Samuel Aguilar Solís, en mi carácter de diputado federal de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 55, fracción II y 62 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; me permito someter a consideración del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa que reforma la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 15 y 16 de la Ley General de Salud bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Antecedentes del Consejo de Salubridad General
El Consejo de Salubridad General surge en 1887, durante el Gobierno de Porfirio Díaz, bajo el título de Consejo Superior de Salubridad, y se constituye como el primer Cuerpo Consultivo de la República.
Es de destacarse que desde su surgimiento se le otorga el rango de responsabilidad federal, al depender de la Secretaría de Gobernación; de acuerdo a su Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 1879.
Del Consejo Superior de Salubridad, presidido por el Dr. Eduardo Liceaga surgió el proyecto del primer Código Sanitario, aprobado el 15 de julio de 1891, para tener así la primera legislación nacional en materia de Salubridad e Higiene en México que coadyuvó a hacer frente a los problemas sanitarios de nuestro país en dicho momento histórico de manera sobresaliente.
Posteriormente, se contempla dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 1917, la incorporación del Consejo de Salubridad General, otorgándole facultades específicas.
Cabe mencionar que aunado a lo anterior, se crea el Departamento de Salubridad, con lo cual se bifurcaron las atribuciones: el Consejo asumió funciones normativas y el Departamento se hizo cargo de las actividades ejecutivas, sobresaliendo de manera preponderante la jerarquía del Consejo Superior de Salubridad por encima del Departamento de Salubridad.
En diciembre de 1937 se fundó la Secretaría de la Asistencia Pública; seis años después se decretó la fusión de la Secretaría de la Asistencia Pública con el Departamento de Salubridad, para que surgiera a la vida jurídica del país la nueva Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Tiempo más tarde, el Consejo adquiere el nombre que en la actualidad lleva: Consejo de Salubridad General, al igual que la Secretaría de Salud adquiere su denominación actual.
Cabe mencionar que posteriormente se crean el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, los Servicios Médicos de la Defensa Nacional y los Servicios Médicos del Gobierno del Distrito Federal, que se constituyen como parte del Sistema Nacional de Salud en la actualidad.
Es de destacarse que con la creación de estos organismos, principalmente de aquellos relacionados con la atención a la salud, se ha cuestionado la función del Consejo, así como su propia prevalencia.
Sin embargo, y como medida fundamental, se agrupan dichos organismos a través de su representación como vocales en el Consejo de Salubridad General, además de instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, además de varias universidades de los estados y un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aunado a la importante representación de las Academias de Medicina y la de Cirugía así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Las funciones que el Consejo ha adquirido, y su propia conformación, ha tenido un impacto sumamente importante para el desarrollo del sector salud en México, originando que las decisiones tomadas en el Consejo como órgano consultor y de análisis, así como de prácticamente todas sus funciones, al tener reunidos en un solo organismo los diferentes segmentos del sector salud apoyados con las reflexiones del sector educativo y otros grupos de alto nivel, tengan una fuerza significativa.
Perspectivas del Consejo de Salubridad General
Si bien se considera como indiscutible e incuestionable la necesidad de que México cuente con un Consejo de Salubridad General, que por su envergadura se fundamenta en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la actualidad, el Consejo de Salubridad General, se constituye como un organismo de la Presidencia de la República, lo cual, le impide realizar de manera más ágil y eficaz su encomienda.
Operativamente se incorpora a la Secretaría de Salud, pero al depender directamente de la Presidencia de la República, sin intervención de la Secretaría de Salud, origina para la propia Presidencia y para la Secretaría de Salud, duplicación de funciones y una carga de trabajo para el Presidente de la República mayor, para cumplir eficazmente con las tareas encomendadas entre las cuales sin duda se encuentra la de ejecutar las leyes entre las que se encuentra la Ley General de Salud.
Si bien el Consejo está integrado por un presidente, que es el secretario de Salud, un secretario y trece vocales titulares nombrados directamente por el Presidente de la República, que representan: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Dirección General de Sanidad Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, el Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las Universidades de Colima y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, no se encuentra fundamento para que dependa directamente de la Presidencia de la República, sino de la Secretaría de Salud.
Las atribuciones, funciones y competencia del Consejo se han modificado en varias ocasiones, obedeciendo al desarrollo histórico del país, así como a los cambios cualitativos de nuestro sistema político-administrativo, y de las necesidades de la sociedad, la cual ha sufrido profundos cambios epidemiológicos y demográficos que afectan directamente al sistema nacional de salud y que incluso se presentan como importantes retos que se habrán de enfrentar en éste nuevo milenio.
Es de destacarse que el Consejo tiene facultades legales para emitir opiniones y formular sugerencias al Poder Ejecutivo Federal a fin de mejorar el Sistema Nacional de Salud; opinar sobre los programas de investigación y formación de recursos humanos en el campo de la salud; estudiar la legislación de salud y proponer reformas o adiciones a la normatividad respectiva, por lo que la propuesta de reforma se fundamenta en que para hacer del Consejo de Salubridad General el órgano que puede conducir a México por el camino que lo lleve a resolver con éxito los retos que se plantean en el rubro de la salud en este nuevo milenio, es necesario que dependa dicho organismo de la Secretaría de Salud.
El marco de participación del Consejo como organismo inductor, concertador y coordinador de varias tareas entre las que destaca la edición de los listados de establecimientos destinados al procesamiento de medicamentos, así como la actualización del Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables, se fortalece la necesidad de que dichas encomiendas no recaigan en la Presidencia de la República, sino en la propia Secretaría del ramo.
El Consejo de Salubridad General dependiendo de la Secretaría de Salud con la fuerza que lo constituye por la representación que conforma su estructura, podrá agilizar sus tareas y permitir su funcionamiento enfocándose a cumplir más eficientemente los retos que se vislumbran.
Su contribución en la coordinación del Programa Nacional de Certificación de Hospitales, permitirá no sólo fortalecerse, sino coadyuvar a las tareas propias de la Secretaría de Salud mediante su incorporación, asimismo, permitirá reforzar su carácter de autoridad sanitaria.
Su labor dependiendo de la Secretaría de Salud permitirá incluso reforzar las atribuciones del Comité Normativo de Medicina General como una instancia oficial, que tiene como función establecer los procedimientos de registro, certificación y recertificación de médicos generales que permitan garantizar la calidad de una práctica profesional óptima y competitiva a través de la mayor accesibilidad a programas de educación médica continúa y con valor curricular, haciendo posible alcanzar los objetivos planteados por el Secretario de Salud en la llamada Cruzada por la Calidad de los Servicios Médicos, que precisamente empieza por la calidad en la preparación de los servidores de salud.
Por otro lado, al depender de la Secretaría de Salud, activaría su participación no sólo en el Comité Consultivo Nacional de Normas Mexicanas para modificar, agregar, suprimir artículos de las Normas Oficiales Mexicanas, sino en la propia Secretaría de Salud para emitir normas consensadas desde su seno de creación, creando normas siempre tendientes a la prevención de enfermedades, fomento a la Salud Pública y mejora en el ejercicio de los profesionales de la salud.
Es de destacarse que mediante las modificaciones que se proponen no se constituirá el Consejo de Salubridad como un órgano de asesoría a la Secretaría de Salud, sino que se preservará su carácter de autoridad sanitaria en nuestro país y permitirá que las políticas relacionadas con la salud, tengan mayor consenso con su participación directa en la secretaría.
La conformación del Consejo se ha reconocido como una ventaja potencial del propio Consejo de Salubridad General, su constitución y estructura que data desde 1974, ya que dos de los principales actores tienen la responsabilidad en asuntos de Salud Pública y Asistencia Médica hacia los distintos grupos sociales del país, auxiliados por representantes de organismos médicos de tanto prestigio como la Academia Nacional de Medicina, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Conacyt, universidades de los estados y especialistas en materia ambiental, y es un aspecto que deberá preservarse.
Así, con fundamento en lo anteriormente expuesto, me permito presentar la presente iniciativa de reforma a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la reforma a los artículos 15 y 16 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
ARTICULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 73. ...
1ª. El Consejo de Salubridad General dependerá de la Secretaría de Salud y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.
2ª. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades inesperadas en el país, la Secretaría de Salud, conjuntamente con el Consejo de Salubridad General, tendrán la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.
3ª. La autoridad sanitaria, a través del Consejo de Salubridad General, tendrá funciones ejecutivas y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.
4ª. Las medidas que el Consejo de Salubridad en coordinación con la Secretaría de Salud ponga en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental y las referentes a epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades inesperadas, serán después revisadas por el Congreso de la Unión, en los casos que le competan;
Artículo 15. El Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente de la Secretaría de Salud en los términos del artículo 73, fracción XVI, base 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está integrado por un presidente que será el Secretario de Salud, un secretario y trece vocales titulares, dos de los cuales serán los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía, y los vocales que su propio reglamento determine, entre los que deberán de incorporarse a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Los miembros del Consejo serán designados y removidos por el propio Secretario de Salud, quien deberá nombrar para tales cargos, a profesionales especializados en cualquiera de las ramas sanitarias.
Artículo 16. La organización y funcionamiento del Consejo de Salubridad General se regirá por su reglamento interior, que formulará el propio Consejo.
TRANSITORIOS
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinticinco días del mes de octubre de 2001.
Dip. Samuel Aguilar Solís (rúbrica)
(Túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales
y de Salud. Octubre 25 de 2001.)
QUE ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (PARA QUE TODA PERSONA TENGA DERECHO A RECLAMAR UNA INDEMNIZACION EN CASO DE HABER SIDO CONDENADA POR ERROR JUDICIAL), PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUCIO FERNANDEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2001
Los que suscribimos diputados federales en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que nos confieren la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa de decreto para adicionar un tercer párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente:
Exposición de Motivos
El principio de legalidad representa uno de los principios básicos del Derecho moderno, lo que constituye una fuente permanente e inagotable para que el legislador encuentre inspiración para defender los derechos de quienes son sometidos a la administración de justicia.
En nuestra legislación únicamente se regula la sanción por actos de los particulares que interfieren en la verticalidad y eficacia de la actividad judicial, protegiéndola de esa manera a favor de una sana administración de justicia.
Desde el punto de vista de la administración de justicia, es necesario establecer la necesidad que tiene el Estado Mexicano de contar con un orden jurídico de rango constitucional que asegure una responsabilidad patrimonial directa y objetiva del Estado cuando al apartarse de la obligación de impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial, cause daños y perjuicios a un gobernado.
Estamos convencidos que para el desarrollo de una comunidad política no pueden estar ausentes dos pilares fundamentales: la democracia y el Estado de derecho. En este sentido, desde el principio de la historia constitucional moderna hasta nuestros días, se ha considerado invariablemente como esencia de un gobierno constitucional, que los individuos no sólo dispongan de los tribunales ante cuya autoridad puedan recurrir contra las personas que hayan desconocido sus derechos o traten de desconocerlos; sino también justicia contra el gobierno mismo o las autoridades, y una perfecta protección contra todas las violaciones de la ley.
Luego entonces se exige un sistema eficaz de responsabilidad de los servidores públicos ya que ello constituye el requisito fundamental para el control del ejercicio del poder público; sin un sistema de esta naturaleza o con él pero que sin que disponga de eficacia normativa, no habrá democracia ni Estado de derecho y menos la autodeterminación de la población del Estado.
Más aún es indispensable el establecimiento correcto para la responsabilidad pública, cuando sabemos que el fenómeno de la irresponsabilidad es latente bien por ignorancia, torpeza o descuido de los servidores públicos, pero más lamentable cuando se genera con motivo de la corrupción.
Ahora bien, el fenómeno de la corrupción, la negligencia, la impreparación y en general la ineficiencia e ineficacia de la función pública, afecta la credibilidad de los órganos de poder y se convierte en un peligro para la democracia ya que destruye los valores sociales y nos encamina a una descomposición generalizada y a una ausencia de normas éticas y jurídicas que nos llevan a la impunidad. Cuando concurren en actos de tal naturaleza la autoridad y los particulares se establece una dinámica destructiva de la convivencia comunitaria.
Bajo este contexto, es que ha surgido la idea de la responsabilidad de los servidores públicos, la cual puede ser de carácter penal, político, civil y administrativo. Por ello nuestra Constitución, ha establecido un Titulo Cuarto como un marco jurídico integral específico, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, tendiente a sentar las bases para regular la actuación de estos, y se generen normas para vigilar, limitar y en su caso sancionar el actuar de los servidores públicos frente a los gobernados, a efecto de otorgarle seguridad jurídica a todo gobernado y reducir negligencia, dolo y corrupción en la función pública. En todo caso se prevé que el incumplimiento en los deberes que impone el servicio público dé nacimiento a diversas responsabilidades, bien administrativa, penal o política, así como la responsabilidad civil y la indemnizatoria, derivadas de la responsabilidad objetiva y de la fiscalización respectivamente.
En tal sentido, para que realmente se pueda hablar de un Estado de derecho es necesario la existencia de un orden jurídico estructurado, al que se encuentren sometidas las actuaciones de gobernantes y gobernados, el reconocimiento de los derechos humanos de los gobernados, la instauración de medios jurídicos para su defensa y un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado.
Sin embargo habría que reconocer que lamentablemente no se cuenta con un auténtico sistema de responsabilidad patrimonial del Estado. Que nuestro sistema actual de responsabilidad del Estado se basa en los principios civiles de la culpa y establece la responsabilidad subsidiaria del Estado como regla general; la responsabilidad solidaria se establece únicamente para el caso de dolo en la actuación del servidor público. No obstante, dicho esquema jurídico adolece de un procedimiento eficaz para que el gobernado obtenga un resarcimiento por el daño causado, cuando no tuvo ni tiene la obligación legal de soportarlo.
El marco vigente hace que existan enormes costos de tiempo y dinero para exigir la responsabilidad subsidiaria del Estado, y su consecuente pago de la indemnización. Efectivamente, se ha establecido que para que exista la responsabilidad del Estado, conforme a lo dispuesto en los Códigos Civiles tanto federal como estatales, por actos de sus funcionarios, se requiere: que un funcionario cause daño; que este daño se origine en el ejercicio de sus funciones que le están encomendadas; el carácter subsidiario de esta responsabilidad sólo puede hacerse efectiva, cuando el funcionario directamente responsable no tenga bienes, o los que tenga no sean suficientes para responder por el daño causado. Lo anterior implica la idea de un doble juicio uno contra la persona del servidor público, y siempre y cuando se cumpla lo señalado, y sólo así se tendrá el derecho de demandar subsidiariamente al Estado.
Es así que la responsabilidad del Estado como se dispone hoy día es un avance, en tanto permite el ejercicio directo de la acción en contra del Estado, pero sujeto a innumerables requisitos y condiciones que se sujetan a la demostración de la responsabilidad subjetiva del servidor público.
En tal sentido, los suscritos pretendemos con la presente iniciativa instaurar una responsabilidad en contra de las autoridades judiciales por el error judicial en que puedan incurrir, pero no bajo el esquema actual de responsabilidad subsidiaria y solidaria, en el que primero se tenga que demostrar la responsabilidad personal del servidor público, sino el establecimiento de una responsabilidad directa y objetiva del Estado en su función pública de impartir justicia.
Estamos convencidos, que es el individuo el que actúa fuera de los límites de la ley, pero dicho individuo actúa en representación del Estado, en el ejercicio del poder público y no a título personal, sino que obedecen a un vínculo jurídico con el Estado, por tanto, la responsabilidad debe recaer directamente sobre éste último. Así el Estado, tiene el deber de llevar a cabo una cuidadosa elección y una permanente vigilancia de sus servidores públicos, so pena de ser responsabilizado.
Es así, que la responsabilidad del Estado en su función judicial, se basa en la falta o falla del servicio que debe trasladar el origen de la responsabilidad del sujeto de realización de la función estatal, siendo directa del Estado, no debe depender de la falta del agente, requiere de la falta del servicio, es decir que cuando haya un hecho antijurídico, que cause agravio a los administrados en la justicia, que se pueda dar porque el servicio ha funcionado mal, porque no ha funcionado o que ha funcionado pero en forma inadecuada o insuficiente. En todo caso, la actuación del servidor público no se abandona como causa generadora de la indemnización, la falla en la actividad del sujeto autoridad estatal.
Lo anterior en base a la frase "que el Estado haga pero que indemnice". A fin de que se vaya construyendo un régimen de responsabilidades exigibles a las autoridades como persona moral en donde la responsabilidad sea la regla y la irresponsabilidad la excepción. Pasar de la responsabilidad subjetiva a la responsabilidad directa estatal en la que importa la presencia de un daño y que el mismo pueda ser atribuido inmediatamente a la autoridad, independientemente de la presencia de dolo o culpa en el individuo que lo genere. La responsabilidad directa y objetiva en el caso de error judicial que se propone en la presente iniciativa tiene su eje en el daño causado al gobernado y que como ya se dijo no tiene ni tuvo el deber de soportar.
La propuesta es con la finalidad de integrar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una garantía de carácter patrimonial a favor de los particulares cuando como resultado de una resolución concerniente a la administración de justicia se le cause un daño
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende tres clases de garantías para hacer posible una impartición de justicia sana, todas ellas de seguridad jurídica que se traduce en un derecho público, subjetivo individual propiamente dicho, sin embargo cuando quienes aplican la administración de justicia cometen actos irregulares en esa alta tarea, únicamente son sujetos de la aplicación de sanciones administrativas contenidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La aplicación de la responsabilidad administrativa a los servidores públicos por sí sola no satisface la exigencia de la sociedad que cada día esta demandando una seguridad plena cuando de administración de justicia se trata, lo que origina la necesidad de contar con un marco jurídico que garantice al gobernado una sana decisión cuando sea sometido al veredicto judicial.
El día 22 de noviembre de 1969, se adoptó por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la ciudad de San José, Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El artículo 10 de la mencionada Convención, establece lo siguiente:
"Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial."
Se dice en doctrina que el error judicial es "el falso concepto que tiene el Juez respecto de la verdad de los hechos que son materia del proceso; y, que se recalca que comprende no solamente los perjuicios producidos en el inocente sino en los errores o faltas que afectan al culpable y pueden incluir tanto el error de hecho como el derecho".
También se dice que hay error judicial cuando existe errónea apreciación de los hechos, cuando hay mal encuadramiento de las circunstancias fácticas en el ordenamiento jurídico o por la utilización errónea de las normas legales.
La presente iniciativa establece la posibilidad para que cuando mediante resolución de la autoridad competente se ordena la exoneración del responsable, tenga éste la posibilidad de reclamar la responsabilidad estatal y su consecuente indemnización de manera directa a las autoridades estatales judiciales responsables.
Dicha indemnización, dependerá no sólo que se haya revocado o modificado la sentencia revisada, sino y sobre todo, de que se demuestre la causación de un daño por parte del Estado, a la persona particular.
Esta iniciativa esta basada en la prosecución permanente que debe realizar el Estado hacía el respeto por los derechos del hombre al administrarle justicia; por lo que resulta oportuno adicionar al artículo 17 de la Ley Fundamental la garantía de que toda persona tendrá derecho a reclamar una indemnización en caso de haber sido condenado por error judicial y por el cual se le hubiere absuelto.
Para el efecto de qué esta garantía sea efectiva dentro del marco jurídico, se dispone que el derecho a reclamar dicha indemnización será de conformidad con los requisitos, formas, términos y procedimientos que establezcan las leyes, a fin de contar con las disposiciones legales específicas a partir de los cuales los particulares podrán reclamar la indemnización correspondiente.
Al disponerse en la iniciativa que la reclamación de indemnización se hará conforme a las leyes, implica que quedan facultados tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas locales, para expedir, en el ámbito de sus respectivas competencias, las leyes respectivas, lo anterior en virtud del principio y postulado establecido en el artículo 124 constitucional. En tal contexto, queda claro que el Constituyente Permanente, al aprobar esta iniciativa en los términos expuestos, dispone que la responsabilidad patrimonial corresponderá a la Federación, Estados o Distrito Federal, según de quién sea el órgano que llevó a cabo el acto que ocasiono el daño por error judicial.
Tiene también el propósito esencial reducir el riesgo de que personas inocentes sean privadas de sus derechos por una indebida interpretación de la norma sustantiva o adjetiva, haciendo que la justicia del Estado mexicano se modernice y se haga más dinámica y eficaz.
No olvidemos que el esquema de la administración de justicia debe estar sujeta a los principios de eficiencia, honestidad y justicia, de tal suerte que estos valores deben prevalecer y reflejarse en todos los actos procesales, pero sobre todo en las resoluciones en las que el órgano jurisdiccional, con plenas facultades, valora los elementos jurídicos para decidir sobre la responsabilidad de los gobernados.
México es Estado democrático de derecho, por lo que su poder debe ofrecer a la ciudadanía la garantía de sus derechos dentro de los que se encuentra la administración de justicia, por lo que es necesario, se garantice el reconocimiento y respeto de los derechos del hombre dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de reforma para adicionar un tercer párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Articulo Unico.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se recorren los actuales párrafos, para quedar el tercero como cuarto, el cuarto como quinto, para quedar como sigue:
Artículo 17. ...
........
Toda persona tendrá derecho a reclamar una indemnización en caso de haber sido condenado por error judicial y por el cual se le hubiere dejado sin efecto la condena. La responsabilidad del Estado en estos casos será objetiva y directa, y el derecho de los particulares a reclamar dicha indemnización se realizará de conformidad con los requisitos, formas, términos y procedimientos que establezcan las leyes.
.........
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Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la federación.
