México, DF, 6 de febrero de 2002.
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presente
A efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en vigor, el Presidente de ese organismo autónomo deberá presentar en el mes de febrero, a los Poderes de la Unión, un informe sobre las actividades que haya realizado en el periodo comprendido entre el l de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior; señalando dicha disposición que comparecerá primero ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
E igualmente, de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicado el 26 de noviembre de 2001, el informe que presentará el Presidente de la referida Comisión Nacional correspondiente al año 2001, éste abarcará desde el día 16 de noviembre de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001.
Por lo anterior, atentamente solicitamos el acuerdo de esa Mesa Directiva, para que se sirva citar al Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para el miércoles 20 de febrero de 2002, a presentar su informe correspondiente al periodo del 16 de noviembre de 2000 al 31 de diciembre de 2001, en sesión ordinaria de esta H. Comisión Permanente.
Atentamente
Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica)
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a las Comisiones de Puntos Constitucionales, del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, para su dictamen y posterior discusión al pleno de esta Cámara la siguiente iniciativa de reformas a los artículos 1º, 5º y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Exposión de Motivos
El entorno actual que vive nuestro país nos presenta la necesidad de realizar los cambios y adecuaciones pertinentes, que permitan hacer frente a los retos que se avecinan en los años por venir.
Un tema que es sin duda prioridad para la agenda política nacional es el referente al de los trabajadores, quienes con su esfuerzo y trabajo, han colaborado en la construcción de este México.
En las últimas décadas, las condiciones de los trabajadores han cambiado, dicha realidad nos invita a actualizar nuestro marco legal en esta materia. No podemos seguir manteniendo viejos esquemas que están totalmente desfasados.
La obtención de un trabajo en nuestros días, que es base fundamental para el sustento de las familias y dignificación de los hombres, es afectado por condiciones injustas establecidas por el patrón o por el sindicato.
En nuestros días, la discriminación que sufren varios ciudadanos para obtener un trabajo, es notoria, ya sea por su edad, sexo, estado civil, entre algunas. Pero además, se limita, coacciona o se obstaculiza al trabajador, que quiera aspirar a un puesto o trabajo mejor, justificando con argumentos absurdos, desde no pertenecer a alguna organización en particular o por ser contrario a los intereses ya sea del patrón o del sindicato.
Lo anterior, privaba de la oportunidad a cualquier trabajador de mejorar su condición de vida, de tener una mejor proyección profesional, así como coartar el desarrollo profesional y sus aspiraciones.
Esta "exclusividad", que brinda preferencias, para aquellos que resultan ser incondicionales, nos ha dejado como resultado, una falta total de competitividad en el ámbito laboral, beneficiando a aquellos que sin tener las capacidades adecuadas para tal actividad, están ocupando el lugar de otro, que con mejores habilidades, pudiera colaborar en la productividad de la empresa y del país.
Observamos además como el país ha dado pasos importantes en cuanto a la democracia dando el lugar que merece la persona y respetando su voto.
La decisión que cada ciudadano toma, al elegir a sus representantes, por medio del sufragio libre y secreto, en donde el ciudadano asienta su voluntad y exige el cumplimiento de la misma. No es concebible que esta democracia aún no llegue a otros ámbitos, como lo sería el sindical.
No es posible que en lo concerniente a los sindicatos y organizaciones profesionales, la elección de sus dirigencias no se dé por la vía del voto libre y secreto, siendo muchas de las veces, procesos controlados, condicionando la decisión del trabajador y en el peor de los casos, intimidados para ejercer su voto, en forma libre y secreta.
Este derecho no es limitativo para la actividad electoral partidista, sino que debe ser aplicado en aquellos ámbitos en donde la elección de representantes sea indispensable para el futuro de cualquier institución como lo sería el sindicato.
Con base a lo anterior, proponemos una reforma a los artículos 1º, 5º y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permita brindar a los trabajadores las condiciones adecuadas para la realización de su actividad, sin discriminación o condicionando su estancia, así como el respeto a la decisión de elegir a sus representantes sindicales.
Actualmente el párrafo tercero del artículo 1º, establece que queda prohibida toda discriminación motivada por los puntos que se presentan en el texto constitucional. La presente iniciativa plantea la modificación a este párrafo insertando el término "laboral ", toda vez que con ello se precisa que en esta actividad nadie puede ser objeto de discriminación para desempeñar aquella actividad o puesto que sea de su interés o agrado y que de acuerdo a sus aspiraciones personales, no se le discrimine por causas totalmente ajenas a las de los requisitos laborales.
En el párrafo primero del artículo 5º, se determina que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, comercio o trabajo que le acomode. Se propone con la modificación presentada en este artículo, que no se limite a impedir, sino que además, se contemple que tampoco puedan ser condicionados o coaccionados.
Esta "exclusividad" impone muchas veces pertenecer por fuerza a un sindicato, o estar acorde con los intereses del patrón, utilizándose como forma de control político. Con esta modificación se busca poner fin en forma definitiva a la controversia suscitada por la cláusula de exclusión.
La doctrina nos consolida los renglones arriba mencionados, a través del Lic. José Dávalos, quien sostiene que
Se busca con esta modificación hacer realidad la democracia sindical. Que los sindicalizados puedan ejercer el derecho de ejercer su voto en forma libre y secreta, además de aquellos sindicatos de empresarios o de asociaciones profesionales, quienes podrán realizar de igual manera esta actividad, siendo en beneficio para la institución y para el país.
La modificación que se busca, se encuentra acorde como lo precisa el Convenio Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, adoptado el 9 de julio de 1948 por la XXXI Conferencia del Trabajo, en San Francisco, California, en donde asienta en su artículo 3, párrafo primero:
Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 1º, 5º y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 1º, el párrafo primero del artículo 5º, y la fracción XVI del Apartado A, y fracción X del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"Artículo 1º.- ...
............
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad las capacidades diferentes, la condición social o laboral, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Artículo 5º.- A ninguna persona se le podrá impedir, condicionar o coaccionar para que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que más le acomode siendo lícitos...
.........
........
.........
.........
..........
..........
Artículo 123.- ..........
.....................
I.- ... XV.- ...
XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, eligiendo a sus dirigentes por el voto libre y secreto y de igual manera, para la conformación de asociaciones profesionales, etcétera;
XVII. ... XXXI.- ...
B.- ...
I.- ... IX. ............
X.- Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse, formando sindicatos, eligiendo a sus dirigentes por el voto libre y secreto para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, así mismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra.
XI.- ... XIV.- ...
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Al entrar en vigor estas reformas se deberán realizar por parte del Congreso de la Unión y de los Congresos locales, las adecuaciones a las leyes locales y federales, así como a las Constituciones locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México DF, a 6 de febrero de 2002.
Sen. Francisco Antonio Fraile García (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y
de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.
Febrero 6 de 2002.)
CON PROYECTO CON DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 73 Y 76 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE FEBRERO DE 2002
Con el permiso de la presidencia, la suscrita, diputada federal de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Dentro del marco de la reforma del Estado mexicano, para el Partido de la Revolución Democrática resulta claro que ningún país puede ni debe permanecer aislado de la dinámica de la economía y del comercio mundial, pues es una realidad a considerar en cualquier esfuerzo destinado a elaborar un proyecto de país, si se quieren plantear programas viables y sustentables. Pero no debemos permitir que el mercado mundial defina, con la anuencia de los gobiernos, el futuro de nuestros países y de nuestros pueblos. Según el enfoque dominante de libre mercado, el concierto mundial por sí mismo asigna y desarrolla las mejores posibilidades para cada país.
