilante de la constitucionalidad y legalidad.

Es necesario precisar que el ordenamiento legal en la materia establece un listado limitativo de delitos que pueden ser cometidos por miembros de la delincuencia organizada, en el cual se incluyen el terrorismo, delitos contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos. Además, existen otras formas de manifestación delictiva que, si bien no están incluidas en el listado de delitos antes referido, no por ello dejan de ser ejecutados de manera organizada.

Por lo anterior y en virtud de la constante sofisticación de la delincuencia, particularmente la organizada, la Iniciativa faculta al Procurador General de la República para crear otras unidades especializadas cuando lo estime pertinente, toda vez que la investigación y persecución de los delitos requiere de la actualización y especialización permanente de las estructuras de organización de la Procuraduría.

Asimismo, se faculta también al Procurador para crear fiscalías especiales, cuyo objeto será el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos, que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten. Cabe precisar que estas fiscalías, por su naturaleza propia, serán de carácter temporal, ya que sus funciones terminarán una vez concluidos los procedimientos penales relativos a los delitos específicos para los cuales hubieren sido creadas.

Por otra parte, cabe destacar que la Iniciativa vincula las estructuras de las unidades administrativas especializadas y las unidades desconcentradas, con las categorías de agentes del Ministerio Público de la Federación, de la policía federal investigadora y de los peritos, de conformidad con el Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal.

Esta disposición es de la mayor trascendencia, toda vez que se garantiza la debida congruencia entre los ascensos del Servicio de Carrera, con la ocupación de plazas de mayor responsabilidad, así como entre las funciones encomendadas con el cargo desempeñado. Ello, sin lugar a dudas, redundará tanto en un mayor interés de los servidores públicos por desarrollarse profesionalmente dentro de la Institución, como en el otorgamiento de cargos superiores para quienes reúnan los conocimientos y experiencia necesarios para su desempeño.

En el Capítulo relativo a las Bases de Organización de la Procuraduría, se señalan los servidores públicos que deberán ser nombrados por el Titular del Ejecutivo Federal, así como los demás servidores públicos que serán nombrados y removidos libremente por el Procurador General de la República. Estos últimos constituyen al personal de confianza y, por lo tanto, en principio, no serán considerados como miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, sin perjuicio de que en términos de las normas reglamentarias, se puedan otorgar licencias al personal de carrera para ocupar cargos superiores, al término de los cuales podrán reincorporarse al Servicio de Carrera.

Los Subprocuradores, Oficial Mayor y Visitador General serán nombrados por el Ejecutivo Federal a propuesta del Procurador General de la República.

Respecto de los Subprocuradores que deban suplir al Procurador General de la República en sus ausencias, excusas o faltas temporales, se establece que deberán reunir los requisitos que para éste establece el artículo 102, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Auxiliares del Ministerio Público de la Federación.

De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Tradicionalmente esta policía se conocía como Policía Judicial en virtud de que en algún momento de la historia fue dependiente de las autoridades judiciales.

Mediante la presente Iniciativa se propone eliminar el concepto de Policía Judicial Federal previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente y, en su lugar, establecer el concepto de policía federal investigadora.

Lo anterior no es un mero cambio de nombre, sino que responde a una novedosa estructura tendiente a sustituir el modelo reactivo de persecución de los delitos, por un verdadero esquema de investigación científica con base en los últimos avances tecnológicos.

Asimismo, es preciso fortalecer a la Policía Investigadora con objeto de lograr una mayor coordinación, dado que a lo largo del tiempo y en virtud de las cargas de trabajo se dio una dispersión en los esfuerzos policiales de la Institución. Primero, por la división territorial en zonas según la estructura vigente de la Institución y, segundo, por la existencia de diversas unidades administrativas de carácter policial, tales, como la policía antinarcóticos, policía antisecuestros, policía en materia de delincuencia organizada y aquellas adscritas a las delegaciones en las entidades federativas.

Es por ello que se requieren establecer las bases para una nueva Policía, capaz de concentrar los esfuerzos sobre la base de un modelo corporativo y coordinado, que inicie sus actividades a partir de la planeación policial, análisis táctico, despliegue regional y operaciones especiales.

Cabe destacar que un primer paso se dio mediante la reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República por la cual se estableció la Agencia Federal de Investigación, con objeto de satisfacer las necesidades urgentes de reorganización del cuerpo policial a cargo de auxiliar al Ministerio Público de la Federación.

Por cuanto hace a los auxiliares suplementarios del Ministerio Público de la Federación, se propone establecer expresamente a la Policía Federal Preventiva; al Ministerio Público del Fuero Común, así como a los cuerpos policiales del Distrito Federal, de los Estados de la República y de los Municipios; el personal del Servicio Exterior Mexicano acreditado en el extranjero; los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales, y los funcionarios de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.

IV. Suplencia y Representación del Procurador General de la República.

Las facultades encomendadas a la Procuraduría General de la República por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Institución y demás leyes adjetivas, propicia que su Titular tenga frecuentemente que viajar ya sea a diversas entidades federativas o al extranjero, lo que ocasiona su falta o ausencia temporal en lugar en que se encuentra la sede la Institución, motivo por el cual no puede ejercer de manera rápida e inmediata las potestades personales encomendadas por la Constitución o las leyes relativas.

Derivado de lo anterior, es necesario establecer en la Ley los supuestos en materia de suplencia del Procurador General de la República, a fin de dejar en claro que las funciones de la Institución y, particularmente, las delicadas tareas de carácter personal del Procurador no pueden suspenderse ni obstaculizarse por la ausencia temporal de la persona, puesto que ello supondría que las atribuciones están conferidas a la persona y no así al órgano que la misma encarna.

Por ello, se establece que en las excusas, ausencias y faltas temporales del Procurador General de la República, éste será suplido por los Subprocuradores en los términos que disponga el Reglamento de la Ley, y quienes ejercerán las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos legales otorgan de manera indelegable al Procurador.

Debe advertirse que la suplencia es una figura jurídica necesaria para la continuación del despacho de los asuntos que competen a la Institución. Dicha figura es muy diferente de la delegación de facultades y de la representación, las cuales no pueden actualizarse tratándose de atribuciones personales.

En caso de sostener el criterio contrario, en el sentido de considerar inaceptable la suplencia del Procurador, se caería en el absurdo de que las atribuciones que le corresponden de manera personal por disposición de la Constitución y de la ley, no podrían ser ejercitadas, aún durante el tiempo que media entre su nombramiento por el Ejecutivo Federal y la ratificación del Senado de la República, dejando pues acéfala la Institución del Ministerio Público de la Federación.

En caso de mantenerse el criterio señalado, indudablemente se afectaría y se pondría en riesgo el efectivo y continuo ejercicio de la función pública otorgada por la Ley Suprema de la Federación al Procurador General de la República, como garante de constitucionalidad y legalidad.

La imposibilidad de planear y prever todos los casos en que el Procurador General de la República debe ausentarse, además del carácter improrrogable y fatal de los plazos y términos judiciales, no debe traducirse en un factor insalvable para el orden jurídico que impida al Titular de la Institución ejercer las facultades personales que le confieren las leyes relativas.

De igual forma, se establece la figura jurídica de la representación del Procurador General de la República por los servidores públicos o agentes del Ministerio Público de la Federación que para el efecto se designen ante las autoridades judiciales o administrativas. Por ejemplo, en asuntos laborales y administrativos, entre otros supuestos.

Esta representación obedece a la distribución de las cargas de trabajo del Titular de la Procuraduría General de la República, en función de la buena marcha de la Institución, mediante la cual las funciones de la misma no se verán entorpecidas.

V. Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal.

La Procuraduría General de la República tradicionalmente enfrentó diversas limitantes en materia de recursos humanos para el debido ejercicio de sus funciones. Sin embargo, en el presente ejercicio fiscal, la H. Cámara de Diputados otorgó a la Procuraduría un incremento sustancial tanto en el número de plazas de personal sustantivo, como en los salarios y demás prestaciones que habrá de otorgársele.

Por lo anterior, resulta de la mayor importancia establecer de manera clara y puntual las normas que regulan el Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, los miembros que integran el mencionado Servicio, los requisitos para ingresar al mismo, así como las disposiciones referentes a la permanencia, formación y ascenso del Servicio de referencia, a efecto de aprovechar al máximo los recursos autorizados.

En suma, se dota a los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal (agentes del Ministerio Público de la Federación, de la policía federal investigadora y peritos) los principios básicos para su mejor actuación, tales como la permanencia en el empleo y la capacitación y profesionalización constantes, lo que permitirá la optimización de recursos con los que dispone la Institución.

En la presente Iniciativa se establecen los presupuestos esenciales del Servicio de Carrera que serán desarrolladas por las normas reglamentarias correspondientes. En este sentido, se propone que el Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal se integre por tres etapas básicas: el ingreso, la cual abarcará los requisitos y procedimientos de selección, formación, capacitación y adscripción inicial; desarrollo, que abarcará los requisitos y procedimientos de actualización, especialización, estímulos y reconocimientos, cambios de adscripción, desarrollo humano, evaluaciones de control de confianza y del desempeño, ascensos y sanciones; y terminación del servicio, que comprenderá las causas y procedimientos de separación del servicio.

El Servicio de Carrera responde a una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el Objetivo Rector número 8 "Garantizar una procuración de justicia pronta, expedita, apegada a derecho y de respeto a los derechos humanos", relativa a la depuración, desarrollo y dignificación de los responsables de la procuración de justicia.

El Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal se desarrollará desde la óptica del desarrollo humano del personal de la Procuraduría General de la República. Este Servicio no sólo contribuirá a la profesionalización del personal, sino que indudablemente permitirá reducir los índices de corrupción.

La Iniciativa establece las bases generales sobre las cuales habrá de reglamentarse el Servicio de Carrera. Al respecto, se señala que se organizará tomando en consideración lo dispuesto en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables, con el propósito de homologar los estándares de capacitación y profesionalización de los servidores públicos en materia de procuración de justicia en los ámbitos federal y del fuero común.

El Servicio de Carrera tendrá el carácter de obligatorio y permanente y le regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos. Estas disposiciones pretenden garantizar la constante profesionalización en el servicio de procuración de justicia, sobre la base de los principios constitucionales de actuación de los servidores públicos.

Además, se prevé la existencia de un sistema de rotación de agentes del Ministerio Público de la Federación, de la policía federal investigadora y de los peritos, como medida necesaria para evitar que los servidores públicos se vean orillados a intervenir en prácticas corruptas.

Las normas reglamentarias del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal deberán determinar los perfiles, categorías y funciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la policía federal investigadora y de los peritos. En todo caso, se establece que el ingreso y los ascensos en el Servicio de Carrera deberán realizarse mediante concursos de oposición, con objeto de asegurar la selección de los servidores públicos más aptos.

Por cuanto hace a la primera etapa del Servicio de Carrera, se establecen claramente los requisitos de ingreso, entre los cuales destaca la obligación de acreditar el proceso de evaluación inicial de control de confianza, el cual abarcará los exámenes que se establezcan en el Reglamento.

Es importante señalar que se conserva la facultad del Procurador General de la República para designar, en casos excepcionales, agentes del Ministerio Público de la Federación especiales o visitadores, así como agentes de la policía federal investigadora y peritos especiales, dispensando la presentación de los cursos de ingreso, siempre que se trate de personas con amplia experiencia profesional.

En todo caso, los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior deberán acreditar el proceso de evaluación inicial de control de confianza. Además, estos servidores públicos no serán miembros del Servicio de Carrera, pero les serán aplicables las obligaciones previstas en la Ley para los miembros de Carrera, y estarán obligados a participar en los cursos de actualización y especialización que se llevan a cabo con miras a su mejoramiento profesional, así como a sujetarse a los procesos de evaluación periódicos de control de confianza y del desempeño.

Se propone la modificación de la organización del Consejo de Profesionalización del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, con objeto de simplificarlo, toda vez que la actual integración por veintitrés miembros provoca que dicho órgano colegiado sea poco práctico y lento en sus decisiones; por ello, son necesarias reglas de operación y funcionamiento del citado órgano colegiado más ágiles, que permitan la consolidación del Servicio de Carrera.

Asimismo, los Comités de Zona del actual Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación, en la práctica se han limitado a constituir la primera instancia del procedimiento de remoción de servidores públicos, dejando de lado las verdaderas funciones de auxiliares del citado Consejo para las cuales fueron creados.

Cabe destacar que el citado Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación se sustituye por el Consejo de Profesionalización del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, con lo cual se pretende abarcar de manera integral el Servicio de Carrera, incluyendo las ramas policial y pericial. Este nuevo órgano colegiado será la instancia normativa, así como de desarrollo y evaluación de dicho Servicio de Carrera.

Entre las atribuciones que la Iniciativa otorga al Consejo antes citado, se encuentran las de normar, desarrollar y evaluar el Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal y establecer políticas y criterios generales; aprobar las convocatorias para el ingreso y ascenso del personal de Carrera, así como los resultados de los concursos respectivos; recomendar al Procurador General de la República la adscripción inicial y los cambios de adscripción del personal de Carrera; resolver en única instancia los procedimientos de separación del Servicio de Carrera y de remoción; establecer criterios y políticas generales de capacitación, formación, actualización y especialización del personal de Carrera; dictar las normas necesarias para la regulación de su organización y funcionamiento; establecer los órganos y comisiones que deban auxiliarlo en el desempeño de sus funciones y las demás que le otorguen las normas reglamentarias del Servicio de Carrera.