Segundo: El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas pertinentes a la legislación secundaria en un plazo no mayor de noventa días, a fin de dar cumplimiento al presente decreto.
Tercero.- Los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, adecuaran su legislación para hacer efectiva la garantía contenida en el presente decreto de reforma.
Dado en el Palacio Legislativo a los veinticinco días del mes de octubre del año 2001.
Diputados: Lucio Fernández González, Cuauhtémoc Cardona Benavides, Celita Alamilla Padrón, Sergio Vaca Betancourt, Martha Patricia Martínez Macías, Rafael Barrón Romero, Germán A. Pellegrini Pérez (rúbricas).
(Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales
y de Justicia y Derechos Humanos. Octubre 25 de 2001.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (PARA QUE EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE CELEBRE NUESTRO PAIS, SE OBSERVE EL PRINCIPIO NORMATIVO DE LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE), PRESENTADA POR EL DIPUTADO CONCEPCION SALAZAR GONZALEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2001
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa:
Exposición de Motivos
A pesar de los avances en las políticas generales y en las legislaciones de los países miembros de la comunidad internacional, encaminados a hacer frente a la degradación del ambiente planetario, que han tenido lugar en los últimos 30 años, a partir de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, la situación real de la problemática es hoy mucho más grave y preocupante que entonces.
La degradación de los elementos que conforman nuestro entorno material, como lo son el suelo, el aire, el agua, los bosques y selvas, la fauna y la flora silvestres es altamente preocupante; y ésta es efecto, sin duda, de las prácticas productivas y comerciales depredadoras de nuestra civilización, mismas que han provocado traslimitar el equilibrio ambiental, quizá ya irreversibles, por estas acciones que ponen en peligro la subsistencia de la humanidad y las demás especies que coexisten con ella en el planeta tierra.
Los distintos tratados signados por nuestro país; la mayoría de ellos comerciales, no buscan coordinar los esfuerzos de una globalización inminente, para beneficio real del medio ambiente; y realizar con ello, que los países del orbe incluido México, participen más claramente a favor de los ecosistemas y sus especies.
Por lo que es necesario que nuestro país asuma una posición clara y firme en este sentido en el concierto internacional. México ha signado un considerable número de acuerdos y tratados, los que atañen a las partes a un sin fin de compromisos y beneficios. Motivo por el cual, en necesario garantizar que la comunidad internacional esté involucrada en el compromiso ambiental y el desarrollo sustentable.
Ante esta compleja realidad ambiental el derecho, como instrumento normativo de la sociedad internacional, juega un papel muy importante para la corrección y prevención de los fenómenos que han puesto a la humanidad en situación tan crítica. Por ello, las normas jurídicas de cada país, que tienen como finalidad la protección de su entorno, también deben constituir instrumentos efectivos que garanticen en la comunidad de naciones, la defensa y desarrollo pleno de este derecho humano.
Entre los que debemos ubicar, es el de alcanzar un modelo de desarrollo mundial que sea capaz de satisfacer adecuadamente las necesidades materiales de la población, de una manera equitativa y responsable, sin comprometer la posibilidad de satisfacer de igual manera las necesidades de las generaciones futuras.
En este sentido, el Partido Verde Ecologista de México, propone que en los tratados internacionales que celebre nuestro país, se observe el principio normativo de la protección al medio ambiente para el desarrollo sustentable, lo que constituye un aspecto prioritario para ser observado por el derecho internacional, que tiene su mejor expresión en dichos tratados, y debe tender al establecimiento claro, dentro de nuestro ordenamiento interno, de que el mismo constituye una obligación por parte del Poder Ejecutivo, para traducirse en la incorporación de adecuados mecanismos, que tiendan al mantenimiento del equilibrio ambiental que todos necesitamos y den las bases para la sustentabilidad ambiental en el desarrollo internacional.
Por tanto, aunado al reconocimiento constitucional del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, que existe en nuestra Carta Magna, deben darse los mecanismos jurídicos necesarios para establecer que en los tratados internacionales que signe nuestro país, se consagre el derecho a un ambiente sano, a efecto de hacerlo acorde con la garantía de nuestro sistema constitucional.
Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto mediante el cual se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Articulo Unico.- Se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 89.- ...
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; la lucha por la paz y la seguridad internacionales; y la protección al medio ambiente para el desarrollo sustentable;
Unico.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días del mes de octubre del 2001.
Diputados: Bernardo de Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador, José Antonio Arévalo González (rúbrica), Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), Sara Guadalupe Figueroa Canedo (rúbrica), Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena (rúbrica), Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule (rúbrica), Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González (rúbrica), Erika Elizabeth Spezia Maldonado.
(Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales
y de Relaciones Exteriores. Octubre 25 de 2001.)
DE REFORMAS A DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (PARA ESTABLECER DE MANERA CLARA Y PRECISA LA PROHIBICION A CUALQUIER CORRIENTE POLITICA DE UTILIZAR NUESTROS SIMBOLOS PATRIOS), PRESENTADA POR EL DIPUTADO RICARDO SHEFFIELD PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2001
Los suscritos diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en esta LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea la presente iniciativa de ley, conforme a la siguiente:
Exposición de Motivos
Los emblemas son símbolos en que se representa alguna figura al pie de la cual se inscriben palabras o lemas que declaren el concepto que encierran; asimismo, los logotipos son distintivos formados por letras, abreviaturas, etcétera; peculiares de una entidad o producto en programas y campañas publicitarias.
Así tenemos que en nuestro país ha sido derecho legítimo de programas, organismos gubernamentales y partidos políticos el tener emblemas y logotipos que permitan distinguirlos o identificarlos entre los gobernados y el electorado, siendo de gran importancia, ya que, por este medio se hacen campañas publicitarias y se maneja propaganda fácilmente identificable por los distintos sectores sociales.
Muchas ocasiones la aceptación de entidades públicas o programas depende, en gran medida, de la representatividad que tengan sus distintivos y del impacto social que logren al ser relacionados con aspectos emocionalmente significativos, propiciando con ello la utilización en incontables ocasiones de símbolos y figuras íntimamente ligados con la historia o trascendencia en el desarrollo nacional.
En la mayoría de las legislaciones electorales iberoamericanas se establece que si los emblemas o distintivos ya se encuentran registrados a un partido político o representen similitud gráfica o fonética con algún emblema electoral o gubernamental ya existente no podrán ser aceptados hasta que no se modifiquen para lograr su aprobación definitiva por parte del organismo electoral que tiene a su cargo la aceptación o rechazo de la formación de un partido. Asimismo, en esas legislaciones se prohíbe el registro de emblemas o logotipos tales como cualquier símbolo patrio, nombres de personas naturales o los que atenten contra la moral y buenas costumbres del país.
En México, nuestra Bandera, Escudo e Himno nacionales son símbolos patrios que identifican la unidad de todos los mexicanos, y la lucha que se ha librado a través de los siglos para lograr la consolidación de una gran nación como la nuestra, por ello, estos símbolos no pueden ni deben ser utilizados como logotipos o emblemas personalizados de un solo sector social con fines distintos al de rendir culto a nuestra nación.
El utilizar nuestros símbolos patrios o reutilizar emblemas o logotipos que identificaron o se identifican con programas o instituciones públicas es totalmente deshonesto e ilegítimo.
Es necesario reformar nuestro marco jurídico electoral para establecer de manera clara y precisa la prohibición a cualquier corriente política de utilizar nuestros símbolos patrios en cualquier forma, así como los emblemas o distintivos ya existentes de cualquier dependencia o programa gubernamental, evitando así desventajas entre candidatos o partidos y confusión entre los electores.
Por ello la presente iniciativa pretende reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para terminar con el rezago electoral que representa la falta de estipulación que prohíba expresamente la utilización de éstos distintivos nacionales.
En estos tiempos de apertura y cambios democráticos, es necesario que pugnemos por establecer medidas que propicien igualdad de condiciones entre las distintas corrientes políticas nacionales y por ende, de su representatividad ante la sociedad, haciendo a un lado la práctica desleal de utilizar símbolos que representan la cohesión de todos los mexicanos.
No es momento de interpretar la propuesta de censurar el uso de estos colores para fines e intereses partidistas como revancha, sino como la reivindicación al respeto, pluralidad y representatividad de nuestro Escudo, Bandera e Himno Nacionales como lo que son: Símbolos patrios de todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente decreto por el que se reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 5º, 27 y 38.
Artículo Unico: Se adiciona un numeral 2 al artículo 5º recorriéndose los actuales numerales 2, 3 y 4 para quedar como 3, 4 y 5 respectivamente y; se reforman los incisos a) del artículo 27 y q) del artículo 38 para quedar como sigue:
Artículo 5.- ..........
2. Ningún ciudadano, partido o agrupación política podrá hacer uso de los Símbolos Patrios; ya sea del Escudo Nacional, la combinación de los colores de la Bandera Nacional en cualquier forma, así como la letra o música del Himno Nacional. Tampoco podrá hacerse uso de los emblemas, símbolos y/o logotipo en parte o en su totalidad identificados con programas e instituciones gubernamentales vigentes o ya desaparecidos.
a) La denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales, de la utilización de los Símbolos Patrios, sean el Escudo Nacional, la combinación de los colores de la Bandera Nacional en cualquier forma así como la letra o música del Himno Nacional.
q) Abstenerse de utilizar en su emblema cualquiera de los Símbolos Patrios, sea el Escudo Nacional, la combinación de los colores de la Bandera Nacional en cualquier forma, así como la letra o música del Himno Nacional. Tampoco podrán hacer uso de los emblemas, simbología y/o logotipo en parte o en su totalidad identificados con programas e instituciones gubernamentales vigentes o ya desaparecidos.
Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputados: Ricardo Sheffield Padilla, Germán Arturo Pellegrini (rúbricas).
(Túrnese a la Comisión de Gobernación
y Seguridad Pública. Octubre 25 de 2001.)
DE REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EMILIO ULLOA PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2001
El que suscribe, diputado Emilio Ulloa Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Un sistema tributario justo y eficiente debe operar con base en la equidad y progresividad, eficiencia económica, sencillez administrativa, flexibilidad para adaptarse a un entorno cambiante y transparencia política. Asimismo, en la consecución de esos objetivos, debe considerarse, de manera fundamental e integral, el impacto en las finanzas públicas, de las empresas y de las familias.
Los impuestos tienen dos funciones básicas: distribuir el ingreso y mejorar la eficiencia económica. Son distributivos cuando reducen los efectos negativos que generan los mercados en la economía, y mejoran la eficiencia, cuando son correctivos de alguna falla de mercado como bienes públicos, externalidades, monopolios y problemas de información.
Los impuestos pueden afectar el ingreso, el gasto, la propiedad o las transferencias de ingresos o de capitales. Los impuestos al gasto, también denominados al consumo, tienen por objeto de afectación las operaciones de compraventa. En estas contribuciones encontramos los impuestos especiales a la producción y a los servicios. Asimismo, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) tiene un carácter correctivo, pues grava actividades que generan efectos sociales negativos -como es el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco, los cuales producen problemas de salud que deberán ser solventados en buena medida por el gobierno, mediante gasto público en salud- y también grava el consumo de combustibles generadores de contaminación. Es decir, el IEPS grava aquellas actividades que por sus características específicas generan un costo social o externalidades negativas, pero que son lícitas; por esta razón, son acreedoras a un impuesto especial con tasas igualmente especiales que determina la ley en cuestión.
La base del IEPS es el valor o el precio realizado en la compraventa y por lo regular se considera como precio pactado, precio de mercado o de venta. La tasa del impuesto que se aplica a la base toma en cuenta la magnitud, la situación y la importancia económica de la fuente, en otras palabras, depende de qué tan básico sea o no el artículo por gravar.
El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios ocupa el tercer lugar, después del impuesto sobre la renta (ISR) y el IVA, de acuerdo con el monto que representa de los ingresos tributarios del gobierno federal. En 1993, constituyó 12.7 por ciento de esos recursos; en 1994, 17.4 y, aunque disminuyó en los años posteriores, en 1998 y 1999, representó 18.9 y 20.4 por ciento, respectivamente. En la Ley de Ingresos de la Federación para 2000 y 2001 se estimó que su participación fuera de 18.9 y 18.0 por ciento, respectivamente.1
El IEPS, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación, se aplica a los actos de compraventa de: a) gasolina y diesel, b) bebidas alcohólicas, c) cervezas y bebidas refrescantes y d) tabacos labrados.
De manera agregada, bebidas alcohólicas, cervezas y bebidas refrescantes y tabacos labrados, representaron, entre 1992 y 1996, alrededor de 30.0 por ciento del IEPS, si bien en 1994 disminuyeron a 22.1 por ciento, como consecuencia de un incremento anual real de 48.2 por ciento en la recaudación de gasolina y diesel. A partir de 1997 comienza a disminuir la participación de bebidas y tabacos, siendo en ese año de 24.2 por ciento; en 1998 y 1999 de 19.6 y 18.0; en 2000 se presenta un repunte y alcanza 21.1 por ciento. En la Ley de Ingresos de la Federación para 2001 se proyecta una participación de 21.7 por ciento por parte del IEPS.
Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, las bebidas alcohólicas se mantuvieron en alrededor de 5.5 por ciento del IEPS. En los años previos a esa administración, tabacos labrados representó un porcentaje mayor al de cervezas: en 1992, 1993 y 1994, tabacos constituyó 2.8, 13.0 y 9.1 por ciento, en tanto que cervezas 9.4, 10.0 y 7.4 por ciento, respectivamente.
En 1998, 1999 y 2000 la recaudación por compraventa de cerveza supera a la de tabacos labrados. En esos años 7.8, 7.1 y 8.0 por ciento del IEPS correspondió a cervezas, y 6.5, 5.8 y 7.5 a tabacos labrados.
El IEPS, aplicado a gasolina y diesel, debido al impacto que provoca su traslación al consumidor final, tanto en las finanzas públicas como en el nivel general de precios y, en consecuencia, en el ingreso disponible de personas y empresas, merece una profundización en su reforma.
Entre 1992 y 1996, este rubro representó alrededor de 70.0 por ciento del IEPS, si bien, como ya veíamos, en 1994 ascendió a 77.9 por ciento, como consecuencia de una mayor recaudación. A partir de 1997, aquella proporción se incrementó llegando a ser de 82.0 por ciento en 1999. En la Ley de Ingresos de la Federación para 2001 se proyecta una proporción de 78.3 por ciento, lo que implica una continuidad en la concepción de las actuales autoridades hacendarias de obtener un amplio margen de recursos adicionales de la sociedad, a través del consumo de energéticos básicos.
La tasa promedio de crecimiento anual real de los ingresos totales del gobierno federal, durante el sexenio zedillista, fue de 2.8 por ciento; en tanto que la de los ingresos tributarios fue de 1.9 por ciento. En ese periodo el ISR tuvo una tasa promedio de crecimiento anual real de 1.45 por ciento y el IVA de 5.6 por ciento. El dinamismo presentado por el IEPS, en el mismo periodo, fue destacado, de 3.3 por ciento, debiéndose básicamente a gasolina y diesel que presentaron un crecimiento real promedio de 3.5 por ciento. La tasa de crecimiento real del IEPS, exceptuando gasolina y diesel, entre 1994 y 2000, fue de 2.5 por ciento.
Estas cifras reiteran lo arriba señalado, el objetivo del Gobierno federal de sostener sus ingresos, entre otros medios, a través del creciente gravamen al consumo de gasolinas.
La Ley de Ingresos de la Federación ha establecido, en su artículo primero, inciso cuatro, parágrafo A, que la Federación percibirá ingresos por concepto de la aplicación del IEPS a la compraventa de gasolina y diesel. Sin embargo, no define criterios explícitos para su fijación o modificación, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha contado con la discrecionalidad para incrementarlos en cualquier momento, sin la autorización del Congreso de la Unión, presentándolos como incrementos a los precios de gasolinas y diesel.
Es decir, las autoridades hacendarias tienen garantizado el monto de los ingresos proyectados para IEPS de gasolina y diesel, a través de esa compensación, pudiendo, además, elevarlo discrecionalmente en la forma ya expuesta. Sin embargo, como hemos insistido, el IEPS es un impuesto indirecto que paga el consumidor final y, si la meta proyectada de recaudación por este concepto no es alcanzada, quien pagará ese faltante será la empresa, Pemex.
Esta concepción del gobierno federal de tratar a Pemex (y a otras empresas estatales) como fuente de ingresos ha llevado a la descapitalización de la paraestatal y a que los precios de las gasolinas en México sean superiores en 30 por ciento a los vigentes en Estados Unidos3, repercutiendo directamente en los costos de producción y distribución y, finalmente, en los precios finales al consumidor.
La política fiscal mexicana debe buscar fuentes sanas de financiamiento, es decir, que no acabe con la infraestructura básica del país ni grave en exceso al consumidor, lo cual deprime la demanda y la oferta.
En consecuencia, se presentan las siguientes propuestas que tienen por objeto incrementar los recursos que financien el desarrollo:
Que exista transparencia en la aplicación del impuesto. Debe haber una clara diferenciación entre los aumentos de precios y los incrementos del impuesto.
Que se realicen las modificaciones necesarias a la Ley de Ingresos de la Federación y a la Ley del IEPS con objeto de que desaparezcan las compensaciones, con cargo a Pemex, cuando la recaudación del IEPS baje.
Que un porcentaje del IEPS sea canalizado directamente a Pemex con el propósito de fomentar su recapitalización.
Que las tasas de IEPS aplicadas a gasolina y diesel disminuyan a fin de que los precios de estos energéticos estén acordes con los internacionales y que no impacten negativamente en el nivel general de precios nacional.
La viabilidad que presenta el IEPS para incrementar los ingresos del gobierno federal se encuentra, desde nuestro punto de vista, en un aumento de las tasas aplicadas a bebidas alcohólicas, cervezas, y tabacos labrados. Si bien esta medida llevaría a una reorientación del consumo hacia productos de menor precio y del mercado negro, la alta inelasticidad de la demanda en estos productos permitiría incrementar los recursos recaudados.
El primer objetivo sería una redistribución de los montos de los conceptos que componen al IEPS. Por lo tanto, se propone que la recaudación por IEPS, aplicado a bebidas alcohólicas, cervezas y tabacos, represente nuevamente alrededor de 30.0 por ciento del IEPS agregado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente
Iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Capítulo I
Artículo 1
...........................
La información relativa a lo dispuesto en el párrafo anterior estará disponible en todo momento para su consulta por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
A) Bebidas alcohólicas fermentadas, 35 por ciento
.................
B) Cervezas y bebidas refrescantes con una graduación alcohólica de hasta 6° GL, 35 por ciento
C) Cervezas y bebidas refrescantes con una graduación alcohólica de más de 6° y hasta 13.5° GL, 35 por ciento
D) Cervezas y bebidas refrescantes con una graduación alcohólica de más de 13.5° y hasta 20° GL, 40 por ciento
E) Cervezas y bebidas refrescantes con una graduación alcohólica de más de 20° GL, 70 por ciento
F) Alcohol y alcohol desnaturalizado, 70 por ciento
G) Tabacos labrados
1) Cigarros 110 por ciento
I) ..............
J) ...............
II ..............
III ............
La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión determinará una proporción de lo recaudado por concepto de la aplicación de la tasa establecida en el presente artículo, a través del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para su gasto en programas de salud dirigidos al tratamiento de enfermedades derivadas de la adicción al tabaco y el alcohol.
La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante reglas de carácter general, dará a conocer los elementos para determinar los precios de referencia, los ajustes por calidad, los costos netos de transporte, el margen comercial y el costo de manejo a los expendios autorizados a que se refiere este artículo. La Cámara de Diputados, con apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tomando en cuenta los parámetros del mismo impuesto en el ámbito internacional, realizará mensualmente las operaciones aritméticas para calcular las tasas aplicables para cada combustible y en cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos y las publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Capítulo VI
Artículo 24
La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de manera conjunta con las autoridades fiscales, podrán determinar presuntivamente el precio en que los contribuyentes enajenaron los productos a que se refiere este título, aplicando cualquiera de los siguientes métodos:
Dip. Emilio Ulloa Pérez
Notas:
1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, varios años, México.
2. Manzo, José Luis, "Propuestas para una reforma fiscal en las empresas estatales de energía (EEE)", en La Reforma Fiscal Hacendaria, edición de la primera conferencia del ciclo: aportes para fundamentar el análisis y las propuestas sobre presupuesto y rendición de cuentas en México, 31 de agosto de 2000.
3. Íbidem.
(Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Octubre 25 de 2001.)
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION XI AL ARTICULO 2° DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, A FIN DE QUE UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN POR SERVICIOS PRESTADOS EN LOS CONSULADOS MEXICANOS SE DESTINEN A LA INTEGRACION DE UN FONDO PARA MEJORAR LA ATENCION PRESTADA A LOS NACIONALES EN EL EXTRANJERO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA HEIDI STORSBERG MONTES, A NOMBRE DE DIPUTADOS DEL PAN Y DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2001
Los suscritos diputados de distintos grupos parlamentarios de esta LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71, así como en el artículo 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados a efecto de que se turne de inmediato para dictamen a la Comisión correspondiente, la iniciativa de decreto que adiciona una fracción XI al artículo 2° de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, tomando en consideración la siguiente:
Exposición de Motivos
El sistema internacional que se ha ido conformando desde el término de la guerra fría ha sufrido cambios profundos y significativos que han impactado a todas las naciones que integran el concierto mundial. Dentro de éste, México vivió una inédita circunstancia nacional al inaugurar después de 71 años, la alternancia en el poder. Esta transición democrática hizo al gobierno mexicano acreedor de una mayor legitimidad de sus propuestas y posiciones en el ámbito internacional, lo que sin duda, brinda una oportunidad invaluable para hacer más promisoria que nunca, nuestra voz en los más importantes foros internacionales.
