ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos dieciséis diputados, a las diez horas con veintidós minutos del martes tres de diciembre de dos mil dos, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Coahuila, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Durango, con acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Gobernación integre un Consejo Estatal de Radio y Televisión, para regular el contenido de las transmisiones de dichos medios. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Nayarit, con acuerdo por el que solicita hacer las gestiones necesarias ante el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que establezcan reglas para condonar el pago de contribuciones federales y otorgar facilidades administrativas a los contribuyentes de las zonas afectadas por el huracán Kenna. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
San Luis Potosí, con acuerdo por el que se solidariza con el Congreso del Estado de Colima, para evitar que la fiebre aftosa traspase las fronteras del país. Se turna a las comisiones de Agricultura y Ganadería y Especial de Ganadería.
Sinaloa, con acuerdo por el que solicita se reforme la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a efecto de que se excluya de la misma a las sociedades cooperativas. Se turna a las comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público.
Yucatán, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Zacatecas, con acuerdo por el que solicita la intervención del Congreso de la Unión ante las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social, para que el Programa Iniciativa Ciudadana tres por uno, continúe como originalmente naciera. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social.
Comunicación del Consejo de la Judicatura Federal, con la que informa que el trece de diciembre concluirá su segundo periodo de sesiones de dos mil dos. De enterado.
Comunicación del Instituto Federal Electoral, con la que informa que la fórmula integrada por los ciudadanos Arturo Díaz Ornelas, como propietario, y Edna Lorena Pacheco Chávez, como suplente, cubrirá la vacante generada por el diputado propietario Ricardo Francisco García Cervantes y la diputada suplente Karla Samperio Flores. Llámese al ciudadano Arturo Díaz Ornelas para que se incorpore a esta Legislatura.
Oficio del gobierno del Estado de Nuevo León, con el que informa que en esa entidad no existen centros de readaptación social federales. Remítase a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Especial de Seguridad Pública, para su conocimiento.
A solicitud de la Presidencia y de conformidad con el acuerdo relativo al sistema electrónico para el registro de asistencia, a las diez horas con treinta y ocho minutos la Secretaría informa del registro de trescientos noventa y cuatro diputados y ordena el cierre del sistema.
Tres comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las que informa de cambios en la integración de las comisiones de Fortalecimiento del Federalismo, de Turismo, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables. De enterado.
El Congreso del Estado de Jalisco remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos veintidós A, veintidós B veintidós C y veintidós D al capítulo tercero del Título Segundo de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.
Oficio de la Cámara de Senadores por el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo doscientos veintidós a la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Adalberto Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, enero - septiembre de dos mil dos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite copia de los siguientes documentos relativos a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente:
Oficio del Oficial Mayor del Congreso del estado de Oaxaca en relación con la problemática de las unidades habitacionales del país. Remítase copia a la Comisión de Vivienda y al promovente, para su conocimiento.
Oficio del Oficial Mayor del Congreso del estado de Oaxaca sobre la legislación en materia de adopción de menores de acuerdo a los convenios y tratados internacionales firmados por México. Remítase copia a la Cámara de Senadores, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y al promovente, para su conocimiento.
Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres y cincuenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Bertha Alicia Simental García, del Partido de la Sociedad Nacionalista, que adiciona el numeral tres al artículo treinta y cinco y el numeral dos al artículo ochenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo doscientos cincuenta de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.
Justino Eduardo Andrade Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo transitorio a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Silvia América López Escoffie, del Partido Acción Nacional, que reforma el párrafo segundo del artículo ciento diez de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Dieciocho, con proyectos de decreto que conceden permiso a igual número de ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que les confiere el gobierno del Reino de España. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Trece, con proyectos de decreto que conceden permiso a trece ciudadanos mexicanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno del Reino de Suecia. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen.
A nombre de la Comisión fundamenta el dictamen el diputado Julio César Lizárraga López, del Partido Acción Nacional.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Julieta Prieto Fuhrken, del Partido Verde Ecologista de México;
Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal
Rufino Rodríguez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática; Vicente Pacheco Castañeda, del Partido Acción Nacional; y José Álvaro Vallarta Ceceña, del Partido Revolucionario Institucional.
Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, en votación económica la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y sin que se reserven artículos para su discusión en lo particular, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que arroja los siguientes resultados: cuatrocientos veinte votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley Orgánica de la Armada de México. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo trescientos setenta y seis de la Ley General de Salud. Es de primera lectura.
La Presidenta informa que el siguiente punto del orden del día es el relativo a la discusión de dictámenes de la Sección Instructora y, con fundamento en los artículos treinta y dos y treinta y tres, fracción primera, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a las doce horas con cuarenta y siete minutos declara que se pasa a
SESION SECRETA
A las trece horas con seis minutos se reanuda la sesión pública.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones primera y cuarta y se adiciona la fracción sexta al artículo segundo; y se reforma el primer párrafo del artículo tercero de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es de segunda lectura.
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión, se concede la palabra al diputado José Elías Romero Apis, del Partido Revolucionario Institucional.
Fijan la posición de su respectivo partido político o grupo parlamentario los diputados: José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social;
Presidencia del diputado Jaime Vázquez Castillo
Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista; Alejandro Rafael García Sainz Arena, del Partido Verde Ecologista de México; David Augusto Sotelo Rosas, del Partido de la Revolución Democrática; Roberto Eugenio Bueno Campos, del Partido Acción Nacional; y Enrique Garza Taméz, del Partido Revolucionario Institucional.
Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, en votación económica la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular, y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos veintidós votos en pro y dos en contra.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones primera y cuarta y se adiciona la fracción sexta al artículo segundo; y se reforma el primer párrafo del artículo tercero de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura de dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Alberto Manuel Ortega Venzor y Eduardo Sojo Garza Aldape, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno del Reino de España. Son de segunda lectura y sin nadie que solicite el uso de la palabra, se aprueban los proyecto de decreto por trescientos noventa y cuatro votos en pro, diez en contra y nueve abstenciones.
Presidencia del diputado Jaime Vázquez Castillo
Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Solicitan excitativas los diputados:
Esteban Daniel Martínez Enríquez, del Partido de la Revolución Democrática, a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal, en relación con las proposiciones con punto de acuerdo sobre los límites entre el Distrito Federal y el estado de México, presentadas el nueve de octubre y el quince de diciembre de dos mil uno. La Presidencia hace la excitativa respectiva.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Rafael Servín Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal a que cumpla debidamente lo que establece el artículo vigésimo quinto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno.
Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Nelly Campos Quiroz, del Partido Acción Nacional, en relación con los programas de seguridad pública en el Distrito Federal.
Para hablar en contra de la proposición se concede la palabra al diputado Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, y es interrumpido por el diputado Jorge Alberto Lara Rivera, quien desde su curul hace comentarios sobre el trámite de la proposición.
Para contestar alusiones personales se concede la palabra al diputado Jorge Alberto Lara Rivera, del Partido Acción Nacional.
Desde su curul el diputado J. Jesús Garibay García solicita la verificación de quórum.
Contesta alusiones personales el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente hace comentarios en relación con la solicitud de verificación de quórum y para hablar en pro de la proposición, concede el uso de la palabra al diputado Armando Salinas Torre, del Partido Acción Nacional.
La Asamblea, en votación económica, admite que la proposición con punto de acuerdo pase a comisiones y la Presidencia la turna a las de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal.
Desde su curul el diputado Manuel Castro y del Valle hace comentarios sobre el debate para admitir que la proposición pasara a comisiones. El Presidente aclara que se concedió el uso de la palabra con fundamento en el artículo decimosegundo leído previamente por la Secretaría y registra los comentarios.
Pachuca, Hgo, 24 de octubre de 2002.
C. Presidenta de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presente
Los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Educación Pública y Justicia de la Quincuagésima Octava Legislatura, emitieron un acuerdo económico relativo al oficio No 2397 de fecha 25 de junio del año en curso, suscrito por el diputado Jesús Alejandro Ruiz Uribe, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del estado de Baja California, mismo que fue aprobado por el Pleno en sesión de esta fecha, del cual le estoy enviando copia, en suplencia de la Secretaría, para su conocimiento y efectos.
Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente
El Oficial Mayor
Lic. Jorge Luis López del Castillo (rúbrica)
Primera Comisión Permanente de Educación Pública y Justicia
Honorable Asamblea
A esta Primera Comisión Permanente de Educación Pública y Justicia del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, integrada por los ciudadanos diputados: Valentín Zapata Pérez, Paulino Martínez Martínez y Ma. Estela Arellano Pérez, nos fue turnado el oficio número 2397, de fecha 25 de junio del año en curso, suscrito por el diputado Jesús Alejandro Ruiz Uribe, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del estado de Baja California; por medio del cual, comunica el acuerdo económico en el que convino remitir dicho acuerdo a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el ámbito de su competencia se decrete el año 2003 como "El Año del Centenario de la Educación Preescolar en México", y de igual forma que las dependencias y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, agreguen en toda correspondencia y documentos oficiales que emitan durante el año 2003, la leyenda "100 Años de la Educación Preescolar en México"; solicitando de esta Legislatura estatal, que de considerarlo procedente, se sumen al contenido del acuerdo económico, lo anterior sobre la base del siguiente:
Antecedente
Unico.- Que la Decimoséptima Legislatura del honorable Congreso del estado de Baja California, en sesión de fecha 20 de junio del año 2002, aprobó el acuerdo económico que ordena girar atento oficio a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el ámbito de su competencia se decrete el año 2003 como "El Año del Centenario de la Educación Preescolar en México", y de igual forma que las dependencias y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, agreguen en toda correspondencia y documentos oficiales que emitan durante el año 2003 la leyenda "100 Años de la Educación Preescolar en México", solicitando de esta Legislatura estatal, que de considerado procedente, se sumen al contenido del acuerdo económico, mismo que fue remitido a esta soberanía mediante oficio número 2397, de fecha 25 de junio del año en curso, suscrito por el diputado Jesús Alejandro Ruiz Uribe, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del estado de Baja California, y
Considerando
Primero.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 71, fracción II, como facultad de los diputados del H. Congreso de la Unión, el iniciar leyes y decretos; asimismo, en el citado numeral en su fracción III, consigna tal facultad a las Legislaturas de los estados.
Segundo.- Que como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 3, donde se establece el derecho que todo individuo tiene derecho a la educación, así como la obligación de la Federación, los estados y los municipios, de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, siendo estas dos últimas de carácter obligatorio, de igual forma, la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, será laica y ajena a cualquier doctrina religiosa, luchará contra la ignorancia; asimismo, en su artículo 31, la Carta Magna federal establece como obligación de los mexicanos, el hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación primaria y secundaria.
Tercero.- Que en reciente reforma a la Constitución federal en lo relativo a los numerales 3 y 31, se estableció que la educación preescolar será de carácter obligatorio, lo que implica que se aumente la educación básica, tal situación revierte una gran importancia, en el entendido que la educación preescolar engloba las experiencias del entorno más inmediato del niño, ofreciéndole la oportunidad de desarrollar su creatividad, de afianzar su seguridad afectiva y la confianza en sus actividades, esta etapa escolar ayuda al niño para que al comienzo de su vida educativa pueda iniciar sus estudios sin retraso, desarrollando su aptitud para aprender, destacando que en esta edad, está resolviendo sus problemas de identidad y conocimiento; en México, la educación preescolar está ajustada al momento óptimo de desarrollo del niño.
Cuarto.- Que en la LVIII Legislatura del estado de Hidalgo, se reconoce la gran importancia que reviste la educación preescolar en México, y que no obstante, de que su origen data de 1903, es a partir de la década de los años setenta cuando nuestro país comienza a experimentar una importante expansión de la matrícula de la educación preescolar, dando lugar al establecimiento del servicio de educación preescolar indígena, el cual, exige que día con día se busque la superación de retos relacionados con la construcción de currículos y prácticas educativas pertinentes a la realidad cultural y lingüística de los distintos grupos étnicos de nuestro país.
Quinto.- Que en este contexto, la Primera Comisión Permanente de Educación Pública y de Justicia del H. Congreso del estado de Hidalgo, considera procedente sumarse a la propuesta del acuerdo económico aprobado por la Decimoséptima Legislatura del honorable Congreso del estado de Baja California, en sesión de fecha 20 de junio del año 2002, respecto a que la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tenga a bien decretar en el ámbito de sus facultades, el año 2003 como "El Año del Centenario de la Educación Preescolar en México".
Sexto.- Que referente a la segunda propuesta del acuerdo económico aprobado por la Decimoséptima Legislatura del honorable Congreso del estado de Baja California, en sesión de fecha 20 de junio del año 2002, donde establece que todas las dependencias y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, agreguen en toda su correspondencia y documentos oficiales que se emitan en el año 2003 la leyenda "100 Años de la Educación Preescolar en México", esta Primera Comisión Permanente de Educación Pública y Justicia del H. Congreso del estado de Hidalgo, consideramos que no procede sumarse a tal hecho, lo anterior por que creemos que esta leyenda deberá aparecer únicamente en los documentos oficiales que la propia SEP, sus organismos o dependencias de la misma, emitan.
Por lo que en mérito de lo expuesto, y con fundamento en lo establecido en los artículos 55 de la Constitución Política del estado de Hidalgo y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a su consideración el siguiente:
Acuerdo Económico
Primero.- Que los diputados integrantes de la LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, se suman a la propuesta del acuerdo económico aprobado por la Decimoséptima Legislatura del honorable Congreso del estado de Baja California, en sesión de fecha 20 de junio del año 2002, respecto de que la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tenga a bien decretar en el ámbito de sus facultades, el año 2003 como "El Año del Centenario de la Educación Preescolar en México".
Segundo.- Que no es procedente sumarse a la propuesta del acuerdo económico aprobado por la Decimoséptima Legislatura del honorable Congreso del estado de Baja California, en sesión de fecha 20 de junio del año 2002, respecto de que todas las dependencias y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, agreguen en toda su correspondencia y documentos oficiales que se emitan en el año 2003 la leyenda "100 Años de la Educación Preescolar en México", lo anterior porque consideramos que esta leyenda deberá aparecer únicamente en los documentos oficiales que la propia SEP, sus organismos y dependencias de la misma, emitan.
Tercero.- Gírense atentos oficios, insertando copia de este documento, al Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, así como al Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del estado de Baja California, a efecto de que conozcan la postura de este H. Congreso del estado de Hidalgo, sobre la temática planteada en el cuerpo del presente documento.
Cuarto.- Notifíquese el presente acuerdo a los interesados, para los efectos que procedan.
Dado en la Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los 31 días del mes de julio de dos mil dos.
Primera Comisión Permanente de Educación Pública y Justicia
Diputados: Valentín Zapata Pérez
(rúbrica), Paulino Martínez Martínez (rúbrica),
Ma. Estela Arellano Pérez (rúbrica).
DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSI
14 de noviembre de 2002.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, nos permitimos comunicar a ustedes que el día de la fecha, la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del estado, eligió al Presidente y vicepresidentes de la Mesa Directiva que fungirán en tales cargos del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2002, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio legal. La referida representación recayó en los siguientes diputados:
Presidente: Dip. Ignacio Palacios Robledo
Primer vicepresidente: Dip. Gabriel López Maya
Segundo vicepresidente: Dip. Ismael Trujillo Martínez
Además les precisamos que, conforme lo establecen los numerales 20 y 21 del referido ordenamiento, el Presidente y vicepresidentes permanecerán en su cargo únicamente del 15 de noviembre al 14 de diciembre, los secretarios y prosecretarios actuarán durante todo el periodo, es decir, del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2002.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes, haciendo propia la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Fidel Castro Palomo (rúbrica)
Secretario
Dip. Andrés Hernández Hernández (rúbrica)
Secretario
DEL CONGRESO DE YUCATAN
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a usted que con esta fecha, se declaró formalmente la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LVI Legislatura del estado de Yucatán.
Protesto a V. H. nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Mérida, Yuc., a 16 de noviembre de 2002.
Dip. Freddy Hernán Monforte Braga (rúbrica)
Secretario de la Mesa Directiva del H. Congreso del estado
de Yucatán
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, II LEGISLATURA
Recinto Legislativo, a 28 de noviembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto, me permito comunicar a usted que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, en sesión celebrada el día de hoy, aprobó y resolvió enviar ese órgano legislativo, para su conocimiento y efectos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Solicitar a la H. Cámara de Diputados que, en uso de sus facultades legalmente conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien considerar, en la revisión del Presupuesto del año 2003, un incremento al monto de las pensiones de los jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE.
Anexo al presente copia del punto de acuerdo en comento.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración atenta y distinguida.
Por la Mesa Directiva
Dip. Jacqueline Guadalupe
Argüelles Guzmán (rúbrica)
Presidenta
Punto de acuerdo para solicitar a la H. Cámara de Diputados incluyan en el decreto de Presupuesto de la Federación del año 2003 un incremento al monto de las pensiones de los jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE.
Honorable Asamblea:
Los diputados abajo firmantes, con base en los artículos 10, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, y 17, fracción VI, del mismo ordenamiento, y los artículos 74 y 115 del Reglamento Interior de la misma, sometemos a consideración del Pleno de esta asamblea la propuesta con punto de acuerdo, para solicitar a la H. Cámara de Diputados que, en uso de sus facultades legalmente conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien considerar, en la revisión del Presupuesto del año 2003, un incremento al monto de las pensiones de los jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE, bajo las siguientes:
Consideraciones
1. Los adultos mayores constituyen un sector de la población que merece una mejor atención por parte del quehacer gubernamental, el trabajo que estas personas han aportado durante su vida productiva y el esfuerzo para mantener la cohesión al interior del núcleo familiar, así como el desarrollo de sus integrantes se han constituido como elementos invaluables para el progreso de nuestro país.
2. Por su enorme aportación, es de justicia garantizar que los adultos mayores tengan los elementos suficientes para desarrollar una vida digna, por lo tanto, los legisladores estamos comprometidos con ellos para proponer y sacar adelante las disposiciones que contribuyan a ofrecerles mejores condiciones de vida.
3. A partir de mediados del siglo pasado la Ley del Seguro Social estableció los seguros de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada orientados a proteger a los trabajadores de los accidentes laborales y enfermedades del trabajo, y garantizarles el acceso a las prestaciones médicas e ingresos económicos durante su retiro.
4. Esos seguros fueron incluidos también en la Ley del ISSSTE que incorporó a la seguridad social a los trabajadores al servicio del Estado, al mismo tiempo que en otras instituciones se contemplaron prestaciones económicas similares para proteger a sus trabajadores, como son los casos de las Fuerzas Armadas, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
5. No obstante los esfuerzos realizados por los sistemas de seguridad social del país para asegurar que los adultos mayores cuenten con los medios necesarios para tener condiciones de vida dignas, las pensiones resultan insuficientes todavía y existen grandes grupos de personas mayores que por diversas circunstancias no cuentan con los servicios médicos y los recursos económicos para subsistir.