Uno de los aspectos novedosos y de la mayor importancia de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que se somete a consideración de esa H. Soberanía, consiste en establecer las causas de terminación del Servicio de Carrera. En este sentido, se propone que las causas generales de terminación del servicio se dividan en ordinarias, que comprenderán la renuncia, la incapacidad permanente, la jubilación y la muerte del miembro del Servicio de Carrera, y las extraordinarias, que abarcarán la separación del Servicio por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en la Institución y la remoción.

Por cuanto hace a las causas ordinarias de separación del Servicio cabe destacar la de incapacidad permanente, la cual responde a una realidad práctica, dado que en diversos supuestos se actualizan causas de imposibilidad física o material para continuar en la prestación del servicio.

Respecto de las causas extraordinarias de terminación del Servicio de Carrera, cabe destacar la separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia. Al respecto, es preciso advertir que conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente, así como su Reglamento, dichas causales de separación del servicio dan lugar a la sanción de remoción como consecuencia del procedimiento de responsabilidad administrativa.

El proyecto de nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República parte de una base distinta que se estima más acorde con la realidad. En este sentido, propone que el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia por parte de los miembros de Carrera no sea considerado como causa de responsabilidad que amerite la imposición de una sanción administrativa, como puede ser la de remoción.

Por el contrario, el incumplimiento de requisitos de permanencia conlleva precisamente la separación del Servicio por imposibilidad para continuar en él, dado que la persona respectiva no cumple con los presupuestos legales que garanticen a la sociedad el cumplimiento eficaz de las funciones de procuración de justicia. Ello es muy distinto a la imposición de una sanción administrativa. Por ejemplo, la falta de aprobación del proceso de evaluación de control de confianza, lo que da lugar a la ausencia del perfil físico, médico y ético del servidor público, mas no así al incumplimiento de una obligación que dé lugar a causa de responsabilidad.

Por lo anterior, se propone separar con claridad los procedimientos de separación del servicio por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia y el procedimiento de remoción como sanción administrativa.

Respecto del primero, se establecen una serie de etapas que permitirán al Consejo de Profesionalización verificar que el servidor público ha dejado de cumplir los requisitos de ingreso y permanencia, cuya resolución deberá ser emitida previa audiencia del interesado y en forma fundada y motivada.

Respecto de la de remoción, se prevé un procedimiento similar a los establecidos en las normas de responsabilidades de los servidores públicos que culmina en la imposición de una sanción administrativa y que, por lo mismo, deviene de haber incurrido en una causa de responsabilidad o en el incumplimiento de una obligación prevista en ley, como puede ser la aceptación de compensaciones, pagos o gratificaciones distintas al salario del servidor público.

VI. Proceso de Evaluación de los Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República.

La presente Iniciativa propone establecer con toda claridad que los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, así como los agentes del Ministerio Público de la Federación especiales o visitadores, los agentes de la policía federal investigadora y los peritos de designación especial, y los servidores públicos que determine el Procurador mediante Acuerdo, deberán someterse a los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño en los términos de las disposiciones aplicables.

Los procesos de evaluación se regulan en un capítulo específico distinto del relativo al Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, máxime si se considera que muchos servidores públicos ajenos al servicio de carrera, deben someterse a las evaluaciones en virtud de la información sensible que manejan en el cumplimiento de sus funciones.

La Iniciativa propone que los exámenes que habrán de conformar los procesos de evaluación se establezcan en las disposiciones reglamentarias aplicables, con lo cual se pretende otorgar cierta flexibilidad para los casos en que, por la naturaleza de las funciones respectivas y los avances tecnológicos, puedan incorporarse novedosos medios de evaluación.

Por otra parte, se considera que la incorporación de los procesos de evaluación en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dota del marco legal necesario para instaurar los procedimientos que permitan verificar que la actuación de los servidores públicos se sujeta a los estándares mínimos de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos que exige la sociedad en materia de procuración de justicia federal.

Cabe destacar que estos procesos de evaluación, como se señaló anteriormente, son considerados requisitos de permanencia en el Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal. Por lo tanto, los servidores públicos que resulten no aptos en dichas evaluaciones, dejarán de prestar sus servicios en la Procuraduría General de la República.

En el caso de los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal deberá agotarse el procedimiento de separación del servicio correspondiente. Los agentes del Ministerio Público de la Federación especiales o visitadores, los agentes de la policía federal investigadora y los peritos que resulten no aptos en los procesos de evaluación, serán dados de baja mediante la terminación de los efectos de su nombramiento.

Los servidores públicos respecto de los cuales el Procurador General de la República haya determinado la sujeción a los procesos de evaluación y resulten no aptos, serán dados de baja mediante la terminación de los efectos de su nombramiento, de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de trabajadores de confianza al servicio del Estado.

La Iniciativa establece claramente que los resultados de los procesos de evaluación serán confidenciales, con excepción de lo dispuesto en las normas aplicables, así como en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales.

Lo anterior, sin perjuicio de que los resultados de los procesos de evaluación se den a conocer a los servidores públicos que, en su caso, deban iniciar el procedimiento de separación del Servicio de Carrera, de conformidad con lo dispuesto en la propia Ley y en las disposiciones reglamentarias de dicho Servicio.

VII. Derechos, obligaciones y causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía federal investigadora y peritos.

Toda vez que la estrategia de dignificación del personal a cargo de la procuración de justicia federal, parte de la base del desarrollo humano desde un punto de vista integral, se estima necesario no sólo establecer las causas de responsabilidad como tradicionalmente se hacía en los ordenamientos legales anteriores, sino también incorporar los derechos del personal ministerial, policial y pericial.

(..........)

Por cuanto hace a los deberes del personal, destaca la obligación de sujetarse a las evaluaciones señaladas en el apartado anterior. Se señalan entre otras causas de responsabilidad administrativa de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la policía federal investigadora y de los peritos, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, no cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público; realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía de la autoridad ministerial; distraer de su objeto el equipo para fines propios o ajenos; no solicitar los dictámenes periciales; no trabar el aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos del delito, e incumplir las obligaciones inherentes a su cargo.

Entre las obligaciones respectivas, destacan las de impedir, por los medios que tuvieran a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes; abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de persona alguna sin cumplir los requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; preservar en secreto los asuntos que, por razón de sus funciones, conozca y abstenerse, en el desempeño de sus funciones, de auxiliarse por personas no autorizadas por la ley, entre otras.

Asimismo, se establece la obligación de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la policía federal investigadora y de los peritos, para desempeñar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal de cualquier naturaleza, en los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, así como trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los de carácter docente y aquellos que autorice la Institución.

Tampoco podrán ejercer la abogacía por si o por interpósita persona, salvo en los casos de familiares directos; ni las funciones de tutor, curador o albacea judicial, así como las de depositario, apoderado judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador.

Las funciones públicas y privadas antes descritas evidentemente pueden constituir conflictos de interés respecto de las funciones desempeñadas en la Procuraduría General de la República y, precisamente por ello, se consideran incompatibles con el servicio de procuración de justicia federal.

La Iniciativa propone un catálogo de sanciones administrativas que podrán aplicarse a los agentes del Ministerio Público de la Federación y, en lo conducente, a los agentes de la policía federal investigadora y a los peritos, las cuales incluyen la amonestación pública o privada, la suspensión temporal en el servicio y la remoción, para el caso de las faltas calificadas como graves por la ley.

En el caso de los agentes de la policía federal investigadora, en virtud de su propia naturaleza, también se les podrán imponer correctivos disciplinarios que consistirán en arresto por no más de treinta y seis horas en el lugar destinado al efecto y con pleno respeto a sus derechos humanos, así como la retención en el servicio o privación de permisos de salida, el cual tendrá por objeto impedir que el agente policial abandone su lugar de adscripción hasta por quince días naturales.

Las sanciones administrativas anteriores serán impuestas por los superiores jerárquicos del servidor público infractor, para lo cual deberán observar, en lo conducente, el procedimiento de remoción que corresponde instruir al Consejo de Profesionalización.

En el caso de los correctivos disciplinarios aplicables a los agentes de la policía federal investigadora, procederá el recurso de rectificación ante el Consejo de Profesionalización. Dicho recurso no tendrá el efecto de suspender el correctivo, pero tendrá por objeto que éstos no aparezcan en la hoja de servicios del servidor público.

El procedimiento de remoción de agentes del Ministerio Público de la Federación, de la policía federal investigadora y de los peritos, que será instruido por los órganos auxiliares del Consejo de Profesionalización, conforme a las disposiciones reglamentarias del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal.

Cabe destacar que el procedimiento de remoción tendrá como única instancia el Consejo de Profesionalización del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, toda vez que se suprimen los comités de zona del Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación previsto en la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Vigente.

Lo anterior, no menoscaba en forma alguna el derecho de defensa del servidor público, toda vez que está en aptitud de impugnar la remoción ante las instancias judiciales competentes, mediante los procedimientos respectivos.

Cabe destacar que en tanto se sustancia el procedimiento de remoción, los servidores públicos podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones. Esta disposición tiene por objeto evitar que los servidores públicos respecto de los cuales se tengan dudas razonables en cuanto a su actuación apegada a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad, continúen prestando sus servicios en la Institución, toda vez que ello, en caso de que se les considere responsables, pone en peligro las investigaciones, los procesos penales y demás funciones propias del Ministerio Público de la Federación.

Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que los servidores públicos respectivos resulten absueltos de las causas de responsabilidad que se les imputen, sean restituidos en su cargo y se les cubran todas las prestaciones que hubieren dejado de percibir durante la suspensión.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la policía federal investigadora y los peritos, así como los demás servidores públicos de la Institución seguirán sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La Iniciativa que se somete a consideración de esa H. Soberanía, prevé que los servidores públicos de la Institución, distintos a los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, estarán sujetos a las categorías y funciones previstas en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El último Capítulo de la presente Iniciativa establece la facultad del Procurador General de la República para establecer los Consejos Asesores y de Apoyo que coadyuven en la solución de la problemática que implican las distintas actividades de la Institución.

También se establecen las facultades del Ministerio Público de la Federación para expedir copias certificadas de las constancias y registros que obren en su poder, cuando exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive su requerimiento, o cuando lo soliciten el denunciante o querellante, la víctima u ofendido, el indiciado o su defensor, y quienes tengan interés jurídico para el ejercicio de derecho o el cumplimiento de obligaciones previstas por la ley.

La facultad anterior está limitada por la obligación de reserva de actuaciones para el caso de delitos de delincuencia organizada con base en la legislación de la materia.

Finalmente, con objeto de facilitar las funciones de procuración de justicia, se prevé que la desobediencia o resistencia para el cumplimiento de las órdenes debidamente fundadas del Ministerio Público de la Federación, darán lugar a las medidas de apremio o a la imposición de las correcciones disciplinarias correspondientes en términos de las disposiciones aplicables."

Los integrantes de estas Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES

I.- En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 se instauró la figura del Ministerio Público como órgano encargado de la investigación y persecución de los delitos, entre otros propósitos, con el fin de desvincularlo de la figura del juez de instrucción, dados los excesos y arbitrariedades en que había incurrido dicha autoridad judicial al reunir las facultades de acusación y resolución de los procesos penales.

Por cuanto hace a la organización de los Poderes de la Unión, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estableció que el Ministerio Público de la Federación quedaría sujeto al mando y dirección de un Procurador General de la República.

A partir de dicha norma suprema y hasta la fecha, se han expedido diversos ordenamientos legales tendientes a establecer las bases de organización y funcionamiento del Ministerio Público de la Federación, integrado en la Procuraduría General de la República. Todas estas leyes han establecido las bases para una mejor articulación de la autoridad ministerial, con el fin esencial de que las estructuras correspondientes fuesen acordes con los factores criminógenos y las circunstancias sociales en constante cambio.

De esta manera las diversas leyes orgánicas del Ministerio Público de la Federación, y tiempo después de la Procuraduría General de la República, han pretendido establecer mecanismos de administración tendientes a combatir con mayor eficiencia los delitos del orden federal, según las circunstancias sociales de cada época, así como acercar los servicios de procuración de justicia a la población.

El 10 de mayo de 1996 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente, en la que se establecieron las bases de organización administrativa del Ministerio Público de la Federación, atendiendo a diversos criterios como la manifestación de los hechos delictivos a través de organizaciones criminales y de medios de comisión cada vez más sofisticados; los fenómenos de colusión entre las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia con las organizaciones criminales; las características geográficas del país con el propósito de facilitar la participación ciudadana en las funciones del Ministerio Público de la Federación; y la necesidad de una mayor profesionalización de los servidores públicos de la Institución, entre otros.

II.- Se coincide con la apreciación del iniciador, en el sentido de que existe una sensación generalizada en la sociedad de que se vive un clima de inseguridad y de violencia, como también que los delitos cometidos no son perseguidos por las autoridades de procuración de justicia, ni son castigados los delincuentes por los órganos jurisdiccionales.

Lo anterior, en gran medida se desprende de la falta de una estructura administrativa de organización y funcionamiento del Ministerio Público de la Federación, acorde con las circunstancias sociales que se viven actualmente y con la realidad del fenómeno delictivo, cada vez más organizado, más violento y más sofisticado.