Tomando en consideración dichas circunstancias y si anhelamos una mayor participación de nuestro país en el diseño, conformación y toma de decisiones en el nuevo orden internacional, requerimos de una política exterior que asentada en la defensa de la democracia y en la promoción de los derechos humanos, desempeñe un papel más activo. Para ello requerimos crear las condiciones que doten a la Secretaría de Relaciones Exteriores de mayores recursos.
En efecto, la falta de recursos suficientes en la Cancillería es uno de los problemas más graves que afecta cotidianamente sus labores y que se refleja vivamente en las tareas y actividades que realizan las embajadas y principalmente los consulados, cuya función primordial es la protección de los derechos de todos los mexicanos en el exterior.
La protección de los derechos de nuestros connacionales en el extranjero ocupa un lugar prioritario en la agenda de la política exterior de México. La protección está sustentada tanto en la Ley del Servicio Exterior Mexicano como en las Convenciones Consulares de las que México forma parte, e incorporadas a nuestro derecho interno en virtud del artículo 133 de nuestra Carta Magna. A su vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 da cuenta de ello al establecer que uno de los cinco objetivos estratégicos es "fortalecer nuestra capacidad para proteger y defender los derechos de todos los mexicanos en el extranjero". No obstante, la falta de recursos suficientes para la consecución de dicho logro han vulnerado el cumplimiento del mandato constitucional.
No podemos dejar de señalar la situación preocupante que persiste hoy en algunos consulados y que no permiten llevar a cabo las tareas más elementales para la adecuada protección de los mexicanos en el exterior. El Secretario de Relaciones Exteriores, el Dr. Jorge G. Castañeda quien compareció ante esta soberanía el pasado 8 de mayo expresó:
a) Insuficiencia de recursos para cubrir los gastos
de las representaciones mexicanas en el exterior al reducirse en 6.8 millones
de dólares la partida presupuestal correspondiente.
b) Situación crítica para cubrir los gastos
no fijos de las oficinas en el exterior.
c) El retraso en la apertura de los consulados en Yuma,
Las Vegas y el cierre de los consulados en París, Sevilla, Osaka,
Sydney.
d) Imposibilidad de operar como consulados generales
las representaciones en Nogales, Laredo y Boston.
e) Debilitamiento de la protección a inmigrantes.
f) Imposibilidad de pagar 100 millones de pesos que reclama
la Secretaría de Hacienda por el pago de expedición de libretas
de pasaportes.
Por todo lo anteriormente dicho, los diputados que suscribimos esta iniciativa, nos encontramos profundamente preocupados por los problemas económicos que atraviesan los consulados, lo que ha imposibilitado la instrumentación de medidas que garanticen el pleno respeto a los derechos humanos de los mexicanos en el exterior. Asimismo, se muestran conscientes que no se ha dado un cumplimiento eficaz y oportuno de las acciones y programas de protección y atención que contrarresten la situación que de algún modo son lesivas a las garantías fundamentales de los mexicanos en el exterior.
Con base en lo expuesto podemos afirmar, que carecemos de la legitimidad suficiente para exigir a la autoridad extranjera un trato más digno a los compatriotas migrantes, cuando la respuesta que dan los servicios consulares mexicanos es deficiente y hasta violatoria de sus derechos humanos y libertades fundamentales, a causa de la reducción de estos servicios por falta de recursos.
Es difícil pretender una política exterior mexicana fundamentada en la promoción y defensa de los derechos humanos cuando nuestros propios consulados no pueden garantizar la protección de sus connacionales, o igualmente resulta ambiguo proveer de instrumentos para la defensa de los mexicanos en el extranjero para que éstos se protejan si sus solicitudes van a a ser rechazadas por falta de recursos.
Teniendo en cuenta que la reducción del presupuesto ha afectado sensiblemente las funciones consulares hasta el grado de que resulta casi imposible respetar plenamente los derechos de nuestros compatriotas en el exterior, el Poder Legislativo debe asumir una posición más enérgica y responsable para que se cumpla a cabalidad la normatividad de nuestras leyes.
Cabe recordar que aún cuando nuestro país ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores, existe un verdadero y permanente reclamo de las comunidades mexicanas especialmente en los Estados Unidos para que el gobierno mexicano les reconozca las enormes contribuciones que hacen año, con año las remesas de dinero que envían a México. Según datos del Banco de México, las remesas familiares de enero a diciembre del año 2000 llegaron a 6,572.5 millones de dólares.
Por ejemplo, la Coalición Internacional de Mexicanos en el Exterior (CIME) ha planteado propuestas para garantizar, entre otros requerimientos, recursos suficientes en los consulados, pues el presupuesto que se les asigna a representaciones diplomáticas es menor a los ingresos que éstos generan por cobro de servicios. Los consulados mexicanos envían cada vez más dólares a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pero el presupuesto de gastos no aumenta. Tal es el caso del Consulado en Chicago, que generó en el año 2000, 4,249.000,20 dólares por cobro de derechos y sólo recibió del presupuesto ejercido para ese año, 1,728.934,78 dólares o el caso del Consulado en Los Angeles, que generó en el año 2000, 3,984.062,00 dólares por cobro de derechos y sólo recibió del presupuesto ejercido para ese mismo año, 1,949.475,40 dólares.
Frente a las crecientes necesidades de nuestros consulados en el exterior y frente a las demandas de establecer los mínimos necesarios para poder cumplir con las funciones de promover y salvaguardar los intereses de nuestros connacionales, resulta sumamente conveniente que además de que la Secretaría haga un esfuerzo por eficientar recursos, se allegue de mayores recursos para fortalecer el presupuesto de la red consular, por lo que deberán pertenecer a ésta un porcentaje de los derechos que correspondan por la prestación de servicios que otorga en el exterior. En el decir del mismo Canciller Jorge G. Castañeda en su comparecencia del 8 de mayo ante esta Soberanía, la recaudación aproximada está estimada en 40 millones de dólares por los servicios que prestan los consulados mexicanos en el mundo entero, y dentro de esta cifra destacan los recursos generados por los consulados mexicanos en Estados Unidos, que en el ejercicio 2000, alcanzaron los 32.489.689.31 dólares y que ejercieron un presupuesto de 23.366.731,69 dólares para ese mismo año.
En base a ello, reviste especial importancia precisar, que la aludida recaudación deberá ser independiente de la asignación presupuestal que año con año esta Soberanía le otorga a la Cancillería y en su caso también independiente del aumento de recursos que esta H. Cámara de Diputados decida posiblemente conceder a dicha dependencia.
La posibilidad de que los consulados pudieran contar con un fondo etiquetado, a partir de un porcentaje de los recursos generados por los servicios prestados en el exterior, daría continuidad y certidumbre a los programas de ayuda a mexicanos fuera de nuestras fronteras. En particular ciertas actividades consulares se verían fortalecidas:
Además, agregar que en las investigaciones que hemos estado realizando en materia de derecho comparado, sale a la luz el ejemplo chileno, referencia del todo obligada, dado el similar nivel de desarrollo y ejercicio en materia de política exterior con nuestro país. El Estatuto del Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile cuenta con un artículo que expresamente señala " El presidente de la República fijará las tarifas de los servicios que el Ministerio preste al público, relacionados con el despacho de cables, otorgamiento de pasaportes oficiales y especiales, traducción de documentos y otros. Las sumas recaudadas por tales conceptos no ingresarán rentas generales de la Nación y se depositarán en una cuenta corriente especial en el Banco del Estado de Chile, contra lo cual podrá girar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por Decreto Supremo se dispondrá la forma en que se invertirán estos fondos, los cuales serán destinados preferentemente a cubrir los gastos ocasionados por la prestación de los servicios aludidos en el inciso primero". Esto nos da constancia de que los fondos que se recaudan por servicios consulares bien pueden ser utilizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de la forma que estime conveniente para cubrir las necesidades más urgentes y apremiantes.
De esta forma los legisladores que suscriben, ratificamos nuestro compromiso por defender y proteger los derechos y libertades fundamentales de todo ser humano y de los mexicanos dentro del ámbito nacional como fuera de éste, sobre todo si reconocemos que la migración mexicana crecerá mientras prevalezca la desigualdad en los niveles de desarrollo entre Estados Unidos y México.
Por lo anteriormente expuesto, legisladores de diversos grupos parlamentarios, sometemos a la consideración del Pleno, el siguiente:
Decreto por el que adiciona una fracción XI al artículo 2° de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Artículo Unico.- Se adiciona una fracción XI al artículo 2° de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:
Capitulo I
Del Servicio Exterior Mexicano
Artículo 2°. Corresponde al Servicio Exterior Mexicano:
XI. Destinar un porcentaje de los ingresos por los servicios establecidos en la Ley Federal de Derechos, prestados por cualquier representación consular, a un fondo creado para el mejoramiento de la atención brindada por los consulados en términos del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Artículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a los 25 días de octubre de 2001.
Diputados: Heidi Storberg Montes, Raúl García Guzmán, Alfonso Ulloa Vélez, María Elena Chávez Palacios, Emilio Goicoechea Luna, Mercedes Hernández Rojas, María Cruz Martínez, Eddie Varón Levy, Sonia López Macías, Eduardo Arnal Palomera, Gabriela Cuevas Barrón, José Alfredo Botello Montes, Lucio Fernández González, Armando Salinas Torre, María Isabel Velasco Ramos, Gustavo Carvajal Moreno (rúbricas).
(Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones
Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto
y Cuenta Pública. Octubre 25 de 2001.)
CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES PARA CREAR EL REGIMEN DEL CONTRIBUYENTE SOCIAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2001
Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno del Congreso General, el que suscribe, diputado Rafael Hernández Estrada, presenta a este honorable pleno y somete a la consideración de la asamblea de esta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Código Fiscal de la Federación, y disposiciones de la Ley del Seguro Social, con el objeto de crear el régimen fiscal del contribuyente social.
La presente iniciativa recoge propuestas para que se modifique el actual marco fiscal en que se desenvuelven las actividades de los pequeños contribuyentes y de otros sectores que no están debidamente encuadrados en las leyes fiscales, como son los dedicados a actividades lícitas reconocidas como parte de la "economía informal".
Quiero hacer constar que la presente es una propuesta de la Alianza Nacional de Contribuyentes AC, la que por más de una década ha estado presente en la defensa de los pequeños contribuyentes del país, con la diaria gestión de sus asuntos y con una actitud propositiva. En este caso, soy un portavoz de las inquietudes y demandas de las decenas de miles de asociadas y asociados de esta organización.
Exposición de Motivos
1. La presente iniciativa pretende dar expresión fiscal a un sector de 12 millones de mexicanos que se dedican a las actividades comerciales, de servicios y manufacturas en pequeñas unidades económicas de carácter familiar. Mexicanas y mexicanos que han encontrado en su pequeña empresa o pequeño comercio un patrimonio que les permite la sobrevivencia en un país que no les ha brindado otra oportunidad.
Son quienes se dedican al comercio o a los servicios en los pequeños establecimientos y también aquéllos que realizan su actividad en mercados públicos, tianguis, concentraciones, vía pública, puestos fijos y semifijos, recicladores, y que aún no han sido bien definidos fiscalmente, denominándoseles genéricamente "economía informal".
Se ha reconocido que una de las maneras más eficaces de incrementar los recursos públicos, es ampliar la base de contribuyentes. Se ha reconocido que una de las maneras más eficaces de incrementar los recursos públicos, es ampliar la base de contribuyentes. No es posible que se fortalezcan las finanzas públicas si, como ocurre, el número de contribuyentes cautivos es de apenas 6 millones de personas, mientras que la Población Económicamente Activa del país se estima en 35 millones.
La propuesta que hoy presentamos tiende a incorporar a la misma a millones de mexicanos de escasos recursos que están dispuestos a contribuir al desarrollo nacional con el pago de sus impuestos, pero que a la vez demandan un trato justo que les permita vivir y desarrollar su pequeño patrimonio, una legislación accesible y sencilla que no les demande niveles de contabilidad que no tienen, así como acceder a los servicios de seguridad social.
2. Estos mexicanos, en sus pequeños negocios, trabajan en ocasiones desde la seis de la mañana hasta las diez de la noche, es decir dieciséis horas diarias para sobrevivir. Mexicanos que no tienen acceso a la Seguridad Social, ni reciben pago de horas extras, vacaciones, Infonavit u otras prestaciones. Estos mexicanos, por su baja inversión en capitales, por su baja capacidad fiscal, requieren el apoyo de un régimen acorde con su capacidad contributiva, económica y administrativa. Pensamos que el Congreso de la Unión debe tener la sensibilidad y visión social para entender la situación de éstos millones de mexicanos, que constituyen la tercera parte de la Población Económicamente Activa del país, para legislar el Régimen del Contribuyente Social.
Analicemos algunos datos:
De cada 100 de éstos, 67 trabajan sin local y 33
con local.
De cada 100 de éstos, 66 son atendidos por un
solo trabajador, que es el propio dueño.
De cada 100 de éstos, 87 no tienen registro en
la Tesorería del Estado o Municipio.
De cada 100 de éstos, 94 no tienen registro en
la Secretaría de Salud.
De cada 100 de éstos, 62 tienen registro en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De cada 100 de éstos, 90 atienden al público
en general.
De cada 100 de éstos, 23 no tienen ganancias.
De cada 100 de éstos, 36 ganan de 1 a 3 salarios
mínimos generales.
De cada 100 de éstos, 75 tienen dificultades para
funcionar.
De cada 100 empleados en estos establecimientos 91 no
tienen ningún tipo de seguridad social.
El total de micronegocios da empleo a 6 693 733 personas.
b) Que de acuerdo a la comparación de las Encuesta Nacional de Micronegocios 1996 con la de 1998. Encontramos que: En 1996 el 11 por ciento no tenía ganancias y en 1998 el 23 por ciento.
En 1996 el 62 por ciento ganaba de 1 a 3 salarios mínimos
generales y en 1998 el 36 por ciento.
En 1996 el 93 por ciento de sus empleados no tenía
seguridad social y en 1998 el 91 por ciento.
En 1996 el 88 por ciento atendía al público
en general y en 1998 el 90 por ciento.
c) Que de acuerdo a los mismos Censos Comerciales de 1999, del total de las ventas nacionales, los comercios minoristas:
Venden el 28 por ciento de frutas y legumbres frescas.
Venden el 27 por ciento de ferretería y tlapalería.
Venden el 29 por ciento de juguetes, papelería
y útiles escolares.
Venden el 33 por ciento de la carne.
Venden el 33 por ciento del huevo.
Venden el 36 por ciento de la leche.
Venden el 45 por ciento de los abarrotes y ultramarinos.
Venden el 45 por ciento de la salchichonería y
cremería.
Venden el 41 por ciento de los dulces y chocolates.
Venden el 56 por ciento de las frituras, pan, pasteles,
galletas, tortillas y café.
Venden el 77 por ciento de los refrescos y aguas purificadas.
Venden el 69 por ciento de la cerveza.
Venden el 41 por ciento de textiles, prendas de vestir,
calzado, artículos de piel y otros.
Venden el 38 por ciento de la madera aserrada y materiales
de construcción no metálicos.
La masiva incorporación de los micronegocios y los negocios de la economía informal al ámbito de la contribución regular, produciría el crecimiento de la base de contribuyentes y, consecuentemente, de la recaudación fiscal.
3. Hemos planteado la creación del régimen del contribuyente social que sería definido de la siguiente manera:
Este contribuyente será el que tenga ingresos de hasta 3.8 millones de pesos de ingresos anuales como límite para tributar en este sector , cifra que es la misma que en 1998 definió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como límite del régimen del pequeño contribuyente.
Los establecimientos comerciales o de servicios que cuenten hasta con seis trabajadores y los establecimientos de manufacturas de hasta dieciséis trabajadores serán considerados dentro de éste régimen.
Quienes cuenten con un ingreso de hasta 20 salarios mínimos generales al año, esto es $294,555.00, deberán ser contribuyentes exentos del pago del ISR. A partir de este nivel de ingresos se aplicará una tabla con tasas que van desde la exención hasta el 2 por ciento del total de los ingresos divididos por rangos, rangos que reflejan en sus divisiones una progresiva forma de ingreso y, por tanto, de pago de impuestos, manteniendo la regla de que quien más ingresos recibe con más impuestos contribuye a las finanzas públicas.
Consideramos necesaria la exención de quienes tengan ingresos de hasta 20 salarios mínimos porque, con una tasa de utilidad del 10 por ciento, un ingreso de este nivel sólo permite pagar los gastos de inversión de la actividad (liquidación de mercancías y su traslado, consumo de electricidad, agua, renta, impuestos municipales y estatales, pago de servicios públicos y otros) y, al final, el pequeño contribuyente conserva como utilidad una cantidad tan ínfima que es apenas de sobrevivencia, es el mínimo necesario para mantener a su familia. Por ello les planteo, compañeros diputados, que analicemos esta propuesta que es de mínima justicia.
Planteamos también la necesidad de corregir un contrasentido que contiene la Ley vigente pues, a pasar de que la Base para el Cálculo del Impuesto que se definió para los pequeños contribuyentes son los ingresos brutos, no las utilidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito público determinó que las notas y facturas de compra no sirven para determinar el monto de los impuestos. Para la SHCP sólo cuentan las facturas que se expidan, pero con una sola que el contribuyente expida se obliga al mismo a cambiar al Régimen General de Ley sea al mismo Régimen que las grandes empresas de este país, violentando un sentido de equidad y justicia que debe regir la tributación. Por esto, en la iniciativa se corrige esta situación con lo que, por ejemplo, las vulcanizadoras podrán entregar facturas por la reparación de llantas o los reparadores de radiadores no vivan con el miedo a que por una factura de 50 pesos cambien de Régimen el cual obliga a muchísimas más cargas administrativas fiscales y al pago de despachos contables como si fueran estos mexicanos grandes empresas de sociedades. Si el cálculo del impuesto es por ingresos, es un contrasentido poner un candado de esa magnitud que provoca problemas al contribuyente social.
4. La presente iniciativa pretende construir una legislación fiscal de fácil aplicación, de sencillo lenguaje y de fácil entendimiento. Pretende ser congruente con el nivel educativo de estos sectores que mayoritariamente son populares. Desde luego, ustedes notarán que se plantea reducir el articulado y eliminar muchas de las trabas y disposiciones que dificultan la incorporación de la pequeñas unidades económicas a la base de contribuyentes. En este momento en que se debate la Reforma Fiscal Integral, este sector plantea la necesidad de la simplificación administrativa que evite altos costos sociales al pequeño contribuyente y que le permita a la SHCP una recaudación ágil e inmediata.
Por citar un solo ejemplo: el último párrafo del artículo 119-M de la Ley del ISR establece que, cuando fallece el contribuyente, sólo el "representante legal" podrá cumplir con las obligaciones fiscales del difunto. La mayoría de los mexicanos de la ciudad y especialmente del campo, no llevan a cabo un juicio sucesorio por los altos costos del mismo. Entonces, la SHCP les acumula requerimientos y multas que terminan agobiando a los familiares no sólo se les amenaza con el embargo, sino con delitos fiscales absurdos. Es por ello que planteamos que con la sola presentación de cualquier familiar del difunto y los documentos necesarios termine la relación fiscal del contribuyente y puedan los familiares cumplir con las obligaciones faltantes.
5. Quisiera señalar que los pequeños contribuyentes resultarían doblemente afectados por la aplicación del IVA a los alimentos y medicinas. Por un lado, como consumidores de los deciles más bajos de la población, aquellos que se encuentran en la pobreza y en la pobreza extrema, verían reducida su posibilidad de consumir los productos básicos. Por otro lado, en su carácter de comerciantes y proveedores de servicios, precisamente a los sectores de menores ingresos, verían una reducción de sus operaciones que los llevaría a la quiebra. Es por ello que los pequeños contribuyentes se oponen terminantemente a que se cobre IVA en alimentos y medicinas.
Por el contrario, los pequeños contribuyentes demandan exención del IVA en el consumo de gas doméstico y de energía eléctrica para uso residencial y micro empresarial hasta por 200 kilowatts hora, así como en los consumos para el riego agrícola.
Sin embargo, entendiendo la necesidad de incrementar los recursos del Estado, en esta iniciativa se propone que el impuesto para los bienes suntuarios se calculará aplicando la tasa del 25 por ciento a productos tales como los yates de recreo, los automóviles de lujo y blindados, las joyas y otros.
6. La masiva incorporación de las pequeñas unidades económicas a la órbita de la economía formal requiere de un esfuerzo del Estado para hacer más atractivo el formalizar las actividades que el mantenerse al margen de las reglas y de las contribuciones. Un elemento central de lo anterior lo es que, junto con la incorporación al padrón de contribuyentes, el microempresario pueda optar por la incorporación a los sistemas de seguridad social de los que está prácticamente marginado.
Por ello, en la iniciativa, se proponen reformas a la Ley del Seguro Social para que los pequeños contribuyentes puedan ser derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y puedan así gozar de las prestaciones del seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro y vejez.
Para ello, resulta necesaria la creación de un Fondo Nacional de Seguridad Social que se puede constituir con un porcentaje de la recaudación nacional, incrementada con la aportación de los pequeños contribuyentes.
