Los suscritos diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades competentes se concreten acciones para atacar y erradicar de Puerto Vallarta, Jalisco, y el resto del país, la distribución y venta "hormiga" de estupefacientes, drogas, alcaloides, tóxicos, enervantes, psicotrópicos y demás sustancias que afectan la salud y a la sociedad en su conjunto, intensificando la coordinación en el combate al narcotráfico y la drogadicción, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Un Estado de derecho democrático, se distingue por el auténtico interés de respetar y hacer respetar el orden jurídico establecido y garantizar los derechos humanos de las personas.
La importancia de la seguridad pública radica, en que la persona humana al tener una eminente dignidad y un destino material y espiritual que cumplir, obviamente exige que la colectividad y sus órganos le aseguren el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino.
Para cumplir ese destino, la persona humana se ha agrupado en comunidades naturales, como la familia, el municipio, organizaciones laborales, culturales, entre otras, apareciendo así la vida social, y más adelante el propio Estado, como una organización humana, y jurídicamente reconocida, ideada para el bienestar de esa misma humanidad, para la realización de sus libertades, la justicia, la seguridad y la tranquilidad.
Es así, que Acción Nacional reconoce que una convivencia social justa, libre y ordenada es medio necesario para el fortalecimiento de la persona, haciéndose ineludible la conservación y el desenvolvimiento de una seguridad y de un orden social que armonice los aspectos individuales y colectivos de la vida humana.
Nadie puede negar, que no hay desarrollo sin seguridad, que no hay progreso sin orden social y sin paz. Que todos necesitamos condiciones mínimas de seguridad para desarrollar las diversas actividades que emprendemos cada día; requerimos seguridad para el trabajo, para el estudio, para la investigación, para la cultura, la recreación y la convivencia. Es así, que las garantía de justicia y seguridad se conciben en una primera instancia, como un componente clave de la gobernabilidad y factor esencial de la cohesión social.
En este contexto es innegable la existencia de elementos que alteran la sana convivencia, en virtud de intereses perversos que lamentablemente azotan a nuestra comunidad, me refiero a la acción criminal que representa el narcotráfico, en este caso a través de la distribución y venta " hormiga" de estupefacientes, drogas, alcaloides, tóxicos, enervantes, psicotrópicos y demás sustancias que afectan la salud, la integridad física y mental de las personas.
En este sentido quiero exponer en ésta la más alta tribuna del país, el grave problema que se ha estado presentando en uno de los principales municipios turísticos de México, me refiero a un municipio que anualmente es visitado por cerca de 3 millones de turistas nacionales y extranjeros, me refiero a un municipio de poco más de 250,000 habitantes, que genera importantes recursos a la Federación, gracias a su gran esfuerzo, a su trabajo, a su atractivos naturales y sobre todo a la calidez de su gente, me refiero al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
Puerto Vallarta, al igual que muchos otros destinos turísticos del país y del mundo entero, presenta un importante desarrollo en muchos aspectos; cultural, social, económico, pero también lamentablemente y gracias a gente sin escrúpulos se dan prácticas que resultan nocivas para nuestra sociedad en su conjunto.
Como resultado de esto, nuestro municipio, lamentablemente se ha visto afectado por un grave cáncer, como lo es la venta y distribución "hormiga" de estupefacientes, drogas, alcaloides, tóxicos, enervantes, psicotrópicos y demás sustancias que afectan la salud, la integridad física y mental de las personas, afecta a un importante segmento de nuestra comunidad, afecta a nuestros activos más valiosos, me refiero a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros hombres y a nuestras mujeres, esta actividad realizada por gente sin escrúpulos, por individuos que sólo piensan en el dinero fácil sin reparar en el grave daño que este infame comercio causa y que desafortunadamente las consecuencias de estas actividades son muy difíciles de contrarrestar, cierto que ha habido diversas y variadas acciones por parte de las autoridades competentes, de los gobiernos federal, estatal, municipal, de los consejos estatales y regionales de seguridad pública, de los diversos organismos que combaten estas practicas ilícitas pero que lamentablemente han sido insuficientes, sobre todo por la imposibilidad por parte de las autoridades locales de realizar acciones que actualmente son competencia exclusiva de la autoridad federal en la materia.
Ante este contexto y ante las recurrentes peticiones, solicitudes, reclamos y quejas de la ciudadanía que se han planteado ante las diversas instancias, autoridades y medios de comunicación así como en los distintos foros donde se ha ventilado esta situación, exigimos el que se lleven a cabo acciones más enérgicas, acciones más concretas, que frenen y desalienten estas actividades, que permitan dar una lucha frontal al narcotráfico en este comercio "hormiga" y sobre todo que den confianza y certidumbre a la ciudadanía, acciones que conlleven a una corresponsabilidad entre las diversas fuerzas de seguridad, entre la autoridad más cercana como lo es la autoridad municipal, quien vive de manera cotidiana esta problemática en su demarcación, en su municipio y es quien recibe el reclamo de sus gobernados, así como entre las autoridades estatales quienes padecen también está grave situación, porque este no es un problema exclusivo de un solo municipio o estado y por supuesto con la autoridad federal.
Esto nos obliga a tomar decisiones en lo referente a los ámbitos de competencia, nos compromete a tomar decisiones para lograr avances significativos en esta materia.
Señoras diputadas, señores diputados, tenemos la palabra, llevemos a cabo acciones que nos permitan garantizar de manera firme y decidida, la construcción de un mejor país para todos, con un gran sentido de responsabilidad y sobre todo con una gran convicción y amor por México.
Por las consideraciones antes expuestas, los abajo firmantes diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Que esta Cámara de Diputados exhorte a la Procuraduría General de la República para que realice las acciones correspondientes que permitan dar resultados concretos a este problema en Puerto Vallarta, Jalisco, así como en el resto del país y que intensifique la coordinación de ésta y las Procuradurías locales en la investigación y persecución de los delitos contra la salud y el narcotráfico.
Segundo: Que esta Cámara de Diputados exhorte al Consejo General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que intensifique las medidas, acciones y convenios necesarios para fortalecer y lograr una más eficiente coordinación de las autoridades federales y locales en la investigación y persecución de los delitos contra la salud y el narcotráfico.
Tercero: Que las instituciones públicas antes referidas, informen en su momento ante este pleno, sobre las medidas y acciones solicitadas en este punto de acuerdo. Y a su vez que se instruya a las Comisiones de Seguridad Pública, de Gobernación y de Puntos Constitucionales de esta H. Cámara de Diputados, para realizar de ser pertinentes las adecuaciones al marco legal que permita una adecuada corresponsabilidad en esta materia, entre las autoridades federales, estatales y municipales.
Palacio de San Lázaro, a los treinta días del mes de abril de 2002.
