Los legisladores que integran el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión con base en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someten a la consideración de esta soberanía el proyecto de decreto que reforma el artículo 137 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, conforme lo sustenta esta:
Exposición de Motivos
De conformidad con el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, es obligación de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos. No obstante, es un reclamo tanto de las autoridades fiscales como de los ciudadanos el hecho de que, a pesar de que no existan recursos suficientes para sufragar los gastos públicos, no son pocos los mexicanos que no cumplen con este mandato constitucional. Estos evasores, en su mayoría, realizan actividades, prestan servicios u otorgan el uso o goce temporal de bienes de manera informal; no importando que dichas fuentes de riqueza se encuentran gravadas por impuestos tales como el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado.
La no declaración y mucho menos el pago de estos impuestos se justifica, entre otros argumentos, debido a las formas de tributar: demasiado confusas, complicadas y, además, de un altísimo costo burocrático.
En este sentido, es obligado construir una legislación que vaya encaminada a facilitar los medios y mecanismos para que quienes se encuentren en el "comercio informal" puedan cumplir con el pago de sus impuestos. Este propósito se logra, en parte, a través del régimen de pequeños contribuyentes, una vez que se eliminen ciertos candados que limitan el registro de estas actividades en el padrón de contribuyentes. Sin embargo, la regulación actual difiere de este objetivo. El penúltimo párrafo del artículo 137 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dificulta el incremento de contribuyentes, toda vez que no permite el pago del impuesto de manera fácil y sin complicaciones de trámites administrativos.
Así, la presente propuesta busca que se permita inscribir como contribuyentes a aquellas personas que realicen operaciones en mercados, tianguis, mercados sobre ruedas, entre otros; es decir, se trata de incrementar la base de contribuyentes y, con ello, disminuir a los evasores de impuestos que se dedican al "comercio informal". De esta manera, se pretende, a la vez, disminuir la competencia desleal en perjuicio de los comerciantes establecidos, pues ambos tipos de comerciantes tendrían los mismos derechos y obligaciones. Por último, consideramos que esta iniciativa desalentaría la comisión de ilícitos relacionados con el robo de mercancías, ya que al existir un eficaz control de los contribuyentes que enajenen estos productos, quienes se dedican a delinquir con mercancías de dudosa procedencia (robadas, adulteradas o falsificadas) no tendrían nicho de mercado para distribuir estos productos.
De tal manera, se propone ampliar los supuestos o hipótesis para que más contribuyentes de mediana capacidad administrativa puedan tributar mediante el régimen de pequeños contribuyentes y más aquellos que comercializan con productos de naturaleza extranjera, pues son estos quienes integran el mayor porcentaje del comercio informal.
Por las razones expuestas se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Proyecto de decreto que reforma el artículo 137 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Artículo Unico.- Se reforma el párrafo cuarto del artículo 137 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 137.-
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No podrán pagar el impuesto en los términos de esta sección quienes obtengan ingresos a que se refiere este capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación, distribución o espectáculos públicos ni quienes enajenen mercancías de procedencia extranjera cuando estos sean los importadores directos.
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Transitorios
Primero Transitorio.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sen. César Camacho Quiroz, Dip. Alfredo Ochoa Toledo, Sen. David Jiménez González, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Dip. Efrén Leyva Acevedo, Sen. Ernesto Gil Elorduy, Dip. José Manuel Medellín Milán, Sen. Miguel Angel Navarro Quintero, Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Febrero 20 de 2002.)
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA CON UN ARTICULO 114-B EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, PRESENTADA POR EL SENADOR JOSE ANTONIO AGUILAR BODEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 20 DE FEBRERO DE 2002
Los legisladores que integran el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión con base en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someten a la consideración de esta soberanía el proyecto de decreto que adiciona el Código Fiscal de la Federación con un artículo 114-B, conforme lo sustenta esta:
Exposición de Motivos
Uno de los objetivos que persigue el ordenamiento jurídico mexicano es, precisamente, el otorgar seguridad y certeza jurídica. a los gobernados (contribuyentes); además, de buscar una equidad procesal.
No obstante, existe la duda fundada por parte de los contribuyentes de que realmente se cumplan dichos principios en el Código Fiscal de la Federación, a pesar de que este mismo ordenamiento legal, en su artículo 50, párrafo segundo, señale que a falta de norma expresa en el mismo se aplicará el derecho federal común.
En este sentido, el Código Fiscal de la Federación otorga diversas facultades a las autoridades para que, en ejercicio de sus funciones, puedan someter a los contribuyentes a un sinnúmero de obligaciones de hacer y no hacer, extendiéndose estas facultades a una "presunción" por parte de la autoridad, incluso cuando las hipótesis de dichas presunciones no se actualicen o no puedan ser probadas o demostradas por las autoridades, trayendo como consecuencia el apotegma de que los contribuyentes son culpables hasta que no demuestren lo contrario.
Para guardar una equidad procesal las autoridades y los contribuyentes deben ser sujetos de los mismos derechos y obligaciones (responsabilidades). Es decir, si la autoridad demuestra fehacientemente que el contribuyente es responsable de infracciones, omisiones o de delitos fiscales entonces éste deberá responder de sus obligaciones, pero si en el ejercicio de sus facultades las autoridades causan un perjuicio a los contribuyentes éstas deberán, al igual, responsabilizarse. Ya sea un daño moral o bien económico.
Para buscar esta igualdad entre contribuyentes y autoridades, y que éstas respondan por los daños y perjuicios causados en el ejercicio de sus facultades, se propone reformar el Código Fiscal de la Federación.
Por las razones expuestas se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Proyecto de decreto que adiciona el Código Fiscal de la Federación con un artículo 114-B
Artículo Unico.- Se adiciona el artículo 114-B al Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 114-B.- Cuando en el ejercicio de sus facultades las autoridades fiscales causen un daño a los contribuyentes o a sus representantes legales, aquéllas tendrán la obligación de indemnizarlos si se demuestra que hubieron excesos o se interpretó o aplicó mal una disposición legal.
La reparación del daño deberá consistir, a elección del contribuyente o su representante legal, en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello fuere posible, en el pago de daños y perjuicios, o en la indemnización con una cantidad igual a la que se le pretendía exigir tomando en consideración la suerte del principal y sus accesorios.
Cuando el daño sea causado por uno o más servidores públicos o funcionarios que conozcan o participen en la causación, o bien omitan intervenir para disuadir que se consuma el daño serán igualmente responsables como si lo hubieren causado.
Transitorios
Primero Transitorio.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sen. César Camacho Quiroz, Dip. Alfredo Ochoa Toledo, Sen. David Jiménez González, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Dip. Efrén Leyva Acevedo, Sen. Ernesto Gil Elorduy, Dip. José Manuel Medellín Milán, Sen. Miguel Angel Navarro Quintero, Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Febrero 20 de 2002.)
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO TRANSITORIO DECIMO SEXTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002, PRESENTADA POR EL SENADOR FRANCISCO ANTONIO FRAILE GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 20 DE FEBRERO DE 2002
Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Cámara de Diputados para su dictamen y posterior discusión al pleno la siguiente iniciativa que reforma el artículo transitorio décimo sexto del decreto de Presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
Exposición de Motivos
El 14 de agosto del 2001, en el diario Oficial de la Federación, fue publicada la reforma a los artículos 2º, 4º y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos y cultura indígena.
Esta reforma estableció en el apartado "B" del artículo 2º constitucional, un conjunto de disposiciones que obliga a que la Federación, los estados y municipios, deberán por medio de las políticas publicas, abatir los rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, además de implementar acciones en educación, salud, migrantes, mujeres, desarrollo sustentable, vivienda, entre otras.
Con este apartado "B" del artículo citado, se busca brindar mejores oportunidades de desarrollo para los indígenas, propiciando aquellas condiciones que permitan a estos pueblos y comunidades tener una vida más digna.
A partir de esta reforma constitucional, se ha comenzado a desarrollar un proceso de reestructuración interna del Instituto Nacional Indigenista, creado por un decreto que fue emitido por el Presidente Miguel Alemán, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1948.
Este Instituto, durante muchos años a tenido la tarea directa de brindar sus servicios a los indígenas y hoy se encuentra en el camino de reconsiderar su estructura interna en beneficio de estos pueblos.