7. Estimados compañeros y compañeras diputados, en las exposiciones anteriores explicamos ampliamente los factores sociales y económicos que justifican la creación del contribuyente social y de las modificaciones a las diferentes disposiciones fiscales que he mencionado. Ahora nos referiremos al marco constitucional que regula y fundamenta esta propuesta.
El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los sectores económicos que concurren a la actividad económica del país y, dentro de ellos, se considera especialmente al sector social de la economía estableciendo lo siguiente:
La Ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios".
Creemos en el contribuyente que no está de acuerdo con que se destinen cientos de miles de millones de pesos en rescates bancarios, en rescates carreteros, en el enriquecimiento de los altos funcionarios y que, en cambio, sí está de acuerdo en aportar para el desarrollo económico y social del país.
Con base en estas consideraciones y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Cosntitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno del Congreso General, presento a este Honorable pleno la presente iniciativa de decreto.
Primero. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta contenidas en los artículos 119-M, 119-N; se derogan los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 119-Ñ, modificándose la fracción V del artículo 119-Ñ; y se deroga el artículo 119-O, para quedar como sigue:
Ley del Impuesto sobre la Renta
Título IV
De las personas físicas disposiciones generales
Capítulo VI
De los ingresos por actividades empresariales
Sección III
Del régimen del contribuyente social
Artículo 119-M. Las personas físicas que desarrollen actividades empresariales, productivas, de transformación, comerciales y de servicios en establecimientos permanentes, mercados públicos, tianguis, concentraciones, comerciantes en vía pública, puestos fijos y semifijos, recicladores, incluidas las actividades desarrolladas en forma familiar permanente hasta con seis personas como máximo y las de manufacturación con un máximo de 16 personas, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de la actividad desarrollada y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieran excedido de tres mil 800 millones de pesos.
Los contribuyentes que se dediquen actividades agrícolas, ganaderas pesqueras o silvícola de auto transporte de carga y pasajeros (con dos unidades como máximo) así como las artesanales, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección siempre que los ingresos propios de la actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior no hubieran excedido de la cantidad señalada en el párrafo anterior.
Asimismo podrán pagar el Impuesto en los términos de esta sección los contribuyentes que en el año de calendario anterior obtuvieron hasta el 50 por ciento de los ingresos a que se refiere este capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación, distribución o espectáculos públicos. Para efectos de esta sección, cuando el contribuyente fallezca, terminarán sus obligaciones fiscales. La Secretaria dará de baja automáticamente la clave del Registro Federal de Causantes con la presentación del acta de defunción.
Artículo 119-N. Las personas físicas que paguen el impuesto en los términos de esta sección, calcularán el impuesto aplicando la tasa que corresponda al total de los ingresos que cobren en el ejercicio, en efectivo, bienes o servicios, por su actividad empresarial, conforme a la siguiente tabla.
La tasa que corresponda se aplicará a la diferencia
que resulte de disminuir al total de los ingresos que se cobren en el ejercicio,
un monto equivalente a veinte veces al salario mínimo general del
área geográfica del contribuyente elevado al año.
TABLA*
|
INGRESOS INFERIOR $ |
INGRESOS SUPERIOR $ |
Por ciento |
|
0.01
|
294,555.00
|
0.00 por ciento
|
|
294,555.01
|
877,733.90
|
0.25 por ciento
|
|
877,733.01
|
1,460,992.80
|
0.50 por ciento
|
|
1,460,992.80
|
1,044,211.70
|
1.00 por ciento
|
|
1,044,211.70
|
2,627,430.60
|
1.25 por ciento
|
|
2,627,430.60
|
3,210,649.50
|
1.50 por ciento
|
|
3,210,649.50
|
3,800,000.00
|
2.00 por ciento
|
|
INGRESOS INFERIOR |
INGRESOS SUPERIOR |
Por ciento |
|
$
|
$
|
|
|
0.01
|
294,555.00
|
0.00 por ciento
|
|
294,555.01
|
736,387.50
|
0.25 por ciento
|
|
736,387.51
|
1,178,228.00
|
0.50 por ciento
|
|
1,178,228.01
|
1,620,052.50
|
1.00 por ciento
|
|
1,620,052.51
|
2,061,885.00
|
1.25 por ciento
|
|
2,061,885.01
|
2,503,717.50
|
1.50 por ciento
|
|
2,503,717.51
|
2,945,550.00
|
2.00 por ciento
|
Artículo 119-Ñ.
..................................
Fracción II ...
Párrafo tercero, derogado
Párrafo cuarto, derogado
Párrafo quinto, derogado
Fracción IV ...
..........................
Párrafo segundo, derogado
Párrafo tercero, derogado
Fracción V. Entregar a sus clientes copias de las notas de venta cuando se trate de operaciones mayores de $ 120.00 y conservar copias de las mismas. Estas notas deberán reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y el importe total de la operación en número o en letra.
Artículo 119-O. Derogado.
Segundo. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en la que se reforma el artículo 2-C y se adiciona el artículo 2-D; se modifica el artículo 15 fracción IV, se adicionan las fracciones XVII, XVIII y XIX; y se modifica el 32 penúltimo párrafo para quedar como sigue:
Artículo 2-C. Las personas físicas con actividades empresariales que se encuentren dentro de la Sección III del Régimen del Contribuyente Social, no estarán obligadas al pago del impuesto por dichas actividades, siempre que en el año calendario anterior hayan obtenido ingresos que no excedan de $ 3´800,000.00 por dichas actividades. La cantidad a que se refiere este párrafo se actualizará anualmente, en el mes de enero, en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 2-D. El impuesto para los bienes suntuarios se calculará aplicando la tasa del 25 por ciento a los productos señalados en este artículo, así como a las acciones o valores de las operaciones financieras que se operen en la bolsa de valores.
Se entenderá por bienes suntuarios:
Fracción IV. Los de enseñanza que preste la federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios y sus organismos descentralizados, y los establecimientos de particulares que tengan autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley General de Educación, así como los servicios educativos de nivel preescolar y primaria.
Fracción XVII. El consumo hasta 200 KW de Energía Eléctrica en las tarifas 1,2,9 en todas sus categorías.
Fracción XVIII. Los derechos por la prestación del Servicio de agua potable en sus tarifas doméstica así como los derechos por la prestación del Servicio de agua para uso de riego agrícola.
Fracción XIX. El pago del servicio telefónico de uso residencial.
Artículo 32. ...
Fracción VI ...
Para efectos de los contribuyentes inscritos Sección III del Régimen del Contribuyente del Social de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cuando el contribuyente fallezca terminarán sus obligaciones fiscales. La Secretaria dará de baja automáticamente la clave del RFC con la presentación del acta de defunción.
...
Tercero. Se adiciona el Código Fiscal de
la Federación, en sus artículos 16, fracción VI, adicionándose
el párrafo tercero, y se reforma el artículo 67, primer párrafo,
para quedar como sigue:
Título I
Disposiciones generales
Capítulo Unico
Artículo 16. ...
Fracción I...
Fracción VI...
Párrafo tercero. Se considera empresa del sector Social de la Economía y/o familiar a que ya que cumpla las condiciones del párrafo anterior y en la cual la apropiación de la utilidad o ganancia se hace equitativa y socialmente entre sus integrantes.
Artículo 67. Las facultades de la Secretaría de Hacienda para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones, se extinguen en el plazo de dos años contados a partir del día siguiente a aquél en que:
...
Cuarto. Se reforman y adicionan los artículos de la Ley del Seguro Social, particularmente el artículo 13 para adicionar la fracción VI, se reforma el artículo 222, fracción II, inciso a); y se reforma el artículo adicionando la fracción III, para quedar como sigue:
Artículo 13. ...
Fracción VI. Las personas físicas que desarrollen actividades empresariales, productivas, de transformación, comerciales y de servicios en establecimientos permanentes, mercados públicos, tianguis, concentraciones, comerciantes en vía pública, puestos fijos y semifijos, recicladores, incluidas las desarrolladas en forma familiar permanente hasta con seis personas como máximo y las de manufacturación con un máximo de 16 personas.
Artículo 222. ...
Fracción II ...
Fracción III. Para los sujetos a la fracción VI del artículo 13, el Instituto Mexicano del Seguro Social establecerá la creación de un Fondo Nacional de Seguridad Social que se formará con un porcentaje de la recaudación nacional que el gobierno de la federación aporte para el establecimiento de un sistema de seguridad social para el Contribuyente Social de la Economía.
Atentamente
Dip. Rafael Hernández Estrada (rúbrica)
(Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y
Crédito Público y de Seguridad Social.)
Con la suspensión de la comparecencia del director de Compañía de Luz y Fuerza del Centro prevista para el 10 de octubre, terminaron las comparecencias de funcionarios para el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República.
Entre el 11 de septiembre, cuando compareció ante el pleno el secretario de Gobernación, y el 5 de octubre, comparecieron 17 funcionarios de la administración pública federal.
Las comparecencias se desarrollaron de conformidad con el Acuerdo Parlamentario por el que se Establecen las Bases para el Desarrollo de las Comparecencias de Funcionarios del Ejecutivo Federal, ante la Cámara de Diputados, para el análisis del I Informe de Gobierno del Presidente de la República, Administración 2000-2006, adoptado por la Junta de Coordinación Política el 10 de septiembre.
En ellas, cada uno de los funcionarios comparecientes tuvo la oportunidad de exponer el estado que guarda su respectivo ramo, así como responder preguntas de los legisladores, hasta por un total de 2 horas en las diferentes rondas, lo que hace un total, para las 17 comparecencias, de 34 horas.
Habrá qué decir que comparecieron, ante el pleno en las comisiones, todos los secretarios de Estado, además de los directivos del IPAB, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, con la excepción del Procurador General de la República, y los secretarios de la Contraloría, Defensa Nacional y Marina.
Por su parte, cada uno de los partidos que cuentan con fracción parlamentaria en esta Cámara, dispusieron de 2 horas 50 minutos para exponer su posicionamiento en cada ramo de la administración, a razón de 10 minutos por comparecencia. Para plantear interrogaciones a los funcionarios, los grupos parlamentarios utilizaron 2 horas y 16 minutos y otras tantas para replicarles en dos rondas de cuatro minutos cada una ante cada compareciente. Todo lo cual hace un total, para las 17 comparecencias, de 37 horas y media de posicionamientos, preguntas y réplicas.
Si tomamos en cuenta que, en promedio, cada comparecencia tuvo una duración de 4 horas con 30 minutos, el tiempo total de las mismas se puede estimar en 76 horas y media, equivalentes a más de 15 sesiones del pleno de la Cámara. Ahora debemos preguntarnos: ¿cómo lograr que, con motivo de la glosa del Informe Presidencial, esta Cámara cumpla con su función de controlar y evaluar las acciones del Poder Ejecutivo?
Por el respeto que les debemos a las y los diputados participantes en las comparecencias, y con el mismo respeto para quienes comparecieron, nos parece que todo esto puede quedar en un ejercicio de monólogos, en un diálogo de sordos sin impacto real en las políticas públicas del Gobierno Federal.
La glosa del Informe Presidencial no puede consumirse en el debate por el debate o en el lucimiento personal de funcionarios o diputados. Tiene qué ver, más bien, con el control evaluatorio que el Congreso de la Unión debe ejercer sobre las actividades del Ejecutivo y se debe constituir en la evaluación de las políticas públicas de éste.
Como se sabe, el artículo 69 de la Constitución obliga al presidente a presentar un informe sobre el estado que guarda la administración.
El párrafo primero del artículo 93 constitucional establece que los secretarios de despacho y los jefes de los departamentos administrativos darán cuenta al Congreso del estado que guardan sus respectivos ramos.
Estas disposiciones se relacionan con el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión que establece que las Cámaras analizarán el informe en sus distintas materias: política interior, política económica, política social y política exterior.
El párrafo III del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión señala que las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de control evaluatorio del poder Ejecutivo y que su competencia se corresponde, en lo general, con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Asimismo, el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión dispone que las comisiones ordinarias podrán solicitar información o documentación a las dependencias o entidades del Ejecutivo federal y que los titulares de éstas estarán obligados a proporcionar la información en un plazo razonable. El párrafo cuatro del mismo artículo dispone que las comisiones ordinarias harán el estudio del informe a que se refiere el párrafo primero del artículo 93 constitucional y formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis.
Por otra parte, el inciso c) del artículo 38 del mismo ordenamiento atribuye a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta Cámara la función de impulsar el trabajo de las comisiones para el cumplimiento de sus programas de actividades.
Vengo aquí a proponer que se cumpla con lo que ordena el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso, mismo que he citado, y comience así, en la glosa del Informe, a cumplir la función evaluatoria que corresponde a nuestra Cámara.
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración el siguiente punto de acuerdo, mismo que solicito sea turnado a las instancias que procedan para su estudio y dictamen:
Punto de Acuerdo
Primero. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos solicitará, a cada una de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, un documento en el que consten las conclusiones del análisis que hayan realizado del I Informe de Gobierno del Presidente de la República, y de los informes y comparecencias de los secretarios de Estado y demás dependencias de la administración pública federal correspondientes a su ámbito de competencia.
Segundo. Dicho documento deberá ser entregado a más tardar el 8 de noviembre de 2001 y deberá contener las observaciones a la gestión de las secretarías de Estado y de las dependencias y entidades del Ejecutivo federal, así como las propuestas de políticas públicas que se hayan sugerido.
Tercero. Los documentos serán dados a conocer en forma integral al pleno de la Cámara, mediante su publicación en la Gaceta Parlamentaria y serán enviados al Ejecutivo federal para su conocimiento.
Diputados: Rafael Hernández Estrada, Jorge C. Ramírez Marín, Francisco Agundis Arias, José Narro Céspedes, Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbricas).
(Sin que motive debate, en votación económica,
se aprueba. Comuníquese a la Conferencia para la Dirección
y Programación de los Trabajos Legislativos. Octubre 25 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SE DIRIJA, A LA BREVEDAD, A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IPAB, PARA SOLICITARLE QUE SEAN CONTESTADAS LAS PREGUNTAS EN RELACION AL DESARROLLO DEL IPAB, QUE SE ANEXAN A ESTE PUNTO, Y AQUELLAS OTRAS QUE LOS MIEMBROS DE LA PROPIA COMISION DESEEN REALIZAR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CESAR AUGUSTO SANTIAGO RAMIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2001
Proposición con punto de acuerdo que presenta a la consideración del pleno el C. Dip. César Augusto Santiago
Para que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se dirija a la brevedad posible a la Junta de Gobierno del IPAB y solicite sean contestadas en un plazo de diez días las preguntas que en relación con el desempeño del IPAB, se adjuntan a este punto de acuerdo, y aquellas otras que los ciudadanos Diputados deseen formular.
Con las respuestas, la Mesa Directiva estaría en condiciones de formular recomendaciones, iniciativas, o la integración de comisiones que resuelvan este asunto más allá de las meras exhortaciones de poca eficacia práctica.
Palacio Legislativo, DF, 16 de octubre de 2001.
Dip. César Augusto Santiago (rúbrica)
Preguntas que formula el Dip. César Augusto Santiago, para que sean contestadas por la Junta de Gobierno del IPAB y que forman parte del fondo del punto de acuerdo presentado al pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del día jueves 18 de octubre de 2001.
1. ¿Cómo puede el IPAB demostrar que su operación es más útil, más eficaz y conveniente para el pueblo de México, que la realizada por el Fobaproa, que la sociedad entera repudió?
En ese sentido explique el IPAB lo siguiente:
b) ¿Cuáles son las enmiendas o modificaciones que el IPAB ha realizado a los contratos de compra-venta de cartera que se recibieron del Fobaproa?, ejemplificando en los contratos o, en su caso, en los anexos a los mismos las nuevas operaciones o las modificaciones más sustantivas.
En caso de que esto no haya sido posible realizarlo, es necesario señalar las causas y motivos por los cuales no se han sustituido los contratos originales que el Fobaproa firmó con los bancos.
c) De todas maneras se hubiera rescatado aunque no se hubiera quedado el Instituto; si no es así, explicar las razones.
b) ¿Cuánto han invertido en gastos de publicidad respecto del propio gasto corriente del Instituto y, por ejemplo, a cuánto ascienden los gastos que se pueden imputar al proceso de venta de Bancrecer?
c) En una comparación con el gasto corriente del Fobaproa:
¿A cuánto ascienden los ahorros respecto de su antecesor, en la función de protección al ahorro y, en su caso, a cuánto ascendería el ahorro en materia de administración y venta de los bienes objeto del saneamiento financiero?
Es evidente que si alguno de ellos fue comisario o tuvieron intervenciones de cualquier naturaleza en las cuestiones bancarias y financieras de los últimos años que pueden provocar suspicacias en función de su responsabilidad actual, este es el tiempo de aclararlas y evitar que los diputados tengan que recurrir a una diversidad de instancias para encontrar evidencias que directamente el IPAB puede proporcionar para tranquilidad de todos, y en aras de la transparencia que debe prevalecer en las operaciones que realiza dicho Instituto.
Personalmente no formulo ningún señalamiento y menos acusación a nadie, no tengo el gusto de conocer a ninguno de los vocales del IPAB; pero creo que es muy prudente que las cuestiones que hemos leído u oído, algunas se han publicado y otras se repiten insistentemente, puedan ser aclaradas por el IPAB de una vez por todas. A ese respecto conviene preguntar:
b) ¿En cuáles, en caso de ser cierto, existieron relaciones de negocios o profesionales de uno o algunos de los vocales, con las administraciones de los Bancos que han sido o están siendo sujetos de saneamiento financiero o, en todo caso, se ha procedido a su liquidación, venta o fusión?
c) ¿Quién fungió como responsable administrador y reestructurador de créditos del Banco Santander? Al que se dice le compraron 23 mil millones de pesos en créditos. ¿Ya se intercambió el pagaré de esa institución en los términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario?
d) La Casa de Bolsa Bursamex, representó un enorme quebranto financiero:
¿Quiénes fueron sus administradores en el momento en que se determinó el quebranto de la institución?
e) ¿Cuál es el estado financiero real del llamado Banco del Sureste y su proceso de integración al grupo financiero?
f) ¿Cómo fue adquirido el Banco del Sureste en su origen?
g) En todo caso, ¿Cuánto se ha recuperado de las pérdidas causadas en Bursamex? Después de casi tres años de que el IPAB es titular, es obvio que ya se puede explicar ¿qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar en relación con el Banco del Sureste?
h) Sobre este mismo tema, la operación de venta del Banco del Sureste a Bital, ¿permitió recuperar el quebranto o a cuánto asciende el quebranto que tiene registrado el IPAB derivada de esta operación?
i) Si es cierto que algunos de los vocales fungió de comisario en Banca Unión, Cremi, Obrero, Bancrecer, Banorte, ¿a cuánto asciende el costo de las pérdidas de cada uno de estos Bancos registradas a la fecha y en cuánto se estima que podrían llegar a ser una vez liquidados o vendidos a terceros?
j) ¿Algunos de los consejeros realizó operaciones de administración o compra de cartera al Fobaproa a través de empresas que él dirigía o fue parte del Consejo de Administración de Bancos rescatados una y otra vez?
b) Conforme al inciso d) del artículo 5º transitorio de la Ley del IPAB, se debieron establecer incentivos para que los deudores realicen un pronto pago, así como mecanismos para que se indujera el pago por parte de los grandes deudores. Es importante entonces que el Instituto explique cuáles son los incentivos, instrumentos y esquemas implementados por el IPAB y cuáles son los resultados que arrojan estos esquemas a la fecha.
En todo caso, si no se han instrumentado, es necesario señalar las causas que lo motivan.
c) Como dice la ley en la materia, es conveniente que el IPAB explique qué ha hecho para promover "1a actividad crediticia del país". Al respecto el Instituto debiera de explicar cómo ha cuidado al tenor del último párrafo del mismo artículo transitorio, para que durante la vigencia de las garantías, las instituciones cuenten con un nivel de capitalización adecuado para la promoción de la actividad crediticia del país. Y en el mismo sentido
d) ¿A cuánto asciende el monto de créditos rechazados y devueltos a la banca y cuánto representa en porcentaje del total de la cartera sujeta al Programa de Capitalización?
Es evidente que los pasivos del IPAB son verdaderamente monstruosos. Con el modelo seguido hasta estas fechas, ¿cuántos años tardaría el pueblo de México, según sus cálculos, los montos presupuestales que obtiene y las operaciones que realiza, así como los costos financieros que tiene, para solventar este monumental adeudo?
¿Pueden con toda franqueza explicar si hay o no ventajas en que la deuda del IPAB siga como está o se convierta en deuda pública directa? Si hay ventajas, además del menor costo financiero que implica la mejor calificación de riesgo de la deuda pública ¿por qué no se ha promovido y explicado antes?, y si no las hay, ¿por qué de una vez no se enfrenta y se finiquita el asunto?
¿Qué cantidad de dinero piensan proponer ustedes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incorpore al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2002, para el IPAB? y, ¿qué se conseguiría con esa propuesta?, en todo caso, ¿se esperaría que la deuda total actual se reduzca en términos reales?
¿Los montos que se han recuperado a través de cobranza y venta de bienes aplicados a la deuda del IPAB, han servido para pagar intereses y parte del capital de los adeudos del Instituto?, o sólo han servido parcialmente para cubrir el costo financiero de su pasivo. La explicación de montos y prospectiva es altamente importante.
6. Con la idea de proponer reformas:
Atendiendo a la experiencia internacional y después de los viajes que han realizado diversos funcionarios del IPAB para conocer esos esquemas, según dice la prensa, ¿estiman recomendable, todavía, que la función de venta o realizaciones derivadas del rescate bancario derivado de la crisis financiera del año de 1995, se haga en forma independiente a la función del servicio público de protección al ahorro?