De acuerdo con este postulado no es necesario pensar qué país queremos y podemos ser, simplemente hay que eliminar cualquier traba al mercado y el propio mercado se encarga de ofrecernos el mejor de los países. El llamado libre comercio ha producido exclusión social y económica. Esto ha provocado la estructuración de un segmento social formado por ciudadanos desvalorizados por el proyecto económico vigente y por las sociedades que lo respaldan. La exclusión vuelve a la gente incapaz de insertarse o reinsertarse en el circuito económico; esta imposibilidad lleva a un proceso de descalificación social y a la pérdida de una ciudadanía activa.
Las tendencias recientes tienden a dar libertad absoluta a los capitales, incluidos los especulativos, para mover el mundo al ritmo de sus intereses. Sin embargo, la historia ha demostrado que el mercado por sí mismo no genera desarrollo y mucho menos justicia social. Debemos caminar hacia la construcción de una economía mundial regulada nacional y supranacionalmente, de tal manera que se aseguren la paz, la democracia, el desarrollo sustentable y la estabilidad económica con bienestar social tanto nacional como internacionalmente.
De ahí pugnar por la existencia de un proyecto nacional de desarrollo para el país y no dejar al mercado la definición del mismo, así como regular nacional y supranacionalmente al capital, especialmente al especulativo.
El Estado mexicano debe pugnar en el concierto internacional por lograr reglas alternativas que regulen la economía mundial y en nuestro hemisferio basadas en una lógica económica distinta: el comercio y la inversión no deben ser un fin en sí mismo, sino instrumentos para el desarrollo justo y sustentable. La propuesta debe privilegiar una lógica social, e incluir aspectos como los derechos humanos, laborales, la igualdad de género, el medio ambiente y los derechos de las minorías.
Dicha propuesta responde también a un imperativo ético. Debemos negarnos a aceptar al mercado como un dios que regule nuestras vidas. Debemos negarnos a aceptar como inevitable un modelo globalizador que excluye a la mitad o más de la mitad de la población mundial de los beneficios del desarrollo. Debemos negarnos a aceptar que la depredación de la naturaleza sea inevitable y un mal necesario en aras del crecimiento. Detrás de las estrategias económicas impuestas en la última década subyace una concepción inaceptable de la persona humana y una cultura que es necesario erradicar.
A partir de 1986 México entra al GATT (OMC) y a partir de ahí inicia un proceso de negociación de acuerdos comerciales con el exterior, entre los cuales destacan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado con Estados Unidos y Canadá, el cual entró en vigor el 10 de enero de 1994, así como el recientemente negociado con la Unión Europea. Asimismo, se han firmado a la fecha acuerdos con varios países centroamericanos y otros países del mundo; son 27 acuerdos, la mayoría de ellos tomando como modelo el TLCAN. Todos estos tratados fueron negociados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, en el caso del TLCAN en un solo día, sin discusión alguna. Asimismo, fueron acordados sin tomar en cuenta las opiniones de sectores de la sociedad mexicana que sintieron vulnerados sus intereses y derechos, tales como algunas asociaciones de micro y pequeños empresarios, agricultores, sindicatos, organizaciones de campesinos e indígenas, etc. En el caso del Acuerdo con la UE, el voto en contra de algunos legisladores se basó en que deja a discreción del Ejecutivo la terminación de la negociación en una serie de temas, sin que exista la obligación del mismo de pasar a ratificación éstos acuerdos. No existen en la legislación actual mecanismos claros de evaluación de los Tratados, ni formas explícitas para incorporar a la sociedad civil en éstos procesos.
A casi dos décadas de iniciado éste modelo de apertura y a seis del TLCAN podemos afirmar que los problemas económicos y sociales de desigualdad, desempleo y precarización del empleo, disminución del ingreso per cápita, reducción del mercado interno, desmantelamiento de la planta productiva nacional, concentración del ingreso, pobreza y marginación, crecimiento inestable y desequilibrios sectoriales, incremento de la deuda pública externa e interna, se han profundizado. No planteamos que sean los acuerdos comerciales los únicos culpables de ésta situación. Pero éstos acuerdos son parte de una política económica cuyos resultados están a la vista, y particularmente se trata de instrumentos que han profundizado o agudizado los problemas, más que tender a resolverlos. Lo que lleva a considerar que fueron mal negociados o en todo caso, negociados en contra o al margen de los intereses de los mexicanos. Pero aún cuando los tratados internacionales en virtud del artículo 133 constitucional son Ley Suprema de toda la Unión, no son inamovibles o eternos. Pueden renegociarse en los términos en ellos pactados, y modificarlos para adecuarlos a los planes de desarrollo nacional.
Con la presente iniciativa de reformas pretendemos: a) operativizar y asegurar que los tratados internacionales en materia económica y de comercio que formalizan la globalización, sean benéficos para el país, asegurando los siguientes cuatro principios: participar en la economía mundial desde un proyecto nacional consensado y democráticamente ratificado. La globalización debe ser regulada nacional e internacionalmente y no dejada simplemente a las fuerzas del mercado. La globalización debe no sólo globalizar los derechos del capital, sino también el de la población al desarrollo sustentable y justo. La condición de posibilidad de los tres anteriores es que la negociación de los acuerdos internacionales sea de cara a la sociedad y ratificada bajo formas reales de consulta.
1.- El Congreso de la Unión debe legislar un marco de principios que normen la orientación y parámetros dentro de los cuales puede negociar los acuerdos económicos y comerciales el Poder Ejecutivo y no simplemente ratificar al final sus resultados. La ley debe incluir la obligación del Ejecutivo de pedir autorización al Congreso para negociar y hacerlo dentro de los lineamientos que le marque la ley y la autorización del Congreso. Asimismo, debe informar al Congreso y a la población durante el proceso de la negociación y los resultados al final de la misma. 2.- La Cámara de Diputados debe participar en la ratificación de los Tratados económicos y de comercio. Dichos tratados económico-financieros tocan tal cantidad de temas y materias que no se justifica el que se excluya a los diputados de su discusión y ratificación. 3.- Para la ratificación de tratados de menor jerarquía deben aplicarse los criterios del artículo 26 sobre procedimientos de participación y consulta popular previstos para el sistema nacional de planeación democrática y para la formulación, instrumentación control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 4.- El Ejecutivo debe considerar en todo momento, las recomendaciones que provengan del Poder Legislativo, derivadas de estudios de impacto de los tratados comerciales, y en su caso, iniciar los procesos de renegociación que convengan al país, poniendo siempre los intereses nacionales por delante.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la suscrita, diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en el artículo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Proyecto de Decreto
ARTICULO PRIMERO.- Se añade una fracción XXXI al artículo 73 y se modifica la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera:
Artículo 73
El Congreso tiene facultad:
XXXI.- Aprobar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo de la Unión.
Son facultades exclusivas del Senado:
I.- Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso y las convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión;
Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de febrero de 2002.
Dip. Miroslava García Suárez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Febrero 6 de 2002.)
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 2-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RELATIVO A LA APLICACION DE LA TASA 0 DEL IVA AL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE PARA USO DOMESTICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE FEBRERO DE 2002
El suscrito, diputado Tomás Torres Mercado, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2-A, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, conforme a la siguiente:
Exposición de Motivos
1. La Constitución de nuestro país, en el artículo 31, fracción IV, establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos. En este mismo precepto se establecen las condiciones para que los mexicanos paguemos contribuciones: que sean proporcionales y equitativas.
2. La proporcionalidad y equidad derivan de un principio teórico conocido como justicia en la imposición, según el cual, las contribuciones que paguen los gobernados deben corresponder a su capacidad económica.
3. En base a este principio de justicia en la imposición, en los últimos años se estableció una disposición dentro de los artículos transitorios de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que consistía en gravar con tasa 0 el pago de este impuesto, tratándose del servicio o suministro de agua potable para uso doméstico.
