Orden del Día de la sesión del miércoles 7 de noviembre de 2001
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los Congresos de los estados de Jalisco y Nuevo León.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Segunda Legislatura.
De la Junta de Coordinación Política.
De la Comisión de Desarrollo Social.
De la Comisión de Seguridad Social.
Iniciativas de ciudadanos diputados
De reformas y adiciones a los artículos 3º, 4º y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cultura física y la práctica del deporte, a cargo de la Dip. Norma Enriqueta Basilio Sotelo, a nombre de integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte. (Turno a Comisión).
De reformas al apartado B, del artículo 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Carolina Marín Hernández, Zaida Leovana Castro Alcalde, Luis Roberto Morales Gómez, Mónica Gabriela Morales Juárez, Marco Antonio García Cárdenas, María del Carmen Uruñuela Martínez, Héctor Omar Canales González, María Delgado Rendón, Salvador Alejandro Jiménez Castillo, Alejandra Abigahy Domínguez Saldaña, Misi Dalila Espinoza Jurado, José Carlos Lira Caballero, Iván Villaseñor Martínez, Ana Cristina Covarrubias Carrillo, José Luis Chávez Hernández, Ceciliano González Plácido, Elisa Ledesma Martínez, Mónica Gabriela Marquina Gaxiola y Martha Alicia Beltrán Alanís, para prestar servicios en la Embajada y Consulados Generales de los Estados Unidos de América, en Matamoros, Tamaulipas; Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco, y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República, a efecto de dar seguimiento puntual a los diversos procesos penales llevados a cabo en contra del C. Carlos Cabal Peniche.
Proposiciones
Con punto de acuerdo en relación a las referencias del Presidente de la República a los medios de comunicación, a cargo del Dip. Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a las elecciones extraordinarias en el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación con el llamado impuesto Tobin, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a la función 14 del Presupuesto, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para resolver la deuda de las empresas sociales en donde participa el Fonaes, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación al Instituto José María Luis Mora, a cargo del Dip. Eddie Varón Levy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación al proceso electoral en el estado de Puebla, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación al bloqueo económico a la República de Cuba, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a la reforma fiscal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo con relación al proceso electoral en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación al incumplimiento sobre el apoyo a la comercialización de granos a productores agrícolas en Sinaloa y a otras entidades federativas por parte de Sagarpa, a cargo del Dip. Jesús Burgos Pinto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Agenda política
Comentarios sobre el derecho de asociación sindical en el estado de México, a cargo del Dip. Lucio Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Efemérides
Sobre el Día Mundial del Combate a la Pobreza, a cargo de la Dip. Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.
Sobre el aniversario de la Constitución de Apatzingán, a cargo de los diversos grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.
Sobre el 56 Aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de la Dip. Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social.
Sobre la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (31 de octubre de 1996), a cargo de la Dip. Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social.
Sobre el primer aniversario luctuoso de don Fernando Gutiérrez Barrios, a cargo del Dip. Simón Iván Villar Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el aniversario del natalicio de Felipe Carrillo Puerto, a cargo del Dip. Feliciano Moo y Can, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el aniversario del Héroe de Nacozari, a cargo
de la Dip. María del Rosario Oroz Ibarra, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL UNO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA
Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal
En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con cuarenta y tres minutos del martes seis de noviembre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos ochenta y siete diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
La Asamblea aprueba en sus términos el acta de la sesión anterior, en votación económica.
Comunicación del diputado Silvano Aureoles Conejo, por la que solicita licencia para separarse del cargo de diputado federal, electo por el tercer distrito del Estado de Michoacán, del seis al catorce de noviembre de dos mil uno. La Asamblea aprueba el punto de acuerdo respectivo en votación económica.
Comunicación del Congreso del Estado de Guanajuato, con acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que se concluya el proceso de liquidación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Comunicación de diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que exhortan al gobierno del Estado de Veracruz, para que a la brevedad posible, resuelva los problemas suscitados entre campesinos y transportistas de la zona norte de esa entidad federativa. Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Comunicación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en relación con el punto de acuerdo sobre las tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hayan declarado la inconstitucionalidad de leyes federales. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que remite los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondientes al tercer trimestre de dos mil uno. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Iniciativa del Congreso del Estado de Tlaxcala, con proyecto de decreto que reforma el quinto párrafo del artículo ochenta-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Presenta iniciativa con proyecto de decreto, el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
La Secretaría da lectura al dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del ocho al once de noviembre de dos mil uno, a afecto de que participe en el quincuagésimo sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York, Estados Unidos de América. Es de primera lectura.
La Asamblea, en votación económica, le dispensa la segunda lectura al dictamen.
A las once horas con veintitrés minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y nueve diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
No habiendo quien haga uso de la palabra para referirse al dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, la Secretaría recoge la votación nominal del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular, por trescientos dieciséis votos en pro, cuarenta y ocho en contra y treinta y ocho abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
En votación económica, la Asamblea le dispensa la lectura al dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Es de primera lectura.
La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura al dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es de segunda lectura.
A nombre de la Comisión, fundamenta el dictamen el diputado Roberto Zavala Echavarría, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia
La Asamblea, en votación económica, considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
A discusión en lo particular, desde su curul, el diputado José Manuel Medellín Milán hace una aclaración sobre el artículo segundo de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos vigente. La Presidencia registra la aclaración y solicita a la Secretaría tomar nota de ella.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular, por cuatrocientos seis votos en pro y ninguno en contra. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Partido Acción Nacional, solicita excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación con una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción vigésima novena-D del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en la sesión del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y ocho. La Presidencia formula la excitativa correspondiente.
Presenta proposición con punto de acuerdo el diputado Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, sobre la construcción de la hidroeléctrica "Chalillo", en la República de Belice. Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con los apoyos del Ejecutivo Federal a los productores de café para la cosecha dos mil uno, sube a la tribuna la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional, y solicita trámite de urgente y obvia resolución.
La Asamblea considera el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en votación económica, y sin nadie que haga uso de la palabra, de la misma manera lo aprueba. Comuníquese al Ejecutivo.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido de la Revolución Democrática, hace uso de la palabra para presentar una proposición con punto de acuerdo, para crear una comisión especial de seguimiento a las investigaciones del asesinato de la licenciada Digna Ochoa y Plácido.
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia
Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Sube a la tribuna el diputado Ángel Enrique Herrera y Bruquetas, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para que el crimen de la licenciada Digna Ochoa y Plácido, tenga importante y tenaz seguimiento por parte de la Cámara de Diputados, hasta su esclarecimiento y castigo a los responsables. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Habla sobre el mismo tema el diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social.
El diputado Máximo Soto Gómez, del Partido Acción Nacional, presenta proposición con punto de acuerdo sobre el funcionamiento de la gasera ubicada en la Colonia Aeronáutica Militar, en la Delegación Venustiano Carranza. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Se concede la palabra para presentar una proposición con punto de acuerdo, al diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el desempeño de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante el proceso de rescate bancario. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Sube a la tribuna para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la defensa del Congreso, el diputado Víctor Roberto Infante González, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de un grupo plural de diputados. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Se refieren al mismo tema los diputados: Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo; Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Manuel Sepúlveda Fayad, del Partido Revolucionario Institucional;
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
Alonso Ulloa Vélez, del Partido Acción Nacional;
Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal
Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional; y Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
Para rectificar hechos, se concede la palabra a los diputados: José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional;
Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva Mukul
Bernardo de la Garza Herrera, del Partido Verde Ecologista de México;
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; Rafael Rodríguez Barrera, del Partido Revolucionario Institucional; y Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.
La diputada Antonia Irma Piñeyro Arias, del Partido Revolucionario Institucional, presenta proposición con punto de acuerdo para revisar la política presupuestal de la Secretaría de Salud para el Estado de Oaxaca.
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se concede la palabra, para el mismo asunto, a los diputados: Luis Miguel Santibáñez García, del Partido Acción Nacional; y Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, presenta proposición con punto de acuerdo sobre la situación cañera, y solicita trámite de urgente y obvia resolución.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta informa que esta proposición no estaba considerada como de urgente y obvia resolución, y sugiere turnarla a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera de México, de la que el diputado proponente forma parte. El diputado Herviz Reyes acepta la sugerencia y su proposición se turna a esa Comisión.
Denuncia agravios y violaciones a su fuero constitucional por parte de autoridades de Tamaulipas, el diputado Edgar Eduardo Alvarado García, del Partido Acción Nacional.
Para el mismo tema, habla el diputado Enrique Garza Taméz, del Partido Revolucionario Institucional.
Para contestar alusiones personales, suben a la tribuna los diputados: Edgar Eduardo Alvarado García, del Partido Acción Nacional; y Enrique Garza Taméz, del Partido Revolucionario Institucional.
Para referirse al mismo asunto, habla el diputado David Augusto Sotelo Rosas, del Partido de la Revolución Democrática.
La Presidenta solicita al diputado Alvarado García ratificar por escrito su denuncia, a efecto de velar por el respeto al fuero de los diputados, de acuerdo con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo sesenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Se concede la palabra para rectificar hechos, a los diputados: Edgar Eduardo Alvarado García, del Partido Acción Nacional; Enrique Garza Taméz, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro Zapata Perogordo, del Partido Acción Nacional, quien solicita a la Presidencia instruir a la Secretaría para que dé lectura a los artículos sesenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y veintidós de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la Presidenta atiende la solicitud; Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional; y Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática.
La Presidenta informa que el planteamiento formal para actuar en consecuencia en torno al caso del diputado Alvarado García, se ha recibido por primera ocasión en esta sesión, y se compromete a utilizar todos los recursos necesarios para velar por el respeto a su fuero constitucional.
Desde su curul, el diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa informa que el personal de la Mesa Directiva estaba atendiendo el asunto con anterioridad y, de hecho, estaba registrado en la agenda política desde hace un mes. La Presidenta señala que es correcta la afirmación de que estaba registrado el tema en la agenda política.
Agotado el tiempo acordado para la duración de
las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de
la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las
quince horas con cuarenta y siete minutos, citando para la que tendrá
lugar el próximo miércoles siete de noviembre de dos mil
uno, a las diez horas.
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
La Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión de fecha 18 de octubre del presente año, aprobó el acuerdo económico número 277/01 del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se acordó girar a esa alta representación popular, atento oficio para solicitarles la aprobación de la reforma al párrafo quinto del artículo 80, letra A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a efecto de excluir las aportaciones patronales al IMSS y al Infonavit, para el cálculo del monto del subsidio acreditable.
Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos subsecuentes, agradeciéndole que las acciones que se sirva tomar al respecto, las haga del conocimiento de esta representación, a la brevedad posible, a fin de darles el curso correspondiente.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 19 de octubre de 2001.
LCTC Leonardo García Camarena (rúbrica)
Oficial mayor
CIUDADANOS DIPUTADOS:
Los que suscriben, diputados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de esta LVI Legislatura, en uso de las facultades que nos otorga la Constitución Política del Estado en su artículo 28, fracción I, así como los artículos 85, 88 y 90 tercer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta asamblea, iniciativa de acuerdo económico, misma que presentamos con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
I. La Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 80-A, establece la figura del subsidio acreditable contra el ISR, como un mecanismo mediante el cual se estimula a los trabajadores asalariados. Al no quedar definido en la Ley el criterio para calcular el monto de dicho subsidio, fue el Ejecutivo quien, en uso de su facultad reglamentaria, detalló los conceptos para este propósito. Para evitar confusión en la aplicación de la fórmula para el cálculo del monto antes señalado, la Secretaría de Hacienda emitió en diversas ocasiones, resoluciones que especificaban que las cuotas patronales pagadas tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), no debían ser incluidas para calcular el subsidio acreditable. Con posterioridad a esta resolución, modificaciones realizadas a la Ley del Impuesto sobre la Renta así como diversas resoluciones de la Secretaría de Hacienda, que en conjunto resultaron ambiguas en su interpretación, establecieron que las cuotas pagadas al IMSS y al Infonavit debían considerarse como erogaciones y, por lo tanto, como conceptos integrantes del cálculo al que se ha hecho referencia. Las situaciones que se han relatado propiciaron que un número considerable de patrones continuaran haciendo el cálculo sin considerar las aportaciones patronales a estos Institutos, lo que originó controversias de carácter fiscal que al ser substanciadas ante los tribunales, dieron lugar a criterios contradictorios, en el sentido de tomar o no en cuenta estas aportaciones.
II. El 18 de mayo del año en curso, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis jurisprudencial 2ª/J. 19/2001 que resolvió en definitiva la contradicción de criterios sostenidos por los tribunales colegiados, al dar la interpretación jurídicamente válida para el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En esta jurisprudencia, se establece que para obtener la proporción aplicable para calcular el monto del subsidio acreditable contra el ISR, deben incluirse las cuotas patronales al IMSS y al Infonavit, como parte de las erogaciones relacionadas con los servicios personales subordinados. Con la decisión de la Corte, los patrones están obligados al pago de este impuesto por los ejercicios fiscales del 2000 y 2001, según lo anunciado por la Secretaría de Hacienda, a fin de regularizar su situación ante la misma, la cual ha mencionado su intención de apegarse al fallo emitido y proseguir con los trámites necesarios para realizar el cobro.
III. Diversos sectores de la sociedad han expresado su preocupación por el cumplimiento de esta jurisprudencia, dado que la misma afectará de manera no prevista el ingreso de los trabajadores al recibir una percepción inferior a la usual, lo cual tendrá un impacto directo en la economía de miles de familias mexicanas, situación que se ve aún más agravada por la situación de recesión económica mundial de la que México no está exento. La autoridad competente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe valorar no sólo los, elementos jurídicos de la resolución de la Suprema Corte, sino las implicaciones sociales que tendrá su aplicación. Es cierto que la Federación, sobre todo en estos momentos, necesita de recursos para el cumplimiento de los planes y programas contemplados, pero es necesario la búsqueda de otras opciones que amplíen la base gravable, que sean más acordes con los tiempos difíciles que se están viviendo y que afecten en la menor medida a los que menos tienen.
IV. Ya se han tomado algunas acciones que pretenden, dentro de la vía legal, contrarrestar los efectos de estas decisiones. De esta manera, se ha presentado en fecha reciente ante el Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma al quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se excluyen para el cálculo del subsidio, las contribuciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el propósito de dar seguridad jurídica a los contribuyentes y a los obligados de la retención, y conservar el espíritu original por el que se creó la figura del subsidio acreditable contra el ISR, que es el estímulo hacia los grupos salariales más deprimidos y que no reciben percepciones adicionales no gravables.