6. En el país sólo 1 millón 557 personas cuentan con una pensión y el 80% de ellas recibe la cantidad mensual de 1,200 pesos.
7. En el Distrito Federal, el Gobierno de la Ciudad está aplicando recursos, autorizados por la Asamblea Legislativa, para otorgar servicios médicos y medicamentos gratuitos, así como un apoyo económico a las personas mayores de 70 años.
8. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el fin de contribuir a consolidar esos apoyos, garantizar que los recursos se apliquen de manera institucional y se manejen con transparencia, tiene en proceso de dictamen una iniciativa de modificaciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal que contempla, entre otros beneficios:
Facilitar el acceso a los servicios de transporte público y a las actividades recreativas y de diversión así como su incorporación a actividades productivas.
Otorgar servicios médicos y medicamentos gratuitos, así como un apoyo económico a quienes no tengan una pensión de los sistemas de seguridad social.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, fracción XXI y 115 de la Ley Orgánica de la Asamblea se somete a la consideración de este órgano legislativo el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Solicitar a la H. Cámara de Diputados que, en uso de sus facultades legalmente conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien considerar, en la revisión del Presupuesto del año 2003, un incremento al monto de las pensiones de los jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE.
México Distrito Federal, Salón de Sesiones del Recinto de Donceles, a 28 de noviembre de 2002.
Diputados: José Buendía H. (rúbrica),
Jaqueline Argüelles (rúbrica), María de los Angeles
Moreno Uriegas (rúbrica), Marco A. Michel Díaz, Juan Díaz
González (rúbrica), Irina del Castillo Negrete (rúbrica),
Héctor Gutiérrez de Alba (rúbrica), Patricia Garduño,
Alejandro Díaz Barrozo Repizo, Carmen Pacheco Gamiño (rúbrica),
Alejandro Sánchez Camacho, Guadalupe García Noriega, Alejandro
Agundis Arias, Cuauhtémoc Velasco, Jaime Guerrero Vázquez,
Enoé Uranga (rúbrica), Rafael L. Alviso (rúbrica),
Edgar R. López Nájera (rúbrica), Alicia Téllez
Sánchez (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica),
Humberto Serrano Pérez (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez
(rúbrica), Ma. Guadalupe G. Noriega (rúbrica), Santiago León
A. (rúbrica), Ana Laura Luna Coria (rúbrica), Lorena Ríos
Martínez (rúbrica), Iván R. Manjarrez M. (rúbrica),
Ricardo Chávez (rúbrica), Clara M. Brugada (rúbrica),
Jaime Guerrero Vázquez (rúbrica), Edgar Torres Baltazar,
Iris Santacruz F. (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica),
Arturo Barajas R. (rúbrica), Salvador Abascal Carranza (rúbrica),
Patricia Garduño Morales (rúbrica), Hiram Escudero (rúbrica).
Recinto Legislativo, a 28 de noviembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto, me permito comunicar a usted que la Mesa Directiva que coordinará los trabajos durante el primer periodo de sesiones ordinarias del tercero año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2002 quedó integrada por los siguientes diputados:
Presidente: Dip. Marco Antonio Michel Díaz
Vicepresidenta: Dip. Susana Guillermina Manzanares Córdova
Vicepresidente: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo
Vicepresidente: Dip. Arnold Ricalde de Jager
Vicepresidente: Dip. Jaime Guerrero Vázquez
Secretaria: Dip. Alicia Virginia Téllez Sánchez
Secretario: Dip. Marcos Morales Torres
Prosecretario: Dip. Tomás López García
Prosecretario: Dip. Santiago León Aveleyra
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración atenta y distinguida.
Por la Mesa Directiva
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
(rúbrica)
Presidenta
México, DF, a 16 de noviembre de 2002.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó propuesta con punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
1. Incrementar a 100% la deducción inmediata de inversiones en activos que se establece para el sector agropecuario (87%) en el artículo 220 de la Ley del ISR. Del mismo modo, establecer que la deducción se podrá hacer en el año en que se hace la inversión y no hasta el año siguiente como lo señala el ordenamiento actual.
3. Establecer facilidades para la devolución del IVA en un plazo máximo de 15 días.
4. Establecer un mecanismo de compensación para los usuarios del diesel en el sector agropecuario que cubra la diferencia de precio respecto de nuestros competidores.
5. Establecer en algunos sectores y regiones el mecanismo
de los Certificados de Promoción Fiscal (Ceprofis) para impulsar
la inversión en infraestructura del sector agropecuario.
Atentamente
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito informar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió comunicación del senador Adrián Alanís Quiñones, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República se dirija a la correspondiente de la Cámara de Diputados a efecto de que formule excitativa a la Comisión de Energía de la Colegisladora, a fin de que emita dictamen sobre la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidencia dispuso que dicha comunicación se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, DF, a 7 de noviembre de 2002.
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores
Presente
Adrián Alanís Quiñones, senador integrante del grupo parlamentado del Partido Revolucionario Institucional en esta LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66.1, inciso e), y 67.1, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que facultan a esa Presidencia para conducir las relaciones de esta Cámara con la de Diputados, así como para suscribir las comunicaciones oficiales de la misma, atentamente pido se sirva solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados excite a la Comisión de Energía de la misma para que emita el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos y el Decreto que establece el horario estacional que se aplica en los Estados Unidos Mexicanos.
La presente petición se realiza en torno a los siguientes
Antecedentes
1. En la sesión ordinaria de esta Cámara de Senadores celebrada el día 15 de marzo del año en curso, presenté una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos, así como el Decreto que establece el horario estacional que se aplica en los Estados Unidos Mexicanos, misma que en esa fecha fue turnada a las Comisiones de Energía, de Ciencia y Tecnología, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, Primera.
2. El motivo para la presentación de esta iniciativa es, en síntesis, que la citada ley considera el estado de Durango dentro de la denominada "zona centro", que se ubica en el meridiano 90º; sin embargo, por razones de tipo geográfico, económico, financiero y cultural, dicha ubicación no es la idónea para la mayoría de los municipios de la entidad.
Por ello, la iniciativa propone reubicar el estado de Durango en la zona geográfica de La Montaña, en el meridiano 105º, quedando exceptuados de esta reubicación los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo, para continuar ubicados en la zona geográfica del centro, en el meridiano 90º, debido a que en esta misma latitud se encuentran los municipios de las entidades federativas con los que colindan y conforman la llamada "Comarca Lagunera", con lo que resulta indispensable homogeneizar el horario.
Consecuentemente, y en virtud del cambio de meridiano, se proponen también reformas al Decreto que establece el horario estacional, para sujetar el estado de Durango al meridiano 105º por ubicación y al de 90º por horario estacional, con excepción de los ya citados municipios, que continuarán sujetos al meridiano de 90º por ubicación y al de 75º por horario estacional.
3. Previo estudio y dictamen realizado por las comisiones respectivas, el día 25 de marzo de 2002 fue aprobada por el Pleno de esta Cámara la propuesta en comento y se envió a la Colegisladora con el carácter de minuta, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su eventual aprobación por parte de la misma.
4. En efecto y en virtud de lo establecido en el artículo 5 de la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos, se presentó al honorable Congreso de la Unión, dentro del término previsto en el propio artículo, y para el efecto de que pueda tener aplicación en el año 2003, resulta necesaria su aprobación a más tardar el día 15 de diciembre del año en curso, por lo que se destaca la urgencia de agilizar los trabajos legislativos pendientes en la Colegisladora.
Considerando
I. Que el cambio de horario que se propone para el estado de Durango resulta de suma importancia para el desarrollo de las actividades de los habitantes de la entidad;
II. Que, geográficamente, la ubicación del estado de Durango no corresponde al meridiano en que se encuentra actualmente; y
III. Que en los límites de los estados de Durango y de Coahuila existe una zona conurbada, conocida como la "Comarca Lagunera", que por sus actividades laborales, comerciales, financieras, culturales, académicas, sociales y económicas requiere quedar comprendida en un solo huso horario, por lo que a esa Presidencia respetuosamente solicito:
Unico. Se sirva dirigir comunicación a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a efecto de que, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien excitar a la Comisión de Energía de la misma para que emita el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos, así como el Decreto que establece el horario estacional que se aplica en los Estados Unidos Mexicanos.
Atentamente
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica)
México, DF, a 28 de noviembre de 2002.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con escrito de los senadores Fidel Herrera Beltrán, Fernando Gómez Esparza, Dulce María Sauri Riancho y Martha Tamayo Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicitan lo que en el mismo texto se especifica.
La Presidencia dispuso que se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente en Funciones
C. Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Senadores
Presente
Los suscritos, Fidel Herrera Beltrán, Fernando Gómez Esparza, Dulce María Sauri Riancho, Martha Sofía Tamayo Morales y Oscar Cantón Zetina, senadores de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, último párrafo, y 72, incisos h) e i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 66, inciso c), 67, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, nos permitimos solicitarle se sirva dirigirse a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esa H. Cámara a efecto de que rinda el dictamen correspondiente a la iniciativa que el primero de los mencionados presentó desde el 24 de octubre de 2002 para derogar el Impuesto Sobre la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios.
La propuesta de excitativa se realiza en virtud de las siguientes
Consideraciones
1. Que en sesión celebrada el pasado 24 de octubre del año en curso en esta H. Cámara de Senadores, por conducto del C. Fernando Gómez Esparza, senador de la República, fue presentada una iniciativa con proyecto de decreto para derogar el artículo octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, así como la disposición relativa al Impuesto Suntuario establecida en el artículo quinto del decreto del Ejecutivo federal, este último publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2002, disposiciones que se refieren al establecimiento del Impuesto Sobre la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios;
2. Que, en esa misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores acordó turnar la iniciativa a la Cámara de Diputados, por ser ésta la que debe conocer como Cámara de origen en materia de contribuciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 72, inciso h), de la Constitución federal, y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, habiendo recibido la iniciativa en su sesión del 29 de octubre del presente año, la turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de aquella Cámara para su estudio y dictamen correspondiente;
3. Que la referida iniciativa es de suma importancia, ya que propone derogar el Impuesto Sobre la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios, el cual, como en su momento se señaló en la exposición de motivos, es un impuesto que, en contra de las expectativas de su creación, ha demostrado que no sirve para recaudar, aumenta las cargas fiscales de los contribuyentes, es engorroso para la administración tributaria y, lo que es peor, inhibe el consumo y con ello el crecimiento económico de diversos sectores productivos. En pocas palabras, es un impuesto que cuesta más de lo que produce;
4. Que uno de los sectores que más han padecido la nocividad del Impuesto Suntuario es el sector restaurantero, el que, como lo han señalado en diversas ocasiones y de manera personal los dirigentes de la propia Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), las ventas han bajado 15% en lo que va de vigencia del referido impuesto, ocasionando pérdidas por 12 mil millones de pesos, cantidad superior a lo que se estimaba recaudar con este gravamen;
5. Que importantísimos sectores, como la industria cosmética, la industria textil y de la confección de prendas de vestir de seda o piel, la industria automotriz, los prestadores de servicios hoteleros y la misma autoridad recaudadora, han manifestado en reiteradas ocasiones que tampoco se han visto beneficiados por la imposición de este impuesto, ya que, como es evidente, no cumplió con incentivar la inversión, el crecimiento de las empresas y la recaudación, objetivos para los cuales fue inicialmente planteado;
6. Que igualmente debe dictaminarse la iniciativa, dado que el Impuesto Suntuario que se propuso derogar, además de ser económicamente nocivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto en favor diversos juicios de amparo promovidos por contribuyentes inconformes con la imposición tributaria;
7. Que el artículo 72, inciso i), de la Constitución federal y el artículo 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General, así como el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, imponen a las comisiones legislativas el deber de dictaminar los asuntos que se les remiten dentro de los 30 días siguientes a su turno;
8. Que, a pesar de que ya ha transcurrido casi un mes desde que fue turnada la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, aún no ha emitido el dictamen correspondiente y además, debido a que la propuesta impactaría en el próximo ejercicio fiscal, es importante dictaminarla en este mismo año, lo que podría realizarse conjuntamente con las iniciativas presidenciales sobre esa materia que presentó el Ejecutivo federal a la Colegisladora en la sesión del 7 de noviembre de 2002, y que en términos generales son coincidentes;
9. Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 67, párrafo 1, inciso f), en relación con el artículo 66, párrafo 1, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores tiene facultades para conducir las relaciones con la Cámara de Diputados y que, en el ejercicio de esa atribución, puede dirigir a la Mesa Directiva de dicha Cámara las solicitudes de excitativa que formulen los senadores a las comisiones de la otra Cámara, por lo que, con fundamento en todos y cada uno de los artículos invocados en el cuerpo del presente escrito, me permito solicitar respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores lo siguiente:
Unico. Se sirva dirigir comunicación a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a efecto de que ésta, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, tenga a bien excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que dictamine la iniciativa que propone derogar el Impuesto Sobre la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios, que se presentó desde el pasado 24 de octubre de 2002, sin perjuicio de que, al dictaminar las iniciativas del Ejecutivo federal relativas al paquete económico para el ejercicio fiscal de 2003, dictamine conjuntamente y tome en cuenta la propuesta referida, la cual, estamos seguros en la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, beneficiará a múltiples sectores productivos, a la sociedad en su conjunto y el propio erario federal, en aras de la sana economía del país.
Así lo suscribieron los senadores Fidel Herrera Beltrán, Fernando Gómez Esparza, Dulce María Sauri Riancho, Martha Sofía Tamayo Morales y Oscar Cantón Zetina, miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil dos.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica)
Sen. Fernando Gómez Esparza (rúbrica)
Sen. Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)
Sen. Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica)
Sen. Oscar Cantón Zetina (rúbrica)
Palacio Legislativo, México, DF, a 2 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de las siguientes Comisiones:
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 3 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 2 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 3 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este medio me permito informarle de los siguientes cambios en Comisiones del grupo parlamentario del PRD:
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 3 de 2002.)
DEL DIPUTADO JOSE BAÑALES CASTRO
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
El suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, autor de la iniciativa presentada el día 9 de abril del presente año, en materia de prostitución y pornografía de menores e incapaces y turismo sexual con menores e incapaces, solicito a esta Presidencia, para fines procedimentales, otorgar la rectificación del turno a la Comisión de Puntos Constitucionales en lo que se refiere a la reforma constitucional en su artículo 4º.
Y por lo que se refiere a las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Federal de Procedimientos Penales y al Código Penal Federal, se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Le agradezco de antemano la inmediata atención al presente.
Atentamente
Dip. José Bañales Castro (rúbrica)
DE LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES EFECTUADAS EN EL SISTEMA DE PAGOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO ANDRADE SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2002
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa de Ley que Establece el Impuesto Sobre Transacciones Efectuadas en el Sistema de Pagos.
En virtud de que se trata de una iniciativa en materia de impuestos, la Cámara de origen debe ser precisamente esta Cámara de Diputados.
Todas las fuerzas políticas del país reconocemos la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y, por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, sostenemos la idea de que tal fortalecimiento debe realizarse, en primer término, mediante mecanismos tributarios de carácter progresivo que permitan aportar en mayor medida a quienes disponen de un volumen de recursos más considerable y no incrementar más cargas tributarias a las clases populares.
En días pasados, esta representación nacional aprobó la Ley de Sistemas de Pagos, que constituye una novedad en el régimen jurídico mexicano y permite garantizar la fluidez y efectividad de dicho Sistema.
En los datos proporcionados por el Banco de México y en la exposición de motivos de dicho instrumento legal se contienen elementos que muestran que el Sistema de Pagos constituye un servicio de la más alta importancia y prioridad para el país, ya que por él se mueve diariamente una cantidad aproximada de 1 billón 25 mil millones de pesos.
Los principales participantes en este Sistema son Indeval, a través del cual circulan al día 650 mil millones de pesos; el Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado del Banco de México, que mueve 250 mil millones de pesos diarios; y el Sistema de Atención a Cuentahabientes del propio Banco de México, en el que cotidianamente se operan 125 mil millones de pesos. De estas cifras, resulta que día con día el Sistema de Pagos maneja recursos equivalentes a la quinta parte del Producto Interno Bruto anual del país.
Quienes participan en el mencionado Sistema realizan actividades económicas relevantes que requieren un sistema de esta naturaleza para la adecuada protección de transacciones significativas, de lo que se desprende que generan o tienen a su alcance flujos de efectivo que deberían ser la base para una aportación más racional y equitativa en el sistema fiscal mexicano. Una parte mínima, casi insignificante, de lo que se mueve por estos canales, que podría ser de una diezmilésima aplicada a cada transacción, permitiría recaudar aproximadamente 100 millones de pesos diarios y un volumen anual aproximado de 30 mil millones de pesos, equivalentes a medio punto del Producto Interno Bruto.
Si bien esta cifra no resuelve todos los problemas del país, permitiría avanzar en el equilibrio de las finanzas públicas y atender diversas necesidades sociales prioritarias; por ejemplo, contribuir al financiamiento de la educación pública, respecto de la cual aprobamos recientemente llegar a la asignación de recursos presupuestales por un monto equivalente a 8% del Producto Interno Bruto anual.
Se trata de una fuente de financiamiento sana que no afectaría la economía popular y que incluso permitiría, con un sacrificio mínimo de los montos que se mueven en el mencionado Sistema, incidir positivamente en la reactivación de la economía.
Los negocios del país que utilizan este Sistema, en el mediano plazo, se verían beneficiados con el impacto de la inversión pública en obras y servicios que coadyuven a incentivar el empleo y a elevar el nivel de demanda de la población, con lo que podríamos iniciar un círculo virtuoso de la productividad, fundado en nuestros propios recursos y en la expansión del mercado interno.
El mecanismo que proponemos tiene también la virtud de su simplicidad en cuanto a la facilidad administrativa para la recaudación y el control de la misma, dado que todos los recursos se mueven a través de conductos perfectamente identificados que pasan por el Banco de México, que el número de participantes es limitado de acuerdo con lo que señala la propia Ley del Sistema de Pagos y que las operaciones realizadas se cierran cotidianamente en ceros, lo que permite la absoluta verificabilidad de las mismas y el proceso de recaudación resulta altamente seguro y confiable.
Otra ventaja del Sistema es la posibilidad de llevar la contabilidad al día, lo cual permite hacer retenciones y enteros cotidianamente, de manera que la administración tributaria cuente con un flujo constante de ingresos por este concepto.
En atención a lo expuesto y con fundamento en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte relativa a la capacidad para establecer contribuciones, fracción XXIX, inciso 3º, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, me permito proponer la siguiente iniciativa de Ley que Establece el Impuesto Sobre Transacciones Efectuadas en el Sistema de Pagos.