4. Las razones de esta aplicación de tasa 0, son de carácter económico y de protección a la mayoría social pobre de este país. El propósito es evitar el encarecimiento del servicio público de agua potable para uso doméstico y con ello, evitar golpear más la, de por sí, débil economía familiar de la mayor parte de los mexicanos.
5. Desde hace algunos años y hasta la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el año próximo pasado, 2001, esta aplicación de tasa 0 tuvo vigencia en nuestro país. Sin embargo, es de todos conocido, que en las reformas aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión, en las disposiciones correspondientes para el ejercicio fiscal 2002, se omitió la norma de imponer tasa 0 en el pago del impuesto sobre el valor agregado, al servicio o suministro de agua potable para uso doméstico, lo que, evidentemente, provoca que este servicio cause el 15 por ciento de IVA, en perjuicio de la población mexicana.
6. El cobro de 15 por ciento de IVA a los usuarios del servicio de agua potable para uso doméstico, sin duda alguna, es una disposición regresiva, pues extrae mayores recursos a quien menos ingresos tiene.
7. En ese marco, se impone la necesidad de dar seguridad y certeza jurídica a los mexicanos, en el caso de la aplicación de tasa 0 al pago de IVA al servicio de agua potable para uso doméstico. Para ello, es preciso modificar el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el objeto de adicionar la hipótesis normativa, y por tanto, incluir dentro de los servicios gravados con tasa 0 de IVA, al de suministro de agua potable para uso doméstico.
8. Jurídica y éticamente, es un error aumentar los impuestos que perjudican a la mayoría pobre de nuestro país. Queda pendiente una reforma fiscal, integral, progresiva, equitativa, que resuelva de raíz los problemas del sistema tributario mexicano. Mientras tanto, en ayuno de voluntad política y capacidad de encontrar consensos, no perjudiquemos más a los que menos tienen.
Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta soberanía, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, relativo a la aplicación de tasa 0 en el pago del Impuesto al Valor Agregado, al servicio o suministro de agua potable para uso doméstico
ARTICULO UNICO.- Se adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 2-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:
..........
II. La prestación de los siguientes servicios independientes:
a) a g) ..........
h) Los de servicio o suministro de agua potable para uso doméstico.
III. .........
IV. ...........
Dip. Tomás Torres Mercado (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Febrero 6 de 2002.)
La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo en relación a las remuneraciones que reciben presidentes municipales del estado de México, al tenor de las siguientes consideraciones:
1. Durante décadas, la prestación del servicio público a los más altos niveles y la ostentación de un cargo de representación popular no han tenido otra finalidad que ser la vía más corta al enriquecimiento y el tráfico de influencias. La obtención del lucro a través de una carrera política constituyó uno de los rasgos distintivos del régimen priísta. Lo anterior abonó en que el oficio político y el servicio público fueran percibidos por la población como sinónimo de corrupción y abuso.
La intensa movilización cívica y social que ha conquistado avances significativos en materia de libertades, garantías y derechos; que ha abierto la representación política y que ha ventilado la discusión de los asuntos públicos, obliga a quienes ejercemos la representación popular a asumir una actitud responsable y republicana, seria y constructiva. Lo que está en juego es el futuro de la nación.
2. En ese sentido, es alarmante que algunos presidentes municipales del estado de México, emanados del Partido Acción Nacional, conserven la cultura política mexiquense, que antaño definió a los políticos priístas: "un político pobre es un pobre político". Lamentable es la conceptualización que aún guarda la ciudadanía de los políticos.
La percepción que guardan los ciudadanos de varios de los alcaldes del Partido Acción Nacional en la zona conurbada con el DF es de un saqueo descarado de las arcas municipales al asignarse sueldos que van de los 100 a los 400 mil pesos mensuales, que de manera discrecional o encubierta reciben a través de bonos, compensaciones, gastos de representación, viáticos y otras modalidades.
A fines del mes de enero, los medios de comunicación registraron una relación de las percepciones de alcaldes mexiquenses panistas elaborada por la Contaduría General de Glosa de la Cámara de Diputados del estado de México.
La relación documentaba que Agustín Hernández Pastrana, alcalde de Ecatepec, recibió en noviembre de 2000 una percepción de 420 mil 447 pesos con 56 centavos; Fernando Covarrubias Zavala, munícipe de Cuautitlán Izcalli, obtuvo en septiembre del mismo año un salario de 179 mil 765 pesos; el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Juan Antonio Domínguez Zambrano, ganó 145 mil pesos con 10 centavos; un poco más abajo estaban los presidentes de Tecámac y Ocoyoacac, Gilberto Sámano Uribe y Guillermo Espinosa Cruz, con salarios de 141 mil 695 y 130 mil pesos, respectivamente.
No quedan atrás Eduardo Contreras Fernández y Juan Carlos Núñez Armas, presidentes municipales de Naucalpan y Toluca, con una remuneración de 117 mil 976 pesos con 81 centavos y de 106 mil 501 pesos con 60 centavos, respectivamente. En el rango de los 90 mil pesos mensuales están los alcaldes de Tlalnepantla, Villa Nicolás Romero, Metepec y Lerma.
Estos sueldos contrastan con la realidad de los casi 13 millones de mexiquenses, de los cuales la mitad vive en condiciones de pobreza y sólo el 17% del total de la planta laboral percibe tres salarios mínimos al mes.
Con el sueldo recibido por estos presidentes municipales en un mes, aproximadamente un millón 747 mil pesos, podrían financiarse cualquiera de los siguientes conceptos:
El munícipe de Cuautitlán afirma que su sueldo es proporcional "a los trabajos realizados y la responsabilidad" y que "cualquier gobernante que tenga una percepción alta y justifique lo que haga, debe ser aplaudido por la ciudadanía".
No imagino el sacrificio del presidente de Atizapán que dice que el ejercicio en el gobierno significa una carga importante, que (cito) "dar toda tu vida en esto es sumamente desgastante".
Eduardo Contreras Fernández, munícipe de Naucalpan, se declara ofendido pues dice que está bien preparado, que tiene experiencia y su responsabilidad demanda que las arcas municipales le paguen los favores recibidos en el ejercicio de gobierno. Y reta: "Si está mal que alguien venga y me lo diga". Para aliviar su conciencia, este personaje decidió donar la mitad de su sueldo al DIF estatal. Claro, mientras dure el análisis que realiza el Congreso local.
Agustín Hernández Pastrana, alcalde de Ecatepec, acumula bonos, salario y otros conceptos por casi medio millón de pesos, lo que, según él, resultó de una decisión "lamentable" del Cabildo, y remata: "Los panistas vinimos a dar, a entregarnos, a trabajar, a apoyar, no vinimos por el dinero, definitivamente". Cualquier ciudadano podría preguntaría: ¿qué tal si así fuera?
Si los 145 mil pesos mensuales que recibe Juan Antonio Domínguez Zambrano, alcalde de Atizapán, son "un sueldo acorde a su responsabilidad", que entonces ilustre a la opinión pública si, por ejemplo, su "responsabilidad" es tres veces menor que la de su colega de Ecatepec; si es similar a la del Presidente de la República o si equivale al doble de responsabilidad de gobernar la ciudad de México.
4. Los casos expuestos tienen el antecedente de la doble nómina que mantuvo el Gobierno Federal en el año 2000, cuando había un "equipo de transición" que, se decía, iban a trabajar sólo por "amor a México". Claro, sin embargo, trascendieron después las irregularidades y la exacta traducción de ese "amor" a altas cifras en pesos y centavos. No está de más recordar el incremento escandaloso al gasto de la Oficina de la Presidencia propuesto por el Ejecutivo Federal mientras eliminaba partidas destinadas al desarrollo regional y local.