¿No es acertado que con base en la experiencia internacional se debería separar al IPAB en dos entidades distintas, que sean consecuentes con el perfil profesional y operativo que hoy día están conjugadas en el IPAB?
Las respuestas oportunas y precisas permitirían iniciar dos vías paralelas: Una, un proyecto de reformas y adiciones a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y, dos, en su caso, promover la constitución de una comisión de investigación de la Cámara de Diputados a las operaciones del IPAB y que además le dé puntual seguimiento a las conclusiones y preguntas que en su oportunidad planteó la Comisión para investigar el funcionamiento del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que fue rendido al pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 31 de julio de 2000.
Dip. César Augusto Santiago
(La Mesa Directiva turnará al IPAB las preguntas.
Octubre 25 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL IPAB, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2001
Antecedentes
El domingo pasado se publicó en algunos medios de comunicación, el contenido de los llamados "working papers" o "documentos de trabajo" del Informe del Sr. Mackey.
Hechos
1.- Que el 7 de septiembre de 1998, el Comité de Contrataciones de las Subcomisiones para el Estudio del Fobaproa, creado por el honorable Congreso de la Unión contrató a Michael W. Mackey para examinar el desempeño del Fobaproa en la rehabilitación de las instituciones financieras de México, así como evaluar el desempeño de las entidades encargadas las actividades de dicho fondo, incluyendo a su Comité Técnico, a la SHCP, al Banco de México y a la CNBV, para el periodo que va del 1 de enero de 1995 al 30 de junio de 1998.
2.- Que de la revisión el Sr. Mackey concluye que la estructura del Fobaproa y los programas en los que intervino no están libres de crítica: El Fobaproa a un costo considerable proporcionó protección a los ahorradores y una solución parcial (y quizá temporal) a los problemas causados por un sistema bancario débil y subcapitalizado.
3.- Que en las notas para el lector Mackey señala claramente lo siguiente: "Este informe y las evaluaciones que se han llevado a cabo no constituyen una auditoría financiera, sino una revisión y análisis basado en preguntas específicas previamente convenidas con el Comité de Contrataciones, por lo que no deberá considerarse como una auditoría.
4.- Que junto con su trabajo llamado Evaluación integral de las operaciones y funciones del Fobaproa: 1995-1998", el Sr. Mackey entregó una serie de reportes por banco, donde se describen con detalle sus procesos de saneamiento, así como la ingeniería financiera de las transacciones reportables, llamados "working papers".
5.- Que el análisis de dichos documentos resulta indispensable para realizar la devolución a los bancos de las operaciones irregulares y así dar cumplimiento al artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.
Mismo que establece la realización de auditorías y depuración de las "operaciones reportables" como condición necesaria para llevar a cabo el canje de pagarés Fobaproa por notas IPAB.
6.- Que de acuerdo a lo publicado en diversos medios informativos, los ahorros derivados del primer análisis de los "papeles de trabajo" de Banamex, Bancomer y Bital, permitirían un ahorro de aproximadamente 43 mil millones de pesos.
7.- Que es objetivo de esta Legislatura así como del IPAB, el disminuir el costo fiscal del rescate bancario.
8.- Que es inaceptable que 1a Cámara de Diputados haya pagado más de 20 millones de dólares por el trabajo del Sr. Michael W. Mackey, y a más de dos años de haberse entregado el informe, aún no lo conozca en su totalidad.
9.- Que en los "working papers" se detalla cómo ex banqueros llevaron a cabo operaciones relacionadas, y que en el caso de Bancomer y Banamex, existen transacciones "reportables" que hasta el momento no han sido consideradas; como algunos créditos del Grupo SIDEK.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados solicite a la Junta de Gobierno del IPAB que entregue en su totalidad los "working papers" del trabajo del Sr. Michael W. Mackey y que sean turnado a cada uno de los grupos parlamentarios.
Dip. Rosalinda López Hernández
(A solicitud de la Diputada Rosalinda López Hernández,
se cambia el turno, túrnese a la Mesa Directiva, para que la envíe
al IPAB. Octubre 25 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL IPAB, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2001
Con fundamento en lo que se dispone en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los suscritos, diputados federales a la LVIII legislatura del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes consideraciones:
Tal como lo previeron el Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia, en la glosa del Primer Informe Presidencial de Vicente Fox, comienza a destaparse la cloaca del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), poniendo no sólo de manifiesto maniobras ilegales que arrojarán enormes pérdidas financieras para el erario público, sino también, los graves aprietos del PAN para ofrecer explicaciones creíbles que le permitan justificar la existencia de esta institución, tal como ellos la concibieron.
Como lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, bajo el ambiguo andamiaje legal del IPAB, se atrincheró, una mafia extensamente ramificada al sistema bancario, con quien ha conspirado por años, para posponer indefinidamente la liquidación de la crisis bancaria y obtener enormes ganancias ilegales a través del propio IPAB.
La Junta de Gobierno y su Secretaría Ejecutiva definieron sus propios cotos de poder, y las fricciones entre sus directivos, han impedido que el Instituto cumpla las diferentes misiones, que le fueron conferidas desde su creación.
Por ello, el IPAB está condenado a convertirse en una carga cada vez más onerosa para las finanzas públicas, ya que sobrevive gracias a las transferencias anuales del Gobierno Federal, la última de las cuales fue de 24 mil quinientos millones de pesos.
El Partido Acción Nacional está equivocado, si cree que un mero maquillaje administrativo, bastará para superar las fallas de este Instituto. El problema es sistémico, ya que tiene su origen en el conjunto de salvaguardias legales y metalegales, que por décadas, han protegido a los funcionarios públicos que intervienen en actividades donde se manejan recursos públicos.
Al operar en este marco de impunidad, llevado a su máxima expresión, en la compleja y absurda estructura administrativa del IPAB, se formaron inmediatamente mafias, que establecieron vinculaciones activas con grupos privados, a cuyo servicio operan actualmente. El resultado es, un caudal de pérdidas que pasan a engrosar los déficits que anualmente se solventan con recursos del pueblo.
Al crearse una extensa red de intereses facciosos proclives a la corrupción, no existe la oportunidad de que internamente surjan acciones correctivas, ya que todas las partes, sea por acción u omisión, tienen una responsabilidad compartida.
En estos casos, los conflictos tienen una apariencia puramente jurisdiccional, que apuntan al ejercicio de funciones mal definidos. Detrás de la apariencia, los hechos son incuestionables:
2. El IPAB, ya vendió los activos más valiosos y ello no permitió lograr autonomía financiera;
3. Cada banco vendido, a inversionistas privados registra un subsidio gigantesco cuya justificación nunca es clara.
Por su forma, este presumible delito, tiene todos los atributos de un ajuste de cuentas entre las mafias que operan al interior del IPAB.
Están involucrados dos funcionarios de mediano rango, que jamás habrían podido obtener tal autonomía operativa, para efectuar lavado de dinero, si no contaran con la venia de funcionarios de más alto rango y rompieran los códigos de seguridad que toda institución de este tipo tiene por partida doble.
El hecho de que un oscuro empresario, haya efectuado la denuncia pone de manifiesto de manera insistente, la naturaleza presumiblemente facciosa de este escándalo.
Por las razones antes expuestas sometemos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Artículo Unico
Ante esta grave pero ya previsible descomposición, de las estructuras del IPAB el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia exigen que de manera inmediata comparezca ante el Poder Legislativo el secretario ejecutivo, Julio César Méndez, para ofrecer una explicación exhaustiva sobre las operaciones del Instituto, y que este hecho sea la antesala de una auditoría administrativa y financiera desde mayo de 1998.
Asimismo, exigir que la Procuraduría General de la República, profundice las investigaciones e indague las cuentas patrimoniales de todos los altos funcionarios del Instituto, con especial énfasis en los miembros de la Junta de Gobierno. Dicha investigación deberá tomar en cuenta el patrimonio de los funcionarios del IPAB, de sus cuentas bancarias en el país y en el extranjero.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de octubre del dos mil uno.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo:
Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), coordinador; José Narro Céspedes (rúbrica), vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica), Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández (rúbrica), Víctor Antonio García Dávila (rúbrica), Juan Carlos Regis Adame (rúbrica).
Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica) (CDPPN).
(Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Octubre 25 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA UTILIZACION INDEBIDA DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO BENJAMIN AVILA MARQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2001
Con el debido respeto que nos merece este recinto, manifiesto ante ustedes, lo que está ocurriendo en el estado de Tlaxcala.
Como es de su conocimiento, el 11 de noviembre habrá elecciones de diputados locales, presidentes municipales y presidentes de comunidad.
Y cuando cualquiera pudiera pensar que en Tlaxcala la transición democrática se consolida, desde el Poder Ejecutivo estatal están enturbiando el proceso electoral.
Para corroborar presento ante ustedes algunos hechos:
Tengo en mis manos un volante, en cuyo lado izquierdo vemos el emblema que identifica al gobierno del estado de Tlaxcala, concretamente a la administración del Ejecutivo del estado, encabezada por el MV Alfonso Sánchez Anaya, en cuyo pie dice: "En Tlaxcala, cumplir es el cambio", que es uno de los lemas del actual gobierno y en el ángulo superior derecho, el logotipo del Partido de la Revolución Democrática y dice así:
Seguramente algunos de ustedes dirán que es exagerado preguntar lo anterior o que está fuera de lugar. Sin embargo deben saber que el gobernador de Tlaxcala, publicó en el Periódico Oficial del estado, el 3 de mayo de 1999, el Código de Ética Administrativa, mismo que declaró sería norma de conducta para su gobierno y que no está cumpliendo, como lo podemos constatar con este volante, pues están mezclando lo gubernamental con lo partidista, lo que constituye además una flagrante violación a todo principio de gobierno democrático y una burla al Estado de derecho que nos rige.
Agregando a lo dicho, ustedes pueden recorrer el estado de Tlaxcala y encontrarán a los lados de las carreteras, otro de los lemas de gobierno: "Estamos haciendo de Tlaxcala un mejor lugar para vivir", junto con propaganda de los candidatos del PRD.
A pesar de ser clarísimas ambas evidencias, los dirigentes estatales de ese partido consideran que la utilización de slogan, la pinta de propaganda de sus candidatos junto a las del gobierno, así como los mensajes que emplean, no son ilegales.
Y tan lo hacen a la luz del día, que pueden ustedes ver, el número 126 de la revista Mercurio, correspondiente al mes de septiembre del presente año, de la página 22 a la 32, la revista dedica ese espacio al PRD, vinculándolo con lo que ellos llaman los logros del gobierno. Desde luego que el PRD tiene todo el derecho de publicitarse en todos los medios posibles, sin embargo, la revista Mercurio tiene firmado convenio con el gobierno del estado, no con el partido, por lo que una vez más estamos frente a la situación de confusión entre partido y el gobierno que domina a Tlaxcala, nada más que ahora desde el PRD.
Obviamente, tal revista ha presentado mes a mes, una situación de bonanza que no existe en el estado, pues es claro que tales espacios son pagados por el gobierno del estado como publicidad y la revista sólo cumple con el pedido del cliente: el Ejecutivo del estado de Tlaxcala.
Consideramos que todo esto debe ser del conocimiento de las autoridades competentes, pues no es posible seguir solapando ese tipo de acciones de gobierno, sean del partido que sean, pues tenemos que avanzar y para avanzar debemos ser real y verdaderamente democráticos y más respetuosos con la palabra empeñada, y que como en el caso de Tlaxcala, no se trata solo de la palabra empeñada, se trata de un Código de Ética que el ciudadano gobernador de Tlaxcala empeñó cumplir, tanto que lo publicó como un documento de gobierno, en el Periódico Oficial del estado, mismo que en su artículo 12 establece que "Los programas de difusión que realicen las dependencias de la administración estatal deberán apegarse al carácter estrictamente institucional y conforme a los lineamientos dictados por la comisión gasto-financiamiento".
Con el propósito de darnos cuenta de la magnitud de este problema, obran en mi poder los presupuestos del gobierno del estado, correspondientes a los ejercicios 1999, 2000 y 2001, mismos que indican el gasto presupuestado para la Coordinación de Información y Relaciones Públicas del Poder Ejecutivo, siendo para 1999, 24 millones 414 mil 371 pesos; para el año 2000, 20 millones 682 mil 740 pesos con 71 centavos y casualmente para el año 2001, año electoral: 32 millones 207 mil 553 pesos, ¡cerca de 12 millones de pesos más que el año pasado!
Siendo este apartado de Información y Relaciones publicas, que por disposición expresa publicada en el Periódico Oficial del gobierno del estado mantendría una austeridad.
En otro rubro:
Por si lo anterior no fuera suficiente, ustedes podrán encontrar que cerca de un millón y medio de pesos se destinan mensualmente a las denominadas ONG, entre las cuales encontramos mucha de ellas dirigidas por connotados dirigentes y candidatos del PRD.
En el estado existen alrededor de 200 ONG, de las cuales según el gobierno del estado apoya con recursos a 70, y de estas, 8 se benefician directamente, ya que son filiales del PRD, y se han comprometido públicamente a darle al PRD 40 mil votos en las próximas elecciones, como consta en la información que los medios divulgaron el domingo 7 de octubre.
Por lo anterior compañeras y compañeros diputados, señalo el riesgo en el que se encuentra la transición a la democracia en el estado de Tlaxcala, riesgo propiciado premeditadamente tanto por el Ejecutivo del estado, en complicidad con el PRD.
Por lo que solicitamos al ciudadano gobernador del estado de Tlaxcala, no siga incurriendo en actos que enturbien y enrarezcan la equidad, transparencia y legalidad del proceso electoral del estado, pues podría estar incurriendo en un manejo indebido de fondos y recursos federales, al condicionar la entrega de beneficios derivados de programas federales, a cambio del voto a favor sus candidatos, además de que es claro con lo demostrado aquí, que el ciudadano gobernador no está salvaguardando la honradez, la lealtad y la imparcialidad en el desempeño de sus funciones.
Por lo anterior y con la finalidad de que no se atropellen y agravien los derechos ciudadanos de los tlaxcaltecas presentamos ante ustedes el siguiente punto de acuerdo.
Artículo Unico.- Que la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de su Comisión de Vigilancia instruya a la Auditoría Superior de la Federación como órgano técnico de esta soberanía, para que de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley Superior de Fiscalización en los artículos mencionados, procedan a revisar la correcta aplicación de los fondos del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación con el fin de evitar que los recursos públicos federales asignados al estado de Tlaxcala sean utilizados para propósitos diferentes a los que señala la ley.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de octubre del 2001.
Diputados: Benjamín Avila Márquez (rúbrica), PAN; Juan de la Cruz A. Cano Cortezano (rúbrica), PAN; Javier García González (rúbrica), PRI; Eréndira Cova Brindis (rúbrica), PRI; Augusto Gómez Villanueva (rúbrica), PRI; Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica), PT; Arturo Escobar y Vega, PVEM; Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica), PVEM Manuel del Río Virgen (rúbrica), CDPPN.
(Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación
y Seguridad Pública y de Vigilancia de la Contaduría Mayor
de Hacienda. Octubre 25 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA PROBLEMATICA AGRARIA DE ACAPULCO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FELIX CASTELLANOS HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2001
Los suscritos diputados integrantes de la LVIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento con lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita al Poder Ejecutivo Federal del Gobierno Mexicano declarar al estado de Guerrero y en particular al municipio de Acapulco de Juárez como territorio de atención especial en materia agraria.
Considerandos
El estado de Guerrero es sin duda una de las entidades de la República Mexicana con mayor riqueza en recursos naturales, y actividad agrícola, cuenta con un universo de 1,244 núcleos agrarios para un total de 6,399,400 hectáreas como superficie de propiedad social.
El programa Procede reporta 777 núcleos certificados, faltando 467 por certificar, de ellos, más del 90% son núcleos considerados de atención especial por su compleja problemática donde predominan los conflictos por límites interejidales. Junto a ello, Guerrero es también una de las entidades con mayor contraste social y presencia indígena lo que hace más delicada la problemática. La principal actividad económica en el estado es la agricultura que, en la mayoría de los casos es para el autoconsumo. Solamente en algunos municipios de las costas y Tierra Caliente se comercializan excedentes hacia otros mercados.
La región que conforma el municipio de Acapulco cuenta con la mayor densidad poblacional y de grandes contrastes sociales y económicos; sin embargo, y a pesar de que este problema crece día con día, no se cuenta con un esquema formal de planeación para impulsar el desarrollo de otras actividades económicas que generen un crecimiento más ordenado y equilibrado.
Dentro del estado de Guerrero se destacan por su actividad turística los municipios de Zihuatanejo y Acapulco siendo este último el que genera el más alto índice de ingresos de la producción estatal. Es en esta localidad donde se dan las más altas inversiones; a pesar de ello, no se refleja un crecimiento equilibrado en el nivel de vida de la mayoría de la población.
En la entidad municipal, la propiedad social de la tierra ha sido objeto de grandes presiones sociales y de empresas inmobiliarias, que ha generado el desmedido crecimiento urbano y ha provocado el cambio de uso del suelo en la mayor parte del territorio, pasando de una propiedad social agrícola a una propiedad privada de tipo turística.
De igual manera, la propiedad agraria ha sido sujeta de ambiciones económicas que no han permitido la planeación y el crecimiento ordenado de las zonas urbanas; ello, ha provocado el surgimiento de un gran número de conflictos que tienen como origen la inseguridad en la titularidad de la propiedad de la tierra que en la mayoría de los casos buscan su solución en los tribunales agrarios, civiles o penales, provocando permanentemente un estado de incertidumbre e inseguridad en los sistemas de acreditación de la propiedad y un gran número de litigios, sin dar con ello oportunidad a los arreglos por la vía conciliatoria.
El problema del cambio de uso del suelo en Acapulco, ha generado una disyuntiva entre la impartición de la justicia y la aplicación de la ley. En la entidad y en el municipio de Acapulco se percibe que la aplicación de la ley ha dejado de representar un acto de justicia al encontrarnos con conflictos agrarios de dimensiones mayúsculas que rebasan las capacidades institucionales y que han hecho ver las debilidades políticas para dar respuestas adecuadas.
Compañeras y compañeros diputados:
El objeto del presente punto de acuerdo es que con la atención prioritaria brindada a la entidad, la aplicación de la ley implique siempre un acto de impartición de justicia y con ello desaparezcan los focos rojos de la conflictiva territorial, que están por desbordarse; para dar lugar al ordenamiento territorial que propicie la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, buscando confianza en la inversión para que esta sea firme.
Asimismo, se busca que la presente propuesta motive la definición de un plan que regule el uso del suelo que evite la creciente invasión de terrenos y la corrupción de funcionarios; de igual manera la propuesta busca fortalecer los mecanismos financieros de la entidad, motivando con ello:
La autorización de recursos fiscales para que se cree un fideicomiso público operado por la Secretaría de la Reforma Agraria en forma conjunta con el gobierno del estado de Guerrero, y el ayuntamiento de Acapulco, de tal manera que existan recursos disponibles que faciliten los procesos conciliatorios entre las partes para llegar así a arreglos prontos y satisfactorios.
De igual manera en el marco de atención agraria al municipio y de acuerdo al fideicomiso propuesto se busca la constitución de mesas de concertación agraria que propicien la atención de los asuntos por parte de los gobiernos municipal, estatal y federal, de manera ágil, transparente y oportuna, para el saneamiento de la propiedad.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, manifiesta su preocupación por la problemática agraria que prevalece en el municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero;
Segundo: Esta soberanía hace un llamado al Ejecutivo federal a fin de que en el marco de sus facultades constitucionales declare al estado de Guerrero y en particular al municipio de Acapulco de Juárez como territorio de atención especial en materia agraria;
Tercero.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que en coordinación con los gobiernos estatal y municipal, se constituyan mesas de concertación agraria y un fideicomiso público, para la atención de los principales problemas agrarios del municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero.
Diputados: Félix Castellanos Hernández, Jorge Esteban Sandoval, Celestino Bailón Guerrero, Raúl González Villalba, José Manuel del Río Virgen, Efrén Leyva Acevedo, Nabor Ojeda Delgado, Sergio Maldonado Aguilar, Ernesto Rodríguez Escalona, Manuel Añorve Baños, Heriberto Huicochea Vázquez, Rubén Aguirre Ponce, Rogaciano Morales Reyes, Rosa Delia Cota Montaño, Víctor García Dávila, Jaime Cervantes Rivera, Rosalía Peredo Aguilar, Santiago Guerrero Gutiérrez, Petra Santos Ortiz, Martha Ofelia Meza Escalante, Félix Salgado Macedonio, David Rodríguez Torres, Mario Reyes Oviedo, José Ignacio Mendicuti Pavón, Emilio Ulloa Pérez, Juan Carlos Regis Adame, José Narro Céspedes, Esteban Sotelo Salgado, Juan Paredes Gloria (rúbricas).
(Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.
Octubre 25 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS AEROPUERTOS DE GRAN IMPORTANCIA DE MEXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALONSO ULLOA VELEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2001
Los suscritos, en nuestro carácter de diputados integrantes de la LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la H. Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Desde 1995, aeropuertos de gran importancia como los de Guadalajara, el Bajío, Monterrey, Tijuana, Puerto Vallarta, Cancún, Acapulco y ciudad de México, observaban problemas de saturación en pistas y en edificios terminales.
No obstante el nivel de infraestructura alcanzado, se requería urgentemente un proceso de modernización; desde entonces se hacía impostergable la generación de inversión en el sector.