Artículo 1º. Se establece un impuesto sobre los servicios de transacciones que se efectúan a través del Sistema de Pagos como lo define la ley de la materia. La base del impuesto será el monto de cada transacción efectuada.
Artículo 2º. Se impone una tasa de un diezmilésimo sobre el monto de cada transacción; el 50% de la tasa será a cargo de quien ordene la transacción y el otro 50% a cargo de quien la reciba.
Artículo 3º. Los participantes en el Sistema de Pagos, según están definidos en la Ley de Sistemas de Pagos, tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto a la Tesorería de la Federación mediante el formato de declaración que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 4º. El Banco de México será responsable solidario del pago de este impuesto y, a requerimiento de la Secretaría de Hacienda, podrá retener a los participantes en el Sistema de Pagos las cantidades necesarias para cubrirlo.
Artículo 5º. Los retenedores deberán cubrir diariamente pagos provisionales correspondientes a las transacciones del día anterior.
Artículo 6º. A más tardar el último día de enero, los retenedores formularán una declaración anual a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y enterarán la parte que corresponda después de calcular los pagos hechos durante el año. Copia de esta declaración deberá ser enviada a los gobernadores de los estados, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los Presidentes y secretarios de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Fortalecimiento del Federalismo de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Transitorio
Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, DF, a 3 de diciembre de 2002.
Dip. Eduardo Andrade Sánchez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Diciembre 3 de 2002.)
QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA REDUCIR EL NUMERO DE LEGISLADORES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2002
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes diputados federales del grupo parlamentario de Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa por el que se reforma y deroga diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de modificar la composición e integración de las Cámaras del Congreso de la Unión, mediante la reducción de sus legisladores, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Para Acción Nacional es indispensable el respeto a la división e integración legítima de los Poderes, así como el cumplimiento eficaz de las funciones propias de cada uno, para que resulte el equilibrio justo en el ejercicio de autoridad dentro del Estado de Derecho.
Es por eso que se considera necesario fortalecer la facultad de control propia del Poder Legislativo Federal, toda vez que este Poder ha sido calificado como el que representa por mandato constitucional a la Nación, además de ser el único en el que conviven y deciden de manera colegiada las distintas fuerzas políticas y corrientes ideológicas del país. Razón por la cual se considera que este poder, como ningún otro, es ideal para fiscalizar no sólo a la Administración Pública Federal, sino a los demás órganos de Estado, con el fin de velar por la transparencia, eficacia y legalidad de su gestión.
A raíz de los resultados electorales de 1997, año en que ningún partido político alcanza por sí solo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el Congreso empezó a tener una posición relevante como verdadero contrapeso del poder público; incluso ello hizo que algunos calificaron a dicha Legislatura como la de "transición", debido a que empezó a asumir plena y responsablemente su categoría de Poder y a ejercer de manera eficaz las facultades que le atribuye la Constitución, pero no sólo se trataba de legislar, sino de contribuir a la correcta orientación de las políticas de la administración pública, sobre todo se ejerció el control de éstas por la vía del presupuesto y se exigió la rendición de cuentas al Ejecutivo.
Son varios los cuestionamientos que hoy se pueden hacer al Poder Legislativo. Entre ellos destacan la falta de profesionalización y capacitación (en gran medida ante la ausencia de reelección inmediata); la falta de un servicio de estaff de carrera; la debilidad de las comisiones de investigación; el tiempo tan corto con que cuenta el Congreso para analizar y discutir el "paquete económico" (Presupuesto de Egresos de la Federación y Ley de Ingresos), no permite que éste asuma cabalmente dicha responsabilidad de control mediante un análisis objetivo, profundo y mesurado.
Todo lo anterior nos obliga al perfeccionamiento de la institución legislativa. Más aún cuando el Poder Legislativo es la pieza central del sistema de la división de poderes y de la democracia representativa. La representación social que ejerce el Poder Legislativo en las esferas de poder es uno de los postulados característicos de todo régimen democrático.
Dada su naturaleza representativa, constituye un mosaico de manifestaciones humanas, sociales, culturales y políticas. Así, pues, en el Parlamento confluye y se integran todos los sectores que conforman la sociedad: hombres y mujeres, adultos y jóvenes, profesionales, citadinos y campesinos, así como diferentes razas y credos religiosos.
Se puede afirmar que el Parlamento, como ningún otro Poder, representa "la voz del pueblo" ya que en él se delibera sobre los grandes temas que afectan al Estado y a la sociedad; y se controla el ejercicio del poder político para que éste se lleve a cabo de acuerdo con el ordenamiento Jurídico y con estricto apego a las normas éticas, de racionalidad, de oportunidad, prudencia, corrección y eficiencia que deben imperar en la gestión de los negocios públicos. Consecuentemente el Congreso de la Unión debe asumir responsablemente su categoría de Poder, no sólo para legislar sino para ser un auténtico contrapeso del poder público.
En una democracia pluralista y constitucional como la mexicana, los controles al ejercicio del poder constituyen un elemento inseparable del concepto Constitución. No se puede concebir un sistema constitucional, si al mismo tiempo no se le estructura sobre una base amplia de límites y controles al ejercicio del poder político; y es en este contexto donde el Congreso de la Unión, como depositario del Poder Legislativo, tiene un papel relevante en la democracia.
La esencia de esta competencia es la inspección, la fiscalización, la vigilancia, la revisión, el examen, la comprobación, la denuncia, el escrutinio y la discusión pública de los asuntos que atañen a la colectividad, es decir que tienen que ver con las políticas, los entes y los órganos públicos, así como son sus titulares.
Un Poder Legislativo fortalecido en sus funciones trasmite confianza en la ciudadanía, lo que influye positivamente en el desarrollo democrático de un Estado, generando estabilidad, política, social y por ende económica.
Los abajo firmantes consideran que entre las acciones para el perfeccionamiento del Poder Legislativo está la de lograr eficientizar su organización y funcionamiento. Por lo que en tal sentido, se considera que el número de legisladores actual ha provocado la falta de una organización adecuada, así como el entorpecimiento de acuerdos y consensos al interior de los grupos parlamentarios y las cámaras, lo que motiva el rezago y la lentitud del trabajo legislativo, y hace que el Congreso de la Unión no asuma cabalmente la función de pesos y contrapesos.
Además de los costos institucionales y de control político que la inamovilidad legislativa provoca, habría que sumar, si no de manera relevante pero sí secundaria, los costos económicos que a su vez conlleva el que los apoyos técnicos, administrativos, informáticos, etc., se pulvericen o distribuyan en un número tan alto de legisladores.
En este diagnóstico no puede ignorarse el sentimiento social que se ha expresado en la opinión pública, en cuanto a una labor legislativa con resultados no del todo aceptables.
Precisamente por eso es que la presente iniciativa propone una nueva integración de las Cámaras del Congreso, que dé vitalidad y dinamismo al trabajo legislativo. Mediante esta iniciativa el grupo de Acción Nacional refrenda la conveniencia de que en México se mantenga un sistema electoral mixto, es decir, de mayoría y de representación proporcional, por ser éste un sistema que garantiza tanto representatividad como gobernabilidad, a diferencia de los de simple mayoría o simple proporcionalidad,
Cabe recordar respecto a la integración y composición de la Cámara de Diputados que, por la reforma constitucional de 1963, a iniciativa presentada por el entonces Presidente López Mateos, el Legislativo incluyó jurídicamente el denominado sistema de diputados de partido. Tal y como fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de Julio de 1963, el partido que obtuviese más 2.5% de la votación total tendría derecho a acreditar diputados de partido, y por consiguiente a que se le asignasen asientos.
Ya para el año de 1976 la Cámara de Diputados estaba integrada por 196 diputados de mayoría relativa y 41 diputados de partido, sumando un total de 238 legisladores. En cuanto a la figura de los diputados de partido o plurinominales, en 1972 se estableció como requisito para acreditar un diputado de partido que el candidato hubiese obtenido más del 1.5% de la votación total, facilitando el acceso a las curules designadas como de representación proporcional.
Un notable aumento en cuanto a la integración de la Cámara de Diputados se da el día 28 de diciembre de 1977, con la publicación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, así como con la reforma constitucional referente a este tema. Se suprimió la figura de los diputados de partido y se estableció un sistema mixto, en el que predominaba el principio de mayoría relativa por encima del de representación proporcional. De los 400 diputados que integraban la Cámara de Diputados, 300 eran electos mediante el sistema de mayoría relativa y 100 de acuerdo con el de representación proporcional.
El 15 de diciembre de 1986 se da una nueva reforma electoral, en la cual se aumenta de 100 a 200 diputados de representación proporcional y se mantiene sin modificación los 300 diputados de mayoría relativa, sumando los 500 diputados que en la actualidad integran esta H. Cámara de Diputados.
Reflexionemos que las circunstancias que reinaban en 1963, cuando el Presidente López Mateos propuso la creación de la figura de los diputados plurinominales, conocidos entonces como "Diputados de Partido", son diametralmente diferentes a las actuales. Bajo la premisa de dar apertura y participación a voces y actores diferentes a la del partido oficial, así como una forma de legitimar la arena política en la cual el partido en el gobierno en aquel entonces, tenía un control total; luego entonces esta figura llenaba un hueco que existía entonces.
Sin duda el sistema electoral en México ha venido adecuándose y respondiendo a las necesidades sociopolíticas que se han suscitado en nuestro país, y el hecho de haber adoptado un sistema mixto es precisamente por una realidad histórica concreta, de todos conocida: la existencia de un sistema de partido casi único. De ahí la necesidad de construir un sistema de partidos verdadero, de una auténtica competencia electoral basada en principios de equidad, transparencia, objetividad, legalidad, certidumbre, entre otros, y en manos de órganos electorales realmente independientes y sujetos a dichos postulados. Sin duda, no se puede negar que en estos aspectos hemos avanzado.
Ahora bien, como se sabe las elecciones parlamentarias tienen como objetivos lograr un cuerpo legislativo con capacidad y condiciones de ejercer sus funciones propias, como son legislar y ser un equilibrio de los demás poderes públicos, además de ser representante de la población; en resumen el Congreso está llamado a ser una institución para la gobernabilidad y representatividad.
Por las razones esgrimidas es que en la presente iniciativa plantea que respecto a la integración y composición de la Cámara de Diputados, se reduzca el número que la conforman, en tal sentido se propone que de 500 diputados se reduzca a 400 diputados, mediante la eliminación de 100 diputados de representación proporcional, por lo que la Cámara de Diputados quedaría de la siguiente forma: se mantienen los 300 diputados electos según el principio de votación de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y se tendría únicamente 100 diputados electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de Listas Regionales votadas en circunscripciones plurinominales.
De aprobarse esta propuesta, se lograría reducir el número de sus integrantes, pero conservando un sistema electoral mixto, que a su vez haría prevalecer la existencia de la representatividad dentro de la Cámara y, por otra parte se construye la posibilidad, entre otras cosas, de eficientizar la organización y funcionamiento de la misma.
En tal sentido, la iniciativa que se somete a su consideración pretende la reducción del número de legisladores, pero sin que dicho espíritu altere gravemente el sistema mixto electoral, estableciendo un sistema electoral basado en la competencia electoral, el triunfo compartido, la pluralidad, un equilibrio entre los votos y los escaños, pero que a su vez permita traducirse en una mejor organización y desarrollo del trabajo parlamentario, que permita contar con un Congreso más capaz y más profesional frente a los otros poderes públicos. Que le permita ser un auténtico factor de pesos y contrapesos, y una institución eficaz en beneficio de la sociedad.
Al lograrse esta reducción legislativa en la figura de representación proporcional para diputados, se establecería un sistema mixto con dominante mayoritario, con el fin de favorecer una mayor identidad y comunicación entre el representante popular y el electorado, disminuyendo el que la elección sea determinada en gran medida por las elites de los propios partidos políticos, quienes generalmente disiden, en el sistema de representación proporcional, qué candidatos aparecerán en las listas regionales de las circunscripciones plurinominales.
Es así que con este nuevo sistema se fortalece la aproximación, la vinculación y el control ciudadano sobre los que han de ser electos como diputados, al implicar que haya una mayor eficacia en la manifestación de la voluntad política.
Luego entonces, el número de individuos que integran las instituciones representativas, en este caso el Congreso, debe tomar en cuenta las condiciones demográficas, pero también las condiciones institucionales, políticas y económica, después de todo estas razones también son de peso para establecer el número de personas que tendrán a su cargo la potestad legislativa.
Ya lo afirmaba Madison J. Hamilton que "Ningún problema político es tan susceptible de hallar una solución precisa como el que se refiere al número que más convenga fijar a una legislatura representativa? Nada puede ser más engañoso que fundar en principios aritméticos nuestros cálculos políticos. Sesenta o setenta hombres pueden ser investidos de un poder con más confianza que seis o siete. Pero esto no significa que seiscientos o setecientos resultarían proporcionalmente mejores depositarios. Y si ampliamos la suposición a seis o siete mil, habría que invertir todo el razonamiento. Lo cierto es que determinado número mínimo parece indispensable en todos los casos para asegurar los beneficios de la libre deliberación y consulta y para precaverse contra fáciles combinaciones para propósitos indebidos, en tanto que, por otra parte dicho número debe mantenerse dentro de cierto límite con el objeto de impedir la confusión y los excesos de la multitud".
En este contexto, un gran número de integrantes en la composición de las Cámaras de representación popular, hace que la acción de éstas se vea limitada en el logro de beneficios públicos. Una asamblea enorme tiene grandes dificultades para lograr facultades decisorias. En efecto, si una representación nacional llega a tener un número grande de individuos que discuten y que interponen una gran variedad de criterios para tomar decisiones, entonces habrá menores posibilidades para que la asamblea nacional tenga efectividad de acción pública. Por ello la importancia del tamaño correcto de las Cámaras de representación popular. Luego entonces, una Cámara representativa y eficiente se convierte en un bien público para los ciudadanos que los eligieron.
Se coincide, que a mayor tamaño de una asamblea, menor es la posibilidad de proveer un camino óptimo para el trabajo legislativo Por tal motivo, los abajo firmantes consideran que a menor tamaño de la Cámara de Diputados, además de obtener otros beneficios, se mejorará la organización y funcionamiento del trabajo en dicha Cámara, permitiendo que ésta cumpla eficazmente sus atribuciones constitucionales y legales.
En consecuencia, y por las consideraciones expuestas, los abajo firmantes diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Soberanía Nacional, el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Unico.- Se reforma el artículo 52, el párrafo segundo del artículo 53, el párrafo primero y la fracción I del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 52.- La Cámara de Diputados estará integrada en su totalidad por 400 diputados,de los cuales 300 serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.
Artículo 53.- ...........
Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones
Artículo 54.- La elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
II. a VI. ...
Unico.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputados: F. Ricardo Sheffield Padilla, David Rodríguez Torres, Beatriz Grande López, Ramón Soto Reséndiz (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Diciembre 3 de 2002.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 7 BIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RUBEN AGUIRRE PONCE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2002
El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito formular ante esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
1.- Las patentes son el instrumento que permiten impulsar el desarrollo económico en los países, al mismo tiempo generan las condiciones para aumentar las actividades económicas de los mismos, facilitan la innovación tecnológica y aseguran por largo tiempo el crecimiento estable de la producción. El establecimiento de las patentes aseguran, protegen y estimulan la creatividad de muchos individuos interesados en el mejor desarrollo de las potencialidades de progreso del país.
2.- En México el sistema de patentes se regula por la Ley de la Propiedad Industrial cuya aplicación corresponde al Ejecutivo Federal a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; desde la década pasada la importancia de las patentes ha aumentado, pero al mismo tiempo han sido constantes las denuncias sobre el robo de las mismas sin que las autoridades hayan hecho algo al respecto, inclusive se habla de corrupción de los altos mandos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, encargados de velar por los intereses de quien patenta y registra un invento.
3.- Las autoridades mexicanas mencionan que los niveles de protección patentaria se han incrementado en el país, desde la década pasada en forma permanente y destacada. Se dice que ofrecen a los titulares protección legal adecuada y eficiente; sin embargo el índice de patentes de inventores y empresas nacionales, (que no rebasan las 500 anuales), sigue mostrando las debilidades de un sistema que aún no permea sus bondades a la comunidad inventora y empresarial.
4.- La realidad, para empresarios y creativos mexicanos (as), es que la lucha por la defensa de la propiedad intelectual se encuentra en una etapa difícil, donde la aplicación de las leyes en la materia a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aún favorece a las corporaciones nacionales y extranjeras con capacidad económica para sostener largos y costosos trámites; que los inventores nacionales, no pueden sostener, motivo por el cual se ven en la necesidad de abandonar la defensa de los derechos adquiridos de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial. De hecho esto es una desventaja de los mexicanos frente a los extranjeros.
5.- El ejemplo que tenemos a la mano para ilustrar la problemática, es el caso de las compañías Kolitas y Corporación Rolmar. Los accionistas y representantes legales de las mismas, han denunciado al actual director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por supuestos malos manejos en el otorgamiento y registro de marcas que han afectado sus intereses comerciales y económicos. Los dos casos anteriores se refieren a registros de marcas, que en promedio llevan 8 años defendiendo sus derechos otorgados por el Instituto. Con relación a derechos de patente y de modelos de utilidad, podemos mencionar el caso del señor Uriel Gastón Sabido Mendiburu, titular de un modelo de utilidad otorgado por el Instituto con 2 años de anterioridad y que està en conflicto con otro invento otorgado posteriormente a una empresa nacional. El modelo de utilidad aparece ahora con características propias de otros modelos internacionales olvidándose el Instituto de que "el primero en tiempo, es primero en derecho" establecido en los artículos 10 Bis y 42 de la Ley de Propiedad Industrial.
6.-Estos son sólo dos casos de denuncias sobre posible similitud entre las marcas a las cuales el IMPI ha otorgado beneficios, la lucha por la defensa de su creación ha costado a estas dos compañías largos años de lucha jurídica y además grandes pérdidas económicas que inclusive han llevado a la Corporación Rolmar a declararse en quiebra.
7.- El inventor debe tener el respaldo del gobierno para el desarrollo y la comercialización de su invención a nivel nacional e internacional, al mismo tiempo se debe apoyar con recursos para generalizar el invento.
8.- Al respecto en el artículo 2 de la Ley de la Propiedad Industrial en las fracciones quinta y sexta, se señala expresamente la protección que gozará el inventor nacional:
VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos."
10.- Ante el conjunto de irregularidades en el proceso de registro de las patentes, es indispensable que el gremio de los inventores pueda contar con información oportuna y transparente, sobre el curso que lleva su trámite, y al mismo tiempo deben ser coparticipes de la misma.