Diputados: Humberto Muñoz Vargas, Jorge Urdapilleta Núñez, Oscar Ochoa Patrón, María Elena Chávez Palacios, Juan Carlos Pallares Bueno, Manuel Castro y del Valle, Heidi Storsberg Montes, Fanny Arellanes Cervantes, Guadalupe López Mares, María Teresa Tapia Bahena, Javier Flores Chávez, Fernando Herrera Avila, Juan Carlos Sainz Lozano, Germán Pellegrini Pérez, Carlos Valenzuela Cabrales, Rodolfo Ocampo Velázquez, José Abraham Cisneros Gómez, Tomás Coronado Olmos, César Monraz Sustaita, Juan Carlos Mouriño Terrazo, Francisco Javier Cantú Torres, Guillermo Padrés Elías, Rómulo Garza Martínez, Ulises Ramírez Núñez, Hugo Zepeda Berrelleza, Rafael Ramírez Agama, Guillermo Anaya Llamas, Orlando García Flores, Sergio García Flores, María Teresa Gómez Mont, Mónica Serrano Peña, José Tomás Lozano y Pardinas, Francisco Jurado Contreras, Adrián Rivera Pérez, María Isabel Velasco Ramos, Martín Gerardo Morales Barragán, José de Jesús López Sandoval, Herbert Taylor Arthur, Rodrigo Mireles Pérez, Javier Rodríguez Ferrusca, Antonio Gloria Morales, Jaime Salazar Silva, Ramón Ponce Contreras, Fernando Ugalde Cardona, Arturo Meza de la Rosa, Fernando Pastrana Gómez, Fernando Martínez Cruz, Abelardo Escobar Prieto, Ernesto Saro Boardman, Julio César Lizárraga López (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, con opinión de la Comisión Especial
de Seguridad Pública. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION AL PAGO COMPLEMENTARIO DE 30 MILLONES DE PESOS DE PEMEX A LOS DAMNIFICADOS DE LAS EXPLOSIONES DEL 22 DE ABRIL DE 1992 EN GUADALAJARA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE URDAPILLETA NUÑEZ, A NOMBRE DE DIPUTADOS FEDERALES DEL ESTADO DE JALISCO, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
En la antigua Grecia la palabra alethea designaba algo que no puede olvidarse. Alethea quiere decir verdad. La verdad es aquello que no puede olvidarse y debemos entender que hay cosas que no deben olvidarse.
Antecedentes
A diez años de las explosiones del 22 de abril de 1992 en el sector Reforma de Guadalajara, fuentes de Pemex revelaron que la tragedia fue provocada por un error de bombeo de gasolina desde la planta de Salamanca.
El 21 de abril de 1992, los operadores del poliducto en la terminal de recibo y distribución, de la planta de Pemex "La Nogalera", cerraron las válvulas que permitían el paso del combustible que procedía de Salamanca, 20 minutos antes de lo programado. La gasolina Nova dejó de caer en el tanque de la capital jalisciense, pero en la otra punta, en Salamanca, el bombeo continuaba.
Durante esos 20 minutos la presión dentro del ducto fue creciendo hasta que los infinitos puntos de corrosión que tenía ya el tubo cedieron. Cada doce metros, el poliducto estaba soldado y por ahí surgieron lo que los técnicos llaman "poros".
El famoso "agujerito" que en un principio las autoridades culparon del desastre, no era uno, sino cientos o miles. En cuestión de horas cientos de miles, quizás millones de litros de gasolina se fugaron y se depositaron sobre el manto freático, entre la glorieta del Alamo y La Nogalera. De ahí se filtraron al colector. 30 horas después, a las 10:05 horas del miércoles 22 de abril, estalló la tragedia.
Explotaron varios kilómetros de calles en el sector Reforma de Guadalajara por gasolina en el drenaje. Hubo más de 200 muertos, oficialmente reconocidos. Nunca fueron sancionados altos mandos de la paraestatal federal Petróleos Mexicanos ni se dio la reparación del daño por vía judicial.
La tragedia dejó una estela de dolor entre deudos, lesionados, vecinos y afectados. Pero dio a luz una inusitada solidaridad de la sociedad jalisciense. Brotó una estrategia de redes ciudadanas y de solícita ternura con los semejantes en necesidad.
Consideraciones
La colectividad y el gobierno deben asegurar al gobernado, el cumplimiento de sus fines en todas sus dimensiones; evidentemente es garantizar la seguridad personal y la vida de los integrantes de esa colectividad, es tarea primaria del gobierno y responsabilidad de todos los mexicanos.
Más allá de acusaciones fundadas o no, debemos, los representantes de la nación hacer un enérgico llamado, no para destruir, sino para insistir en que la correcta aplicación de las disposiciones legales, las medidas administrativas y los recursos en materias como la protección civil y la ambiental deben darse de manera coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales, sólo así podremos prevenir que hechos funestos como este, se repitan en el futuro.
Ciertamente el caso fortuito y la fuerza mayor son acontecimientos de realización incierta pero probable, que escapan a la voluntad del hombre, pero un país que se precia de respetar la dignidad de su población, no puede permitirse que por negligencia, culpa o dolo, sufran una vez más víctimas inocentes.
Ahora bien, se han realizado esfuerzos para mitigar las consecuencias de aquella explosión, en efecto se constituyó el fideicomiso de apoyo a la seguridad social, por el gobierno de jalisco el cual, ha ingresado 7 millones de pesos de los 17 que lo integran, por otra parte el Consejo de Administración de Pemex autorizó 40 millones de los cuales a la fecha sólo se han entregado 10 millones, razón por la cual, solicitamos en el presente punto de acuerdo se apliquen los 30 millones restantes.
Es importante mencionar que dichos recursos se utilizarán para la atención médica, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, instrumentos médicos, rehabilitación, y pensiones de los afectados.
Es urgente la aplicación de esos recursos, dado que, de lo contrario, el fideicomiso pudiera quedar descapitalizado, con la consecuencia de dejar en el desamparo a los afectados por aquellas lamentables explosiones en Guadalajara hace ya una década.
Hoy queremos la llave, para abrir cerrazones históricas y políticas, para abatir silenciamientos o distorsiones.
Las llaves son metáforas por excelencia. Las metáforas abren en el reino del lenguaje múltiples posibilidades de nombrar y evocar las cosas; las llaves son signo real de apertura, y metáfora del gesto de abrir, en este caso, la memoria.
Porque "si pudiéramos usar las palabras correctas, invocando a la autoridad de la memoria, podríamos crear una mayor sensibilidad en las personas que tienen el poder o los medios para salvarlos".
La llave a la cual nos referimos es y será la voluntad política y el hecho de hacer lo que a justicia corresponde.
Por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes diputados federales de Jalisco de la LVIII Legislatura, nos permitimos presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: Se solicite respetuosamente a Petróleos Mexicanos otorgue al gobierno del estado de Jalisco los 30 millones de pesos para ser aplicados a los fondos del fideicomiso que apoyarán a las personas lesionadas por la explosión ocurrida el 22 de abril de 1992.
Segundo: De ser procedente y necesario para el cumplimiento de lo solicitado en el resolutivo anterior, se solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el presupuesto de la paraestatal en la cantidad señalada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de abril de 2002.