En cumplimiento de este ordenamiento constitucional, la Cámara de Diputados establece en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, publicado el 1 de enero de este año, en el Diario Oficial de la Federación que en su transitorio décimo sexto, dice:
IV.- Intervendrá en la realización de las medidas aprobadas, coordinando y dirigiendo, en su caso la acción de los órganos gubernamentales componentes.
V.- Fungirá como cuerpo consultivo de las instituciones oficiales y privadas, de las materias que conforme a la presente ley, son de su competencia.
VII.- Emprenderá aquellas obras de mejoramiento de las comunidades indígenas, que le encomiende el Ejecutivo, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Indígenas."
Pero además, en el artículo 8º del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, en su capítulo II, titulado "De la Reasignación de Recursos Federales a las Entidades Federativas", establece:
Los convenios a que se refiere el párrafo anterior los celebrará el Ejecutivo federal, por conducto de los titulares de la Secretaría, la Contraloría, las dependencias y, en su caso, las entidades a través de su titular y con la participación que corresponda a su coordinadora sectorial, con los gobiernos de las entidades federativas; dichos convenios deberán prever criterios que aseguren transparencia en su distribución, aplicación y comprobación. Asimismo, no podrán contravenir los términos del presente decreto, ni ser utilizados para exigir a los gobiernos de las entidades federativas comprometer recursos que excedan su capacidad financiera..."
Con base en lo planteado, a efecto de evitar la paralización de los programas ya aprobados del Instituto Nacional Indigenista para su operación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 y para la aplicación del subejercicio de recursos presupuestales destinados a estos pueblos y comunidades indígenas, y con la finalidad de preparar los trámites y mecanismos de vigilancia pertinentes, se propone una reforma al artículo transitorio décimo sexto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, que permita ampliar, en un tiempo más razonable y de acuerdo a las acciones que implica el proceso de reasignación, el plazo para el cumplimiento del transitorio de referencia, así como de su artículo 8º, evitando de esta forma, un perjuicio a la población indígena del país.
Lo anterior además, ayudaría a no verse inmerso en una controversia innecesaria y se tendría el suficiente tiempo para realizar las adecuaciones al marco legal, así como preparar los trámites y mecanismos de vigilancia pertinentes.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de usted, C. Presidente de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, presentamos a la consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente:
Iniciativa de reforma del artículo transitorio décimo sexto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo transitorio décimo sexto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, para quedar como sigue:
Transitorios
Primero al décimo quinto
Décimo Sexto. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, procurará celebrar a más tardar el último día hábil de diciembre, convenios de reasignación con las entidades federativas, en los términos del artículo 8º de este decreto, con el objeto de descentralizar el funcionamiento de los programas del Instituto Nacional Indigenista (INI) y de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas (Conaza) a que se refiere el artículo 64 del referido decreto. En el caso del Instituto Nacional Indigenista, se procurará que las oficinas centrales así como las instancias de atención se ubiquen lo más cerca posible de las comunidades indígenas.
Décimo séptimo al décimo noveno
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El Instituto Nacional Indigenista, seguirá operando en el transcurso de este año, sus programas para cumplir con las responsabilidades establecidas con los pueblos y comunidades indígenas.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 20 de febrero de 2002.
Sen. Francisco Antonio Fraile García (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Febrero 20 de 2002.)
Los Legisladores que suscribimos, integrantes de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la misma se discuta y se someta a votación en la presente sesión de la Comisión Permanente, por considerarse de urgente y obvia resolución.
La Ciudad de México, desde su fundación ha experimentado un permanente y constante cambio.
Su transformación es resultado de varios factores pero destaca entre ellos el esfuerzo e impulso de sus habitantes y del sentimiento federalista que desde que nos constituimos como nación libre e independiente hemos tenido los mexicanos.
Es importante no olvidar la génesis del Distrito Federal, cuando nos constituimos como una nación republicana, democrática y federal decidimos que si la falta de una jurisdicción y la interpolación de facultades entre los Poderes Federales y los locales, fueron causa fundamental para pensar que el lugar en donde se asentaran los Poderes Federales, éstos pudieran actuar con independencia de cualquier injerencia de índole local, como lo pensaron y decidieron los convencionistas de Estados Unidos de América en Filadelfia en 1787, fue y lo es un tema vital también para los mexicanos.
Tan fue así, que el 18 de octubre de 1824 el Presidente Guadalupe Victoria lanza un manifiesto a la nación donde citando a George Washington declaró "si los estados no dejan al Congreso General ejercer aquellas funciones que indudablemente le ha conferido la Constitución, todo caminará rápidamente a la anarquía y confusión. Necesario es para la felicidad de los estados que en alguna parte se haya depositado el Supremo Poder, para dirigir y gobernar los intereses generales de la Federación, sin esto no hay unión y seguiría muy pronto el desorden".
Así desde el 18 de noviembre de 1824 se constituye mediante resolución del Congreso Nacional por medio del decreto que firman don Valentín Gómez Farías, don José María Izazaga y José Rafael Alarid, así como por el Presidente don Guadalupe Victoria, donde se señala a la Ciudad de México como la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.
Durante 173 años el gobierno del Distrito Federal fue ejercido por gobernantes designados por el titular del Ejecutivo federal hasta el año de 1997.
Es importante recordar que en el año de 1987 se dio inicio a una nueva y vigorosa reforma política del Distrito Federal en el seno de Congreso de la Unión, donde la participación ciudadana cobraría una gran importancia, con mayores derechos políticos y una nueva estrategia de desconcentración y descentralización tanto administrativas como políticas, las que fueron vistas como formas para impulsar un sistema democrático y funcional de la Ciudad de México, lo que permitiría enfrentar con mayor eficacia y eficiencia la prestación de servicios públicos y resolver los graves y complejos problemas del Distrito Federal.
Desde ese año hasta la fecha el marco jurídico y político del Distrito Federal ha evolucionado en general en forma muy importante y substancial.
Estos cambios y transformaciones han traído como consecuencia una mayor autonomía en cuanto a sus funciones y responsabilidades a los órganos de gobierno de la ciudad y que en no pocas ocasiones ha dejado mucho que desear.
Sin embargo, hoy día los habitantes y ciudadanos del Distrito Federal gozan de derechos y garantías políticas al igual que el resto de los habitantes de la República; así como eligen a sus gobernadores, senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, aquí se eligen senadores, diputados federales, jefe de gobierno, diputados locales y a sus delegados.
Se rigen por leyes, decretos y disposiciones de carácter general emitidos por la Asamblea de Representantes y por el Gobierno de la Ciudad, tienen una vigorosa estructura vecinal real que permite tener un acercamiento con sus autoridades fundamentalmente delegacionales para tratar y resolver los asuntos de sus demarcaciones. El grado de autonomía de las delegaciones debe de fortalecerse y consolidarse respecto a las decisiones centrales del Gobierno de la Ciudad, para poder tener una mayor facilidad en la atención y solución de los asuntos que les son propios.
Dentro de este escenario actual, tanto los Poderes Federales y los órganos de gobierno locales deben de cumplir con sus funciones de acuerdo con las competencias que la Constitución y las leyes les han señalado y, no podría ser de otra manera, ya que la Ciudad de México, es decir el Distrito Federal sigue siendo la sede, el asiento de los Poderes Federales quienes en este territorio ejerce todos sus actos soberanos.
Si en un principio se pensó y se pensó bien, que los habitantes de la Ciudad de México al tener autoridades propias electas directamente por la ciudadanía, estarían más cerca de ellos y les resolverían sus problemas y necesidades, evaluando y calificando la actuación de cada una de ellas, se dio un paso trascendente en la democratización de la vida de la capital, sin pensar por ello, en un acotamiento o limitación de los Poderes Federales más allá de lo establecido por la Constitución.
Si la devolución del poder y el propósito de hacer más transparente y responsable el Gobierno de la Ciudad por conducto de sus órganos de gobierno, ha sido sin duda con el más sano y limpio propósito de beneficiar a los pobladores de esta demarcación territorial para que desarrollen una auténtica convivencia en donde se impulse la educación, la cultura, el deporte, el fortalecimiento de la familia, la recreación y se dé oportunidades de empleo a miles y miles ciudadanos que se incorporan cada año a la fuerza de trabajo de esta ciudad, para que puedan realizarse como personas en lo individual y como sociedad.