11.- A partir de 1994 en el artículo 7 Bis se introduce en la Ley de la Propiedad Industrial en sus Órganos de Administración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que la junta de Gobierno se integrará por 10 personas; entre las cuales no hay representantes de los principales actores de la inventiva como son los inventores, siendo totalmente factible que estuvieran por ser un Organismo Descentralizado.
12.- Recientemente se presentó una iniciativa para hacer más transparente el servicio público y dar la información pertinente que así sea solicitada por la ciudadanía. En el mismo sentido debemos impulsar que el gremio de los inventores sean los que conozcan con certeza qué destino tienen sus patentes.
13.- Sabemos que un país sin desarrollo tecnológico propio es un país que dependerá enormemente de los grandes centros industriales, tenemos que ser capaces de desarrollar tecnología propia que coadyuve al desarrollo económico del país y no sean las instituciones las que frenen la inventiva nacional.
14.- Por esto es que consideramos procedente incluir a dos inventores de organizaciones privadas de alcance nacional, debidamente constituidas lo cual resultaría trascendental ya que la presencia de ellos motivaría a los inventores de todo el país a proteger sus innovaciones, fortaleciendo la competitividad de México frente a sus socios comerciales; y consecuentemente redundaría en una mejor defensa de las patentes y propiedad Intelectual de los inventores mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta soberanía la siguiente Iniciativa de reforma y modificación al artículo 7 Bis de Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:
Artículo Unico. Se reforma y agrega la fracción V al artículo 7 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:
Artículo 7 Bis.- La Junta de Gobierno se integrará por doce representantes
...........
V. Un representante de la Asociación Nacional de Inventores, Industriales e Innovadores A.C. y uno de la Federación Nacional de Inventores Siglo XXI A.C.
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizará las gestiones necesarias para la inclusión, de los representantes de la Asociación Nacional de Inventores, Industriales e Innovadores A. C. y de la Federación Nacional de Inventores Siglo XXI A.C. en la Junta de Gobierno del mismo, al día siguiente de la entrada en vigor del presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2002.
Dip. Rubén Aguirre Ponce (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Diciembre 3 de 2002.)
QUE ADICIONA LOS ARTICULOS 35 Y 83 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EN LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA HAYA UN REPRESENTANTE, SIN VOZ NI VOTO, DE CADA PARTIDO SIN GRUPO PARLAMENTARIO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA BERTHA ALICIA SIMENTAL GARCIA, DEL PSN, EN LA SESION DEL MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2002
Los suscritos diputados federales a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72, 79 fracción III y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55 fracción II, 56, 60, 64 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la iniciativa de Ley con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo a los Artículos 35 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Es innegable la importancia que tiene la información y el acceso oportuno a ella, para el buen desarrollo de los trabajos legislativos. Sobre todo si se trata de aquellos asuntos que están siendo abordados por alguna de las Cámaras y que serán aprobados o rechazados por la misma. También es incuestionable la importancia de la función que cumple la Junta de Coordinación Política dentro de ambas Cámaras como lo señalan los artículos del Capítulo cuarto de la Ley Orgánica del Congreso.
Sin embargo, el conocimiento, discusión y aprobación de los temas tratados por la Junta de Coordinación Política sólo se encuentra al alcance de Diputados cuyo partido político tiene representación en la misma, y excluye a todos los diputados que no cuentan con dicha representación, dejándolos en franca desventaja en cuanto al conocimiento oportuno de dichos asuntos para el adecuado análisis y posicionamiento que al efecto se debe tomar, bajo la conducta parlamentaria ética y responsable que se debe de tener.
El hecho de que un partido político no esté representado en la Junta de Coordinación Política, lo desvincula de todos los trabajos de la misma, y ello lo margina de los trabajos legislativos realizados dentro de dicho órgano de dirección. Este hecho lesiona de forma evidente los fines para los cuales se incorpora en el derecho Mexicano la figura de los grupos parlamentarios.
Es evidente también, que impide la posibilidad de que los legisladores que comparten una misma corriente ideológica, asuman posiciones comunes o afines con algún grupo parlamentario, a fin de que los pronunciamientos que se incluyan en los debates obedezcan a un criterio uniforme, organizado, que permita la participación de todos los Diputados integrantes de ésta Cámara de una manera igualitaria, hecho que sin duda nos llevaría a efectuar de forma satisfactoria y expedita todos los trabajos legislativos; pero, todos estos planteamientos y reflexiones quedan sólo como texto, que no trascienden a la realidad, ya que el artículo señalado restringe el derecho de la libre expresión de la corriente ideológica que representan los partidos políticos sin grupo parlamentario, vulnerando además el derecho conferido en el artículo 9 constitucional ya que en un sentido amplio, la conformación de un grupo parlamentario en una forma de unión pacífica, es un agrupamiento plenamente reconocido por nuestra Ley Fundamental.
La ausencia de representación de mi partido político en este órgano de dirección lesiona gravemente el derecho a la información de los legisladores nacionalistas así como nuestra participación en asuntos de vital importancia, de los cuales se toman las principales decisiones en esa Junta de Coordinación Política sin que nos podamos enterar de las razones, fundamentos y negociaciones por las que se tomaron dichas decisiones, llegando incluso al absurdo, de no contar con anticipación del conocimiento oficial de los minutos que la Junta de Coordinación Política nos hace el favor de otorgarnos o no otorgarnos para tener participación en tribuna en glosas y otras presentaciones de funcionarios.
Es por ello que consideramos de vital importancia la aceptación de la presencia de un representante de cada partido político sin grupo parlamentario, a fin de que dicha información fluya de modo equitativo para todos los partidos políticos que de conformidad con la legislación vigente no hayan podido conformar un grupo parlamentario, a fin de que todos y cada uno de los diputados integrantes de esta Cámara de Diputados tengamos el mismo derecho de acceso a dicha información.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo con el número 3 al artículo 35, y un párrafo con el número 2 al artículo 83 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo primero. Se adiciona un párrafo con el número 3 al artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto tendría el siguiente contenido:
Capítulo Cuarto
De la Junta de Coordinación Política
Sección Primera
De su integración
Artículo 35
1. (.....)
2. (.....)
3. También tendrán derecho de concurrir a las reuniones de la Junta de Coordinación Política, sin derecho a voz ni voto, un Diputado por cada Partido Político, con representación ante la Cámara, que no cuente con grupo parlamentario, a fin de que tenga conocimiento sobre los asuntos y decisiones que se tratan en dicho órgano.
Artículo segundo. Se adiciona un párrafo con el número 2 al artículo 83 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
Capítulo Cuarto
De la Junta de Coordinación Política
Sección Segunda
Artículo 83.
1. (.....)
2. También tendrán derecho de concurrir a las reuniones de la Junta de Coordinación Política, sin derecho a voz ni voto, un Diputado por cada Partido Político, con representación ante la Cámara, que no cuente con grupo parlamentario, a fin de que tenga conocimiento sobre los asuntos y decisiones que se tratan en dicho órgano.
Transitorios
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en la Honorable Cámara de Diputados, el 3 de diciembre de 2002.
Diputados: Gustavo Riojas Santana, Bertha Alicia Simental García, Norma Patricia Riojas Santana (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias. Diciembre 3 de 2002.)
QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, PARA FOMENTAR LA EFICIENCIA Y LA TRANSPARENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DEL FAIS CON EL FIN DE ABATIR LA POBREZA EXTREMA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR EMANUEL DIAZ PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2002
El suscrito diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, integrante de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 70 y la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento de la fracción II del artículo 55, y en el artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma y adiciona los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal
Exposición de Motivos
En un sistema federal existe permanentemente la tensión que se genera por la asignación de recursos hacia los estados más pobres, conforme a la noción de que un pacto federal tiene que ser compensatorio y que debe haber cierto grado de solidaridad de las regiones ricas hacia las regiones pobres. Y es que entregar mayores recursos, mayores transferencias a las regiones pobres implica que, por otra parte, deje de promoverse a regiones ricas o con crecimiento dinámico. Esta es una tensión que debe resolverse en el diseño de la política pública de transferencias federales.
En México, por lo que toca a nuestra política de transferencias federales, tenemos, como ustedes lo saben, que los ingresos que reciben los estados y municipios por parte del gobierno federal se clasifican en transferencias gubernamentales y participaciones federales. Estos ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos totales de los estados y municipios. Tradicionalmente, las transferencias federales (Ramo 33) a los estados y municipios se asignaban a las diversas dependencias federales. En 1997, con la intención de cambiar este patrón y lograr un sistema más transparente en la distribución de estos recursos, las aportaciones o transferencias del Ramo 33 fueron incorporadas a la Ley de Coordinación Fiscal, según la cual una parte de los recursos de este ramo presupuestal se transferieren a los gobiernos estatales y municipales para usos específicos determinados (es decir, "etiquetados") por el gobierno central. A partir de ese año, la fuente principal de transferencias federales para los estados y municipios ha llegado ser el Ramo 33, llamado Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
A diferencia de las participaciones, los recursos que reciben los estados y municipios a través del Ramo 33 son establecidos como un elemento específico del presupuesto asignado cada año por el Presidente de la República y aprobado por la Cámara de Diputados. En este sentido, este ramo forma parte del gasto programable de cada año, mismo que puede ser asignado para cualquiera de los otros rubros en los que el gobierno federal puede gastar su dinero. Según la Ley de Coordinación Fiscal, este ramo posee siete fondos con destinos específicos:
De los siete fondos que componen el Ramo 33, sólo los dos últimos (el FAFM y el FAIS) se transfieren a los municipios, por conducto de los estados. Los otros cinco se ejercen a través de las dependencias federales responsables de asegurar su aplicación en las actividades señaladas anualmente por la Federación en el Presupuesto de Egresos.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuye los recursos que reciben los estados provenientes del FISE, cuyo monto es determinado anualmente en el presupuesto de Egresos de la Federación. La distribución de este fondo se realiza bajo los criterios de extrema pobreza establecidos en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal. De los recursos del Ramo 33 que reciben los municipios (el FAISM y el FAFM), el FAISM también se distribuye, según el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, de acuerdo a criterios de pobreza extrema utilizando la misma fórmula de distribución del FISE.
Todavía hay pocos estudios sobre el comportamiento del FAIS, por ejemplo, pero uno de ellos señala que los estados que más se han favorecido con estos recursos son Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y México, concentrando el 49 por ciento de los mismos para 1999.
Desde su creación, un defecto en el diseño institucional del FAIS se ha vuelto cada vez más claro: dado su carácter compensatorio, este fondo tiende a desincentivar el combate a la pobreza a través del tiempo. Dado que los recursos que recibe cada entidad federativa mantienen una relación directa y positiva con sus carencias, los estímulos de las autoridades estatales o municipales, según sea el caso, para mitigar tales carencias son débiles, pues si las carencias registraran una disminución real, los recursos que les serían asignados registrarían también una disminución.
Así pues, las aportaciones del FAIS, como quizás también esté sucediendo con otros fondos del Ramo 33, no se encuentran ligadas a ningún tipo de incentivo real para reducir los índices de pobreza extrema o incrementar la cobertura de servicios básicos. Por el contrario, su fórmula de reparto induce a los estados y municipios a preservar, e incluso a fomentar, la situación de pobreza extrema.
Para solucionar el problema de incentivos perversos que tenemos con el FAIS, esta iniciativa propone dividir el FAIS en dos partes idénticas, cada una de las cuales se distribuirá de acuerdo a criterios y fórmulas distintas. Así, tendremos el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social por Avance en el Combate de la Pobreza Extrema (FACOPE).
El propósito de dividir el FAIS en dos partes iguales responde a la necesidad de alinear los incentivos para favorecer el combate a la pobreza extrema en los estados y municipios. La nueva fórmula propuesta para la distribución del FACOPE representa un mecanismo de evaluación del trabajo de los gobiernos estatales y municipales en el combate a la pobreza extrema que premia a los Estados en los que se han registrado avances en la superación de la pobreza extrema y castiga a los estados que no han registrado avances o que han registrado retrocesos.
Además de los incentivos que el FACOPE puede echar a andar a favor de la eficacia en el combate a la pobreza, este fondo fomenta la transparencia y la rendición de cuentas de los gobernantes frente a los gobernados. La transparencia implica que los resultados de la gestión gubernamental estén a la vista del público y que la rendición de cuentas permite a los ciudadanos premiar o castigar con su voto a los gobernantes de acuerdo con los resultados de su gestión.
Con la introducción del mecanismo de evaluación que significa la fórmula del FACOPE se evitaría que los presidentes municipales, por ejemplo, destinen los recursos a la construcción de auditorios, remodelación de plazas cívicas o adquisición de vehículos, que aún cuando constituyen formalmente gasto de inversión y de obra pública, no inciden significativamente en el abatimiento de las condiciones de pobreza extrema.
La propuesta de esta iniciativa posee las siguientes dos importantes características:
2. A través de la introducción de un mecanismo de evaluación sencillo y claro (evaluar si el grado de pobreza en el estado o municipio en el momento actual es menor, igual o mayor al grado de pobreza que el estado o municipio poseía el año anterior), esta iniciativa fomenta la transparencia y la rendición de cuentas por parte, en primer lugar, de las autoridades estatales frente al gobierno federal, y de las autoridades municipales frente al gobierno estatal, lo cual es un complemento crucial a los esfuerzos por aumentar la eficiencia económica y administrativa de los gobiernos. A través del FACOPE el gobierno federal y los gobiernos estatales contarán con información sistematizada que les permitirá verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas para los que se transfiere recursos en los niveles estatal y municipal.
Señoras y señores legisladores:
Nuestro punto de partida es que tenemos un presupuesto federal limitado. De aquí que utilizar recursos en una dirección implica dejarlos de utilizar en otra, y no es evidente que debe tener prioridad. No podemos destinar recursos para el alivio de la pobreza que no tienen ninguna incidencia real en el abatimiento de las condiciones en que viven los grupos menos favorecidos y, al mismo tiempo, sacrificar recursos que podrían generar empleo, que podrían generar crecimiento.
Si se necesita construir una carretera en una región relativamente próspera, y los efectos multiplicadores de ese crecimiento sobre el resto del país son elevados, no es evidente que los recurso deban de irse hacia las regiones más pobres, si estos recursos no están siendo aplicados de manera eficaz para mantener a la baja los niveles de marginación en algunas regiones del país.
Debemos entonces plantearnos ahora la pregunta: ¿cuál es el objetivo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social? Si el objetivo es combatir eficazmente la pobreza, debemos reconocer que ese objetivo es irrealizable bajo el actual esquema de incentivos con que se manejan los recursos de este fondo.
Hay una lección muy clara en la literatura sobre políticas públicas según la cual si uno desea tener éxito, necesita contar con un instrumento para cada objetivo. La noción es que si deseamos cumplir con dos objetivos, por ejemplo, combatir la pobreza y descentralizar los recursos hacia estados y municipios, y lo intentamos hacer con un solo instrumento, probablemente alguno de los dos objetivos será sacrificado si no es que ambos. Si tenemos un fondo que promueve la descentralización de recursos y que al mismo tiempo fomenta la eficiencia en el combate a la pobreza, probablemente no logrará ni uno ni el otro objetivo. Debemos, entonces, cotejar que tengamos suficientes instrumentos para cada uno de los objetivos que estamos tratando de alcanzar. Esto es lo que intenta remediar esta iniciativa: trabajar con dos fórmulas para alcanzar dos objetivos distintos: promover las descentralización de recursos con un criterio de carácter compensatorio, y promover las descentralización de recursos con un criterio de eficiencia.
Una segunda lección básica para el diseño de cualquier política pública es cumplir con el requerimiento de la transparencia: que sepamos cuántos recursos le van a tocar a cada quién, por qué razones y con qué criterio. Uno de los instrumentos más claros de política pública para generar asignaciones transparentes es el uso de fórmulas, y eso es presumiblemente uno de los avances que tenemos en el Ramo 33. La idea entonces es utilizar alguna fórmula que establezca cuánto va a recibir cada quién. Esto sin embargo abre un asunto muy importante, que es que cada fórmula debe incluir elementos que tengan que ver con el objetivo de cada fondo. Es decir, si utilizamos un instrumento para cada objetivo, un fondo para cada objetivo, entonces los elementos que conforman cada fórmula deben ser acordes con el objetivo de cada fondo. Por esta razón proponemos la creación del FACOPE dentro del FAIS, para tener una fórmula de asignación de los recursos que sea congruente con el objetivo de abatir la pobreza.
Considerando lo anterior, se propone la siguiente iniciativa que reforma y adiciona los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal:
Artículo 34.
Dice:
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre los estados, considerando criterios de pobreza extrema, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos.
II. ........
III. .......
IV. ........
V. ........
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, dividirá en FAIS en dos partes iguales, cada una de los cuales se distribuirá entre los estados, considerando criterios de magnitud de la pobreza extrema y de eficacia en la disminución de tal pobreza, conforme a las siguientes fórmulas y procedimientos.
En primer lugar, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se distribuirá conforme a la siguiente fórmula y procedimientos:
II. .........
III. ........
IV. ......
V. .........
____________
En donde:
MCEk0 = Masa Carencial del Estado k en el año inmediato anterior;
MCEk1 = Masa Carencial del Estado k en el año actual;
IACPEk = Indice de Avance en el Combate a la Pobreza Extrema para el Estado k.
II. Los resultados de este índice se ubican dentro de un intervalo de -1 a 1. Para los cálculos subsecuentes sólo se consideran a los índices cuyo valor se ubica entre 0 y 1, que son aquellos Estados en los cuales se ha registrado un avance en el combate a la pobreza extrema.
III. El valor del IACPE del Estado de eleva al cuadrado para atribuir mayor peso a los estados con mayor avance.
Una vez elevado al cuadrado el IACPE del Estado se hace una agregación de todos los estados (que registraron avances positivos en el combate a la pobreza extrema) para obtener un Indice Nacional de Avance en el Combate a la Pobreza Extrema
INACPE = Â IACPE2
En donde:
IACPEm = Indice de Avance en el Combate a la Pobreza Extrema del Estado m.
M = Número total de Estados que hayan registrado un avance positivo en el combate a la pobreza extrema.
INACPE = Indice Nacional de Avance en el Combate a la Pobreza Extrema.
PECPE = IACPEm * 100
INACPE
PECPE = Participación porcentual del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social por Avance en el Combate a la Pobreza Extrema (PECPE) del Estado m.
Artículo 35.
Dice:
Los Estados distribuirán entre los Municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos Municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema.
Debe decir:
Los Estados distribuirán entre los Municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con dos fórmulas iguales a las señaladas en el artículo anterior, que enfaticen, por un lado, el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema y que estimulen, por otro lado, el avance en el combate a la pobreza extrema.