V. Como representantes de los jaliscienses, se considera importante que este H. Congreso se pronuncie al respecto, solidarizándose con todos aquellos que se verán afectados por el cobro retroactivo de este impuesto, y adhiriéndose a las medidas que busquen una solución que no perjudique los intereses de los trabajadores.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea en Pleno, el siguiente
Acuerdo económico
Primero.- Gírese atento oficio al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual se le manifieste la preocupación de este H. Congreso por el cobro retroactivo del Impuesto sobre la Renta con base en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; solicitándole respetuosamente la condonación de estas aportaciones con el propósito de no afectar la economía de los trabajadores asalariados y sus familias.
Segundo.- Gírese atento oficio al H. Congreso de la Unión, mediante el cual se le solicite la reforma al párrafo quinto del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de excluir las aportaciones patronales al IMSS y al Infonavit para el cálculo del monto del subsidio acreditable.
Guadalajara, Jalisco, a 18 de cctubre de 2001.
Diputados de la fracción parlamentaria del Partido
Acción Nacional: Fernando Antonio Guzmán Pérez
Peláez, Coordinador; José Antonio Cabello Gil, Juan Víctor
Contreras Magallón, José de Jesús García García,
Ramón González González, Martín González
Jiménez, José Guadalupe González Rubio, Miguel Enrique
Medina Hernández, María del Carmen Mendoza Flores, Miguel
Angel Monráz Ibarra, José Trinidad Muñoz Pérez,
Octavio Francisco Navarro Prieto, José Manuel Ramírez Jiménez,
Tarcisio Rodríguez Martínez, Ricardo Rodríguez Oropeza,
Fernando Ruiz Castellanos, Juan Sánchez Antillón, Salvador
Sánchez Guerrero, Rafael Sánchez Pérez, Leobardo Treviño
Marroquín (rúbricas).
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto le comunicamos la aprobación del punto de acuerdo de fecha 31 de octubre del presente, para que la LXIX Legislatura al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León se dirija a ustedes solicitándoles la abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, sustituyendo dicho ingreso a las entidades federativas en el marco de una reforma fiscal integral y redistributiva.
Acompañamos al presente copia del expediente formado sobre el particular que consiste en lo siguiente:
3.- Copia del Diario de Debates Núm. 127-LXIX-01
que, en su parte conducente, contiene las participaciones en tribuna de
los CC. diputados.
4.- Iniciativa presentada por los CC. diputados Abraham
Colunga Flores, Pedro Vázquez González y Héctor Humberto
Gutiérrez de la Garza integrantes de la LXIX Legislatura.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, NL, a 31 de octubre de 2001
Diputados secretarios
David Puente Rodríguez (rúbrica)
Rafael Salazar Cornejo (rúbrica)
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXIX Legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63 de la Constitución Política local, expide el siguiente:
Acuerdo
Unico:- Se aprueba la propuesta de acuerdo para que la LXIX Legislatura del Estado de Nuevo León, se dirija a las cámaras del honorable Congreso de la Unión solicitando abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, sustituyendo dicho ingreso a las entidades federativas en el marco de una reforma fiscal integral, y redistributiva.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, Nuevo León, a 31 de octubre de 2001.
Dip. Presidente
Antonio Perales Elizondo (rúbrica)
Dip. Secretario
David Puente Rodríguez (rúbrica)
Dip. Secretario
Rafael Salazar Cornejo (rúbrica)
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, II LEGISLATURA
Recinto Legislativo, a 31 de octubre de 2001.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto, me permito comunicar a usted que la Mesa Directiva que coordinará los trabajos durante el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2001 quedó integrada por los siguientes diputados:
Presidente: Dip. Rafael Luna Alviso.
Vicepresidente: Dip. Marcos Morales Torres.
Vicepresidente: Dip. Federico Doring Casar.
Vicepresidenta: Dip. Arnold Ricalde de Jager.
Vicepresidente: Dip. Jaime Guerrero Vázquez.
Secretario: Dip. Juan Díaz González.
Secretaria: Dip. Bernardino Ramos Iturbide.
Prosecretario: Dip. Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo.
Prosecretario: Dip. Santiago León Aveleyra.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración atenta y distinguida.
Por la Mesa Directiva
Dip María del Carmen Pacheco Gamiño (rúbrica)
Presidenta
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA
Palacio Legislativo, México, DF, 5 de noviembre de 2001.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, Subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted:
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
(rúbrica; p.a.)
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
Palacio Legislativo, a 31 de octubre de 2001
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
Por este medio le enviamos un cordial saludo y aprovechamos la ocasión para solicitarle de la manera más atenta sea cambiado el turno de la Ley de Capitalización del Procampo, a efecto de que el dictamen respectivo sea elaborado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Agricultura y Ganadería.
Esta atenta petición la realizamos en virtud del amable comentario que realizó durante la pasada reunión del 29 de los corrientes, toda vez que por su materia dicha Ley le corresponde más bien a las precitadas comisiones.
Sin más por el momento quedamos de usted, y le reiteramos nuestra más distinguida consideración.
Dip. Francisco Javier Cantú Torres (rúbrica)
Presidente
Dip. David Penchyna Grub (rúbrica)
Secretario
Dip. Javier J. Castañeda Pomposo (rúbrica)
Secretario
Dip. Alberto Amador Leal (rúbrica)
Secretario
Dip. Esteban D. Martínez Enríquez
Secretario
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
Palacio Legislativo, a 30 de octubre de 2001.
Lic. Beatriz Paredes Rangel
Diputada Presidenta de la Cámara de Diputados
Presente
Considerando
Primero: Que las propuestas (legislativas o no) turnadas a esta Comisión demandan de un procedimiento reglamentario que entraña dar cuenta al pleno, discutir el método de trabajo, realizar reuniones de acopio de información y finalmente analizar y definir una resolución.
Segundo: Que en razón de la carga de trabajo de los diputados, las comisiones ordinariamente se reúnen no más de dos veces al mes.
Tercero: Que esta realidad hace prácticamente imposible emitir los dictámenes legislativos dentro del término de cinco días que establece el artículo 87 del Reglamento.
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Comisión y con fundamento en lo que dispone el artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarle se autorice a esta Comisión para demorar el trámite legislativo respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones para crear el Régimen del Contribuyente Social, presentada por el diputado Rafael Hernández Estrada.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
QFB Cuauhtémoc Montero Esquivel (rúbrica)
Diputado Presidente
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte en esta LVIII Legislatura, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa que reforma y adiciona los artículos tercero, cuarto y veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de reconocer a la cultura física y la práctica del deporte como un derecho de todos los mexicanos, e importante factor en la prevención del delito. Bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
De entre todos los derechos que el ser humano pueda ejercer dentro de un Estado, encontramos que los más importantes son las llamadas garantías fundamentales o libertades individuales que consagra nuestra Constitución Política.
Es por ello que en los últimos años, el tema de los derechos humanos ha sido uno de los más discutidos; complementados, dentro de la organización política actual por los derechos sociales o económico-sociales como conjunto de exigencias que toda persona puede hacer valer ante la sociedad y el Estado para que éste le proporcione los medios necesarios y poder atender el cumplimiento de sus fines así como asegurar un mínimo de bienestar que le permita conducirse hacia una existencia digna y decorosa.
Conforme la sociedad ha crecido, se han diversificado y propiciado nuevas necesidades y exigencias; más concretamente, podría decirse que en la medida en que las clases y subclases sociales aparecieron y se configuraron como elementos colectivos se ha hecho necesario que las garantías individuales se conjuguen con un nuevo tipo de prerrogativas correspondientes a los agrupamientos que habían hecho su aparición en el escenario de todos los países.
En este sentido, nuestra Constitución es el instrumento jurídico que establece el gobierno representativo, la división de poderes y garantiza los derechos individuales de los ciudadanos, complementados por los derechos sociales mismos que consisten en el reconocimiento de aquellos derechos de los grupos originariamente desconocidos por los regímenes individualistas.
No cabe duda que correspondió a nuestra Constitución el privilegio de ser la primera que consagró las normas protectoras de las clases sociales y su pleno reconocimiento. Los derechos sociales, imponen al Estado un hacer, una conducta positiva que cuida la condición de los hombres frente a la economía y el capital; a la vez que significan un imperativo dirigido al Estado para que vigile, intervenga y garantice su respeto.
En trabajos anteriores realizados por esta Honorable Cámara de Diputados se afirma que la Constitución de 1917 dio cabida en forma clara y precisa a los derechos sociales que asisten a campesinos y trabajadores en los Artículos 27 y 123 y ello otorgó las bases para la conformación de otros derechos sociales que exigen con urgencia análisis y definición, entre ellos el derecho a la justicia, el derecho a la cultura física y el deporte.
La cultura física y el deporte hasta hoy no han sido verdaderamente desarrollados ni reconocidos explícitamente por nuestra carta magna, lo que ha generado en mas de una ocasión discusiones con puntos de vista encontrados sobre su naturaleza.
En México actualmente no existe algún precepto constitucional expreso que reconozca la cultura física y el deporte como una garantía constitucional o que establezca la obligación por parte del Estado de fomentar su práctica y desarrollo, como parte fundamental en el proceso educativo e importante factor en la prevención del delito; comprendiéndose como prácticas corporales relacionadas al desarrollo de valores que pueden llevar a la participación ciudadana por caminos sociales responsables, constituyéndose en un medio efectivo para la conquista de un estilo de vida activo de todos los seres humanos.
La práctica de actividades físicas y deportivas, es un derecho vinculado a otros derechos fundamentales, pero no se le ha otorgado individualidad propia como tal, ya que se ha visto como un medio para la consecución de otros derechos, por lo que se debe reformular la regulación de la cultura física y el deporte, previéndolos como parte importante de la política social y económica, buscando su reconocimiento constitucional, estableciendo en los poderes públicos su estimulo, fomento, protección y garantía de que la práctica del deporte y el acceso a la cultura física se de en las mejores condiciones y que se favorezcan los valores humanos de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad.
La falta de una norma constitucional que eleve a rango de garantía social ha sido un factor determinante para que en su momento la Ley de Fomento y Estimulo del Deporte y la actual Ley General de Deporte no hayan consolidado un modelo de cultura física y deporte que garantice el acceso de todos los mexicanos a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, pero sobre todo que fomente la promoción y desarrollo de una cultura física en nuestro país.
Poco es lo que puede hacer y significar una norma constitucional, si no se reconocen en forma efectiva y real los derechos fundamentales que la norma está protegiendo, tanto por su importancia en el fomento de los procesos democráticos como en el mantenimiento del Estado de Derecho.
Por otra parte y como referencia expresa en el ámbito internacional, la Conferencia General de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París, en su vigésima sesión emitió el 21 de noviembre de 1978 la "Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte", que en los términos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, nos habla sobre las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos dependiendo de la posibilidad brindada a todos y cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales, por lo que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte.
Con la convicción de que la preservación y el desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y morales del ser humano mejoran la calidad de vida en los planos nacional e internacional. afirmando que la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirvan de base al pleno desarrollo de los pueblos.
En este contexto la Carta Internacional de la UNESCO proclama el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, para favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.
A este posicionamiento la UNESCO recomienda en su artículo primero de dicha carta que "la práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos.
Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como el de los demás aspectos de la vida social".
Mas allá de lo anterior debemos considerar que el pleno desarrollo de las facultades a que hace mención dicha carta, solo podrán llevarse a cabo cuando se tenga el pleno reconocimiento de lo que representan la cultura física y el deporte, así como su adecuada implementación y fomento por parte del Estado Mexicano.
También se ha mencionado que en la actualidad algunas naciones contemplan en su Constitución la obligación por parte de los poderes públicos del fomento y estímulo de la educación física, la práctica del deporte y otras más su reconocimiento como un derecho fundamental de sus ciudadanos destacando Perú, Colombia, Cuba, Brasil, Portugal, Suiza, Bulgaria y España.
Es por lo anterior que reiteramos que en México actualmente no existe algún precepto constitucional expreso que fomente o reconozca la cultura física y el deporte como una garantía social.
Las nuevas generaciones requieren del reconocimiento de sus derechos fundamentales, pero sobre todo requieren que se garantice la respuesta del gobierno para fomentar la equidad, justicia y oportunidad para realizar sus actividades fundamentales.
Por tanto, es necesario no solamente reconocer el derecho de los ciudadanos a desarrollar sus facultades físicas a través de la activación física, la recreación y el deporte, sino a accesar a los medios para cuidar de su salud física, durante toda su vida, y que obtengan las oportunidades para poder desarrollar su talento deportivo dentro de organizaciones democráticas, justas y productivas.
Hoy en día sabemos que estas actividades en nuestro país han recorrido un largo camino a través de nuestra extensa historia, consolidándose como un amplio capítulo y elemento fundamental dentro de la misma historia y cultura siempre ligada a los ámbitos de la salud y educación por ser considerada como fundamental para el bienestar de las personas, así como facilitar la adquisición de valores y actitudes complementarias del desarrollo integral del ser humano.
Una de las consideraciones determinantes de la necesidad de la regulación adecuada a la práctica de la cultura física y del deporte en la población y sobre todo en la niñez mexicana, es que son un componente esencial para enriquecer la formación integral del individuo y una de sus vertientes es el deporte, el cual promueve el sano espíritu de competencia y también como una manifestación democrática, ya que iguala a las personas en la afición o en la pasión por él y permite la libre elección de cada individuo para la realización de alguna actividad física y deportiva.
Por lo que entender estos conceptos solo como una simple actividad ligada a la salud o la educación sería minimizar las importantes funciones sociales que desempeñan y la relación que comparten con diversas actividades de primer orden dentro de nuestro quehacer nacional.
Asimismo se ha comprobado científicamente la innumerable cantidad de beneficios que brindan las prácticas de actividades físicas y deportivas en el ser humano, abarcan aspectos de supervivencia para cualquier hombre o mujer, su funcionalidad como organismo vivo, la proyección de su mente y la consecuencia importantísima del reflejo de su conducta en sociedad.
La práctica de actividades físicas y deportivas conllevan a un maravilloso encuentro con la competitividad, la salud y el logro de metas personales. La cultura física y la disciplina deportiva otorgan la gracia, firmeza y decisión, la templanza de carácter y la insustituible distancia de los vicios y el ocio.
El actual plan nacional del desarrollo establece la necesidad de un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país, que promueva entre la población en general el acceso a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas.
Con esta iniciativa que hoy presentamos, retomamos y damos seguimiento a los trabajos realizados por las dos legislaturas que nos antecedieron y con el firme propósito de reconocer explícitamente a todos los ciudadanos mexicanos el derecho a la práctica del deporte, establecer la obligatoriedad por parte del Estado de fomentar y promover la cultura física como instrumento importante de la educación así como la visión innovadora del deporte como un importante factor en la prevención del delito.
La búsqueda, fomento y reconocimiento de una cultura física y deportiva debe comenzar por nuestra Carta Magna, siendo este nuestro máximo ordenamiento que podrá dar validez de derecho y de hecho a lineamientos que han surgido y deberán surgir, dando lugar a una nueva garantía social.