Desde ese año, los problemas de mayor incidencia han sido la saturación y falta de mantenimiento en salas y edificios, la carencia de vías de acceso eficientes en los principales aeropuertos, las deficiencias en la señalización de la información sobre los vuelos, la falta de capacidad en plataformas, tanto de pasajeros como de carga, falta de servicios asociados a la operación de los aeropuertos como el suministro de combustible para los vehículos de tierra, sistemas eficientes de seguridad, servicios adecuados de almacenaje y manejo de mercancías, etcétera.
Estas causas hicieron necesaria la actualización del marco jurídico, por lo que en 1995 se promulgó la nueva Ley de Aeropuertos, que establece las reglas que brindan seguridad jurídica a la inversión privada, en la construcción, explotación, operación y administración de los aeródromos civiles.
También en 1995, fue creado el Comité de Reestructuración del Sistema Aeroportuario Mexicano, que tenía como facultad definir la estrategia a seguir en las diferentes fases del proceso de reestructuración, así como informar a la Comisión Intersecretarial de Desincorporación sobre el avance del proceso.
Con esto, se pretendía hacer competitivo el sistema aeroportuario nacional ante la creciente importancia de la transportación aérea a nivel mundial atendiendo con seguridad y calidad el servicio con base en reglas claras y transparentes.
El proceso de apertura implicó la integración de cuatro grupos regionales en los que se agruparon 35 terminales que, de acuerdo a la nueva Ley de Aeropuertos, están siendo concesionadas al sector privado.
Sin embargo, a casi siete años del inicio del proceso de reestructuración y modernización del sistema, la situación sigue siendo la misma. Tal vez incluso peor.
En todo el país, los industriales, los prestadores de servicios turísticos, las líneas aéreas, los gobiernos estatales y municipales expresan cada vez con más frecuencia, cada vez con más preocupación, cada vez con más molestia, sus quejas sobre las deficiencias en el servicio del sistema aeroportuario.
Pareciera que el objetivo del proceso era el de privatizar los aeropuertos, y no el de lograr inversiones importantes para crecer sustancialmente la infraestructura y con ello mejorar el servicio, tanto a los pasajeros, como a los usuarios de los servicios de carga.
La participación de la inversión privada en sectores estratégicos que constituyen, como en este caso, un monopolio natural, no puede dejarse al libre juego de la competencia, porque no la hay. No puede la autoridad evadir su responsabilidad de vigilancia de la correcta operación de este tipo de concesiones, porque una mala operación de los aeropuertos, tiene un gran impacto en el desarrollo de las regiones del país; es un factor determinante en el desarrollo económico de las regiones, al facilitar o impedir el acceso de visitantes de placer o de negocios, y la entrada y salida oportuna de mercancías.
Pero además, si no se vigila de manera cercana no sólo el manejo operativo, sino incluso el manejo financiero de estas empresas, podemos vernos en el futuro enfrentando nuevos casos de rescate, que no pueden ni deben permitirse.
Lo que hoy proponemos, es que el Poder Legislativo medie, a tiempo, para construir planes de acción en el que participe no sólo el Gobierno Federal y los concesionarios, sino también, de manera substancial, los usuarios de estos servicios y los gobiernos estatales.
Con esto, el Poder Legislativo podrá evaluar el cumplimiento y avance de los compromisos adquiridos en el pasado, y al mismo tiempo será factor importante en la construcción de los acuerdos que permitan, hacia el futuro, contar con una red aeroportuaria que sea un factor decisivo en el desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país.
Es por esto que proponemos a esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
1.- Se solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes toda la información relativa a la concesión y operación de los grupos aeroportuarios en el país, en la que incluya, al menos,
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 18 días del mes de octubre del 2001.
Diputados: Francisco Javier Sánchez Campuzano, Alfonso Ulloa Vélez, Miguel Angel Martínez Cruz, Francisco López Brito, Miguel Gutiérrez Hernández, Tomás Coronado Olmos, José María Núñez Murillo, Jesús Hurtado Torres, Jesús Orozco Alfaro, Cuauhtémoc Cardona Benavides, Antonio Gloria Morales, José Socorro Velázquez Hernández, José Manuel Correa Ceseña, Salvador Cosío Gaona, Herbert Taylor Arthur, José Bañales Castro, Rodolfo Ocampo Velázquez, Rafael Ramírez Sánchez, Eugenio Pérez Cruz, Julio César Lizárraga López, Jaime Aceves Pérez, Jorge Urdapilleta Núñez, Emilio Goicoechea Luna, Juan Manuel Duarte Dávila (rúbricas).
(Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones
y de Transportes. Octubre 25 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2001
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en el artículo 34 fracción primera, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para plantear el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
Después de casi un año en el que dos entidades federativas y, por lo tanto, dos grupos de poder económico y político del país se disputaron la ubicación del nuevo aeropuerto internacional del Area Metropolitana de la Ciudad de México, por fin, el pasado día 22 el Ejecutivo federal dio a conocer que el sitio elegido es Texcoco.
Esta decisión y cualquiera que hubiera sido, seguramente sería cuestionada, porque como sabemos las dos propuestas que se presentaron tenían elementos a favor y en contra de no fácil solución.
Ambas conllevan el deterioro ambiental; la generación de empleos y, en consecuencia el desempleo en la ciudad de México, la expropiación de terrenos; la demanda de servicios; comunicación con el Distrito Federal, entre otros.
Independientemente de que desde hace varios años se consideraba insuficiente el actual aeropuerto internacional de la ciudad de México, ahora que se ha tomado la decisión de su reubicación, ¿realmente se han puesto a pensar en el enorme desempleo que se generará, además de la quiebra de muchos negocios como restaurantes, hoteles y otros servicios que trabajan en conexión con la terminal aérea?
Por otra parte, se ha dicho que el sitio en el que se encuentra actualmente el aeropuerto se utilizaría para crear una reserva ecológica y un conjunto comercial del tipo del de Santa Fe que se encuentra en el poniente de la ciudad. Seguramente, esta modificación en el uso del suelo tendrá consecuencias muy diversas debido a que con el nuevo proyecto se cambiaría drásticamente las principales actividades económicas de esa región del Distrito Federal.
Se dice que el nuevo aeropuerto conllevará una inversión superior a los 2,500 millones de dólares, de los cuales en su mayoría será privada; como sabemos, la promoción que ha hecho el presidente Fox en cada viaje que realiza al exterior ha sido con la finalidad de atraer inversión extranjera.
De acuerdo con la información de arquitecto Pedro Cerisola, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno del presidente Fox tiene claro que el nuevo aeropuerto sea privado desde que inicie operaciones, con excepción de aquellos servicios que se consideran estratégicos.
Al respecto, consideramos que se continúa con la política populista pero en sentido contrario; esto es: el Estado proporciona recursos financieros y servicios en aquellas actividades que a los particulares no les interesa porque no son redituables, mientras que los empresarios particulares invierten en las actividades en las que obtienen pingües ganancias.
Por otra parte, sabemos también que cualquiera de las dos opciones implicaban enormes inversiones para ampliar de manera importante las vías que comunican al Distrito Federal. Tanto las carreteras a Tizayuca como las de Texcoco constituyen desde hace muchos años sendos cuellos de botella. Por lo que será necesario invertir cuantiosos recursos para modernizar las vías que comunican al sitio ya elegido.
Nuevamente, una decisión que por sus múltiples implicaciones debió suponer un análisis muy profundo en dos aspectos fundamentales: económico tanto para el erario público como para los usuarios; y ecológico para la región afectada, todo parece indicar que el peso político de los grupos hegemónicos participantes vino a inclinar la balanza de la que partió la decisión.
Sabemos que los principales beneficiados serán los grandes grupos relacionados con la industria de la construcción, particularmente del estado de México, con el Grupo Atlacomulco, y los grandes consorcios radicados en el Distrito Federal, como ICA, Tribasa, entre otros. Eso si bien les va a los mexicanos, ya que los inversionistas extranjeros están prestos para intervenir en la realización de esta magna obra.
Por lo que respecta al impacto que tendrá la urbanización de la región oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la ubicación del nuevo aeropuerto traerá diversas consecuencias debido fundamentalmente a que se extendería la mancha urbana hacia un área con características marcadamente rurales.
En el aspecto ecológico, sin duda el proyecto en comento traerá efectos nocivos para la microrregión y para toda la zona oriente de la capital del país.
Se tendrán efectos graves en el aspecto hidrológico debido a que la urbanización de una amplia extensión de terreno provocará la modificación de los cauces naturales de escurrimiento del agua de lluvia; cambiará también el clima y el hábitat de la flora y fauna existente; y provocará la especulación con los precios del terreno colindante con la nueva terminal aérea.
Por otra parte, como se desprende del contenido del decreto expropiatorio la solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de la Reforma Agraria es de fecha 21 de septiembre, el expediente se integra a lo largo de un mes que corre de la fecha de la solicitud hasta que la SRA lo sustancia debidamente.
El Presidente de la República promulga el decreto expropiatorio en comento el domingo 21 de octubre, y en una acción por demás sospechosa, el Diario Oficial de la Federación, no se distribuye, como ocurre normalmente por la mañana, sino que como ladrón furtivo lo empiezan a distribuir con posterioridad a que el Secretario Cerisola anunciara la decisión que favorecía a Texcoco.
En ese tenor, propio de un tongo montado por Don King, se dio una serie de consultas organizadas por la Secretaría de Gobernación que resultaron un fraude ya que la decisión estaba tomada.
El Gobierno federal sometió al pueblo y a la opinión pública a un desgaste inútil en él se demostró la ineficiencia y las contradicciones entre el Presidente de la República sus colaboradores. No concebimos que un gobierno que se presume empresarial y supuestamente eficiente, cometa tantos dislates en torno de una decisión que afectará de manera sensible a los mexicanos.
Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo el proceso a través del cual se decidió la ubicación de la nueva terminal aérea se caracterizó por un manoseo de intereses que finalmente lo desvirtuó, dejando claro que nada ha cambiado, que los diversos grupos tradicionales de poder continúan influyendo en las principales decisiones que afectan a nuestro país.
Por ello, es preciso que comparezcan ante esta soberanía una serie de funcionarios para que expliquen de manera exhaustiva y detallada los alcances y las implicaciones de esta controversial decisión. El titular de SCT, de la SRA y de la Comisión de Bienes y Avalúos Nacionales deben venir a explicarnos una serie de cuestiones de interés nacional.
Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Primero.- Solicitamos la comparecencia ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, para que explique los pormenores de la decisión de situar el nuevo aeropuerto de la ciudad de México en Texcoco, estado de México.
Artículo Segundo.- Solicitamos la comparecencia ante el pleno de la H. Cámara de Diputados de la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, para que explique los mecanismos considerados para la liquidación de los propietarios de los ejidos expropiados.
Artículo Tercero.- Solicitamos la comparecencia ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del presidente de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, Juan Pablo Gómez Morín Rivera, para que explique qué elementos se tomaron en cuenta para determinar los mecanismos utilizados para el avalúo de los bienes nacionales objeto de la expropiación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil uno.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo:
Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes (rúbrica), vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández (rúbrica), Víctor Antonio García Dávila, Juan Carlos Regis Adame.
(Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Octubre 25 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO PATIÑO CARDONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2001
Consideraciones
El que suscribe, en mi carácter de diputado federal y miembro de la Comisión de Transportes de esta honorable Cámara, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre la decisión del Secretario de Comunicaciones y Transportes para que sea Texcoco el sitio donde se construya el nuevo aeropuerto de la ciudad de México
Pedro Cerisola, secretario de Comunicaciones y Transportes, finalmente anunció su comprometida decisión de que sea Texcoco el sitio en que se construirá el nuevo aeropuerto de la ciudad de México.
Decisión arbitraria, a consecuencia de una interpretación dolosa, parcial y de aplicación segmentada del estudio que realizó el Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA).
En el colmo de la arrogancia y desacato, Pedro Cerisola asume una decisión que es competencia exclusiva del titular del Ejecutivo federal, Vicente Fox, por lo que al no estar avalada con su firma, resulta un pronunciamiento que a nadie puede obligar, según precisa el artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el desenfreno de su autoritarismo, nuestro flamante Secretario de Comunicaciones y Transportes dejó de lado la intervención de las otras dependencias, cuyas facultades y atribuciones les señala la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los artículos 27, 31, 32 y 32 Bis.
Pregunto a ustedes, compañeras y compañeros diputados:
¿En dónde está el dictamen y/o acuerdo del Secretario de Gobernación, respecto a las evaluaciones de política poblacional y de protección civil, tratándose de riesgos a los usuarios por cenizas volcánicas, inundaciones, contingencia por mecánica de suelos, niebla e impactos ambientales negativos a la salud pública por aguas residuales?
¿Qué medidas de seguridad ha dictaminado este funcionario, en términos de concentración y cercanía de los centros de Texcoco y el Distrito Federal, para prever su seguridad en el caso de atentados terroristas, que hoy sabemos se ciernen sobre el mundo y las naciones?
¿En dónde está el dictamen y/o acuerdo del Secretario de Hacienda y Crédito Público, previendo las repercusiones que se ocasionarán a los ingresos del Distrito Federal, una vez que con la decisión de Texcoco desaparezca el actual aeropuerto de la ciudad de México?
¿En dónde está el informe de este funcionario, respecto al costo del proyecto del PUMA y las partidas afectadas y autorizadas para su pago?
¿En dónde está el estudio obligado de la Secretaría de Desarrollo Social, respecto a distribución, ordenación y desarrollo de los nuevos centros de población que se crearán con la decisión de Texcoco?
¿En dónde está el estudio y dictamen del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que funde y motive los criterios que se adoptaron para el estudio de factibilidad ambiental, mecánica de suelos, repercusiones en el sistema hidrológico del Valle de México, requerimientos de dotación de agua para los nuevos centros de población que se formen y para los servicios del nuevo aeropuerto internacional que se construya?
En el caso de la flora y la fauna silvestre, ¿cuáles son los criterios que este funcionario consideró para la evaluación de riesgos por contingencia de las aves migratorias, y de qué manera se respetan los compromisos internacionales adquiridos por México, respecto a la afectación del hábitat de las aves migrantes consideradas patrimonio de la humanidad?
Pero aún hay más: Pedro Cerisola toma una decisión pasando por alto lo acordado por esta soberanía, en el punto de acuerdo del 27 de abril del año en curso, indicándole:
"Considere abstenerse de emitir decisión alguna para determinar el sitio en que se ubicará dicho aeropuerto, hasta en tanto comparezca e informe a esta Cámara de Diputados sobre la planeación prevista para el desarrollo del proyecto, se conozcan las propuestas de los gobiernos de los estados involucrados y los procedimientos para la participación ciudadana".
Así, y a pesar de que el Presidente de la Comisión de Transportes de esta Cámara, en escrito del 15 de mayo del año en curso, al tiempo que le notifica el punto de acuerdo, también le solicita su comparecencia y no obstante ello, sin cumplir el pedimento legislativo, anuncia su decisión a favor de Texcoco, siendo evidente que incurre en otro desacato constitucional, ahora al segundo párrafo del artículo 93 de nuestra Ley Suprema.
Petición de comparecencia cuyo cumplimiento no es decisión graciosa del Secretario de Comunicaciones y Transportes, ya que va precedida de la facultad fiscalizadora de la federación que a esta Cámara de Diputados encomienda la Carta Magna en el tercer párrafo de la fracción primera de su artículo 79.
Grave y preocupante resulta que el Titular del Ejecutivo federal, permita que uno de sus colaboradores se conduzca contrariamente a lo que ordenan los preceptos constitucionales, en atropello al principio de legalidad, y que desacate el pedimento de la soberanía de esta Cámara de Diputados.
Esta violación constante de los preceptos constitucionales en los actos de Pedro Cerisola, considero, nos obligan a poner un hasta aquí a tanta frivolidad y burla.
En nuestro país rige un Estado de derecho, no una monarquía, no una dictadura.
Si al Titular del Ejecutivo federal y a sus secretarios de Estado, se les ha olvidado que originalmente el pueblo de México ha depositado su mandato en un Gobierno Federal, que coexiste con los otros dos poderes y que entre sí se merecen respeto y la obediencia que la ley les señala, ejerzamos el recurso constitucional, que encauce sus actos a la legalidad.
Si para Pedro Cerisola y el Presidente de la República, sus decisiones son muy personales, a los diputados nos toca ejercer la muy estrecha vigilancia para revisar y promover que sus actos se ajusten estrictamente a la legalidad, llegando incluso a recurrir a la intervención del tercer poder de la Federación, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para ello propongo el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda turnar este asunto a la Comisión de Comunicaciones y a la Comisión de Transportes, con el objeto de que estudien las posibles violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Planeación, a la Ley General Bienes Nacionales y demás ordenamientos aplicables, y de confirmarse estas violaciones, dicha Comisión proponga al pleno de las medidas legales procedentes.
Segundo. En su estudio las comisiones unidas deberán hacerse llegar los elementos de naturaleza jurídica, técnicos, en materia de desarrollo urbano, así como económicos, respecto al impacto que causará el cierre del actual aeropuerto a la Federación y al Distrito Federal.
Tercero. La Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política, 53, 58 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80 de la Ley de Planeación, acuerda citar en comparecencia a Pedro Cerisola y Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes, con el propósito de que informe al pleno sobre los fundamentos y motivos, así como los aspectos de planeación nacional, que llevaron al Gobierno federal a tomar la decisión de construir el nuevo aeropuerto en el municipio de Texcoco.
Cuarto.- Dado que, según información periodística, el estudio del PUMA tuvo un costo de catorce millones de pesos, y que dicho costo forma parte de la cuenta pública que en este período corresponde a esta Cámara revisar, con fundamento en los artículos 39, fracciones XVII y XXV, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone, además:
Que en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, se constituya una comisión especial, integrada con especialistas de otras instituciones de investigación y enseñanza superior, que no hayan participado en el estudio del PUMA ni en los grupos de trabajo de los estados involucrados, para que evalúe y dé su opinión imparcial respecto a sí los términos de referencia del mencionado estudio, se apegan a la normatividad señalada oficialmente y si éstos son suficientes para tomar la decisión del sitio apropiado para la construcción del nuevo aeropuerto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de octubre de 2001.
Diputado Francisco Patiño Cardona (rúbrica).
(Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público y Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.
Octubre 25 de 2001.)
Acta de la sexta reunión de trabajo plenaria de la Comisión de Energía llevada a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro a las 10:00 horas del día 20 de junio de dos mil uno.
Presidencia del diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo
Siendo las diez horas con veinte minutos del día veinte de junio del año dos mil uno, el ciudadano diputado Presidente da inicio a la sexta reunión de trabajo de la Comisión de Energía, contando, para el efecto, con la asistencia de diecisiete legisladores.
El diputado Juan Camilo Mouriño declara instalada la reunión y expone el orden del día, mismo que contiene los siguientes puntos: Primero, registro de asistencia y declaración de quórum; segundo, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; tercero, correspondencia y resolución de asuntos turnados; cuarto, asuntos generales.
A continuación, el secretario diputado Noé Navarrete González procede a la lectura del acta de la sesión anterior, a cuya conclusión el diputado Presidente solicita a los presentes que si hubiese alguna observación o comentario, se exprese a fin de que se incluya en la misma.
Al respecto, el diputado José María Rivera Cabello señala errores tipográficos en el acta, después de lo cual y no habiendo más observaciones, se consulta a los presentes si es de aprobarse el acta de la sesión anterior con las correcciones señaladas por el diputado Rivera, a lo cual se responde, en votación económica, en sentido afirmativo.
Al abordar el tercer punto del orden del día, el diputado presidente da a conocer los asuntos agendados y se someten a la consideración de los asistentes.
Primero: dictamen al punto de acuerdo para que el Presidente de la República reconsidere el nombramiento de cuatro empresarios para formar parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Una vez leído el proyecto de dictamen, se solicita se externen comentarios al mismo. Sin observaciones, se somete a votación económica, dándose por aprobado.
Segundo: anteproyecto de dictamen al punto de acuerdo para que se establezca la tarifa 1F. Una vez que es leído el documento, se solicita a los presentes observaciones al mismo. Toma la palabra el diputado Javier Julián Castañeda, quien se manifiesta en contra del anteproyecto de dictamen y propone se dé más tiempo para el análisis de la propuesta. Después de que los diputados Marco Antonio Dávila Montesinos, Jaime Aceves Pérez, Narciso Amador Leal, José María Rivera Cabello y Mauricio Candiani Galaz hicieron uso de la palabra, se decidió en votación económica que el grupo de trabajo que analiza la propuesta, reconsidere el proyecto de dictamen y adicione las modificaciones que sus integrantes consideren convenientes.
Tercero: comunicado al diputado Ricardo García Cervantes para que comparezcan los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y el de Petróleos Mexicanos. Una vez leído el comunicado, el diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo menciona la inminencia de un esquema de las dependencias antes mencionadas para resolver esta situación. Ante el acuerdo de los diputados asistentes, el documento se aprueba por unanimidad.
A continuación se da lectura a la carta del director general de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero Alfredo Elías Ayub, en la cual da a conocer las razones de su ausencia en esta reunión, cuya presentación estaba prevista. El diputado Mouriño Terrazo propone a continuación dos opciones para sostener la próxima reunión de la Comisión de Energía, en la cual se consideraría la presencia del ingeniero Elías Ayub. Se toma el parecer de los diputados presentes, quienes deciden mayoritariamente se realice el segundo miércoles del mes de julio.