Diputados: Jaime Aceves Pérez (rúbrica), José Bañales Castro (rúbrica), José A. Cisneros Gómez (rúbrica), Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Francisco Flores Chávez (rúbrica), Sergio García Sepúlveda (rúbrica), José A. Gloria Morales (rúbrica), José de J. Hurtado Torres (rúbrica), Julio C. Lizárraga López (rúbrica), Miguel A. Martínez Cruz (rúbrica), Rodrigo D. Mireles Pérez (rúbrica), Humberto Muñoz Vargas, José M. Núñez Murillo (rúbrica), Rodolfo Ocampo Velásquez (rúbrica), Germán A. Pellegrini Pérez (rúbrica), Rafael Ramírez Sánchez (rúbrica), Enrique Villa Preciado (rúbrica), Herbert Taylor Arthur, José M. Tejeda Vázquez (rúbrica), Alonso Ulloa Vélez, Jorge Urdapilleta Núñez (rúbrica), Juan Antonio Magallanes Rodríguez (rúbrica), Salvador Cosío Gaona, José Manuel Correa Ceseña (rúbrica), Marcelo García Morales, Jaime Hernández González, José Socorro Velázquez Hernández (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública. Abril 30 de 2002.
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REALICE UNA VALORACION PUNTUAL DE TODAS LAS PRUEBAS EXISTENTES EN EL EXPEDIENTE DEL HOMICIDIO DEL CARDENAL JESUS POSADAS OCAMPO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO TOMAS CORONADO OLMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
El que suscribe diputado federal Tomás Coronado Olmos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los incisos b) y d) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.
Consideraciones
Los hechos ocurridos el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde fueron privados de la vida el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, su chofer el señor Pedro Pérez Hernández y cinco personas más, representa un atentado contra la garantía de seguridad jurídica y la dignidad humana, la inactividad procesal y ausencia de resultados jurídicos que durante tantos años ha sometido a nuestro país, tiene como consecuencia la violación de los derechos humanos en la denegación de justicia, no sólo para este caso, sino para todos los mexicanos.
En términos de los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público de la Federación, presidido por el procurador general de la República, es la institución competente para investigar y perseguir a quienes comenten delitos del orden federal.
Cuando en el mundo histórico aparece la comisión de un delito, el derecho abstracto del Estado se concreta surgiendo la obligación de actuar, o lo que es lo mismo aparece la acción penal, constituida así, por el derecho concreto de acudir al órgano jurisdiccional para que aplique la ley.
En consecuencia el Ministerio Público tiene el ejercicio de la acción penal, es decir, de su conocimiento, su rectitud, y su justo criterio depende que ya integrada la averiguación previa decida si están demostrados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.
Que con motivo de las diversas diligencias practicadas en la averiguación previa SE/001/95, donde obran declaraciones de: Girolamo Prigione, Patrocinio González Blanco Garrido, José Gerardo Montaño Rubio, Jorge Carpizo McGregor, Alejandro Arenas Gallardo, Antonio García Torres, Gral. Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo, Horacio Montenegro Ortiz, Eduardo Miguel Valle Espinosa, el Dr. José Luis Stein Velasco, entre otros, es por ello que se investigue todos los actos anómalos en la investigación de los hechos ocurridos el 24 de mayo de 1993 y se ejercite acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables.
Como antecedente de este instrumento encontramos:
2. Siendo contundente el reclamo de justicia, me permito anexar dos acuerdos económicos presentados por integrantes de la LVI Legislatura en el Congreso del estado de Jalisco.
Primero: Que la Procuraduría General de la República desahogue y valore puntual y objetivamente todas las probanzas que obran en el expediente del homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Segundo: Que se realice una exhaustiva investigación y se esclarezca dicho caso, que tanto daño hace a nuestro país, asimismo, fortalecer y motivar a las instituciones que detentan la justicia, desempeñando su labor como lo marca nuestra Carta Magna, misma que deberá ser pronta y expedita.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de abril del año de dos mil dos.
Diputados: Tomás Coronado Olmos, José Alfredo Botello Montes, Alfonso Bravo y Mier, Javier Rodríguez Fonseca, Rafael Rodríguez Agama, Ulises Ramírez Núñez, Enrique Villa Preciado, Germán Pellegrini Pérez, Martha Patricia Martínez Macías, Gregorio Meza de la Rosa, Bernardo Pastrana Gómez, José María Núñez Murillo, Joel Vilchis Mares, Julio César Lizárraga López, Francisco Ramírez Cabrera, José Francisco Blake Mora, Roberto Aguirre Solís, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gumercindo Alvarez Sotelo, Eduardo Rivera Pérez, Nelly Campos Quiroz, Guillermo Anaya Llamas, Celita Alamilla Padrón, Francisco Jurado Contreras, Armando Enríquez Flores (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN MEXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN, DE CDPPN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
La aplicación, administración y procuración de justicia en México, fue ahora ampliamente cuestionada por el Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas, señor Dato Param Coomaraswamy, respecto a la situación que actualmente guarda el Poder Judicial mexicano, para nosotros es parcial el pronunciamiento.
Pero lejos de comentar sobre el particular, quisiera hacer las siguientes reflexiones sobre la justicia en México.
El enorme esfuerzo que el Poder Judicial, "el Poder más noble del país". Está realizando en la búsqueda constante del respeto irrestricto al Estado de derecho, no debe ser ignorado, porque ignoraríamos la aspiración de 100 millones de mexicanos a que la justicia otorgue realmente a cada quien lo que le corresponde.
Si bien es cierto que en país existe corrupción en el Poder Judicial principalmente en asuntos menores, que no dejan de ser preocupantes, cierto es también que su estructura en lo general no ha sido aún trastocada por la corrupción y la impunidad.
Incluso, existe el antecedente muy triste, de jueces y magistrados federales que han pagado con sus propias vidas y las de sus familias, la "satisfacción del deber ético cumplido".
La plena vigencia de justicia en México es lejana aún, pero reconocemos en este poder y sus integrantes, principalmente los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la voluntad, la visión, la valentía y las agallas, para colocar a la justicia en las manos de todos los mexicanos.
Nuestro sistema penitenciario está en crisis, mantiene a hombres que no han tenido acceso pleno a la imparticición de la justicia pronta y expedita. Millones de mexicanos no gozan en algún juicio ante tribunales, de un defensor de oficio por falta de ellos y algunos de los pocos que hay se corrompen por sus bajos salarios.
Los juzgados de paz no funcionan como tales y su ineficacia alenta la posibilidad de un delito sancionado con privación de libertad. Entrar a un juzgado da hasta miedo, cuando llegar a ellos, debería ser, entrar al mundo de la justicia y la legalidad.
La redistritación judicial en sus niveles, se hace indispensable y en ello, los gobiernos estatales debieran participar, lo que muchas veces no sucede por priorizar obras de relumbrón.
La justicia en México parece que no llega, cuando queda impune un delito o crimen, cuando no existe la garantía real de la reparación del daño, cuando existe el "usted disculpe" después de varios años preso injustamente.
La justicia en México parece que no llega, cuando puede ser más penado el abigeato que la violación de nuestras mujeres, cuando se penaliza lo que corresponde a la justicia cívica y se deja libre bajo fianza al promotor de la pornografía infantil, por Internet, casi en el hogar. Cuando nuestros hijos son vejados en sus derechos humanos, física y moralmente, bajo el pretexto de la paternidad responsable.