Por esto renace la inquietud de proponer y apoyar la necesidad de elevar a rango constitucional el derecho a la cultura física y el deporte, por que la dinámica del mundo actual ya no permite partir de supuestos, interpretaciones o críticas aisladas ya que debe establecerse expresamente el reconocimiento de éste derecho en virtud de que la interpretación jurídica que del deporte se hace es ambigua y limitativa.
Las múltiples vertientes que el artículo tercero constitucional contiene, hacen caer en la imprecisión, pudiendo encuadrar o retirar el término según los intereses en juego; siendo entonces dicha imprecisión y las lagunas de nuestro único ordenamiento deportivo, las que provocan la contradicción del destino jurídico del deporte, por lo que, al no reconocerlo expresamente como derecho fundamental y el ámbito constitucional, se da la causa de la poca convicción legislativa para dictar su impulso y fomento.
Con el reconocimiento de la cultura física y el deporte como derecho social en el artículo 4° reafirmaremos la importancia prioritaria que dicha actividad debe tener en los programas nacionales dedicados al desarrollo social y recreación popular; apreciando y resaltando la necesidad de preservar y enriquecer las más altas cualidades físicas y sociales del hombre como una premisa principal para el establecimiento de una mejor calidad de la vida en el orden nacional e internacional.
Es por ello que los interesados en el tema insistimos en el reconocimiento expreso en la Ley fundamental de la Nación del derecho a estas importantes actividades, derechos que tendrán fuerte respaldo en el artículo tercero de la Constitución con el fomento y estímulo del Estado a la educación física, como fundamento de la cultura física, incluyéndose como materia curricular dentro del sistema educativo nacional en todos sus niveles escolares, lo que sin duda alguna proporcionará grandes beneficios en la formación de nuestra niñez y juventud, así como en los adultos dentro de la perspectiva de la educación permanente.
Unido a lo anterior y sin dejar de reconocer los resultados de los actuales planes y programas del sistema nacional de seguridad, es justo valorar la contribución de una nueva tendencia, de estos, sustentada en un desarrollo educativo complementado por un conjunto de actividades físicas, deportivas y recreativas como medidas prioritarias en la prevención del delito, promoviendo el sano esparcimiento, la recreación familiar, comprobando su importancia y destacándose como elemento esencial de un desarrollo armonioso de la personalidad y factor de progreso social.
Las reformas propuestas, sin duda alguna enriquecerán el actual marco jurídico nacional y consagrarán la existencia en nuestro derecho positivo de una nueva materia inexistente en el país, como la del derecho público del deporte, permitiendo a nuestras comunidades universitarias, docentes e investigadores, entre otras interesadas, a participar en el desarrollo jurídico de esta vital e importante actividad en la vida nacional.
Asimismo obtendríamos como inmediata respuesta:
B. La conclusión en el marco jurídico de una nueva forma de organización a través de asociaciones y sociedades tanto de cultura física como de deporte, cuyos estatutos serán congruentes con la política nacional y reclasificarían los alcances de cada miembro del actual Sistema Nacional.
C. La transformación del órgano rector de la políticas nacional en materia de cultura física y deporte a un organismo público descentralizado.
D. En consecuencia, la incorporación de los entes gubernamentales Estatales, del Distrito Federal y Municipales responsables de integrar una sola estructura en materia de cultura física y deporte, materializando así el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos tercero, cuarto y veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3°. ...............
II. ..........
III. ..........
IV. .........
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, asimismo fomentará y coordinará la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia.
VI. ........
VII. .........
VIII. .........
........
...........
..........
Toda persona tiene derecho a la cultura física y la práctica del deporte. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a estos derechos y establecerá la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y municipios en esta materia; asimismo de la participación de los sectores social y privado.
............
..........
.........
..........
Artículo 21. .........
.........
.........
.........
La Federación, el Distrito Federal, los estados
y los municipios, se coordinarán en los términos que la ley
señale para establecer un sistema nacional de seguridad pública
que
comprenda, entre otros, programas basados en el desarrollo educativo, la
cultura física y el deporte como medios para la prevención
del delito.
Transitorio
Unico.- Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre del 2001.
Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica),
Mario Sandoval Silvera (rúbrica), Beatriz Cervantes Mandujano (rúbrica),
Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Norma E. Basilio Sotelo
(rúbrica), Raquel Cortés López (rúbrica), Esteban
Daniel Martínez Enríquez (rúbrica), Benjamín
Ayala Velázquez (rúbrica), Agustín Trujillo Iñiguez
(rúbrica), J. Timoteo Martínez Pérez (rúbrica),
Francisco Ríos Alarcón (rúbrica), José Manuel
Correa Ceseña (rúbrica), Víctor R. Infante González
(rúbrica), Ranulfo Márquez Hernández (rúbrica),
M. del Rosario Oroz Ibarra (rúbrica), Maricela Sánchez Cortez
(rúbrica), Rómulo Garza Martínez (rúbrica),
Mauro Huerta Díaz (rúbrica), Juan Camilo Mouriño Terrazo
(rúbrica), Rodolfo G. Ocampo Velázquez (rúbrica),
Clemente Padilla Silva (rúbrica), Luis A. Villareal García
(rúbrica), Pedro Pablo Cepeda Sierra (rúbrica), M. Isabel
Velazco Ramos (rúbrica), Roberto E. Bueno Campos, Eduardo Rivera
Pérez (rúbrica), Angel Meixueiro González (rúbrica),
Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica), Arturo León Lerma
(rúbrica), Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica), Martí
Batres Guadarrama (rúbrica), Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa, Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica), Alberto Anaya
Gutiérrez (rúbrica), José Manuel del Río Virgen
(rúbrica), Gustavo Riojas Santana (rúbrica), José
Antonio Calderón Cardoso (rúbrica), Alejandro García
Sáinz Arena (rúbrica), Sara Figueroa Canedo (rúbrica),
Julieta Prieto Furhken (rúbrica), Erika Spezia Maldonado (rúbrica),
José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), Concepción
Salazar González (rúbrica), Ma. Teresa Campoy Ruy Sánchez,
Francisco Agundis Arias, Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Tarcisio
Navarrete Montes de Oca (rúbrica), Rafael Hernández Estrada
(rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Oscar
Ochoa Patrón, Enrique Herrera y Bruquetas (rúbrica), Félix
Salgado Macedonio (rúbrica), Alfonso O. Elías Cardona (rúbrica).
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 25 de octubre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores, remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Carolina Marín Hernández, Zaida Leovana Castro Alcalde, Luis Roberto Morales Gómez, Mónica Gabriela Morales Juárez, Marco Antonio García Cárdenas, María del Carmen Uruñuela Martínez, Héctor Omar Canales González, María Delgado Rendón, Salvador Alejandro Jiménez Castillo, Alejandra Abigahy Domínguez Saldaña, Misi Dalila Espinoza Jurado, José Carlos Lira Caballero, Iván Villaseñor Martínez, Ana Cristina Covarrubias Carrillo, José Luis Chávez Hernández, Ceciliano González Plácido, Elisa Ledesma Martínez, Mónica Gabriela Marquina Gaxiola y Martha Alicia Beltrán Alanís, para prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada y consulados generales de los Estados Unidos de América, en Matamoros, Tamaulipas; Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 31 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada y consulados generales de los Estados Unidos de América, en Matamoros, Tamaulipas; Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado c), del artículo 37 constitucional y 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Carolina Marín Hernández, para prestar servicios como asistente, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Zaida Leovana Castro Alcalde, para prestar servicios como capturista de datos, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Luis Roberto Morales Gómez, para prestar servicios como ayudante de mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Mónica Gabriela Morales Juárez, para prestar servicios como empleada de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Marco Antonio García Cárdenas, para prestar servicios como técnico en contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Sexto.- Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Uruñuela Martínez, para prestar servicios como asistente consular en la Unidad de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara Jalisco.
Artículo Séptimo.- Se concede permiso al ciudadano Héctor Omar Canales González, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
Artículo Octavo.- Se concede permiso a la ciudadana María Delgado Rendón, para prestar servicios como empleada de correo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Noveno.- Se concede permiso al ciudadano Salvador Alejandro Jiménez Castillo, para prestar servicios como asistente financiero, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
Artículo Décimo.- Se concede permiso a la ciudadana Alejandra Abigahy Domínguez Saldaña, para prestar servicios como auxiliar de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Décimo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Misi Dalila Espinoza Jurado, para prestar servicios como auxiliar de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Décimo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano José Carlos Lira Caballero, para prestar servicios como auxiliar de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Décimo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Iván Villaseñor Martínez, para prestar servicios como mecánico electricista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Décimo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Ana Cristina Covarrubias Carrillo, para prestar servicios como asistente consular en la Unidad de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo Décimo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Luis Chávez Hernández, para prestar servicios como asistente consular en la Unidad de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo Décimo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano Ceciliano González Plácido, para prestar servicios como mecánico (plomero), en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Décimo Séptimo.- Se concede permiso a la ciudadana Elisa Ledesma Martínez, para prestar servicios como empleada, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Artículo Décimo Octavo.- Se concede permiso a la ciudadana Mónica Gabriela Marquina Gaxiola, para prestar servicios como asistente consular en la Unidad de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo Décimo Noveno.- Se concede permiso a la ciudadana Martha Alicia Beltrán Alanís, para prestar servicios como técnico contable, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 1º de noviembre de 2001.
Por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica),
Presidente; José A. Hernández Fraguas (rúbrica), secretario;
Víctor M. Gandarilla Carrasco (rúbrica), secretario; José
G. Anaya Llamas (rúbrica), secretario; Luis Miguel G. Barbosa Huerta,
secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica); José
Francisco Blake Mora; Tomas Coronado Olmos (rúbrica); Omar Fayad
Meneses (rúbrica); Arturo Escobar y Vega (rúbrica); Federico
Granja Ricalde (rúbrica); Lorenzo Rafael Hernández Estrada
(rúbrica); Efrén Nicolás Leyva Acevedo (rúbrica);
Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica); Rodrigo David Mireles
Pérez (rúbrica); José Narro Céspedes (rúbrica);
Ricardo García Cervantes; Ricardo A. Ocampo Fernández (rúbrica);
Fernando Ortiz Arana (rúbrica); Germán Arturo Pellegrini
Pérez (rúbrica); José Jesús Reyna García
(rúbrica); María Teresa Gómez Mont (rúbrica);
Eduardo Rivera Pérez (rúbrica); Jorge Esteban Sandoval Ochoa
(rúbrica); César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica);
David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica); Ricardo Torres Origel (rúbrica);
Jaime Vázquez Castillo (rúbrica); Néstor Villarreal
Castro (rúbrica); Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS, CON PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIDAD DE EVALUACION Y CONTROL DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, presentada por el Diputado Ranulfo Márquez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Analizada la iniciativa de referencia, con fundamento en los artículos 71 fracción II y párrafo último, y 73, fracción XXIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numeral 1, 40 numeral 2, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión Dictaminadora somete a consideración de los integrantes de esta Asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente:
METODOLOGIA
Esta Comisión presenta el resultado de su análisis y estudio de la Iniciativa de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, conforme al siguiente procedimiento:
I. En el capítulo de "antecedentes" se menciona el trámite de inicio del proceso legislativo, el turno para el dictamen de la iniciativa, así como los trabajos previos de la Comisión.
II. En el siguiente apartado de "contenido de la iniciativa", se exponen de manera breve cada uno de los temas de la iniciativa, su exposición de motivos, así como el alcance del objeto de la iniciativa en estudio.
III. En el capítulo de las "consideraciones", se expresan los argumentos de valoración que los diputados de la Comisión hacen a la iniciativa en estudio, y se exponen los motivos para presentar al Pleno la resolución que recoge el acuerdo alcanzado por la Comisión de Dictamen.
IV. Finalmente, en el apartado "modificaciones a la iniciativa", los integrantes de esta Comisión de dictamen plantean enmiendas a la propuesta de Reglamento de la Unidad de Evaluación y Control.
I. ANTECEDENTES:
1. En sesión ordinaria de esta Cámara celebrada el 27 de septiembre del año 2001, el Diputado Ranulfo Márquez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, presentó la iniciativa con proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control que nos ocupa.
2. En la misma Sesión, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordenó el turno de la iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su estudio y dictamen correspondiente.
3. En reunión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se acordó la preparación del dictamen, con apego a lo dispuesto por los artículos 67 fracción VII, 91, 92, 93, 94, 95, 96 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, mismo que sería presentado a la consideración de los integrantes de la Comisión, para su discusión y votación.
4. En reuniones de la Comisión Dictaminadora, celebradas los días 17 y 30 de octubre del año en curso, los diputados integrantes de la misma conocieron, analizaron, discutieron y votaron el dictamen de la iniciativa de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, y es el mismo que hoy se pone a la consideración de esta Soberanía, para su discusión y resolución correspondiente.
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
Los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, autores de la iniciativa, en uso de las atribuciones que les confieren la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentaron para la consideración, dictamen y aprobación de la Cámara de Diputados, la iniciativa de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control citada.
La iniciativa plantea dotar de un ordenamiento jurídico para regular la actividad de un órgano especializado y profesional que será auxiliar en las labores de la Comisión de Vigilancia en la encomienda de evaluar las funciones a cargo de los servidores públicos del órgano técnico de la Cámara de Diputados que tiene a su cargo la revisión de la cuenta pública.
En la exposición de motivos se argumenta que el control del poder constituye un principio democrático fundamental, y un elemento del estado de derecho. Sujetar el ejercicio gubernamental hacia un espacio más racional, en el cual el derecho al buen gobierno sea garantía de que las instituciones funcionen en los términos de eficacia y de eficiencia que el orden constitucional democrático impone.
Sostienen los autores de la iniciativa que la adecuación y fortalecimiento del instrumento de control sobre la fiscalización superior en la gestión del gobierno, sin duda es un gran avance que se inscribe en la racionalización de la responsabilidad gubernamental, y que fortalece también el control parlamentario sobre la actividad misma del gobierno.
Señalan que con la actividad de un órgano auxiliar de las labores de la Comisión de Vigilancia, no se afectará la autonomía de que goza la Entidad de Fiscalización Superior, pues su función se concretará a vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de órgano técnico de la Cámara de Diputados.
En la iniciativa de Reglamento se menciona que a partir de la función que desarrolle la Unidad de Evaluación y Control se permitirá conocer oportunamente, de manera técnica y profesional, si las actividades de la Auditoría Superior de la Federación se apegan a la legalidad y se llevan a cabo en la forma programada.