Es por ello que se reconoce la necesidad de expedir una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que establezca las bases de organización y funcionamiento de las autoridades de procuración de justicia en el orden federal, con el objeto de estar en aptitud de responder adecuadamente a las necesidades y requerimientos de la sociedad en el combate al delito y el abatimiento de la impunidad.

Además, es preciso establecer un nuevo régimen legal de carácter flexible, que permita a la Institución adecuarse de manera ágil a las circunstancias sociales cambiantes, particularmente por lo que se refiere a los factores criminógenos que dan lugar a los fenómenos delictivos.

En virtud de las nuevas formas de manifestación delictiva, como las relacionadas con la delincuencia organizada, las estructuras administrativas actuales de la Procuraduría General de la República se han visto rebasadas, y por lo tanto, es una necesidad imperiosa diseñar nuevos esquemas que permitan al Estado hacer frente, con eficiencia y eficacia, a las exigencias y reclamos de la sociedad en materia de procuración de justicia, y el abatimiento de la impunidad; es decir, en la justa demanda social de que quienes cometan un delito se les procese y condene a compurgar las penas que les sean impuestas, de conformidad con los ordenamientos legales sustantivos y adjetivos en materia penal, con pleno respeto a los derechos humanos.

La reorganización de la Procuraduría General de la República con base en los principios antes señalados, permitirá una mayor eficiencia del Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos legales aplicables le otorgan. Además, contribuirá por un lado al combate frontal de la corrupción y por otro, a la profesionalización de los servidores públicos, hecho que tarde o temprano estribará en el aumento de la confianza ciudadana.

Es evidente que la reestructuración de la Procuraduría General de la República y de las bases legales para la actuación del Ministerio Público de la Federación no resolverán por sí mismos los problemas de inseguridad e impunidad que se viven actualmente. Por lo que adicionalmente se debe de dar una adecuada estructura administrativa que favorezca la organización y coordinación de todas las autoridades en la materia. Lo anterior constituye un principio elemental para que a la brevedad posible empiecen a reflejarse los resultados en el combate a la delincuencia en todas sus modalidades.

MODIFICACIONES A LA INICIATIVA

Una vez analizado el contenido normativo de la Iniciativa en estudio, estas Comisiones dictaminadoras sugirieron cambios a la misma, indispensables para garantizar a la sociedad el combate eficaz a los fenómenos de la criminalidad y de impunidad. Las modificaciones realizadas tienen que ver con la finalidad de mejorar la redacción de algunos artículos, evitar posibles imprecisiones que hicieran imposible su aplicación; así como situaciones con las cuales no se coincidió con la Iniciativa y fueron objeto de modificación. Por ello, se exponen las razones que dieron lugar a esas modificaciones así como una redacción alterna que ha sido incorporada al articulado de la ley.

Las modificaciones realizadas son:

Artículo 1.- Se consideró procedente agregar un segundo párrafo a este artículo para señalar en la ley una serie de principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones en materia de procuración de justicia, en ese sentido, se propone un segundo párrafo al presente artículo con la siguiente redacción:

La certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad y profesionalismo, serán principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones en materia de procuración de justicia.

Artículo 4.- Fracción I, Apartado A), inciso b) de la Iniciativa, no hay sintonía con la fracción IV del mismo precepto, ya que en el primero se alude al concepto de "entidades federativas" y en el segundo a "entidades federativas y al Gobierno del Distrito Federal", ocasionando con ello confusión al respecto, ya que en el primero pareciera no incluir al Distrito Federal, originando con ello entrar a un debate doctrinal que en otras ocasiones ya se ha suscitado.

Situación que se repite en los artículos 7; 20, fracción II, inciso b); y 55, fracción I.

Asimismo, en el artículo 4°, fracción II, inciso b), párrafo segundo de la Iniciativa, se considera que el término "acuerdo expreso" para el desistimiento que debe otorgar el Ejecutivo Federal respecto de casos relevantes, puede ser desafortunado, ya que se genera poca certeza al respecto, en virtud de que el acuerdo expreso puede no implicar necesariamente que esto sea por escrito sino de manera verbal, situación que se considera debe ser corregida.

Se propone la redacción siguiente:

Artículo 4.- .......

Por lo tanto, se sugiere la redacción siguiente:

VI. Establecer medios de información a la comunidad, en forma sistemática y directa, para dar cuenta de las actividades de la Institución;

Artículo 6.- Respecto a la fracción I, la redacción que propone la Iniciativa implicaría un contexto diferente al contemplado en la actual Ley Orgánica, ya que el texto vigente hace un puntual señalamiento a que en las comparecencias ante cualquiera de la Cámaras y bajo su responsabilidad el Procurador podrá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación y en el texto de la Iniciativa se contempla una hipótesis más genérica, no sólo ante las Cámaras, sino ante quien lo solicite.

Por lo anterior, es necesario modificar la fracción I en el sentido que se ha mencionado, más aún si se parte de que el Congreso de la Unión tiene entre sus funciones la de control y la de crear comisiones especiales, que en algunas ocasiones exigen contar con determinada información.

Toda vez que se trata de un artículo que señala atribuciones indelegables del Procurador General de la República, se consideró procedente, incorporar una fracción más a este artículo, recorriendo la actual fracción X para pasar a ser XI.

Se sugiere la redacción siguiente:

Los servidores públicos que determine el Reglamento de esta Ley, podrán emitir o suscribir instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación de la Procuraduría General de la República, siempre que no sean de los previstos en el artículo anterior.

Artículo 13.- Segundo párrafo, se señala que el Procurador General de la República podrá crear unidades administrativas especializadas para la investigación y persecución de géneros de delitos, es contradictoria la palabra podrá, dado que en el propio proyecto (art. 11, fracción l) establece que deberá crear las unidades y no "podrá contar", por lo que se sugiere que para evitar confusiones, al poder distinguirse entre las unidades administrativas especializadas contempladas en el Reglamento de la Ley Orgánica y las que el Procurador General mediante Acuerdo pueda crear, por lo que es necesario establecer en el segundo párrafo del artículo 13 la redacción siguiente:

El Procurador General de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el Reglamento de esta Ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

Artículo 17.- Se consideró adecuado sustituir, el terminó Ejecutivo Federal, porque no existió acuerdo en la distinción entre Ejecutivo Federal, Administración Pública Federal y la titularidad del primero.

También se estimó adecuado establecer en la ley los requisitos para ser Subprocurador, Oficial Mayor y Visitador General, ya que estos cargos implican relevancia y no sería adecuado que los requisitos para su nombramiento quedaran establecidos en reglamento.

Los dictaminadores consideraron que debía eliminarse el requisito consistente en escuchar la opinión del Consejero Jurídico del Gobierno federal, previo a proponer el nombramiento de quien deba suplir al Procurador. Toda vez que ya ha quedado señalado en el párrafo respectivo que los subprocuradores que suplan al procurador deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 102, Apartado A de la Constitución, referentes al Procurador, luego entonces, no existe motivo para que sea escuchada la opinión del Consejero Jurídico del Gobierno federal. Por lo anterior, se sugiere la redacción siguiente:

Artículo 17.- Los Subprocuradores, Oficial Mayor y Visitador General deberán reunir los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley y serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador General de la República.

Para ser Subprocurador, Oficial Mayor o Visitador General, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho, salvo el caso del Oficial Mayor, quien deberá tener el nivel licenciatura en una carrera acorde a las funciones que desempeñará; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

Los subprocuradores, para que estén en capacidad de suplir al Procurador General de la República de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV de esta Ley, deberán reunir los requisitos que para éste se establecen en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

..........

Artículo 21.- Último párrafo, debe precisarse que la doctrina internacional de la protección a los derechos humanos versa actualmente en que las leyes "amparan" estos derechos y no los "otorgan", tan es así que en el orden jurídico mexicano, el cambio reciente a la Constitución en el artículo 102 apartado B entre otras cosas, se sustituyo la expresión "ampara" por "otorga".

Por otra parte, se considera procedente una adición para incorporar a los tratados internacionales en la materia de los que México será parte, y que también sean ratificados, con la idea de dar certeza jurídica de que ya se cumplió internacionalmente con el proceso de firma de tratados y ratificación por el Senado de la República. Respecto a esta última parte, y a fin de evitar referirse a los tratados internacionales de diversa forma, es conveniente uniformar en los diversos artículos de la ley la misma referencia, como sucede con los artículos 4, fracción II, inciso d) y fracción III del mismo artículo.

Por lo que se propone la siguiente redacción:

Artículo 21.- ........

.........

..........

En todo caso, dicha policía actuará con respeto a los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los tratados internacionales en la materia en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, así como las normas que rijan esas actuaciones.

Artículo 28.- Contempla la suplencia de los Subprocuradores, el Oficial Mayor y el Visitador General, lo cual es correcto, sin embargo no debemos dejar pasar inadvertido de que dicha disposición legal no contempla la suplencia de otros servidores públicos que forman parte de la estructura orgánica de la Procuraduría General de la República, tal es el caso de los Coordinadores, Directores Generales, entre otros, lo que puede originar incertidumbre ante el caso de ausencia.

Es por ello, que se sugiere la siguiente redacción:

Artículo 28.- Los Subprocuradores, Oficial Mayor, Visitador General y demás servidores públicos serán suplidos en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículos 31, 32 y 33.- Respecto de la fracción I, inciso i), en estos tres artículos, se sugiere eliminar "o por delito culposo calificado como grave por la ley", lo anterior en virtud de que se considera excesivo el imponer esta obligación, dado que gran parte de la población está expuesta a cometer delitos culposos, tal es el caso de un accidente automovilístico.

Se sugiere la redacción siguiente en los mencionados artículos, fracciones e incisos:

Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso;

Artículo 35.- Se señala que el Procurador en casos excepcionales podrá designar agentes del Ministerio Público, policías o peritos dispensándoles los requisitos del concurso de ingreso; entendemos que en caso de algunos altos mandos dicha disposición es aceptable dado que el Procurador requiere de personal de su más cercana confianza, no así para en caso de funcionarios de rango menor dado que se atentaría en contra de los principios del servicio de carrera.

Al respecto, es de señalarse que en la Iniciativa el Titular de la Institución tiene la facultad de crear unidades especializadas para la persecución de géneros de delitos, por lo que se hace necesario, en casos excepcionales, se tenga la facultad de designar excepcionalmente a personas con amplia experiencia profesional, a fin de cumplir con las funciones encomendadas a la Institución por la Constitución y demás ordenamientos legales, más aún si se considera que la creación de las unidades referidas, no necesariamente coincidirá con la convocatoria de selección, formación e ingreso de aspirantes.

Además, en el párrafo segundo del artículo 35 se establece que estos servidores públicos no serán miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, por lo que no se entorpece ni se contraría el Servicio de Carrera.

Sin embargo, se considera procedente que en los reglamentos de la Ley y del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal se señalen los supuestos específicos en que el Procurador General de la República podrá hacer uso de la facultad de nombrar, por designación especial, agentes del Ministerio Público de la Federación, así como personal policial y pericial, a fin de dar mayor transparencia al servicio de carrera.

De esta manera, quedarían comprendidos, entre otros, los casos en que ante la creación de unidades administrativas necesarias para el despacho de los asuntos de la Procuraduría, se cubran las plazas correspondientes, no obstante que aún no hubiere egresado la generación de servidores públicos respectivos de los cursos de capacitación, así como aquellos en que ante la ausencia de aspirantes a concursos para ascender a categorías superiores en el mismo servicio de carrera, éstas deban quedar acéfalas.

Por lo anterior, se propone la redacción siguiente para el artículo 35:

Artículo 35.- Tratándose de personas con amplia experiencia profesional, el Procurador General de la República, de conformidad con lo que establezcan las disposiciones relativas al Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal podrá, en casos excepcionales, designar agentes del Ministerio Público de la Federación, especiales o visitadores, así como agentes de la policía federal investigadora o peritos especiales, dispensando la presentación de los concursos de ingreso. Dichas personas deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos y satisfacer los requisitos siguientes:

Artículo 40.- Con relación al Consejo de Profesionalización, se considera adecuado que no sea el Procurador General de la República quien presida el Consejo de Profesionalización, lo anterior para dar mayor transparencia al mencionado Consejo. Por lo que se propone que el Consejo sea presidido por un Subprocurador nombrado en el Reglamento de la Ley Orgánica que expida el Ejecutivo Federal.

Se propone que el artículo 40, en su fracción I, quede redactado como sigue:

Un Subprocurador que determinará el Reglamento, quien lo presidirá;

Artículo 43.- Establece la terminación del servicio, enumerándose en dos fracciones las causas ordinarias y extraordinarias, en la fracción I, inciso b), se refiere como causa de terminación del servicio la incapacidad permanente, consideramos procedente agregar "para el desempeño de sus funciones." En razón de que la incapacidad puede ser permanente pero al mismo tiempo puede ser parcial, como es el caso de la pérdida del sentido auditivo o la amputación de un dedo o brazo y no obstante ello, no se limita al servidor público para el desempeño de sus funciones. Al respecto se propone la siguiente redacción:

La incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones;

Artículo 48.- Referente a los exámenes que comprenderán el proceso de evaluación se sugiere incorporar un segundo párrafo para establecer que los exámenes se evaluarán en conjunto, salvo el toxicológico, lo anterior para evitar propuestas de los servidores públicos que hayan sido sujetos a evaluaciones y que aleguen violaciones a los derechos humanos, particularmente en la aplicación del examen poligráfico; el segundo párrafo que se propone quedaría de la siguiente forma:

Los exámenes se evaluarán en conjunto, salvo el examen toxicológico que se presentará y calificará por separado.