Transitorios
Unico.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 3 de diciembre de 2002
Diputados: Víctor Emanuel Díaz Palacios, Alberto Amador Leal, Melitón Morales Sánchez, Adela Cerezo Bautista, Benito Vital Ramírez (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Diciembre 3 de 2002.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 250 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA CONTRIBUIR AL COMBATE AL PROBLEMA DE CONSUMO, TRAFICO Y COMERCIO DE ESTUPEFACIENTES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NEFTALI SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2002
El suscrito, diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, perteneciente a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que reforma el artículo 250 de la Ley General de Salud, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Los psicotrópicos son un tipo de medicamento de acción terapéutica efectiva y de gran utilidad en el campo de la neuropsiquiatría, pero su efecto en la conducta del ser humano, las reacciones secundarias y el control y seguimiento de éstas deben ser evaluados por un profesional especialista médico, toda vez que puede correrse el riesgo de que se desvirtúe su empleo, quedando susceptible a un uso indebido o abuso de estas sustancias; y, considerando los efectos adictivos que pueden provocar, los principales perjudicados serían los jóvenes, como el grupo más vulnerable en estos problemas.
De acuerdo con el artículo 44 del Reglamento de Insumos para la Salud, en su Capítulo II, para la obtención, elaboración, fabricación, preparación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, almacenamiento, comercialización, importación, exportación, prescripción médica, suministro, posesión, transporte, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes y psicotrópicos, con excepción de los que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, sólo podrá realizarse con fines médicos y científicos, previa autorización de la Secretaría.
El artículo 45 del referido reglamento señala que la guarda y custodia de materia prima que sea o contenga estupefacientes o psicotrópicos son responsabilidad de quien los posea, mismo que deberá contar con los documentos oficiales que comprueben su tenencia legítima, los que deberá conservar durante un plazo de tres años.
En la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud se deben precisar y establecer claramente los requisitos para la venta al público de los estupefacientes y psicotrópicos, toda vez que hay imprecisiones con la redacción vigente, específicamente en el artículo 250 de Ley General de Salud, cuya ambigüedad radica en que se remite al Capítulo V, donde sólo se hace referencia a la prescripción de estupefacientes; sin embargo, no se hacen especificaciones para la prescripción de sustancias psicotrópicas que se establecen en la fracción II del artículo 245 de la misma ley, tal y como lo dicta el artículo 250.
Por ello, el objetivo de esta iniciativa es eliminar esa ambigüedad de la legislación actual y así coadyuvar a combatir el problema de consumo, tráfico y comercio de estupefacientes, así como de sustancias psicotrópicas, a través de un mejor control del manejo de las sustancias, enfáticamente en lo referente a la prescripción médica, situación que, si bien no resuelve el problema, será un gran apoyo para nuestras autoridades.
Asimismo, reconocemos que es responsabilidad de las autoridades de la Secretaría de Salud revisar la clasificación de los medicamentos en cuestión, así como de la clasificación de los grupos establecidos en la Ley General de Salud. No obstante, es responsabilidad de nosotros como legisladores actualizar el marco jurídico a efecto de establecer las bases que permitan actuar de manera adecuada a la propia Secretaría de Salud, en el ámbito de su competencia, así como a los especialistas, que permitan mayor control del flujo comercial de medicamentos para tratamientos tan específicos como los psicotrópicos y estupefacientes.
El uso y abuso de esas sustancias representan una preocupación creciente para el Gobierno Federal, las entidades federativas y la sociedad en general. Esta problemática exige contar con procedimientos, criterios, normatividad y legislación claros, de tal modo que sean de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de servicios de la Secretaría de Salud del sistema nacional de salud y en los establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, de tratamiento, de control y de prescripción de los referidos medicamentos.
Por ello, compañeras y compañeros legisladores, reitero el propósito de esta iniciativa de brindar tanto a las autoridades sanitarias de la Secretaría de Salud como a los especialistas médicos los elementos necesarios para el mejor ejercicio de sus actividades, eliminando las ambigüedades vigentes en el artículo 250 de la Ley General de Salud, a efecto de que se regule más estrictamente el manejo de los psicotrópicos y estupefacientes. Por los beneficios que trae consigo esta iniciativa, espero que depositen en ella su confianza y apoyo.
Por ello, someto a su consideración la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 250 de la Ley General de Salud, referente al manejo de los psicotrópicos de la fracción II del articulo 245.
Artículo Unico. Se reforma el artículo 250 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 250. Las sustancias psicotrópicas incluidas en la fracción II del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, quedarán sujetas en lo conducente a las mismas disposiciones que se establecen para los estupefacientes en el Capítulo V de este Título.
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito sea impreso en forma íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates y se turne para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2002.
Diputados: Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, Miguel Mantilla Martínez, Francisco Salvador López Brito, Cuauhtémoc Cardona Benavides, Alejandro Zapata Perogordo, Policarpo Infante Fierro, José Francisco Blake Mora, María Eugenia Galván Antillón, Carlos Alberto Valenzuela Cabrales (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Salud. Diciembre 3 de
2002.)
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INFONAVIT, PARA QUE LOS CREDITOS OTORGADOS POR ESTE EN EL PERIODO 30 DE JULIO DE 1987-24 DE FEBRERO DE 1992 SE CONSIDEREN DENOMINADOS EN PESOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO ANDRADE SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2002
Distraigo nuevamente su atención para traer a esta tribuna la voz de ciudadanos que habitan distintas unidades del Infonavit en Veracruz y que me han planteado, en mi carácter de dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la necesidad de presentar una iniciativa que corrija una ancestral injusticia que se ha venido cometiendo contra ellos. Y entiendo que, así como ocurre en mi estado, también sucede en otras entidades a partir de una circular que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) giró el 30 de julio de 1987.
Hasta antes de esa fecha, los créditos que otorgaba el Infonavit se daban en pesos y así se registraban tanto el monto del crédito como los intereses que habrían de cobrarse hasta la conclusión de los pagos pero, con motivo del disparo del fenómeno inflacionario en los años ochenta, la circular a que me refiero introdujo el concepto de "múltiplos de salario mínimo vigente en el Distrito Federal" como base para el otorgamiento de los créditos y se produjo entonces una aplicación de ese concepto a los préstamos que dio el Infonavit en aquella época.
El 24 de febrero de 1992 se modificó el artículo 44 de la Ley del Infonavit para establecer legalmente la determinación de los créditos en múltiplos de salario mínimo. Pero entre 1987 y 1992, en realidad la determinación de estos créditos, su pago, su actualización y los intereses que generaban se realizaron sin un verdadero fundamento legal e incluso podría decirse que la reforma de 1992 vino a aplicarse retroactivamente a quienes habían obtenido créditos con anterioridad, que debieron haber estado denominados en pesos.
Ese motivo dio lugar a algunos convenios que han existido, en los cuales el Infonavit ha reconocido la necesidad de replantear el monto de los créditos porque el acreditado ha visto aumentar el precio de su vivienda en múltiplos de salarios mínimos, actualizar los montos de su saldo y aplicársele intereses sobre esas actualizaciones, en contra de lo que originalmente estaba pactado en sus contratos y que derivaba de la ley anterior.
En consecuencia, hay muchos derechohabientes del Infonavit acreditados que nunca han podido consumar la propiedad de su vivienda porque han pagado el monto inicial que habían contratado varias veces y aún así siguen teniendo un saldo deudor. Esta injusticia debe corregirse.
Cuando la ley que estableció ya el sistema de múltiplos de salario mínimo, y así se contrató, tiene que respetarse esa situación, pero los casos situados entre 1987 y 1992 sí pueden ser modificados con una determinación nuestra a partir de la aprobación de un decreto que adicione un artículo transitorio a la Ley del Infonavit.
En esa razón y con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar esta iniciativa de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
ARTICULO UNICO. Se adiciona un artículo transitorio a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Artículo Decimosexto. Todos los créditos otorgados entre el 30 de julio de 1987 y el 24 de febrero de 1992 deberán considerarse otorgados en pesos en los términos de la ley vigente en ese momento.
El Infonavit deberá hacer un nuevo cálculo de los montos pagados por los trabajadores acreditados que hubiesen recibido créditos durante el mencionado periodo y determinar la cantidad por virtud de la cual tales créditos hubieran quedado saldados, aplicando los términos de la ley vigente en esa época.
Si la suma pagada por el trabajador acreditado al momento de entrar en vigor el presente decreto fuese igual o superior a la cantidad resultante de aplicar lo preceptuado en el párrafo anterior, el crédito deberá considerarse totalmente cubierto por el trabajador acreditado y el Instituto quedará obligado a emitir la escritura correspondiente que acredite la propiedad de la vivienda adquirida por el trabajador.
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
México, DF, a 3 de diciembre de 2002.
Dip. Eduardo Andrade Sánchez (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Trabajo y Previsión
Social, y de Seguridad Social. Diciembre 3 de 2002.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 110 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL FIN DE FACULTAR AL CONGRESO DE LA UNION PARA QUE RESUELVA RESPECTO DE LOS JUICIOS POLITICOS CONTRA SERVIDORES PUBLICOS DE LOS ESTADOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA SILVIA AMERICA LOPEZ ESCOFFIE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2002
Los suscritos diputados federales de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión presentamos la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 110 de la Constitución federal, con el fin de facultar al Congreso de la Unión para que resuelva en definitiva respecto de los juicios políticos contra altos servidores públicos de los estados por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales, y por uso indebido de fondos y recursos federales, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La defensa de la Constitución ha sido un tema que ha preocupado siempre, más aun cuando mantener sus mandatos es una base necesaria para el mantenimiento del Estado de derecho en México.
En efecto la protección de nuestra Constitución deriva precisamente del principio fundamental que la caracteriza: el de "supremacía constitucional", y que se refiere específicamente a mantener la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la máxima disposición jurídico-normativa sobre la cual no puede existir ningún acto de autoridad.
Tal principio constitucional llega a significar la necesidad de la existencia de un ordenamiento superior a los demás, al que no contravengan los actos autoritarios estatales bien federales, estatales o municipales, sirviéndoles de origen e implicando que se mantendrá vigente nuestro sistema federal, los derechos humanos, la paz social y pública, conjuntamente con el Estado de derecho en una sociedad.
Asimismo y estrechamente vinculado con el principio de supremacía está el de fundamentalidad, el cual denota una cualidad de la Constitución que, lógicamente, hace que ésta se califique como "Ley Fundamental del Estado". Entraña, por ende, que dicha Constitución sea el ordenamiento básico de toda estructura jurídica estatal, es decir, el cimiento sobre el que se asienta el sistema de derecho en su integridad. Por ello la Constitución es reconocida como la Ley Fundamental y al mismo tiempo y por modo inescindible es la Ley Suprema del Estado. Fundamentalidad y supremacía son dos conceptos inseparables que denotaban dos cualidades concurrentes en la Constitución.
Como podemos observar, de dicho principio de supremacía constitucional, se deriva el nacimiento de uno de los capítulos principales de la Carta Magna, el relativo al establecimiento de los medios de control constitucional o de defensa de la Constitución, medios que implican un dique a la actuación de las autoridades estatales o, en su caso, cuando tales autoridades han actuado, el proceso a través del cual se dejará insubsistente todo acto de autoridad que contravenga algún mandato constitucional.
Asimismo, el precepto constitucional citado, señala textual y expresamente que la supremacía constitucional implica también que las Constituciones o leyes de los estados deberán sujetarse a la misma.
Es debido a la necesidad de proteger y vigilar la observancia de la Carta Magna, como surge y nace la necesidad de crear instrumentos de control constitucional, siendo el principal de ellos un orgullo nacional para los mexicanos, es decir, el juicio de amparo, y que junto con otros procesos o medios de control constitucional y los juicios previstos y regulados por el Título Cuarto de la Constitución, relativo a la "Responsabilidad de los Servidores Públicos", buscan mantener vigentes los mandatos de la Ley Fundamental del país, base necesaria para el mantenimiento del Estado de derecho en México.
En efecto, la defensa de la Constitución se realiza a través de lo que se conoce como medios de control de la constitucionalidad, medios por los cuales va a sobrevivir la Constitución, medios por los cuales va a ser efectiva la supremacía constitucional, que ésta sea real, efectiva, no lírica, romántica o poética, sino auténtica, palpitante, viva.
Por ello referirnos a la defensa de la Constitución, es hablar de los medios jurídicos a través de los cuales se va a controlar la Carta Fundamental, para lograr que se mantenga vigente la misma y que se haga realidad su contenido y alcance, y la cualidad de ser la norma de las normas, la norma cúspide y superior de todo el orden jurídico y a la cual se encuentran subordinadas todas las demás normas.
Precisamente para evitar la anarquía, es que se han venido ideando diversos medios o mecanismos para invalidar, nulificar o sancionar toda aquella actuación estatal arbitraria, que al surgir desacate los mandatos constitucionales. Ello hace que el tema de la defensa de la Constitución despierte un interés sin igual en todos los países, dentro de los que se incluye México.
En 1840, el jurista yucateco Manuel Crecencio García Rejón y Alcalá, propuso la adopción de una Constitución para el estado de Yucatán, en cuyo proyecto se proponía la creación del juicio de amparo, que en sí mismo fue y es el sistema jurídico de protección o defensa de la Constitución más perfecto, razón por la que ha sido adoptado en muchos países del mundo.
Ahora bien, con las reformas constitucionales de 1994, se facultó a la Suprema Corte de Justicia para que además de seguir conociendo del amparo, conociera de otros diversos medios de control constitucional, a saber: las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, sumadas al juicio de revisión constitucional electoral del Tribunal Electoral de dicho Poder Judicial de la Federación. Como puede observarse se afirma y traslada a las autoridades federales la responsabilidad y la potestad del control constitucional por medio de estos instrumentos jurídicos.
En virtud del Pacto Federal las leyes locales quedan subordinadas y subalternas a la Federación-leyes federales.
Luego entonces, en todo Estado de derecho la sujeción a la Constitución, así como a las leyes que de ella emanan, la inherente obligación de responder en caso de incumplimiento constituye un pilar fundamental en el que descansa su buena marcha.
La credibilidad basada en las instituciones políticas se ha ido demeritando al grado de tornarse casi nula, y ello se debe a los constantes golpes y agresiones que ha sufrido la conciencia de los gobernados por parte de algunos gobernantes, debido a su actuar irresponsable y deshonesto, alejándose cada vez más del principio de legalidad que debe imperar en todo régimen democrático.
Es por eso que en base a dicha institución es creado el Estado constitucionalista, producto de la libre voluntad de los gobernados, en donde se reconocen las garantías individuales que debe poseer todo gobernado, así como se delimita la actuación del Estado, en donde su actuación no debe transgredir ni afectar dichas prerrogativas, sino al contrario, el Estado debe tutelarlas y velar por su cumplimiento, siempre y cuando dicha actuación se encuentre dentro de los lineamientos establecidos por la propia Ley Fundamental, así como las leyes que de ella emanan, todo ello tendiente a alcanzar una verdadera democracia.
En base a lo anterior, se hace necesario pugnar porque en nuestro sistema normativo exista una verdadera delimitación legal de funciones y atribuciones de los titulares de los órganos de gobierno, mismos que deberán basar su actuación con apego a la Constitución y las leyes que derivan de ella, imponiendo a su vez un sistema de responsabilidades de los gobernantes cuando éstos contravengan alguna disposición legal en ejercicio de sus facultades.
Cabe puntualizar que corresponde al gobierno pugnar por la existencia de un verdadero marco jurídico en donde se desenvuelva todo servidor público, que reconozca sus derechos, pero que también le imponga obligaciones legales en el ejercicio de sus funciones, las cuales vayan enfocadas a la tutela de los derechos de los gobernados frente al actuar de cualquier autoridad, mismas que les permitan cuando así sea necesario, exigir por la vía legal, la imposición de sanciones a que se haga acreedor el servidor público por su proceder arbitrario, e incluso exigir la rendición de cuentas de la gestión realizada por el servidor público durante su encargo y en caso de encontrar alguna irregularidad, fincarle la responsabilidad de acuerdo a lo que establezcan las leyes.
El legislador preocupado por tal situación, y con fundamento en el Título Cuarto de la Constitución, referente a las responsabilidades de los servidores públicos, estableció en varias disposiciones legales tendientes a regular la actuación de los servidores públicos, lo cual dio como resultado la existencia de un marco jurídico integral, tendiente a vigilar, limitar y, en su caso, sancionar el actuar de los servidores públicos frente a los gobernados, para efecto de otorgarle seguridad jurídica a todo gobernado, el cual es poseedor de garantías individuales, mismas que deben ser respetadas por cualquier autoridad del Estado, con independencia de su importancia o jerarquía.
Luego entonces, no hay duda que la falta de cumplimiento en los deberes que impone la función pública da nacimiento a la responsabilidad a que alude el propio marco constitucional y que puede ser de orden administrativo, penal o político. Asimismo existen otras responsabilidades, a saber: la civil y la indemnizatoria.
Ahora bien, dentro de los medios de control político, nuestra Constitución prevé en su Título Cuarto el juicio político y la declaración de procedencia, encomendando el desarrollo de los mismos a un órgano político, el Congreso de la Unión.
Luego entonces, y a fin de asegurar la supremacía del orden constitucional estableció medios de control jurídico, pero a efecto de lograr el normal funcionamiento de las instituciones que sustentan al Estado, así como su adecuada nivelación, generó los medios de control político.
Por lo que respecta a la naturaleza jurídica del juicio político, ésta gira sobre hechos no delictuosos, y concluye con la separación e inhabilitación, en su caso, del alto funcionario que ha perdido la confianza pública, por lo tanto es ajeno a la actividad judicial. Es decir, el juicio político es aquel juicio instaurado por las Cámaras del Congreso de la Unión, en contra de determinado funcionario público, como resultado de la realización de determinadas conductas que contrarían los intereses públicos fundamentales y originan la responsabilidad política, entramándose de empleados federales, o motivado por violaciones a la Constitución y las leyes que de ella emanen, o mal manejo de fondos federales, entramándose de funcionarios, estatales, imponiéndose como sanción, en caso de encontrarse culpable desde la destitución del cargo hasta la inhabilitación por un tiempo determinado para desempeñar funciones públicas.
La finalidad del juicio político no es comprobar la existencia de un delito, sino la identificación de ciertas conductas consideradas generadoras de responsabilidad, cuya gravedad debe juzgarse criterio para separar al funcionario de su cargo.
El juicio político debe aspirar a lograr una efectiva y eficiente aplicación de la Constitución y la ley a los servidores públicos que, por integrar un poder público, por su jerarquía o por la trascendencia de sus funciones afecten los intereses públicos fundamentales o a su buen despacho.
Ahora bien, el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena en su segundo párrafo que "los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, sólo podrán ser sujetos a juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda".