La sociedad exige un clima de orden, tranquilidad y seguridad pública para poder alcanza estos fines, por ello las autoridades locales deben de responder a ese compromiso de afrontar sin demagogia, sin eludir sus responsabilidades, el compromiso de trabajar en la solución de los problemas y las necesidades de sus habitantes.
El Distrito Federal no puede ser rehén de grupos, partidos políticos, de individuo o individuos que por apetitos de poder antepongan sus intereses a los de la Ciudad de México.
El gobernar implica una seria y grave responsabilidad para todos, no debe entenderse el desempeño de un cargo público como patrimonio personal para hacer y deshacer lo que uno quiere, sino implica un compromiso en que fundamentalmente sus actos y el ejercicio del poder público deben ajustarse al más estricto cumplimiento de la Constitución y de las leyes, sólo así y nada más así, gobernantes y gobernados podemos construir el futuro del país, del Distrito Federal y de nuestros estados.
Respetar el orden jurídico que nos hemos dado los mexicanos, es vivir en un Estado de derecho; el no aceptar y no acatar las disposiciones legales que rigen los actos de cualquier autoridad, nos conduciría al desacato, a la improvisación, a la irresponsabilidad y a la anarquía quien nadie quiere y a nadie conviene.
Si el ser miembro de un partido político distinto a los que ejercen la representación política en los poderes públicos o tener una posición de poder público distinto al otro, no nos hace o permite dejar de hacer o de cumplir y respetar las instancias de gobierno y mucho menos violentar el orden jurídico normativo que nos hemos dado.
La ley no es sólo instrumento de aplicación de la autoridades para con los gobernados, es dispositivo e imperativo que deben cumplir en primerísimo lugar las autoridades, entiéndase los gobernantes, su incumplimiento e inobservancia los hace merecedores a sanciones y penas que la propia ley determina.
Si hemos sostenido en diferentes foros y reuniones que queremos vivir un Estado de derecho los mexicanos, debemos ser los primeros en cumplirlo, observando fielmente la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Su acatamiento no puede quedar sujeto a juegos políticos, ni a medición de fuerzas políticas, ni someterlas a consultas públicas o privadas sean telefónicas o no, sino simple y llanamente a cumplirlas.
La falta de cumplimiento de resoluciones judiciales, violaciones a las disposiciones legales, como a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, violentar el Estado de derecho al permitir el transito de personas armadas, en clarísima violación a las disposiciones constitucionales, el no acatamiento de las disposiciones emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la violación en materia de nombramientos, facultad que le corresponde al Presidente de la República el nombramiento del Secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal. Un gobernante que no acata la ley, desconoce el Pacto Federal e incumple los mandatos judiciales, envía un peligroso mensaje a los gobernados, pues alienta la desobediencia civil y el desconocimiento del Estado de derecho.
El querer disfrazar u ocultar una realidad que se está dando en la capital del país en donde los problemas, las necesidades y los conflictos crecen, hacen que los habitantes de ella se pregunten ¿qué beneficios han recibido de todas estas reformas y adecuaciones legales? No son pocos los que critican la situación actual y añoran el sistema de designación del titular del Gobierno de la Ciudad.
Estamos convencidos que las reformas constitucionales y legales que ha experimentado el marco jurídico del Distrito Federal han sido positivos, han significado avances importantes, pero también no debemos pasar por alto, conductas y acciones reiteradas de reto franco, abierto, de desacato a leyes y a resoluciones judiciales.
Muchos se preguntan ¿cuándo se afecta el orden público? Pues cuando se quebranta, se altera o se desobedece el cumplimiento de la Constitución y de la ley.
Si la autoridad no entiende lo que es respeto a la vigencia y cumplimiento del orden constitucional y jurídico, estamos en presencia de actos y acciones de ilegalidad cuyo resultado serán sanciones y penas.
Los acontecimientos recientes en la Ciudad de México y la situación que se está provocando nos permite pensar, reflexionar que es momento de actuar enérgicamente dentro de nuestra competencia constitucional para hacer, por lo pronto hoy día, un severo extrañamiento al C. Jefe de Gobierno de la Ciudad para que respete y ajuste sus actos a la Constitución y a las leyes.
Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en la Ley Orgánica del H. Congreso de la Unión y su Reglamento correspondiente, y por considerarlo de urgente y obvia resolución, se somete a votación de esta Comisión Permanente, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Que se le haga un severo extrañamiento por esta vez al C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, para que sus actos y acciones se ajusten a la Constitución y a los principios de legalidad que manda nuestro vigente orden jurídico.
Senadores: David Jiménez González, Ernesto Gil Elorduy, José Antonio Aguilar Bodegas, César Camacho Quiroz, José Natividad González Parás, Miguel Angel Navarro Quintero, Miguel Sadot Sánchez Carreño, Sara Castellanos Cortés, Jorge Zermeño Infante, Eduardo Ovando Martínez, Jesús Galván Muñoz. Diputados: Roberto Ruiz Angeles, José Rodolfo Escudero Barrera, José Alfredo Botello Montes (rúbricas).
(Aprobado en votación nominal)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, COMPAREZCA ANTE LAS DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y DE DERECHOS HUMANOS DE LA CAMARA DE SENADORES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALFREDO BOTELLO MONTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 20 DE FEBRERO DE 2002
Los diputados y senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente:
Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández ante las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, respectivamente, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Decía Montesquieu que para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Es en este sentido, que instituciones como el ombudsman colaboran de manera fundamental para la consolidación del Estado de derecho al que todos los mexicanos aspiramos.
La doctrina ha sostenido y Acción Nacional coincide plenamente en ello, que los derechos humanos son la facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a la libertad, a la seguridad y la integridad de su persona; al trabajo; a la protección de las leyes, a tribunales imparciales; a la privacía de su vida familiar, su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones; a la información veraz y oportuna; a la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión y de asociación de sindicatos, partidos políticos, organizaciones profesionales y de cualquier otra índole; a participar en las decisiones del gobierno, por sí o a través de representantes libremente escogidos; a la educación; a formar a sus hijos conforme a sus convicciones o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona.
Las únicas limitaciones del ejercicio de estos derechos sólo pueden ser el derecho de los demás, garantizado por las leyes, el orden público y el bienestar general. Desde luego que en una comunidad de hombres libres estos derechos fundamentales, se encuentran estrechamente conectados con la idea de dignidad humana y son al mismo tiempo las condiciones de desarrollo de esta idea de dignidad, idea que es fundamento y estandarte de Acción Nacional.
El grado de respeto, defensa, promoción y protección de los derechos humanos, es uno de los mejores termómetros, de los más convincentes parámetros para medir el grado de desarrollo en los países que enarbolan como causas últimas de su sistema jurídico la libertad, la seguridad y la democracia. Los legisladores panistas sabemos que nuestra tarea es insistir incansable y permanentemente en la formación de valores sociales y solidarios, así como por el respeto, la defensa y la promoción de los Derechos Humanos, ya que el respeto que se le otorga a éstos es claro indicador de la calidad de vida del gobernado.
En efecto, democracia y derechos humanos son dos tópicos que poseen la cualidad de tener un vínculo indisoluble, son al propio tiempo recíprocamente causa y consecuencia, en este sentido, los panistas trabajamos por un Estado democrático y de derecho, porque sólo ahí pueden tener mejor cabida la libertad, la igualdad y la dignidad humana, y no así en el Estado totalitario, dentro del cual se dejan a un lado, con mayor facilidad, los intereses de la persona y se olvida que a ésta debe servir, en este contexto el impulso y reconocimiento de figuras como el ombudsman nacional son una obligación del Poder Legislativo.
Al efecto es importante recordar que a lo largo de nuestra historia parlamentaria hemos pugnado, primero por la creación de un organismo de defensa de los derechos humanos y particularmente en la pasada Legislatura por la plena autonomía de este órgano defensor de las más esenciales prerrogativas humanas, logrando la aprobación junto con los demás partidos de la reforma que dio origen al vigente texto del artículo 102 constitucional.