Con ello, la Unidad de Evaluación y Control permitirá una nueva práctica y adecuada coordinación de la propia Comisión y de la Cámara de Diputados con el órgano técnico revisor de la cuenta pública, y dará referentes a los diputados para orientar y mejorar la función de su órgano técnico.
Competencia y organización
En el capítulo Primero, la iniciativa señala que el objeto del Reglamento será regular la actividad del órgano técnico especializado denominado Unidad de Evaluación y Control, el cual estará dentro de la estructura de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
La Unidad de Evaluación será la encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de aplicar, en su caso, las medidas disciplinarias y sanciones administrativas previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Por lo que se refiere a su estructura, esta Unidad tendría los siguientes servidores públicos: un Titular de la Unidad, un Director de Evaluación y Control de la Gestión Técnica, un Director de Evaluación y Control de la Gestión Administrativa, un Director de Asuntos Jurídicos, un Coordinador Administrativo, y un Secretario Técnico.
La Dirección de Evaluación y Control de la Gestión Técnica contará con tres Subdirecciones: de Evaluación y Control de Planeación y Programas de Evaluación y Auditorías; de Evaluación y Control de Revisiones Programático Presupuestales y Económico Financieras; así como la de Evaluación y Control de Revisiones de Regularidad.
La Dirección de Evaluación y Control de la Gestión Administrativa contará con dos Subdirecciones: la de Contraloría y la de Registro y Control Patrimonial. Finalmente, la Dirección de Asuntos Jurídicos tendrá a su cargo la Subdirección Jurídica.
De la Comisión de Vigilancia
En el capítulo Segundo del proyecto de reglamento se desarrollan las atribuciones que tendrá la Comisión de Vigilancia en su relación con la Unidad. La Comisión se apoyará en la Unidad para la evaluación de la actividad de la Auditoría Superior de la Federación.
La Comisión de Vigilancia será el conducto de comunicación entre la Unidad de Evaluación y la Cámara de Diputados, y entre sus atribuciones se encuentra la de proponer, ante el Pleno de la Cámara, el nombramiento del Titular de la Unidad de Evaluación, el presupuesto anual de la misma, así como el informe anual de actividades de la Unidad.
Entre otras atribuciones, la Comisión aprobará los manuales de organización de la Unidad, así como las normas técnicas y los procedimientos a los que se sujetarán las visitas, inspecciones y auditorías que se practiquen a la Entidad de Fiscalización Superior.
La Comisión de Vigilancia autorizará la solventación de observaciones que se hayan formulado a la Auditoría Superior de la Federación, y dispondrá que la Unidad haga la presentación de denuncias o querellas imputables a los servidores públicos de la Entidad de Fiscalización Superior.
Atribuciones de la Unidad de Evaluación
En el capítulo Tercero de la iniciativa de Reglamento se desarrollan las atribuciones con las que contará la Unidad de Evaluación y Control, que principalmente son las que detalla el artículo 92 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Así, la Unidad de Evaluación esencialmente vigilará que los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación se conduzcan en términos de los dispuesto por la Ley de Fiscalización y demás disposiciones aplicables.
La Unidad practicará por sí o a través de auditores externos, visitas, inspecciones o auditorías para verificar el desempeño, cumplimiento de objetivos y metas de los programas anuales de la Entidad de Fiscalización Superior.
Recibirá quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del Auditor Superior y demás servidores públicos de la Entidad de Fiscalización. Iniciará investigaciones y en su caso, fincará las responsabilidades a que hubiere lugar; presentará denuncias o querellas si el caso lo amerita; llevará el registro patrimonial de los trabajadores de la Entidad; conocerá y resolverá las inconformidades que presenten proveedores y contratistas; sustanciará las solicitudes para dictaminar si ha lugar a iniciar el procedimiento de remoción del Auditor Superior, así como de los demás Auditores especiales de la Entidad de Fiscalización.
Atribuciones del Titular de la Unidad
En el capítulo Cuarto de la iniciativa se plantea que el Titular de la Unidad de Evaluación y Control dure en su encargo cuatro años, sea el representante legal de la Unidad, administre el patrimonio de la misma, y dé cuenta al Pleno de la Cámara, por conducto de la Comisión, de la gestión anual de la Unidad.
El Titular propondrá a la Comisión el nombramiento y remoción de los Directores, Subdirectores, Coordinadores, Secretario Técnico y demás personal de confianza de la Unidad.
El Titular cumplirá y vigilará que se cumplan los acuerdos que sobre su materia emitan la Cámara y la Comisión; rendirá informe sobre las revisiones que se practiquen a la Entidad de Fiscalización; propondrá las políticas, procedimientos y programas para la práctica de auditorías a la Entidad, entre otras.
Atribuciones de las Direcciones
En el capítulo Quinto, la iniciativa presenta atribuciones generales a las que se deberán sujetar las Direcciones con las que contará la Unidad de Evaluación y Control.
Esencialmente, las disposiciones planteadas señalan que los Directores acordarán con su superior jerárquico el despacho de los asuntos relaciones con la oficina a su cargo; planear y programar las actividades de su Dirección; proponer los planes y programas de las revisiones a la Entidad de Fiscalización y supervisar las mismas; elaborar los informes de resultados de las revisiones que practiquen, entre otras.
Asimismo, en este capítulo, la iniciativa plantea las atribuciones particulares de cada una de las direcciones, subdirecciones, coordinaciones y del Secretario Técnico.
La Dirección de la Gestión Técnica deberá programar y ejecutar la evaluación, seguimiento y control de los programas de auditorías y evaluaciones que realiza la Auditoría Superior; verificar que los servidores públicos de la Auditoría Superior se apeguen a la normatividad y cumplan con las normas generales de auditoría pública; evaluar el contenido de los informes de la Auditoría Superior, e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Entidad de Fiscalización Superior.
A la Dirección de la Gestión Administrativa corresponderá planear las políticas para regular el funcionamiento de la atención de quejas y denuncias relacionadas con el desempeño de los servidores públicos de la Entidad; Investigar los actos de los servidores públicos de la Entidad, que puedan constituir probable irregularidad o responsabilidad administrativas; llevar y dirigir el registro, evaluación y control de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior, entre otras.
Por su parte, a la Dirección de Asuntos Jurídicos corresponde ser el representante legal del Titular de la Unidad ante los tribunales de la República y demás autoridades administrativas; ejercitar las acciones judiciales, civiles y administrativas en las que la Unidad sea parte; dictaminar sobre las sanciones administrativas a que se hicieren acreedores los servidores públicos de la Auditoría Superior; sancionar los proyectos de recomendaciones derivados de las auditorías practicadas a la Entidad; dictaminar las solicitudes sobre la responsabilidad de indemnizar a particulares, por reparación del daño atribuibles a servidores públicos de la Auditoría Superior, y dictaminar sobre la existencia de motivos de remoción de los Auditores especiales de la Entidad de Fiscalización Superior.
Por lo que toca a las subdirecciones, la iniciativa menciona la adscripción de la Dirección a que corresponde cada una, y les compete auxiliar la labor que tiene asignada cada Dirección.
Al Coordinador Administrativo corresponderá administrar los recursos financieros, humanos, y materiales de la Unidad; preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la Unidad; proponer los manuales administrativos internos, elaborar los informes de ejercicio presupuestal; entre otras.
Finalmente, el Secretario Técnico de la Unidad, será auxiliar de las labores del Titular de la Unidad en el desarrollo de los asuntos de su competencia.
Régimen laboral, requisitos para directores y suplencias
En los capítulos Sexto, Séptimo y Octavo, la iniciativa menciona el régimen laboral a que se sujetarán los trabajadores de la Unidad; los requisitos para ser Director o Coordinador de la misma, así como el régimen de las suplencias, respectivamente.
La propuesta de Reglamento señala que los futuros servidores públicos de la Unidad se clasificarán como trabajadores de confianza y sus relaciones laborales se regirán conforme a lo dispuesto por el Apartado B del artículo 123 constitucional.
Por lo que toca a los requisitos para ser Director o Coordinador de la Unidad de Evaluación, la iniciativa señala que el candidato deberá ser mexicano, mayor de treinta años, contar con titulo profesional en las materias relacionadas con la actividad de la Unidad, no haber desempañado puestos de elección popular cuando menos dos años antes de la elección, y contar al día de su designación con experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de su profesión.
Finalmente, en lo que se refiere a las suplencias, se propone que las ausencias del Titular de la Unidad sean suplidas por el Director de Asuntos Jurídicos, por el Director de Evaluación de la Gestión Técnica o por el Director de Evaluación de la Gestión Administrativa, en ese orden, siempre que las ausencias no excedan de tres meses.
Se plantea que durante las ausencias temporales de los Directores, el despacho y resolución de los asuntos de su competencia queden a cargo de los subdirectores de su adscripción, en el ámbito de sus respectivas competencias.
III. CONSIDERACIONES
Con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio de 1999 quedaron sentadas las bases de la fiscalización superior para contar con un renovado y fortalecido marco jurídico en el control, revisión y vigilancia de la gestión financiera desde el ámbito del poder legislativo.
La reforma aludida, en la fracción XXIV del artículo 73 constitucional, faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley que regule la organización de la Entidad de Fiscalización de la Federación, y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.
En diciembre del año 2000 entró en vigor la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la cual en el artículo 91 señala que para los efectos de evaluar si la Entidad de Fiscalización Superior cumple con sus funciones existirá una Unidad especializada a la que se le denominará Unidad de Evaluación y Control, que formará parte de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Por su parte, el artículo 96 de la ley mencionada dispone que para el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas la Unidad, contará con los servidores públicos, unidades administrativas y los recursos económicos que a propuesta de la Comisión de Vigilancia apruebe la Cámara y se determinen en el presupuesto. También señala que el Reglamento establecerá las competencias de las áreas de la Unidad mencionada.
Así, en ejercicio de la atribución que le confiere la fracción X del artículo 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Comisión de Vigilancia presentó a la consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa de Reglamento de la Unidad de Evaluación y Control, en la propone la organización y estructura de la misma, y desarrolla las atribuciones que menciona la ley de la materia.
En esta tesitura, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, en el artículo 40 numeral 4, señala que a la Comisión de Vigilancia corresponde realizar las tareas que le marcan la Constitución y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, reglamentaria de la norma suprema en la materia.
La Ley de Fiscalización, en su artículo 66, dispone que la Comisión de Vigilancia tendrá por objeto coordinar las relaciones entre la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación, constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos, así como evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización.
Por lo que atañe a la facultad de evaluar, la Ley dispone que corresponde a la Comisión de Vigilancia valorar si la Entidad de Fiscalización Superior cumple con sus funciones de acuerdo con la Constitución y con la propia Ley. Para llevar a cabo lo anterior, el ordenamiento sobre la materia menciona que la Comisión contará con un órgano especializado que se denomina Unidad de Evaluación y Control.
Es con base en la Ley de Fiscalización Superior que la Comisión de Vigilancia está planteando dotar de un ordenamiento jurídico al órgano profesional y especializado que formará parte de su estructura.
Esta Comisión Dictaminadora advierte que la propuesta de preceptos que se contienen en la iniciativa se ajustan a los principios contenidos en la Ley de Fiscalización de la Federación, sobre todo respecto al objeto de la Unidad de Evaluación, de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones de los servidores públicos de la ahora denominada Auditoría Superior de la federación.
La Unidad de Evaluación y Control no tendrá injerencia en la autonomía de que goza la Entidad de Fiscalización, ya que no intervendrá en la preparación de los programas de auditoría que la Entidad lleve a cabo para la revisión de la cuenta pública.
En este sentido, los diputados de esta Dictaminadora coinciden con los argumentos que se exponen en la iniciativa, de que la actividad de la Unidad de Evaluación y Control dará certidumbre y confianza de que la función de la Entidad de Fiscalización se apega a lo que dispone la Constitución y su ley reglamentaria.
Dado que el grupo de trabajadores que colaborarán la Unidad de Evaluación poseerá la especialización que se requiere en las materias de auditoría, contabilidad, crédito público y jurídica, es claro que será un órgano importante para que la Comisión de Vigilancia cumpla con atingencia y responsabilidad la función de evaluar el desempeño de la Entidad de Fiscalización.
Es indudable también que contar con un ordenamiento que regule la actividad del órgano que dependerá de la Comisión de Vigilancia, permitirá que su actuación no invada la esfera de las atribuciones que corresponden necesariamente a la Auditoría Superior.
En razón de lo anterior, a juicio de los diputados integrantes de esta Comisión, la iniciativa de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados se ajusta al principio de evaluación contenido en la ley de la materia, y desarrolla correctamente sus disposiciones, las cuales le permitirán cumplir con su función.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dictamina en sentido afirmativo
la iniciativa de Reglamento de la multicitada Unidad de Evaluación
y Control, para quedar como sigue:
ARTICULO UNICO.- Se expide el Reglamento Interior
de la Unidad de Evaluación y Control dependiente de la Comisión
de Vigilancia de la Cámara de Diputados, al siguiente tenor:
REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Capitulo I
De la Competencia y Organización.
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la actividad del órgano técnico denominado Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:
Comisión: La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Auditoría Superior: El órgano técnico de la Cámara denominado por la Ley como Auditoría Superior de la Federación.
Unidad: La Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Ley: La Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Reglamento: El Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Artículo 4. Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, la Unidad contará con los servidores públicos y las Direcciones siguientes:
II. Director de Evaluación y Control de la Gestión
Técnica
II.1 Subdirección de Evaluación y Control
de Planeación y Programas de Evaluación y Auditorías.
II.2 Subdirección de Evaluación y Control
de Revisiones Programático Presupuestales y Económico Financieras.
II.3 Subdirección de Evaluación y Control
de Revisiones de Regularidad.
III. Director de Evaluación y Control de la Gestión
Administrativa.
III.1 Subdirección de Contraloría.
III.2 Subdirección de Registro y Control Patrimonial.
IV. Director de Asuntos Jurídicos
IV.1 Subdirección Jurídica.
V. Coordinador Administrativo.
VI. Secretaría Técnica.
Artículo 5. La Unidad, por conducto de sus servidores públicos y Direcciones, llevará a cabo sus actividades en forma programada y conforme a las políticas que para el logro de sus objetivos establezca su Titular con el acuerdo de la Comisión.
Capitulo II
De la Comisión de Vigilancia.
Artículo 6. La Comisión se apoyará en la Unidad, para evaluar si la Auditoría Superior cumple con las funciones que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley, le corresponden.