El descaro de estos presidentes municipales panistas ruborizó hasta a personajes de Acción Nacional. El secretario de Acción Gubernamental de este instituto político los calificó de "desorbitados" y "escandalosos". El diputado Calderón Hinojosa pidió terminar con alcaldes que ganan 200 o 300 mil pesos mensuales en localidades de pobreza. Creo que si queda congruencia en el Partido Acción Nacional, deberá apoyar medidas legislativas y de fiscalización que acaben con esta visión patrimonialista del ejercicio del poder público en las entidades federativas.
En la Declaración de Principios del Partido de la Revolución Democrática figura el compromiso de luchar por la eliminación de los recursos destinados a gastos onerosos, ilegales, poco transparentes, ineficientes o de baja prioridad, con el propósito de elevar las asignaciones a los rubros que conducen al logro de las metas de desarrollo incluyente y el cumplimiento de las responsabilidades sociales del Estado. Para eso, el PRD pugna por cancelar los bonos y remuneraciones injustificadas de altos funcionarios y combatir frontalmente la corrupción y la confluencia ilegítima de los intereses del poder económico con el poder público.
Nuestro objetivo es abrir un espacio de análisis y discusión entre ciudadanos y gobierno respecto de un tema fundamental en la vida de la comunidad, como es el Presupuesto de Egresos aprobado para este año del 2002. Los recursos públicos pertenecen a los ciudadanos y es obligación de los poderes Ejecutivo y Legislativo informar ampliamente sobre su uso, las metas que se pretenden alcanzar y sobre todo las necesidades que serán cubiertas con los impuestos, los derechos, los aprovechamientos que pagamos todos los habitantes de la Federación.
Considero indispensable que la Cámara de Diputados intervenga en este análisis y aporte a la población los argumentos que se tomaron en cuenta para definir el presupuesto que será administrado por el Ejecutivo.
Considero, también, que en el marco de sus atribuciones, el Congreso de la Unión debe proponer a las instancias que le corresponden el tomar las medidas conducentes para que definir los mecanismos legales de aplicación general que impidan la utilización abusiva de recursos municipales, independientemente del partido político de origen de los integrantes del cabildo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a las soberanías estatales y bajo un principio federalista, exhorta a los Congresos de la entidades federativas de nuestro país, a revisar el marco legal respecto a las facultades y atribuciones de los cabildos municipales en materia de asignación de sueldos y prestaciones de los funcionarios municipales, de manera que guarden coherencia con la situación socioeconómica de los municipios que gobiernan.
Se les exhorta, asimismo, a instrumentar los mecanismos de seguimiento, control y sanción que eliminen la discrecionalidad y el abuso en el manejo de las arcas públicas municipales.
Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Febrero 6, 2002.
Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica)
(Turnada a la Primera Comisión de la Comisión
Permanente. Febrero 6 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS SUELDOS DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO, PRESENTADA POR EL SENADOR JORGE ZERMEÑO INFANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE FEBRERO DE 2002
Los suscritos diputados y senadores del Partido Acción Nacional, integrantes de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esa H. Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Exposición de Motivos
1. Se observa que en algunos ayuntamientos, los miembros que los integran y otros servidores públicos municipales, así como diputados de distintas legislaturas locales, perciben salarios elevados que no guardan conformidad con las funciones que tienen encomendadas, ni son equitativos.
Los emolumentos que perciben los servidores públicos de elección popular y otros altos funcionarios municipales y estatales, son variables según la entidad federativa o municipio donde realizan su función pública.
2. A fin de evitar el incremento inmoderado de los emolumentos, es necesario que en las entidades federativas los Congresos locales establezcan normas y prestaciones para regular las dietas y sueldos que devengan con motivo de su trabajo, a fin de que dichos ingresos se ajusten a criterios de responsabilidad equidad, transparencia y moderación, de acuerdo al cargo que desempeñan.
Por todo lo anterior sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Esta Comisión Permanente hace un exhorto a las Legislaturas locales de las entidades federativas y a los ayuntamientos, para que se establezcan normas que señalen parámetros y criterios para el establecimiento de dietas, salarios y prestaciones que perciban los integrantes de los ayuntamientos, de los Congresos locales y los servidores públicos municipales y estatales, con objeto de que tales percepciones sean equitativas, transparentes y acordes con las responsabilidades que tienen encomendadas en el ejercicio de la función pública.
Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Dip. Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica).
(Turnada a la Primera Comisión de la Comisión
Permanente. Febrero 6 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA ROCA FOSFORICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PRESENTADA POR EL SENADOR RICARDO GERARDO HIGUERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE FEBRERO DE 2002
Vengo a esta tribuna para presentar la gran preocupación de una entidad federativa, la gran preocupación del pueblo de Baja California Sur, por la difícil situación que están enfrentando un significativo número de trabajadores y sectores productivos por el problema que se esta viviendo en una de las empresas de relevancia nacional denominada Minera Rofomex, SA de CV, misma que por muchos años ha representado un puntal de gran importancia para la generación de empleos y la economía de esta entidad.
En ese sentido, planteo a esta Comisión Permanente la necesidad de que esta soberanía acuerde solicitar al Ejecutivo federal su intervención para que se atienda y resuelva, por la urgencia del caso, el problema que viven los trabajadores de la empresa Minera Rofomex, SA de CV, con base en las siguientes:
Consideraciones
Minera Rofomex, es una empresa dedicada a la extracción de mineral de roca fosfórica, elemento fundamental de la producción de fertilizantes, ingrediente básico de la actividad agropecuaria nacional, y es la única empresa dedicada a este ramo en el país, lo que la constituye en una empresa estratégica de la cadena productiva nacional, ya que la suspensión de sus actividades obliga a que nuestro país deba importar ese recurso y a la posibilidad de desabasto del mercado nacional, con del riesgo implícito que significa para la actividad agrícola de México.
Esta empresa está constituida por capital privado, así como por una importante participación del gobierno federal y desde el inicio de sus operaciones en 1975 se ha constituido en la empresa extractiva más relevante de la zona sur de la entidad y la segunda a nivel estatal, después de la empresa exportadora de sal de Guerrero Negro; y es base de la actividad económica regional, empleando actualmente a casi 700 trabajadores, los cuales generan más de 3 mil empleos indirectos, agrupados fundamentalmente en acarreo de materiales, mantenimiento, transporte de personal, entre otros.
Además, producto del funcionamiento de esa empresa se ha desarrollado una comunidad llamada San Juan de la Costa, constituida por los trabajadores de esta empresa y sus familias, cuya existencia depende totalmente de esa fuente de trabajo.
Como consecuencia de los daños sufridos por él huracán Juliette en el mes de septiembre pasado en las instalaciones de esa empresa, se interrumpieron sus operaciones, llegando a un convenio con los trabajadores para suspender temporalmente las labores, durante los meses de diciembre de 2001 y enero de 2002.
Asimismo, se acordó que al término de este plazo, y en caso de que no se hiciera posible reanudar las labores en la empresa, se revisaría la situación de esa industria con los trabajadores.
Actualmente, a partir del primero de febrero se venció el plazo de dicho convenio y existe una gran incertidumbre, sobre todo en los trabajadores de ésta, porque hasta hoy no existen visos de solución del problema, pues no se han iniciado las labores de reparación y rehabilitación de la infraestructura perdida, que originalmente se señaló como causa de suspensión de las actividades.
Por su parte, la empresa había realizado en los meses anteriores a la suspensión de labores, una fuerte inversión estimada en 80 millones de dólares, orientada a elevar su producción de 1 millón a dos millones de toneladas anuales de roca fosfórica, evidenciándose con esto la factibilidad de la empresa.