Consideramos en tal sentido, que las instituciones están dadas, debemos caminar en el sentido de consolidarlas en los hechos el deber ser plasmado en la norma debe ser llevado a la práctica, de hecho es incuestionable que nos encontramos en ese proceso de consolidación hoy el ombudsman es libre e independiente en su actuar y en sus decisiones y se encuentra vinculado con la representación popular en un ánimo de coadyuvancia al rendir su informe anual de actividades.
Los avances en esta materia en la presente administración son de suyo significativos, primero porque hay un cambio de actitud de parte del Gobierno Federal respecto al tema de los derechos humanos, en tal sentido y en obviedad de tiempo como ejemplos baste señalar casos como el de los campesinos ecologistas de Guerrero liberados por el Ejecutivo federal, el caso de los pescadores de Pátzcuaro igualmente liberados, el caso del General Gallardo liberado de acuerdo a resoluciones de organismos internacionales de derechos humanos, en estricto apego al derecho patrio.
Tenemos en tal virtud, plena convicción de que los derechos humanos son un límite natural y necesario al poder público; sabemos que sin su respeto escrupuloso, ni el Estado se justifica ni la autoridad tiene razón de ser. Afirmamos categóricamente que es necesario promover y garantizar los derechos humanos sin distinción de credos religiosos, convicciones políticas, rangos o categorías sociales, clases o ideologías. Aquel que pretenda ignorar que los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado y éste, por tanto, debe reconocerlos y garantizarlos plenamente, se engaña a sí mismo.
Ahora bien, el vertiginoso desarrollo de los derechos humanos tanto al nivel nacional como en el internacional, nos obliga a adecuarnos, a modernizar y humanizar nuestra visión del mundo y nuestras actitudes, por eso los legisladores tenemos la obligación de revisar con detenimiento el informe de actividades que presenta el Presidente de la CNDH y en comisiones estudiarlo con detenimiento, para después contar con la notable presencia del ombudsman ante dichos órganos colegiados, dado que esta retroalimentación ante el Legislativo seguramente redundará en aportaciones, esa es la naturaleza de la última reforma al artículo 102 misma que vincula al ombudsman al legislativo tanto por el aspecto de la elección como por el informe y la comparecencia que nos ocupan.
Sabemos que las acciones nunca serán suficientes, la lucha por el respeto a los derechos humanos nunca estará acabada, pero también sabemos que con actos como el presente vamos por buen camino.
El Estado tiene como función primaria y esencial además de la seguridad pública la defensa y promoción de los derechos humanos, los esfuerzos de los tres poderes deben encaminarse a ello, la revisión minuciosa de la situación que guarda el respeto a los derechos humanos en nuestro país, no es tarea aplazable, en tal virtud:
Compañeras y compañeros diputados y senadores:
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo que dispone la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Respetuosamente se sirva solicitar al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que comparezca ante las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, a efecto de que se amplíen las explicaciones del informe anual de actividades del ombudsman nacional, así como se resuelvan las dudas, respecto de tan trascendente tema.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2002.
Dip. José Alfredo Botello Montes, Dip. Guadalupe López Mares, Dip. Mauricio Candiani Galaz, Dip. Herbert Taylor Arthur, Dip. Micaela Aguilar González, Sen. Jorge Zermeño Infante, Dip. Felipe Calderón Hinojosa, Sen. Francisco Fraile García, Dip. Jaime Salazar Silva, Sen. Cecilia Romero Castillo, Dip. Juan Camilo Mouriño Terrazo, Sen. Jesús Galván Muñoz (rúbricas).
(Turnada a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados, y de Derechos Humanos de la Cámara
de Senadores. Febrero 20 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL REGIMEN FISCAL, PRESENTADA POR LA SENADORA MARTHA TAMAYO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 20 DE FEBRERO DE 2002
En diciembre pasado, este Congreso de la Unión aprobó una serie de modificaciones a diversos ordenamientos fiscales que si bien en un principio buscaban otorgar una nueva estructura y organización en el marco tributario vigente, en la realidad muchos de ellos han venido generando serias dificultades con un impacto negativo en diversas regiones y sectores del país.
Muy pronto el tiempo nos dio la razón a los legisladores priístas, cuando nos opusimos a la aprobación de impuestos especiales y suntuarios, porque han resultados de ellos diversas irregularidades, imprecisiones y lagunas que motivan la inconformidad de amplios sectores de la población. Por ello, a reserva de plantear las reformas legislativas que ameriten, presentamos este punto de acuerdo.
En primera instancia, mediante el establecimiento de un artículo transitorio en la Ley de Ingresos de la Federación para el Año 2002 se gravó una serie de bienes y servicios que fueron considerados de consumo suntuario y si bien la medida pretendía obtener un ingreso tributario adicional a partir de los consumidores de altos ingresos, al realizarlo mediante la violación al marco constitucional que nos rige, hizo nugatoria e inviable tal disposición, ello debido a que la presentación, discusión y aprobación se efectuó primero en la Cámara de Senadores que para el efecto constituye la instancia revisora, esto de acuerdo a la disposición expresa contenida en el apartado H del artículo 72 constitucional, lo cual representa una transgresión constitucional de origen, dando por resultado desde luego la inconformidad de múltiples segmentos ciudadanos, y de manera especial sectores productivos del país, quienes se han inconformado de diversas formas, incluyendo la interposición masiva de juicios de amparo.
La anterior situación se agrava para el caso de los estados fronterizos quienes han venido experimentando frente a nuestros vecinos una mayor pérdida en competitividad generada a partir del incremento artificial en los precios, lo que se ha traducido en menores ventas y en consecuencia en menores ingresos; y como resultado último, en pérdida de fuentes de empleo. En este sentido, no podemos perder de vista que es la misma cercanía con los competidores internacionales, el factor que hace que los estados fronterizos sufran mayormente los estragos derivados a partir del ingreso ilegal de bienes al país.
De igual forma, los gravámenes especiales establecidos a las bebidas alcohólicas afectan de manera muy importante a la industria restaurantera y turística por el encarecimiento de los servicios ligados al consumo de tales bebidas alcohólicas que sufrieron alzas impositivas superiores a los acuerdos que diversos grupos parlamentarios sostuvieron en el tema, específicamente el consenso que en la Cámara de Diputados tenía esta disposición, correspondiente a bebidas alcohólicas de más de 25 grados GL en donde el acuerdo era gravarlos con 45% y el impuesto alcanzó el 60%. Mención especial requiere el que al haber sufrido tal alza impositiva se ha traducido en encarecimiento e indeseable crecimiento del sector informal. Si bien el fundamento para el establecimiento de dichos gravámenes era la obtención de mayores ingresos fiscales, en la realidad, por no considerar el impacto que esto tendría en una economía abierta, el esquema resultó en incentivos a la introducción ilegal de bienes a nuestro país y en el fomento de actividades ilícitas como la adulteración de los productos. En resumen, las nuevas medidas lejos de contribuir al desarrollo e impulso productivo de la industria nacional, han originado una pérdida en la competitividad y el desplazamiento de los productos nacionales con el ingreso de productos del extranjero, que redundarán en una menor recaudación y un mayor contrabando, sin la existencia de estímulos reales y eficientes a productos netamente mexicanos que integran cadenas productivas y general valor agregado.
En atención a lo anterior, desde hace varias semanas los legisladores del grupo parlamentario del PRI nos hemos venido reuniendo con representantes de los distintos sectores en diversas regiones del país, donde, con la intención de evaluar los impactos que han tenido las diferentes medidas incorporadas en la reforma, nos dimos a la tarea de buscar alternativas que nos permitieran corregir todos los sesgos generados a partir de su aprobación en diciembre pasado.
Como resultado de este proceso conjunto, el día de hoy nos presentamos ante esta honorable tribuna con la finalidad de proponer a su consideración una serie de modificaciones que nos permitirán mejorar la estructura tributaria en favor del desarrollo productivo y social de nuestro país, entendiendo este trabajo, como el primer paso de un proceso que habrá de continuar.