Artículo 64.- Se excluye la posibilidad de que para la determinación de la responsabilidad se pueda proceder de oficio. Consideramos que ello debe ser de oficio para evitar esperar a la denuncia presentada por cualquier servidor público; por lo que se sugiere, para la fracción I de este artículo, la redacción siguiente:

Se iniciará de oficio o por denuncia presentada por los servidores públicos a que se refiere el artículo 62 de esta Ley ante el órgano del Consejo de Profesionalización a cargo de la instrucción del procedimiento;

En la fracción V de este mismo artículo se suprimió la obligación de notificar la resolución al interesado, cosa que nos parece fuera de lógica dado que en efecto todo procedimiento y los actos de éste deben contar con plazos fatales, por lo que se sugiere la redacción siguiente:

V. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, el Consejo de Profesionalización resolverá en sesión sobre la inexistencia de la responsabilidad o imponiendo al responsable la sanción de remoción. La resolución se notificará al interesado;

Asimismo, se propone agregar un último párrafo a la fracción VII del mismo artículo, para establecer que si el servidor público suspendido, conforme a esta fracción no resultare responsable, será restituido en el goce de sus derechos. Por lo que se sugiere la siguiente redacción:

Si el servidor público suspendido conforme a esta fracción no resultare responsable será restituido en el goce de sus derechos.

Artículo 65.- Dado que desaparecen los Comités de Zona que contempla la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente, el órgano que debe resolver los aspectos referentes al Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal es el Consejo de Profesionalización.

Por ello, procederá recurso contra las resoluciones que impongan como sanciones las de amonestación pública o privada y suspensión, pues el superior jerárquico impone la sanción y el recurso lo resolverá el Consejo de Profesionalización, como instancia superior.

Por lo que respecta a la remoción, no se podría interponer recurso alguno, en virtud de que la misma autoridad a cargo de imponer la sanción, tendría que resolver el recurso, por lo que se colocaría al Consejo de Profesionalización en calidad de juez y parte.

Lo anterior, sin perjuicio de que contra la remoción procedería el amparo y, en su caso, la suspensión del acto reclamado, por lo que se sugiere adicionar un artículo 65 al texto de la Iniciativa, recorriéndose los demás en su orden, para establecer un procedimiento de rectificación, en contra de las sanciones de amonestación pública o privada o suspensión, el cual se presentaría ante el Consejo de Profesionalización.

Asimismo, se establece un procedimiento de la tramitación del recurso de rectificación, lo cual traerá como consecuencia seguridad jurídica a los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal.

El contenido del artículo que se propone es:

Artículo 65.- En contra de las resoluciones por las que se imponga alguna de las sanciones previstas en las fracciones I y II del artículo 56 del presente ordenamiento, se podrá interponer recurso de rectificación ante el Consejo de Profesionalización, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.

En el escrito correspondiente se expresarán los agravios y se aportarán las pruebas que se estimen pertinentes.

El recurso se resolverá en la siguiente sesión del Consejo de Profesionalización, y la resolución se agregará al expediente u hoja de servicio correspondiente.

Si el servidor público no resultare responsable de las sanciones previstas en las fracciones I y II del artículo 56 del presente ordenamiento, será restituido en el goce de sus derechos.

Artículo 68.- La redacción del proyecto de dictamen, en este artículo hace mención a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo que se consideró inexacto, ya que esta disposición se refiere al órgano de control interno, el cual se rige y ejerce sus facultades conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, además que dicho órgano, no puede tener mayores facultades que las dispuestas en dicha ley u otra aplicable, ni tampoco puede el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República otorgarles funciones específicas, por lo que la referencia debe ser eliminada. Se propone para dicho artículo, el siguiente texto:

Artículo 68.- El órgano de control interno en la Procuraduría General de la República ejercerá las funciones que le otorga la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.

Artículo Quinto Transitorio.- Toda vez que este artículo no establece plazo en que deba ser expedido el reglamento interno de la Ley; se consideró adecuado fijar un término perentorio de ciento ochenta días para que conforme al artículo 89 constitucional el Ejecutivo Federal, una vez entrado en vigor la presente ley, expida el referido reglamento.

Para el caso, se propone la siguiente redacción:

Quinto.- En tanto se expide el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual deberá expedirse en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se aplicará el Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 1996 y sus reformas, en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de la presente Ley.

Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de elevar la eficiencia en lo niveles de procuración de justicia en nuestro país, los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación y Seguridad Pública sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de la República le atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este ordenamiento y demás disposiciones aplicables.

La certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad y profesionalismo serán principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones en materia de procuración de justicia.

Artículo 2.- Al frente de la Procuraduría General de la República estará el Procurador General de la República, quien presidirá al Ministerio Público de la Federación.

Artículo 3.- El Procurador General de la República intervendrá por sí o por conducto de agentes del Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este ordenamiento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

En los casos de detenciones en delito flagrante, en los que se inicie averiguación previa con detenido, el Agente del Ministerio Público de la Federación solicitará por escrito y de inmediato a la autoridad competente que presente la querella o cumpla el requisito equivalente, dentro del plazo de retención que establece el artículo 16, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B) Ante los órganos jurisdiccionales:

Artículo 8.- El Procurador General de la República, así como los servidores públicos en quienes delegue la facultad y los que autorice el Reglamento de esta Ley, resolverán en definitiva:

Artículo 9.- El Procurador General de la República ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Procuraduría.

El Procurador General de la República emitirá los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades administrativas y órganos técnicos, centrales y desconcentrados de la Institución, así como de agentes del Ministerio Público de la Federación, policía federal investigadora y peritos.

Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos que competen a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público de la Federación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables, el Procurador General de la República se auxiliará de:

Artículo 13.- El Reglamento de esta Ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones.

El Procurador General de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el en el Reglamento de esta Ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

Artículo 14.- El Procurador General de la República, para la mejor organización y funcionamiento de la Institución, podrá delegar facultades, excepto aquellas que por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás ordenamientos aplicables, deban ser ejercidas por el propio Procurador. Asimismo, podrá adscribir orgánicamente las unidades y órganos técnicos y administrativos que establezca el Reglamento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 15.- Los acuerdos por los cuales se disponga la creación de unidades administrativas especializadas y fiscalías especiales, se deleguen facultades o se adscriban los órganos y unidades, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 16.- El Procurador General de la República será designado y removido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 17.- Los Subprocuradores, Oficial Mayor y Visitador General deberán reunir los requisitos que establezca esta Ley y serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador General de la República.

Para ser Subprocurador, Oficial Mayor o Visitador General, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho, salvo el caso del Oficial Mayor, quien deberá tener el nivel licenciatura en una carrera acorde a las funciones que desempeñará; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

Los Subprocuradores, para que estén en capacidad de suplir al Procurador General de la República de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV de esta Ley, deberán reunir los requisitos que para éste se establecen en el artículo 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 18.- Los Coordinadores Generales, titulares de Unidades Especializadas, Directores Generales, Delegados y Agregados de la Institución en el extranjero deberán reunir los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, y serán designados y removidos libremente por el Procurador General de la República.

Artículo 19.- El Reglamento de esta Ley señalará los servidores públicos que sin tener el nombramiento de agente del Ministerio Público de la Federación, pero que por la naturaleza de sus funciones, deban ejercer dichas atribuciones, no serán considerados como miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la policía federal investigadora y los peritos, serán nombrados y removidos de conformidad con el Capítulo Quinto de esta Ley. Los demás servidores públicos serán nombrados y removidos en los términos del presente ordenamiento, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

CAPITULO III
De los Auxiliares del Ministerio Público
de la Federación

Artículo 20.- Son auxiliares del Ministerio Público de la Federación:

Artículo 21.- La policía federal investigadora actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables, y lo auxiliará en la investigación de los delitos del orden federal.

La policía federal investigadora podrá recibir denuncias sólo cuando por la urgencia del caso no sea posible la presentación directa de aquéllas ante el Ministerio Público de la Federación, pero deberá dar cuenta sin demora a éste para que acuerde lo que legalmente proceda.

Conforme a las instrucciones que dicte el Ministerio Público de la Federación, la policía federal investigadora desarrollará las diligencias que deban practicarse durante la averiguación previa y, exclusivamente para los fines de ésta, cumplirá las citaciones, notificaciones y presentaciones que se le ordenen y ejecutará las órdenes de aprehensión, los cateos y otros mandamientos que emita la autoridad judicial, así como las órdenes de detención que, en los casos a que se refiere el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicte el propio Ministerio Público de la Federación.

En todo caso, dicha policía actuará con respeto a los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, así como las normas que rijan esas actuaciones.

Artículo 22.- Los peritos actuarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público de la Federación, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen.

Artículo 23.- El Ejecutivo Federal, en su caso, determinará las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que deban quedar sujetas a la coordinación de la Procuraduría General de la República, en cuyo supuesto serán aplicables a ésta las disposiciones que para las dependencias coordinadoras de sector establecen la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales y demás ordenamientos que resulten procedentes.

Artículo 24.- El Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue esta función, podrán autorizar al personal del Ministerio Público de la Federación para auxiliar a otras autoridades que lo requieran en el desempeño de una o varias funciones, que sean compatibles con las que corresponden a la procuración de justicia federal.

El auxilio se autorizará mediante la expedición del acuerdo correspondiente, tomando en cuenta los recursos y las necesidades del Ministerio Público de la Federación.

El personal autorizado en los términos de este artículo no quedará, por ese hecho, subordinado a las autoridades a quienes auxilie.

Artículo 25.- De conformidad con los artículos 21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Procurador General de la República convendrá con las autoridades locales competentes la forma en que deban desarrollarse las funciones de auxilio local al Ministerio Público de la Federación.

Sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, cuando los agentes del Ministerio Público del fuero común auxilien al Ministerio Público de la Federación, recibirán denuncias y querellas por delitos federales, practicarán las diligencias de averiguación previa que sean urgentes, resolverán sobre la detención o libertad del inculpado, bajo caución o con las reservas de ley, y enviarán sin dilación alguna el expediente y el detenido, en su caso, al Ministerio Público de la Federación.

Artículo 26.- Los auxiliares del Ministerio Público de la Federación deberán, bajo su responsabilidad, dar aviso de inmediato a éste, en todos los casos sobre los asuntos en que intervengan con ese carácter, haciendo de su conocimiento los elementos que conozcan con motivo de su intervención.

CAPITULO IV
De la Suplencia y Representación del Procurador General de la República

Artículo 27.- El Procurador General de la República será suplido en sus excusas, ausencias o faltas temporales por los Subprocuradores, en los términos que disponga el Reglamento de esta Ley.

El Subprocurador que supla al Procurador General de la República ejercerá las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás normas aplicables otorgan a aquél, con excepción de lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 de esta Ley.

Artículo 28.- Los Subprocuradores, Oficial Mayor, Visitador General y demás servidores públicos serán suplidos en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 29.- El Procurador General de la República será representado ante las autoridades judiciales, administrativas y del trabajo por los servidores públicos que determine el Reglamento de esta Ley o por los agentes del Ministerio Público de la Federación que se designen para el caso concreto.
 

CAPITULO V
Del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal

Artículo 30.- El Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal comprende lo relativo a agente del Ministerio Público de la Federación, agente de la policía federal investigadora y Perito Profesional y Técnico, y se sujetará a las bases siguientes:

Para los efectos de esta Ley, se entiende por agentes de designación especial aquellos que sin ser de carrera, son nombrados por el Procurador General de la República para atender asuntos que por sus circunstancias especiales así lo requieran.

La policía federal investigadora y los servicios periciales estarán integrados por agentes y peritos de carrera, así como por agentes y peritos de designación especial.

Artículo 35.- En tratándose de personas con amplia experiencia profesional, el Procurador General de la República, de conformidad con el Reglamento de esta Ley y lo que establezcan las disposiciones relativas al Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal podrá, en casos excepcionales, designar agentes del Ministerio Público de la Federación, especiales o visitadores, así como agentes de la policía federal investigadora o peritos especiales, dispensando la presentación de los concursos de ingreso. Dichas personas deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos y satisfacer los requisitos siguientes:

En cualquier momento, se podrán dar por terminados los efectos del nombramiento de las personas designadas conforme a este artículo, sin que para ello sea necesario agotar el procedimiento a que se refiere el artículo 44 de esta Ley.

Artículo 36.- Previo al ingreso como Agente del Ministerio Público de la Federación, de la policía federal investigadora o Perito, incluyendo los casos a que se refiere el artículo anterior, será obligatorio que la Institución consulte los requisitos y antecedentes de la persona respectiva en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, en los términos previstos en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 37.- Para el ingreso a la categoría básica de Agente del Ministerio Público de la Federación, de Agente de la policía federal investigadora y de Perito Profesional y Técnico, se realizará concurso de ingreso por oposición interna o libre.