Sin embargo, después de los daños ocasionados por el huracán Juliette que motivó la suspensión de las actividades, la empresa no ha realizado ninguna acción encaminada a la reanudación de éstas y, por lo contrario, la terminación del convenio de suspensión de labores con los trabajadores ha provocado una gran inquietud de la planta laboral por el destino de la empresa.
Nos preocupa, además de la situación de los trabajadores, el impacto que la suspensión indefinida de la empresa traería a la población de Baja California Sur, agregándose a otros factores adversos, tales como la disminución de los ingresos del turismo extranjero, ocasionados por la desfavorable situación económica mundial, entre otros.
Creemos que el gobierno federal, como responsable de la política minera del país, y en su calidad de socio de la empresa Roca Fosfórica Mexicana, debe disponer de acciones inmediatas a fin de que se resuelva este problema social que vive ese estado.
La primera acción que debe atender la gestión del Ejecutivo federal, es la reapertura inmediata de las actividades de la empresa, con lo que se resolverá, además de un problema económico que tiene que ver con la industria minera y la producción agropecuaria, un conflicto social que ya se ha manifestado en esa entidad.
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución General de la República, 116, 122 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, los legisladores firmantes, nos permitimos presentar a esta Comisión Permanente, para su aprobación, como de urgente y obvia resolución, el presente
Punto de Acuerdo
Unico.- Esta Comisión Permanente acuerda solicitar al ciudadano Presidente de la República su intervención para que las secretarías de Energía, de Economía y del Trabajo y Previsión Social, realicen las gestiones y tomen las decisiones pertinentes que permitan la reapertura inmediata de la empresa Minera Rofomex, SA de CV, en Baja California Sur, orientadas a mantener esa importante fuente de empleo e ingreso para miles de familias sudcalifornianas y asegurar el abasto al mercado nacional de un importante insumo para la industria y la actividad agropecuaria de nuestro país.
Sen. Ricardo Gerardo Higuera (rúbrica), Dip. Rosa Delia Cota Montaño (rúbrica), Sen. José Carlos Cota Osuna (rúbrica), Sen. Rodomiro Amaya Téllez (rúbrica), Dip. Magdalena Núñez Monreal (rúbrica), Sen. Francisco Fraile García (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. César Camacho Quiroz, Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Sen. Armando Chavarría Barrera (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social de la Cámara de Senadores. Febrero 6 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA VISITA DEL PRESIDENTE VICENTE FOX A CUBA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MAGDALENA NUÑEZ MONREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 6 DE FEBRERO DE 2001
Honorable Asamblea:
La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:
1.- Es evidente que el gobierno mexicano opera un cambio sustancial en la política internacional a partir del enorme deseo de quien conduce la política internacional de México de agradar a los Estados Unidos de América. El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda impulsa una agresiva e intensa actividad política internacional sobre la apuesta al bono democrático del Presidente Fox. El principio democrático es el paradigma ideológico de nuestro tiempo y la mayor potencia mundial, su paladín. No importa que esa potencia bombardee a uno de los países más pobres para combatir a terroristas que ella llevó al poder. El bono democrático del que goza el Ejecutivo federal ofrece garantías al mundo y abre posibilidades inéditas de interlocución internacional. No es un dato menor el asiento principal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ocupa México. No cabe duda del reconocimiento mundial que ello implica.
2.- Sin embargo, parece escapársele al Secretario que el bono democrático no es a favor del Presidente Fox; es a favor de México. Es decir, somos los mexicanos a quienes nos corresponde el mérito de llevar a cabo un cambio de régimen de manera pacífica y ordenada y el mundo lo reconoce como un gran acierto. Y hemos aceptado que el señor Vicente Fox nos represente como Ejecutivo federal, aunque la mayoría no votó por él. Lo hacemos porque aceptamos las reglas del juego democrático.
Por ello mismo, debemos exigir que el Presidente acepte las reglas y cumpla con el mandato constitucional que le ha sido conferido. No basta asegurar que se respetan los principios de nuestra política internacional, cuando las evidencias señalan lo contrario, sino que es necesario informar con claridad cuáles son los propósitos, bases, propuestas y objetivos de una visita de trabajo del Ejecutivo como la que ha realizado a Cuba.
Es indispensable dar a conocer previamente su agenda y cumplirla. El Presidente no se representa a sí mismo sino que acude en representación de los intereses del país.
La responsabilidad de trabajar para los mexicanos implica informar y consultar lo que se decide hacer. Sobre todo cuando las decisiones repercuten en todo el conjunto de las relaciones internacionales, como es el caso de nuestra relación con Cuba.
3.- La reunión del Presidente Fox con grupos disidentes cubanos, más allá del riesgo de extralimitarse e intervenir en asuntos internos del país anfitrión, no es una decisión cualquiera. Una acción de esta naturaleza, que atañe a los principios de nuestra diplomacia, se decidió de un día para otro, sin mayor consulta, sabiendo de la oposición de amplios sectores sociales y de las repercusiones políticas, no sólo para esta relación sino para el conjunto de nuestras relaciones internacionales.
Aquí lo fundamental es el engaño al Congreso, pues es evidente pues se planeo con tiempo el encuentro y no se informó a quien autoriza los viajes, esto es al Congreso de la Unión.
4.- El tema no es menor. En términos de política internacional, para México, Cuba no es cualquier país latinoamericano, ni México lo es para Cuba. Para nosotros, el país caribeño representa una de las luces de nuestra diplomacia. La postura que ha mantenido nuestro país durante cien años y, particularmente, frente al bloqueo impuesto por Estados Unidos se reconoce como un hito en la diplomacia y el derecho internacional; es un referente de dignidad, solidaridad y legalidad. No creo que a los mexicanos nos importe poco ese reconocimiento y esa dignidad.
Para los cubanos, México ha sido el mayor apoyo político que ha tenido frente al bloqueo, que es ilegal, injusto e inhumano. Tenemos el honor de impulsar, como nación, una política clara y definida, abierta y respetuosa, sincera y honesta de defensa de la soberanía y la libre autodeterminación.
Los mexicanos nos merecemos una explicación clara y precisa de la actitud del Presidente y del Secretario de Relaciones Exteriores. Manejar, frente a cualquier país, pero en particular frente a Cuba, una política de simulación y verdades a medias que nos pueden llevar al descrédito y el desprestigio internacional.
5.- La prisa de nuestro gobierno por ganarse un lugar de privilegio en la agenda de los Estados Unidos resulta sumamente riesgosa. Sobre todo, en un contexto internacional que ha cambiado radicalmente a partir del 11 de septiembre.
En efecto, se trata de un nuevo escenario en el que se está reconfigurando el poder global. Mientras continúa la consolidación de inmensas corporaciones económicas e instituciones financieras y comerciales "extrasoberanas" con una creciente capacidad para destruir economías enteras, el mayor poder político del mundo avasalla militarmente países y regiones pobres.
6.- Esta nueva situación internacional, de enorme tensión y destino incierto, exige voces prudentes, conciliadoras, y sobre todo, sustentadas en los principios elementales de convivencia pacífica y legalidad internacional. Nuestro país no puede, por una veleidad presidencial o por una errónea lectura de los acontecimientos, perder la dignidad de su voz y su postura en el concierto de las naciones. Mucho nos ha costado mantener esa voz y esa postura para perderla en un contexto que la exige hoy más que nunca.
Por ello, compañeros legisladores, considero que es fundamental realizar una profunda revisión de la política internacional de la presente administración. La reunión del Presidente mexicano con disidentes cubanos, por sí misma y por la forma en que se llevó a cabo, es una muestra más de la soberbia y el desaseo con que se están conduciendo las relaciones internacionales de nuestro país. Nuestra posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nos compromete aún más para mantener nuestras posturas. El riesgo de no hacerlo así es que sea sólo la oportunidad de tirar por la borda cincuenta años de prestigio en el mundo.