Así nunca llegará la justicia al país. Menos aún, cuando no escuchamos las voces de los expertos en justicia, cuyas propuestas son ignoradas porque de ser reforma, no representa los intereses políticos del gobernante en turno.
Cuando la posibilidad de darle vigencia a la justicia duerme el sueño de los justos, en muchas de esas más de 365 iniciativas sin dictaminarse aquí en la Cámara de Diputados. Eso es lamentable, pero más injusto que le demos trato indigno a la justicia que reclaman los mexicanos, como si realmente hubiera mexicanos de primera y hasta de quinta.
El pueblo mexicano piensa que el peso de la historia no debe ser obstáculo para que se reestructure la moral social del gobierno y del estado mexicano. Ya no deberemos retroceder a los tiempos en que la nación estaba pendiente de un sólo hombre y no de la ley de la que somos responsables todos. Lo pasado nadie debe destruirlo, pues vivimos una nueva etapa.
Como bien lo manifiesta el doctor Genaro Góngora Pimentel, presidente la de Suprema Corte de Justicia de la nación, "la renovación moral en la sociedad mexicana ya no pertenece al Presidente de la República, tampoco es del Poder Legislativo que, en su oportunidad, aprueba iniciativas de ley, ni puede considerarse del Poder Judicial, que conoce de los asuntos de esta materia, pertenece a la historia del pueblo todo, de México".
Pero lo que sí está en nuestras manos, es darle al Poder Judicial todo nuestro respaldo moral y la seguridad de que legislaremos en bien de la justicia mexicana, eso no se lo podemos negar a la justicia mexicana.
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 55 al 59 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Que la Cámara de Diputados haga manifiesto su respaldo al trabajo del Poder Judicial, invitando a sus representantes a una reunión de trabajo en un plazo no mayor de 45 días, para conocer los puntos de vista del Poder Judicial sobre los temas que en materia de ministración y procuración de justicia, deban ser incorporados en los trabajos de la Reforma del Estado pendiente y parte fundamental para la transición democrática en el país.
Palacio Legislativo, a 30 de abril de 2002.
Dip. José Manuel del Río Virgen (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ESTE CONGRESO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN, DE CDPPN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Estamos a punto de dar fin a un periodo más de sesiones y bien vale la pena hagamos un balance sobre el mismo de cara a la nación. Después de terminados los trabajos del periodo extraordinario de diciembre pasado, las condiciones políticas y sociales surgidas inmediatamente, llamaban, exigían a las fuerzas políticas nacionales representadas en el Congreso, a realizar un gran esfuerzo en busca de la unidad nacional.
El desgaste que sufrieron todos los partidos sin excepción de ninguno, después de esas sesiones de trabajo, sólo reflejaron que el acuerdo para arribar a la transición a la democracia está aún muy lejos de lo que suponíamos. Si bien es cierto que los mexicanos votaron el dos de julio del 2000 por el cambio, también lo es que éste no es prioridad actualmente, al menos eso se palpa, de los actores políticos más importantes del país.
Pareciera que le etapa de vendettas y ajuste de cuentas políticas marco el primer año de esta administración. Muchos actores de la vida nacional se enfrascaron en luchas viscerales y estériles que hizo retroceder la esperanza nacional de una vida con justicia social y pleno respeto a la legalidad. Afloraron en algunos actores políticos un afán protagónico que sólo mostró la cara de su evidente ineficacia.
Llegó incluso a acusarse a la prensa democrática del país, de ser maquiavélicamente los principales desestabilizadores, y en efecto lo fueron y lo son, pero de los gobiernos dictatoriales y antidemocráticos. Sin los medios de comunicación no hubiéramos experimentado un año carente de propuestas y lamentablemente abundantes dicotomías políticas.
Con todo esto, los mexicanos, no vieron una actitud responsable y visionaria por parte de los partidos políticos representados en el Congreso, para concretar temas torales de la Reforma de Estado, que indudablemente debe abarcar la del propio Congreso, donde la transparencia y rendición de cuentas en todos los sentidos sean las premisas primordiales a respetar.
Se quedan pendientes parece ser para el 1º de septiembre próximo, más de 645 iniciativas pendientes -desde hace mucho tiempo- de ser dictaminadas y presentadas al pleno para su aprobación o no, lo que constituye un gran rezago legislativo. Tampoco aspirábamos a que se legislara al vapor. La experiencia inmediata de la aprobación de la miscelánea fiscal en diciembre pasado, es un claro ejemplo de lo que pasa si se legisla en forma apresurada.
Convergencia por la Democracia propuso un periodo extraordinario de sesiones donde pudimos haber sacado adelante asuntos de importancia nacional, como la Reforma del Estado, el cambio en el formato del informe del Presidente, la reforma electoral, la plena participación ciudadana mediante el plebiscito y el referéndum, una ley de amnistía para los presos políticos y perseguidos de conciencia, el caso de Digna Ochoa sigue quebrando a la justicia y la reforma penal no llegó. Se privilegió todo menos la eficiencia.
La pregunta es: ¿estuvimos a la altura que los tiempos reclaman e hicimos lo conducente por el bien del país o por intereses de grupo? Eso lo sabremos muy pronto.
Por otra parte la nación se quedó esperando la Reforma del Estado del propio Congreso, donde la transparencia y rendición de cuentas no llegó. La ciudadanía mexicana tiene derecho a saber cómo se distribuyen los recursos en general dentro del Congreso.
El Congreso requiere absoluta transparencia, pues a falta de ésta parten principalmente los ataques sistemáticos contra el Congreso, quien exige cuentas al Ejecutivo federal y muchas veces por ley a los estados, pero nadie se la exige al Congreso. Esta ironía legislativa es sin duda alguna, un mal para su credibilidad.
Decidimos pasar de la etapa de partido único, de partido hegemónico, a la etapa de partidos y alternancia en el poder. Queríamos presenciar a partir del dos de julio del 2000. El surgimiento de un porvenir más promisorio, justo. La ineptocracia, la cleptocracia y últimamente la kakistocracia traducida como el gobierno de los peores, no debe jamás tener cabida en la incipiente y obstaculizada democratización nacional.
Así llegamos al término de un periodo más de sesiones por terminar, sin agenda, sin reforma política de Estado y con muchos pendientes. Esperamos que en los días por venir podamos rectificar muchas cosas por el bien de México.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Primero: Que el Congreso de la Unión convoque a los partidos políticos nacionales y las fuerzas políticas del país, a la firma de un pacto de civilidad política y al respeto pleno de la Constitución mexicana, para asegurar la restauración del Estado de derecho y dar paso a la anhelada transición democrática.
Segundo: Dicho pacto de civilidad política y respeto a la Constitución, debe ser signado por supuesto, por el Ejecutivo federal, los gobernadores de estados y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Tercero: La agenda para la firma de este pacto de civilidad política y respeto a la Constitución deberá ser presentado al Congreso de la Unión, por los partidos políticos nacionales en un plazo no mayor de 60 días a partir de su aprobación por esta soberanía.