Finalmente, el Presidente recuerda a los asistentes la integración de las comisiones y grupos de trabajo. En este orden de cosas, la diputada María del Rosario Tapia Medina expuso el recuento de las actividades del grupo observador de la auditoría a la planta nuclear de Laguna Verde. Así mismo, se dio a conocer a los asistentes los próximos viajes de trabajo a realizar y se pidió exteriorizaran su propósito de asistir a los mismos.
Finalmente, siendo las doce horas con cincuenta minutos, se da por concluida la reunión.
México, DF, a 11 de julio de 2001.
La Mesa Directiva de la Comisión de Energía
Diputados: Juan Camilo Mouriño Terrazo (rúbrica),
Presidente; Roque Joaquín Gracia Sánchez (rúbrica),
secretario; Noe Navarrete González (rúbrica), secretario;
Marco Antonio Dávila Montesinos (rúbrica), secretario; Rosario
Tapia Medina (rúbrica), secretaria.
DE LA COMISION DE SALUD, DE SU DECIMOSEXTA SESION DE MESA DIRECTIVA, CELEBRADA EL MIERCOLES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2001
Acta de la decimosexta sesión de Mesa Directiva 19 de septiembre del año 2001
Siendo las once horas del día diecinueve del mes de septiembre del año dos mil uno, da inicio la sesión de Mesa Directiva de la Comisión de Salud en la sala de juntas de sus propias instalaciones ubicadas en esta H. Cámara de Diputados, bajo el siguiente orden del día:
1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
4.- Análisis de los anteproyectos de dictamen.
5.- Asuntos generales.
La diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón da la bienvenida a la sesión a los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Salud, procediendo a desahogar el correspondiente orden del día.
1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.
Se da cuenta del registro de asistencia encontrándose presente la diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón, diputada secretaria Adela del Carmen Graniel Campos, diputado secretario Rafael Orozco Martínez, diputado secretario Héctor Esquiliano Solís, diputado secretario Eduardo Abraham Leines Barrera, secretario técnico Lic. Ricardo Avila Ballesteros, asesor jurídico Lic. Eduardo García Valencia y el asesor médico Dr. Horacio García Romero.
La diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón declara quórum legal en virtud de que se encuentran todos los miembros de la Mesa Directiva.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden día.
Como siguiente punto del orden del día, la diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón somete a consideración la aprobación del orden del día correspondiente para el desarrollo de la sesión.
Aprobado.
3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
En virtud de que el acta correspondiente a la decimoquinta sesión de Mesa Directiva, de fecha 22 de agosto del 2001 fue enviada el pasado 17 de septiembre, a cada uno de sus integrantes para su conocimiento, revisión y en su caso aprobación, se solicita la dispensa de la lectura correspondiente.
Aprobado.
Como siguiente punto del orden del día la diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón da lectura al mismo.
4.- Análisis de los anteproyectos de dictamen.
Se somete a consideración de los Diputados integrantes de la Mesa Directiva cuatro anteproyectos de dictamen que a continuación se detallan:
Primera Subcomisión "Administración de Salud"
Expediente 3.- Psicotrópicos
Reformas a la Ley General de Salud, en materia de psicotrópicos.
Segunda Subcomisión "Medicina Preventiva o Prevención
Primaria"
Expediente 2.- Contaminación Peñoles.
Puntos de Acuerdo del 23 de noviembre y del 7 de diciembre
del 2000 (Peñoles , Torreón).
Expediente 16.- Ley de Regulación y Control de
Alimentos, Suplementos y Bebidas no Alcohólicas.
Punto de Acuerdo en Materia de Regulación y Control
de Alimentos, Suplementos y Bebidas no Alcohólicas.
Tercera Subcomisión "Asistencia Médica"
Expediente 15.- Derechos de los Enfermos de VIH/SIDA.
Punto de Acuerdo por el que propone la no discriminación
a los enfermos de SIDA.
Acto seguido la diputada Presidenta solicita la intervención de los asesores de la Comisión, a efecto de explicar cada uno de los anteproyectos así como de los resolutivos de los mismos. Posteriormente los diputados de la Mesa Directiva manifestaron lo siguiente: El diputado Abraham Leines Barrera comentó que en relación al asunto de la contaminación de Peñoles, el Gobernador del estado de Coahuila debería de resolver la problemática presentada así como la Cámara de origen de dicho estado, sugiriendo que es necesario que también tenga conocimiento la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca y la Secretaría de Salud, argumentando que es necesario tener una plática con los representantes de la empresa Mex Peñoles a fin de conocer las acciones realizadas por la misma.
La diputada Presidenta María Eugenia Galván comentó que se tomen en cuenta las consideraciones del diputado Leines a fin de agendar reunión o visita de trabajo con los representantes de la empresa de referencia, con el objeto de conocer las acciones realizadas por la misma, en beneficio de la salud de la población afectada y protección al medio ambiente.
Los diputados integrantes de la Mesa Directiva manifestaron su conformidad con las opiniones vertidas por la diputada María Eugenia Galván y el diputado Eduardo Abraham Leines Barrera.
Por su parte la diputada Adela del Carmen Graniel en relación al anteproyecto de los derechos de los enfermos de VIH/SIDA manifestó que es necesario tomar en consideración este asunto para pedir más presupuesto en este rubro, a lo que el diputado Abraham Leines manifesto su conformidad con este punto.
Por su parte el diputado Rafael Orozco Martínez manifiesta su conformidad con los anteproyectos presentados en esa reunión.
Los diputados integrantes de la Mesa Directiva acordaron el envío de los documentos antes analizados a sus respectivas subcomisiones con el fin de coadyuvar en el ejercicio de sus funciones legislativas.
Aprobado.
5.- Asuntos generales.
Como último punto del orden del día se trataron siete asuntos generales de la Comisión, la diputada Presidenta dio lectura a cada uno de los mismos consistentes en:
B) Informe anual de actividades del primer año de ejercicio del periodo septiembre de 2000 agosto de 2001.
C) Informe del viaje a Francia.
D) Elaboración del tríptico de actividades del primer año de ejercicio del periodo septiembre de 2000 - agosto de 2001.
E) Se informa de los siguientes foros:
Seminario: "La Reforma Fiscal y su impacto en las Instituciones de Salud", 25 de septiembre 16:00 horas, en el auditorio norte, ubicado en el edificio "A", segundo nivel.
Foro: "Implicaciones Médicas y Jurídicas de la Reproducción Asistida", 10 de octubre 10:00 horas en el salón Legisladores de la República (salón Verde), ubicado en el edificio "A", segundo nivel.
F) Se informa de la comparecencia del Dr. Julio Frenk Mora, secretario de Salud, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 21 de septiembre del presente año, en el salón legisladores de la república (salón verde).
G) Información de anteproyectos turnados a comisiones unidas.
La diputada Presidenta María Eugenia Galván solicita de los diputados de la Mesa Directiva su colaboración y participación en los foros del 25 de septiembre y 10 de octubre respectivamente en los que se tratarán los temas de "La Reforma Fiscal y su impacto en las Instituciones de Salud" e "Implicaciones Médicas y Jurídicas de la Reproducción Asistida", eventos que tienen por objeto escuchar a diversos sectores en materia de salud, para que los legisladores integrantes de la Comisión cuenten con el conocimiento y la información actualizada en esas materias.
En relación al último asunto relativo a la información de anteproyectos turnados a Comisiones Unidas, los Diputados de la Mesa Directiva acordaron que los mismos se comunicarán a las respetivas comisiones con el fin de acelerar el trabajo en dichas Comisiones.
No habiendo más asuntos que tratar, la diputada Presidenta agradece la participación y asistencia de los diputados y del cuerpo técnico de la Comisión, y declara concluida la sesión de la Mesa Directiva siendo las catorce horas con treinta minutos del día diecinueve del mes de septiembre del año dos mil uno.
Diputados: Ma. Eugenia Galván Antillón,
Presidenta (rúbrica); Rafael Orozco Martínez, secretario
(rúbrica); Héctor Esquiliano Solís, secretario (rúbrica);
Eduardo A. Leines Barrera, secretario (rúbrica); Adela del C. Graniel
Campos, secretaria (rúbrica).
DE LA COMISION DE MARINA, DE SU REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL MIERCOLES 3 DE OCTUBRE DE 2001
Acta de la reunión de la Comisión de Marina, celebrada el miércoles tres de octubre del año dos mil uno, correspondiente al ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia del diputado César Patricio Reyes Roel
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del día miércoles tres de octubre del año dos mil uno en el salón de usos múltiples del edificio D, planta baja, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con la asistencia de dieciocho legisladores, el Presidente de la Comisión de Marina, diputado César Patricio Reyes Roel declara abierta la sesión.
El secretario, diputado Julio López Lizárraga, da lectura al orden del día, se aprueba y se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, en razón de que fue turnado con anterioridad.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y en su caso aprobación del acta de
la sesión anterior.
4. Presentación del coordinador de enlace de la
Secretaría de Marina-Armada de México con el Congreso, Capitán
de Navío C.G. DEM Horacio Fourzan Esperón.
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
del proyecto de dictamen respecto de la iniciativa de Ley para la Comprobación,
Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México, presentada
en la LVII Legislatura, a cargo del diputado Julio Lizárraga López
coordinador de la Subcomisión de Dictamen.
6. Análisis, discusión y en su caso, aprobación
del proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo
para que se realice un viaje de legisladores a las islas Clarión,
presentada en la LVII Legislatura, elaborado por el Dip. Julio Lizárraga
López.
7. Informe de la Subcomisión de Presupuesto, a
cargo del diputado Julio Lizárraga López, coordinador de
la Subcomisión.
8. Informe relativo a las gestiones realizadas en la
Bahía de Guaymas, Sonora, para descontaminar y limpiar dicha bahía,
a cargo del diputado Vicente Pacheco Castañeda.
9. Informe de la Subcomisión de Estudio del Estado
que Guarda la Marina Mercante Nacional, a cargo del diputado José
Tomás Lozano y Pardinas.
10. Presentación y aportaciones al proyecto del
plan de trabajo 2001-2002.
11. Reunión de análisis del informe y proyectos
de inversión de la Secretaría de Marina-Armada de México
con el C. Almirante C.G. DEM. Marco Antonio Peyrot González, secretario
de Marina, para el día veinticuatro de octubre del presente.
12. Asuntos generales.
Siguiendo con el orden del día el Presidente de la Comisión de Marina, César Patricio Reyes Roel, presenta al coordinador de enlace de la Secretaría de Marina-Armada de México con el Congreso, Capitán de Navío C.G. DEM Horacio Fourzan Esperón, mismo que se pone a las órdenes de la Comisión.
Terminada la presentación se procede al punto cinco en el orden del día que es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen respecto de la iniciativa de Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México, presentada en la LVII Legislatura, a cargo del diputado Julio Lizárraga López coordinador de la Subcomisión de Dictamen, quien enseguida da lectura al dictamen para concluir de la siguiente manera:
Primero: No es de aprobarse la iniciativa de decreto que adiciona un inciso f) al artículo vigesimoprimero de la Ley de Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México, presentada el veintiocho de abril del año dos mil.
Segundo: Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Enseguida el diputado General Alfredo Ochoa Toledo comenta que está de acuerdo con este dictamen, que en realidad el diputado César Lonche Castellanos de la LVII Legislatura, del Partido Acción Nacional, con la buena fe por haber considerado el trabajo que realizaban elementos de la Secretaría de Marina, quiso hacer un reconocimiento de ellos y aumentar el inciso c) al artículo veintiuno de la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México.
Pero sería injusto que nada más sería a la Secretaría de Marina y no a la Secretaría de la Defensa, y también sería injusto que se dieran a la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa y no a los que integran la defensa civil, por decir algo, los cuerpos voluntarios que pueden realizar hechos heroicos.
Insta a que después de analizarlo y si están ustedes de acuerdo, que den su voz positiva hacia este dictamen.
El diputado José Alfredo Botello comenta que se aprecia claramente el espíritu de reconocimiento a la altruista labor, independientemente de la obligación que como trabajo tienen las gentes que están en la Armada de México, en esas labores de protección civil que realizan y que incluso están muy vigentes con los acontecimientos internacionales y también del propio país, que ha sido azotado ahora por el huracán en Baja California.
No está de acuerdo en cuanto a hacer el referente al ejército.
El diputado Rodolfo Escudero expone que podría pensarse en la parte de funcionarios públicos, otro honor diferente pero que equivalga, para el mismo honor y otro para civiles. No cree que deba mezclarse uno para todos, sino cada uno en su ramo.
El diputado César Patricio Reyes Roel aclara que hay un decreto ya que dice, decreto por el que se adiciona el artículo 6 y se recorre el número de diversos capítulos, así como algunos artículos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, donde ya se considera lo mencionando, que ya está por aprobarse el premio de antigüedad al servicio público.
El diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez enuncia que no se puede hacer más de lo que se contempla en esta iniciativa, por ser de la Legislatura pasada. Pide el apoyo para este dictamen porque es sobre una iniciativa ya presentada con anterioridad.
El diputado César Patricio Reyes Roel pide al compañero secretario General Vallarta que proceda a la votación de la misma.
El diputado José Alvaro Vallarta Ceceña consulta la aprobación, mismo que se da por unanimidad.
El diputado César Patricio Reyes Roel pone a consideración el siguiente punto que es el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo, para que se realice un viaje de legisladores a las islas Clarión, presentada en la LVII Legislatura, elaborado por el diputado Lizárraga.
El diputado Alvaro Vallarta Ceceña da lectura al dictamen y concluye que no se considera el viaje a las islas Clarión en virtud de que la Armada de México es la institución militar nacional encargada de ejercer la jurisdicción naval militar en nombre de la Federación en las islas referidas.
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Marina, Defensa Nacional, Ecología y Medio Ambiente y Pesca, resuelven:
Téngase por cumplimentada la proposición del punto de acuerdo en términos del considerando séptimo de esta resolución, y archívese este asunto como totalmente concluido.
El Presidente solicita que se proceda a la votación de la misma.
El C. Diputado José Alvaro Vallarta Ceceña consulta la aprobación, misma que se da por unanimidad.
Al respecto el Capitán Fourzan comenta que las isla s Clarión tiene un valor estratégico para la armada, ya que es el jirón de patria más alejado de la costa, que se tiene en ambos litorales y permite extender la presencia en un mar territorial y en una zona económica exclusiva de aprovechamiento expreso para el país, se reconoce internacionalmente como el corredor del atún. El corredor del atún maneja 2 especies pelágicas, que son el atún alta amarilla y el bonito.
En el concepto de la permanencia de la armada en el área de las islas Clarión, es un apostadero, se tiene normalmente un promedio de setenta a ochenta elementos, la presencia es básicamente para mantener el marco constitucional en el área y la perseverancia de territorialidad en el lugar.
A continuación, el Presidente abre el siguiente punto en el orden del día, que es el informe de la Subcomisión de Presupuesto, a cargo del diputado Julio Lizárraga López, coordinador de la Subcomisión.
El diputado Julio César Lizárraga López da lectura al segundo informe de la Subcomisión encargada de elaborar propuesta para el incremento de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 en el rubro de la Secretaría de Marina, informe que se da por reproducido a los integrantes de la comisión.
El C. diputado Rufino Rodríguez Cabrera comenta que es conveniente señalar que el informe es del coordinador, mas no de la Subcomisión propiamente.
Enseguida el diputado César Reyes, dentro del orden del día señala que una de las misiones que tiene la Secretaría de Marina es la producción de la ecología en el mar, el evitar o tratar de controlar los vertimientos en las aguas marinas y que el diputado Vicente Pacheco Castañeda, del estado de Sonora ha estado de parte de la presidencia de la Comisión de Marina participando en unos trabajos tendientes a apoyar de parte de la Cámara de Diputados lo que se puede hacer para que se inicien los trabajos de descontaminación de la Bahía de Guaymas, Sonora que es una bahía que tiene algunas complicaciones respecto de vertimientos de aguas negras, pero también de vertimientos industriales. En tal virtud, el diputado Vicente Pacheco, presenta el informe relativo a las gestiones realizadas respecto de la Bahía de Guaymas, Sonora para descontaminarla y limpiarla. Informe que se da por reproducido a los integrantes de la Comisión.
La diputada Mercedes Hernández Rojas cuestiona si no cuentan con la Dirección de Ecología en el municipio que regule y norme todas esas empresas que se instalan, exigiéndoles que haya plantas procesadoras para desechos, etcétera.
El diputado Vicente Pacheco Castañeda responde que está perfectamente reglamentado, lo que sucede es que estas empresas están instaladas desde hace treinta, cuarenta o cincuenta años, el otro problema es que se presenta es que en Guaymas hay problemas de empleo, entonces las principales fuentes de producción, los principales empleadores que hay aquí en la bahía son precisamente las empresas que están asentadas en la rivera de la bahía, una alternativa es presentarles algún cuadro, algún diagnóstico.
El diputado Rufino Rodríguez Cabrera señala que tiene sus limitaciones la autoridad municipal, en muchas ocasiones con su ley orgánica, se enfrenta con que sancionan, pero luego viene la autoridad federal y resuelve y siguen trabajando.
Cree que si como está planteado, es un asunto de largo plazo, que la solución definitiva, es la reubicación de esas empresas, que habría que explorar en esa dirección. Habría que buscar esquemas que permitan financiamiento, sección fiscal. Algo más complejo, más completo tal vez, pero que puede ser una solución más de fondo en un tiempo perentorio.
El diputado Neftalí Salvador Escobedo felicita al Dip. Vicente Pacheco por el trabajo que realizó y está de acuerdo que se van a amparar, pero al final de cuentas están en contra de la ley y van a perder el amparo y lo saben perfectamente.
Aclara que los principales organismos que contaminan están involucrados: Pemex, Comisión Federal, el Organismo Operador de Agua Potable, es el mismo gobierno que está propiciando esta situación. Señala que hay que aplicar la norma, porque si se amparan, como es una situación legal, se les va a ganar. Independientemente de la conciliación.
El C. diputado Vicente Pacheco Castañeda señala que lo más grave de este asunto es que precisamente el funcionario estatal encargado de la Profepa ha sido citado a las reuniones y no ha ido. Entonces, habrá que pedir su destitución.
El C. Presidente manifiesta que se va a transmitir a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el trabajo que parte de la Comisión de Marina está haciendo.
Continúa con el punto nueve del orden del día, que es el informe de la Subcomisión Plural para el Estudio del Estado que Guarda la Marina Mercante Nacional, a cargo del diputado José Tomás Lozano y Pardinas.
El C. diputado José Tomás Lozano y Pardinas procede a la lectura del informe que se da por reproducido a los integrantes de la Comisión de Marina.
El punto más relevante, es que dada la información proporcionada por la Comisión de Marina y esta Subcomisión a la Coordinación de Marina Mercante y Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue creado el Consejo Consultivo para reactivar la marina mercante mexicana, esto se debió a la gran presión que existió por parte de la Comisión y las partes que intervienen en la marina mercante.
Enseguida el C. diputado César Reyes Roel comenta la normatividad que dice que cuando hay licitaciones de carácter nacional no se pueden hacer contratos en moneda extranjera. Aquí el problema es que la mayoría de la actividad económica de quienes tienen relación comercial con Pemex, es en dólares.
Señala que se ha contactado con Secodam quien emitió un oficio para este ordenamiento y dijeron que esto venía de la Secretaría de Hacienda, menciona que se esta rastreando al funcionario responsable de esto para ver si se puede colaborar de alguna manera con la gente de la marina mercante para facilitar el trabajo de contratación. Lo grave aquí no es tanto que les paguen en pesos o que les paguen en dólares, sino que si en un contrato de fletamento o en un contrato de renta no aparece el ingreso en dólares por parte del armador, entonces no tiene capacidad de financiamiento por parte de Bancomext. O sea, ellos mismos, en el mismo gobierno les están poniendo los candados. Entonces se esta buscando la manera de destrabar este asunto como se aparecen de repente otros por un exceso de normatividad, se anda cerca de encontrar al funcionario de hacienda que emitió el juicio respecto de esto.
Continúa con la presentación de un proyecto de ley para la reactivación de la marina mercante. Que ha sido elaborado pensando en la creación de instrumentos que incidan en el cumplimiento de los objetivos que como comisión se ha planteado respecto de la situación que enfrenta el sector marítimo.
Finalmente en el punto diez presenta el proyecto del programa anual de trabajo dos mil uno, dos mil dos, en cumplimiento con lo establecido en el artículo cuarenta y cinco, numeral seis inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo segundo inciso a), duodécimo inciso c) del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la H. Cámara de Diputados y de conformidad del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el Ejercicio de los Presupuestos Operativos Asignados a las Comisiones, aprobado por la Junta de Coordinación Política, se propone al pleno de la Comisión el programa de actividades de la Comisión de Marina de la H. Cámara de Diputados de la LVII Legislatura de acuerdo con las facultades y la competencia conferidas a esta comisión por las disposiciones constitucionales y reglamentarias.
Finalmente, invita a todos los diputados a la reunión de análisis del informe y proyectos de inversión de la Secretaría de Marina-Armada de México con el señor secretario Almirante del Cuerpo General del Estado Mayor, Marco Antonio Peyrot González, titular de la Secretaría de Marina para el veinticuatro de octubre del presente año.
Comenta que es un evento muy relevante para la Comisión de Marina, porque ordinariamente no se conseguía que los secretarios de estas fuerzas armadas pudieran venir a platicar con los miembros del Poder Legislativo y hoy se invita a que todos asistan para que enteren de cómo se está trabajando en la Secretaría de Marina, de cuáles son sus proyectos de crecimiento y cómo se podría apoyarlos en los próximos trabajos de presupuesto.