En igualdad de circunstancias, en los concursos de ingreso para Agente del Ministerio Público de la Federación y de la policía federal investigadora, se preferirá a los oficiales secretarios del Ministerio Público de la Federación, con sujeción a las condiciones y características que determine el Consejo de Profesionalización.

Artículo 38.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la policía federal investigadora y peritos serán adscritos por el Procurador o por otros servidores públicos de la Institución en quienes delegue esta función, a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría General de la República, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Igualmente, se les podrá encomendar el estudio, dictamen y actuaciones que en casos especiales se requieran de acuerdo con su categoría y especialidad.

Artículo 39.- Los ascensos a las categorías superiores del Ministerio Público de la Federación, de la policía federal investigadora y Perito, se realizarán por concurso de oposición, de conformidad con las disposiciones reglamentarias del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal y los acuerdos del Consejo de Profesionalización.

Artículo 40.- El Consejo de Profesionalización será la instancia normativa, así como de desarrollo y evaluación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal y se integrará por:

Artículo 43.- La terminación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal será:

Artículo 45.- Los Procedimientos a que se refiere el artículo anterior, así como el de remoción previsto en el artículo 64, serán substanciados por los órganos auxiliares del Consejo de Profesionalización, cuya integración, operación y funcionamiento se definirán en las disposiciones reglamentarias del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal.

Artículo 46.- Los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal que estén sujetos a proceso penal como probables responsables de delito doloso, o culposo calificado como grave por la ley, serán suspendidos por los servidores públicos a que se refiere el artículo 62 de esta Ley, desde que se dicte el auto de formal prisión o de sujeción a proceso y hasta que se emita sentencia ejecutoriada. En caso de que ésta fuese condenatoria serán destituidos; si por el contrario, fuese absolutoria, se les restituirá en sus derechos.

CAPITULO VI

De los Procesos de Evaluación de los Servidores Públicos

Artículo 47.- Los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal y demás servidores públicos que determine el Procurador mediante Acuerdo, deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño, los cuales serán iniciales, permanentes, periódicos y obligatorios de conformidad con las disposiciones aplicables.

Los procesos de evaluación tendrán por objeto comprobar que los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior dan debido cumplimiento a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos.

Artículo 48.- El Reglamento de esta Ley establecerá los exámenes que comprenderán los procesos de evaluación, entre los cuales deberá incluirse el toxicológico, así como los procedimientos conforme a los cuales se llevarán a cabo.

Los exámenes se evaluarán en conjunto, salvo el examen toxicológico que se presentará y calificará por separado.

Artículo 49.- Los servidores públicos serán citados a la práctica de los exámenes respectivos. En caso de no presentarse sin mediar causa justificada, se les tendrá por no aptos.

Artículo 50.- Los resultados de los procesos de evaluación serán confidenciales con excepción de lo que establezcan las disposiciones legales aplicables, así como en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales.

Artículo 51.- Los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal que resulten no aptos en los procesos de evaluación a que se refiere este Capítulo, dejarán de prestar sus servicios en la Procuraduría General de la República, previo desahogo del procedimiento que establece el artículo 44 de esta Ley.

En los casos en que los demás servidores públicos de la Institución respecto de los cuales el Procurador General de la República haya determinado su sujeción a los procesos de evaluación, resulten no aptos, dejarán de prestar sus servicios en la Institución, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

CAPITULO VII
De los Derechos de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Investigadora y Peritos

Artículo 52.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la policía federal investigadora y peritos tendrán los siguientes derechos:

CAPITULO VIII
De las Causas de Responsabilidad de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, Agentes de la Policía Federal Investigadora y Peritos

Artículo 53.- Son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación y, en lo conducente, de los agentes de la policía federal investigadora y de los peritos:

Artículo 55.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación, así como los agentes de la policía federal investigadora y peritos no podrán:

Artículo 56.- Las sanciones por incurrir en causas de responsabilidad o incumplir las obligaciones a que se refieren los artículos 53 y 54 de esta Ley, respectivamente, serán:

Artículo 57.- La amonestación es el acto mediante el cual se le llama la atención al servidor público por la falta o faltas no graves cometidas en el desempeño de sus funciones y lo conmina a rectificar su conducta.

La amonestación podrá ser pública o privada dependiendo de las circunstancias específicas de la falta y, en ambos casos, se comunicará por escrito al infractor, en cuyo expediente personal se archivará una copia de la misma.

Artículo 58.- La suspensión es la interrupción temporal de los efectos del nombramiento, la cual podrá ser hasta por quince días a juicio del superior jerárquico, cuando la falta cometida no amerite remoción.

Artículo 59.- El arresto es la internación del Agente de la policía federal investigadora por no más de treinta y seis horas en el lugar destinado al efecto, con pleno respeto a sus derechos humanos.

La retención en el servicio o la privación de servicios de salida es el impedimento hasta por quince días naturales para que el Agente de la policía federal investigadora abandone el lugar de su adscripción.

Toda orden de arresto, de retención en el servicio o privación de permisos de salida será decretada por el superior jerárquico, deberá constar por escrito y contendrá el motivo y fundamento legal, así como la duración y el lugar en que deberá cumplirse. La orden respectiva pasará a formar parte del expediente personal del servidor público de que se trate.

Artículo 60.- En contra de los correctivos disciplinarios a que se refiere el artículo anterior se podrá interponer el recurso de rectificación ante el Consejo de Profesionalización, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la imposición del correctivo disciplinario. En el escrito correspondiente se expresarán los agravios y se aportarán las pruebas que se estimen pertinentes. El recurso se resolverá en la siguiente sesión del Consejo de Profesionalización.

La interposición del recurso no suspenderá los efectos del correctivo disciplinario, pero tendrá por objeto que éstos no aparezcan en el expediente u hoja de servicios del servidor público de que se trate.

Artículo 61.- Procederá la remoción de los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal en los casos de infracciones graves, a juicio del Consejo de Profesionalización. En todo caso, se impondrá la remoción por el incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones IV, V, VII, VIII, XII, XIII, XV y XVI del artículo 54 de esta Ley.

Artículo 62.- Las sanciones a que se refiere el artículo 56, fracciones I y II del presente ordenamiento, podrán ser impuestas por:

Artículo 63.- Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:

En el escrito correspondiente se expresarán los agravios y se aportarán las pruebas que se estimen pertinentes.

El recurso se resolverá en la siguiente sesión del Consejo de Profesionalización, y la resolución se agregará al expediente u hoja de servicio correspondiente.

Si el servidor público no resultare responsable de las sanciones previstas en las fracciones I y II del artículo 56 del presente ordenamiento, será restituido en el goce de sus derechos.

Artículo 66.- Las demás sanciones previstas en este Capítulo serán impuestas por los servidores públicos a que se refiere el artículo 62 de esta Ley, quienes deberán observar, en lo conducente, el procedimiento que establece el artículo anterior.

CAPITULO X

Disposiciones Finales

Artículo 67.- Para los efectos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Procuraduría General de la República se considera integrante de la Administración Pública Federal centralizada y en consecuencia, sus servidores públicos y en general toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la Institución, está sujeto al régimen de responsabilidades a que se refiere dicho Título y la legislación aplicable.

Artículo 68.- El órgano de control interno en la Procuraduría General de la República ejercerá las funciones que le otorga la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 69.- En el ejercicio de sus funciones, los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la policía federal investigadora y los peritos observarán las obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos y actuarán con la diligencia necesaria para la pronta, completa y debida procuración de justicia.

Artículo 70.- Se podrán imponer a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, por las faltas en que incurran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las sanciones disciplinarias previstas en los ordenamientos legales en materia de responsabilidades de los servidores públicos, mediante el procedimiento que en los mismos se establezcan.

Artículo 71.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación no son recusables, pero bajo su más estricta responsabilidad deben excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, cuando exista alguna de las causas de impedimento que la ley señala en el caso de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito y las demás disposiciones aplicables, haciéndolo del conocimiento por escrito de su superior inmediato.

Si el Agente del Ministerio Público de la Federación, sabedor de que no debe conocer del asunto, aún así lo hiciera, será sancionado conforme a las disposiciones de esta Ley y demás que resulten aplicables.

Artículo 72.- La desobediencia o resistencia a las órdenes legalmente fundadas del Ministerio Público de la Federación dará lugar al empleo de medidas de apremio o a la imposición de correcciones disciplinarias, según sea el caso, en los términos que previenen las normas aplicables. Cuando la desobediencia o resistencia constituyan delito, se iniciará la averiguación previa respectiva.

Artículo 73.- Cuando se impute la comisión de un delito al Procurador General de la República, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la ley en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se procederá de la siguiente manera:

El Procurador General de la República determinará mediante acuerdos la integración, facultades y funcionamiento de los consejos a que se refiere este artículo.

Artículo 75.- El personal que preste sus servicios en la Institución se regirá por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Serán considerados trabajadores de confianza los servidores públicos, distintos de los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, de las categorías y funciones previstas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables."

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de mayo de 1996, con excepción de lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes. Continuarán vigentes las normas expedidas con apoyo en la Ley que se abroga, cuando no se opongan a la presente.

TERCERO.- Se abrogan los Reglamentos de la Carrera de Agente del Ministerio Público Federal y de la Carrera de Policía Judicial Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 1993 y 26 de marzo de 1993, respectivamente.

CUARTO.- Los procedimientos de responsabilidad administrativa y de remoción iniciados con antelación a la entrada en vigor de la presente Ley serán resueltos por el Consejo de Profesionalización, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 1996.

QUINTO.- En tanto se expide el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual deberá expedirse en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se aplicará el Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 1996 y sus reformas, en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de la presente Ley.

SEXTO.- En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, el Consejo de Profesionalización estará facultado para emitir normas generales relativas al desarrollo y operación de dicho Servicio.

SÉPTIMO.- Los agentes del Ministerio Público, de la policía federal investigadora y peritos que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren laborando en la Procuraduría General de la República, se someterán a las disposiciones reglamentarias del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal que se expidan para tal efecto.

OCTAVO.- Las referencias que se hagan en otras disposiciones legales a la Policía Judicial Federal, se entenderán hechas a la policía federal investigadora.

NOVENO.- Cuando se expida el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, las menciones a la unidad especializada a que se refiere el artículo 8º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se entenderán hechas a la unidad administrativa que se establezca en dicho ordenamiento reglamentario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil dos.

Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Diputados: José Elías Romero Apis (rúbrica), Presidente; Roberto Zavala Echavarría (rúbrica), secretario; Fernando Pérez Noriega, secretario; Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), secretario; David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), secretario; Eduardo Andrade Sánchez, Flor Añorve Ocampo, Francisco Cárdenas Elizondo, Manuel Galán Jiménez, Rubén García Farías, Ranulfo Márquez Hernández, José Manuel Medellín Milán, Enrique Garza Tamez (rúbrica), José de Jesús Reyna García, Juan Manuel Sepúlveda Fayad (rúbrica), Benjamín Avila Márquez, Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Lucio Fernández González (rúbrica), Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Silvia América López Escoffie (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, María Guadalupe López Mares (rúbrica), Vicente Pacheco Castañeda, Nelly Campos Quiroz (rúbrica), Víctor Hugo Sondón Saavedra (rúbrica), Martha Ruth del Toro Gaytán (rúbrica), Genoveva Domínguez Rodríguez, Tomás Torres Mercado, José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Norma Patricia Riojas Santana (rúbrica), Enrique Priego Oropeza.

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública

Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente; José Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), secretario; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), secretario; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretario; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Graciela Cuevas Barrón, Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Omar Fayad Meneses, María Teresa Gómez Mont y Urueta (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenso Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva Acevedo, Jaime Mantecón Rojo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
 
 

Salvador Cosío Gaona, diputado federal por el V distrito de Jalisco, con cabecera en Puerto Vallarta, a nombre propio y de quienes conmigo firman, diputados federales de diversos partidos políticos de esta LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión que somos miembros de la Comisión de Turismo, y/o representantes de entidades con vocación económica de fomento turístico, y legisladores que buscamos la modernización legislativa para el progreso de la nación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, párrafo sexto, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente a esta Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, a efecto de emplazarla a emitir el dictamen correspondiente, para que de inmediato sea presentada ante el Pleno de este órgano legislativo, la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos.

Antecedentes

La Ley de Juegos y Sorteos vigente, que data de 1947, surgió en un marco de condiciones de prohibición, que a lo largo de más de 50 años han cambiado sustancialmente. La inobservancia y lagunas de dicha ley, han propiciado corrupción e impunidad permitiendo la proliferación de prácticas ilegales.

La ley actual carece de reglamento correspondiente y existen otros diversos ordenamientos aplicándose, al respecto, que requieren ser analizados ya que constituyen un endeble marco legal para la autoridad que se ve motivada por eso a actuar con un amplio margen de discrecionalidad.

Por ello, el 26 de febrero de 1999, el diputado Isaías González Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional y a nombre de diversos diputados federales de distintos grupos parlamentarios, presentó ante el Pleno de esta Cámara, una iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuesta, Sorteos y Casinos.

Se acordó que la Comisión de Turismo elaborara una opinión fundada y motivada al respecto, y que se enviara a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para el dictamen correspondiente. Después de varias consultas públicas, dicha opinión se emitió positivamente y fue remitida de inmediato a la comisión dictaminadora.