Por ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentamos al H. pleno de la Comisión Permanente el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico: Que el Ejecutivo federal, a través de la facultad que al efecto le concede la fracción segunda del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, emita las regulaciones administrativas tendientes a precisar las siguientes materias:
2.- Se resuelva la situación tributaria de restaurantes con venta de bebidas alcohólicas en relación al impuesto suntuario que encarece tal servicio.
3.- Con la finalidad de inhibir la práctica del contrabando y la adulteración de las bebidas alcohólicas, se deberá modificar el inciso b) de la fracción primera del Impuesto Especial para la Producción y Servicios, a fin de que se reduzca el gravamen a niveles que no afecten la competitividad ni se distorsione el mercado o se afecte el desempeño productivo de la industria nacional.
4.- Con el objeto de preservar y fomentar el desarrollo de la industria tequilera nacional en una forma integral, fortaleciendo la cadena productiva, se propone el establecimiento de un estímulo a la producción del agave, que consista en un reconocimiento fiscal sobre el impuesto efectivamente causado y se constituya como incentivo para la reactivación y fortalecimiento de la industria.
5.- Que esta soberanía dispuso en el punto de acuerdo de fecha 6 de los corrientes, que el Ejecutivo emitiera una disposición administrativa de observancia general y su respectiva publicación el Diario Oficial de la Federación, para prorrogar la aplicación del artículo transitorio sexto, fracción H, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establece la causación de la tasa cero por el servicio o suministro del agua potable para uso doméstico por lo que enérgicamente pedimos una definición en este punto para conjurar la amenaza del pago del IVA al agua potable que se cierne sobre los mexicanos.
Sen. Martha Sofía Tamayo Morales, Sen. José Ernesto Gil Elorduy, Dip. Efrén Leyva Acevedo, Sen José Natividad González Parás, Dip. Alfredo Ochoa Toledo, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbricas)
(Turnada a la Tercera Comisión de la Comisión
Permanente. Febrero 20 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ABELARDO ESCOBAR PRIETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 20 DE FEBRERO DE 2002
Con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo, para solicitarle al Gobernador del estado de Chihuahua, CP Patricio Martínez García, reconsidere el nombramiento del C. Lic. Jesús José Solís como Procurador General de Justicia del Estado, bajo las siguientes:
Consideraciones
Frente a los últimos acontecimientos ocurridos en el territorio del estado, por lo que hace a la procuración de justicia y en congruencia a nuestra responsabilidad constitucional de representar a una gran cantidad de mexicanos en nuestras respectivas entidades federativas, creemos que es imposible dejar de señalar lo siguiente: los chihuahuenses, particularmente quienes habitan en la frontera norte de la entidad, hemos tenido que lamentar en repetidas ocasiones, diversas violaciones a los derechos humanos, sin que hasta el momento haya habido una respuesta satisfactoria por parte de la autoridad estatal competente; en este sentido, afirmamos que:
Peor aún, hay suficientes datos que demuestran la intención del Gobierno del Estado de no hacerse cargo de la investigación, atención y resolución de ciertos crímenes, aunque dichas obligaciones legalmente le correspondan, tal es el caso de los asesinatos de habitantes del estado a quienes, sin que existan bases legales, se califica de "ejecuciones" derivadas del narcotráfico. Todo lo que las autoridades competentes del estado no saben, no pueden o no quieren resolver, se le califica como delito que debe resolver la autoridad federal.
Existen casos documentados de tortura en la investigación de delitos diversos; ejemplo concreto: el caso de los presuntos responsables de los homicidios de mujeres asesinadas en Cd. Juárez; en este caso, independientemente de los indicios, hay que lamentar que la confesión bajo tortura -suficientemente documentada en partes médicos de la propia autoridad- sea una de las principales -si no es que la única- pruebas de la Procuraduría.
Hay evidencia de agresión física, por parte de autoridades estatales, a manifestantes y líderes de opinión, respecto del asesinato del abogado Mario César Escobedo Anaya; agresiones que, por su naturaleza son constitutivas de diversos delitos tales como homicidio en grado de tentativa, lesiones y abuso de autoridad sólo por mencionar algunos.
Los medios de información que no son afines a las políticas emprendidas por el Gobierno del Estado son perseguidos, lo cual constituye una violación de los derechos humanos; basta recordar lo ocurrido hace algunos años con el periódico Norte de aquella localidad y, hace apenas pocos días, unos de los radiocumunicadores, Tamira lzaguirre y Antonio Tirado, fueron sorpresiva, violenta e ilegalmente separados de sus puestos de transmisión, y finalmente;
El que haya habido un evidente cuestionamiento respecto de la designación del Lic. Jesús José Solís -mejor conocido por el apodo de "Chito" Solís- como Procurador General de Justicia, atendiendo a su desempeño en cargos previos, así como la confirmación posterior de esos mismos hechos tales como: tortura, violación de los derechos humanos, agresión y delitos cometidos en grado de tentativa, entre otros, no obstante su elevada responsabilidad;
Estamos convencidos que para el desarrollo armónico de una sociedad, no pueden estar ausentes dos aspectos fundamentales: la democracia y el Estado de derecho. Este último sin duda, implica una eficiente y eficaz procuración de justicia y una perfecta protección contra todas las violaciones de la ley.
Todo lo anterior, nos obliga a pedir al señor Gobernador del estado, CP Patricio Martínez García, que reconsidere su decisión de tener como primer abogado en la entidad y como el principal responsable de las políticas públicas contra el crimen, a una persona como el Lic. Jesús José Solís, quien ha demostrado, en los últimos días, no sólo su falta de capacidad, sino también su proclive y reiterada tendencia a violar la ley y los derechos humanos de los chihuahuenses. Esperamos, en efecto, que se rectifique ese nombramiento por parte del titular del Poder Ejecutivo, no sólo como consecuencia de respetar y hacer respetar la ley, sino como una muestra de respeto al pueblo de Chihuahua.
Punto de Acuerdo
Primero.- Que esta soberanía, respetuosa del pacto federal, emita una atenta llamado al Gobernador del estado de Chihuahua para que reconsidere el nombramiento del C. Lic. Jesús José Solís como Procurador General de Justicia Estatal.
Segundo.- Que esta soberanía, solicite al gobernador de Chihuahua incremente sus esfuerzos para que se dé cabal cumplimiento a la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de los gobernados a la seguridad pública y el de investigar, perseguir y sancionar los delitos, con apego al marco jurídico y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, 20 de febrero de 2002.
Dip. Abelardo Escobar Prieto, Dip. César Patricio Reyes Roel, Dip. Luis Villegas, Dip. María Eugenia Galván Antillón (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Febrero 20 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA LA EQUIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE LOS ESTADOS, PRESENTADA POR EL SENADOR ARMANDO CHAVARRIA BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 20 DE FEBRERO DE 2002
Con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso b), y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes:
Antecedentes
El 29 de enero las universidades públicas realizaron un paro general de labores y el Dr. José Luis Ibarra Mendívil, Secretario General de la ANUIES, afirmó que había recursos suficientes para otorgar a los trabajadores universitarios un incremento salarial similar al 8 por ciento; el 10 de febrero, la UAM estalló su movimiento de huelga al rechazar la oferta de 5.25 por ciento de incremento salarial... y la huelga continúa.
El Gobierno Federal y el Congreso de la Unión nos hemos comprometido en otorgarle un lugar prioritario a la educación.
Este compromiso debe traducirse en acciones concretas, atendiendo básicamente al derecho universal consagrado en el artículo 31 de la nuestra Constitución Política, que reclama para todos y todas el acceso a los beneficios que la educación ofrece.
Sin embargo, en el transcurso del presente mes hemos sido testigos de una ola de huelgas, tanto de trabajadores administrativos como académicos, que afectan a las instituciones de educación superior públicas del país.
Sus demandas son: un salario digno que restituya las pérdidas de los últimos diez años de restricciones presupuestales, la solución satisfactoria a las violaciones a sus contratos colectivos de trabajo, pero sobre todo, un trato igual tanto en las negociaciones entre académicos y administrativos, como en el financiamiento entre instituciones de educación superior estatales y las nacionales.
También hemos atestiguado la demanda de los rectores por corresponder, con recursos suficientes, a los esfuerzos de reforma que han realizado las comunidades universitarias para poner a tono de los retos presentes y futuros, su estructura orgánica y curricular.