En ese sentido enuncia que mediante oficio número novecientos noventa y tres del diecisiete de septiembre, la Mesa directiva de esta Comisión acordó nombrar al diputado José Alfredo Botello Montes como coordinador de la Subcomisión de Análisis del Informe de la Secretaría de Marina para dar cumplimiento al artículo noventa y tres constitucional. Pide al secretario consulte la integración de la misma.
El C. secretario diputado Julio Lizárraga López consulta la integración, misma que queda de la siguiente manera:
Coordinador de la Subcomisión de Análisis del Informe de la Secretaría de Marina para dar cumplimiento al artículo noventa y tres constitucional, diputado José Alfredo Botello Montes. Integrantes diputado Héctor Esquiliano Solís y diputado Manuel Arturo Narváez Narváez.
No existiendo asuntos pendientes que tratar se levanta la sesión siendo las trece horas con siete minutos y se acuerda citar posteriormente a los miembros de la Mesa Directiva para definir el orden del día de la próxima reunión.
La Mesa Directiva
Dip. César Patricio Reyes Roel (rúbrica)
Presidente
Dip. Julio C. Lizárraga López (rúbrica)
Secretario
Dip. Gral. Alvaro Vallarta Ceceña (rúbrica)
Secretario
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA DE SU REUNION REALIZADA EL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2001
Acta de la sesión del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública celebrada el día 16 de octubre de 2001.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Ciudad de México, siendo las diez horas, del día 16 de octubre de 2001, se reunieron en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer piso, los CC. Diputados miembros del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la LVIII Legislatura, de la H. Cámara de Diputados, a efecto de llevar a cabo la reunión de trabajo conforme al siguiente:
Orden del Día
1 . Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso aprobación de la convocatoria
para la selección e integración del Centro de Estudios.
4. Reunión de presentación del Comité
y del Centro de Estudios.
5. Asuntos generales
1.- Pase de lista y verificación del quórum.
Una vez verificada la asistencia de la mayoría de los integrantes del Comité, se declaró que existía quórum para celebrar la reunión.
2.- Lectura y aprobación del orden del día.
A solicitud del diputado José Antonio Hernández Fraguas, Presidente del Comité, el secretario del mismo, diputado Eduardo Rivera Pérez, puso a consideración el orden del día, aprobándose en votación económica.
3.- Lectura y en su caso aprobación de la convocatoria para la selección e integración del Centro de Estudios.
El diputado Presidente, comenta que por acuerdo de la Junta de Apoyo Administrativo, al Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública le corresponde aprobar la convocatoria para la selección e integración del Centro de Estudios, dando lectura a la propuesta de convocatoria anexa. No habiendo ningún comentario, el diputado Presidente puso a consideración del Comité el proyecto de convocatoria, aprobándose en votación económica.
Convocatoria
Al concurso de oposición abierto para ocupar puestos del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 49, fracción III, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a los acuerdos parlamentarios que crean e integran el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados, el 7 de noviembre de 2000 y el 30 de abril de 2001, respectivamente, y al acuerdo por el que se determina el procedimiento para el reclutamiento y selección y, en su caso, designación de funcionarios que ocupen las plazas de directores de proyecto e investigadores adscritos a los Centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Sociales y de Opinión Pública y de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas y con base en la solicitud del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias para proveer el trámite administrativo para la contratación de personal que formará parte del servicio de investigación adscrito a dicho Centro, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Recursos Humanos
Convoca
Al concurso de oposición abierto para ocupar dos puestos de director de proyecto y cuatro de investigador "A"
Requisitos Generales
Los aspirantes serán sometidos a un proceso de preselección para determinar que se acreditan los requisitos de la presente convocatoria y se sujetarán a una evaluación de carácter técnico y otra de carácter psicométrico.
Un jurado calificador, cuyo nombramiento recaerá en personas de reconocido prestigio profesional o académico en el área de derecho e investigación parlamentaria, revisará los expedientes de los candidatos y realizará las pruebas que considere pertinentes para la selección de los aspirantes.
Las inscripciones se llevarán a cabo en el Centro de Capacitación de la Cámara de Diputados, ubicado en el Palacio Legislativo (Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, CP 15969), edificio F, planta baja, del 23 al 25 de octubre del año en curso, en un horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Para mayor información comuníquese al teléfono 5628 1300, extensión 4245 o 4265.
Palacio Legislativo, octubre de 2001.
Atentamente
Lic. Alfredo del Valle Espinosa
Secretario de Servicios Parlamentarios
Lic. Enrique Lozano Botello
Director General de Recursos Humanos
4.- Reunión de presentación del Comité y del Centro de estudios.
En uso de la palabra la diputada Alma Carolina Viggiano Austria y el diputado Heriberto Huicochea Vásquez, comentaron el proyecto de reunión de trabajo en la que se presentará formalmente al Comité y al Centro de Estudios tomándose los siguientes acuerdos:
b) Se invitará a los presidentes de las comisiones de la LVIII legislatura de la H. Cámara de Diputados; a los directores de las universidades o institutos de educación superior afiliados a la ANUIES y a la FMIPES; a los presidentes de los Congresos de los estados; a los institutos de investigaciones sociales; a las empresas dedicadas al sondeo de la opinión pública; a investigadores y los coordinadores de los grupos parlamentarios de la H. Cámara de Diputados.
c) La organización de este evento será responsabilidad de los diputados José Antonio Hernández Fraguas, Carolina Viggiano Austria, Heriberto Huicochea Vásquez, Eduardo Rivera Pérez y Rufino Rodríguez Cabrera, con el apoyo de la Secretaría técnica del Comité.
Pasando al tema de asuntos generales, en uso de la palabra el diputado Eduardo Rivera Pérez expone de los avances de la programación de un diplomado en coordinación con el CIDE, por lo que se acuerda que se continúe en las pláticas preparatorias y se continúe informando a este Comité.
El Presidente de la Comisión, diputado José Antonio Hernández Fraguas, señala que se ha desahogado el orden del día, por lo que agradece la presencia de los diputados, solicitándoles antes de retirarse, firmar la convocatoria aprobada. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión.
Diputados: José Antonio Hernández
Fraguas, Presidente (rúbrica); Alma Carolina Viggiano Austria, secretaria
(rúbrica); Eduardo Rivera Pérez, secretario (rúbrica);
Rufino Rodríguez Cabrera, secretario (rúbrica); Heriberto
Huicochea Vásquez (rúbrica), José Marcos Aguilar Moreno
(rúbrica), José Luis Novalles Arellano (rúbrica),
Esteban Daniel Martínez Pérez, Sara Figueroa Canedo, Juan
Carlos Regis Adame.
A su reunión con el presidente del INEGI, Dr. Gilberto Calvillo Vives, que se efectuará el viernes 26 de octubre, a las 9 horas, en la ciudad de Aguascalientes.
Atentamente
Dip. Irma Piñeyro Arias
Presidenta
DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL
Al Foro General de Consulta sobre la Iniciativa de Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que se realizará el viernes 26 de octubre, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República.
Orden del Día
1. Bienvenida a cargo del Dip. Gral. José Alvaro
Vallarta Ceceña, coordinador de la Subcomisión Número
Uno.
2. Intervención a nombre de la industria pirotécnica.
3. Intervención a nombre de artesanos pirotécnicos.
4. Participación de fabricantes de materiales
explosivos.
5. Participación de consumidores de materiales
explosivos.
6. Intervención a nombre de la Asociación
Nacional de la Industria Química.
7. Participación a nombre de la Asociación
Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (Canacintra).
8. Participación de dependencias de seguridad
pública.
9. Intervención a nombre de la industria minera.
10. Intervención a cargo de la Dip. Julieta Prieto
Fuhrken, coordinadora de la Subcomisión del Grupo Parlamentario
del PVEM.
11. Intervención a cargo del Dip. Alfredo Botello
Montes, coordinador de la Subcomisión del Grupo Parlamentario del
PAN.
12. Intervención a cargo del Dip. y Gral. José
Alvaro Vallarta Ceceña, coordinador de la Subcomisión.
13. Intervención a cargo del Dip. José
Elías Romero Apis, Presidente de la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos.
14. Clausura a cargo del Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo,
Presidente de la Comisión de Defensa Nacional.
Atentamente
Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo
Presidente
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A todos los sectores de la sociedad, dependencias de los gobiernos federal, estatal, municipal, empresarios, constructores, promotores, académicos, investigadores, organizaciones sociales y civiles, así como a los legisladores federales y locales y a todos aquellos involucrados en temas de vivienda y desarrollo urbano, a analizar, discutir y proponer soluciones amplias, plurales e incluyentes que incidan en la política de vivienda y el desarrollo urbano, de los estados de: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Objetivos
Tema mesa I: Marco jurídico y acción gubernamental.
Subtemas:
Subtemas:
Subtemas:
Subtemas:
Fecha: 26 y 27 de octubre de 2001.
Bases
8:30 a 9:30: Registro de asistentes
9:30 a 10:00: Inauguración
10:00 a 12:00: Conferencias magistrales
12:00 a 14:00: Mesas de trabajo
14:00 a 16:00: Comida
16:00 a 18:00: Mesa de trabajo
18:00 a 18:30: Relatoría de las primeras dos mesas
de trabajo
18:30: Salida
Segundo día:
9:00 a 11:00 Conferencias magistrales
11:00 a 14:30: Mesas de trabajo
14:30 a 15:00: Relatoría de las mesas de trabajo
15:00 a 15:30: Clausura y entrega de reconocimientos
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2001.
La Junta Directiva: Dip. José Marcos Aguilar Moreno, Presidente; Dip. Carlos Aceves del Olmo, secretario; Dip. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, secretario; Dip. Jaime Cervantes Rivera, secretario; Dip. Rubén Benjamín Félix Hays, secretario.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVIII Legislatura
Informes: Comisión de Vivienda; Av. Congreso de
la Unión No. 66, Edificio D, segundo piso, Col. El Parque,
Del. Venustiano Carranza, México DF, CP 15969; teléfono 01
(5) 6 28 13 00, extensión 1267.
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A los trabajadores afiliados y sus beneficiarios, funcionarios y personal del ISSSTE, pensionados y jubilados, académicos e investigadores al foro nacional La Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. ISSSTE: Salud Vivienda y Pensiones, que se realizará el 26 de octubre y el 9 y 23 de noviembre.
El Poder Legislativo federal considera que el derecho a la seguridad social se ha convertido en tema crucial de la agenda nacional. El análisis sobre la normatividad y funcionamiento de las instituciones de seguridad social, como lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se torna imprescindible para una sociedad que demanda cada vez más, mayor calidad en la prestación de los servicios, así como en las condiciones socioeconómicas de sus trabajadores, derechohabientes y pensionados. Por lo anterior y porque para el legislador es fundamental escuchar la opinión de sus representados y, en particular, de los sectores directamente involucrados en los asuntos que analiza, la Comisión de Seguridad Social convoca al foro nacional
La Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. ISSSTE: Salud, Vivienda y Pensiones
Temas
Tema 1. El ISSSTE en salud. Financiamiento, cobertura
y beneficios: situación actual y propuestas para su fortalecimiento.
Tema 2. FOVISSSTE. Financiamiento, cobertura y
beneficios: situación actual y retos.
Tema 3. El ISSSTE y su sistema de pensiones.
Programa
Reunión plenaria
1. Bienvenida a cargo del Lic. Miguel Gutiérrez
Beruben, delegado del ISSSTE en el estado de Jalisco.
2. Intervención y declaratoria de inauguración
por el diputado federal Cuauhtémoc Montero Esquivel, Presidente
de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados
de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión.
3. Intervención del diputado federal Ernesto Saro
Boardman, secretario de la Comisión de Seguridad Social de la LVIII
Legislatura del H. Congreso de la Unión.
4. Intervención del diputado federal Francisco
Javier López González, secretario de la Comisión de
Seguridad Social de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión.
5. Conferencias magistrales:
El régimen de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado: una visión integral.
1. Conferencia magistral: La protección de la salud
en el sistema de seguridad social.
Dr. Miguel Angel Vandick Puga, secretario general de
la sección III del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social.
2. Espacio para preguntas y respuestas.
3. Presentación de ponencias.
4. Espacio para preguntas y respuestas.
Mesa de trabajo 2
1. Conferencia magistral: El derecho constitucional de
los trabajadores a la vivienda. Maestra Claudia Puebla Cadena, Maestría
en Desarrollo Urbano por el Colegio de México, AC.
2. Espacio para preguntas y respuestas.
3. Presentación de ponencias.
4. Espacio para preguntas y respuestas.
Mesa de trabajo 3
1. Conferencia magistral: Los sistemas de pensiones hoy:
¿Las tendencias del cambio, soluciones a futuro? Lic. Alberto Briceño
Ruiz, presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social.
2. Espacio para preguntas y respuestas.
3. Presentación de ponencias.
4. Espacio para preguntas y respuestas.
Reunión plenaria
1. Declaración de clausura, a cargo del diputado
federal Cuauhtémoc Montero Esquivel, Presidente de la Comisión
de Seguridad Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión.
2. Entrega de constancias de participación.
Sedes
Guadalajara, Jalisco:
26 de octubre, edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores
del Seguro Social, sección III, Jalisco; Río Nilo número
470; Sector Reforma; Colonia San Carlos; CP 44700.
Acapulco, Guerrero:
9 de noviembre, hotel Fiesta Americana Condesa Acapulco,
Av. Costera Miguel Alemán número 97, CP 39690, Acapulco,
Gro.
México, Distrito Federal:
23 de noviembre, salón Legisladores de la República
(antes salón Verde), Palacio Legislativo de San Lázaro,
Avenida Congreso de la Unión número 66; Colonia El Parque;
CP 15969.
Bases
1. Los foros iniciarán a las 9:00 horas y se desarrollarán de la siguiente manera: con intervenciones de diputados de la Comisión de Seguridad Social y ponencias magistrales de funcionarios del ISSSTE, directivos de la FSTSE y del SNTE; tres mesas de trabajo que iniciarán con una conferencia magistral, seguida de ponencias a cargo de los participantes sobre los temas indicados.
2. Podrán participar en las mesas de trabajo quienes así lo deseen, presentando su ponencia por escrito con una extensión máxima de 10 cuartillas a doble espacio y un resumen de tres cuartillas que será leído en las mesas de trabajo. Para su publicación, la ponencia deberá presentarse en un disquete de tres y media pulgadas, en procesador de texto Word, letra arial a 12 puntos. Tiempo límite para recibir ponencias: tres días antes de la celebración de cada una de las etapas del foro.
3. Se otorgará constancia de participación.
4. Todo asunto no previsto será resuelto por la Junta Directiva de la Comisión.
Informes, inscripciones y recepción de ponencias, en la Comisión de Seguridad Social, Palacio Legislativo, Avenida Congreso de la Unión número 66; Colonia El Parque; CP 15969; Teléfono y Fax. (01) (5) 420 1875; lada sin costo 01 800 718 4291, extensiones 1220, 1221 y 1875.
Junta Directiva de la Comisión de Seguridad
Social, diputados: Cuauhtémoc Montero Esquivel, Presidente;
Samuel Aguilar Solís, secretario; Francisco López González,
secretario; Ernesto Saro Boardman, secretario; José María
Rivera Cabello, secretario.
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su séptima reunión ordinaria, el martes 30 de octubre, a las 8:30 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
Presidente
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
A su reunión plenaria de trabajo con la Asociación de Futbolistas Profesionales, el martes 30 de octubre, a las 15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Arturo Escobar y Vega
Presidente
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A su reunión de trabajo, que se efectuará el martes 30 de octubre, a las 17 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el primer piso del edificio H.
Atentamente
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A su reunión plenaria, el martes 30 de octubre, a las 17 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Miguel Gutiérrez Hernández
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A la reunión de su Junta Directiva, el lunes 30 de octubre, a las 17 horas, en el salón de usos múltiples del edificio D, planta baja.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura del orden del día.
4. Posicionamiento de los grupo parlamentarios a los
proyectos de dictamen que reforman la Ley Federal de Radio y Televisión
y la Ley General de Salud.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL DE SEGURIDAD PUBLICA
A su reunión ordinaria, que se efectuará el martes 30 de octubre, a las 11 horas, en el salón Libertadores, primer piso, edificio H.
Atentamente
Dip. Manuel Espino Barrientos
Presidente
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A los académicos, investigadores, instituciones públicas, privadas, sindicatos, cámaras, asociaciones, usuarios y a todos aquellos trabajadores de la industria de transportes, así como al público en general, a participar en el primer informe anual interactivo.
Misión
La misión del primer informe de actividades es dar a conocer en forma sintetizada las actividades realizadas durante el periodo de octubre del 2000 a octubre del 2001, además de sentar las bases para la interacción constante entre los miembros de la Comisión y académicos, investigadores, instituciones públicas, privadas, sindicatos, cámaras, asociaciones, usuarios y a todos aquellos trabajadores de la industria de transportes, así como el público en general.
Visión
Cristalizar con acciones legislativas las inquietudes, sugerencias, opiniones, proyectos y estudios de los actores involucrados en el sector de comunicaciones y transportes para juntos transformar el país y sentar las bases sólidas del desarrollo del sector.
Objetivos
1.- Conocer las distintas opiniones de cada uno de los
sectores de transportes para consolidar la agenda legislativa del sector.
2.- Recopilar la información presentada por cada
uno de los diferentes sectores de la población.
3.- Crear un banco de datos seguro y confiable de consulta.
4.- Elaborar un plan maestro para sentar las bases de
desarrollo del sector.
Fecha y Sede
31 de octubre, México, Distrito Federal, Palacio Legislativo de San Lázaro, salón Verde, 12:00 horas. Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Porque, Del. Venustiano Carranza.
La participación será de carácter individual por institución y/o dependencia.
Las propuestas se entregarán en extenso y para su lectura se presentará un resumen del mismo, que no deberá exceder de tres cuartillas a doble espacio y se deberá entregar en disquete de 3.5.
El registro de participación deberá dirigirse a la Comisión de Transportes, los registros de asistencia podrán realizarse el mismo día del informe.
Mecánica del Evento
Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente
Dip. Orestes Eugenio Pérez Cruz
Secretario (PAN)
Dip. Raúl Cervantes Andrade
Secretario (PRI)
Dip. Elías Dip Rame
Secretario (PRI)
Dip. José Rodolfo Escudero Barrera
Secretario (PVEM)
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A su reunión plenaria, el miércoles 31 de octubre, a las 16:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la reunión anterior.
4. Reporte de los foros nacionales de consulta pública
La
Vivienda, realidades y perspectivas, regiones centro y noreste organizados
por la Comisión de Vivienda.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la sesión.
Atentamente
Dip. José Marcos Aguilar Moreno
Presidente
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su reunión ordinaria, que se realizará el miércoles 7 de noviembre, a las 11 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
I. Lectura y aprobación del acta anterior.
II. Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen a iniciativas en materia del
Renave; avances del Grupo Especial de Trabajo.
III.- Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen de los puntos de acuerdo en
materia del Renave.
IV.- Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa de reformas
a la Ley Federal de Correduría Pública y a las leyes generales
de Sociedades Mercantiles; Títulos y Operaciones de Crédito
y Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, presentada
el 27 de marzo de 2001.
V.- Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional a que publique a nivel de fracción arancelaria las mercancías
que son competencia de esa Secretaría y que se encuentran sujetas
a una restricción o regulación no arancelaria a su importación
o exportación al y del territorio nacional.
VI. Informe de actividades de las subcomisiones, a cargo
de los diputados coordinadores.
VII. Informe de actividades del secretariado técnico.
VIII. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A los secretarios técnicos, secretarios particulares y asistentes de los CC. diputados, al Seminario Taller sobre Agua y Desarrollo Sustentable, que se está llevando a cabo los días miércoles de las 9:30 a las 12 horas.
Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente
DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
Al concurso de oposición abierto para ocupar puestos del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 49, fracción III, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a los acuerdos parlamentarios que crean e integran el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados, el 7 de noviembre de 2000 y el 30 de abril de 2001, respectivamente, y al acuerdo por el que se determina el procedimiento para el reclutamiento y selección y, en su caso, designación de funcionarios que ocupen las plazas de directores de proyecto e investigadores adscritos a los Centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Sociales y de Opinión Pública y de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas y con base en la solicitud del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias para proveer el trámite administrativo para la contratación de personal que formará parte del servicio de investigación adscrito a dicho Centro, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Recursos Humanos
Convoca
Al concurso de oposición abierto para ocupar dos puestos de director de proyecto y cuatro de investigador "A"
Requisitos Generales
Los aspirantes serán sometidos a un proceso de preselección para determinar que se acreditan los requisitos de la presente convocatoria y se sujetarán a una evaluación de carácter técnico y otra de carácter psicométrico.
Un jurado calificador, cuyo nombramiento recaerá en personas de reconocido prestigio profesional o académico en el área de derecho e investigación parlamentaria, revisará los expedientes de los candidatos y realizará las pruebas que considere pertinentes para la selección de los aspirantes.
Las inscripciones se llevarán a cabo en el Centro de Capacitación de la Cámara de Diputados, ubicado en el Palacio Legislativo (Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, CP 15969), edificio F, planta baja, del 23 al 25 de octubre del año en curso, en un horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Para mayor información comuníquese al teléfono 5628 1300, extensión 4245 o 4265.
Palacio Legislativo, octubre de 2001.
Atentamente
Lic. Alfredo del Valle Espinosa
Secretario de Servicios Parlamentarios
Lic. Enrique Lozano Botello
Director General de Recursos Humanos