Cuarto: La firma del pacto de civilidad política y respeto a la Constitución deberá buscar como fin, la agenda para la Reforma del Estado que deberá discutirse en el próximo periodo ordinario de sesiones, a fin de realizar las adecuaciones legales pertinentes.
Quinto: la Reforma del Estado deberá incluir una gran e incluyente consulta nacional antes de firmarse.
Dado en Palacio Legislativo, a los 30 días de abril de 2002.
Dip. José Manuel del Río Virgen (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LAS TELESECUNDARIAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MIGUEL BORTOLINI CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta ante esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hoy en día, en pleno siglo XXI el acceso universal a la educación secundaria en México es todavía una asignatura pendiente. No obstante el importante crecimiento en la matrícula que se ha dado en las últimas décadas, todavía uno de cada 10 adolescentes en edad escolar, se encuentra sin posibilidad de acceder a la educación.
Al problema de la insuficiente cobertura, debemos sumarle el de la deficiente calidad de los servicios educativos, que hoy en día sólo se explican por la poca atención que por décadas le pusieron las autoridades educativas del país y que se reflejan en dos problemas estructurales que enfrenta, desde por lo menos hace 20 años, ese nivel educativo: nos referimos a la pertinencia de su programación curricular y las deplorables condiciones de trabajo de sus docentes.
Pero si nuestra visión global sobre la educación secundaria es poco alentadora, la calidad y cumplimiento de las obligaciones de las autoridades de ese nivel educativo se encuentra niveles verdaderamente alarmantes, si transitamos del medio urbano al rural, y particularmente si nos situamos en el Sistema de Telesecundarias.
Desde su instauración en 1968 como un modelo de educación a distancia, hasta nuestros días, el Sistema de Telesecundarias fue pensado básicamente por el Estado mexicano como un instrumento para ampliar la cobertura de los servicios educativos en el área rural, semiurbana de nuestro país para abatir costos.
En virtud de que este sistema es considerablemente menos costoso que el sistema convencional y que mediante las telesecundarias se pudo garantizar el acceso a la educación a la población de zonas marginadas, a lo largo de tres décadas el Estado mexicano estableció miles de estas escuelas a lo largo del territorio nacional, poniendo más énfasis en la cobertura que en la calidad.
Uno de esos factores clave para desarrollar una mayor calidad es el propio modelo educativo de telesecundarias, mismo que no se ha actualizado debidamente. No obstante, el desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información a distancia que se ha dado en los últimos 30 años, el Sistema de Telesecundarias en todo este tiempo ha puesto a disposición de aquellos sectores marginados a quienes sistemáticamente les ha sido negado el acceso a la escuela convencional, programas con conocimientos muy básicos y herramientas de información elementales que permiten justificar la existencia de ese nivel educativo, no obstante su enorme potencial aún por explotar.
El modelo educativo continúa estructurado en torno a los mensajes que emite un aparato televisor. Estas escuelas trabajan con mobiliario en mal estado, sin talleres, además de que muchas de ellas no cuentan con infraestructura para la educación física. Aunado a ello, los profesores que acompañan el proceso de aprendizaje de los alumnos, no cuentan con todos los apoyos pedagógicos con los materiales didácticos adecuados que debe proveer este sistema, mucho menos, con el apoyo de personal especializado:
Es decir, médico escolar, trabajadora o trabajador social y psicólogo, mismos con el que ya cuentan las secundarias generales.
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados:
Quienes conocemos, de cerca el Sistema de Telesecundarias, conocemos de las bondades y del enorme potencial que encierran. Sabemos de las oportunidades que se abren con la educación a distancia que ya es un servicio educativo común en todas latitudes del planeta, pero que desgraciadamente en México sólo ha sido promovido en la educación superior o entre los usuarios de la educación privada.
Creemos que el Sistema de Telesecundarias debe contar con todos los medios para elevar el nivel de educación en México, con calidad y equidad.
En virtud de lo anterior y con base en el artículo referido del Reglamento que rige los trabajos de esta Cámara de Diputados, me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que garantice que el Sistema Nacional de Telesecundarias cuente con:
Dip. Miguel Bortolini Castillo (rúbrica)
Dip. Hortensia Aragón Castillo (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, INSTRUMENTE DIVERSAS CAMPAÑAS EN TORNO A LA NECESIDAD DE QUE EL CIUDADANO PARTICIPE EN LA VIDA POLITICA DEL PAIS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS VILLEGAS MONTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Los suscritos, en nuestro carácter de diputados a la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos ante esta elevada representación, a fin de presentar una propuesta de acuerdo respecto a la publicidad emitida por el Instituto Federal Electoral; para hacerlo, nos basamos en la siguiente:
Exposición de Motivos
I.- Como la mayoría de nosotros lo sabe, la credencial para votar con fotografía es el instrumento mediante el cual los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto en los diferentes procesos electorales previstos en la ley; por no hablar de que en los últimos tiempos, se ha constituido en la identificación oficial de mayor aceptación en México.
Sabemos también que este documento cuenta con diversos elementos de seguridad que garantizan su originalidad y el buen uso de ella en la jornada electoral. Y asimismo, que la credencial es emitida por el Instituto Federal Electoral, a través del Registro Federal de Electores y se compone, entre otros, de los siguientes datos: nombre y domicilio de los ciudadanos; folio; clave de elector; año de registro; número de credencial; la fotografía a color y la edad. Los datos anteriores, entre otros -como ya se apuntó-, sirven para dar garantías a los actores políticos en las lides electorales de que no habrá irregularidades en el transcurso de las contiendas de ese tipo; sin embargo, en nuestra opinión, se ha omitido ir más allá de este mínimo por parte de la autoridad competente, como se aprecia de los párrafos siguientes.
II.- No se pretende, en este punto, cuestionar el quehacer del Instituto Federal Electoral sobre el particular ni tampoco, por razones de tiempo y de oportunidad, hacer un recuento de las razones que motivaron los intensos debates y los prolongados y complejos procesos de reforma en materia electoral que se han desarrollado en el transcurso de los últimos años en nuestro país; baste señalar que quizá esas mismas razones han sido causa de desaliento por parte del público elector, lo que se ha traducido en que en enormes zonas y regiones del territorio nacional, el abstencionismo alcance proporciones ¿por qué no decirlo? alarmantes. Elecciones hay donde no vota ni siquiera el 40% de los electores empadronados y en algunos casos las proporciones son todavía menores.
III.- Así las cosas, atentos a que en uso de sus atribuciones el IFE ha emprendido campañas publicitarias diversas cuyo objetivo es convencer a la ciudadanía de la necesidad de empadronarse y participar, con ello, en la toma de decisiones públicas de nuestro país; creemos que dicho esfuerzo es muy loable empero que hasta el momento, no es suficiente el enfoque contenido en aquellas. Sobre el particular, estamos convencidos que no basta con persuadir al ciudadano de la necesidad de que se empadrone y obtenga su credencial para votar con fotografía; es necesario además de que esté convencido del valor del voto y de que dicha credencial tiene más valor precisamente si además de documento de identificación, sirve para que el elector participe activamente en la vida política del país; dicho en pocas palabras: no basta con obtener la credencial, hay que darle un uso adecuado conforme a su fin original y último.