Al inicio de esta Legislatura, la Comisión de Turismo retomó en su agenda el asunto de la mencionada ley. Así, a instancias de ella, se motivó a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública a continuar con los trabajos, y esta Comisión, a la que corresponde dictaminar, conformó un grupo plural de trabajo integrado por diputados de ambas comisiones legislativas, mismos que realizaron su tarea y entregaron en forma conjunta un proyecto de dictamen, que fue producto de un esfuerzo coordinado de análisis y consulta responsable, con la opinión de legisladores de los diversos partidos, así como con representantes de los distintos sectores productivos y sociales, además del apoyo de expertos, por lo que consideramos que está en condiciones de poderse dictaminar por la propia Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, para que el honorable Pleno conozca y debata esta iniciativa de ley tan importante para México en el momento actual de su desarrollo económico.

Consideraciones

Las actividades en materia de juegos con apuesta y sorteos deben ser reguladas, vigiladas, autorizadas y controladas para que se realicen con honestidad y estricto apego al principio de legalidad.

La regulación del juego siempre se ha desviado en discusiones de moral pública. Se ha considerado, erróneamente, como un fin en sí misma y no un medio para promover mejoras en la economía y en el ámbito social. Ante estos falsos argumentos, es necesario reafirmar que la ley, y no su ausencia, constituye el mejor instrumento para conducir las relaciones entre los individuos, las instituciones y las naciones.

En cambio, la informalidad y el nulo control sobre el juego lo convierten en un elemento de riesgo para la sociedad, además de la pérdida económica que ello representa, ya que se renuncia a la perspectiva de integrar esta actividad al desarrollo.

En México se cuentan por miles los establecimientos clandestinos, irregulares y a veces hasta insalubres y peligrosos, donde se efectúan juegos de azar con apuesta, que constituyen una total expresión de ilegalidad y que lesionan el interés público. Los efectos inmediatos o duraderos de toda prohibición acaban por revertirse en detrimento de la ley y de la sociedad, por lo que es indispensable establecer un marco normativo que, al reconocer la realidad, encauce estas actividades dándoles su justa dimensión en el entorno social y esclareciendo los tonos obscuros que la ilegalidad, la corrupción y la discrecionalidad les dan.

La ley debe propiciar, ante todo, que al salir de la clandestinidad y la simulación, todas estas actividades produzcan bienestar económico a la comunidad, paguen impuestos y generen empleos permanentes y bien remunerados.

Consideraciones de Derecho

Por todo lo anterior y con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos presentan esta solicitud para que esta Presidencia de la Cámara de Diputados formule excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, a efecto de que dictamine, a la brevedad posible, respecto a la iniciativa en mención.

Por lo antes expuesto, a usted, señora Presidenta de la Cámara de Diputados, atentamente solicitamos:

Unico. Tenga por presentada esta solicitud de excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que de inmediato presente su dictamen respecto de la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 29 de octubre de 2002.

Diputados: Jaime Larrázabal Bretón, Flor Añorve Ocampo, Salvador Cosío Gaona, Manuel Añorve Baños, Edilberto J. Buenfil Montalvo, Héctor N. Esquiliano Solís, Ismael Estrada Colín, Federico Granja Ricalde, Jaime Hernández González, Jaime Mantecón Rojo, Enrique Martínez Orta Flores, José Manuel Quintanilla R., Miguel Vega Pérez, Agustín Trujillo Iñiguez, Josefina Hinojosa Herrera, Luis Gerardo Rubio Valdez, Miguel Angel Moreno Tello, Jorge Carlos Ramírez Marín, José Ignacio Mendicuti Pavón, Feliciano Calzada Padrón, Raúl González Villalva, Rosa Elena Baduy Isaac, Rafael Servín Maldonado, Angel Meixueiro González, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Fernando Díaz de la Vega, Gerardo Sosa Castelán, Raúl Sicilia Salgado, Celia Martínez Bárcenas, Luis Eduardo Jiménez Agraz, César Augusto Santiago Ramírez, Oscar Levín Coppel, Salvador Rocha Díaz, Irma Piñeyro Arias, Jaime Alcántara Silva, Carlos Aceves del Olmo, Roberto Zavala Echavarría, Lorena Martínez Rodríguez, Timoteo Martínez Pérez, José A. Hernández Fraguas, Marcos P. López Mora, José Antonio Magallanes Rodríguez, Humberto Muñoz Vargas, José Ramírez Gamero, Enrique Ramos Robles, Eréndira Cova Brindis, Guillermo Díaz Gea, Aarón Irizar López, Samuel Aguilar Solís, José Yunes Zorrilla, José Soto Martínez, José S. Velázquez Hernández, José Feliciano Moo y Can, César Duarte Jáquez, Roberto E. Bueno Campos, José Manuel del Río Virgen, Tomás Ríos Bernal, Hilario Esquivel Martínez, Martha Silvia Sánchez González, Ranulfo Márquez Hernández, Celestino Bailón Guerrero, Juan N. Callejas Arrollo, Víctor E. Díaz Palacios, Cutberto Cantorán Espinosa, Roque Gracia Sánchez, Simón Villar Martínez, Librado Treviño Gutiérrez, Oscar A. del Real Muñoz, Lourdes Gallardo Pérez, Silvia Romero Suárez, Alejandro Cruz Gutiérrez, Alfredo Ochoa Toledo, Antonio Silva Beltrán Reyes, Hermilo Monroy Pérez, Esperanza Santillán Castillo, María Elena Chapa Hernández, Amador Rodríguez Lozano, Enrique Priego Oropeza, Hilda Anderson Nevárez, Enrique Aguilar Borrego, Juan M. Martínez Nava, Manuel Galán Jiménez, Raúl H. González Villalva, Manuel Garza González, María de las Nieves García, Jesús de la Rosa Godoy, Víctor M. Gandarilla Carrasco, Jesús Burgos Pinto, Efrén Leyva Acevedo, Jorge Schettino Pérez, Nemesio Domínguez Domínguez, Jaime Rodríguez López, Laura Pavón Jaramillo, Víctor A. García Dávila, Elías Dip Rame, Silverio López Magallanes, Víctor R. Infante González, Jorge Luis García Vera, Adela Cerezo Bautista, Francisco Cárdenas Elizondo, José Elías Romero Apis, Benjamín Ayala Velázquez, José Armín Valdés Torres, Raúl Cervantes Andrade, Salvador Castañeda Salcedo, Beatriz Cevantes Mandujano, Maricruz Cruz Morales, Arturo León Lerma, Juan Leyva Mendívil, J. Félix Salgado Macedonio, José Delfino Garcés Martínez, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Albino Mendieta Cuapio, José Manuel Minjares Jiménez, Rafael Ramírez Sánchez, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Pablo Jesús Arnaud Carreño, Guillermo Hopkins Gámez, María del Rosario Oroz Ibarra, Jaime Martínez Veloz, Elías Martínez Rufino, Alfonso O. Elías Cardona, Rosario Tapia Medina, Bonifacio Castillo Cruz, Manuel Duarte Ramírez, Arturo Escobar y Vega, Diego Cobo Terrazas, Olga P. Chozas y Chozas, José R. Escudero Barrera, Erika Spezia Maldonado, Concepción Salazar González, José A. Arévalo González, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Francisco Arano Montero, Jaime Aceves Pérez (rúbricas).

(Se excita a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que emita el dictamen correspondiente. Octubre 31 de 2002.)
 
 
 

A LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA ELENA CHAVEZ PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, PRESENTADA EN LA SESION DEL JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2002

La suscrita, en mi calidad de diputada federal de la LVIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 y 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que se dictamine a la brevedad para su presentación ante el Pleno de este órgano Legislativo, el dictamen de la iniciativa de reforma al artículo 89, párrafo X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El día 30 de abril de 2002, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se presentó ante el Pleno de esta Cámara la iniciativa que reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de establecer expresamente el respeto a los derechos humanos como límite y principio rector de nuestra política exterior.

Asimismo, el 10 de octubre del presente año, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó excitativa para que se dictamine dicha iniciativa, por haber transcurrido el plazo que tienen las comisiones para que dictaminen los asuntos que se les turnan.

Toda vez que aún no se emite el dictamen correspondiente de la iniciativa en comento, los diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, insistimos y hacemos énfasis en la necesidad de impulsar y promover los principios humanistas en el ejercicio de la política exterior de nuestro país, impulsando los valores democráticos como forma de gobierno, incentivando la promoción y protección de los derechos humanos en las relaciones internacionales del Estado mexicano, siendo precisamente el objeto de esta iniciativa, que dentro de las facultades conferidas al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a la dirección de la política exterior, se observe como un principio normativo más, la promoción y protección de los derechos humanos y valores democráticos.

Consideraciones

La creación y el fortalecimiento de la normatividad básica, han permitido la satisfacción en la aplicación de un sinnúmero de acciones, cimentadas en la necesidad de las personas por conocer y disfrutar sus derechos elementales.

Esta normatividad ha sido básica para la instrumentación de diversos documentos de carácter internacional y nacional que en este momento son guía en las actividades de defensa, promoción divulgación enseñanza y aprendizaje de los derechos humanos.

Estos derechos han avanzado en su cobertura, pasando por la diversidad de los sectores sociales, hasta ubicarlos en sociedades globalizadoras, motivo por el cual los derechos económicos, sociales y culturales se reconocen y salvaguardan por vez primera en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, extendiéndose a otras naciones del mundo en años subsecuentes.

En México, a partir de la década de los setenta, se proyectó una nueva generación de derechos humanos, concibiendo al ser humano además de titular de derechos, como sujeto de obligaciones de cara al patrimonio común como la paz, la libre determinación de los pueblos, el desarrollo integral de las personas y la procuración de un ambiente sano, entre otros.

Es en virtud de lo anterior, que se hace necesario incorporar estos derechos humanos como concepto constitucional y doctrinario en el catálogo de principios de política exterior, exaltando el principio original de que la soberanía reside en el pueblo, por lo que los gobiernos deben velar por respetar sus derechos.

A nadie escapa que los procesos de transformación de nuestra democracia conlleven responsabilidades nacionales e internacionales, por lo que asumirlos supone la necesidad de encarar nuestras obligaciones y adaptación al mundo en que vivimos.

En este sentido, los derechos humanos y la democracia son imprescindibles para el desarrollo equilibrado y pacífico de cualquier sociedad, así como para la relación entre las naciones. De ahí la imperiosa necesidad de establecer como principio normativo en la conducción de la política exterior la promoción y protección de los derechos humanos y valores democráticos.

Debemos tomar en consideración que es un hecho irreversible y cada vez más generalizado que las relaciones internacionales están y estarán condicionadas por el respeto y protección de los Estados y sus gobiernos a los derechos humanos.

En tal sentido, esta iniciativa propone el ejercicio del poder soberano del Estado mexicano a la plena vigencia, respeto y protección de los derechos humanos, así como la promoción de la democracia como principios rectores de su política exterior, en consonancia y congruencia con su vocación y determinación internas.

Consideraciones de derecho

Que dadas las circunstancias de que no se ha dictaminado la iniciativa presentada ante el Pleno en fecha 30 de abril de 2002, y que además fue motivo de excitativa el 10 de octubre del año en curso, para que la comisión competente dictamine la misma, hoy ocurrimos ante esta honorable asamblea invocando la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que sea la Presidencia de esta Mesa Directiva quien emplace para día determinado a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente a la iniciativa de reformas a la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto y fundado.

A usted Presidenta de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva.

Unico. En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestos, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar por segunda ocasión a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa de reformas a la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fecha que se le sea señalada.

México, DF, a 31 de octubre de 2002.

Dip. María Elena Chávez Palacios (rúbrica)

(Se realiza excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente. Octubre 31 de 2002.)
 
 

Acción Nacional, se pronuncia a favor de la salvaguarda de los derechos fundamentales de los integrantes del núcleo familiar, encontrándose entre ellos, el derecho a la alimentación habitación educación y en general a una vida digna.

Por constitucional, el Estado tiene un compromiso ineludible para con los integrantes del núcleo familiar, mismo que se traduce en la obligación de implementar las acciones necesarias tendientes a combatir, sancionar y prevenir a través de medidas protectoras en los planos de lo jurídico, económico, legislativo, político y social, toda práctica que atente o menoscabe sus derechos fundamentales, tales como la inobservancia de la obligación del acreedor alimentista para suministrar los elementos necesarios para el adecuado desarrollo y ascendiente que así lo requiera, cuando éstos por alguna imposibilidad debidamente justificada, no pueden allegarse de los elementos necesarios para tal fin, obligación consagrada en el derecho a los alimentos.

En efecto, alimento, abrigo, techo asistencia en caso de enfermedad, formación intelectual, y en general los elementos necesarios para su subsistencia, constituyen elementos que necesita todo acreedor alimentista para sobrevivir, es por ello que el derecho a los alimentos, deriva del derecho a la vida que posee toda persona y que gravita sobre el grupo familiar.

Ahora bien, existen los procedimientos para ocurrir ante un juez de lo familiar y solicitar o demandar el pago de una pensión alimenticia, por no tener bienes o ingresos y estar imposibilitado, para obtenerlos y asegurar la supervivencia; no obstante, éstos en muchos de los casos presentan deficiencias que impiden el ejercicio del derecho que se tiene a los alimentos, quedando desprotegidos exponiendo la vida, la integridad, la salud y la seguridad.