7.- Las preocupaciones sobre la conducción de nuestras relaciones internacionales nos han llevado, como legisladores, a manifestamos en esta tribuna. Se propuso un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a conducirse con apego al mandato constitucional, a manifestarse explícitamente contra el bloqueo y a no intervenir en asuntos internos de la Isla.
El Ejecutivo, en cambio, abrió las puertas de nuestro país, la embajada en Cuba, a un grupo de disidentes cubanos, en una reunión supuestamente no agendada y de la que se negó, a esta soberanía, la más mínima información.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia por emitir un extrañamiento al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, por apartarse de los principios constitucionales de no intervención y de libre determinación de los pueblos, en su más reciente visita de trabajo a Cuba, así como por negar información a esta soberanía sobre las actividades que llevaría a cabo en ella. Se le exhorta, asimismo, para que en futuras visitas de Estado se ciña plenamente a dichos principios.
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, a comparecer ante esta soberanía para que informe, con detalle y sin ambigüedades, sobre las actividades, los acuerdos sostenidos y las reuniones realizadas por el Presidente Fox y su comitiva, durante la reciente visita de trabajo a la República de Cuba.
Dip. Magdalena Núñez Monreal
Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 6 de febrero de 2002.
(Turnada a la Segunda Comisión de la Comisión
Permanente. Febrero 6 de 2002.)
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y análisis el punto de acuerdo presentado en sesión plenaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión del día miércoles 30 de enero del año en curso, donde la C. senadora Martha Sofía Tamayo Morales a nombre de los integrantes de grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la emisión de un criterio de observancia general en relación a la causación de la tasa cero del servicio o suministro de agua potable para uso doméstico, el cual fue turnado en sesión plenaria de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de su análisis en los términos de los artículos 58 y 60, párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
A partir del estudio del expediente en cuestión y de conformidad con los artículos 93, 94 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos exponer los siguientes:
Considerandos
I. A partir del año de 1996 y para entrar en vigor en el año siguiente, la Ley del Impuesto al Valor Agregado estableció en su artículo noveno transitorio, fracción segunda que el servicio o suministro de agua para uso doméstico se causará a la tasa del cero por ciento.
II. Tal disposición se retorna integra para el siguiente ejercicio fiscal, en la fracción tercera del artículo octavo transitorio.
III. Es necesario cubrir el vacío jurídico existente actualmente, con la finalidad de no permitir la existencia de alguna duda o interpretación, en esta cuestión, a los organismos operadores del agua potable en perjuicio de la población.
En virtud de lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión considera que ante la falta de disposición expresa para el presente ejercicio fiscal acerca de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, respecto al servicio o suministro de agua potable para uso doméstico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá declarar prorrogado el efecto del artículo sexto transitorio, fracción segunda de la Ley del Impuesto al Valor Agregado del año anterior, que establece tasa cero para tal rubro y ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación como criterio de observancia general.
Salon de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2002.
Tercera Comisión: Dip. Efrén Leyva Acevedo (rúbrica), Presidente; Dip. Miroslava García Suárez (rúbrica), secretaria; Sen, César Camacho Quiroz, secretario; Dip. J. Camilo Mouriño Terrazo, secretario; Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica); Sen. Fauzi Hamdam Amad (rúbrica); Sen. Miguel Angel Navarro Quintero (rúbrica); Dip. Roberto Ruiz Angeles (rúbrica); Sen. Francisco Fraile García (rúbrica); Dip. Manuel Medellín Milán (rúbrica); Dip. Manuel Sepúlveda Fayad; Dip. Jaime Salazar Silva (rúbrica); Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica); Dip. Juan Carlos Regis Adame (rúbrica); Dip. Herbert Taylor Arthur (rúbrica).
(Aprobado en votación económica. Febrero
6 de 2002).
Informe sobre la visita a Nicaragua realizada por un grupo de diputados acreditados como observadores del proceso electoral en ese país.
1 al 5 de noviembre de 2001.
Durante los últimos meses en Nicaragua se había diagnosticado un empate técnico entre los candidatos de los partidos representativos de corrientes ideológicas polarizadas en la izquierda y la derecha: Frente Sandinista de Liberación Nacional y Partido Liberal Constitucional, con una interesante participación del Partido Conservador, lo cual apuntaba hacia un resultado incierto, que podría reflejar una votación con escasa diferencia entre las dos fuerzas políticas más importantes de Nicaragua, los elementos de análisis coinciden en las siguientes cuestiones:
2. El ejercicio del poder del actual gobierno mantiene cuatro vínculos con fuerzas reales de poder, a saber: los empresarios, el clero, la embajada norteamericana y el bloque de embajadores europeos.
3. El sandinismo, después de la pérdida del poder, sufrió un desgaste en el cual se superlativizaron las fallas y errores originados en su corto ejercicio de gobierno acusado de ideologización del gobierno, corrupción y abusos graves del poder.
4. El lamentable incidente de la familia Ortega en el cual la hija de la poetisa Rosario Murillo, esposa del candidato del FSLN, lo acusó de pretender consumar en su persona un acto de violación, fue capitalizado por la prensa tradicionalmente enemiga del sandinismo, y las homilías de los sacerdotes de la iglesia, sin duda alguna dañaron su imagen.
5. Aunque los partidos contendientes, en especial el Frente Sandinista, pudo capitalizar como una línea crítica hacia el gobierno la dominante corrupción del actual régimen. El candidato del Partido Liberal, Bolaños, un empresario que fue encarcelado en la etapa de la Revolución Sandinista, y que salió de la cárcel gracias a las gestiones de la Embajada de México en Nicaragua en 1982, contendió con una aureola de demócrata, empresario de la resistencia y promotor del desarrollo económico del país, católico devoto, padre y abuelo de una familia conservadora y prestigiada en la sociedad nicaragüense.
En cuanto a los programas de gobierno y ofertas a la ciudadanía por cada uno de los partidos destacaron en su propaganda los siguientes slogans mercadotécnicos:
Mil observadores extranjeros de la ONU, la OEA, los Estados Unidos, la Unión Europea y toda clase de organizaciones, acudieron en masa al Instituto Electoral Nicaragüense para acreditarse y dedicarse a visitar el país y transitar en la ciudad en la búsqueda de los centros de acopio de votos.
En ningún momento se percibió riesgo de alteración del orden, a tal grado que la propia ex presidenta Violeta Chamorro manifestó su desconcierto ante el anuncio de que el presidente decretaría el estado de emergencia.
Entre las líneas más relevantes destacó el activismo del embajador norteamericano que sin el menor recato recordaba la antigua amistad de Ortega con los terroristas como Kadafi y su antiguo vínculo con las guerrillas, el riesgo de la inseguridad y la irritación de su gobierno en plena cruzada internacional contra el terrorismo.
Por otra parte, el obispo Ovando, antisandinista que en el pasado fue un permanente aliado de los contras, convocó a un misa en plena plaza, a la que acudieron Daniel Ortega y su esposa, y sin ningún pudor y con un claro sentido de abierto proselitismo a favor del Partido Liberal hizo una convocatoria a defender la integridad y la moral de los hogares, el progreso, la paz y la seguridad en Nicaragua.
Dicha misa se reprodujo en televisión durante varios días en abierta propaganda antisandinista.
El día 5 en las primera horas, antes de que se informase del cómputo final, Daniel Ortega reconoció su derrota.
Consideraciones finales
Nicaragua no escapa a los efectos de una larga crisis que le ha hecho depender de la cooperación internacional.
Su estratosférico endeudamiento externo nunca terminará. La mayor insuficiencia estructural para su desarrollo es la falta de recursos petroleros y de energía eléctrica.