Artículo 7. A la Comisión, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 67 fracción VII, 91 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, corresponde:
II. Aprobar y presentar al Pleno de la Cámara, por conducto de la Junta de Coordinación Política, el anteproyecto de presupuesto anual de la Unidad;
III. Aprobar el programa anual de actividades, el manual general de organización, lineamientos y criterios generales, y demás manuales administrativos de la Unidad;
IV. Aprobar las normas técnicas y los procedimientos a que deban sujetarse las visitas, inspecciones y auditorías que se practiquen a la Auditoría Superior;
V. Ordenar a la Unidad, la práctica de auditorías, inspecciones y visitas a la Auditoría Superior, para que las practique por sí o de manera externa;
VI. Autorizar la solventación de las recomendaciones formuladas a la Auditoría Superior, derivadas de las revisiones practicadas por la Unidad, y vigilar que hayan sido plenamente atendidas;
VII. Presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, en caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Unidad de Evaluación y Control;
VIII. Ser el conducto de comunicación entre la Cámara y la Unidad;
IX. Autorizar el nombramiento y remoción del personal de mando de la Unidad, a partir del nivel de Director;
X. Autorizar el nombramiento y remoción de los trabajadores de confianza con que cuente la Unidad;
XI. Interpretar el presente Reglamento, aclarar y resolver las consultas sobre su aplicación;
XII. Presentar a la Cámara el informe anual de gestión de la Unidad; y
XIII. Las demás que se deriven de la Ley, del presente Reglamento, y de los Acuerdos de la Cámara.
Artículo 8. La Unidad tendrá las siguientes atribuciones:
II. Por acuerdo de la Comisión, practicar por sí o a través de auditores externos, auditorías, visitas e inspecciones, para verificar el desempeño, el cumplimiento de objetivos y metas de los programas anuales de la Auditoría Superior, así como la debida aplicación de los recursos a cargo de ésta;
III. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del Auditor Superior de la Federación y demás servidores públicos de la Auditoría Superior, iniciar investigaciones y, en su caso, con la aprobación de la Comisión, fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones que correspondan, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
IV. Conocer y resolver el recurso de reconsideración que interpongan los servidores públicos sancionados conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
V. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales;
VI. Por acuerdo de la Comisión, presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, en caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior;
VII. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior;
VIII. Conocer y resolver de las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas, por el incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;
IX. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de los particulares relacionadas con servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
X. Sustanciar la investigación preliminar por vía especial, para dictaminar si ha lugar a iniciar el procedimiento de remoción a que se refiere la Ley, relacionado con las quejas que reciba de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales sobre los actos del Auditor Superior de la Federación,
XI. A instancias de la Comisión, opinar sobre la existencia de los motivos de remoción de los Auditores Especiales de la Auditoría Superior, y
XII. Las demás que le atribuyan expresamente la Ley, demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y los Acuerdos de la Cámara y la Comisión.
Artículo 9. El Titular de la Unidad será responsable administrativamente ante la Propia Cámara. Durará en su encargo por el periodo de cuatro años. A propuesta de la Comisión, la Cámara podrá prorrogar su nombramiento hasta por otro periodo igual.
Artículo 10. El Titular de la Unidad podrá ser removido cuando en el desempeño de su cargo incurriere en falta de honradez, notoria ineficiencia, incapacidad física o mental, o cometa algún delito intencional.
En tales casos, la Comisión propondrá a la Cámara, motivada y fundadamente, su remoción, la que resolverá, previo conocimiento de lo que el Titular de la Unidad hubiere alegado en su defensa.
Durante el receso de la Cámara, la Comisión podrá suspenderlo en el ejercicio de sus funciones para que aquélla resuelva en el siguiente periodo ordinario de sesiones.
Artículo 11. Al Titular de la Unidad corresponde:
II. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la Unidad, que será sometido a la Cámara por conducto de la Comisión;
III. Administrar y ejercer el presupuesto mensual, dando cuenta comprobada de su aplicación a la Comisión dentro de los diez primeros días del mes siguiente al que corresponda su ejercicio;
IV. Informar a la Comisión, dentro de los treinta días siguientes al término del ejercicio del presupuesto anual, acerca de su aplicación;
V. Rendir a la Cámara, por conducto de la Comisión, el informe anual de su gestión;
VI. Proponer a la Comisión el nombramiento y remoción de los directores, subdirectores, coordinadores, secretario técnico y demás personal de confianza de la Unidad;
VII. Rendir los informes de los resultados de las auditorías, visitas e inspecciones practicados a la Auditoría Superior, y los demás que le soliciten la Cámara y la Comisión;
VIII. Definir, formular y establecer los sistemas de control interno y de evaluación, procurando que asuman un carácter integral, congruente y homogéneo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes;
IX. Proponer las políticas, procedimientos y programas por las que se realizarán las auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior;
X.- Planear, programar y llevar a cabo las auditorías, visitas e inspecciones a las diversas áreas administrativas de la Auditoría Superior;
XI. Planear, programar y proponer a la Comisión, la práctica de auditorías, visitas o inspecciones de carácter externo a la Auditoría Superior;
XII. Comunicar a la Comisión lo relacionado con el personal que intervendrá en las auditorías, visitas e inspecciones que realice la Unidad a la Auditoría Superior;
XIII. Resolver las solicitudes de particulares relacionadas con servidores públicos de la Auditoría Superior, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
XIV. Cumplir y vigilar que se cumplan los acuerdos y lineamientos emitidos por la Cámara y la Comisión;
XV. Presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior, en caso de detectar conductas que puedan constituir delito;
XVI. Fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones que correspondan a los servidores públicos de la Auditoría Superior, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, previa aprobación de la Comisión;
XVII. Imponer a los Servidores Públicos de la Unidad las sanciones legales que procedan cuando incurran en responsabilidades administrativas en el desempeño de sus funciones;
XVIII. Resolver el recurso de reconsideración que interpongan los servidores públicos de la Auditoría Superior sancionados conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
XIX. Mantener comunicación con el Auditor Superior y los titulares de las áreas de la Auditoría Superior para facilitar la práctica de auditorías, visitas e inspecciones;
XX. Requerir a las unidades administrativas de la Auditoría Superior la información necesaria para cumplir con sus funciones;
XXI. Certificar copias de los documentos que obren en los archivos de la Unidad, y
XXII. Los demás que le otorgue la Ley, el presente Reglamento y los Acuerdos que emitan la Cámara o la Comisión.
Capítulo V
De los Atribuciones de las Direcciones
Artículo 12. Para el ejercicio de sus funciones, el Titular de la Unidad contará con Direcciones y Subdirecciones, las que tendrán sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos, las siguientes atribuciones generales:
II. Acordar con su superior jerárquico el despacho de los asuntos relacionados con la oficina a su cargo, o los programas cuya coordinación se le hubieren asignado;
III. Planear y programar las actividades de las oficinas a su cargo y someterlas a la consideración del Titular de la Unidad;
IV. Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones y la ejecución de los programas de la Dirección a su cargo, de conformidad con los lineamientos y criterios generales que apruebe la Comisión;
V. Proponer los planes y programas de auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior, al Titular de la Unidad, así como los programas de la Dirección;
VI. Supervisar la práctica de auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior;
VII. Elaborar los informes de los resultados de las auditorías, visitas e inspecciones que se realicen a la Auditoría;
VIII. Dar seguimiento a la atención de las recomendaciones formuladas a la Auditoría Superior, derivadas de las auditorías, visitas e inspecciones;
IX. Participar en la preparación de estudios, planes, programas y proyectos que competan a la Unidad, en la forma que lo determine el Titular, el Manual General de Organización y los acuerdos de la Cámara y la Comisión;
X. Aportar la información que corresponda para formular el anteproyecto de presupuesto anual de la Unidad, así como la correspondiente para el informe anual de la Unidad;
XI. Proponer al titular de la Unidad el personal que deba intervenir en las Auditorías, visitas e inspecciones a su cargo, y en su caso, comunicar los cambios que se efectúen al respecto; y
XII. Requerir a las distintas áreas de la Auditoría Superior, y a particulares y terceros que hubieren celebrado operaciones con aquélla, la información y documentación que sea necesaria para realizar las labores de auditoría, visita o inspección;
XIII. Las demás que les otorguen el presente Reglamento, el Manual General de Organización, el Titular de la Unidad, y los Acuerdos de la Cámara y la Comisión.
Artículo 13. Al Director de Evaluación y Control de la Gestión Técnica corresponde:
II. Informar al Titular de la Unidad y determinar la responsabilidad de los servidores públicos de la Auditoría Superior, cuando al revisar la Cuenta Pública no formulen observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten;
III.- Verificar que los resultados obtenidos por la Auditoría Superior se apeguen a los objetivos trazados por la Cámara y la Comisión;
IV. Verificar que las actividades de los servidores públicos de la Auditoría Superior se apeguen a la normatividad aplicable;
V. Verificar que los servidores públicos de la Auditoría Superior cumplan con las Normas Generales de Auditoría Pública y con las normas, políticas y procedimientos que tenga establecidos;
VI. Evaluar el contenido de los informes derivados de la práctica de auditorías, visitas e inspecciones, y conforme a sus resultados, proponer al Titular de la Unidad las acciones pertinentes;
VII. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría Superior que pudieran constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas, y
VIII. Las demás que le atribuyan expresamente el Titular de la Unidad, el Manual General de Organización y la Comisión.
II. Investigar, por medio de las denuncias o quejas, a los servidores públicos de la Auditoría Superior, determinar si existen indicios de responsabilidad y dictaminar sobre la imposición de sanciones en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables;
III. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría Superior que pudieran constituir probable irregularidad o responsabilidad administrativas;
IV. Llevar y dirigir el registro, evaluación y control de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la entidad de Fiscalización Superior de la Federación;
V. Dirigir las acciones de coordinación con otras instancias de fiscalización para la expedición de constancias que acrediten la no existencia de registro de inhabilitación; y
VI. Las demás que le atribuyan expresamente el titular de la Unidad y la Comisión.
II. Estudiar, revisar y formular al Titular de la Unidad proyectos de Reglamento, circulares y demás disposiciones jurídicas en las materias que sean competencia de la Unidad;
III. Representar al Titular de la Unidad ante los tribunales de la República y demás autoridades administrativas;
IV. Ejercitar las acciones judiciales, civiles y administrativas en las que la Unidad sea parte, contestar demandas, oponer excepciones, presentar y objetar pruebas y alegatos, interponer toda clase de recursos, y en general, dar debido seguimiento a los juicios;
V. Por acuerdo del Titular de la Unidad, presentar denuncias y querellas relacionadas con hechos u omisiones que puedan constituir delito que cometieren los servidores públicos de la Auditoría Superior;
VI. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la Unidad, cuando deban ser exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas o laborales, salvo que se traten de documentos confidenciales;
VII. Asesorar y, cuando sea necesario, intervenir en el levantamiento de las actas administrativas que procedan como resultado de las auditorías, visitas e inspecciones que practique la Unidad a la Auditoría Superior; así como las que se elaboren internamente con motivo de la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;
VIII. Dictaminar sobre las sanciones administrativas a que se hicieren acreedores los servidores públicos de la Auditoría Superior;
IX. Sancionar los proyectos de recomendaciones u observaciones y demás documentos relacionados con aspectos legales que elaboren las distintas áreas de la Unidad;
X. Tramitar y resolver los recursos o medios de impugnación que procedan y hagan valer los servidores públicos de la Auditoría Superior respecto de las resoluciones en las que se impongan sanciones administrativas.
XI. Por orden de la Comisión, dictaminar sobre la existencia de los motivos de remoción de los Auditores Especiales de la Auditoría Superior;
XII. Analizar y dictaminar las solicitudes de particulares para que se reconozca la responsabilidad de indemnizar reparaciones de daños relacionadas con los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
XIII. Compilar y difundir las normas jurídicas relacionadas con las atribuciones de la Comisión y de la Unidad;
XIV. Ser enlace por parte de la Unidad, en asuntos jurídicos, con las áreas correspondientes de la Auditoría Superior y de la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo; y
XV. Las demás que le atribuyan el Manual General de Organización, el Titular de la Unidad y la Comisión.
II. Diseñar los mecanismos de control para la ejecución de las auditorías que lleve a cabo la Unidad en materia de vigilancia de las revisiones programático presupuestales, económico financieras y las de regularidad; así como para evaluar el proceso de planeación y programación de las actividades de la Auditoría Superior;
III. Proponer las políticas, procedimientos y programas en materia de los procesos de auditoría y supervisión que llevará a cabo la Unidad para la evaluación de las actividades de los servidores públicos de la Auditoría Superior;
IV. Diseñar y coordinar la formulación de las guías de auditoría que aplicará la Unidad conforme a los programas ejecutados en las unidades administrativas de la Auditoría Superior, precisando sus alcances y objetivos;
V. Evaluar las revisiones que la Auditoría Superior practique a los sujetos de fiscalización superior, analizando los criterios de selección, el procedimiento aplicado y la eficacia, así como el grado de cumplimiento de los objetivos planteados;
VI. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones, pliegos de responsabilidades y aplicación de sanciones que determinó la Auditoría Superior en su informe de resultados de la cuenta pública;
VII. Verificar que la operación y funcionamiento de los sistemas de control de información de la Auditoría Superior se apeguen a la normatividad aplicable, y en su caso, proponer las medidas correctivas que procedan; y
VIII. Las demás que le confieran el Manual General de Organización de la Unidad y la Comisión.
II. Verificar si en las auditorías de desempeño que practique la Auditoría Superior a los sujetos de fiscalización superior se cumplieron los objetivos trazados en su planeación;
III. Verificar si los actos realizados por los servidores públicos de la Auditoría Superior se apegan a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;
IV. Verificar que los servidores públicos de la Auditoría Superior cumplan con las Normas Generales de Auditoría Pública, políticas y procedimientos que tenga establecidos;
V. Analizar el contenido de los informes derivados de la práctica de auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior, y conforme a los resultados, proponer las acciones pertinentes;
VI. Informar si del resultado de sus auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior existen presunciones de responsabilidad en contra de los servidores públicos de aquélla para, en su caso, proponer la aplicación de sanciones en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables;
VII. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría Superior que puedan constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas; y
VIII. Las demás que le confieran el Manual General de Organización de la Unidad y la Comisión.
II. Practicar auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior, para verificar si en sus revisiones a los sujetos de fiscalización superior, se observó el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas para la ejecución y registro de los recursos federales asignados;
III. Verificar si los actos realizados por los servidores públicos de la Auditoría Superior se apegan a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;
IV. Verificar que los servidores públicos de la Auditoría Superior cumplan con las Normas Generales de Auditoría Pública, políticas y procedimientos que tenga establecidos;
V. Analizar el contenido de los informes derivados de la práctica de sus auditorías, visitas e inspecciones, y conforme a sus resultados, proponer a sus superiores las acciones pertinentes;
VI. Informar si del resultado de sus auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior existen presunciones de responsabilidad en contra de los servidores públicos de aquélla, para en su caso proponer la aplicación de sanciones en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables;
VII. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría Superior que pudieran constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas; y