Al tenor de lo expuesto en los párrafos anteriores, es conveniente hacer la precisión de que, lo que busca el acreedor alimentista, son recursos para subsistir y si no tiene éstos, menos los tendrá para contratar los servicios de una persona especializada que pueda representarlo de la mejor manera posible, al igual que no puede cubrir el costo de las publicaciones necesarias en caso de que el deudor reemplazara su domicilio, para no cumplir con los requisitos y formalidades establecidas en la ley para acceder a la justicia local.

Es de mencionarse también, que para resolver el problema del acceso a los juzgados familiares para ver satisfechas las pretensiones, no basta con la supresión de formalidades y se deben contemplar otros aspectos como el hecho de que las instituciones que se dedican a la defensoría de oficio, no proporcionan un servicio competente, eficiente, profesional y gratuito. La mayoría de las veces por la deficiente actuación de estas instituciones, menores de edad, discapacitados y cónyuges entre otros; han quedado expuestos a que sus derechos alimentarios se vean nulificados. No basta la norma sustantiva que reconoce un derecho, se necesita de una defensoría adecuada que reclame su cumplimiento.

Por otra parte, no es desconocido que no siempre el deudor tiene ingresos fijos y periódicos por el desempeño de un empleo, lo que ha limitado que la acción jurisdiccional no sea lo suficientemente eficaz, ya que ante la omisión de un empleador o patrón cierto y determinado, hace que muchas de las veces no se pueda ordenar el descuento por parte de éste de las cantidades relativas a las pensiones alimenticias. Por lo que es indispensable, que se revise la conveniencia de establecer el aseguramiento del deudor alimentante para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, y que realice por un periodo razonable para proteger a los grupos vulnerables.

Al dejar de cumplir con las obligaciones alimenticias, no se está sólo frente a un incumplimiento civil pues las consecuencias del mismo implican exponer a un peligro a las personas, más que bienes u otros derechos de los mismos. Por lo que en este sentido la respuesta que se le dé al problema que nos ocupa, debe ser bien estudiada, para que así se asegure la protección de los grupos vulnerables y se den las mejores condiciones posibles para su subsistencia y desarrollo; también para que inhiba el incumplimiento de las obligaciones alimenticias.

Por lo anteriormente expuesto y por la importancia que representa la protección de los derechos familiares se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que esta Cámara de Diputados exhorte a las Legislaturas locales, con respeto a su autonomía, para que dentro del ámbito de su competencia implementen las medidas necesarias de carácter legislativo que:

Dip. Silvia América López Escoffie (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Octubre 31 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE REVISAR LOS CALCULOS RELATIVOS A LA ASIGNACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2002

La presente es una proposición que busca alcanzar un punto de acuerdo entre los diputados miembros de la LVIII Legislatura federal sobre un tema por demás oportuno: el conocimiento de los datos necesarios para definir la participación porcentual de estados y municipios en los recursos que les serán distribuidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, previstos en el ramo 033 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

De manera específica, nos interesa descubrir las causas por las cuales varían los criterios de asignación de los recursos de ese fondo de un ejercicio presupuestal a otro, provocando con ello fuertes aumentos de las cantidades recibidas por unos estados y municipios, en detrimento de drásticas disminuciones en las partidas disponibles de algunos otros.

Lo anterior sucede a pesar de la preocupación de los diputados federales por aumentar siempre, durante la discusión del Presupuesto de Egresos, el monto por distribuir de dicho fondo.

Creemos que estas variaciones podrían explorarse a partir de dos hipótesis. La primera estaría relacionada con problemas inherentes a la fórmula de asignación propuesta en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal. Existen razones para suponer que la lógica de esa fórmula, en principio, beneficia los estados y municipios con grandes rezagos en infraestructura básica, analfabetismo y bajos niveles de ingreso, pero castiga con menor dotación de recursos públicos las administraciones que se hubieran preocupado por superar dichos rezagos.1

Al respecto, esta hipótesis está siendo atendida por un grupo de diputados que nos hemos abocado al estudio de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que es competencia de esta soberanía y cuyas propuestas de modificaciones les serán presentadas en breve.

Sin embargo, la segunda hipótesis recaería no en los efectos de la fórmula de asignación del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal sino en un probable mal cálculo de las variables o de la información que ésta requiere para obtener la participación porcentual que, del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, corresponde a cada estado y cada municipio. En consecuencia, el uso de información incorrecta al momento de aplicar ese algoritmo podría propiciar, en perjuicio de algún estado o municipio, una ingente disminución de los montos susceptibles de ser ejercidos por estas instancias.

En este sentido, no es posible calcular la participación porcentual a través de la fórmula en mención sin incorporar una variable denominada "norma establecida para la necesidad básica (Zw)", la cual es definida por la Secretaría de Desarrollo Social para cada una de éstas. Por tanto, el propósito de solicitar a los funcionarios de esta Secretaría la información relativa a cómo se obtienen esas variables tiene por objeto distinguir entre las dos hipótesis antes expuestas para saber cuál de ellas explica por qué, a lo largo de este año, varios municipios recibieron menos recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que los recibidos durante el ejercicio anterior y así buscar su corrección.

Antecedentes

Desde el inicio de la presente Legislatura, entre quienes integramos la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados ha imperado un especial interés por fortalecer el federalismo fiscal y, significativamente, por consolidar las finanzas públicas municipales. La realización de obra pública en el orden local, en un altísimo porcentaje de municipios, depende de los recursos federales asignados en el Ramo 033 del Presupuesto de Egresos, por medio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamudf).

De esta forma, la mayoría de los municipios del país estará en posición de satisfacer las demandas sociales de sus habitantes, en la medida en que, oportunamente, conozcan sus techos financieros y éstos, además, no disminuyan en el transcurso de un año para el otro. Esto tiene realce cuando se acepta que la convergencia económica de las regiones puede inducirse con la interacción de tres elementos: el incremento del nivel de escolaridad, la actividad agrícola en la estructura productiva y la provisión de infraestructura básica en aras de la superación de las barreras comerciales,2 elementos que, por cierto, se convierten en el objetivo esencial de los fondos de aportaciones federales.

Por tanto, a los diputados del Partido Revolucionario Institucional nos preocupan sobremanera los decrementos sufridos por algunos municipios, posiblemente atribuibles a la información empleada por la Secretaría de Desarrollo Social para realizar los cálculos del FAIS. Nos preocupan mucho porque la cantidad de recursos federales aprobados en el ramo 033 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2002 fue superior, en términos reales, a la aprobada para el ejercicio fiscal inmediato anterior, con el simple objetivo de evitar que ningún estado o municipio padeciera durante este año tan difícil situación.

Sabemos que una disminución de recursos para los ayuntamientos significa interrumpir obras en curso, incumplir compromisos sociales y atentar contra el desarrollo de esas regiones, incubando marginación e iniquidad.

Para entender mejor el ambiente de incertidumbre y los resultados perniciosos de las variaciones en cuestión, recurriremos a las cifras del FAIS en relación con los municipios veracruzanos durante el año 2002. Mientras que en el estado de Veracruz algunos municipios se vieron altamente favorecidos por los criterios de asignación del FAIS en este ejercicio, otros municipios de gran importancia sufrieron una intensa disminución de sus recursos. El caso más dramático lo experimentó el municipio de Banderilla, donde la caída de su presupuesto por concepto del FISM fue del orden de 35.6%, al recibir $2,386,449.00, cuando el año inmediato anterior recibió $6,232,527.00.

En esta misma situación se encuentran los municipios de Otatitlán, El Higo, Espinal, Astacinga, Citlaltépetl, Tampico el Alto, Minatitlán, Alpatlahuac, San Juan Evangelista, Xoxocotla, Alvarado, Jesús Carranza, Tlacotalpan, Tres Valles, Ixhuatlán del Sureste, Cuichapa, Ixhuacán de los Reyes, Ayahualulco, Landero y Coss, Chiconamel, Soledad de Doblado, José Azueta, Yanga, Soconusco, Tlalixcoyan, Tuxpan, Amatitlán, Cotaxtla, Tantima, Playa Vicente, Acayucan, Cosamalopan, Puente Nacional, Ixmatlahuacan, Platón Sánchez, Acatlán, Coetzala, Tamalín, Acajete, Ixcatepec, Naranjos-Amatlán, Tatahuicapan de Juárez, Zacualpan, Aquila, Acula, Miahutlán, Jilotepec, Adalberto Tejeda, Tierra Blanca, Pánuco y algunos otros cuya variación es negativa, aunque menor.3

Atendiendo las consideraciones anteriores, los diputados federales del PRI trabajamos ambos frentes en busca de corregir estas variaciones, con objeto de brindar mayor certidumbre a los municipios afectados.

Artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal

El presente artículo define el mecanismo de distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a través de una participación porcentual en los recursos que forman el fondo por parte de los estados. Esta participación porcentual se obtiene de dividir la Masa Carencial por Estado entre la Masa Carencial Nacional y el resultado se multiplica por 100.

En este sentido, la Masa Carencial Nacional es el resultado de sumar la Masa Carencial de cada estado, mientras que la Masa Carencial de cada estado se obtiene de la suma de la Masa Carencial de cada hogar en condiciones de pobreza extrema dentro del territorio estatal.

De igual forma, la Masa Carencial del hogar en pobreza extrema en el estado es el resultado de elevar al cuadrado el Indice Global de Pobreza (IGP) y multiplicarlo por el número de habitantes del hogar en condiciones de pobreza extrema.

Por otra parte, para obtener el IGP se deben integrar en su cálculo varios componentes. En primer lugar, distinguir cinco necesidades básicas: ingreso per cápita por hogar (w1), nivel promedio de escolaridad por hogar (w2), disponibilidad de espacio en el hogar (w3), disponibilidad de drenaje (w4) y disponibilidad de energía eléctrica y combustible para cocinar en el hogar (w5). Por otra parte, a cada una de estas necesidades la ley asigna una ponderación distinta, siendo .4616 para la primera, .1250 para la segunda, .2386 para la tercera, .0608 para la cuarta y .1140 para la última.

En segundo lugar, se requiere para obtener el IGP la medición de una brecha respecto a la norma establecida de pobreza extrema para cada una de las necesidades básicas descritas. Esta brecha es el resultado de restar la norma establecida de pobreza de la necesidad básica, de la observación por hogar para cada una de las necesidades básicas y luego dividir el resultado entre la misma norma establecida de pobreza de la necesidad básica en cuestión.

Finalmente, el IGP se calcula sumando la brecha de pobreza extrema para la primera necesidad básica, multiplicado por el ponderador de esa necesidad básica, más la brecha de pobreza extrema para la segunda necesidad básica, multiplicada por el ponderador de la segunda necesidad básica y así prolongar la sumatoria hasta llegar a la quinta necesidad básica.

Consideraciones

Primero. Consideramos oportuno solicitar a los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo la información correspondiente al procedimiento por medio del cual se obtiene la norma establecida para cada una de las necesidades básicas descritas en la Ley de Coordinación Fiscal. El motivo de esta solicitud consiste en deslindar la naturaleza de las variaciones en los porcentajes en que participan los estados y municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, entre los datos que incorpora la fórmula de asignación o los resultados arrojados por la fórmula en sí misma.

Segundo. Consideramos que, si las razones explicativas de las variaciones anuales de los porcentajes que corresponde a cada estado y municipio se hallaran en la fórmula en mención, entonces en breve presentaremos las modificaciones correspondientes a la Ley de Coordinación Fiscal.

Tercero. Consideramos que los municipios requieren un ambiente de certidumbre respecto a los techos financieros que ejercerá periodo tras periodo. Sin esta mínima certidumbre, poco se avanzará en la planeación administrativa y en la elaboración de los programas de obra, proyectando desconcierto frente a la población.

Finalmente, consideramos en categoría de inadmisible que un municipio observe fuertemente disminuida la cantidad que le es asignada de un ejercicio fiscal a otro para cumplir los compromisos de obra pública dentro de la demarcación. Este escenario atenta en forma directa contra la capacidad municipal de proveer obra pública, de responder sin dilación a las demandas sociales y de fomentar el desarrollo de esas regiones, tan necesario para corregir desigualdades y promover integraciones.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición de

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Secretaría de Desarrollo Social, además de cumplir lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, relativo a publicar en el Diario Oficial de la Federación la norma establecida para las necesidades básicas, presente a esta soberanía la información usada para desarrollar el cálculo del porcentaje de que participan los estados y municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, así como también nos expliquen el procedimiento a través del cual se obtuvo la mencionada norma establecida para cada una de las necesidades básicas, consideradas por la Ley de Coordinación Fiscal en el proceso de definición de la Masa Carencial por Hogar.

Diputados: Pedro Manterola Sainz, José Francisco Yunes Zorrilla, José Manuel del Río Virgen (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Octubre 31 de 2002.)

Notas:
1 Como ejemplo, podríamos citar la decisión de un gobierno municipal de usar parte importante de su presupuesto con el propósito de ampliar la cobertura de hogares conectados a la red de drenaje y alcantarillado. Si esto sucediera, entonces, al disminuir, como consecuencia de esa acción gubernamental, el número de hogares sin drenaje dentro de la demarcación municipal, la fórmula en comento, para el próximo ejercicio, asignará menor cantidad de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Estados y Municipios para ese municipio. Por tanto, podría estarse propiciando una perversión de incentivos a futuro.