Como se observa, en la última parte de este párrafo hay un misterio que nos lleva a las siguientes interrogantes: ¿para qué se comunicará a las Legislaturas locales la resolución declarativa? ¿Cuáles son las atribuciones que deben ejercitar? ¿Qué es eso de proceder como corresponda? El misterio o la ambigüedad en este sentido nace, como lo diría el propio Eliziur Arteaga, y cito: "que las disposiciones adolecen de los mismos vicios que afectan tanto al Título Cuarto de la Constitución como a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos: imprecisión, precipitación y oscuridad. Los estados al intentar desarrollar y cumplimentar en el nivel local el germen constitucional, han ido a tientas; algunos recurren a fórmulas generales; otros, hacen inoperante la función que la Constitución concede a las Cámaras", hasta aquí la cita.
En ese orden de ideas podemos decir, que además de resultar ocioso, confuso, ambiguo y una notable pérdida de tiempo, facultar a las Legislaturas de los estados para en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda, lo más delicado está en que puede llegar a convertirse en inoperante la función de control constitucional que tiene el juicio político, y que la autoridad federal -Congreso de la Unión- quede subordinada, relegada, supeditada o sojuzgada como responsable de esta potestad de control por las autoridades locales; y lo más grave es que el postulado de supremacía constitucional quede vulnerado o descobijado por este medio de control.
En este sentido afirmamos que la función de controlar la constitucionalidad debe recaer en las autoridades federales en resoluciones y actos que no le deberían corresponder a las autoridades locales basándonos en los principios de supremacía y fundamentalidad de la Constitución, como ya se ha expuesto líneas atrás.
En efecto, como ya sea dijo sea afirmada y trasladada en general a las autoridades federales la responsabilidad y la potestad del control constitucional por medio de diversos instrumentos jurídicos. Lo anterior en virtud del pacto federal, por lo que las leyes locales quedan subordinadas y subalternas a la Federación-leyes federales.
El federalismo mexicano tiene que hacer hincapié en circunscribir la actuación de las autoridades locales a lo dispuesto en la Ley Fundamental.
Si bien sabemos que el modelo constitucional se ha constituido sobre la base del Estado de derecho. Entre sus principios fundamentales destaca, como ya se dijo, el de supremacía constitucional, que implica la sujeción de los actos y disposiciones normativas al texto de la Carta Magna. Con el propósito de garantizar la libertad y la seguridad jurídica, pues en ella se establecen los límites jurídicos a los gobernantes. Para hacer efectiva la supremacía constitucional se crean diversos medios de control con la finalidad de subsanar los ataques a la misma.
Declarando la validez de la norma o acto concreto a través de diversos procedimientos.
El objetivo fundamental, histórico-jurídico de la función de control constitucional consiste en la protección y mantenimiento del orden constitucional realizados a cada caso concreto que se presente.
Es sabido que hay la presencia de otros medios de control de regularidad constitucional que no son jurisdiccionales, sino más bien políticos, entre ellos quedan comprendidos el órgano revisor de la Constitución, el principio de la inviolabilidad constitucional, el juicio político, las facultades de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de violación a las garantías individuales. Por otro lado encontramos de igual manera otros mecanismos jurisdiccionales de control constitucional, atendiendo con esto al amparo, controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad de leyes o actos de autoridad según su naturaleza, con peculiaridades que los distinguen con otros como son la materia sobre la que versan.
La teoría del control de la constitucionalidad se entiende en función de que existe algo que por su esencia y atributo es formalmente superior, que por naturaleza es materialmente fundamental porque él solo es original y todo el orden normativo restante es derivado y secundario.
Precisamente por estas razones, consideramos indispensable que el juicio político tanto para altos funcionarios federales como locales, deba ser conocido y resuelto en definitiva por la autoridad política federal; es decir, por el Congreso de la Unión. Debe descansar el control constitucional, esencia de este juicio, en la autoridad del poder de la Federación, y no en los Congresos locales, como hasta hoy se establece. De ninguna manera la presente iniciativa es en detrimento de la soberanía o autonomía de los estados, ni mucho menos se pretende debilitar el sistema federal mexicano, por el contrario como ya se ha sustentado, es con la finalidad de preservar el principio de supremacía constitucional.
En tal sentido se propone eliminar lo relativo a que la resolución del Congreso de la Unión será únicamente declarativa y que se comunicará a las Legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda, respecto a los juicios políticos, y establecer que será dicho Congreso de la Unión quien resolverá en definitiva y consecuentemente el que deberá imponer la destitución o inhabilitación respectiva, en los casos de juicio político contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, cuando hubiera habido violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.1
Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente
Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Unico.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 110.- ........
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Las demandas de juicio político que se hubieren presentado hasta antes de la fecha de la vigencia del presente decreto, se regirán por la disposición constitucional anterior, y consecuentemente las Legislaturas de los estados conocerán de los mismos para los efectos que procedan.
Nota:
1 Incluso la propuesta puede ser únicamente para
los casos de violaciones graves a la Constitución y a las leyes
federales que de ella emanen. Y, en su caso, dejar lo relativo al manejo
indebido de fondos y recursos federales con efectos declarativos. Asimismo,
podría establecerse que sea la Cámara de Diputados la que
debería resolver en definitiva sobre la declaración de procedencia,
eliminando lo relativo a resolución declarativa.
Dip. Silvia América López Escoffie (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Diciembre 3 de 2002.)
Con fundamento en los artículos 71, fracción II; 73, fracciones IV, XXIII y XXIX-C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 37; 38, párrafo 1, inciso c); 40, numeral 3; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 85, 87 y 91 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta soberanía a fin de presentar la siguiente excitativa, para que la Presidencia de esta Mesa Directiva transmita a las presidencias de las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, así como del Distrito Federal la obligación de presentar el dictamen correspondiente a las proposiciones con punto de acuerdo por problemas limítrofes entre el Distrito Federal y el estado de México.
Antecedentes
Con fechas 9 de octubre y 15 de diciembre de 2001, fueron presentadas ante el Pleno de esta Cámara, proposiciones con punto de acuerdo tendientes a solucionar problemas limítrofes del DF con el estado de México:
El diputado José Delfino Garcés Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propuso a este Pleno la revisión de los límites entre el estado de México y el Distrito Federal, específicamente en la delegación Tláhuac y del municipio del Valle de Chalco Solidaridad.
Meses después, el de la voz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó proposición con punto de acuerdo sobre los problemas de límites entre el Distrito Federal y el estado de México, específicamente en los confines de la delegación Iztapalapa y el municipio de Los Reyes La Paz.
Ambas proposiciones expresan consideraciones, fundamentos sociales, jurídicos y de fondo iguales, así como relativas a los límites de las mismas entidades federativas, por lo que se solicitó la dictaminación conjunta de ambas proposiciones para su estudio y dictamen.
Es la fecha que la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y la del Distrito Federal no han resuelto las iniciativas en comento, estando pendiente el dictamen correspondiente desde el primer periodo de sesiones del segundo año de esta LVIII Legislatura.
Consideraciones
El objetivo fundamental de las iniciativas que motivan nuestra solicitud de dictamen, proponen la convocatoria de las Comisiones de Límites de cada entidad federativa para la revisión de los trabajos de la demarcación bilateral; asimismo, se solicita que esta LVIII Legislatura, a través de las Comisiones Unidas, soliciten a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal su opinión respecto de las solicitudes de los vecinos que aún no aceptan la imposición de una línea que separa a sus comunidades, como los de la colonia Emiliano Zapata, en la delegación Iztapalapa o los ejidatarios de Santa Catarina Yecahuizotl, en la delegación Tláhuac.
Un gobierno democrático, surgido de la voluntad popular a través del sufragio de la ciudadanía, debe fortalecer y mejorar la relación con los ciudadanos de su demarcación territorial.
La excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal responde a la necesidad y el derecho de vecinos y comunidades que mediante la solicitud del amparo de la justicia federal, continúan en su lucha por ejercer y exigir el respeto a su derecho de avecindarse con sus tradicionales cercanos, y atender a la administración pública que ellos reconocen como suya.
Por eso entendemos que la consulta necesaria para dirimir esta controversia entre gobierno y ciudadanos, requiere de voluntad política para consensar una solución que pudiera motivar un convenio limítrofe que satisfaga la demanda de pertenencia de vecinos que se sienten agraviados por residir en el estado de México y no en el Distrito Federal como sus conurbados.
Por lo antes expuesto, y dado que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que "toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación", y que es la fecha de que no se han presentado ante este Pleno el dictamen correspondiente a estas dos iniciativas en comento, aún y habiéndose vencido el plazo referido, es imponderable que la Presidencia de la Mesa Directiva en uso de las atribuciones que le confiere el párrafo primero, inciso f), del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, conforme a lo que establece el artículo 38, párrafo primero, inciso c), del mismo ordenamiento citado y el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, realice una excitativa a la Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública, y del Distrito Federal de nuestra Cámara, para que conforme a lo dispuesto en el artículo 87 del citado Reglamento se presenten los dictámenes que corresponden a estas iniciativas, para su discusión y, en su caso, aprobación por el Pleno de esta asamblea.
Por lo antes expuesto, Esteban Daniel Martínez Enríquez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia de esta Mesa Directiva y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos legislativos, se excite a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal de nuestra LVIII Legislatura, para la presentación en este Pleno del dictamen que corresponde a las proposiciones y puntos de acuerdo presentados por los diputados José Delfino Garcés Martínez y Esteban Daniel Martínez Enríquez, todos integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Diputados: Esteban Daniel Martínez Enríquez, Delfino Garcés Martínez (rúbricas).
(Se excita a las Comisiones del Distrito Federal, y de
Gobernación y Seguridad Pública para que emitan el dictamen
correspondiente. Diciembre 3 de 2002.)
A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL ARTURO NARVAEZ NARVAEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2002
Manuel Narváez Narváez, en mi carácter de diputado federal a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el inciso M) del artículo 27, y párrafo tercero del artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a promover esta excitativa, en virtud de que un servidor presentó una iniciativa de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción XIV del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, desde el 25 de abril de 2002 que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión de Hacienda, por lo que me permito acudir a usted, para exponer los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 25 de abril de 2002, el de la voz, presentó ante el Pleno de esta Cámara una iniciativa de decreto por la que se adicionaba un tercer párrafo a la fracción XIV del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito.
2. Tal iniciativa pretende prohibir de manera expresa y categórica que las instituciones de crédito cobren o realicen cargos por cualquier concepto que excedan de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la cuenta del librador de un cheque sin fondos.
Finalmente, se expresa una prohibición adicional para que en ningún caso los bancos puedan hacer cobro o pago alguno al titular de la cuenta de cheques en la cual fue depositado para su cobro, cheque carente de fondos disponibles y suficientes, ni al tenedor del mismo que lo presente para su cobro.
3. Esta propuesta surge por la necesidad de regular una situación actual que es injusta a todas luces, ya que a la fecha las instituciones bancarias cobran al titular de la cuenta en la que se ha depositado un cheque sin fondos, una comisión por la devolución del mismo, atentado así la esfera jurídica del titular de esta cuenta, ya que se presume la buena fe de éste y en todo caso la responsabilidad jurídica debe ser para el librador del título ejecutivo.
4. En este mismo tenor, es importante regular las comisiones que deben cobrar los bancos al librador de un cheque sin fondos, ya que en la actualidad cada una de estas instituciones cobra un importe diferente, que oscila entre cuatrocientos y los mil doscientos pesos. Así lo reconoce la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al señalar que "en los contratos que suscriben los bancos y sus cuentahabientes se pacta el cobro de comisiones por servicios y diversos conceptos.
Cabe señalar a este respecto que entre dichos bancos no existen políticas generales de homologación de comisiones, siendo recomendable que la clientela de las mismas revisen las estipulaciones relativas contenidas en los mencionados contratos y en particular, los conceptos e importes que cobre la institución de que se trate". Desde luego esta recomendación es inatendible en virtud de que los contratos de apertura de cuentas y de otros instrumentos bancarios son meros contratos de adhesión en los que lo materia revisable por la parte contratante es nula.
Así, al no contar los bancos con un criterio uniforme para realizar el cargo de expedición de un cheque sin fondos, nuestra propuesta se encamina en el sentido de que esta penalización no rebase lo diez salarios mínimos.
5. Es el caso que una vez presentada la iniciativa en comento, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, la turnó para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda desde el 25 de abril de 2002, habiendo transcurrido a la fecha evidentemente mucho más de los cinco días que como plazo concede nuestra normatividad interna, para que las Comisiones de la Cámara presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita.
Por lo anterior consideramos procedente y rogamos a la Presidencia de la Mesa Directiva que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite a la Comisión de Hacienda a fin de que emita el dictamen correspondiente de la iniciativa en comento.
Dip. Manuel Narváez Narváez (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, para que emita el dictamen correspondiente. Diciembre 3
de 2002.)
Exposición de Motivos
México es uno de los 17 países que en conjunto albergan entre el 60 por ciento y el 70 por ciento de la biodiversidad del planeta. En nuestro país, esta gran diversidad biológica se origina en la compleja topografía, la variedad de climas y la conexión de dos zonas biogeográficas existentes en el territorio mexicano que forman un variado mosaico de condiciones ambientales.
Esta riqueza ambiental cumple la paradójica condición de ser al mismo tiempo sobreexplotada y desaprovechada. Sobreexplotada por intereses privados, poco racionales y alejados de los criterios de sustentabilidad que deben determinar el aprovechamiento de los recursos naturales.
Desaprovechadas por la gran mayoría de los habitantes de estas regiones privilegiadas, cuya riqueza es en muchos casos inversamente proporcional a la miseria de sus pobladores.
El grave deterioro ecológico de los últimos veinte años muestra claramente que una crisis ambiental puede manifestarse en cualquier organización, grande, pequeña, pública o privada, con o sin aviso y en cualquier parte.
Las actividades más afectadas por la crisis ecológica son la pesca, la agricultura y la ganadería. Entre los daños se observa la pérdida de suelos por sustancias tóxicas, lluvia ácida, erosión y salinización de suelos, factores relacionados con la pérdida de producción.
Todo ello tiene un múltiple efecto en detrimento del medio ambiente, de las condiciones de vida de poblaciones marginadas, en el futuro de montañas, bosques y ríos. En nuestro propio futuro y el de próximas generaciones.
En Veracruz existen zonas de montaña, bosque, esteros, lagunas, selvas. Presenta diferentes variedades de clima y muchos cuerpos de agua, esteros, ríos y lagunas de importancia. Posee gran variedad de productos agrícolas, pecuarios, maderables y pesqueros, siendo los principales la caña de azúcar, arroz, piña, naranja y plátano. De estos cultivos dependen importantes agroindustrias generadoras de empleo.
Posee importantes puertos pesqueros y de altura. Cuenta con el mayor número de pozos petrolíferos en la planicie costera del golfo. Los domos salinos están entre los de mayor producción mundial. Cuenta con gran variedad de lugares turísticos. El territorio del estado estuvo habitado por cuatro grandes culturas: olmeca, huasteca, totonaca y nahua.
Veracruz tiene condiciones privilegiadas, y una gran riqueza y diversidad de recursos y condiciones naturales. Pero no ha sido ajena a graves condiciones de deterioro ambiental.
En las sierras las condiciones de vida son lacerantes y no se contempla en el corto plazo una atención que permitan corregir los problemas ambientales. Prevalece un pastoreo desordenado, una agricultura insegura y la tala clandestina. El ecoturismo no ha recibido el apoyo ni la promoción que permitiría extender sus beneficios a sectores más amplios de la población. Es común observar el clásico cambio de uso del suelo de forestal a agrícola. El abasto de agua en muchas regiones está en riesgo. La respuesta gubernamental ha sido en muchos casos la indiferencia. Existen asentamientos irregulares que han venido destruyendo zonas de manglar y selva. En zonas pesqueras, como la que ocupa la cuenca del río Bobos en Nautla, Martínez de la Torre, Tlapacoyan y Vega de Alatorre, los desechos industriales afectan la calidad de vida de cientos de pescadores. En bosques y áreas forestales hay aserraderos con capacidad instalada superior a la capacidad productiva. Decretos de protección y de áreas protegidas han quedado en el papel. Ha disminuido dramáticamente la extensión de selvas y bosques.
Esta amplia variedad de problemas, carencias y condiciones de marginación puede ser superada sólo con el esfuerzo y el trabajo conjunto de la sociedad organizada, los diferentes niveles de gobierno, los campesinos, pescadores, artesanos y otras organizaciones sociales.
Los cambios en el mundo natural suelen ser cíclicos y predecibles. Muchos ecosistemas no expuestos a la acción humana parecen estables e invariables, en un estado del "equilibrio natural".
Todos los medios y ecosistemas naturales se enfrentan a una dificultad sin precedentes: el ser humano ha comprimido en unos pocos siglos cambios que hubiesen exigido miles o millones de años. La influencia más directa del hombre sobre los ecosistemas es su destrucción o transformación.
En su estado natural, el bosque permanece en condiciones autorreguladas durante largo tiempo. En estas circunstancias, existe el perfecto equilibrio entre zonas de bosque, lluvia, corrientes pluviales, actividades económicas y en general un desarrollo equilibrado, sustentable, inteligente.
La conservación de la naturaleza está ligada al uso sostenible de su capital básico, que son los recursos naturales, como el suelo, el agua, las plantas, los animales y los minerales. El mal uso de los mismos puede provocar pérdidas económicas, dañar la singularidad del paraje o acabar con las especies presentes en él.
Las reservas naturales, territorios y masas de agua de valor excepcional, deben ser preservados para proteger ecosistemas, especies animales y vegetales amenazados, parajes de interés paisajístico, formaciones geológicas o lugares de interés histórico o arqueológico.
En el desarrollo sustentable, los ríos cumplen una función vital. Es el agua lo que distingue a la Tierra de los otros planetas conocidos y lo que hace posible la vida. En la Tierra hay más de mil 400 millones de km3 de agua continuamente reciclados y transformados a su paso por los océanos, la atmósfera, la biosfera y por los suelos y rocas de la geosfera.
La falta de lluvias tiene consecuencias desastrosas para la vida de los ríos y sus riberas y para el suministro de agua. La cantidad y regularidad de las aguas de un río son de enorme importancia para las plantas, animales y personas que viven a lo largo de su curso.
Los ecosistemas de los ríos pueden considerarse entre los más importantes de la naturaleza y su existencia depende totalmente del régimen de los mismos. Por lo tanto, se debe tener gran cuidado para no alterar este régimen al actuar sobre el río y su cuenca, ya que una gestión poco responsable de los recursos del agua o su sobreexplotación pueden tener efectos desastrosos para el ecosistema de ribera.
La mayoría de los ríos se internan en el mar a través de estuarios. En los estuarios se asientan hábitats muy variados y ricos en especie marinas y fluviales. La presión del desarrollo pone en peligro estos hábitats; debido a la expansión industrial que amenaza con contaminar la vida silvestre.