VIII. Las demás que le confieran el Manual General de Organización de la Unidad y la Comisión.
II. Apoyar a la Comisión, mediante la realización de auditorías internas a la Unidad en coordinación con la Dirección de Contraloría de la Cámara, verificando que los sistemas de control interno y el ejercicio del presupuesto se apeguen a las disposiciones vigentes;
III. Coordinar la administración y operación permanente de un sistema de indicadores de desempeño que permitan analizar y evaluar el comportamiento de los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades de la Unidad;
IV. Sustanciar la investigación preliminar por vía especial, cuando se formule queja sobre los actos del Auditor Superior o de los Auditores Especiales, notificando al quejoso el dictamen correspondiente;
V. Resolver las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas de la Auditoría Superior por incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;
VI. Elaborar y proponer los mecanismos de control para la ejecución de las auditorías que lleve a cabo la Unidad en materia de vigilancia de la gestión administrativa de la Auditoría Superior;
VII. Verificar que las unidades administrativas y financieras de la Auditoría Superior realicen el manejo y aplicación de los recursos asignados, con eficiencia y de acuerdo a las políticas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal;
VIII. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a la Unidad que puedan constituir responsabilidades, de acuerdo a la normatividad aplicable;
IX. Participar, en el ámbito de su competencia, en los procesos de licitación que realice la Unidad en materia de adquisiciones y contratación de servicios de obra pública; así como en el proceso de licitación de auditorías externas que se practicarán a la Auditoría Superior; y
X. Las demás que le confieran el Manual General de Organización de la Unidad y la Comisión.
II. Proponer y ejecutar la recepción de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la Auditoría Superior;
III. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior;
IV. Proponer los mecanismos de coordinación con otras instancias de fiscalización para la obtención y expedición de constancias que acrediten la no existencia de registro de inhabilitación; y,
V. Las demás que le confieran el Manual General de Organización de la Unidad y la Comisión.
II. Por acuerdo del Titular de la Unidad y del Director de Asuntos Jurídicos, presentar denuncias y querellas relacionadas con hechos que puedan constituir delito que cometieren los servidores públicos de la Auditoría Superior;
III. Dar seguimiento a los juicios civiles, penales, administrativos y laborales en que la Unidad sea parte;
IV. Presentar a la consideración del Director de Asuntos Jurídicos los dictámenes sobre las sanciones administrativas a que se hicieren acreedores los servidores públicos de la Auditoría Superior;
V. Dictaminar los proyectos de recomendaciones y de observaciones, así como los demás documentos relacionados con aspectos legales que elaboren las distintas áreas de la Unidad;
VI. Dictaminar y presentar a la consideración del Director de Asuntos Jurídicos los proyectos de recursos o medios de impugnación que procedan y hagan valer los servidores públicos de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones en las que se impongan sanciones administrativas;
VII. Las demás que le atribuyan el Manual General de Organización, el Titular de la Unidad, la Comisión y el Director de Asuntos Jurídicos.
II. Coordinar y preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la Unidad, así como controlar su ejercicio;
III. Proponer al Titular de la Unidad los manuales administrativos internos que presenten las diversas áreas de la Unidad;
IV. Elaborar los informes mensual y anual correspondientes de los presupuestos ejercidos por la Unidad;
V. Mantener actualizados los registros contables y elaborar los estados financieros y demás informes internos de la Unidad;
VI. Proponer al Titular de la Unidad las adecuaciones presupuestarias que se requieran para el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros asignados a la Unidad;
VII. Las demás que le confieran el Manual General de organización, el Titular de la Unidad y la Comisión.
Capítulo VI
Del régimen laboral
Artículo 24. Los servidores Públicos de la Unidad se clasifican como trabajadores de confianza y sus relaciones laborales se regirán conforme a lo establecido por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre la Unidad de Evaluación y Control, a través de su Titular, y los trabajadores a su servicio, para todos sus efectos.
Artículo 25. A efecto de que reciban las prestaciones de seguridad social, el titular de la Unidad, por acuerdo de la Comisión, celebrará los convenios pertinentes con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Capítulo VII
De los Requisitos para Directores y Coordinadores de
la Unidad
Artículo 26. Para ser Director o Coordinador de la Unidad, se requiere:
II. Contar con título profesional de Contador Público, Licenciado en Derecho, en Economía, en Administración o cualquier otro título profesional relacionado con actividades de fiscalización, legalmente expedido por autoridad o institución facultada para ello;
En el caso de la Dirección de Asuntos Jurídicos , el título profesional deberá ser de Licenciado en Derecho.
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional;
IV. No prestar servicios profesionales a los sujetos de fiscalización superior durante el desempeño de su cargo;
V. No haber desempeñado puestos de elección popular, cuando menos dos años antes al momento de su designación; y
VI. Contar al día de su designación con una experiencia de cinco años en el ejercicio de su profesión.
Artículo 27. El Titular de la Unidad será suplido en sus ausencias por el Director de Asuntos Jurídicos o por los Directores de Evaluación de la Gestión Técnica o de Evaluación de la gestión Administrativa, en ese orden, siempre que las ausencias no excedan de tres meses. Si la ausencia fuere mayor, la Comisión dará cuenta a la Cámara para que resuelva lo procedente.
Durante los Recesos, el Director de Asuntos Jurídicos ejercerá el cargo hasta en tanto la Cámara designe al titular en el siguiente periodo de sesiones.
Artículo 28. Durante las ausencias temporales
de los Directores, el despacho y la resolución de los asuntos correspondientes,
quedarán a cargo de los subdirectores de su adscripción,
en el ámbito de sus respectivas competencias.
TRANSITORIOS.
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Manual General de Organización de la Unidad de Evaluación y Control, deberá ser expedido noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente reglamento.
Tercero. En tanto se expidan los manuales que este Reglamento menciona, la Comisión podrá facultar al Titular de la Unidad para que resuelva las cuestiones internas de la Unidad.
Por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:
Diputados: Augusto Gómez Villanueva (rúbrica), Presidente; Jesús Ali de la Torre (rúbrica), Secretario; Sergio R. Vaca Betancourt Bretón (rúbrica), Secretario; Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), Secretario; Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Secretario; Eduardo Andrade Sánchez, Manuel Garza González (rúbrica), Gustavo Nabor Ojeda Delgado (rúbrica), Juan Manuel Martínez Nava (rúbrica), Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Francisco Javier Chico Goerne (rúbrica), Fanny Arellanes Cervantes (rúbrica), Luis Villegas Montes, José de Jesús Hurtado Torres (rúbrica), José de Jesús López Sandoval (rúbrica), Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), Lorenzo Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), Ricardo Moreno Bastida.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México
DF, a los 30 días de octubre de 2001.
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, A EFECTO DE DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS DIVERSOS PROCESOS PENALES LLEVADOS A CABO EN CONTRA DEL C. CARLOS CABAL PENICHE
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados al H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y análisis, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República, a efecto de dar seguimiento puntual a los diversos procesos penales llevados a cabo en contra del C. Carlos Cabal Peniche.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 39 párrafos 1 y 2 fracción XIV; 45 párrafo 6 incisos f) y g) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y las que se deriven al caso, como son las contenidas en los artículos 58, 60, 87, 88, y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso General, someten a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea la presente resolución, dictada bajo la siguiente:
METODOLOGIA
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos encargada del análisis, estudio y desahogo de la Proposición con Punto de Acuerdo presentada, desarrollo su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:
2.- En el rubro de "Exposición de Motivos" se hace referencia alos criterios que sustentan la necesidad que se investigue a fondo a las personas que tuvieron injerencia directa en la integración de las averiguaciones previas, en las que se señala como probable responsable en la comisión de hechos de carácter delictivo al C. Carlos Cabal Peniche.
3.- En las "Consideraciones" los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, expresan argumentos de valoración para sustentar la decisión de exhortar al Procurador General de la República, a efecto que le de seguimiento puntual a los procesos penales iniciados en contra del C. Carlos Cabal Peniche.
a) Con fecha 25 de septiembre de 2001, el ciudadano diputado José de Jesús Hurtado Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la Proposición con Punto de Acuerdo a efecto de exhortar al Procurador General de la República a que de seguimiento puntual a los procesos penales entablados en contra del C. Carlos Cabal Peniche, para determinar a los responsables de la integración de las averiguaciones respectivas, y proceder en consecuencia.
b) En sesión celebrada el 25 de septiembre de 2001, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al Honorable Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y desahogo la proposición de referencia.
c) En fecha 26 de septiembre de 2001, los integrantes de la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos, conocieron la proposición presentada
y procedieron a nombrar una subcomisión de trabajo tendiente a analizar
su contenido, sobre la base de la siguiente:
2.-EXPOSICION DE MOTIVOS
En los últimos días ha llamado poderosamente la atención de muchos mexicanos, las noticias que en diferentes medios de comunicación se han emitido en relación al caso Cabal Peniche, de trece investigaciones federales trece reveses para la Procuraduría General de la República. La indignación de la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país es muy justificada.
La actitud irresponsable de quienes se encargan de la investigación, consignación y aprehensión de los presuntos delincuentes, merman la confianza que el pueblo tiene en sus autoridades, como está sucediendo con la Procuraduría General de la República, respecto del procesamiento del C. Carlos Cabal Peniche.
Dichas investigaciones fueron realizadas desde 1994 y hasta 1998, período en el cual estuvo al frente de la Procuraduría el Dr. Jorge Madrazo Cuéllar.
Por tal razón se requiere del actual Procurador General de la República, profundice en las investigaciones, y una vez concluidas se sancione y consigne a quienes resulten responsables.
Si bien es cierto que las actuales investigaciones por la cuales el C. Carlos Cabal Peniche ha logrado evadir la justicia, no son responsabilidad directa de esta administración ni de este procurador, si es responsabilidad del Procurador Macedo de la Concha dar con los responsables y llegar hasta las últimas consecuencias.
Trece asuntos se han decidido mediante autos de libertad o sobreseimiento, sin duda porque las averiguaciones previas se integraron mal, las querellas de la Procuraduría Fiscal de la Federación se presentaron fuera de tiempo, lo que arroja evidente responsabilidad de los Procuradores Fiscales, que en su momento dejaron de actuar oportunamente, lo que derivó en que el ejercicio de la acción penal según los tribunales respectivos se hallara prescrita; en otros, se imputaron al inculpado "dolosamente" delitos distintos a los que en realidad cometió, con la evidente intención que no se surtiera el tipo penal para que resultase absuelto, omitiendo con ello consignarlo por aquellos ilícitos por los cuales sí pudo haber sido responsable.
Tales hechos provocan frustración e indignación de la ciudadanía, y además alientan a que proliferen los delincuentes "de cuello blanco", pues pareciera que en México basta tener suficientes recursos para impedir que se haga justicia.
Las querellas y denuncias en cuestión, las investigaciones practicadas, las consignaciones y las órdenes de aprehensión que en su momento causaron tanta expectación, y hasta esperanzas de que ahora sí se iba a hacer justicia, se han desvanecido, y los únicos responsables de este desastre jurídico son aquellos que a propósito, con dolo, o en su caso por ignorancia o negligencia, litigaron a nombre del pueblo mexicano para perder, a sabiendas de que iban a perder.
Existe la voluntad inquebrantable de luchar contra este tipo de actitudes negativas, legislando en la materia para evitar casos similares.
3.-CONSIDERACIONES
Los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, coincidimos en que debe profundizarse en la investigación de lo que sucedió en torno al presente caso, que es necesario esclarecerlo, que es necesario ir al fondo en este y en muchos otros asuntos en los que se encuentra hoy comprometida la justicia mexicana.
Desafortunadamente los mexicanos, nos hemos dado cuenta que este caso no es aislado ni es un solo fracaso en nuestra justicia, es un asunto que acusa como muchos otros, graves fallas en nuestros mecanismos de procuración y administración de justicia. Sin embargo, consideramos que se debe investigar, si en el mismo existieron dolosamente, fallas, errores u omisiones graves, por parte de los Servidores Públicos encargados de investigar y de procesar al probable responsable de la comisión de los hechos delictivos que han causado indignación social, vergüenza nacional y desconfianza de un pueblo hacia sus autoridades.
En la actual composición del país, todos sin excepción debemos asumir el compromiso de ir a fondo en el combate a la corrupción en todos sus niveles y en todos sus grados, para que casos como éstos no vuelvan a tener cabida en nuestra justicia.
Los integrantes de esta Comisión, estamos ciertos que en el ámbito de nuestras facultades, debemos abocarnos a la realización de reformas legales, tendientes a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los Servidores Públicos que participan en la ejecución de las funciones de su competencia.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sometemos a consideración de ésta H. Soberanía el siguiente:
RESOLUTIVO
UNICO.- Que esta H. Cámara de Diputados exhorte al C. Procurador General de la República, Lic. Rafael Macedo de la Concha, a efecto que se de seguimiento puntual a los procesos penales que se encuentran iniciados en este momento en contra del C. Carlos Cabal Peniche, a que se profundicen las investigaciones actuales, con objeto de determinar si resultan probables responsables por omisiones graves en la integración y consignación de las averiguaciones previas respectivas, y en su caso, se presenten las denuncias correspondientes para que se apliquen las sanciones tanto administrativas como penales. Así mismo se de una explicación clara y precisa a la opinión pública, de las irregularidades en el curso de estas investigaciones, con la finalidad que se deslinden las responsabilidades en este caso.
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a treinta de octubre de 2001.
Diputados: Romero Apis, José Elías (rúbrica),
Presidente (PRI); Zavala Echavarría, Roberto, secretario (PRI);
Pérez Noriega, Fernando secretario (PAN); Buenrostro Díaz,
Gustavo César Jesús (rúbrica), secretario (PAN); Sotelo
Rosas, David Augusto (rúbrica), secretario (PRD); Andrade Sánchez,
Eduardo (PRI); Añorve Ocampo, Flor (rúbrica) (PRI); Cárdenas
Elizondo, Francisco (PRI); Galán Jiménez, Manuel (PRI); García
Farías, Rubén (rúbrica) (PRI); Márquez Hernández,
Ranulfo (PRI); Medellín Milán, Manuel (rúbrica) (PRI);
Ortiz Arana, Fernando (PRI); Reyna García, José Jesús
(PRI); Sepúlveda Fayad, Juan Manuel (rúbrica) (PRI); Avila
Márquez, Amado Benjamín (PAN); Cruz Blackledge, Gina Andrea
(rúbrica) (PAN); Fernández González, Lucio (rúbrica)
(PAN); Gutiérrez Gutiérrez, Alejandro Enrique (rúbrica)
(PAN); López Escoffie, Silvia América (rúbrica) (PAN);
López Mares, María Guadalupe (rúbrica) (PAN); Pacheco
Castañeda, Vicente (PAN); Pellegrini Pérez, Germán
Arturo (rúbrica) (PAN); Sondón Saavedra, Víctor Hugo
(rúbrica) (PAN); Tamayo Herrera, Yadira Ivette (PAN); Domínguez
Rodríguez, Genoveva (PRD); Torres Mercado, Tomás (PRD); del
Río Virgen, José Manuel (CDPPN); Campoy Ruy Sánchez,
María Teresa (rúbrica) (PVEM); Riojas Santana Norma Patricia
(rúbrica) (PSN).