No tiene sentido enfrascarnos ahora en una disputa o confrontación respecto de si en nuestro país la participación ciudadana es ya una realidad plena o si la cultura democrática y participativa ha permeado lo suficiente todas las capas sociales; donde no podemos discrepar es en la necesidad de reconocer, de admitir, que entre mayores esfuerzos se emprendan para alentarla más cerca estaremos de resolver nuestros problemas como Nación. El gobierno no es, no puede ser más, el resultado de un ejercicio de democracia acotada; el gobierno debe ser fruto de la decisión consciente, responsable y compartida de los ciudadanos todos; no basta pues, con la promoción del empadronamiento como acto único, contemplado como un fin en sí mismo; sería útil y deseable que además se promoviera la activa participación del ciudadano en la materia electoral y se hiciera especial énfasis en la importancia del acto de votar.
IV.- Por lo anteriormente expuesto, los suscritos, diputados federales a esta LVIII Legislatura, en la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta H. asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a la LVIII Legislatura, respetuosamente solicita al Instituto Federal Electoral que, adicional o conjuntamente, a las campañas publicitarias diversas cuyo objetivo es convencer a la ciudadanía de la necesidad de empadronarse, se instrumenten campañas destinadas a persuadir al ciudadano de la necesidad de que participe activamente en la vida política del país; y se haga especial énfasis en la importancia del acto de votar.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; Ciudad de México, Distrito Federal, 30 de abril del 2002.
Diputados: César Patricio Reyes Roel, María Eugenia Galván Antillón, Hortensia Enríquez Ortega, Francisco Ezequiel Jurado Contreras, César Duarte Jáquez, Manuel Narváez Narváez, David Rodríguez Torres, Hortensia Aragón Castillo, Carlos Borunda Zaragoza, Esteban Sandoval Ochoa (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARIA DE REFORMA AGRARIA CONSTITUYA UN FONDO PARA LA REUBICACION DE LOS CAMPESINOS DE LA REGION DE MONTES AZULES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
En el curso de los últimos decenios, numerosas familias campesinas necesitadas de tierra se han venido asentando en los municipios de Margarita, Ocosingo y Altamirano, en la región de los Montes Azules en nuestro estado de Chiapas, asentamientos irregulares que el día de hoy son centros de población que ya afectan a la reserva de la biosfera, creada en ese lugar.
La Secretaría de Reforma Agraria ha estado trabajando en la conformación del censo de estos centros de población y localizando, incluso invasiones donde quiera que éstas se han dado.
Estos trabajos aunque concluyan no podrán culminarse si no existe un fondo de reserva que permita reacomodar a estos campesinos pobres en lugares donde no afecten la reserva y si en cambio puedan realizar su trabajo y vivir con sus familias.
Someto a consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Es necesario que la Secretaría de Reforma Agraria constituya un fondo para financiar la reubicación de los campesinos pobres de la región de Montes Azules en el estado de Chiapas fuera de la reserva de la biosfera. Con el propósito de resolver a fondo el problema, es conveniente que la Secretaría de Reforma Agraria establezca una partida en el presupuesto del año 2003, que será aprobado en esta Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2002.
Dip. Santiago López Hernández (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública. Abril 30 de 2002.)
Acta de la reunión de trabajo celebrada por el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas el 18 de abril de 2002
En México Distrito Federal siendo las diez horas con veinte minutos del día 18 de abril de 2002, se reunieron en las oficinas del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas los diputados integrantes del Comité, así como el director del Centro, Lic. Roberto Michel Padilla para celebrar la reunión programada.
El Presidente del Comité, diputado Moisés Alcalde Virgen, da inicio a la sesión y le solicita a la secretaria del Comité, diputada Miroslava García Suárez, proceda a pasar lista de asistencia.
La diputada Miroslava García Suárez, da lectura a la lista de asistencia contándose con la presencia de los diputados:
El diputado Alcalde Virgen somete a aprobación el acta de la sesión anterior, si es que nadie tiene alguna observación, sin embargo el diputado Chávez Presa pide que se haga una corrección en la segunda hoja del acta pues "no era Pemex, era Comisión Federal de Electricidad lo que dije", aseveró.
El diputado Alcalde Virgen, pide en seguida abordar el punto número cuatro, y señala que se les hizo llegar a todos una propuesta para la realización del foro Reformas al Sector Energético, que trata los siguientes puntos:
El diputado Alcalde Virgen, pregunta si existen dudas o comentarios acerca de la estructura del foro, o bien, acerca de los ponentes.
El diputado Castro López, pregunta si se tienen los currículums de los ponentes.
El diputado Chávez Presa, dice que él con gusto se los puede platicar: José Luis Aburto, es uno de los que más sabe de energía en el país, fue subsecretario de Energía, subdirector general de la CFE, es ingeniero eléctrico, etcétera; Luis Gutiérrez, es licenciado en economía, tiene estudios de postgrado, estuvo 15 años en el Banco Mundial; Pablo Mulás, estuvo en el Programa Universitario de Energía pero no es tan adecuado, pues es una persona más teórica, Rubén Flores es una persona muy adecuada, fue director del Banco Central de Electrones del país, subdirector de la CFE; por otra parte, el diputado Chávez Presa, sugirió que debía de haber una segunda opinión, de lo contrario el foro podría estar muy sesgado y esto pudiera restarle credibilidad.
La diputada Miroslava, menciona que hay que fijarse en el objetivo principal que se persigue al organizar un foro, piensa que es importante no sólo invitar a los funcionarios que tienen experiencia y a los partidos, sino que también se debe añadir a los investigadores de México. La diputada propone al maestro José Luis Manzú, investigador de la UAM, para que así se pueda contar con un foro más rico, más completo.
El diputado Castro López, piensa que se pueden hacer "tres paquetitos": el de los funcionarios, el de los investigadores, por tener estos una opinión más libre y el de los partidos políticos, y de esta manera poder realizarlo en tres días, uno cada día.
El diputado Alcalde Virgen, sugiere mandar un oficio a la Comisión de Energía donde se informe la propuesta de este foro, con todas estas ideas y solicitar una propuesta, participación de ponentes, independientemente de que los busquemos y ustedes sugieran a gente de su partido, o del ámbito académico que puedan participar.
El diputado Chávez Presa, señaló que se están contrastando dos cosas: "una discusión ideológica y una técnica y que existen dos extremos, en uno la posición del monopolio de Estado y en el otro, el mercado en la generación y compra de energía con un Estado regulador, eso es fundamentalmente lo que estamos debatiendo y aquí el sustento fundamental es soberanía, y la discusión técnica es los costos y tarifas, esta es la manera de visualizarlo.
El diputado Alcalde Virgen, menciona que dejaría libre la fecha en función de lo que la Comisión pudiera comentar.