En cada universidad pública del país, los procesos de reforma generaron una participación comprometida de las comunidades de estudiantes, maestros, administrativos y autoridades, que en términos de vida interna democrática, lograron consolidar la unidad y fortalezas institucionales, así como la construcción de objetivos, comunes y grandes expectativas para el desarrollo de sus potencialidades.
La ya histórica y sostenida restricción presupuestal, sea en tiempos de estabilidad económica o de crisis, enfrenta a rectores con sus bases de trabajadores en el dilema de rebasar un tope salarial impuesto desde la Secretaría de Educación Pública y que no va más allá del 5.25 por ciento, el menor incremento salarial directo de los últimos 20 años. Han estallado 6 huelgas, un paro general en 30 universidades de 25 estados y ha emplazado a más de 140 mil trabajadores a una huelga virtualmente generalizada.
Desde 1994, los recursos públicos destinados a la educación han alcanzado menos de 5 puntos porcentuales respecto del Producto Interno Bruto. El Congreso trabajó para que en el ejercicio fiscal 2002, el presupuesto a la educación propuesto por el Ejecutivo se incrementara en 15 mil millones de pesos, con la intención de ofrecer al sistema educativo en general y a las instituciones públicas de educación superior un mínimo de certidumbre, que les permitiera enfrentar sus requerimientos básicos de operación y sus problemas urgentes.
De estos recursos, la UNAM recibirá 500 millones, la UAM 300 y el IPN 200 millones más que la propuesta del Ejecutivo federal, recursos que supondrían atender, entre otros asuntos, los relacionados con la inminente demanda de los trabajadores por mejorar sus condiciones salariales.
Las universidades públicas de los estados, en cambio, no corren con la misma suerte.
Mientras las universidades nacionales reciben la totalidad de su subsidio del Gobierno Federal, el conjunto de las universidades públicas de los estados recibe en promedio 30 por ciento de subsidio del gobierno estatal y 60 por ciento de la Federación. Los porcentajes de las aportaciones de cada una de las universidades van desde la proporción 94 por ciento federal y 6 por ciento estatal, hasta 45 por ciento federal y 55 estatal, lo que muestra de manera evidente, la carencia de criterios claros y objetivos para la asignación de recursos escasos y confusamente distribuidos de la Federación y el trato desigual, o diferente al menos, para cada universidad.
En consecuencia y a pesar de los programas compensatorios como el Fondo para Modernizar la Educación Superior (Fomes) o el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (Promep), las brechas se siguen ampliando y las iniquidades siguen prevaleciendo.
Equidad significa, en este terreno, resarcir los desequilibrios financieros y presupuestales históricos de las universidades públicas de los estados, mediante los mecanismos que sean necesarios y que permitan alcanzar recursos suficientes para cumplir con calidad las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión que realiza la universidad pública.
Ha sido un reclamo constante de sus rectores el tratamiento como iguales que se les debe a las universidades estatales y a las instituciones nacionales, la diferenciación e iniquidad del tratamiento financiero no ha hecho más que acentuar las enormes carencias materiales y diferencias académicas entre nuestras instituciones de educación superior.
A esto se suma la necesidad de establecer criterios claros y objetivos de distribución de las participaciones, aportaciones y subsidios federales para el financiamiento de los servicios educativos en los estados y las instituciones autónomas federales y estatales de educación superior, así como mecanismos legales que hagan realidad una concurrencia estatal suficiente para sostener una educación equitativa y de calidad en todos sus niveles.
Todos creemos y nos unimos con el propósito de alcanzar, en el 2006, un presupuesto público educativo de 8 puntos porcentuales en relación al PIB, por ello no debemos dejar a la deriva el presente financiero de nuestras universidades públicas y el futuro de la formación de los cuadros profesionales que México necesita.
La educación superior pública sigue siendo la opción de las y los jóvenes mexicanos, y seguirá siendo la vanguardia del desarrollo profesional, tecnológico y científico de la nación.
Hoy tenemos la oportunidad de actuar a favor de la equidad financiera de las universidades públicas de los estados y avanzar con firmeza en las medidas que hagan factible, a partir del presupuesto del año 2003, la realización de los proyectos de transformación, innovación y desarrollo de nuestras universidades públicas, además de proporcionarles los medios para atender las justas demandas de sus trabajadores.
En este sentido, los trabajadores universitarios merecen nuestra firme solidaridad y retomamos la legítima demanda de rectores, sindicatos, especialistas del tema educativo, comunidad científica y bases estudiantiles para solicitar al Presidente de esta Mesa Directiva, turne a las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión la siguiente:
Proposición
Primero: Atender las necesidades financieras de las instituciones públicas de educación superior y definir con claridad y transparencia los criterios de asignación de subsidio, aplicables a todas las instituciones públicas de educación superior, a fin de que estén en condiciones de cumplir, en oportunidad, sus programas prioritarios, como la superación académica del profesorado, la infraestructura física, el equipamiento de las instalaciones, el fomento de la investigación científica y tecnológica y las labores de extensión y difusión de la ciencia y la cultura, y evitar la acumulación de rezagos e irregularidades en la materia.
Segundo: Establecer una comisión especial, formada por los integrantes de las comisiones de Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología, y Programación, Presupuestación y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que convoquen al Ejecutivo federal y a las autoridades de las universidades públicas de los estados a formar parte de los trabajos dirigidos a crear el Fondo para la Equidad y el Fortalecimiento de la Educación Superior Pública, con base en los proyectos de desarrollo institucional de las universidades públicas estatales.
Tercero: Que el proyecto resultante sea presentado al Congreso de la Unión a más tardar al inicio del segundo periodo de sesiones del presente año, para que el Fondo inicie su ejecución en el ejercicio fiscal del año 2003, con los recursos suficientes en el nuevo concepto presupuestario y durante el tiempo que sea necesario, hasta lograr restituir satisfactoriamente la capacidad financiera de las universidades de los estados en términos de equidad.
Sen. Armando Chavarría Barrera, Sen. José Natividad González Parás, Sen. César Camacho Quiroz, Sen. Sadot Sánchez Carreño, Dip. Efrén Leyva Acevedo, Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Martha Tamayo Morales, Sen. David Jiménez González, Sen. Sara Castellanos Ortiz, Dip. José Escudero Barrera, Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Francisco Fraile García (rúbricas).
(Turnada a las comisiones de Educación y Servicios
Educativos, de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Febrero 20 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS SUPUESTOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL SECRETARIO DE ECONOMIA CON EL SENADOR ESTADOUNIDENSE CHARLES GRASSELY EN LO RELACIONADO AL TEMA DE LA FRUCTUOSA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 20 DE FEBRERO DE 2002
El pasado jueves 14 de febrero, diversos medios de comunicación difundieron un discurso desde Washington del senador republicano Charles Grassely de Iowa, donde recriminan la acción por parte de México de establecer un impuesto sobre bebidas producidas con alta fructuosa, calificándolo como atentatorio contra la relación comercial y violatorio del TLCAN. Las mismas notas también consignan que según el senador Grassely, el Secretario de Economía Luis Ernesto Derbez se comprometió con él, a dejar sin efecto dicha medida.
Resulta que cuando el Congreso estadounidense toma una decisión para proteger a grupos afectados por la apertura comercial como fue el caso del transporte; apertura que fue retrasada por más de tres años, eso no afecta la relación aún cuando esta acción violó flagrantemente el TLCAN.
Con este tipo de medidas el Ejecutivo estadounidense ha utilizado la posición de su Congreso para fortalecer su negociación frente al Gobierno mexicano. Sin embargo, parece ser que para el Secretario Derbez el Congreso mexicano en vez de ser un apoyo es un estorbo en su urgencia de complacer las exigencias del Senado estadounidense, aun y cuando este supuesto compromiso afecte el bienestar de más de dos millones de campesinos mexicanos que dependen para su subsistencia de la producción cañera nacional.
En base a lo anterior me permito introducir el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se investigue sobre los supuestos compromisos adquiridos por el Secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez con el senador Estadounidense Charles Grassely en lo relacionado al tema de la fructuosa y de encontrarse dicho compromiso atentatorio a los intereses de los campesinos mexicanos, tomar las medidas necesarias para tal efecto.