El conflicto entre la naturaleza y la explotación de los recursos fluviales no es algo nuevo. A lo largo de la historia, los ríos y sus llanuras, estuarios y deltas han influido en la agricultura, el transporte, la industria, el vertido de desechos y los asentamientos humanos.
Gracias a su corriente y naturaleza ecológica, los ríos son capaces de regenerarse por sí mismos al admitir cantidades asombrosas de afluentes.
Sin embargo, todos los ríos tienen un límite de capacidad de asimilación de aguas residuales y fertilizantes provenientes de las tierras de cultivo. Si se supera éste, la proliferación de bacterias, algas y vida vegetal consumirá todo el oxígeno del agua, destruyendo todo el ecosistema fluvial.
En los países en desarrollo, el desafío está en prevenir la contaminación de sus ríos y ecosistemas vírgenes. Los ríos son el último refugio de muchas especies de animales y plantas y el suministro de agua que pueden aportar es la mejor esperanza para el desarrollo sostenible. La importancia de los ríos trasciende las fronteras nacionales y los intereses locales.
La defensa de la naturaleza en México data del siglo XVI, cuando Moctezuma II creó reservas botánicas y zoológicas. El primer parque nacional mexicano se creó por decreto presidencial en 1917. Durante el mandato del Presidente Lázaro Cárdenas se crearon 40 parques nacionales y 7 reservas. Entre ellos, el Parque Nacional Palenque, que protege las densas selvas tropicales que lo rodean.
En el caso que nos ocupa, la región de Caña Alta, en el municipio de Atzalán, Veracruz, es una depresión topográfica localizada en la cuenca del río Bobos, cuya importancia estratégica permite la conservación de este río que beneficia a más de 25 municipios de la zona centro norte del estado de Veracruz. Su vegetación la convierte en una zona representativa de las regiones biogeográficas y de los ecosistemas existentes en la región. Incluye tierras de cultivo, zonas arqueológicas, afluentes del río Bobos o Nautla, pequeñas lagunas y arroyos.
En ella se encuentran especies de flora y fauna en diversas categorías de protección. Ahí conviven agricultores, ganaderos, artesanos, prestadores de servicios, pescadores y diversos sectores que han hecho del río, de su cauce y sus beneficios su principal fuente de ingresos.
A pesar de su potencial, muchas de sus comunidades sobreviven en la marginación, lo que conlleva a una explotación inadecuada de sus recursos naturales con repercusiones como deforestación, erosión, asolvamiento de cauces e inundaciones en las partes bajas.
La zona es propicia para actividades de turismo alternativo, que tendrían una derrama económica considerable y coadyuvarían a un manejo sustentable de los recursos naturales en beneficio de la zona y las comunidades cuesta abajo.
Con un marco legal acertado se impulsará el desarrollo sostenible y se facilitará el cumplimiento de las leyes y la reparación de los daños ocasionados a las comunidades y a los ecosistemas. Se detendrá la expansión de actividades de alto impacto para los ecosistemas, como las industriales y no sustentables. A su vez, se pretende garantizar el desarrollo integral de las comunidades promoviendo su participación en la preservación y protección del ecosistema y su biodiversidad.
Se propone otorgar a esta zona un ordenamiento rector para las actividades productivas y el uso racional de los recursos naturales, su preservación, mejoramiento y viabilidad económica mediante procesos sustentables que permitan equilibrar los niveles de desarrollo y bienestar.
Por ello, es pertinente que la región del Bordo Caña Alta sea declarada área natural protegida, lo que permitiría la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, la preservación de su ecosistema, la investigación, la recreación y turismo, cubriendo los objetivos de desarrollo sustentable.
Justificación Jurídica
El artículo 27 constitucional, en su párrafo III, estipula que la nación, en todo tiempo, puede imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación y cuidar su conservación.
En consecuencia, puede dictar las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de las tierras, aguas y bosques para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
El artículo 25 constitucional establece el cuidado del medio ambiente con motivo de la regulación del uso de los recursos productivos de los sectores social y privado. Esta idea fue incorporada a la Carta Magna en las reformas de 1983.
El artículo 27 y en especial la adición de la fracción XXIX-G al artículo 73 de la Constitución, otorga facultades al Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Por otra parte, el artículo 115 constitucional, en su fracción V, señala que las áreas naturales del territorio nacional podrán ser materia de protección ecológica.
Los citados fundamentos constitucionales establecen las disposiciones que sustentan la política ambiental de nuestro país.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece las bases para definir los criterios y principios de la política ecológica nacional y los instrumentos para su aplicación; la preservación y protección de la biodiversidad, así como la creación, establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas; la protección de la flora y la fauna silvestres y acuáticas; el aprovechamiento racional de los recursos naturales, entre los más importantes (en el artículo 19). Asimismo, la LGEEPA señala en su artículo 2º "el establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y de las zonas de restauración ecológica".
Por otra parte, el decreto de actualización y reforma de esta ley, publicado en diciembre de 1996, estipula cambios en materia de áreas naturales protegidas, aplicables para justificar esta iniciativa de creación del ANP Caña Alta.
Lineamientos más claros y precisos para el establecimiento de órganos de administración y financiamiento, entre los que se encuentran los comités técnicos, fideicomisos y programas de manejo.
Se prevé la posibilidad de que el Gobierno Federal otorgue, en este caso, al gobierno del estado y los municipios del distrito, así como ejidos y comunidades agrarias y organizaciones sociales, la administración de las áreas naturales protegidas de competencia federal, una vez que las mismas cuenten con el programa de manejo respectivo.
Tomando en cuenta los anteriores fundamentos legales y, sobre todo, la necesidad de preservar el entorno ecológico, se propone otorgar para esta zona un marco legal rector en el fomento a las actividades productivas, a fin de lograr el uso racional de los recursos naturales, su preservación y mejoramiento, al igual que la viabilidad económica de la producción mediante procesos sustentables; así como dar espacio legal para que se lleve a cabo la reconversión productiva de los suelos.
En concordancia con lo establecido en la LGEEPA, así como con las necesidades propias de la región, se justifica esta iniciativa para llevar a cabo los siguientes objetivos:
Salvaguardar la diversidad genética de la flora y la fauna existentes, particulares y endémicas amenazadas o en peligro de extinción.
Preservar y restaurar el equilibrio ecológico de los sistemas rural-urbano en las zonas de amortiguamiento adyacentes.
Proporcionar un campo propicio para la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio.
Asegurar con un marco de protección la sustentabilidad integral de actividades turísticas que se lleven a cabo en estas áreas.
En el mundo existen más de 170 países, pero sólo 17 de ellos son considerados como megadiversos. México es uno de estos países que en conjunto albergan entre el 60 y el 70 por ciento de la biodiversidad total del planeta. Esta gran diversidad biológica se debe principalmente a la compleja topografía, la variedad de climas y la conexión de dos zonas biogeográficas existentes en el territorio mexicano que en conjunto forman un variado mosaico de condiciones ambientales.
El deterioro ecológico que se ha presentado en los últimos veinte años enseña al mundo que una crisis puede manifestarse en cualquier organización, sea grande o pequeña, pública o privada, con o sin aviso alguno y en cualquier parte. Por ejemplo: el desastre nuclear de Chernobyl, la tragedia de Bho-pal, en India, por la fuga de un gas letal de una planta de Union Carbide, el derrame de petróleo crudo en la costa de Alaska por el buque Exxon Valdez.
Otros ejemplos los encontramos en México con la explosión de gas en San Juanico y otra en el sector Reforma en Guadalajara, el envenenamiento con plomo de la población infantil en Torreón por emisiones de la fundidora de Peñoles y un sinfín de comunidades contaminadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En términos del deterioro ecológico, las actividades mayormente afectadas son la pesca, la agricultura y la ganadería. En las afectaciones a la agricultura se observa la pérdida de suelos por retención de agua, derrame de sustancias tóxicas y erosión y salinización de suelos.
Otra forma de afectación a los suelos es la denominada lluvia ácida, que los campesinos relacionan con la baja considerable en su producción. Resulta urgente realizar estudios de concentración de metales pesados en los pastos y suelos, así como en productos finales, investigaciones que serían un instrumento necesario para priorizar los programas de rehabilitación y recuperación de suelos.
Es urgente también recuperar las áreas de ecosistemas degradados, en abandono u ocupadas ilegalmente por las industrias para su reincorporación al uso, manejo y custodia de las comunidades locales. Debe ser un esfuerzo de sociedad organizada; campesinos, pescadores, artesanos y otras organizaciones sociales.
Las amenazas principales de los ecosistemas son la tala inmoderada para la ampliación de la frontera agrícola-ganadera, la destrucción ocasionada por desarrollos turísticos y urbanos y la destrucción por la construcción de carreteras, campos de golf, de granjas camaronícolas, y por derrames de petróleo, entre otras.
Un ejemplo es la región de El Bordo (ANP Caña Alta) en la que existe una depresión topográfica localizada en la cuenca del río Bobos, existiendo diferencias altitudinales hasta más de 500 metros, su vegetación va desde selva mediana hasta bosques de pino.
Lo accidentado de la topografía ha propiciado marginación en las comunidades de la región existiendo un ingreso per cápita de 5 pesos y 4 pesos en comunidades como Las Minas y Tatatila, respectivamente, conllevando esto a una explotación inadecuada de sus recursos naturales con las repercusiones que ello provoca como es deforestación, erosión, asolvamiento de cauces e inundaciones en las partes bajas.
Estudios de las particularidades de este lugar reflejan que en él se pueden fomentar actividades de Turismo alternativo, como son: alpinismo, campismo, contemplación de paisaje, observación de flora, foto, videocaza y fonocaza, que tendrían una derrama económica similar o superior a la existente en lugares como Jalcomulco que semanalmente obtienen ganancias cercanas a los 86 mil 500 pesos.
Estas actividades, al ofrecer una alternativa económica a los habitantes, coadyuvarían a un manejo sustentable de los recursos naturales, viéndose reflejado en un beneficio en la zona y las comunidades cuesta abajo.
La legislación debe defender los ecosistemas, garantizando su vitalidad y la de las poblaciones que viven en relación con ellos, por lo que uno de los objetivos de esta iniciativa será el de asegurar con un marco de protección la sustentabilidad integral de actividades turísticas que se lleven a cabo en estas áreas.
Es necesario obtener de los estados, gobiernos y empresarios privados, el estricto cumplimiento de las leyes y la reparación de los daños ocasionados a las comunidades y a los ecosistemas; así como detener la expansión de las actividades de alto impacto para los ecosistemas, como son las industriales y las no sustentables por considerarlas destructivas y contaminantes.
Las reclamaciones por afectación son frecuentes, las solicitudes de indemnización por daños en las comunidades del país abundan y hasta la fecha no se aplica ninguna política de solución integral.
Existen graves daños a la salud de la población de muchos mexicanos, principalmente de comunidades pobres, debido al deterioro ecológico, que no se ha determinado, que provocan empresas particulares y públicas, donde los grupos más expuestos son las mujeres y los niños.
La evidencia muestra que se ha registrado un aumento del número de casos de leucemia en la población infantil, igualmente se han registrado múltiples casos de cáncer y en opinión de algunos médicos, esta enfermedad es más común en mujeres que viven en las cercanías de las zonas de producción industrial.
Es necesario contar con un procedimiento efectivo para medir el impacto ambiental por actividad industrial y que se complemente con el de impacto en la salud.
En México muchas empresas continúan operando al margen de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Salud, además de que en distintas regiones del país faltan estudios de contaminación de suelo, aire, agua y su impacto en la salud.
Cuando hay afectación a personas y propiedades, la mayoría de las empresas, incluidas las públicas, ofrecen unos cuantos pesos como indemnización o la compra de sus terrenos, lo cual resulta indigno.
Es necesario pensar en la pertinencia de que se apliquen las sanciones que marcan las normas oficiales mexicanas cuando entes contaminantes agreguen a ecosistemas una carga no sostenible de contaminantes y que se destine a proyectos productivos en las zonas afectadas, además favorecer la reconversión de las actividades productivas con proyectos que sean sustentables y planeados de manera participativa con las comunidades afectadas. Lo mencionado antes es con el propósito de preservar y restaurar el equilibrio ecológico de los sistemas rural-urbanos en las zonas de amortiguamiento adyacentes a las áreas propuestas para protección ecológica.
También es necesario que el Estado, como promotor del desarrollo, genere las condiciones que la gente en todo el país requiere, para que puedan equilibrarse los niveles de desarrollo y bienestar en su conjunto. Y que exija la corresponsabilidad de las empresas particulares de los desarrollos urbanos que afecten la salud y el ecosistema de las comunidades bióticas como en este caso viene sucediendo.
En otro orden y en concordancia con lo establecido en la LGEEPA, así como con las necesidades propias de la región, se justifica esta iniciativa para llevar a cabo los siguientes objetivos: preservar los ambientes naturales del área para asegurar su equilibrio y la comunidad de los procesos evolutivos y ecológicos; así como salvaguardar la diversidad genética de la flora y la fauna existentes, particulares y endémicas amenazadas o en peligro de extinción. Esto traerá consigo el interés y proporcionará un campo propicio para la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, presento la siguiente iniciativa de creación del área natural protegida "Caña Alta" del estado de Veracruz.
Geografía
La zona que se propone como ANP "Caña Alta" se ubica en el municipio de Atzalán, Veracruz.
Su rango altitudinal va de los 450 a los 600 metros sobre el nivel del mar. Representa una de las reservas ecológicas más grandes y diversas del estado de Veracruz; incluye poblados, tierras de cultivo, afluentes del río Bobos o Nautla, y algunos arroyos.
Flora
El tipo de vegetación predominante en esta zona es bosque tropical perennifolio. Este tipo de vegetación se considera como una comunidad compleja, en la cual predominan los árboles siempre verdes que, en la mayoría de los casos, sobrepasan los 25 metros de altura.
Existen, sin embargo, árboles que no son estrictamente perennifolios y pierden sus hojas en la época más seca del año, correspondiente al periodo de floración.
En la reserva se encuentran reportadas algunas especies de flora y fauna en diversas categorías de protección como son Matudea trinevia, Lycopodium dichotomun, Campyloneus phyllitides, Crusea hispida, y Mammillaria ringlei.
La vegetación de la zona es muy variada, algunas de las especies que se pueden observar son: enredaderas (Thunbergia alata, T. fragrans), maguey (Agave applanata), chirimoya (Annna cherimola), anturio (Anthurium scandens), aristoliquia (Aristolochia pentandra), asclepia (Asclepias angustilia), palo cuchara(Dendropanax arboreus), amargoso (Taraxacum mexicatum), mozote (Melampodium divaricatum), saquilanal (Senecio barba-johannis), begonia (Begonia spp), achiote (Bixa orellana), pepinque (Carpinus carolineana), tronadora (Tecoma stans), roble (Tabebuia rosea), apompo (Pachira aquatica), bromelias (Aechmea nudicaulis y Tillandsia dasylirifolia), paixtle (Tillandsia usneoides), palo mulato (Bursera simaruba), chachacalo (Cannaindica), quiebra platos (Ipomoea spp), riñonina (Iponea pescaprae e I. stolonifera), dioscóreas (Dioscorea mexicana y D. compositum), encinos (Quercus spp), liquidámbar (Liquidambar macrophylla), cedro (Cedrella odorata), guayaba (Psidium guajova), orquídea (Campylocentrun micranthum, Enciclia sep, Epidendrum spp, Laelia tibicinis, Oncidium sphacelatum, y Maxillaria densa, entre otras), pino (Pinus spp), flor de la pasión (Pasiflora spp), haya (Platanus mexican), y cicadas (Ceratozamia mexicana y Zamia loddigessi).
Fauna
Existe gran diversidad de fauna reportada para la región, podemos citar las siguientes especies de anfibios reptiles: sapo marino (Bufo marinus), sapito de tierra (Bufus valliceps), ranas arborícolas (Hila arborescandens, H. Desdroscarta, H. Microcephala, H. Miotynpanum, H. picta), rana de lluvia (Smilisca baudini), tortuga lagarto (Chelydra serpentina), tortuga blanca (Dermatemys mawei), tortuga pinta (Trachemys scripta), pochitoque (Kinosternon herrerai), tortuga tres lomos (Staurotypus triporcatus), serpiente coral (Micrurus diastema), nauyaca real (Botrhops asper), serpiente torito (Ophyracus undulatus), nauyaca de niebla (Porthidium nummifer), culebra de agua (Thamnophis proximus), nuyaca de agua (Nerodia rhombifera), culebra voladora (Spilote pullatus), bejuquillo (Oxybelis aeneus), falso coralillo (Lampropeltis triangulum), iguana verde (Iguana iguana), tilcampo (Ctenosaura similis), lagartija perrollo (Anolis sericeus) y teterete (Basiliscus vittatus).
Con un marco legal acertado se impulsará el desarrollo sostenible y se facilitará el cumplimiento de las leyes y la reparación de los daños ocasionados a las comunidades y a los ecosistemas. Se detendrá la expansión de actividades de alto impacto para los ecosistemas, como las industriales y no sustentables. A su vez, se pretende garantizar el desarrollo integral de las comunidades promoviendo su participación en la preservación y protección del ecosistema y su biodiversidad.
Se propone otorgar a esta zona un ordenamiento rector para las actividades productivas y el uso racional de los recursos naturales, su preservación, mejoramiento y viabilidad económica mediante procesos sustentables que permitan equilibrar los niveles de desarrollo y bienestar.
Por ello, es pertinente que la Región del Bordo Caña Alta sea declarada Area Natural Protegida, lo que permitiría la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, la preservación de su ecosistema, la investigación, la recreación y turismo, cubriendo los objetivos de desarrollo sustentable.
Como una contribución al adecuado trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de acuerdo a los ordenamientos legales respectivos, me permito presentar a esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Se turne el presente acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se le dé conocimiento a la autoridad competente a efecto de cumplir con los requisitos señalados por ley y se le dé trámite a la presente solicitud. Se exhorta al Ejecutivo federal para que declare área natural protegida la zona conocida como Caña Alta, municipio de Atzalan, estado de Veracruz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2002.
Dip. Pedro Manterola Sainz (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Diciembre 3 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL PLENO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS EXHORTE AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE CUMPLA DEBIDAMENTE CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO VIGESIMO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 20 DE DICIEMBRE DE 2001, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAFAEL SERVIN MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2002
El suscrito, diputado federal Rafael Servín Maldonado, integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
Primera. Que el 20 de diciembre del año 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, mismo que el Congreso de la Unión había aprobado en días pasados.
Segunda. Que dentro de las normas transitorias contenidas en dicho decreto, se encuentra el artículo vigésimo quinto, que a la letra dice:
Cuarta. Que habiendo realizado un análisis profundo del estudio enviado a esta legisladora por el IMSS, el de la voz concluye que no reúne los elementos requeridos por el artículo vigésimo quinto transitorio, puesto que no presenta propuestas concretas en relación con el informe de estados financieros dado a conocer por el propio Instituto.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
Unico. El Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a que cumpla debidamente con lo establecido por el artículo vigésimo quinto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2001.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2002.