2 Alberto Díaz Cayeros, Desarrollo económico e inequidad regional: hacia un nuevo pacto federal en México, p 13. Convergencia económica es la tendencia de las regiones pobres a crecer más rápido que las ricas, con la consiguiente reducción de la brecha que las separa.
3 Información obtenida por la Coordinación de Programas de Desarrollo Social y Humano (Coprodesh) del gobierno del estado de Veracruz-Llave.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR UN FIDEICOMISO QUE CUBRA LOS GASTOS HOSPITALARIOS Y DE FUNERAL DE DONANTES DE ORGANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SERGIO ACOSTA SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2002

Antecedentes

De acuerdo a la información oficial, en nuestro país existen aproximadamente 100 mil personas con enfermedades crónico-degenerativas. De ellas, más de 18 mil se encuentran registradas en la lista de espera para recibir un órgano o tejido. El órgano supervisor encargado de llevar el control de los trasplantes, como bien sabemos, es el Consejo Nacional de Trasplantes creado por la entonces Secretaría de Salubridad en 1999.

Por otra parte, el Programa Nacional de Salud 2001-2006, establece una línea de acción que pretende promover el trasplante como una alternativa accesible, marcando la necesidad de avanzar en torno al Programa Nacional de Trasplantes, el cual busca actualizar la legislación vigente para permitir de forma más ágil la donación de órganos. También se requiere implantar una cultura de donación altruista. Básicamente hacen referencia a la donación de córneas y de riñones, y pasar, en el caso de las primeras, de mil 426 a 4 mil, y de los segundos, de mil 342 a 3 mil 500. Cifras bastante optimistas, si tomamos en cuenta que en México no existe una cultura de la donación y lamentablemente, hablar de cultura es introducirnos al entramado de tradiciones e ideologías que permean a nuestra sociedad en cuanto a la donación de órganos y otros muy diversos temas.

Es preciso señalar que aun cuando se ha experimentado un avance científico y tecnológico muy importante respecto a los trasplantes, no todos los órganos pueden cambiar de dueño, sólo riñones, pulmones, corazón, intestino e hígado, también es posible donar sin ser contemplados como órganos: sangre, córneas, epitelio y médula ósea.

Existen estimaciones de que cada año, se requieren de 5 mil a 6 mil transplantes de riñón, 7 mil de córneas, 4 mil de corazón y 4 mil de hígado. Bajo el lema "Dale vida a otra vida", se plantea la donación voluntaria y con ello, que cada día sean menos las personas que tienen que morir por falta de un trasplante, por no existir donadores. Y según las cifras previamente mencionadas, existen más personas que requieren un trasplante, que aquellos que están dispuestos a donarlos.

El trasfondo de la asignación de órganos es todavía más complicado en la medida que las personas a las que se les va implantar, deben de cumplir con una serie de requisitos, que van desde tiempo de espera, es decir: las instituciones encargadas, tal es el caso de la salud pública deberán dar preferencia a aquella persona que tenga más tiempo en la lista de espera. En las instituciones de salud privada, es diferente, si existe un donador y se tienen los recursos económicos para pagar el implante no habrá listas de espera como en el primer caso. Aunque es necesario recordar que el mayor número de trasplantes se hacen en instituciones públicas, siendo alrededor de ocho por cada 10.

También en la asignación es sumamente importante, que el órgano a implantar cumpla con los requerimientos para que le permitan adaptarse al nuevo organismo, de lo contrario, puede peligrar la vida del receptor.

Sabemos que es necesario sumarnos al esfuerzo de las otras fracciones parlamentarias, las cuales en días pasados presentaron una propuesta con punto de acuerdo para establecer una jornada de información en el Palacio Legislativo, para facilitar la inscripción de los diputados al Registro Nacional Voluntario de Donación de Organos y Tejidos. Habiendo presentado previamente una modificación a la Ley General de Salud y a la Ley General de Población, "a fin de que se adicionen los preceptos y se asiente en las cédulas de identificación personal, una leyenda en la que se invite a la persona, si desea o no, donar sus órganos, expresando así su voluntad ciudadana por escrito".

No obstante, es necesario voltear a mirar a los otros, a los donadores, pues en semanas pasadas, nos enteramos a través de los medios masivos de comunicación, que gracias a un donador, se salvaron no una sino varias vidas, actitud loable, no obstante resulta trágico y conmovedor que sus familiares no contaran con recursos económicos para hacer frente a los gastos hospitalarios y funerarios. Es por ello que un servidor considera que se debe prever el pago de los gastos funerarios y hospitalarios de todos aquellos donadores de escasos recursos, a través de la conformación de un fideicomiso por parte de la Secretaría de Salud, con aportaciones públicas y de los particulares receptores de los órganos.

Por lo anteriormente expuesto, y con base al artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acuerda proponer la conformación de un fideicomiso por parte de la Secretaría de Salud, con aportaciones públicas y de los particulares receptores de los órganos trasplantados. Cuyos fondos serán destinados para el pago de los gastos hospitalarios y funerarios de todos aquellos donadores de órganos, que salven la vida de otra persona y cuyos familiares carezcan de recursos.

Palacio Legislativo, a 31 de octubre de 2002.

Dip. Sergio Acosta Salazar (rúbrica)

(Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Salud. Octubre 31 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA CONAGUA QUE SE REALICEN LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL DISTRITO DE RIEGO 06, PALESTINA, COAHUILA, SIN CONDICIONARLAS A LA ENTREGA DE AGUA DE SUS PRESAS POR COMPROMISOS INTERNACIONALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ARMIN JOSE VALDES TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2002

Los agricultores y ganaderos del distrito de riego 06, Palestina, que se ubica en los municipios de Ciudad Acuña y Jiménez, Coahuila, enfrentan serios problemas ante los embates del Poder Ejecutivo que tienen como propósito doblegar su voluntad para entregar agua a nuestros vecinos del norte, en cumplimiento de un supuesto adeudo.

El distrito de riego se nutre de las aguas provenientes del manantial Cabeceras, que da origen en sus inmediaciones a una presa derivadora del mismo nombre, construida en el año de 1928. El agua se deriva a las presas de almacenamiento Centenario y San Miguel para, de ahí, ser distribuida a través de canales de riego a los diferentes campos agrícolas y abrevaderos.

En el mes de enero del año 2000 se entregó a los usuarios el distrito de riego a que me refiero, el cual se divide en tres módulos, el San Carlos, el Del Valle y el módulo número 1, Palestina; este último lo administra la asociación de productores agrícolas y ganaderos de Palestina, AC. El distrito se entregó seriamente dañado en su infraestructura hidráulica y los recursos que, por concepto de cuotas, capta la asociación sólo permiten realizar 40% de los trabajos de mantenimiento de la referida infraestructura, además de que la maquinaria que se entregó a los usuarios ya era usada con poca vida útil.

La Comisión Nacional del Agua expidió a la asociación un título de concesión por 25 millones de metros cúbicos de agua anuales para regar 3 mil hectáreas, cuando se debió expedir un título por 44 millones de metros cúbicos para superficie de 6 mil 831 hectáreas que tiene el módulo número 1, Palestina.

Con fecha 30 de septiembre del presente año, el Gobierno Federal, a través del jefe del distrito de riego dependiente de la Conagua, pretendió que el Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia de la asociación signara un convenio de incorporación al programa "Uso Sustentable del Agua en la Cuenca del Río San Diego", que tiene por objeto diversas acciones para ahorrar volúmenes de agua por medio del incremento de las eficiencias de conducción y parcelarias, para lo cual se realizarían diversas obras con recursos 100% del Gobierno Federal.

Dentro del convenio, la asociación concesionaria renunciaría en favor de la Conagua a parte de los volúmenes de agua de su actual título y se compromete a entregar agua para compromisos internacionales que no están incluidos dentro del tratado de 1944, ya que las aguas del río San Diego comprometidas deben computarse después de la cortina de la presa derivadora Cabeceras; esto es, después de haberse efectuado todos los aprovechamientos posibles de las aguas de dicho afluente en territorio nacional, el agua comprometida en el tratado es la tercera parte de la que llegue al río Bravo, de conformidad con su artículo 4º, apartado B, inciso c).

En los últimos días, con engaños e induciendo a error, personal de la Conagua ha logrado que los socios de los módulos San Carlos y Del Valle firmen el convenio de incorporación al programa mencionado. Los convenios firmados no tienen validez, debido a que el jefe de distrito de riego no tiene capacidad jurídica y presupuestal para signarlos.

El Ejecutivo del estado, en diferentes ocasiones, ha manifestado que no se sacará una sola gota del estado fuera de la ya comprometida en el tratado, no consultándose a éste para dar legitimidad al acuerdo.

El Presidente Bush y el Presidente Fox, en el rancho remodelado de San Cristóbal, acordaron que México entregaría volúmenes de agua, puntualizándose esto en el acta 307 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Así, se vacío subrepticiamente la presa Venustiano Carranza, acordándose asimismo que los faltantes se podrían cubrir con aguas provenientes de, entre otras, las presas Centenario y San Miguel. Esto no se ha hecho debido a los bajos volúmenes de ellas mismas por la sequía, que redujo a 30% el manantial Cabeceras.

Por otra parte, el titular de la Comisión Nacional del Agua, en declaración dada ante la prensa el día 15 de octubre del presente año en la ciudad de Saltillo, Coahuila, sostuvo que el gobierno de Vicente Fox está dispuesto a invertir unos 120 millones de dólares en los próximos tres años en Ciudad Acuña y Piedras Negras, Coahuila, de signar Coahuila el acuerdo con la Federación para reorganizar la cuenca del río Bravo, abarcándose en este monto obras ya realizadas o por realizarse de conformidad con el compromiso inscrito en el Tratado de Libre Comercio y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. No nos dejaremos chantajear en el sentido de que si no entregamos agua para cumplir compromisos internacionales no pactados, no se llevará a cabo ningún tipo de obras en el distrito de riego o en los municipios fronterizos. De esta manera, mejor déjennos como estamos.

Por otra parte, los usuarios del distrito de riego estamos dispuestos a que, después que se realicen las obras, cubiertas nuestras necesidades, entreguemos los ahorros que de volúmenes de agua se hayan hecho, primeramente para cumplir necesidades nacionales y, si sobra, para cumplir los compromisos internacionales, que tanto interesan a nuestro Presidente.

En razón de lo antes expuesto y de conformidad en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este honorable Pleno el presente

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita a la Comisión Nacional del Agua que realice las obras proyectadas en el distrito de riego 06 y los municipios fronterizos de Coahuila, sin condicionarlas a la entrega de agua para cumplir compromisos internacionales.

México, DF, a 31 de octubre de 2002.

Diputados: Armín José Valdés Torres (rúbrica), Miguel Arizpe Jiménez (rúbrica), Marco Antonio Dávila Montesinos (rúbrica), Francisco Cárdenas Elizondo (rúbrica), Jesús de la Rosa Godoy, Benjamín Ayala Velázquez (rúbrica), Simón Villar Martínez (rúbrica), Manuel Garza González (rúbrica), Librado Treviño Gutiérrez (rúbrica), Hermilo Monroy Pérez (rúbrica), Juan Manuel Martínez Nava (rúbrica), José Yunes Zorrilla (rúbrica), Víctor Roberto Infante González (rúbrica), José Manuel Quintanilla Rentería (rúbrica), Jaime Martínez Veloz (rúbrica), Elba Arrieta Pérez (rúbrica).

(Turnada la Comisión de Recursos Hidráulicos. Octubre 31 de 2002.)
 
 

México, DF, a 31 de octubre de 2002.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de Serafín que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.

Atentamente
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
 

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de Serafín que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 31 de octubre de 2002.

Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)

Presidente
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria

(Turnada a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Octubre 31 de 2002.)
 
 
 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LA CIUDADANA SEÑORA MARTHA SAHAGUN DE FOX PARA ACEPTAR Y USAR UNA CONDECORACION

México, DF, a 31 de octubre de 2002.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana señora Martha Sahagún de Fox para aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar, en grado de Gran Cruz, que lo confiere el Gobierno del Reino de Suecia.

Atentamente
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
 

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico. Se concede permiso a la ciudadana señora Martha Sahagún de Fox para aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 31 de octubre de 2002.

Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente

Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria

(Turnada a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Octubre 31 de 2002.)
 
 

A su reunión ordinaria mensual, el martes 5 de noviembre, a las 9 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior realizada el 2 de octubre de 2002.
4. Presentación de los invitados a la reunión.
5. Intervención del diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel, Presidente de la Comisión de Seguridad Social.
6. Intervención del Gral. de División DEM Tomás Angeles Dauahare, director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
7. Espacio para preguntas y respuestas.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la reunión.

Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

A su segunda reunión de la sesión permanente del pleno, el martes 5 de noviembre, a las 14 horas, en el salón de usos múltiples de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ubicado en el edificio D, planta baja.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Análisis en lo particular de los artículos de la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, reservados para su discusión y, en su caso, aprobación.
3. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE TRANSPORTES

A su reunión de trabajo para tratar los puntos de vista del sector marítimo y puertos del proyecto de Ley de Transporte Federal, el miércoles 6 de noviembre, a las 15 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Atetamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente