Los suscritos, diputados integrantes del Grupo de Trabajo en Materia de Protección Civil, de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y fracción XXIX-i del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa por la que se reforma la Ley General de Protección Civil, a fin de que parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), sea utilizado para acciones de carácter preventivo, iniciativa que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Ha sido una preocupación permanente de los Estados modernos, en aras de lograr un desarrollo sustentable de las sociedades, la instrumentación de medidas que reduzcan o eliminen de manera permanente, la pérdida de vidas humanas, de sus bienes materiales y el daño al medio ambiente, ocasionados por los riesgos asociados a la presencia de diversos fenómenos de origen natural y humano.
La articulación de una política de protección civil, coherente e incluyente, se inscribe en la necesidad de tutelar los bienes más preciados de los miembros de la sociedad, y de reducir la vulnerabilidad de sistemas afectables.
En este contexto, la atención de calamidades que pueden impactar a nuestro país y transformar el desarrollo normal de sus actividades en un estado de daños, que dada su magnitud, pueden convertirse en desastres, no es una tarea fácil, ya que requiere de la suma de voluntades y colaboración estrecha de los tres niveles de gobierno, del sector privado y social, de la población en general, y de los recursos económicos y técnicos necesarios. La prevención, concebida como la etapa más importante de las políticas de protección civil, la cual consiste en el conjunto de medidas anticipadas cuya finalidad estriba en impedir o disminuir los efectos que se producen con motivo de la ocurrencia de calamidades, debe enfocarse al desarrollo de proyectos, la generación de obras e infraestructura, y la implementación de acciones que ayuden a reducir los niveles de riesgo.
Toda política de prevención, requiere necesariamente, en primer lugar, de la elaboración de un diagnóstico sobre los riesgos que pueden impactar un entorno afectable. Por virtud de lo cual, sabemos que la República mexicana, debido a su posición geográfica, se sitúa como uno de los países con mayor ocurrencia de desastres naturales.
En efecto, la ubicación de nuestro país en la región intertropical, propicia que sus costas sean azotadas de manera recurrente por fenómenos de origen hidrometeorológico, como son las perturbaciones, ondas, depresiones y tormentas tropicales, y en su nivel más extremo por huracanes, que tanto como por la acción de los vientos y marejadas como principalmente por las precipitaciones pluviales, provocan desbordamientos de ríos, deslaves, desgajamientos de cerros, ruptura de bordos e inundaciones. Adicionalmente, los vientos del este conducen gran cantidad de humedad proveniente del Golfo de México, que al llegar a las montañas, produce las precipitaciones más importantes del año en las cuencas de los ríos del sureste mexicano, los cuales causan severas inundaciones.
En época invernal, los frentes fríos se encuentran con aires húmedos o más calientes provocando precipitaciones intensas, causando inundaciones muy importantes en el noreste de la República.
Las sequías, de igual manera, fenómenos de origen hidrometeorológico, que encuentran su fuente en los cambios climáticos y en eventos de repercusión global, son otro fenómeno recurrente en nuestro país.
Por virtud de las sequías y las altas temperaturas, se germinan los incendios forestales, que cada año afectan miles de hectáreas de siembra y de vegetación.
Por otra parte, la ubicación del país en el Cinturón de Fuego del Pacífico, así como la Falla de San Andrés, son causa de gran actividad sísmica y volcánica. Estadísticamente encontramos que todos los días, en las costas y territorio nacionales, se presentan movimientos telúricos de baja a mediana intensidad, pero que de manera recurrente se presentan sismos superiores a cinco grados en la escala de Ricther, los cuales pueden ocasionar daños severos a la población. De igual manera, existen en el territorio nacional numerosos volcanes, de los cuales 14 han tenido actividad en tiempos históricos. Tres de ellos, el Popocatépetl, el Colima o Volcán de Fuego y el Tacaná, tienen serias posibilidades de afectar de manera significativa a un gran número de pobladores, en sus zonas de riesgo.
También, los riesgos asociados a fenómenos producidos por la acción del hombre, pueden repercutir de manera importante, en la seguridad de la sociedad y de sus miembros.
Así tenemos, el impacto en la sociedad de fenómenos de origen sanitario, mismos que se suscitan en la mayoría de las veces, en las zonas pobres del país, presentándose bajo la modalidad de enfermedades gastrointestinales y bronquiales. De igual manera, en las metrópolis más densamente pobladas, se han presentado problemas relacionados con la contaminación ambiental.
Merecen atención especial, los riesgos que se pueden generar con motivo del avance tecnológico, así como aquellos que se originan por la generación y manejo de energía. De igual manera, la producción, almacenamiento, transporte y utilización de productos químicos, así como el manejo de sus residuos y tratamientos, ante la presencia de instalaciones obsoletas y la ignorancia de su manejo, pueden acarrear la pérdida de vidas humanas y causar un gran daño al medio ambiente.
Todos estos eventos, ponen de manifiesto, los riesgos y calamidades a que estamos expuestos los habitantes del territorio nacional. Esta radiografía básica de los fenómenos que pueden ocasionar tragedias de grandes proporciones, nos muestra la necesidad de implementar acciones que ayuden a reducir los niveles de riesgo de la población.
Es por virtud de lo anterior, que el tránsito de una política de protección civil reactiva a una fundamentalmente preventiva, es congruente con la responsabilidad de todo gobierno, de dotar a la sociedad de instrumentos que hagan efectivas las garantías constitucionales de respeto a la vida y a la seguridad.
En un Estado moderno, las políticas públicas en materia de protección civil, deben considerarse estratégicas para el mantenimiento de la estabilidad social, por tanto, la prevención de desastres debe integrarse a la política de planeación y desarrollo.
En el caso de nuestro sistema jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 fracción XXIX-i de la Carta Magna, la legislación en materia de protección civil se sustenta en un marco normativo general, entendiéndose por éste, que el legislador federal y los de los congresos de las diversas entidades federativas, tendrán en su ámbito, la facultad de legislar los contenidos en la materia.
Así debe entenderse, al facultar al Congreso Federal, para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección civil.
Partiendo de las anteriores consideraciones, al hacer referencia a una protección civil preventiva, más que a una reactiva, enfocada a las tareas de gobierno, de ninguna manera sugiere que se deseche, eluda u olvide la importante tarea que corresponde tanto al Gobierno Federal como a los de las entidades federativas, de hacer frente a diversos fenómenos que no pueden preverse y que ameritan necesariamente una reacción, que pone a prueba la capacidad de coordinación, organización y respuesta de las diversas instancias que conforman el sector público, que intervienen en acciones de protección civil.
El concepto prevención, en un sentido amplio, contiene tres tipos de acciones: las dirigidas a controlar los riesgos; aquellas dirigidas a evitarlos; y las que se dirigen a mitigar el impacto destructivo de los desastres sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva los servicios públicos y el medio ambiente.
Por ello, cuando se alude a una protección civil preventiva, se debe tomar en cuenta:
Que en la medida que se refleje en la sociedad ese esfuerzo de una cultura de protección civil preventiva, estaremos también, realmente preparados, cuando sea el caso de contribuir a la mitigación de desastres, de manera compartida en diversas tareas con los distintos sectores de la sociedad.
Que en la medida en que con anticipación conozcamos el origen, formación, propagación y efectos de agentes destructivos, mejor estaremos preparados para hacerles frente y reducir sus consecuencias.
Que hay actividades en que por imposibilidad técnica no se alcanza el cien por ciento de seguridad, como sería el caso del transporte de materias peligrosas pero necesarias. Es decir, no se elimina la actividad, pero se toman medidas de autoprotección, tanto con la adopción sistemas de seguridad, como mediante la introducción de métodos y técnicas para protegernos de las consecuencias.
A mayor abundamiento, las disposiciones normativas contenidas en e Capítulo VI de la Ley General de Protección Civil, relativas a la utilización de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), prevén dos supuestos para tener acceso a dicho fondo.
b) Cuando la capacidad operativa y financiera de las entidades federativas para la atención de un desastre haya sido superada, éstas podrán solicitar el apoyo del Gobierno Federal, solicitud que, de estimarse procedente, se atenderá a través de la emisión por parte de la Secretaría de Gobernación, de una declaratoria de desastre.
La reforma que se propone a este Pleno, busca mantener el sentido con el que se originó el Fonden, es decir, que los estados deben continuar desarrollando su actividad cotidiana, atendiendo tareas preventivas con cargo a su presupuesto, y que la autoridad federal siga apoyando a los órdenes de gobierno local ante emergencias o desastres, pero al mismo tiempo, prever que se destinen recursos del Fonden, para la realización de acciones preventivas, siempre y cuando se cumplan determinadas circunstancias o condiciones para ello.
La iniciativa de ninguna manera pretende suprimir el objetivo o fin original del fondo, ni que el mismo no cuente con reservas para el caso de emergencias o desastres. Lo que busca es que un mínimo de esos recursos sean destinados a acciones de naturaleza preventiva; tampoco plantea que tales medidas se realicen de manera paralela o que se creen dos fondos dentro de uno mismo, por el contrario se propone que los recursos del fondo se ejerzan primera y esencialmente para los casos de emergencia y desastres y en un segundo momento; es decir, en los casos de remanente parcial o total del año anterior, entonces pueda revisarse la viabilidad de destinarse un porcentaje mínimo para la prevención.
En tal sentido, se propone el que se pueda solicitar recursos del Fondo de Desastres para la prevención y atención de desastres. Que tales recursos financieros que se destinen para acciones preventivas, serán tomados del remanente no ejercido del año anterior, después de haber utilizado recursos a la atención de emergencias y desastres, estableciendo claramente que en ningún caso se dispondrá de más del veinte por ciento del total de los recursos que se hubiesen destinado al Fondo de Desastres para el ejercicio respectivo, con la finalidad de que se sigan constituyendo reservas para los casos de desastres o emergencias.
Asimismo, se propone que si el año del ejercicio respectivo no quedara remanente alguno, se podrá utilizar la cantidad que del fideicomiso correspondiente, a juicio de la instancia facultada para autorizarlo, se determine para acciones preventivas, en este caso y congruentes con lo anterior es que se precisa que tampoco se podrá disponer de más del veinte por ciento de los recursos que se hubiesen destinado al fondo para el ejercicio del año anterior.
Conscientes de la necesidad de seguir contando con un fondo que haga frente a los desastres, como también de la necesidad de realizar acciones preventivas, que permitan garantizar el cumplimiento del objetivo fundamental de la autoridad en materia de protección civil, que es la protección a la vida de la población, de sus bienes y del medio ambiente, la iniciativa propone el cumplimiento de diversos requisitos que prevé la ley de la materia, por parte de la entidad federativa que solicite el acceso a fondos para acciones preventivas, que serían: el apoyo de una notificación técnica que sustente la necesidad y urgencia de la acción o acciones a realizar; que las circunstancias que ameritan la asignación de recursos no se hayan previsto en los programas y acciones de prevención con cargo al presupuesto de las propias entidades federativas. Se dispone que las circunstancias indicadas sean valoradas por los órganos administrativos correspondientes; es decir, aquellos que se establezcan en las disposiciones administrativas conducentes, en cuyo caso podrá seguir siendo la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento o su similar, la que determinará si se cumplieron los requisitos para su autorización.
Se propone que en el marco de corresponsabilidad entre el Gobierno Federal y los de las entidades federativas, se celebren convenios que mantengan el compromiso de éstas en funciones preventivas y en caso de obtener recursos para acciones preventivas con cargo al Fonden, para establecer los compromisos respectivos a su adecuada utilización.
Por lo anteriormente expuesto y fundado nos permitimos poner a la consideración del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente:
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.
Artículo Unico. Se reforma la fracción III del artículo 30 y el artículo 36; se adicionan la fracción XIII al artículo 12 recorriéndose la actual fracción XIII y las subsecuentes, una fracción III al artículo 30 y la actual fracción III pasa a ser IV, un segundo párrafo al artículo 31 y cinco párrafos al artículo 32 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como siguen:
Artículo 12.- .........
XIII. Solicitar recursos del Fondo de Desastres para la prevención y atención de desastres;
XIV. a XX. .........
II. ..........
III. Destinar los recursos del Fondo de Desastres autorizado para la atención de emergencias y desastres, en la realización de acciones preventivas, ante circunstancias que valorarán los órganos administrativos correspondientes que se deriven de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 32 de este ordenamiento.
IV. Los demás que determinen las leyes, reglamentos y otras disposiciones administrativas.
En los mismos términos del párrafo anterior, se suscribirán convenios con la finalidad de obtener recursos para acciones preventivas, y establecer las bases y compromisos de su adecuada utilización.
Artículo 32.- ...
Los recursos financieros que se destinen para acciones preventivas a que hace referencia la fracción III del artículo 30 del presente ordenamiento, serán tomados hasta un 20% del remanente no ejercido del año anterior, después de haber utilizado recursos a la atención de emergencias y desastres.
Si el año del ejercicio respectivo no quedara remanente alguno, se podrá utilizar hasta un 20% de la cantidad que del fideicomiso correspondiente, a juicio de la instancia facultada para autorizarlo, se determine para acciones preventivas.
Para efectos de la autorización de recursos a entidades federativas, destinadas a la realización de acciones preventivas, la instancia facultada verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La notificación técnica, de la autoridad federal respectiva, que sustente la necesidad y urgencia de la acción o acciones a realizar; y
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Para efecto de la realización de acciones preventivas, con cargo al remanente del Fondo de Desastres, este mecanismo operará a partir del año 2002, de los recursos asignados al mismo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del año 2001.
Tercero.- En tanto se expiden las disposiciones administrativas que regulan la asignación de recursos del Fondo de Desastres para acciones preventivas a que se refiere el presente decreto, se aplicarán en lo conducente las Reglas de Operación del Fondo de Desastres.
México, Distrito Federal, a 18 de septiembre de 2001.
Por el Grupo de Trabajo en Materia de Protección Civil, Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados:
Diputados: Manuel Añorve Baños (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Lorenzo R. Hernández E. (rúbrica), Rodrigo D. Mireles Pérez, José Jesús Reyna García, Néstor Villarreal Castro (rúbrica), Jaime Vázquez Castillo, Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), coordinador.
(Túrnese a la Comisión de Gobernación
y Seguridad Pública, con opinión de la Comisión Especial
de Seguridad Pública. Septiembre 18 de 2001.)
CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROHIBE LA IMPORTACION DE JARABE DE MAIZ DE ALTA FRUCTOSA Y DE MAIZ DESTINADO A LA ELABORACION DE LA MISMA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO ANDRADE SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y DIPUTADOS DEL PRI, PRD, PVEM, PT Y CDPPN, EN LA SESION DEL MARTES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2001
Los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del Partido Convergencia por la Democracia a través de los suscritos, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
Considerando
Que la industria azucarera nacional atraviesa por una profunda crisis, con motivo de la cual el Ejecutivo federal determinó expropiar 27 ingenios azucareros.
Que las causas de utilidad pública en las que se fundamentó dicha expropiación se refieren a la satisfacción de necesidades colectivas vinculadas al abastecimiento de las ciudades o centros de población, de víveres o de otros artículos de consumo necesario; a la defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de explotación; la creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad, así como la preservación del interés público que corresponde a la siembra, cultivo, cosecha y la industrialización de la caña de azúcar.
Que de la industria azucarera dependen más de dos millones de mexicanos ya que genera empleos tanto en el campo como en las factorías dedicadas al procesamiento de la caña de azúcar.
Que es indispensable que los ingenios concluyan su reparación oportunamente para procesar la caña cuya zafra iniciará dentro de pocas semanas.
Que existe la necesidad de cubrir obligaciones a cargo ahora del Gobierno Federal para atender las necesidades de inversión en los ingenios, los pagos a los cañeros y a los trabajadores, así como la cobertura de los pasivos que existen en esta industria.
Que el mercado del azúcar en nuestro país se ha visto afectado por el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por parte de los Estados Unidos, ya que ese país debió absorber en los términos de dicho tratado todo el excedente de la producción azucarera de México, a partir del mes de octubre del año 2000.
Que la falta de cumplimiento del Tratado se ha vinculado a un ingreso indiscriminado de jarabe de maíz de alta fructosa proveniente de los Estados Unidos de América y de maíz subsidiado para producir dicho edulcorante en nuestro país, con lo que un millón de toneladas de azúcar han permanecido en bodega sin que puedan cubrir ni las necesidades del mercado de los Estados Unidos, como debía ser de acuerdo al TLCAN, ni las del mercado mexicano.
Que es imprescindible liberar los mercados a esa azúcar para que sea consumida en nuestro país y se restituya el capital de trabajo a los ingenios azucareros para mantener operante la industria de caña de azúcar.
Que las características y extensión del cultivo de la caña permiten satisfacer las necesidades de ingreso de cientos de miles de compatriotas que desempeñan su actividad en el campo.
Que la afectación de este cultivo podría generar reacciones sociales que no sólo afecten la tranquilidad en el campo, sino la propia seguridad nacional.
Que se reconoce internacionalmente la necesidad de adoptar medidas excepcionales cuando se enfrentan emergencias de carácter económico, político o social o se afecta la seguridad del país o de sus habitantes.
Que este criterio es compartido por las autoridades de nuestro principal socio comercial que han aprobado legislación protectora de una determinada actividad por encima de disposiciones de carácter comercial, como en el caso de la legislación aprobada por el Congreso norteamericano para impedir el acceso de transportes mexicanos a su red carretera.
Que además existen informes de expertos que sostienen que el consumo de fructosa tiene impactos negativos sobre la salud humana; su digestión no se efectúa por enzimas de la misma manera que la glucosa y ello causa problemas en el hígado, que debe sintetizarla formando acetatos que a su vez se convierten en colesterol, el efecto final de este proceso es que la digestión de la fructosa disminuye la energía corporal en lugar de producirla.
Que el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que es facultad privativa de la Federación, "reglamentar en todo tiempo y aun prohibir por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia".
Que el ejercicio de esta facultad de la Federación corresponde al Congreso de la Unión con base en el artículo 73, fracción X, y el artículo 131 ya mencionado.
Que este último artículo permite al Congreso otorgar facultades al Ejecutivo "para restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país".
Que dicha facultad si bien puede ser delegada al Ejecutivo, por definición puede ser ejercida por su titular original, que es el Congreso de la Unión.
Que con fundamento en el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las resoluciones del Congreso pueden tener el carácter de ley o de decreto.
Que por las características del asunto que nos ocupa, la naturaleza del acto jurídico a emitir por este Congreso debe ser la de decreto.
Nos permitimos presentar por el digno conducto de ustedes la siguiente iniciativa de decreto que prohíbe la importación de jarabe de maíz de alta fructosa y de maíz destinado a la elaboración de la misma.
Artículo Primero.- Se prohíbe la importación de jarabe de maíz de alta fructosa; de maíz destinado a su fabricación y el tránsito de estos artículos por el territorio nacional. No se utilizarán las importaciones bajo cuotas o cualquier forma de subsidio o reducción de impuestos, para la fabricación nacional de jarabe de maíz de alta fructosa.
Artículo Segundo.- Los importadores de maíz en condiciones preferentes sólo podrán utilizarlo para los fines declarados y no podrán desviarlo a la producción de jarabe de maíz de alta fructosa en cualquier presentación o calidad. La desviación dará lugar a la reversión del subsidio y el cobro de los aranceles aplicables.
Artículo Tercero.- El Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía dictarán las medidas necesarias para que en el ámbito de sus atribuciones se haga efectivo el presente decreto.
Artículo Cuarto.- Los responsables de las oficinas de aduanas en todo el país serán directamente responsables de impedir la importación y el tránsito de los artículos a los que se refiere el presente decreto. El incumplimiento del mismo dará lugar a que se finquen las responsabilidades administrativas que correspondan y en su caso las responsabilidades penales derivadas de la comisión del delito de contrabando.
Artículo Quinto.- Cualquier cantidad de jarabe de maíz de alta fructosa y de maíz amarillo destinado para su fabricación que se encuentra en bodegas o centros de acopio deberá permanecer en ellos y los responsables de su custodia darán cuenta inmediata a las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público.
Artículo Sexto.- En caso de duda en cuanto a la interpretación del presente decreto las autoridades administrativas deberán dirigirse en consulta a las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores para que establezcan la interpretación que debe darse a su contenido de acuerdo al inciso f) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la aplicación del presente decreto en relación con los productos que son objeto del mismo.
México, DF, a 18 de septiembre de 2001.
Diputados: José Manuel del Río Virgen,
Eduardo Andrade Sánchez, Augusto Gómez Villanueva, Federico
Granja Ricalde, Gustavo Carvajal Moreno, Roberto Preciado Cuevas, Víctor
Gandarilla Carrasco, Edilberto Buenfil Montalvo, José R. Escudero
Barrera, Norma Enriqueta Bacilio Sotelo, Efrén Nicolás Leyva
Acevedo, Timoteo Martínez Pérez, Lorena Beaurregard de los
Santos, Carlos Aceves del Olmo, Simón Iván Villar Martínez,
Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, José Narro Céspedes,
Francisco Castro González, Bernardo de la Garza Herrera, Martí
Batres Guadarrama, Rafael Hernández Estrada, Julián Luzanilla
Contreras, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, José Soto Martínez,
Feliciano Calzada Padrón, José Alvaro Vallarta Ceceña,
Jaime Alcántara Silva, Agustín Trujillo Iñiguez, Miguel
Angel Moreno Tello, Juan Manuel Carreras López, Silverio López
Magallanes, Gustavo Lugo Espinoza, Roque Joaquín Gracia Sánchez,
Marcos López Mora, Martha Silvia Sánchez González,
María Guadalupe Orta Guzmán, Pedro Manterola Sáinz,
Eduardo Abraham Leines Barrera, Angel Enrique Herrera y Bruquetas, Nemesio
Domínguez Domínguez, Raúl Cervantes Andrade, Jesús
Orozco Alfaro, Oliverio Elías Cardona, Salvador Rocha Díaz,
José Delfino Garcés Martínez, Arturo Herviz Reyes,
Martha Ofelia Meza Escalante, Jaime Martínez Veloz, Raúl
H. González Villalva, Flor Añorve Ocampo, María Luisa
Araceli Domínguez Ramírez, César Horacio Duarte Jáquez,
Amador Rodríguez Lozano, Librado Treviño Gutiérrez,
Jorge Schettino Pérez, Francisco Cárdenas Elizondo, Edgar
Consejo Flores, Enrique Meléndez Pérez, Jorge Esteban Sandoval
Ochoa, Rodolfo G. González Guzmán, Miguel Vega Pérez,
José Gerardo de la Riva Pinal, Jesús de la Rosa Godoy, José
F. Yunes Zorrilla, José Luis González Aguilera, Rubén
Aguirre Ponce, Miroslava García Suárez, Tomás Torres
Mercado, David Augusto Sotelo Rosas, Pedro Miguel Rosaldo Salazar (rúbricas).
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES, A FIN DE INCLUIR EL PREMIO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA, A NOMBRE DEL GRUPO DE TRABAJO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, EN LA SESION DEL MARTES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2001
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71, en relación con la fracción XXX del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos Diputados integrantes del Grupo de Trabajo en Materia de Protección Civil, de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados en esta LVIII Legislatura, sometemos a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa por la que se reforma la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a fin de incluir el Premio Nacional de la Protección Civil, iniciativa que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Hace más de quince años, nuestro país sufrió una de las peores catástrofes en su historia, un terremoto con duración de 90 segundos, que alcanzó una intensidad de 7.8 en la escala de Ricther y de 8 en la de Mercali, Como todos sabemos esto aconteció el jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 horas; dicho fenómeno afectó principalmente el centro del Distrito Federal y parcialmente a los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Distrito Federal.
En 1985 la acción solidaria pero improvisada de los mexicanos, evidencia la necesidad de involucrar a la sociedad, de coordinar y articular acciones preventivas, de apoyo y auxilio y crear una conciencia de cultura de prevención de desastres en todo el país; además, inicia la necesidad de formar estructuras profesionales dirigidas a conformar un sistema de protección civil, por lo que el gobierno se propuso como primera medida implementar un sistema de coordinación para la protección civil, diseñado con la aportación de ciudadanos, especialistas y técnicos que integraron la Comisión Nacional de Reconstrucción; en 1988 se crea la Subsecretaría de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social. En ese mismo año se crea el Centro Nacional de Prevención de Desastres y en 1990 se constituye el Consejo Nacional de Protección Civil.
El Sistema Nacional de Protección Civil tiene por objetivo fundamental: "Proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza".
En este mismo proceso de establecimiento de medidas para legislar en la materia, el 12 de mayo de 2000 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección Civil, que tiene por objeto establecer las bases de coordinación en materia de protección civil entre la federación, las entidades federativas y los municipios.
En dicho ordenamiento legal se establece que: "Es propósito primordial del Sistema Nacional promover la educación para la autoprotección que convoque y sume el interés de la población en general, así como su participación individual y colectiva".
Lo cierto es que, ni gobernantes ni gobernados contamos con una formación que permita tomar conciencia de la situación real a que nos enfrentamos, estar preparados y capacitados para hacerle frente y desarrollar acciones para enfrentar los diversos riesgos que en esta materia puedan presentarse.
Es innegable entonces, que debemos transitar de un sistema de protección civil reactivo a uno preventivo, pero con la corresponsabilidad de todos los agentes involucrados en la materia: los tres órdenes de gobierno, la población en general y los sectores social y privado.
Los gobiernos tanto federal como estatales y municipales han ido estableciendo dependencias encargadas de difundir la cultura de la protección civil y llevan a cabo programas para sensibilizar a la población al respecto y aunque de manera lenta, ello ha contribuido a que una parte de la población tome conciencia de la importancia de la protección civil en la disminución de los daños provocados por la acción de fenómenos tanto naturales como antropogénicos. Sin embargo, reconocemos que de ese esfuerzo de más de quince años poco se ha proyectado; no hemos logrado llegar a la seguridad civil, definida como "la corresponsabilidad del gobierno del estado y gobernados para buscar y garantizar la seguridad, sus bienes, núcleo familiar y entorno ante fenómenos destructivos de origen diverso", por lo que debemos trabajar para lograrlo.
Como uno de los propósitos primordiales del Sistema Nacional de Protección Civil, ya mencionado con anterioridad, es el de promover la educación para la autoprotección y autopreparación que convoque y sume el interés de la sociedad en su conjunto, así como su participación individual y colectiva, se hace necesario reconocer los esfuerzos que en estas tareas, y en las de ayuda a la población en caso de desastre, realizan las personas o grupos sociales organizados, ya sea del sector social, público o privado, por lo que hemos considerado que es menester proponer una reforma a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para incluir entre los premios que ella establece uno específicamente destinado a reconocer las actividades meritorias en esta materia, que se denominaría Premio Nacional de la Protección Civil.
Aunado a lo anterior hemos tomado en cuenta un importante antecedente consistente en que motivados por el mismo ánimo de reconocer el esfuerzo voluntario y generoso a favor de la protección civil, los legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobaron el 22 de agosto del presente año, un punto de acuerdo presentado por el Grupo de Trabajo en Materia de Protección Civil de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para que "la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite a la Secretaría de Gobernación, que el día 19 de septiembre de cada año se sirva entregar el Premio Nacional Anual de Protección Civil."
Dentro del marco de nuestro sistema jurídico, para posibilitar dicha entrega es necesaria la reforma a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y en congruencia con los propósitos de los legisladores integrantes de la H. Comisión Permanente, la presente iniciativa tiene como finalidad hacer posible que se reconozca el esfuerzo de quienes mediante diversas formas contribuyen a fortalecer la cultura de la protección civil o realizaron determinado acto al respecto el cual merezca ser reconocido por la sociedad porque constituye un ejemplo o estímulo para la misma.
Para que en el otorgamiento de dicho premio, el procedimiento sea realizado por personas que conozcan de la materia, se propone que en Consejo de Premiación se integren las áreas de gobierno especializadas en el tema, así como instituciones de enorme autoridad como es el caso de la Cruz Roja Mexicana, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, para que resuelvan a quién se otorga dicho premio. Asimismo, se considera adecuado que a dicho Consejo se integre un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por las actividades en que han participado en situaciones de desastre o riesgo gozan de aceptación en la población y tienen experiencias que ayudarán en la designación del premio.
Toda vez que la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, que se propone reformar ha sido objeto de modificaciones con anterioridad, porque así se ha requerido para incorporar otros premios, el número de sus capítulos para no ser alterados se les ha agregado la distinción de "bis" y algunos artículos se distinguen por letras; por lo que los suscritos consideran que es oportuno aprovechar la ocasión para recorrer el número de capítulos, así como los artículos y evitar referirse a uno de ellos como Capítulo VII bis, artículo 91-A, por ejemplo, con lo cual al adecuarse los números de éstos y agregarse el capítulo relativo a los artículos al Premio Nacional de Protección Civil, que contiene esta propuesta, la ley se compondrá de XVIII capítulos y 116 artículos.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 6º y se recorre el número de diversos capítulos, así como algunos artículos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Artículo Unico. Se adicionan una fracción XII al artículo 6º, un capítulo XVII y los artículos 108, 109, 110, 111 y 112, se recorre el número de los capítulos a partir del VIII, se recorre en su orden los artículos a partir del 51, para quedar como sigue:
Artículo 6º. ...
XII. De protección civil.
Artículo 52 a artículo 55.
Capítulo IX
Premio Nacional de Deportes
Artículo 56 a artículo 63.
Capítulo X
Premio Nacional de Periodismo y de Información
Artículo 64 a artículo 72.
Capítulo XI
Premio Nacional de Mérito Cívico
Artículo 73 a artículo 75.
Capítulo XII
Premio Nacional de Trabajo
Artículo 76 a artículo 78.
Capítulo XIII
Premio Nacional de la Juventud
Artículo 79 a artículo 83.
Capítulo XIV
Premio Nacional de Servicio a la Comunidad
Articulo 84 a artículo 88.
Capítulo XV
Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio
Público
Artículo 89 a artículo 93.
Capítulo XVI
Premio Nacional de Administración Pública
Artículo 94 a artículo 107.
Capítulo XVII
Premio Nacional de Protección Civil
Artículo 108. El Premio Nacional de Protección Civil será conferido y entregado a aquellas personas o grupos que representen un ejemplo para la comunidad por su esfuerzo en acciones o medidas de autoprotección y autopreparación para enfrentar los fenómenos naturales o de origen humano que pongan a la población en situación de riesgo o de peligro, así como cuando se signifiquen por su labor ejemplar en la ayuda a la población ante la eventualidad de un desastre.
Artículo 109. Este premio se tramitará a convocatoria que realice la Secretaría de Gobernación, y se resolverá por el correspondiente Consejo de Premiación.
El Consejo de Premiación se integrará por diez miembros, de la siguiente forma: el titular de la Secretaría de Gobernación, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el titular de la Secretaría de Marina, un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión; el coordinador general de Protección Civil, quien además fungirá como secretario técnico del Consejo, por el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres de la citada Secretaría; y el rector o director de cada una de las siguientes instituciones: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional y Cruz Roja Mexicana.
El titular de la Secretaría de Gobernación será el presidente del Consejo de Premiación y tendrá voto de calidad en caso de empate.
Artículo 110. Para cada año habrá una asignación del premio por la actuación destacada en cada uno de los siguientes dos campos:
Artículo 112. El premio será entregado
el 19 de septiembre de cada año, por el Presidente de la República
o por el servidor público que éste designe.
Capítulo XVIII
Disposiciones generales
Artículo 113 a artículo 116.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Por única ocasión el Premio Nacional de Protección Civil correspondiente al año 2001, en tanto se constituye el Consejo de Premiación respectivo, será entregado a más tardar el 31 de diciembre a la persona o grupo que designen de común acuerdo los diputados federales integrantes del Grupo de Trabajo en Materia de Protección Civil, de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, y la Secretaría de Gobernación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2001.
Por el Grupo de Trabajo en Materia de Protección Civil, Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados:
Diputados: Manuel Añorve Baños (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Lorenzo R. Hernández E. (rúbrica), Rodrigo D. Mireles Pérez, José Jesús Reyna García, Néstor Villarreal Castro (rúbrica), Jaime Vázquez Castillo, Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), coordinador.
(Túrnese a la Comisión de Gobernación
y Seguridad Pública. Septiembre 18 de 2001.)
La primera planta generadora de energía eléctrica a gran escala fue construida, a principios del siglo pasado, aprovechando los afluentes del río Necaxa en la Sierra Norte de Puebla.
A partir de ese despliegue técnico y financiero de la empresa canadiense promotora del proyecto, pasando por la nacionalización de la industria, así como por el proceso de liquidación, hasta llegar a la constitución de Compañía de Luz y Fuerza del Centro como empresa descentralizada, apenas en la última década; los trabajadores de la industria y la potencialidad de la naturaleza de esta región, han aportado una cuota significativa al desarrollo de la zona centro del país.
Como otras regiones de la geografía nacional, esta zona no ha tenido reciprocidad para un desarrollo sostenido y equilibrado. Como ejemplo cabe mencionar que la comunidad náhuatl de Necaxaltepetl asentada a principios de siglo en el lecho de lo que hoy es la presa de Necaxa, y hoy ubicada en la parte alta, tuvo energía eléctrica apenas hace 10 años y el miércoles pasado perdió seis vidas humanas por desprendimiento de tierra. Al paso del tiempo, el desbalance económico y social y la acumulación de rezagos, han configurado un escenario tal de conflicto, que la viabilidad del crecimiento y la calidad de vida podrían estar en riesgo.
De ahí la importancia de la exhortación aprobada por esta Soberanía, el pasado 5 de abril, para que los tres órdenes de gobierno diseñen y ejecuten un Programa Integral de Desarrollo de la Sierra Norte de Puebla.
Una parte, ciertamente esencial, en la recuperación del crecimiento y el bienestar de esta zona que me honro en representar, tiene que ver con la urgencia de detener la preocupante descomposición ecológica que está, prácticamente, por convertirse en un verdadero ecocidio.
No existe posibilidad alguna de un desarrollo sustentable y equitativo, menos aún de una reconversión productiva que aproveche racionalmente el atractivo y la riqueza naturales, si no se detiene la contaminación de las aguas, la deforestación y la erosión de los suelos. En consecuencia, no hay tiempo que perder en discusiones estériles sobre la competencia de cada orden de gobierno para atender la complejidad de las tareas a emprender.
Por eso ha sido alentadora la actitud de todos los actores para construir una propuesta incluyente y comprometida.
Entre los antecedentes inmediatos destacan:
2. En marzo de 2000 el Sindicato Mexicano de Electricistas, a propuesta de su división Necaxa, incluyó en la revisión de su contrato colectivo la obligatoriedad de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para realizar un estudio sobre la contaminación de los vasos que alimentan a la planta.
3. El 3 de mayo de ese mismo año, representantes de los gobiernos federal, estatal y de los municipios, suscribieron una carta de intención para conjuntar esfuerzos sobre el tema que nos ocupa. Se integró un fondo de inversión y se invitó al Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, para realizar un diagnóstico integral de las condiciones ambientales.
4. El 9 de mayo de este año 2001, el gobernador del estado, Melquiades Morales Flores; el secretario de Energía, Ernesto Martens; el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichttinger; el director general de Luz y Fuerza del Centro, Alfonso Caso; el director general de la Comisión Nacional del Agua, y el director general de la Comisión Forestal, además de los presidentes municipales de Juan Galindo, Xicotepec de Juárez, Chignahuapan, Zacatlán y Huauchinango, conocieron el diagnóstico del Instituto de Ingeniería y suscribieron las bases de coordinación para llevar a cabo la primera etapa del Programa de Saneamiento Integral de la Zona Hidrológica de Necaxa. En su dimensión ha sido este un ejercicio ejemplar de federalismo actuante y de capacidad política para encontrar acuerdos en lo fundamental.
6. En principio se acordó una inversión inicial de 11 millones de pesos para el presente año, que por un lado ha resultado notablemente insuficiente y, por otro, han surgido obstáculos para que los ayuntamientos concreten los proyectos de depósitos de basura adecuados, así como para la instalación de plantas de tratamiento de aguas negras. También se observa un escaso avance en el tratamiento de las zonas reforestadas y de los suelos erosionados.
2. Que de conformidad con la valoración de la información derivada del punto anterior se haga de conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de ponderar la inclusión de una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2002, que permita dar continuidad y consistencia a las acciones emprendidas para hacer frente al grave problema de que nos hemos referido.
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS NOMBRE UNA SUBCOMISION ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL CASO DE DOS DESAPARECIDOS EN EL ESTADO DE COLIMA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAMON LEON MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, EN LA SESION DEL LUNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2001
La libertad del hombre es un derecho garantizado y respetado por el Estado mexicano, que se traduce en que ninguna autoridad pueda privarlo de ella, si no es consecuencia de una resolución dictada por un juez, seguida de un procedimiento en la que se hayan respetado las garantías de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución General de la República.
Cualquier funcionario que priva de la libertad a otro, la ordena o la permita, sin observar lo anterior, comete un acto ilegal e injusto, pero también ruin que merece el desprecio de los familiares de quien la sufre y de la sociedad entera.
Lo anterior lo digo porque muchos ciudadanos han padecido la desaparición injusta, temporal o definitiva, de un familiar, de un amigo o de un vecino por parte de las autoridades policiacas.
Es el caso de la familia Martínez Dueñas, quienes desde el pasado 30 de junio del presente año, han sufrido las consecuencias de la detención y desaparición del C. Alejandro Martínez Dueñas ocurrida en la ciudad de Colima.
Los antecedentes son los siguientes:
El pasado 26 de junio Alejandro Martínez Dueñas, de 25 años de edad, con residencia en la ciudad de Guadalajara, viajó a la ciudad de Colima para visitar a su amigo J. Jesús González Medina; el día 30 ambos fueron detenidos afuera del domicilio de este último por un numeroso grupo de personas armadas, vestidas de negro, quienes actuaban al estilo de policías judiciales, mismos que iban a bordo de cinco vehículos entre las cuales se encontraban una camioneta Lobo y una Suburban, de acuerdo con el testimonio de vecinos del lugar.
La familia de Alejandro Martínez y en especial su hermana Diana, al enterarse de lo anterior -a los diez días- iniciaron una búsqueda que ha sido todo un viacrucis y que, afirman, están dispuestos a continuar hasta dar con el paradero de su hermano.
En la ciudad de Guadalajara presentaron una demanda de amparo en contra de diversas autoridades policiacas tanto del estado como federal, mismos que negaron haberlos detenido, acudieron a los juzgados de distrito y en ninguno había proceso iniciado en su contra. En Colima, igualmente se presentó demanda de amparo, pero también negaron el acto de detención, sus familiares presentaron una denuncia ante la PGJ del estado por la desaparición, a la fecha se desconoce cualquier avance.
La señora Diana Martínez, acompañada del diputado local Armando de la Mora, acudió con el secretario general de Gobierno del estado de Colima, Lic. Humberto Silva Ochoa, quien les aseguró que tenía información de que, a los jóvenes, los habían detenido elementos de la policía judicial federal, que los tenían en esta ciudad de México, vivos pero incomunicados.
La señora Diana llegó a esta ciudad el pasado 10 de agosto y desde luego inicio su búsqueda, presentó su queja ante la CNDH, quienes le informaron que no tenían tiempo de apoyarla porque se encontraban ocupados en la formación del expediente de los desaparecidos políticos de 1970, tuvieron que aparecer algunas notas en la prensa nacional para que actuaran en consecuencia, sin embargo un servidor, a petición de los propios familiares, he ofrecido el apoyo para lograr el paradero de su familiar, así también lo han hecho otros legisladores, la señora Rosario Ibarra de Piedra, algunos periodistas y muchas otras personas preocupadas por la desaparición del joven Alejandro Martínez.
El 14 de agosto envié un oficio al Procurador General de la República, y la oficina de asuntos jurídicos de la fracción parlamentaria, envió otro al Lic. Jorge Campos Murillo, subprocurador de Procedimientos Penales "B", solicitándole información acerca de la detención o no del joven Alejandro Martínez, la respuesta la recibimos el día martes 28 de agosto, mediante el oficio No. SSP"B"/1464/01 firmado por el Lic. José J. Campos Murillo, en la que nos informa lo siguiente:
"... que realizada una minuciosa búsqueda y recabado los antecedentes respectivos de la Subprocuraduría a mi cargo, así como de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud y de la Subprocuraduría "A" y "C", no se encontró acta circunstanciada, averiguación previa, ni mandamiento judicial en contra de las personas afectadas".
El pasado 21 de agosto la señora Diana Martínez presentó ante la autoridad federal una denuncia por el delito de desaparición forzosa de personas, delito de reciente aprobación y quizás estemos ante los primeros dos desaparecidos del actual gobierno.
En lo particular el 30 de agosto envié un oficio al secretario de Seguridad Pública Federal, Dr. Alejandro Gertz Manero a efecto de que informe a los familiares si elementos de esa dependencia los tienen o no detenidos. El 7 de septiembre le envié otro oficio al secretario de Gobernación en la que le expongo el asunto y solicitamos su intervención.
Recientemente, en la ciudad de Colima, el Gobernador negó públicamente que alguna autoridad del estado lo haya detenido y que el Procurador General de Justicia del estado tiene información extraoficia de que un grupo especial de la PGR se encontraba en esas fechas en Colima y que ellos los habían detenido por supuesta falsificación de billetes. La delegación de Colima negó lo anterior mediante un boletín de prensa.
Han pasado más de dos meses y medio y de los jóvenes detenidos no se sabe nada, los familiares viven en la zozobra y la desesperación ante la ausencia de información. Sin embargo creen que alguna autoridad los tenga detenidos en algún lugar esperando, cuando menos, que se encuentren bien de salud.
Los familiares de Alejandro Martínez aseguran que no tiene ningún antecedente penal, sin embargo, aún en el caso de que estuviere acusado de algún delito, esto no da derecho para tenerlo incomunicado por más de dos meses, esto es ilegal e injusto y no se debe consentir ni permitir por ningún ciudadano y mucho menos por esta representación. Sería muy lamentable y penoso que finalmente resulte que los muchachos se encuentren detenidos por alguna de las autoridades que han negado su detención.
El asunto de la desaparición de personas, sea por cuestiones políticas u otras, es un tema que por años se ha pretendido ocultar y hacer olvidar, sin embargo aún subsiste y continuará hasta que se logre el paradero y se castigue a los culpables. Sería penoso que esta práctica continuara, pero más grave aún es que la autoridad no haga nada por encontrarlos ante la desesperación de sus familiares y el asombro de la sociedad.
Por lo anterior y por tratarse de una violación a los derechos humanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica; 58 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador suscrito, integrante del grupo parlamentario del PRD, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados integre una Subcomisión para que examine los antecedentes que, como anexo, se acompaña, y en su momento hagan las gestiones e investigaciones necesarias con el objeto de identificar a la autoridad que los tenga detenidos y consecuentemente dar fin a la incomunicación.
Dip. Ramón León Morales (rúbrica)
México, DF, a 17 de septiembre de 2001.
Nota: Se anexa copia de los oficios enviados y
recibidos, además de los recortes de notas periodísticas.
(Turnado a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos. Septiembre 17 de 2001. La Presidencia).
CON PUNTO DE ACUERDO PARA CITAR A COMPARECER AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, A FIN DE QUE INFORME EN RELACION A INTERVENCION DE COMUNICACIONES ILEGALES O ESPIONAJE TELEFONICO QUE INVOLUCRAN A SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALEJANDRO ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, EN LA SESION DEL LUNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2001
Resulta siempre grave que se afecten los derechos y garantías de cualquier individuo, particularmente cuando se daña el ámbito íntimo de las personas, y en consecuencia, se atenta en contra de la dignidad humana, por ello la ley, prevé un límite a la actividad estatal en los casos en que ello resulta necesario.
En efecto el reconocimiento de los derechos humanos son un dique a la acción estatal, en el marco de la aplicación de la ley, estableciendo un espacio mínimo de facultades, posibilidades y oportunidades, que propicien la vida social del ser humano. Por ello el respeto de los derechos de la persona humana constituyen los principios medulares de los actos de los sistemas políticos de corte democrático.
Asimismo, libertad y derechos humanos entrañan un vínculo indisoluble; la libertad es el punto eje de los derechos humanos, toda vez que por ella se explica la posibilidad de autonomía del ser humano en la sociedad, así como de los límites a los poderes externos a él, singularmente del estado y sus autoridades.
En síntesis los derechos humanos, plasmados en nuestra Constitución como garantías individuales o sociales, constituyen el espacio por el que la persona hace valer su dignidad ante el poder del Estado y son el dique por el que se resguarda ante cualquier tentativa autoritaria de alguna de las instancias del gobierno.
No obstante lo anterior, sigue habiendo en nuestro país hechos reprochables que vulneran garantías de los gobernados, ejemplo de ello es lo acontecido en el estado de México recientemente.
Recordemos que hace más de 2 meses el pasado 5 de julio la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, detuvo a 12 personas por presuntas actividades de intervenciones ilícitas de comunicaciones, al no ser ordenadas por autoridad judicial federal; actividades ilícitas que operaban tanto en domicilios del estado de México como en el Distrito Federal.
Derivado de dicho operativo, a las personas involucradas se les encontraron casetes, aparatos electrónicos, documentos y demás objetos e instrumentos, que fueron los indicios para afirmar que estaban llevando a cabo de manera ilegal vigilancia a personas, inmuebles e instalaciones determinadas; así como intervenciones telefónicas a dirigentes de partidos políticos y funcionarios federales.
Se tiene conocimiento hasta hoy, que de las indagatorias efectuadas se arrojan indicios de que esta actividad ilícita era presumiblemente promovida y financiada desde las oficinas del secretario general de Gobierno y el secretario particular del gobernador del estado de México, Lic. Arturo Montiel Rojas. Siendo el caso, que era a estos funcionarios estatales, a los que se reportaban e informaban los 12 espías detenidos por la PGR, así como otros 35 espías más, los cuales se sabe tienen orden de presentación en su contra.
Las conductas ilícitas descritas, y mejor conocidas como espionaje, son una violación a los derechos humanos, es una violación flagrante a las garantías individuales establecidas en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales; particularmente del párrafo noveno del artículo 16, que garantiza como regla la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, estableciendo sólo como caso de excepción cuando la autoridad judicial federal las autorice, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o el titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, y de conformidad con los requisitos y limites previstos en las leyes.
Luego entonces, tales hechos son una actividad que daña a la sociedad, y una violación al derecho humano que tienen las personas a la intimidad.
En otros países la intervención ilícita de comunicaciones es un acto sancionado severamente. Incluso cabe recordar que en Estados Unidos de América, el sonado caso Watergate le costó la destitución al entonces presidente Richard Nixon.
Resulta lamentable que quienes son responsables de garantizar el Estado de derecho, sean los primeros en vulnerarlo, resulta también lamentable que la autoridad estando obligada a generar confianza sea la primera en general sospechas. Es inaceptable que consideren más importante su razón política y su ambición desmedida de poder, que respetar la razón superior de los ciudadanos: su libertad y en consecuencia el derecho a su privacidad e intimidad.
Por ello, acciones como las desarrolladas en el estado de México, sólo pueden ejecutarse mediante estrategias perfectamente definidas y concertadas, y lo más grave, financiadas con los impuestos de los ciudadanos del estado de México.
El rudimentario sistema de intercepciones telefónicas ha dejado al descubierto la ineficiencia, la corrupción y el desastre político del gobierno, que encabeza el Lic. Arturo Montiel Rojas, en donde los ejemplos de esta mala actuación abundan.
Por las consideraciones expuestas, los diputados integrantes de la fracción del estado de México del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, coincidimos en la necesidad de que esta representación nacional dé seguimiento al desarrollo de las indagatorias sobre estos reprobables hechos. Consecuentemente sometemos a esta soberanía el presente:
Punto de Acuerdo
Único. Que esta Cámara de Diputados, se sirva solicitar al ciudadano Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, para que informe respecto del estado que guardan las investigaciones del caso de intervención ilegal de comunicaciones privadas, suscitada en el Estado de México.
Diputado Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica)
(Túrnese a la Comisión de Gobernación
y Seguridad Pública. Septiembre 17 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE ESTABLEZCA LA CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DEL BRACERO, EL PROXIMO 29 DE SEPTIEMBRE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAMON LEON MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, EN LA SESION DEL LUNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2001
Me permito presentar ante este pleno, el siguiente punto de acuerdo.
En el marco de las festividades del mes patrio, sigue habiendo en nuestro país, luchadores y héroes no reconocidos, y ellos también son parte sustantiva de nuestra historia, me refiero a los millones y millones de compatriotas que de manera legal o ilegal han emigrado a nuestro vecino país convirtiéndose en el pilar para el sostenimiento de sus familias y de la economía en sus regiones y entidades de origen.
México es uno de los países que enfrenta a sus ciudadanos a que encuentren una salida a su demanda de sobreviviencia a través de este fenómeno social llamado "la emigración". El desempleo, la falta de oportunidades, las constantes crisis económicas por la que ha atravesado el país, son solo unas de las cuantas causas por las cuales cerca de medio millón de mexicanos emigran anualmente a los Estados Unidos. Esto ha tenido como consecuencia familias desintegradas, violaciones de los derechos humanos, altos índices de mortalidad al tratar de cruzar la frontera ilegalmente, entre otras.
Quiero empezar refiriéndome al más importante convenio que para el envió de trabajadores a Estados Unidos se suscribió entre los dos gobiernos el año de 1942, el famoso Programa Bracero. En el marco de este convenio entre 1942 y 1964 se enviaron 4.5 millones de trabajadores mexicanos quienes fueron contratados para trabajar en los campos agrícolas y en las vías férreas a fin de mantener la base económica de ese país durante la guerra y la época de recuperación, estos trabajadores no recibieron ningún reconocimiento oficial a la entrega y valentía que representaba su contribución a las economías de dos países.
Como parte del acuerdo, los trabajadores braceros se comprometieron a aportar el 10% de los salarios a cuentas bancarias de los gobiernos de Estados Unidos y México; y en el caso específico de los ferrocarrileros otro tanto al fondo de pensión; el fondo de ahorro creado debería ser regresado a los trabajadores, y hasta el momento no lo han recibido.
No quiero extenderme en este punto, mismo que ya es de sobra conocido por esta Soberanía, misma que, sensible ante este histórico problema ha creado el pasado mes de abril la Comisión Especial para la Investigación de los Fondos de Ahorro de los Braceros entre 1942 y 1964. El 10 de septiembre de 1942 se firmo el primer contrato denominado "contrato -tipo" destinado a los trabajadores agrícolas, teniendo como base el "arreglo internacional".
El 29 de septiembre 1942, llega el primer grupo de 1,500 trabajadores emigrantes a Stockton, California, quienes se inconformaron por el trato que recibieron a su llegada. por las condiciones tan deplorables en las que los recibieron, por lo que los mexicanos en un acto heroico realizaron la primera huelga de trabajadores migrantes en ese país, con la cual demandaron respeto a su dignidad y derechos
En días pasados los presidentes Bush y Fox han estado abordando el asunto de los migrantes y ello a llevado tanto a tener esperanza como preocupación entre las diversas comunidades de mexicanos radicados al otro lado.
Es por ello que han decidido declarar el 29 de septiembre Día Internacional del Bracero, este mismo mes en Estados Unidos están previstos diversos actos entre los que destacan el que se realizará en Stockton, California, el día 29. así como el Día de Acción Nacional Pro Derechos del Inmigrante que se realizará el día 25 en Washington, DC.
Como nos hemos dado cuenta, nuestros paisanos lo que están buscando con estas celebraciones es su reconocimiento como trabajadores que históricamente han contribuido y siguen contribuyendo al engrandecimiento de la economía norteamericana, por parte de nosotros mexicanos y mexicanas que tenemos la oportunidad de encontrar alternativas de vida en el país es importante tener siempre presente que en buena medida nuestras oportunidades, se sientan en la aportación invaluable que ellos dan a la economía nacional.
Ello demanda que les demos el justo y merecido reconocimiento, haciendo eco de las diversas solicitudes y acciones que nuestros paisanos realizan del otro lado de la frontera. Con ello solo estaremos reconociendo la necesidad histórica de dignificar a nuestros co-nacionales en su trabajo, derechos humanos y contribución a la economía del país.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para Gobierno Interno del Congreso General, los Legisladores suscritos proponemos ante este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se instruya a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que a la brevedad y a nombre de esta Soberanía solicite al Ejecutivo federal la instauración del día 29 de septiembre como Día Nacional del Trabajador Migrante (Bracero).
Segundo.- Que la Comisión de Relaciones Exteriores haga comparecer al C. Jorge Castañeda titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que exponga la política y acciones que en materia migratoria viene realizando el actual Gobierno federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre 2001.
(En relación al numeral primero túrnese
a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y
en relación al numeral segundo se turna a la Comisión de
Relaciones Exteriores. Septiembre 17 de 2001).
CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
Presentes
El 28 de abril de 2001 fue turnada por la Mesa Directiva a esta Junta de Coordinación Política una proposición con punto de acuerdo presentada ante el pleno de esta Cámara de Diputados por los ciudadanos diputados de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, PVEM y PT, así como los diputados del PSN y CDPPN, para crear una Comisión de Investigación de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz.
Los suscritos diputados federales coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y del Trabajo, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, ponen a la consideración de la H. Asamblea el presente acuerdo, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
1. La Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, cuenta con la Central Laguna Verde, localizada sobre la costa del Golfo de México, en el municipio de Alto Lucero, estado de Veracruz, a 70 km. al noroeste de la ciudad de Veracruz. La Central Laguna Verde, está integrada por dos unidades, cada una con una capacidad de 682 Mwe; los reactores son tipo agua hirviente (BWR-5) y la contención tipo Mark II de ciclo directo. El sistema nuclear de suministro de vapor (NSSS) fue suministrado por General Electric Co. y el turbogenerador por Mitsubishi Heavy Industries.
2. Esta forma de generar energía ha sido ampliamente cuestionada en el ámbito mundial por los graves daños que representa a la humanidad y al ecosistema, así como a la inestabilidad del sistema tal y como quedó comprobado en el accidente en 1986 de uno de los cuatro reactores de la planta de Chernobyl.
3. Desde el inicio de sus operaciones, la sociedad civil y grupos ambientalistas han solicitado al Gobierno federal una inspección técnica y administrativa independiente a Laguna Verde para investigar una serie de irregularidades: paros de emergencia, fugas radioactivas al ambiente, represión contra técnicos que denuncian fallas.
4. Entre las irregularidades mencionadas, destacan el manejo inadecuado de desechos radiactivos que según un ex trabajador de la planta, son "camuflageados" en bolsas negras de basura y después depositados al aire libre sin ningún tipo de cuidado.
5. La historia de la planta nucleoeléctrica no resulta nada halagadora, sus constantes fallas y negligencias en cuanto a la operación y manejo de los desechos por su uso, nos manifiestan la imperiosa necesidad para realizar una investigación profunda y seria.
6. El organismo internacional pronuclear World Association of Nuclear Operators (WANO), que califica la seguridad de Laguna Verde como "mala". El reporte de WANO reprueba el desempeño de los operadores y su preparación, así como la falta de dirección adecuada de la central nuclear. WANO confirma las denuncias presentadas por agrupaciones ambientalistas, así como la necesidad de que se realice una auditoría independiente a la central nuclear.
Después de haber recibido el informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) sobre la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, Greenpeace envió el documento a la consultora independiente Large & Associates, la cual presentó el informe No. de ref. R3039-A1, con fecha 15 de abril de 2000, referente a la evaluación de operaciones nucleares en la planta de energía nuclear en Laguna Verde.
8. En el informe mencionado anteriormente, se identifican varias áreas de administración y organización débiles y/o descuidadas en Laguna Verde, de manera que se podría considerar que esta planta nucleoeléctrica por sus estructuras de organización y administración corporativa está al borde de falla institucional, esta se encuentra en donde los factores y eventos causativos relacionados se combinan y actúan de tal manera que derrumban el sistema completo.
9. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), se comprometió a llevar a cabo una auditoría independiente de la central nuclear con la participación de grupos ambientalistas y el Congreso de la Unión.
10. El 15 de julio de 1999, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) encuentra graves irregularidades administrativas e inhabilitó a 10 funcionarios de alto nivel de la central nuclear.
11. No hay duda que los recursos naturales forman parte de la riqueza de una nación y que el medio ambiente sano debe ser una de las prioridades del gobierno para proporcionar la garantía establecida en el artículo 41 de nuestra Carta Magna; el Estado debe regular y fomentar su uso y aprovechamiento en un marco de racionalidad, que no altere el equilibrio de los ecosistemas ni deteriore el ambiente, poniendo en peligro especies de flora y fauna y aún la salud humana.
12. En materia de nucleoelectricidad se debe de investigar y analizar muy detenidamente el aspecto de la estructura, organización y capacidad de la planta de Laguna Verde, ya que son suma trascendencia los resultados óptimos de un organismo de esas características.
13. Por consiguiente la Cámara de Diputados puede hacer uso de la facultad de crear comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritario.
Consideraciones
I. Dados los antecedentes expuestos, que dan cuenta de la situación controvertible y apremiante de la empresa en cuestión; de los altos riesgos que su operación genera para la población adyacente y para el entorno natural y social; así como la presumible deficiencia administrativa de la misma, que en todo caso debe ser probada en forma objetiva y racional, lo cual la coloca en la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, pues la proposición para crear la comisión para investigar el funcionamiento de dicho organismo ha sido presentado por 132 ciudadanos diputados de la LVIII Legislatura en ejercicio, lo cual excede la cuarta parte de los miembros de este órgano representativo de la nación, la Junta de Coordinación Política considera procedente la petición de referencia.
Por lo anterior, esta Junta de Coordinación Política, de conformidad con los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 34 y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de esta Cámara el siguiente:
Acuerdo
Primero.- Se crea la Comisión de Investigación de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz, en razón de los antecedentes y consideraciones mencionados anteriormente y con fundamento en el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política y en los artículos 34 y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo.- El objetivo de esta Comisión será el dar seguimiento a las auditorías practicadas a la planta nucleoeléctrica sobre las medidas de seguridad, protección del medio ambiente y tecnología de Laguna Verde, así como presentar un informe final a la Junta de Coordinación Política.
Tercero.- La Comisión de investigación de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde se integrará por veinte diputados en la siguiente proporción: ocho del Partido Revolucionario Institucional, ocho del Partido de Acción Nacional, dos del Partido de la Revolución Democrática, uno del Partido Verde Ecologista de México y uno del Partido del Trabajo. Al proponer a sus integrantes, la Junta de Coordinación Política hará el señalamiento de su Mesa Directiva.
Cuarto.- La Comisión realizará sus trabajos con el apoyo de los recursos que le asigne la Junta de Coordinación Política, a través de la Junta de Apoyo Administrativo. Sus resultados serán dados a conocer al pleno por conducto de la Junta de Coordinación Política y quedará extinguida el 30 de abril del año 2002.
Quinto.- Notifíquese a los interesados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de agosto de 2001.
Dip. Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica)
Presidente de la Junta y Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
(Sin que motive debate, en votación económica
se aprueba. Septiembre 17 de 2001).
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, SOBRE LA INTEGRACION DE LA COMISION ESPECIAL DE GANADERIA Y SU DIRECTIVA
CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
PRESENTES
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2001.
Por acuerdo aprobado en el Pleno de esta Cámara de Diputados el 30 de abril de 2001, se creó la Comisión Especial de Ganadería. El punto TERCERO de dicho acuerdo establece que la Junta de Coordinación Política determinará los integrantes de la Comisión Especial así como su directiva.
En razón de lo anterior, me permito hacer del conocimiento
de la H. Asamblea que los coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes
de esta Junta de Coordinación Política, han acordado que
la Comisión Especial de Ganadería y su Directiva, se integrarán
de la siguiente forma:
| PARTIDO | NOMBRE | CARGO |
| PRI | Dip. Arturo de la Garza Tijerina | PRESIDENTE |
| PRI | Dip. Silverio López Magallanes | SECRETARIO |
| PAN | Dip. José de Jesús Hurtado Torres | SECRETARIO |
| PAN | Dip. Francisco Arano Montero | SECRETARIO |
| PRD | Dip. Alfonso Oliverio Elías Cardona | SECRETARIO |
| PRI | Dip. Arturo de la Garza Tijerina | INTEGRANTE |
| PRI | Dip. Silverio López Magallanes | INTEGRANTE |
| PRI | Dip. Manuel Payán Novoa | INTEGRANTE |
| PRI | Dip. Héctor Pineda Velásquez | INTEGRANTE |
| PRI | Dip. Jaime Mantecón Rojo | INTEGRANTE |
| PRI | Dip. Jesús de la Rosa Godoy | INTEGRANTE |
| PRI | Dip. Neftali Jiménez Olán | INTEGRANTE |
| PRI | Dip. Roberto Domínguez Castellanos | INTEGRANTE |
| PRI | Dip. Jaime Rodríguez López | INTEGRANTE |
| PRI | Dip. Julián Luzanilla Contreras | INTEGRANTE |
| PRI | Dip. Manuel Medellín Milán | INTEGRANTE |
| PRI | Dip. Efrén Leyva Acevedo | INTEGRANTE |
| PRI | Dip. Ediberto Buenfil Montalvo | INTEGRANTE |
| PAN | Dip. Sergio García Sepúlveda | INTEGRANTE |
| PAN | Dip. José de Jesús Hurtado Torres | INTEGRANTE |
| PAN | Dip. J. Jesús Dueñas Llerenas | INTEGRANTE |
| PAN | Dip. Guillermo Padres Elías | INTEGRANTE |
| PAN | Dip. Francisco Arano Montalvo | INTEGRANTE |
| PAN | Dip. J. Tomás Ríos Bernal | INTEGRANTE |
| PAN | Dip. José Roque Rodríguez López | INTEGRANTE |
| PAN | Dip. Abelardo Escobar Prieto | INTEGRANTE |
| PAN | Dip. José Maria Tejada Vázquez | INTEGRANTE |
| PAN | Dip. Carlos Alberto Valenzuela Cabrales | INTEGRANTE |
| PAN | Dip. José Carlos Luna Salas | INTEGRANTE |
| PAN | Dip. José María Anaya Ochoa | INTEGRANTE |
| PRD | Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel | INTEGRANTE |
| PRD | Dip. Alfonso Oliverio Elías Cardona | INTEGRANTE |
| PRD | Dip. Arturo Hérviz Reyes | INTEGRANTE |
| PVEM | Dip. Rodolfo Escudero Barrera | INTEGRANTE |
| PT | Dip. Félix Castellanos Hernández | INTEGRANTE |
Atentamente
Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Presidente de la Junta de Coordinación Política
y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
(Sin que motive debate, en votación económica
se aprueba. Septiembre 17 de 2001).
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, POR EL QUE SE DETERMINAN LAS DIRECTIVAS DE LA COMISION ESPECIAL PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS FONDOS APORTADOS POR LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS, DE LA COMISION ESPECIAL DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE MEXICO, DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS, Y DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA
Acuerdo por el que se determinan las directivas de la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera de México, del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
Consideraciones y antecedentes
I. Por acuerdos aprobados en el Pleno de esta Cámara de Diputados el 5 y el 17 de abril de 2001, se crearon la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera de México y la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, respectivamente.
II. Asimismo, el 7 de noviembre de 2000, se aprobaron los acuerdos para crear los comités de los centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
III. En razón de las facultades que los acuerdos mencionados otorgan a la Junta de Coordinación Política para la integración de las directivas de las comisiones especiales y los comités, los integrantes de este órgano de dirección política han determinado emitir la siguiente
Resolución
Primero. La Directiva de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera de México, se integrará de la siguiente forma:
Dip. Francisco Castro González
Presidente
Dip. Bernardo Pastrana Gómez
Secretario
Dip. Arturo Hérviz Reyes
Secretario
Segundo. La Directiva de la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, se integrará de la siguiente forma:
Dip. Sergio Acosta Salazar
Presidente
Dip. Eddie James Varon Levy
Secretario
Dip. Jorge Urdapilleta Núñez
Secretario
Tercero. La Directiva del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, se integrará de la siguiente forma:
Dip. Juan Manuel Carreras López
Presidente
Dip. Héctor Ortiz Ortiz
Secretario
Dip. Lucio Fernández González
Secretario
Dip. Miguel Barbosa Huerta
Secretario
Cuarto. La Directiva del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, se integrará de la siguiente forma:
Dip. José Antonio Hernández Fraguas
Presidente
Dip. Alma Carolina Viggiano Austria
Secretaria
Dip. Eduardo Rivera Pérez
Secretario
Dip. Rufino Rodríguez Cabrera
Secretario
Transitorio. Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de julio de 2001.
Dip. Beatriz Paredes Rangel (rúbrica)
Presidenta de la Junta y Coordinadora del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Dip. Martí Batres Guadarrama
(rúbrica a favor, considerando que está
pendiente de definirse una presidencia de alguna comisión de carácter
económico para un diputado del PRD)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alberto Anaya Gutiérrez
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
(Sin que motive debate, en votación económica
se aprueba. Septiembre 17 de 2001).
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA INTEGRACION Y DIRECTIVA DE LA COMISION ESPECIAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Acuerdo por el que se determina la integración y Directiva de la Comisión Especial de Seguridad Pública
I. Por acuerdo aprobado en el Pleno de esta Cámara de Diputados el 6 de septiembre de 2001, se creó la Comisión Especial de Seguridad Pública, cuyo punto tercero establece que la Junta de Coordinación Política determinará los integrantes de la Comisión Especial así como su Directiva.
II. En razón de las facultades legales conferidas a la Junta de Coordinación Política, este órgano de dirección política ha determinado emitir la siguiente
Resolución
Unico. La Comisión Especial Seguridad
Pública y su Directiva, se integrarán de la siguiente forma:
| PARTIDO | NOMBRE | CARGO | |
| PAN | Dip. Manuel Espino Barrientos | PRESIDENTE | |
| PAN | Dip. Tomas Coronado Olmos | SECRETARIO | |
| PRI | Dip. Omar Fayad Meneses | SECRETARIO | |
| PRI | Dip. Riacardo A. Ocampo Fdez. | SECRETARIO | |
| PRD | Dip. Alfredo Hernández Raigosa | SECRETARIO | |
| PRI | Dip. Ricardo Augusto Ocampo Fernández | INTEGRANTE | |
| PRI | Dip. Jaime Vázquez Castillo | INTEGRANTE | |
| PRI | Dip. José Alvaro Vallarta Ceceña | INTEGRANTE | |
| PRI | Dip. Juan Manuel Carreras López | INTEGRANTE | |
| PRI | Dip. Fernado Díaz de la Vega | INTEGRANTE | |
| PRI | Dip. Roberto Zavala Echavarria | INTEGRANTE | |
| PRI | Dip. Omar Fayad Meneses | INTEGRANTE | |
| PRI | Dip. Alfredo Ochoa Toledo | INTEGRANTE | |
| PRI | Dip. José Elias Romero Apis | INTEGRANTE | |
| PRI | Di. Patricia Aguilar García | INTEGRANTE | |
| PRI | Dip. Victor Manuel Gandarilla Carrasco | INTEGRANTE | |
| PRI | Dip. José Antonio Hernández Fraguas | INTEGRANTE | |
| PRI | Dip. Oscar Alfonso del Real Muñoz | INTEGRANTE | |
| PAN | Dip. Armando Salinas Torre | INTEGRANTE | |
| PAN | Dip. Alejandro Zapata Perogordo | INTEGRANTE | |
| PAN | Dip. Manuel Espino Barrientos | INTEGRANTE | |
| PAN | Dip. José Alfredo Botello Montes | INTEGRANTE | |
| PAN | Dip. Tomás Coronado Olmos | INTEGRANTE | |
| PAN | Dip. Francisco de Jesús de Silva Ruiz | INTEGRANTE | |
| PAN | Dip. Francisco Blaque Mora | INTEGRANTE | |
| PAN | Dip. Nestor Villareal Castro | INTEGRANTE | |
| PAN | Dip. Lucio Fernández González | INTEGRANTE | |
| PAN | Dip. Rodrigo David Mireles Pérez | INTEGRANTE | |
| PAN | Dip. Ulises Ramírez Nuñez | INTEGRANTE | |
| PRD | Dip. Alfredo Hernández Raigosa | INTEGRANTE | |
| PRD | Dip. Victor Hugo Círigo Vázquez | INTEGRANTE | |
| PRD | Dip. Daniel Esteban Martínez Enriquez | INTEGRANTE | |
| PVEM | Dip. Arturo Escobar y Vega | INTEGRANTE | |
| PT | Dip. Juan Carlos Regis Adame | INTEGRANTE |
Transitorio. Comuníquese a la Mesa Directiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2001.
Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Presidente de la Junta y Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional
Dip. Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alberto Anaya Gutiérrez
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
(Sin que motive debate, en votación económica
se aprueba. Septiembre 17 de 2001).
A su reunión de trabajo, el miércoles 19 de septiembre, a las 8:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Intervención del Ing. Emilio Illanes Díaz
Rivera, director general de Fondos y Microempresas (Fonaes).
3. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Herbert Taylor Arthur
Presidente
DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS
A su reunión de trabajo con el director general de la Comisión Nacional del Agua, que se efectuará el miércoles 19 de septiembre, a las 9 horas, en las instalaciones de dicha institución, sita en avenida Insurgentes Sur 1960, piso 9, colonia Florida.
Orden del Día
9:00: Desayuno.
9:05: Bienvenida.
Lic. Cristóbal Jaime Jáquez, director general
de la Comisión Nacional del Agua.
9:10-10:00: Propuestas de decretos.
Lic. Mario Alfonso Cantú Suárez, subdirector
general de Administración del Agua.
10:00-10:30: Marco legal.
Lic. Blanca Alicia Mendoza Vera, gerente de la Unidad
Jurídica.
10:30-10:40: Preguntas y respuestas.
10:40-11:00: Programa de infraestructura hidroagrícola
en el corto, mediano y largo plazos.
Ing. César O. Ramos Valdés, subdirector
general de Operación.
11:00-11:10: Preguntas y respuestas.
11:10-11:30: Conclusiones.
Atentamente
Dip. Jesús Burgos Pinto
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de su Mesa directiva, que se realizará el miércoles 19 de septiembre, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la Presidencia de la Comisión.
Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
Al coloquio Los Derechos Sociales: Obligación o Exigencia, que se llevará a cabo el miércoles 19 de septiembre, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República (salón Verde).
Temática
1. Los derechos sociales, la pobreza y la incapacidad
salarial mexicana: Dra. Sara Gordon.
2. El Estado mexicano, las luchas populares y la pobreza:
Prof. Pablo Moctezuma Barragán.
3. La justicia social y el combate a la pobreza: Dr.
Julio Boltvinik Kalinka.
4. La política social del Estado mexicano en materia
de asistencia y desarrollo social y rural: Lic. Carlos de Buen Unna.
5. El juicio de amparo y los derechos sociales: Dr. Manuel
de Jesús Landeros.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Cantú Torres
Presidente
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su reunión extraordinaria de trabajo, que se realizará el miércoles 19 de septiembre, a las 11 horas, en la sala de juntas de la Comisión, ubicada en el edificio C, planta baja.
Atentamente
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la décima sexta reunión de su Mesa Directiva, la cual tendrá lugar el miércoles 19 de septiembre, a las 11 horas, en las oficinas de la Comisión, ubicadas en el edificio F, segundo piso.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
4. Análisis de los anteproyectos de dictamen.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
A la reunión de trabajo con el Lic. Cristian Castaño Contreras, director del Instituto Mexicano de la Juventud, la cual se efectuará el miércoles 19 de septiembre, a las 15 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Verificación de quórum.
2. Bienvenida a cargo del Dip. Arturo Escobar y Vega.
3. Intervención del Lic. Cristian Castaño
Contreras, director del Instituto Mexicano de la Juventud.
4. Comentarios.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Arturo Escobar y Vega
Presidente
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y DE TRANSPORTES
A la comparecencia del Arq. Pedro Cerisola y Weber, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se realizará el miércoles 19 de septiembre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República (salón Verde), a efecto de informar sobre el estado que guarda el ramo de su responsabilidad ante el Primer Informe de Gobierno del Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente de la Comisión de Transportes
Dip. Jesús Orozco Alfaro
Presidente de la Comisión de Comunicaciones
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su reunión de trabajo con la delegación de El Paso, Texas, EUA, que se llevará a cabo el jueves 20 de septiembre, a las 8:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de su Junta Directiva, el jueves 20 de septiembre, a las 8:30 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA
A su reunión de trabajo, el jueves 20 de septiembre, a las 8:45 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. José Antonio Hernández Fraguas
Presidente
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A su octava reunión ordinaria, con la asistencia del Dr. Manuel Urzúa Macías, secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, que se realizará el jueves 20 de septiembre, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jorge Alberto Lara Rivera
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria mensual, que se llevará a cabo el miércoles 26 de septiembre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la reunión de la Comisión realizada el 21 de agosto.
4. Recepción y análisis del punto de acuerdo
presentado en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
para solicitar la información de la Consar.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, CALENDARIO PARA LA REVISION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2000.
| Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública | |||
| Calendario para la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal de 2000 | |||
| Septiembre | Sector/Función | Dependencias y Entidades | Comisiones Invitadas |
| Miércoles 26 | Hacienda y Crédito Público, análisis | Secretaría de Hacienda y | Todas |
| 12:00 horas | general de la Cuenta de la Hacienda | Crédito Público | |
| Pública Federal 2000 | |||
| Octubre | |||
| Martes 2 | Función 6 / Gobierno | Presidencia de la República, | Gobernación, Puntos |
| 17:00 horas | Secretaría de Gobernación, | Constitucionales, Relaciones | |
| Secretaría de Relaciones | Exteriores, Hacienda y | ||
| Exteriores, Secretaría de | Crédito Público | ||
| Hacienda, Secodam | |||
| Miércoles 3 | Función 7 / Educación | Sagarpa | Educación Pública, Juventud y |
| 12:00 horas | SEP | Deporte, Ciencia y Tecnología, | |
| SHCP | Cultura, Agricultura | ||
| y Ganadería | |||
| Jueves 4 | Función 8 / Salud | Secretaría de Salud | Salud, Atención a Grupos |
| 17:00 horas | SHCP | Vulnerables | |
| Miércoles 10 | Función 11 / Abasto y Asistencia | Sedesol | Salud, Desarrollo Social, |
| 12:00 horas | Social, y Función 12 / Desarrollo | Secretaría de Salud | Asuntos Indígenas, |
| Regional y Urbano | SHCP | Fortalecimiento del | |
| Semarnat | Federalismo, Fomento | ||
| Cooperativo y E. Social | |||
| Jueves 11 | Función 3 / Organización de los | IFE | Gobernación |
| 17:00 horas | Procesos Electorales | ||
| Martes 16 | Función 14 / Medio Ambiente, | Pemex | Medio Ambiente, Pesca |
| 17:00 horas | Recursos Naturales y Pesca | Semarnat | y Recursos Hidáulicos |
| Miércoles 17 | Función 9 / ISSSTE, IMSS | IMSS | Salud, Atención a Grupos |
| 12:00 horas | ISSSTE | Vulnerables, Seguridad Social | |
| Jueves 18 | Función 10 / Trabajo y Previsión | STPS | Trabajo y Previsión Social |
| 17:00 horas | Social | ||
| Martes 23 | Función 15 / Energía | SE, Pemex, CFE, LyFC | Energía |
| 17:00 horas | |||
| Miércoles 24 | Función 16 / Comunicaciones y | Secretaría de Comunicaciones | Comunicaciones y |
| 12:00 horas | Transportes | y Transportes, Ferrocarriles | Transportes |
| Nacionales de de México, ASA | |||
| Capufe | |||
| Jueves 25 | Función 21 / Saneamiento del | SHCP | Todas |
| 17:00 horas | Sistema Financiero, y Función 18/ | IPAB | |
| Deuda del Gobierno Federal | |||
| Martes 30 | Función 4 / Procuración de Justicia, | CNDH, PGR y Procurador | Puntos Constitucionales, |
| 17:00 horas | y Función 2 / Impartición de Justicia | General de la Defensa del | Justicia y Derechos Humanos, |
| Trabajo | Gobernación y Seguridad | ||
| Miércoles 31 | Función 13 / Desarrollo Agropecuario | Sagarpa | Desarrollo Rural, Reforma |
| 12:00 horas | SRA | Agraria, Agricultura y | |
| Conasupo | Ganadería | ||
| Noviembre | |||
| Martes 6 | Función 5 / Soberanía del Territorio | Secretaría de Turismo, | Marina, Defensa Nacional, |
| 17:00 horas | Nacional, y Función 17 / Otros | Secretaría de Economía, | Turismo, Comercio y |
| Servicios y Actividades Económicas | Lotenal, Secretaría de la | Fomento Industrial | |
| Defensa Nacional y | |||
| Secretaría de Marina | |||
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
Al desayuno de trabajo y recorrido por la planta industrial de Liconsa de la delegación Tlahuac, que llevará a cabo la Subcomisión de Evaluación y Seguimiento de Programas de la Comisión, el miércoles 3 de octubre, a partir de las 9 horas, saliendo de las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Francisco J. Cantú Torres
Presidente
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A la reunión ordinaria que realizará el miércoles 3 de octubre, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
I. Lectura y aprobación del acta anterior.
II. Celebración del foro Avances en la Legislación
en Materia de Comercio Electrónico.
III. Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen a iniciativas en materia del
Renave (Ley del Sistema de Inscripción Vehicular).
IV. Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen de los puntos de acuerdo en
materia del Renave.
V. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
del proyecto de dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo
para que se instrumente un programa en materia de comercialización
en el campo que facilite una política encaminada a elevar la producción
de alimentos.
VI. Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen de la Proposición con
Punto de Acuerdo que crea un artículo transitorio en la Ley de Ingresos
de la Federación para el año 2001, con el fin de proteger
la producción de granos y la soberanía alimentaria.
VII. Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen de la Proposición con
Punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal se incluya
a las aduanas de Piedras Negras y de Ciudad Acuña del estado de
Coahuila.
VIII. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere
Presidente