Se solicita a la presidencia de esta Comisión Permanente se turne para su efecto y consideración a la Tercera Comisión.
Palacio Legislativo 20 de febrero del 2002.
Dip. Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Dip. Miroslava García Suárez (rúbrica; estoy de acuerdo en que se agende para el día de hoy), Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica; estoy de acuerdo en que se agende para el día de hoy).
(Turnada a la Tercera Comisión de la Comisión
Permanente. Febrero 20 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN DEFENSA DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR, PRESENTADA POR EL SENADOR RICARDO GERARDO HIGUERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIERCOLES 20 DE FEBRERO DE 2002
Con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso b), y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía una proposición con base en las siguientes:
Consideraciones
Que un grupo de trabajadores sindicalizados de la Secretaría
de Salud, fueron víctimas de una injusticia derivada de una mala
práctica administrativa por la Contraloría Interna de la
Secretaría de Salud, en aquel entonces a cargo del contralor interno
CP Alfredo Adams Adams, quien no consideró apropiadamente las pruebas
y documentos que fueron ofrecidas en defensa de los trabajadores; tales
como sus licencias sindicales, que la propia Secretaría del ramo
extendió, cubriéndose el tiempo, motivo y objeto de la sanción
impuesta, que por cuestiones ajenas a su voluntad, no se presentaron en
tiempo y forma, por una Comisión Técni-
co-Jurídica por parte de la defensa.
Que lamentablemente, el Departamento Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de la Secretaría de Salud, no defendió los puntos clave y, por ende, hoy, sus únicos bienes producto de su trabajo han sido embargados por la Oficina Local de Hacienda en La Paz, Baja California Sur, y están a punto de salir a remate.
Que el procedimiento para el remate de dichos bienes, está momentáneamente detenido gracias a la intervención del Gobernador del estado Lic. Leonel Cota Montaño.
Que hacemos un urgente llamado al Secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Lic. Marco Antonio García Ayala, y al senador Joel Ayala Almeida, Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, para que intervengan ante las instancias correspondientes.
Que no es posible que por errores técnico-jurídicos como los señalados, un grupo de trabajadores hoy sean despojados del único patrimonio de sus hijos: la casa donde hoy habitan con sus familias.
Que a los trabajadores en comento los hemos escuchado y estamos convencidos que apoyarlos es un acto de justicia. Por eso apelamos a la sensibilidad de ustedes como representantes populares.
Por todo lo anterior, solicitamos al Presidente de la Mesa Directiva turne a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de esta Comisión Permanente la siguiente:
Proposición
Unico.- Que las comisiones antes aludidas, y en uso de sus buenos oficios y con pleno respeto de las atribuciones de las autoridades correspondientes se entrevisten con las mismas, a efecto de que reconsideren la cancelación de los créditos fiscales números 86500, 86501, 86503, 86504, 86506 y 86507, y de ser pertinente se suspenda la ejecución de embargo de los bienes inmuebles de los CC. María de Jesús Osuna Maldonado, Yolanda Chávez Gámez, Miguel Agustín Collins Avilés, Juan Manuel Mayoral Cota, Rafael Olachea Sandoval, Héctor Ramón Olachea Castro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil dos.
Sen. Ricardo Gerardo Higuera, Sen. Armando Chavarría Barrera (rúbricas).
(Turnada a la Primera Comisión de la Comisión
Permanente. Febrero 20 de 2002.)
Se hace una atenta y respetuosa invitación a los CC. diputados y senadores del Congreso de la Unión, a la visita que efectuará el Excelentísimo señor Alfonso Portilla Cabrera, Presidente de la República de Guatemala, la cual tendrá lugar en el salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados, el jueves 21 de febrero del año en curso, a partir de las 12:15 horas.
Atentamente
Dip. Guillermo Anaya Llamas
Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
A través de la Subcomisión de Transgénicos, convoca a los legisladores integrantes de las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Comercio, al seminario Organismos genéticamente modificados, que se llevará a cabo el jueves 21 de febrero, a las 16:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Silvia Alvarez Bruneliere
Presidenta
DE LA COMISION DE TURISMO
A su décima tercera reunión plenaria, que se realizará el jueves 21 de febrero de 2002, a las 17 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Ernesto Rodríguez Escalona
Presidente
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
Al Foro de Consulta Pública de la Reforma Estructural en Materia de Transporte Marítimo, que tendrá verificativo los días 22 y 23 de febrero, a partir de las 9 horas, en el World Trade Center, en Boca del Río, Veracruz.
La Subcomisión de Puertos y Transporte Marítimo de la Comisión de Transportes de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, atendiendo a las inquietudes y preocupaciones de los sectores políticos, sociales y ciudadanos en general y de conformidad con el artículo 71, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, así como el artículo 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, convoca a los académicos, investigadores, instituciones públicas, privadas, sindicatos, cámaras, asociaciones, usuarios y a todos aquellos trabajadores de la industria del transporte marítimo, así como al público en general, a participar en el:
Foro de Consulta Pública de la Reforma Estructural en Materia del Transporte Marítimo
Misión: Abrir un espacio de comunicación entre la Comisión de Transportes y académicos, investigadores, instituciones públicas, privadas, sindicatos, cámaras, asociaciones y todos aquellos trabajadores de la industria del transporte, así como el público en general para enriquecer con propuestas la reforma estructural del transporte.
Visión: Dictaminar una reforma estructural consensuada con los actores políticos y sociales del país, cuyo contenido plasme las inquietudes, necesidades y propuestas para el desarrollo del sector marítimo en México.
Objetivos
1. Conocer las distintas opiniones y propuestas del sector marítimo para enriquecer la iniciativa de la reforma estructural.
2. Recopilar la información presentada por cada uno de los sectores y la población en general.
3. Elaborar una memoria que sirva de documento base para enriquecer con propuestas la reforma estructural de transporte.
Fecha y Sede
22 y 23 de febrero, World Trade Center, Boulevard Adolfo Ruíz Cortines núm. 3497, col. Ylang Ylang, Boca del Río, Veracruz.
Registro y entrega de propuestas
Mesa 2.- Los contratos y los servicios públicos del transporte federal, contenidos en el título V. De los Contratos, y capítulos III, IV, V y VIII y título VI. De los Servicios Públicos del Transporte.
Mesa 3.- Del Sistema Nacional de Transporte Federal, contenido en los títulos VII. Tarifas, VIII. Requisa; IX. De la Construcción, Conservación y Explotación de las Vías Generales de Comunicación; X. De las Responsabilidades; XI. Verificación; XII. Accidentes y Salvamento; XIII. Infracciones y Sanciones; XIV. De la Comisión Técnica Consultiva; XV. del Sistema Nacional de Transporte Federal; XVI. de la Comisión Reguladora del Transporte Federal; XVII. Del Registro Público.
Mesa 4.- De la Operación Portuaria, título VI, capítulos VIII. De los servicios portuarios y IX. De las Administraciones Portuarias Integrales.
Mesa 5.- Ley para la Reactivación de la Marina Mercante, Disposiciones Generales, Medidas de apoyo a las líneas navieras mexicanas, medidas de apoyo a la construcción y reparación naval, términos de contratación de tripulantes mexicanos, el seguro y comercio marítimo.
Mesa 6.- Protección y Conservación Ecológica.
El registro de participación deberá dirigirse a la Comisión de Transportes, los registros de asistencia podrán realizarse el mismo día del foro.
Para mayor información, los interesados podrán dirigirse a la Comisión de Transportes, sito en Palacio Legislativo, Avenida Congreso de la Unión No. 66, Colonia El Parque; CP 15969, México DF; tel. conmutador: 5628-1300, extensiones 6203, 6204, 6205; fax: 6226, página web:
www.cddhcu.gob.mx/comisiones.transpor
E-mail: jmduarte@comisiondetransportes.gob.mx, jduarte@infosel.com.mx, jescudero_43@hotmail.com
Atentamente
Dip. Fed. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente de la Comisión de Transportes (PAN)
Dip. Fed. José Rodolfo Escudero Barrera
Coordinador de la Subcomisión de Puertos y Transporte
Marítimo (PVEM)
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión plenaria, el martes 26 de febrero, a las 15 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
del plan de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social.