Dip. Rafael Servín Maldonado (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Trabajo y Previsión
Social, y de Seguridad Social. Diciembre 3 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO A LA CREDENCIAL DE ELECTOR EN BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ROSA DELIA COTA MONTAÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2002
Hemos solicitado el uso de esta tribuna para hacer a todos ustedes, compañeros legisladores, un llamado para que apoyen la presente solicitud, sustentada en las facultades que nos respaldan y que, tenemos la confianza, habrá de concluir en una resolución satisfactoria, ajustada a la legalidad y preservando la integridad, la soberanía y la autonomía de instituciones y estados que integramos el gran pacto federal mexicano, sujetos a los límites que marca y establece esa unión.
La exposición que hacemos ante ustedes está vinculada decisivamente con el respeto de la soberanía y de la integridad de nuestro pacto federal y de las partes integrantes del mismo. En nuestra Carta Magna existe el sustento legal, en el Título Segundo, Capítulo I, que trata De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno; y en el Capítulo II, "De las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional.
El artículo 45 establece que "los estados de la Federación conservarán la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos". Por su parte, el artículo 46 establece que "los estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso de la Unión".
El caso que nos ocupa tiene que ver con autoridades del Estado Libre y Soberano de Baja California. Hemos de insistir en que el presente exhorto tiene un propósito respetuoso y acorde con las normas soberanas de los estados que tenemos el honor de representar en este Congreso.
Baja California fue el primer estado de la República Mexicana donde asumió la gubernatura un candidato opositor al entonces partido hegemónico, el Revolucionario Institucional. Estamos hablando del año de 1989. De los cambios políticos derivados a partir de esa nueva correlación de fuerzas en la entidad, cabe señalar que el nuevo partido político gobernante se ha consolidado en las preferencias ciudadanas de Baja California, hecho que sólo compete a los ciudadanos de esa entidad.
Entre las muchas reformas políticas que se han promovido de manera novedosa en Baja California destaca, por ejemplo, la credencial para votar con fotografía. Baja California fue pionera en la emisión de un documento electoral más confiable, que incluyó una lista con fotografía.
Es decir, las instituciones electorales de Baja California emitieron y mantienen una credencial particular, local, con la que se procesan los eventos comiciales estatales. A diferencia de la credencial federal electoral, en Baja California se requiere la credencial estatal para participar en sus procesos electorales de carácter local.
Y sin embargo, en un detalle que trasciende el carácter soberano del pueblo y autoridades de Baja California, una laguna jurídica está permitiendo el uso indiscriminado de elementos gráficos que distorsionan partes sustantivas de la adecuada territorialidad estatal, e inclusive del mismo perímetro nacional, en una región fronteriza de importancia estratégica.
La precisión a que deseamos referirnos es a la inconveniente permisibilidad del Registro Estatal Electoral de Baja California para usar sin orden ni concierto figuras y dibujos de la totalidad de la península bajacaliforniana y de los perímetros mutilados de las delimitaciones geográficas y administrativas que deberían corresponder a los estados de Sonora y de Sinaloa.
El Registro Estatal Electoral de Baja California, en el diseño gráfico y emblemático de la documentación electoral que corresponde a la impresión de identificaciones personales de ciudadanos facultados para votar, ha hecho un uso indiscriminado de figuras, dibujos y delimitaciones que alteran sustancialmente lo que sólo debería corresponder a una limitación geográfica circunscrita a ese estado.
La credencial estatal electoral de Baja California, por ser un documento soberano de instituciones de esa entidad, debería limitar su esfera de presentación a ese estado. Y, en ese marco de referencia, sus emblemas, dibujos y gráficas deben respetar y sujetarse a criterios responsables y adecuados, que resguarden la imagen y soberanía de sus entornos vecinos, situación que en su actual diseño está muy lejos de cumplirse.
Reconocemos que en la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales no se precisa puntualmente que la integridad territorial y el uso oficial de reproducciones cartográficas acerca de límites territoriales y administrativos se respeten y hagan respetar.
Si analizamos el diseño de la credencial estatal electoral de Baja California, apreciamos en ese documento un uso indiscriminado de perímetros geográficos, que hace virtualmente imposible una identificación precisa del perfil territorial que uno supone corresponde a regiones nacionales del norte del país, en la vecindad con Estados Unidos.
Con estos señalamientos no pretendemos alterar o reconvenir entidades libres y autónomas de Baja California, pero sí deseamos la rectificación y delimitación gráfica de las divisiones administrativas y legales que identifican a Baja California Sur, a Sonora y a Sinaloa como estados libres y soberanos, a la misma altura, respetables y respetuosos de sus vecinos geográficos.
Discrepamos del uso gráfico indiscriminado de los perímetros administrativos y territoriales de tres estados libres y soberanos, en el mismo tenor de Baja California. Nos parece también grave que, además de la inclusión gráfica de nuestros estados, completa en el caso de Baja California Sur y mutilada para Sonora y Sinaloa, se haya prescindido de la obligada definición gráfica que permita distinguir los límites geográficos, administrativos y legales de cada una de estas entidades.
Es importante mencionar aquí que la ciudadanía debe apreciar en su justa realidad cualquier representación gráfica que remede la imagen de instituciones nacionales y, obviamente, de las de carácter regional y estatal. Los servidores públicos no podemos distorsionar ni deformar los símbolos, escudos o emblemas oficiales, sobre todo cuando son imágenes de nuestra identidad.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero y Unico. Que esta soberanía emita un exhorto muy respetuoso a las autoridades locales del Instituto Estatal Electoral del Estado Libre y Soberano de Baja California, a fin de que en su documentación oficial se rectifique el uso gráfico de imágenes y símbolos que, por su proximidad pictórica, incluyen figuras que remedan los perímetros geográficos, territoriales, de división legal y administrativa, completos y mutilados, de las entidades libres y soberanas de Baja California Sur, de Sonora y de Sinaloa.
Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica), Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), Rosa Delia Cota Montaño (rúbrica), Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila (rúbrica), Juan Carlos Regis Adame (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica), Víctor Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), Policarpo Infante Fierro (rúbrica), Martha Ofelia Meza Escalante (rúbrica), Aarón Irizar López (rúbrica), Gregorio Urías Germán (rúbrica), Petra Santos Ortiz (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública. Diciembre 3 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA NELLY CAMPOS QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2002
Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo sobre la problemática de seguridad en el Distrito Federal, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La deficiencia, insuficiencia y, en algunos casos, la inexistencia de verdaderas políticas criminales coherentes e integrales, han traído como consecuencia que la delincuencia, en el Distrito Federal se haya convertido ya en un problema de proporciones incalculables y actualmente incontrolable con resultados materiales funestos.
En efecto, la seguridad pública en el Distrito Federal es la principal preocupación de los habitantes de la Ciudad de México, nosotros nos sentimos, cada vez más en desventaja frente a los altos índices de homicidios, asaltos, robo a transeúntes, lesiones, robo de vehículos, violaciones y por supuesto la corrupción en los cuerpos policiacos.
Sin embargo, mientras mañosamente el gobierno capitalino centra todos sus esfuerzos en desconocer la gravedad del problema de la seguridad pública, argumentando que sólo se trata de un problema de medios de comunicación, de rating o de partidos políticos, ahí afuera, en las calles miles de estudiantes, obreros, enfermeras, amas de casa, profesionistas, sacerdotes y, lo que es peor aún en nuestras propias casas, seguimos siendo objeto de violencia, sin que pueda ponerse en marcha alguna acción certera que permita bajar los altos índices de la delincuencia.
Señores, no podemos seguir engañando a la ciudadanía "la resolución del problema de la inseguridad en el Distrito Federal le compete al jefe de gobierno capitalino".
Mientras los delitos del fuero federal cometidos en el Distrito Federal en el último año han disminuido considerablemente en un 7.82%, los delitos competencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal han aumentado, tan solo de enero a agosto del 2001 y de enero a agosto del 2002, en un 7.91%, es decir 9,537 delitos más.
Deseo dejar en claro que los diputados de Acción Nacional nos sumamos y apoyamos todos aquellos esfuerzos encaminados a combatir la inseguridad en el Distrito Federal, pero siempre dentro del marco de la legalidad.
Sin embargo, una ves más, a los habitantes del Distrito Federal, el jefe de gobierno capitalino nos ha tomado el pelo, ya que hace 2 meses se anunció de manera espectacular la llegada de Rudolph Giuliani, sin que hasta el momento haya pisado suelo mexicano, aunado al hecho de que sabemos que hoy Giuliani tiene otras responsabilidades de mayor envergadura en Estados Unidos, o será que se trata de una nueva argucia publicitaria y electorera del jefe de gobierno del Distrito Federal.
Basta ver la realidad imperante en nuestra ciudad para preocuparse y ocuparse de la impunidad, de la inseguridad pública y del crimen que se ha venido agravando con la puesta en práctica de medidas inadecuadas; ahora bien, en esta lucha el Estado no debe romper los principios constitucionales y democráticos que históricamente han forjado nuestro esquema constitucional. De ahí que no consideremos adecuada la vía de prácticas meramente represoras para paliar la criminalidad.
Compañeras y compañeros diputados:
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta H. Cámara el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se sirva solicitar al Gobierno del Distrito Federal, se implemente un mecanismo de rendición de cuentas respecto al programa de cero tolerancia que será implementado por Rudolph Giuliani, en el Distrito Federal.
Segundo.- Que en la consulta telefónica que se llevará a cabo por el jefe de gobierno capitalino el próximo 7 y 8 de diciembre, se incluya la pregunta: ¿si el ciudadano vive tranquilo o no en el Distrito Federal?
Tercero.- Se sirva solicitar respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, informe si existe o no una verdadera política criminal integral y en caso afirmativo se envíe a esta H. Cámara de Diputados para su conocimiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2002.
Diputados: Nelly Campos Quiroz, Daniel Ramírez del Valle, José de Jesús López Sandoval, Mauricio E. Candiani Galaz, José Ma. Rivera Cabello, Mario Reyes Oviedo, Sergio García Sepúlveda, Ma. Teresa Gómez Mont y Urueta, Néstor Villarreal Castro, Tomás Coronado Olmos, Ulises Ramírez Núñez, Hugo Zepeda Berrelleza, Lucio Fernández González, Raúl Covarrubias Zavala, Tereso Martínez Aldana, Rafael Ramírez Agama, Carlos A. Flores Gutiérrez, Jorge A. Lara Rivera (rúbricas)
(Turnada a las Comisiones de Gobernación y Seguridad
Pública, y del Distrito Federal. Diciembre 3 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE INCREMENTAR EL PRESUPUESTO QUE PEMEX OTORGA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DONDE EXTRAE, REFINA Y CONDUCE PETROLEO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ABEL TREJO GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2002
Punto de acuerdo en apoyo de los Congresos locales del estado de Chiapas y de otros estados que lo han planteado ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para aumentar el presupuesto en materia de desarrollo social para beneficio de los municipios de la zona de influencia derivados de la extracción y procesamiento del petróleo, descrito en la siguiente
Exposición de Motivos
La industria petrolera nacional ha sido desde hace décadas el puntal del desarrollo de México. Desde su nacionalización, el país ha girado en torno de la explotación y derivados del llamado "oro negro", que representa 60% de los ingresos del PIB, convirtiéndose así en la quinta empresa petrolera en el mundo.
Pemex pretende ser siempre una empresa limpia y segura, comprometida con el medio ambiente. Su alta rentabilidad y la futura modernización de su régimen fiscal le pueden permitir seguir siendo un importante contribuyente al erario público, cuyos recursos pueden ser utilizados en beneficios palpables del país. Sin embargo, el impacto ambiental que la empresa ha dejado en los lugares donde se han instalado las refinerías, la industria petroquímica, los centros de distribución y los ductos que trasladan los hidrocarburos ha afectado los sistemas ecológicos, y con ello se ha iniciado un proceso de degradación ambiental.
Por ello, Petróleos Mexicanos creó la Dirección Corporativa de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Esta instancia fue creada con el propósito de concebir e implantar los sistemas de administración que permitan tener operaciones más seguras y más respetuosas del medio ambiente. En el año de 1998, el programa estratégico comenzó por definir la política de seguridad y protección ambiental, a partir de la cual se construyó el Sistema Integral de Administración de Seguridad Industrial y la Protección Ambiental, donde Pemex debe asegurar la compatibilidad de los objetivos económicos con los objetivos de la seguridad y la protección del ambiente.
Bajo este esquema, Petróleos Mexicanos aporta recursos económicos a los gobiernos estatales y a los municipales para el apoyo del desarrollo sustentable, buscando promover la integración de acciones que armonicen la operación y el crecimiento de Pemex con su entorno, según se desprende del apartado sobre desarrollo social del informe de labores del año 2001, en el cual la empresa aportó un total de $681,741,395 (seiscientos ochenta y un millones setecientos cuarenta y un mil trescientos noventa y cinco pesos).
De ellos, 57.9% fue en efectivo y 42.1% en especie, mediante la donación de asfalto, combustible, tubería, mobiliario y equipo, como se hace constar en el informe de labores de Pemex del año 2001, en el apartado de desarrollo social.
A los estados de Campeche, de Chiapas, de Tabasco y de Veracruz, donde Pemex tiene mayor presencia operativa, se canalizaron 315 millones de pesos aproximadamente. A Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas se aportaron aproximadamente 37.4 mdp y el resto a otras entidades del país, bajo los criterios que definió el Consejo de Administración.
De acuerdo con el concepto de desarrollo social de Pemex, en el año de 2001 inició la integración de una serie de indicadores para cuantificar y evaluar sus impactos en las principales localidades petroleras en diversos rubros sociales, como salud, educación, calidad de la vivienda y empleo.
Sin embargo, la interpretación conceptual que Pemex tiene sobre el desarrollo social ha determinado que los recursos para este rubro que la empresa destina a las entidades federativas hayan sido de bajo impacto y de lenta distribución y ejecución por parte de la paraestatal. De igual forma, es necesario que el radio de reconocimiento de contaminación se amplíe de 10 a 15 kilómetros, pues el actual no reconoce el proceso de contaminación que sufren las comunidades situadas más allá del radio actual.
Respetuosos del marco jurídico que rige la vida institucional del Estado mexicano, y reconociendo los diversos ordenamientos en materia presupuestal para los organismos públicos descentralizados, alentamos al Poder Ejecutivo para que reflexione sobre esta problemática que la industria petrolera nacional genera en aquellos lugares y canalice recursos suficientes de manera coordinada, transparente y con alto sentido de equidad.
Por lo anterior, se solicita se apruebe el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2003 recursos adicionales a Pemex para que se ejerzan en el rubro de desarrollo social y que tiene como objetivo reducir los impactos que, por la extracción y procesamiento de petróleo, se hacen en diversas entidades federativas, principalmente en Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León y Chiapas, donde se extrae y refina petróleo y sus derivados, para ser aplicados por conducto y con la supervisión de los gobiernos de las entidades federativas.
Segundo. Se exhorte al Consejo de Administración de Pemex a que instruya a las áreas competentes para realizar los estudios técnicos y presupuestales para que se amplíe el radio de reconocimiento de contaminación de 10 a 15 kilómetros y se ejecuten los programas de atención del impacto ambiental en los municipios y las regiones comprendidos en el límite solicitado.
Diputados: Abel Trejo González, Irma Piñeyro Arias, Jaime Larrazábal Bretón, Edith Escobar Camacho, Lilia Mendoza Cruz, José Soto Martínez, Angel Meixueiro González, Miguel Angel Moreno Tello, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Cándido Coheto Martínez (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Diciembre 3 de 2002.)
A su reunión de trabajo, el miércoles 4 de diciembre, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Dip. Alfonso Oliverio Elías Cardona
Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural
Dip. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Presidente de la Comisión de Energía
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su vigésima cuarta reunión plenaria, que se realizará el miércoles 4 de diciembre, a las 9:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jaime Rodríguez López
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A la reunión plenaria de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para analizar y -en su caso- aprobar el dictamen de la iniciativa de Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el miércoles 4 de diciembre, a las 10 horas, en el módulo (Carpa) instalado en la Plaza Legislativa.
Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López
Presidente
DE LA COMISION DE MARINA
A su reunión de trabajo de dictamen de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, el miércoles 4 de diciembre, a las 10 horas, en el salón Protocolo, ubicado en el edificio A.
Atentamente
Dip. César Patricio Reyes Roel
Presidente
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y DE SALUD
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 4 de diciembre, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta de la Comisión de Salud
DE LA COMISION DE CULTURA
A su reunión de trabajo, el miércoles 4 de diciembre, a las 11 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. José Manuel Correa Ceseña
Presidente
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 4 de diciembre, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
a) Pase de lista y verificación de quórum.
b) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
d) Discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos
50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
y 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
e) Asuntos generales.
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A su reunión plenaria ordinaria, el miércoles 4 de diciembre, a las 11 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer piso.
Orden del Día
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, DE DESARROLLO RURAL, Y DE PESCA
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 4 de diciembre, a las 11:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jaime Rodríguez López
Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería
Dip. Alfonso Elías Oliverio Cardona
Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural
Dip. Guillermo Díaz Gea
Presidente de la Comisión de Pesca
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 4 de diciembre, a las 13 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
3. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto por el que se dictaminan la iniciativa que reforma los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; del Código Federal de Procedimientos Penales, y del Código Penal Federal, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; y la iniciativa de decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 201 bis del Código Penal Federal, presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos
Dip. Enrique Alonso Villa Preciado
Presidente de la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A su reunión de Mesa Directiva, que se realizará el miércoles 4 de diciembre, a las 14 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Silvia Alvarez Bruneliere
Presidenta
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria de trabajo, que se realizará el miércoles 4 de diciembre, a las 17 horas, en el auditorio norte del Palacio Legislativo.
Orden del Día
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERIA, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 4 de diciembre, a las 18 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales, con el propósito de analizar, discutir y, en su caso, aprobar el dictamen con proyecto de decreto de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Atentamente
Dip. Jaime Rodríguez López
Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA
Al Primer Ciclo de Mesas Redondas sobre diferentes temas de interés legislativo, con la participación del CIDE, ITAM, Colmex, UIA, UNAM, e IIS, de la UNAM, que se efectuarán hasta el 5 de diciembre en el auditorio norte.
Reforma Eléctrica
5 de diciembre, de las 17 a las 19 horas.
Participantes:
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A su reunión de trabajo de dictámenes a discusión, la cual se llevará a cabo el jueves 5 de diciembre, a las 10 horas, en el edificio B, planta baja, salas 1 y 2, del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 5 de diciembre, a las 14 horas, en el salón Libertadores.
Orden del Día