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
Los suscritos diputados, originarios del estado de Veracruz y miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, exponemos lo siguiente:
En los últimos días se ha reiniciado un problema en el estado de Veracruz que data de hace un año, en el que se encuentran involucrados habitantes campesinos de la zona norte de la entidad y transportistas de la propia región. Desde el origen de estas confrontaciones, el Gobierno del estado suscribió acuerdos con las organizaciones de campesinos, con la finalidad de resolver los graves conflictos suscitados.
El Estado, dentro de sus diferentes ámbitos, es el encargado y obligado de preservar la paz y la seguridad en la sociedad, y al no cumplir estos deberes, propicia ruptura y enfrentamientos entre diversos núcleos de población desatendiendo además su mandato.
Preocupados por lo anterior y ante la inseguridad que implican los acontecimientos que se viven en la zona de la Huasteca veracruzana, los diputados federales del grupo parlamentario del PAN del estado de Veracruz venimos a:
Exhortar al Gobierno del Estado de Veracruz para que a la brevedad posible, antes de que se agudice, intervenga en la problemática presentada en el Estado, derivando de esto la resolución de manera justa y pronta en la situación conflictiva que está viviendo el estado de Veracruz.
Palacio Legislativo de San Lázaro
a 31 de octubre de 2001.
Diputados: Francisco Arano Montero, Roberto Eugenio Bueno Campos, Abel Ignacio Cuevas Melo, Manuel Wistano Orozco Garza, Luis Alberto Pazos de la Torre, Orestes Eugenio Pérez Cruz, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, Apuleyo Viniegra Orta, Alba Leonila Méndez Herrera (rúbricas).
(Túrnese a la Conferencia para la Dirección
y Programación de los Trabajos Legislativos. Noviembre 6 de 2001.)
El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En nuestra Constitución Política se han roto paradigmas al incorporar antes que ninguna otra legislación de esta naturaleza del mundo, a la par de las garantías individuales de las que goza cualquier persona y la parte organizativa de nuestro Estado, los derechos y garantías sociales, tales como al trabajo, a la salud, a la vivienda, etcétera.
Establecer esos derechos sociales como parte integrante de nuestra Constitución como país, no es fruto de ocurrencias, de afanes declarativos o expresión de buenas intenciones.
Se trató de caracterizar las prioridades que como nación tiene México, fruto de una realidad de desigualdad y pobreza que han acompañado a nuestro país desde su más primaria existencia, y que en los últimos tiempos ha tendido a exacerbarse, por la implementación a rajatabla de una política económica que sirve a la gran empresa transnacional y opera en detrimento de la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población.
Por ello se han establecido menciones a derechos sociales, para que cada poder en sus respectivos campos de competencia atienda y dé viabilidad a dichas prerrogativas.
Desprender de lo privado la atención de las necesidades primarias que son comunes a todos, es la razón del nacimiento de los derechos sociales como ámbito autónomo del derecho, haciéndose especial hincapié con ello en la responsabilidad del Estado en estas áreas en particular, donde el lucro, la ganancia y la rentabilidad privada ceden su paso hacia la satisfacción sin distingo de esas necesidades por parte de todos.
La justicia distributiva, se ejecuta a través del reconocimiento de estos derechos, como un mecanismo para compensar y atenuar las desigualdades que son fruto de las políticas públicas que no cumplen su principal razón de ser.
Sin embargo pasar de lo declarativo a lo programático, resulta en algunos casos todavía una tarea pendiente, pero eso de ninguna manera se debe a su sola mención en la Constitución, sino a la falta de atención por quienes deben hacer efectivos esos derechos sociales.
Corresponde a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes públicos ejercer sus atribuciones para hacer asequible el ejercicio de esos derechos.
Al Ejecutivo le corresponde fijar programas con cargo al presupuesto para atender esos derechos fundamentales, de manera amplia y generalizada; al Judicial le corresponde hacer de la impartición de justicia, también un asunto de restitución social, como el que se espera que haga con el caso de los ejidatarios de San Salvador Atenco.
Al Poder Legislativo nos corresponde fundamentalmente dos cuestiones: Vigilar como órgano de control político el exacto cumplimiento de la norma por parte del Ejecutivo y realizar las reformas legales que incluyan a los derechos sociales y hagan efectivo su ejercicio.
En esos esfuerzos se incluye la iniciativa que presento ante esta soberanía.
Propongo adicionar un párrafo al artículo 4º constitucional para establecer el derecho a la alimentación de toda persona, como un dispositivo constitucional que permita, a partir del mismo, establecer las políticas públicas necesarias para satisfacer un reclamo que preocupa en estos tiempos por su poca o nula atención por parte de la autoridad administrativa.
La enumeración de este derecho social en la Constitución, no es una acción enunciativa sino afirmativa, pues buscamos que de ahí se deriven políticas públicas concretas para atender el problema de la desnutrición de las y los mexicanos, por lo que en forma correlativa a la mención, precisamos que el Estado debe proveer lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de este derecho.
Pensamos que hacer de la atención a este problema un asunto de Estado, coloca en su justa dimensión la importancia que para el México de ahora y del futuro, representa la alimentación de sus habitantes.
No resulta vano pues, establecer en la Constitución estos derechos, aún y cuando ideológicamente haya quien se incomode ante el punzante compromiso que significa que formen parte de nuestra carta fundamental tales derechos, sólo quien desconoce la historia de México, puede cuestionar la valía de que nuestra Constitución incorpore estas menciones.
El Partido de la Revolución Democrática es pionero en esta solicitud y saludamos, que quienes en su momento se opusieron como partido a ello, hoy recojan y prioricen la propuesta.
Fue desde el 13 de julio de 1994, que presentamos ante esta soberanía una iniciativa de reformas al artículo 4º constitucional, buscando que en concordancia con el ya ratificado Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, se estableciera el derecho a la alimentación, sin embargo a más de seis años de presentada dicha iniciativa, es hasta esta legislatura cuando hay posibilidad de avanzar en ese terreno.
Las circunstancias han cambiado, por lo que saludamos tal disposición.
Para abundar en esta necesaria reforma, es preciso recordar la condición de México como país pobre y que nuestro reto desde ahora en la globalidad es precisamente atacar la marginación en la que viven más de 60 millones de mexicanos.
Según datos de la FAO, el 40% de los mexicanos padece desnutrición, situación que se agrava en más del doble para nuestra población indígena.
Pensamos que el problema de la redistribución de la riqueza, es un asunto también de soberanía.
¿Qué tan libres podemos ser como país, si más de la mitad de nuestra población se debate en niveles de infrasubsistencia, mientras unos cuantos amasan fortunas al amparo de una política económica que se sigue como dogma?
Pensamos que a 19 años de esa política económica, los resultados han sido desastrosos y la polarización económica y social es más marcada que antes, por lo que por gobernabilidad debemos cambiar desde este Congreso ese rumbo.
Esta iniciativa se inscribe desde lo simbólico, y desde lo concreto en ese esfuerzo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno la siguiente reforma constitucional:
Articulo Unico.- Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 4º constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 4.- ...
........
..........
Toda persona tiene derecho a la alimentación que le permita un desarrollo integral adecuado a su edad y condiciones especiales. El Estado proveerá lo necesario para garantizar el ejercicio de este derecho.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios, tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Artículo Transitorio
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2001.
Atentamente,
Dip. Pedro Miguel Rosaldo Salazar (rúbrica)
(Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Noviembre 6 de 2001.)
Los Diputados Federales integrantes del Grupo Plural de Trabajo para la Cafeticultura Mexicana de la LVIIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 65, 70 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el presente punto de acuerdo para la atención inmediata de los programas de apoyo a la cafeticultura nacional, bajo los siguientes:
Considerandos
La producción de café desde hace dos siglos ha constituido la principal actividad económica de las regiones más marginadas de nuestro país, cultivándose en 760,000 hectáreas, en 12 entidades y 391 municipios, el 80 por ciento de ellos marginados.
México es de los principales países productores en el mundo, con una producción anual promedio de 350,000 toneladas, de las que se exportan el 85 por ciento, su valor representa el 8.15 del PIB agrícola, siendo una importante fuente de divisas, además que satisface el abasto nacional.
Su cultivo es una importante fuente de empleo, a esta actividad se dedican 282,000 productores, el 66 por ciento de ellos son indígenas, generando más de 65 millones de jornales agrícolas, más de 3?000,000 de mexicanos dependen de esta agroindustria.
Las plantaciones de café y los cultivos asociados constituyen un importante generador de servicios ambientales evitando la erosión, facilitando el escurrimiento hidrológico, la fijación de carbono y la biodiversidad.
La especialización de este cultivo a las regiones marginadas de nuestro país es una actividad de especial valor geopolítico, social, económico y ambiental, que enfrenta en la actualidad una grave crisis por la debilidad estructural de la oferta y la demanda nacional y por las condiciones de los mercados internacionales, entre otros factores.
La producción nacional presenta muy bajos rendimientos por hectárea y una limitada participación de los productores en el valor agregado, por el fuerte minifundio, carencia de insumos, equipo e infraestructura de alta productividad y de equipamiento para participar en la cadena producción-consumo.
El consumo per cápita en México es uno de los más bajos de los países productores y una vigésima parte del consumo por habitante de los países altamente consumidores, se carece de una política para fomentar el consumo interno, por favorecer tradicionalmente el mercado exterior y la falta de campañas promociónales, abasto de mala calidad, uso indiscriminado de sucedáneos y precios poco atractivos al consumidor.
El mercado exterior que representa la principal fuente de ingresos de esta actividad se desarrolla sin estimular el control de calidad, con altos castigos sobre los precios y limitada participación de los productores, estas condiciones se han agravado después del retiro de los acuerdos internacionales de los países exportadores y consumidores y la desaparición del Instituto Mexicano del Café, adicionalmente las condiciones de los Tratados Comerciales Internacionales imponen nuevas competencias para el café mexicano que demandan de una política integral en materia de comercio exterior.
Las debilidades estructurales de esta agroindustria se profundizaron por la desaparición del Instituto Mexicano del Café y la ausencia de programas públicos con la amplitud y profundidad adecuada, la importación, el contrabando, la falta de control en la calidad de los productos finales y la participación limitada y desarticulada de los agentes de la cadena productiva en programas de fomento a la producción y productividad, al equipamiento industrial y al incremento de la participación en el mercado nacional y exterior.
La cafeticultura mexicana, en la actualidad enfrenta la peor crisis en su historia reciente por la disminución de los precios internacionales a niveles de 45 centavos la libra, por la sobreoferta mundial, estos precios internacionales provocan que los precios del café cereza al inicio de la cosecha sean menores que el costo de la pizca, con peligro que el productor deje de cosechar el café, con una grave repercusión social por la disminución del empleo e ingreso de estas regiones marginadas, serios problemas de producción, fitosanitarios y ecológicos de corto y mediano plazo y una disminución de las divisas captadas por el país.
El Poder Ejecutivo federal y los gobiernos de los estados cafetaleros, conjuntamente con las organizaciones de productores, industriales y comercializadores han propuesto diversas medidas para atender la crisis de coyuntura y los problemas estructurales de esta agroindustria, en las cuales es importante la participación del Congreso de la Unión y específicamente de esta H. Cámara de Diputados para la conformación de un proyecto que contemple medidas económicas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, así como el análisis de iniciativas para normar jurídicamente la actividad de esta agroindustria y específicamente, la constitución de una institución con capacidad legal, administrativa y financiera para atender su desarrollo.
Como respuesta a esta crisis y la necesidad de fortalecer estructuralmente la agroindustria del café, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acordó que la H. Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura integrara un Grupo Especial del Café, que en el desempeño de sus responsabilidades, con el Sector Público ha evaluado sus programas y con el sector social y privado las consultas para conocer la situación de la agroindustria y sus propuestas para su desarrollo, lo que ha permitido determinar que frente a la crítica situación que enfrenta la cafeticultura es urgente que el Ejecutivo federal cumpla oportuna y suficientemente los siguientes programas de apoyo:
Coincidimos con la reiterada demanda de las organizaciones de productores que el padrón cafetalero es un instrumento básico e indispensable para destinar con certidumbre los programas de apoyo, además de constituir un elemento fundamental para la planeación, programación y estudios de proyectos cafetaleros, por esta razón demandamos que la Sagarpa cumpla en tiempo y forma con esta actividad, en los plazos fijados, el más reciente el anunciado por el titular de esa dependencia en su comparecencia en el H. Senado de la República el día jueves 25 de octubre, que se comprometió a terminarlo en enero del 2002.
La Sagarpa informó a esta soberanía un Programa de Apoyo Emergente para la cosecha de café 2001-2002 por 537 millones de pesos, aun cuando se ha anunciado que empezó el ejercicio de estos recursos, los productores y sus organizaciones reclaman urgentemente que estos apoyos se entreguen de inmediato conforme se inicia la cosecha en las distintas regiones cafetaleras, esto lo han manifestado públicamente y en el Encuentro Nacional Cafetalero de los días 20 y 21 de octubre, el grupo de diputados miembros de la mesa de trabajo para la cafeticultura que asistimos recogimos esta demanda, por lo anterior la Sagarpa debe implementar mecanismos con la información disponible y acuerdos con organizaciones y autoridades locales para ejercer este Programa Emergente, aprovechando los avances del padrón cafetalero, pero sin condicionarlo a su terminación.
Por otra parte una preocupación adicional es que la demanda real de los recursos termina en el primer trimestre del próximo año, para cumplir con esta demanda debe existir la previsión presupuestal en el presente año por la totalidad de los recursos del Programa Emergente para el levantamiento de la cosecha del café.
Por lo anteriormente expuesto y fundado proponemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Que la Sagarpa inicie de inmediato el Programa Emergente del Café de la Cosecha del año 2001 y asigne la totalidad de los requerimientos en el Presupuesto de Egresos del 2001 para evitar retrasos en los primeros meses del año, sin condicionarlo necesariamente a la terminación del padrón cafetalero, ya que a la fecha según información de la propia Secretaría presenta serio retraso ya que su avance es del 17%.
Segundo.- Que la Sagarpa concluya en tiempo y forma el padrón cafetalero, como oportunamente fue solicitado por las organizaciones de productores, mismo que la propia Secretaría asumió como compromiso.