Su economía depende de la producción agropecuaria, el café, la caña de azúcar, el algodón, el ganado, la pesca, así como las artesanías.
El campo atraviesa por su peor crisis. La región autonómica aún no encuentra su definición estatutaria.
El comercio ha crecido paradójicamente. Su reactivación obedece sin duda al levantamiento del bloqueo económico de Estados Unidos, Costa Rica y Honduras.
El dilema para el pueblo nicaragüense era el apoyo externo frente a los riesgos de volver a padecer otro bloqueo o intervención aterrorizados por la violenta reacción de Estados Unidos frente a los hechos lamentables del 11 de septiembre en Nueva York.
El siguiente paso se vuelve impredecible porque Enrique Bolaños es una expectativa de continuidad del régimen actual, calificado de corrupto.
La conclusión es que el pueblo de Nicaragua perdió ya la memoria de que la democracia existe gracias a la revolución que acabó con la dictadura. Una revolución que no fusiló a sus enemigos, por ello llegaron sin escolta a Managua indistintamente Henry Ruiz, Dionisio Marenco, el comandante Borge, y pudo Enrique Bolaños corresponder a Ortega su abrazo de felicitación.
En otro orden de ideas, de esta visita se pudo desprender la importancia que tiene para este H. Congreso establecer relaciones más estrechas con el Parlamento Centroamericano.
Durante el corto tiempo de nuestra estancia en Nicaragua pudimos aprovechar la oportunidad de conversar con el embajador de México en el Salvador y con su ministro consejero, el cual nos señaló la utilidad que tendría para ambos países intercambiar ideas sobre los siguientes temas:
Asimismo, esta conversación se llevó a cabo con la delegación de legisladores panameños, observadores en las elecciones, restando hacerlo con Costa Rica, Honduras y Guatemala.
Atentamente
Dip. Augusto Gómez Villanueva
Presidente
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, DE LOS RESULTADOS DE LA 1ª CONFERENCIA DEL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, QUE SE LLEVO A CABO EN BARCELONA, ESPAÑA, DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2001
Palacio Legislativo, a 27 de diciembre del 2001.
Dip. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la Junta de Coordinación Política
Presente
Formalmente presentamos a usted, el informe de resultados de la "lª Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa", llevada a cabo en la ciudad de Barcelona, España, por miembros de la Comisión de Participación Ciudadana, durante los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre del presente año, y que tuvo a bien autorizar la Junta de Coordinación Política de esta LVIII Legislatura.
Delegación
Dip. Maricruz Montelongo Gordillo
Dip. María Cruz Martínez Colín
Dip. Luis Herrera Jiménez
Dip. Jaime Alcántara Silva
Dip. Juan Carlos Regis Adame
Dip. Miguel Gutiérrez Hernández
El objetivo inicial de este Observatorio es la manifestación de que estas nuevas formas de democracia participativa sirvan para constituir una nueva sociedad.
Se constata que la democracia tiene su máxima expresión en el quehacer cotidiano de los municipios, es desde ellos donde debemos aplicar las políticas innovadoras basadas en experiencias de democracia participativa y es donde se manifiesta la máxima de Porto Alegre , Brasil: Otro mundo es posible y éste empieza en las ciudades.
Durante esta lª. Conferencia, se han tratado diversos temas divididos en bloques temáticos:
2.- La necesidad de impulsar procesos de democracia participativa tales como:
Innovación en la articulación de nuevas formas de gobierno local y del desarrollo de la soberanía popular.
Utilizar técnicas adecuadas definidas por la misma comunidad, respetando sus antecedentes históricos, culturales y sociales, que garantice un proceso de adaptación.
Cogobernabilidad y corresponsabilidad como principios básicos de las acciones de democracia participativa.
Aplicación de instrumentos tecnológicos de información y comunicación, que constatan el amplio campo de posibilidades de participación ciudadana.
3.- Se debe avanzar en los conceptos y también
en las prácticas, de una forma en unos países y de otra en
otros, pero siempre con la voluntad de que, los diferentes procesos territoriales
constituyan actividades continuas, como expresión clara de voluntad
política.
Miércoles 21 de noviembre
Conferencia: Nuevas Herramientas al Servicio de la Participación Ciudadana.
Presentada por el concejal Ernest Maragall, del Ayuntamiento de Barcelona.
Mesa Redonda: Experiencias innovadoras en el ámbito de la democracia participativa.
Renovando la democracia local a partir de técnicas
participativas no excluyentes y representativas.
Ifor Jones. Brent, Gran Bretaña. Plataforma
Euro-Citi.
El caso de Turín: Italia.
Democracia local Ville Internet: Florence Durand, Francia.
Mesa Redonda: Experiencias de participación ciudadana.
La participación a partir de la interculturalidad.
Rigoberto Queme Chay, alcalde de Quetzaltenango, Guatemala.
Implicación de la ciudadanía en la política
municipal.
Louise Quesnel, Quebec, Canadá.
El Consejo Municipal de concertación.
Michel Falise, Lille, Francia.
Plan de Desarrollo Comunitario de Trinitat Nova.
Oscar Rebollo, Barcelona, España.
Viernes 23 de noviembre
Conferencia: Globalización y democracia participativa en el gobierno local.
Presentada por Mariano Arana, alcalde de Montevideo, Uruguay.
Mesa Redonda: Las ciudades en el marco de la globalización.
Sábado 24 de noviembre
Presentación y constitución del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP).
Convocatoria de la 2ª Conferencia del OIDP
A espera de la publicación de las correspondientes memorias, de lo expuesto en este evento resaltaron las siguientes experiencias:
Manifestó que el objetivo de los foros de consulta es dar poder a la gente para que participe con opiniones y propuestas (mecanismo consultivo). Señaló que han realizado 5 foros de consulta.
Habló sobre el programa "Un Futuro para Brent", cuyo objetivo es desarrollar a través de las consultas públicas prioridades locales para el futuro de los barrios.
Indicó que las reglas de aplicación en las consultas son:
Describió que Turín es una ciudad de 900,000 habitantes en una extensión de 130 km2, subdividida en 10 distritos, recordó que fue capital de Italia de 1861 a 1864.
Comentó que tienen un proyecto especial para suburbios a través de la planeación participativa y han desarrollado un plan estratégico que incluye:
Democracia delegativa -tiende al autoritarismo "nómbrenme, yo resuelvo".Ernest Maragal, concejero de Barcelona
Democracia tecnocrática -girando alrededor de las políticas monetarias.
Democracia participativa -que son procesos de reforzamiento democráticos que consolidan la democracia representativa.
Habló de las características de la democracia participativa:
Comentó que en este momento se está dando una inmensa capacidad por crear nuevos procesos y acercamientos, "creación de sociedades justas y modernas".
Asimismo dijo que un gobierno real no es sólo administración, ni servicios públicos, sino la capacidad real de los ciudadanos de construir su futuro; devolver poder a lo local, a las ciudades, ciudadanías organizadas, ciudadanos con poder conscientes de su complejidad y claridad de a donde quieren llegar.
Las reglas se deben ir adaptando a la velocidad de la realidad.
Destacó la experiencia de Porto Alegre, como una experiencia transformadora; el presupuesto participativo genera proyectos a mediano y largo plazo democratizados.
Doile Ray, de Quebec, Canadá
Agrupó su participación en tres puntos:
Comisiones consultivas:
En conclusión pudiera decirse que todos los participantes coincidieron en:
Impulsar la creación de nuevos mecanismos en pro de la participación, aprovechando las ventajas de los avances tecnológicos.
Invitar a suscribirse en el Observatorio Virtual de la Democracia Participativa a quienes se comprometan voluntariamente a colaborar por la democracia participativa.