El diputado Chávez Presa menciona que la reforma eléctrica, sufre un cambio cuando se comienza a hablar de la generación, transmisión y distribución.
El diputado Castro López, menciona que hacerlo bien, le daría seriedad al foro y que se debe de invitar a la Comisión de Energía como un acto de cortesía, pero que no se meta esta en la organización.
Al diputado Alcalde Virgen, le parece importante recoger las opiniones y las propuestas que la Comisión debe tener.
El Lic. Michel Padilla, sugiere un punto para ordenar los temas porque son muchos los estudios al respecto, pero la primera pregunta es: ¿cuánto se requiere invertir para cubrir esa demanda de aquí a veinte años? y la segunda es: ¿de dónde va a salir el financiamiento?, eso nos lleva a estudiar las finanzas de los organismos, nosotros nos concentramos en aquello que el Centro pueda aportar a la discusión.
El diputado Alcalde Virgen, por la brevedad del tiempo con que se cuenta, sugiere pasar al quinto punto, que trata la propuesta de certificación del Centro, el proyecto ISO 9000, "esto con la intención de fortalecer el Centro, institucionalizarlo aún más".
El diputado Chávez Presa comentó que observó que muchas oficinas en el gobierno obtuvieron el ISO 9000 y eran las oficinas más deleznables, por tanto hay que tener claro que se quiere lograr con esto.
El diputado Alcalde Virgen se comprometió a entregar "una propuesta más detallada de qué buscamos y qué se haría, qué objetivos se persiguen en particular, darle claridad a los procesos internos y que sirva de ejemplo para la Cámara". El diputado Chávez Presa dijo que si es nada más para tener una medallita, no lo apoya, pero si se usa esto para fortalecer al Centro, adelante.
El diputado Alcalde mencionó que el Centro ha solicitado el presupuesto que tiene asignado a la Junta de Apoyo Administrativo y que ésta no ha enviado nada.
El Lic. Michel Padilla, señala que el ISO 9000 le parece que "no estorbaría, esto a condición de que no se burocraticen, porque una cosa buena que tiene el Centro es su flexibilidad", pero también señaló que un problema que se tiene es la falta de personal.
El diputado Castro López se comprometió con el presidente del Comité, a que la próxima reunión de la Junta de Apoyo Administrativo "haya un tema exclusivo sobre presupuesto y personal y apoyo para el Centro, donde asista el presidente del Comité y el director del Centro".
La diputada Rosa Delia se comprometió a hablar con el representante de su partido.
El diputado Castro López, invitó a sacar un acuerdo, para que la Junta tenga un antecedente en este sentido.
El diputado Alcalde, pasó al siguiente punto relativo al diplomado "Las Finanzas Públicas y su Impacto en el Bienestar Poblacional" con la idea de que el Centro pueda institucionalizar un taller anual sobre finanzas públicas y medir el bienestar poblacional, por lo que solicitó comentarios al diplomado y que quedara por presentada esta propuesta para poder ser reflexionada y analizada.
El diputado Chávez Presa, preguntó si se le diría a alguna universidad que desarrollara el diplomado.
El diputado Alcalde Virgen, dijo que la idea plantea varias posiciones de varias universidades: "UNAM, CIDE, UDLA, etc, con los módulos y las propuestas ya muy concretas".
Al Lic. Michel Padilla, le gustaría que el diseño del taller realmente lograra cubrir el objetivo, porque le parece que la manera en que está estructurado, no apunta a esto y se comprometió a realizar una propuesta de cómo abordar el tema para que el propósito se cumpla.
El diputado Alcalde Virgen, abordó el séptimo y octavo puntos, mencionando que en días pasados recibió una invitación de Robert Balkin representante de la Universidad Estatal de Nueva York en México, con el fin de conocer el CBO, la GAO, el Centro de Finanzas de Presupuesto de esta ciudad, dijo haber sido una visita muy enriquecedora; por otra parte, señaló que el vicepresidente del CBO, extendió una invitación a la Mesa Directiva y al personal técnico de este Centro con el objetivo de tener una relación más estrecha, conocer de manera clara cómo trabaja este organismo, inclusive se hizo un convenio de colaboración para realizar intercambios de investigadores y que conozcan estos la metodología que usamos, cómo se trabaja aquí, qué se hace, etc. La fecha propuesta es del 6 al 9 de mayo.
El diputado Chávez Presa, pregunta si no se puede salir desde el domingo 5, porque sólo hay un vuelo directo el día lunes.
El diputado Alcalde Virgen, dice que hay un inconveniente puesto que Barry, probablemente tenga que comparecer el lunes 6 ante el Congreso por estar en su periodo presupuestal, sin embargo, dijo que iba a considerar esta alternativa.
Por último el diputado Alcalde Virgen, pidió pasar al noveno punto que trata los asuntos generales señalando en primer lugar que habló con Abel Cuevas el cual solicitó sacar un acuerdo del Comité para llevar los temas de finanzas, personal y de presupuesto a la Junta de Apoyo Administrativo y estar presentes para dar sus comentarios, cosa que propuso ya el diputado Castro López.
El diputado Medellín Milán, hizo una observación respecto a la fecha del viaje, solicitando a los reunidos ver la posibilidad de cambiar la fecha del viaje del 1 al 5 de mayo, aprovechando que se termina el periodo de sesiones; sin embargo el diputado Alcalde, comentó que ese había sido el planteamiento original, sin embargo los días en que nos pueden recibir son 7 y 8 de este mes.
Siendo las once horas con treinta minutos, el diputado
Alcalde Virgen agradece la presencia de los reunidos y da por concluida
esta reunión.
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Análisis Legislativo, el miércoles 8 de mayo, a las 12 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Cantú Torres
Presidente
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A su reunión plenaria, el miércoles 8 de mayo, a las 12 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la reunión anterior.
3. Iniciativas turnadas.
4. Punto de acuerdo para establecer el Parlamento de
las Niñas y los Niños de México.
5. Foro Internacional de Participación Social.
6. Encuentro de legisladores locales.
7. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Miguel Gutiérrez Hernández
Presidente
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
La Subcomisión de Autotransporte e Infraestructura Carretera de la Comisión de Transportes de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, atendiendo a las inquietudes y preocupaciones de los sectores políticos, sociales y ciudadanos en general y de conformidad con el artículo 71, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, convoca a los académicos, investigadores, instituciones públicas, privadas, sindicatos, cámaras, asociaciones, usuarios y a todos aquellos trabajadores de la industria del autotransporte, así como al público en general, a participar en el:
Foro de Consulta Pública de la Reforma Estructural en Materia del Autotransporte Federal
Misión: Abrir un espacio de comunicación entre la Comisión de Transportes y académicos, investigadores, instituciones públicas, privadas, sindicatos, cámaras, asociaciones y todos aquellos trabajadores de la industria del transporte, así como el público en general para enriquecer con propuestas la reforma estructural del transporte.
Visión: Dictaminar una Reforma Estructural consensada con los actores políticos y sociales del país, cuyo contenido plasme las inquietudes, necesidades y propuestas para el desarrollo del sector en México.