3. Exposición de parte del C. Lic. Antonio Sánchez
Díaz de Rivera, Subsecretario de Desarrollo Social y Humano, del
Informe Presupuestal 2001.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Cantú Torres
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A la reunión de su Junta Directiva, que se llevará a cabo el martes 26 de febrero, a las 16 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Informe de la Dirección General de Apoyo Parlamentario.
4. Foro Los Infantes y Adolescentes Frente a los Medios
de Comunicación Electrónica.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A la reunión de trabajo de la Subcomisión Responsable de Analizar el Proyecto de Ley Federal de Derechos Lingüísticos, que se realizará el miércoles 27 de febrero de 2002, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión, ubicadas en el edificio D, cuarto nivel.
Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López
Presidente
DE LA COMISION DE INVESTIGACION DE LA PLANTA NUCLEOELECTRICA DE LAGUNA VERDE, VERACRUZ
A su quinta reunión de trabajo, el miércoles 27 de febrero, a las 9 horas, con la presencia de la C. Lic. Carmen Segura Rangel, coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Programa de emergencia radiológica externa.
3. Intervención de los CC. diputados.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Héctor González Reza
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la reunión de la Segunda Subcomisión "Medicina Preventiva o Prevención Primaria", el miércoles 27 de febrero, a las 9 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
Asu reunión ordinaria correspondiente al mes de febrero, el miércoles 27, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la reunión anterior.
4. Análisis de anteproyectos de dictamen pendientes
de trámite legislativo.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Cuahutémoc Montero Esquivel
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la décima tercera reunión de la Primera Subcomisión "Asistencia Médica", el miércoles 27 de febrero, a las 11 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE SALUD
A su vigésima primera sesión de Mesa Directiva, el miércoles 27 de febrero, a las 12 horas, en las oficinas de la Comisión.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
de los anteproyectos de dictamen.
Primera Subcomisión "Administración de Salud"
Coordinadora: Dip. Ma. Elena de las Nieves García
Fernández
Expediente III Horario de Verano. Para
que se derogue el decreto que establece el Horario de Verano.
Expediente 28, IMSS-Solidaridad Guerrero. Proposición con punto de acuerdo para que las comisiones de Salud, de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones legales, recomienden al Instituto Mexicano del Seguro Social, revise la estructura y funcionamiento actual de los hospitales de Alvarez, Tlapa de Comonfort, Huitzuco, Coahuayutla, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán y Arcelia, en el estado de Guerrero, con el propósito de ampliar la cobertura en el régimen de la seguridad social.
Segunda Subcomisión "Medicina Preventiva o Prevención
Primaria"
Coordinador: Dip. Manuel Wistano Orozco Garza
Expediente 11. Elevar la calidad de la nutrición
láctea de los mexicanos. Proposición con punto de acuerdo
para que las comisiones de Salud, Comercio y de Agricultura y Ganadería,
estudien la legislación vigente y las iniciativas en comisiones,
para garantizar que la leche cumpla su papel de mejorar la nutrición
de los mexicanos.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE SALUD
A su décima octava sesión plenaria, el miércoles 27 de febrero, a las 14 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
de los anteproyectos de dictamen.
Primera Subcomisión "Administración de Salud"
Coordinadora: Dip. Ma. Elena de las Nieves García
Fernández
Expediente III Horario de Verano. Para
que se derogue el decreto que establece el Horario de Verano.
Expediente 28, IMSS-Solidaridad Guerrero. Proposición con punto de acuerdo para que las comisiones de Salud, de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones legales, recomienden al Instituto Mexicano del Seguro Social, revise la estructura y funcionamiento actual de los hospitales de Alvarez, Tlapa de Comonfort, Huitzuco, Coahuayutla, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán y Arcelia, en el estado de Guerrero, con el propósito de ampliar la cobertura en el régimen de la seguridad social.
Segunda Subcomisión "Medicina Preventiva o Prevención
Primaria"
Coordinador: Dip. Manuel Wistano Orozco Garza
Expediente 11. Elevar la calidad de la nutrición
láctea de los mexicanos. Proposición con punto de acuerdo
para que las comisiones de Salud, Comercio y de Agricultura y Ganadería,
estudien la legislación vigente y las iniciativas en comisiones,
para garantizar que la leche cumpla su papel de mejorar la nutrición
de los mexicanos.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
A la presentación del libro Construyendo el Nuevo Federalismo, que se realizará el miércoles 27 de febrero, a las 16 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Bienvenida (5 min.)
Dip. Enoch Araujo Sánchez
Presidente de la Comisión de Fortalecimiento del
Federalismo
Exposición de motivos (5 min.)
Dip. Ulises Ramírez Núñez (moderador)
Coordinador de la Subcomisión de Federalismo Político
Comentaristas
1. Rodolfo García del Castillo (CIDE) (10 min.)
2. Dr. Jorge Fernández Ruiz (IIJ-UNAM) (10 min.)
3. Lic. Ricardo Baptista González (AALMAC) (10
min.)
4. Lic. José Oscar Vega Marín (AMMAC) (10
min.)
5. Lic. Sergio Arredondo (Fenamm) (10 min.)
Intervenciones
Dip. Rogaciano Morales Reyes (5 min.)
Integrante de la Subcomisión de Federalismo Político.
Dip. Jaime Vázquez Castillo (5 min.)
Integrante de la Subcomisión de Federalismo Político.
Dip. Marcos Pérez Esquer (5 min.)
Integrante de la Subcomisión de Federalismo Político.
Vino de honor
Organismos Invitados
H. Cámara de Diputados
Comisión de Fortalecimiento del Federalismo
Senado de la República
Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal
Centro de Investigación y Docencia Económica
(CIDE)
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Asociación de Autoridades Locales de México,
AC (AALMAC)
Asociación de Municipios de México, AC
(AMMAC)
Federación Nacional de Municipios de México,
AC (Fenamm)
Secretaría de Gobernación
Centro de Desarrollo Municipal (Cedemun)
Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP)
Centro de Servicios Municipales "Heriberto Jara" (Cesem)
Gobierno del estado de México
LIV Legislatura del estado de México
H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz
H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez
H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
H. Ayuntamiento de Atizapán
Atentamente
Dip. Enoch Araujo Sánchez
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 28 de febrero, a las 16 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer piso.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Informe de la Dirección General de Apoyo Parlamentario.
4. Foro Los Infantes y Adolescentes Frente a los Medios
de Comunicación Electrónica.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA
A su reunión de trabajo, el jueves 28 de febrero, a las 17 horas, en el salón de usos múltiples, del edificio D, planta baja.
Orden del Día
1. Pase de lista.
2. Declaración de quórum.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto del programa anual de la Comisión de Gobernación
y Seguridad Pública 2002.
4. Discusión y, en su caso, aprobación
del proyecto de dictamen a la iniciativa de decreto por el que se derogan
diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas
Civiles.
5. Discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto de dictamen a la iniciativa que deroga la fracción X bis
del artículo 34, para pasar a ser fracción VIII, actualmente
derogada del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.
6. Discusión y, en su caso, aprobación
del proyecto de dictamen a la propuesta con punto de acuerdo, presentada
por la Subcomisión de Discapacidad, de la Comisión de Grupos
Vulnerables, el 11 de diciembre de 2001.
7. Discusión y, en su caso, aprobación del
trámite a la propuesta de punto de acuerdo presentada el 30 de abril
de 2001, por la Dip. Raquel Cortés López del PRI.
8. Discusión y, en su caso, aprobación
del trámite a la proposición con punto de acuerdo, presentada
el 17 de septiembre de 2001, por el diputado Ramón León Morales,
del PRD.
9. Discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo, presentada
27 de noviembre de 2001, por el diputado Abel Trejo González, del
PRI.
10. Discusión y, en su caso, aprobación
del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para
solicitar información en materia de seguridad pública.
11. Informe de actividades del Grupo de Trabajo para analizar
el marco jurídico de juegos y sorteos, a cargo del Dip. José
Antonio Hernández Fraguas.
12. Asuntos generales registrados.
Atentemente
Dip. Armando Salinas Torre
Presidente