Se acordó organizar la Segunda Conferencia Internacional de la Democracia Participativa en Guatemala.
Sin otro en particular, agradezco el apoyo ofrecido para el desarrollo de esta experiencia que nos permitirá seguir profundizando en el tema que nos ocupa en esta comisión de participación ciudadana y le reitero mis más distinguidas consideraciones.
Anexos
Dip. Miguel Gutiérrez Hernández (rúbrica)
Presidente
Dip. Maricruz Montelongo Gordillo (rúbrica)
Secretaria
Dip. Luis Herrera Jiménez (rúbrica)
Secretario
Dip. Juan Carlos Regis Adame (rúbrica)
Secretario
Dip. María Cruz Martínez Colín (rúbrica)
Coordinadora de la Subcomisión de Enlace con Organismos
de la Sociedad Civil
Dip. Jaime Alcántara Silva (rúbrica)
Coordinador de la Subcomisión de Educación
para la Participación Ciudadana
A su reunión de trabajo, el jueves 7 de febrero, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior.
3. Agenda legislativa para el próximo periodo
ordinario de sesiones.
4. Discusión sobre la adecuación de la
Ley Orgánica.
Atentamente
Dip. Augusto Gómez Villanueva
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A la reunión de su Mesa Directiva, el jueves 7 de febrero, a las 9:30 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
Al Foro de Consulta para la Revisión y Actualización del Marco Jurídico Agrario, el viernes 8 de febrero, a partir de las 9 horas, en el salón Legisladores de la República.
Objetivo
Captar las opiniones y propuestas que permitan -pluralmente- elaborar las reformas que requiere la legislación agraria para que ésta responda a las necesidades del sector y sea pauta para el desarrollo integral del campo mexicano.
Programa
9:00 - 9:45 horas
Registro de asistentes
10:00 - 10:20 horas
Inauguración del foro
10:20 - 10:45 horas
Exposición de motivos y objetivos del foro
10:45 - 11:00 horas
Receso para la instalación de las mesas de trabajo
11:00 - 15:00 horas
Mesa 1
Procuración e impartición de justicia agraria
Mesa 2
Ordenamiento de la propiedad, posesión y uso de
la tierra
Mesa 3
Organización y autogestión campesina
Mesa 4
Derecho de propiedad y catastro rural
Mesa 5
Coordinación interinstitucional y atribuciones
de Gobierno
15:00 - 16:00 horas
Comida
16:00 - 17:00 horas
Presentación relatoría de cada una de las
mesas
17:00 - 17:15 horas
Receso
17:15 - 18:15 horas
Plenaria para la lectura de la relatoría
18:30 horas
Clausura del evento
19:00 Cena
Bases de participación
1. Cada ponencia deberá abordar únicamente alguno de los cinco temas, lo cual no implica límite en el número de participaciones.
2. Las ponencias podrán presentarse por escrito (máximo cinco cuartillas de disco magnético, tipo de letra arial 12) o de manera verbal (duración máxima de cinco minutos)
Atentamente
Dip. Félix Castellanos Hernández
Presidente
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Puertos y Transporte Marítimo, que tendrá verificativo el martes 12 de febrero, a las 11 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Palabras de bienvenida.
3. Exposición de la problemática del Puerto
Majahua, por parte de la siguientes personas:
Sr. Agustín Iván García Clemente,
comisario municipal de Puerto Marqués.
Sr. Sergio Zermeño Franco, presidente de la Asociación
de Servicios Acuáticos Cangrejo.
Sra. María del Carmen Ramos Olea, presidenta de
la Organización de Prestadores de Servicios Turísticos de
Playa Majahua.
Sr. Salvio García Morales, integrante de la Organización
de Prestadores de Servicios Turísticos de Playa Majahua.
Sr. Eduardo Román Guzmán, secretario de
la Federación de Prestadores de Servicios Marítimos y Terrestres.
Sr. José Carlos Hernández de la O, presidente
de la Organización de Restauranteros de Puerto Marqués.
4. Exposición del proyecto de la marina, por parte
del Ing. Paul Andrew Rangel Merkley, gerente de contrucción.
5. Invitados:
Representante del Gobierno del Estado de Guerrero: Secretaría
de Desarrollo Urbano, Secretaría General de Gobierno, y representante
de la SCT.
Representante del municipio de Puerto Marqués:
Desarrollo Urbano Municipal.
Delegado de la Semarnat.
Representante de la Profepa.
6. Preguntas y respuestas.
7. Clausura.
Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL DEL SUR-SURESTE
A su reunión de trabajo, el miércoles 13 de febrero, a las 14 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
4. Designación de diputados para acudir a las
reuniones de trabajo con los gobiernos de Tabasco y Veracruz.
5. Presentación de los proyectos de desarrollo
regional impulsados por la Comisión Especial, en el marco del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año
2002.
6. Propuesta para que la Comisión Sur-Sureste
convoque a una conferencia de prensa, a propósito de dar a conocer
los proyectos de desarollo impulsados en el marco del PEF 2002.
7. Presentación del proyecto de convocatoria para
la realización de un foro en materia de desarrollo regional.
8. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Neftalí Salvador Escobedo Zoletto
Presidente
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su reunión ordinaria de trabajo, el miércoles 20 de febrero, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
I.- Lectura y aprobación del acta anterior.
III.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secofi, (ahora Secretaría de Economía) para que permita la importación de cualquier auto que por sus características especiales permitan a los discapacitados conducir con mayor seguridad. Presentada el 14 de noviembre de 2000 por la Dip. Esveida Bravo Martínez.
IV.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a puntos de acuerdo relacionados con el aguacate mexicano.
V.- Análisis, discusión y en su caso aprobación al proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para que se revise el TLC en materia agropecuaria, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2001, se dé apoyo a los productores de maíz y al campo. Presentada el 28 de noviembre de 2000, por el Dip. Manuel Martínez Nava.
VI.- Análisis, discusión y en su caso aprobación al proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que solicitan al Congreso de la Unión se autorice una prórroga al plazo que establece la Ley para la Inscripción de Vehículos Extranjeros. Presentada por el Congreso del estado de Durango, el 15 de agosto de 2001.
VII- Análisis, discusión y en su caso aprobación al proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma al artículo 226 de la Ley de Propiedad Industrial, presentada por la Dip. María Teresa Campoy Ruy Sánchez del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el pasado 26 de abril del 2001.
VIII.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la comunicación del H. Congreso del estado de Jalisco, con la que remite acuerdo económico por el que comunica el interés de esa legislatura, para que el Proyecto de Norma Oficial denominada "La Leche de Vaca, su Denominación, Especificaciones, Formación Comercial y Métodos de Prueba".
IX.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen del punto de acuerdo para incorporar dentro del decreto presupuestal de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2001, una partida para cubrir el diferencial entre el precio del mercado y el préstamo que se otorga al Consejo Nacional de Productores de Frijol y del punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo federal, se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, al producto frijol en el Programa de Apoyo a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Regionales.
X.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen del punto de acuerdo sobre el impacto del TLCAN en la venta de productos farmacéuticos al sector público, presentada por el Dip. Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 16 de octubre de 2001.
XI.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para que las comisiones de Energía, de Agricultura y Ganadería; así como de Hacienda y Crédito Público, establezcan criterios para otorgar subsidios al sector agropecuario.
XII.- Análisis y discusión de la iniciativa de Ley sobre la Producción, Distribución, Comercialización, Control y Fomento de los Productos Transgénicos, presentada por el Dip. Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de la iniciativa por la que se adicionan los artículos 34-A, 34-B y 34-C, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por el Dip. José Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
XIII.- Informe de actividades de las Subcomisiones, a cargo de los diputados coordinadores, así como informe de actividades del secretariado técnico.
XIV.- Asuntos generales.