Objetivos
l.- Conocer las distintas opiniones y propuestas del sector del autotransporte para enriquecer la iniciativa de la reforma estructural.
2.- Recopilar la información presentada por cada uno de los sectores y la población en general.
3.- Elaborar una memoria que sirva de documento base para enriquecer con propuestas de la reforma estructural del transporte.
Fecha y sede: 16 y 17 de mayo del 2001, Casa de los Consejos, ubicada en Hidalgo esquina Guerrero, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro.
Registro y entrega de propuestas.
Mesa 2.- Del autotransporte federal. I. De pasajeros. II. De turismo. III. De carga. IV. Autotransporte internacional de pasajeros, turismo y carga. V. Autopistas federales de cuota.
Mesa 3.- Mesa de la responsabilidad de los caminos, puentes y autotransporte federal. I. Inspección, verificación y vigilancia.
Mesa 4.- De las infracciones y sanciones.
Mesa 5.- De los sistemas adicionales. I. Comisión Técnica Consultiva del Transporte Federal. II. Del sistema del transporte federal. III. De la Comisión Reguladora del Transporte Federal. IV. Del Registro público del transporte federal.
El registro de participación deberá dirigirse a la Comisión de Transportes, los registros de asistencia podrán realizarse el mismo día del foro.
Diputados: Juan Manuel Duarte Dávila, Presidente
(PAN); José Rodolfo Escudero Barrera, secretario (PVEM); Raúl
Cervantes Andrade, secretario (PRI); Elías Dip Rame, secretario
(PRI); Orestes Eugenio Pérez Cruz, secretario y coordinador de Autotransporte
e Infraestructura Carretera (PAN); José Ramón Soto Reséndiz,
coordinador del Foro (PAN) (rúbricas).
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
Al Primer Encuentro de Legisladores: "Impulsores de la Democracia Participativa", que se realizará el martes 21 de mayo, a las 11:30 horas, en el salón Legisladores de la República.
Antecedentes
La Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en esta LVIII Legislatura, fue creada con carácter de ordinaria permanente, misma que tiene como labor fundamental el incorporar al sistema político mexicano formas de democracia semidirecta.
Por ello, en su plan de trabajo contempla el promover que los principios de la democracia, legitimen y dignifiquen a este órgano de representación popular frente a una sociedad propositiva y crítica, a través del estudio e investigación de los diferentes medios de participación ciudadana, que conlleven a la creación de un marco jurídico que regule y promueva una nueva cultura de participación ciudadana en México.
Como parte de este estudio, en el 2001 se realizaron once foros regionales, en donde cerca de 3,000 participantes, presentaron 416 propuestas sobre el tema y que son motivo de estudio, para desarrollar anteproyectos en materia legislativa, así como para el diseño de políticas públicas en el ámbito competente.
Justificación
Para dar continuidad al trabajo anterior, tenemos proyectado realizar en septiembre de este año el Primer Foro Internacional de Participación Social, el cual tiene como objetivos: dar a conocer los resultados y conclusiones del Foro Nacional de Participación Social, así como el intercambio de experiencias sobre el tema a nivel internacional.
Considerando la importancia que tiene en todo el orbe, el estudio y análisis de las tendencias en democracia participativa y como preámbulo el Foro Internacional, invitamos a los H. Congresos estatales a participar en el Primer Encuentro denominado Legisladores: "Impulsores de la Democracia Participativa"
Objetivos
Conocer la Constitución local en el ámbito de la democracia participativa en los Congresos locales, para la realización de un estudio de derecho comparado y enriquecer la legislación en la materia.Dirigido a:Impulsar la creación de Comisiones de Participación Ciudadana en aquellos Congresos locales donde no estén establecidas.
Firma del Acuerdo Nacional Legisladores: "Impulsores de la Democracia Participativa".
Presidentes de los Congresos locales.Metodología
Presidentes de las Comisiones de Participación Ciudadana de los Congresos locales.
Presidentes de las comisiones relacionadas con la participación social, de los Congresos locales.
Todos los diputados locales interesados en el tema.
Para la exposición por parte de los congresistas, se presentará en un máximo de tres cuartillas a doble espacio. Se solicita indicar equipo de apoyo requerido para la presentación.
Se elaborará una memoria del primer encuentro, que será enviada a cada uno de los participantes.
Se acordará la fecha y lugar sede del Segundo Encuentro Legisladores: "Impulsores de la Democracia Participativa".
Lugar, sede y fecha
Lugar: Salón Legisladores de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Palacio Legislativo de San Lázaro. Av. Congreso de la Unión número 66, Col. El Parque, México, DF.
Fecha: Martes 21 de mayo de 2002.
Hora: 11:30 a.m.
Informes: 55 5628 1300, extensiones 6506 o 6503; fax: extensión 6505.
Atentamente
Dip. Miguel Gutiérrez Hernández
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA
En coordinación con el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE), al diplomado Análisis Político Estratégico, que se realizará del 22 de mayo al 30 de octubre.
El Diplomado en Análisis Político Estratégico tiene como objetivo central exponer, analizar y sintetizar las principales corrientes teóricas y metodológicas de la ciencia política. Asimismo, busca que los participantes usen las herramientas teóricas adquiridas para profundizar sus explicaciones y análisis sobre el proceso de transición política que vive México.
El diplomado está dividido en tres grandes áreas temáticas: las instituciones políticas de la democracia; partidos, elecciones y votantes; actores sociales y acción colectiva. Los cursos combinan la teoría con la práctica y lo nacional con lo comparativo, y se busca proveer elementos académicos sólidos que puedan ser determinantes en la toma de decisiones. En la última parte del diplomado se llevarán a cabo talleres de análisis donde los participantes aplicarán las herramientas aprendidas al proceso de cambio político en México.
Al iniciar el diplomado los estudiantes recibirán el temario de cada módulo además de un paquete de lecturas teóricas y con aplicaciones al caso de México.
A. Métodos y paradigmas en la ciencia política.
Duración: El diplomado inicia el 22 de mayo de 2002 y termina el 30 de octubre del mismo año. Las clases serán los miércoles y viernes, de 7:30 a 10:30 horas.
Inscripciones: Hasta el 21 de mayo de 2002.
Requisitos: Para ingresar al diplomado se requiere ser pasante de licenciatura y entregar currículum vitae.
Costos: El costo del diplomado por estudiante es de $12,000 ($3,000 de inscripción y cuatro mensualidades de $2,250).
El diplomado tiene valor curicular
Informes e inscripciones: Oficinas del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Edificio G, segundo nivel. Teléfono: 5628 1300, extensión 1896;
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
Al foro nacional Migración y Desarrollo, que se llevará a cabo el viernes 24 de mayo, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, en el que se abordarán los siguientes temas:
1. Impacto de las remesas en el desarrollo de las regiones.
2. Características de la migración indígena.
3. Legislación y políticas en torno al
problema migratorio.
4. Panorama poblacional, socioeconómico y cultural
en las fronteras y en los municipios expulsores.
5. Fenómeno de la migración interna.
6. Política migratoria, derechos humanos y justicia.
Atentamente
Dip. Irma Piñeyro Arias
Presidenta