Tercero.- Que la Sagarpa y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público definan las normas para la creación y operación del fondo de estabilización de precios del café y se autorice de inmediato el ejercicio del 30% del fondo de 150 millones de dólares que comprometió el Ejecutivo federal para la comercialización de la presente cosecha correspondiente a los meses de septiembre a diciembre.
Cuarto.- Que la Sagarpa ejerza oportunamente el total de los recursos autorizados en el Programa Alianza para el Campo en el Presupuesto de Egresos del 2001, asimismo informe sobre el ejercicio de dichos recursos a esta fecha en un plazo no mayor de ocho días y que lo que tenga que ejercer en el 2002 se entregue en los primeros meses del mismo año.
Quinto.- Que la Secretaría de Economía establezca restricciones a las importaciones de café procedentes de países con los que México no tiene celebrados convenios de libre comercio, en tanto, no se acuerden con los productores y los industriales las bases de la política de importaciones.
Sexto.- Que la Secretaría de Economía convoque a los representantes de los productores y torrefactores para establecer las bases para la celebración de convenios de abastecimiento.
Ciudadana Presidenta, le solicitamos que el presente punto de acuerdo se someta a consideración del pleno como de urgente y obvia resolución, en virtud de que la cosecha cafetalera ha iniciado en este mes de septiembre.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados,
México, DF, a 6 de noviembre del año 2001.
Diputados: Oscar Alvarado Cook (rúbrica),
Alberto Amador Leal, Francisco Arano Montero, Pablo de J. Arnaud Carreño
(rúbrica), Celestino Bailón Guerrero (rúbrica), Feliciano
Calzada Padrón, Edgar Consejo Flores Galván (rúbrica),
José María Guillén Torres, Justino Hernández
Hilaria (rúbrica), Jaime A. Larrazábal Bretón (rúbrica),
Rosalinda López Hernández (rúbrica), Timoteo Pérez
Martínez (rúbrica), Manuel Medellín Milán (rúbrica),
Melitón Morales Sánchez (rúbrica), Miguel Ortiz Jonguitud
(rúbrica), Irma Piñeyro Arias (rúbrica), Ramón
Ponce Contreras (rúbrica), Carlos Raymundo Toledo (rúbrica),
Tomás Ríos Bernal (rúbrica), Jaime Rodríguez
López, Abel Trejo González (rúbrica), A. Carolina
Viggiano Austria (rúbrica), Adolfo Zamora Cruz (rúbrica),
Ildefonso N. Zorrilla Cuevas, Lilia Mendoza Cruz (rúbrica), Adela
Cerezo Bautista (rúbrica), Cándido Coheto Martínez
(rúbrica), J. Alejandro Cruz Gutiérrez (rúbrica),
Ma. Luisa Araceli Domínguez Ramírez (rúbrica), Jesús
Llerenas Dueñas (rúbrica), Alfonso Oliverio Elías
Cardona, José Feliciano Moo y Can (rúbrica), Maricela Sánchez
Cortés (rúbrica), Eduardo Abraham Leines Barrera (rúbrica),
Santiago López Hernández (rúbrica), Víctor
M. Gandarilla Carrasco (rúbrica), Jacobo Nazar Morales (rúbrica),
Julián Luzanilla Contreras (rúbrica), Jaime Alcántara
Silva (rúbrica), Santiago Guerrero Gutiérrez (rúbrica),
Juan Leyva Mendívil (rúbrica), Hortensia Enríquez
Ortega (rúbrica), Ma. de las Nieves García Fernández
(rúbrica), Librado Treviño Gutiérrez (rúbrica),
Oscar Alfonso del Real Muñoz (rúbrica), José Antonio
García Leyva (rúbrica), José Manuel Díaz Medina
(rúbrica), Rosa Elena Baduy Isaac (rúbrica), José
Ignacio Mendicuti Pavón (rúbrica), Eréndira Cova Brindis
(rúbrica), Juan Manuel Martínez Nava (rúbrica), Raúl
Sicilia Salgado (rúbrica), Celia Martínez Bárcenas
(rúbrica), José Manuel Quintanilla R. (rúbrica), Gerardo
Sosa Castelán (rúbrica), Enrique Martínez Orta Flores
(rúbrica), José Jaimes García (rúbrica), Jaime
Vázquez Castillo (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL CASO DE LA LIC. DIGNA OCHOA Y PLACIDO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MAGDALENA NUÑEZ MONREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2001
La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición de punto de acuerdo, con base en las siguientes consideraciones:
II. Que por la trayectoria intachable de esta digna exponente de lo mejor del ser humano y por la naturaleza de los asuntos en los que estaba comprometida, el crimen no puede considerarse un asunto de delincuencia común. Por el contrario, este crimen pone en entredicho a instituciones fundamentales de nuestro país, evidencia las omisiones y lagunas de la impartición y procuración de justicia, atenta contra el Estado de derecho y se erige en un obstáculo para la construcción democrática de un país libre, justo y equitativo en la que el pueblo de México está empeñado. Constituye, además, una amenaza clara y directa no sólo contra los miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sino contra toda persona comprometida en la defensa y promoción de los derechos humanos;
III. Que esta soberanía reconoció la importancia política y social de este crimen, al aprobar, el pasado 23 de octubre, un punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente el trágico suceso y se exige a las autoridades competentes una investigación exhaustiva y expedita que lleve a proceso a los culpables, además de solicitarles la debida protección a quienes defienden los derechos humanos en México;
IV. que es obligación y responsabilidad de esta H. Cámara de Diputados contribuir al fortalecimiento de las instituciones nacionales en el marco de la transparencia, la rendición de cuentas y la plena legalidad.
Punto de Acuerdo
La creación, en el seno de esta soberanía y en el marco de sus atribuciones, de una comisión especial pluripartidista que dé seguimiento exhaustivo a las investigaciones que las autoridades competentes están llevando a cabo sobre este asesinato.
Que la Comisión mencionada dé seguimiento a las denuncias de hostigamiento, amenazas y violencia que han sido y sean denunciadas por miembros de organizaciones sociales cuyas actividades estén relacionadas con la defensa de los derechos humanos, en su sentido más amplio.
La Comisión podrá realizar todas aquellas actividades que considere pertinentes, dentro de las facultades y atribuciones legales, con el fin velar por que las investigaciones se realicen con estricto apego a la ley, contribuir al esclarecimiento de los hechos y mantener informada a esta soberanía, así como a la sociedad en general.
Diputados: Magadalena Núñez Monreal, Miroslava García Suárez, Héctor Esquiliano Solís, Federico Granja Ricalde, María de las Nieves García, Martha Ofelia Meza Escalante, Olga Margarita Uriarte Rico, Maricruz Montelongo Gordillo, Flor Añorve Ocampo, María del Rosario Oroz Ibarra (rúbricas).
(Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Noviembre 6 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL CRIMEN DE LA LIC. DIGNA OCHOA Y PLACIDO, TENGA IMPORTANTE Y TENAZ SEGUIMIENTO, POR PARTE DE ESTA CAMARA DE DIPUTADOS, HASTA SU ESCLARECIMIENTO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ENRIQUE HERRERA Y BRUQUETAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN LA SESION DEL MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2001
En México, de unos años a la fecha, nadie es responsable de nada frente a nadie. Esto es grave.
En la mayoría de los asuntos que a todos nos competen, y preocupan, las responsabilidades y las culpas se diluyen en un océano de frívolas abstenciones y públicas cobardías.
Los crímenes no resueltos se acumulan en la conciencia pública: de Colosio a Stanley; de las alucinaciones videntes de La Paca y de sus patrocinadores a la ejecución de los Carrola; del crimen de Polo Uscanga a las calles, las esquinas, las casas, donde libremente se asesina sin castigo. La impunidad y la corrupción definen el tiempo de México.
Las declaraciones de los funcionarios han creado toda una ontología de la ambigüedad y no olvidemos que la ambigüedad es uno de los ámbitos predilectos de la traición y del delito.
El Estado de derecho, compañeras y compañeros diputados, exige que los servidores públicos sean responsables de sus actos. Su responsabilidad no se prueba en los hechos cuando las obligaciones son meramente declarativas, cuando no son exigibles, cuando hay impunidad, o cuando las sanciones por su incumplimiento sólo provocan la risa de los infractores. Estamos de acuerdo con quien nos recordaba que la responsabilidad penal responde al criterio primigenio de la democracia.
En este Congreso, vibra una voluntad de justicia, que nada ni nadie, puede ignorar, sin ponerse, oprobiosamente, de espaldas a la historia. El crimen de Digna Ochoa es un crimen contra todos nosotros.
La civilización es, antes que nada, voluntad de convivencia pacífica. No la abortemos pues con la impunidad ante el crimen de una defensora de todos nuestros derechos, los suyos, los míos. Los nuestros. Todo aquel que no mira por el derecho ajeno como por el propio, merece perder el propio. Lo real es lo que importa no lo aparente. Un gobernante cualesquiera que sea su militancia política, que falta al programa por el cual se le elige, no merece seguir gobernando a su pueblo.
De todos los sistemas políticos el democrático es el más exigente y por esa misma razón, el menos ejercido. Etica de la responsabilidad y ética de la convicción no son contradictorias, sino que se complementan. El gobernante tiene obligaciones que cumplir, que la opinión pública, los medios de comunicación, y el Poder Legislativo deben de recordárselas críticamente si las olvida. Eso no es oposición por sistema sino democracia. Al contrario autoritarismo es gobernar una nación sin escuchar sus reclamos.
Libertad de información es en el fondo sinónimo de moral y responsabilidad. Y una sociedad moderna y democrática no tolera ni "siervos" ni "encomenderos" sino que se define en una ciudadanía participativa, crítica y solidaria.
El crimen de Digna Ochoa gotea infamia por todos lados y no debemos quedarnos sentados entre declaraciones, mesas, y comisiones de esclarecimiento dejando pasar un tiempo, que sin voluntad política de por medio sólo conduce a la impunidad.
El crimen de Digna Ochoa gotea infamia. Ella sabía y con su conducta lo afirmaba que la perfectibilidad social se traduce, en aumento de justicia en las relaciones humanas. Ella sabía y sabía muy bien que donde hay justicia se estima la virtud, el trabajo y el mérito esforzado. Sabía que no se es justo y honrado si no se lucha por que impere la justicia.
Sabía que en la sociedades carcomidas por la injusticia y la corrupción los ciudadanos pierden el sentimiento y el sentido del deber y se apartan del cumplimiento del derecho.
El crimen de Digna Ochoa gotea sangre, infamia, corrupción, impunidad y miedo. Exige justicia ¡ya! Exige que esta Cámara asuma en estos momentos de suprema importancia para la transición política su función de garante de la justicia. De ello depende no sólo una sino muchas de las esperanzas que en ella están puestas.
Si en el caso de Digna Ochoa no hay justicia pronta estaremos dando un réquiem a todo lo que define una democracia.
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
(Unico) que a partir de esta fecha y en plazos de tiempo prudentes, para evitar la impunidad que el silencio determina como lo tenemos sobradamente comprobado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos integre un grupo de seguimiento para que después de consultar y evaluar lo conducente con quienes encabezan las investigaciones, informe al pleno de esta Cámara el estado que guardan las averiguaciones sobre el crimen de Digna Ochoa que a todos los mexicanos agravia e interesa.
Con ello estaremos cumpliendo con un justo reclamo de nuestros representados.
Decía León Felipe que en muchos países, la justicia vale menos que el orín de los perros, sin duda que México es ya uno de ellos.
Dip. Enrique Herrera y Bruquetas (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Noviembre 6 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA GASERA UBICADA EN LA COLONIA AERONAUTICA MILITAR, EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MAXIMO SOTO GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2001
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Antecedentes
A finales de 1999, se inició la construcción de una gasería que está ubicada en Cecilio Robelo No. 4, Col. Aeronáutica Militar, la cual cuenta con un certificado de zonificación expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda mismo que no coincide en su dirección con la ubicación del predio, señalando que la gasería se construiría en la Col. Jardín Balbuena.
Asimismo, en este certificado de zonificación se determina que el uso actual del suelo es de equipamiento y estacionamiento de seguridad pública, y el uso solicitado fue de encierro de vehículos con cuatro dispensarios de gas natural comprimido para autoconsumo.
Considerandos
No es posible que las autoridades competentes permitieran la construcción de esta gasería que por sí sola constituye un peligro para una zona de uso habitacional y comercial, sin contar que colinda con una estancia infantil y 12 escuelas, las cuales cuentan con una población aproximada de 8 mil alumnos, así como el Hospital General Balbuena perteneciente a la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
Es inadmisible que las autoridades no tomaran en cuenta el riesgo que implica tener como vecina a una gasería que en cualquier momento puede tener una explosión o bien una fuga y con ello poner en riesgo la vida de miles de personas que estudian, habitan, se atienden o transitan por esta comunidad.
Asimismo, hay que señalar que el H. Palacio Legislativo, se encuentra ubicado a unas cuantas cuadras de la multicitada gasería, y de presentarse cualquier tipo de percance nuestro recinto se podría ver afectado, así como la seguridad y vida de los diputados y colaboradores que aquí laboramos.
Lo anterior no se expone con objeto de ser alarmistas, ya esta gasería sufrió una explosión el 21 de mayo del año 2000, dicha explosión se presentó en el dispensador 1 manguera 1, la cual se derivó a consecuencia de la ruptura de la tubería de abastecimiento, según el parte informativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Cabe mencionar que de acuerdo a la licencia de uso de suelo, la gasería tenía como único propósito el suministrar combustible a vehículos oficiales. Sin embargo, taxis y microbuses de servicio público, se ven beneficiados con el suministro a sus unidades.
Se suma a todo lo anteriormente expuesto que de acuerdo al Plan de Desarrollo de las Delegaciones del Distrito Federal, está prohibido este tipo de instalaciones en la demarcación correspondiente, ya que conforme lo establece la tabla de usos de suelo de la delegación no están permitidos depósitos ni comercialización de combustible, gasolineras, verificentros o estaciones de gas carburante en la zona.
Dicha reglamentación, no fue respetada por parte de Metro Gas y Eco Mex.
Durante la pasada administración, la delegación Venustiano Carranza se encargó de hacer una verificación física la cual se llevó a cabo el día 2 de diciembre de 1999, estando presentes el delegado, el subdelegado de Obras y Desarrollo Urbano, el presidente de la Asociación de Vecinos y Padres de Familia de las escuelas que se ubican alrededor de la gasería, en esta verificación se les permitió a los representantes de la gasería que proporcionaran una explicación sobre la operación de la estación, y al terminar ésta, el delegado se retiró sin efectuar la visita obligada para constatar la proximidad de las escuelas que rodean la gasería.
El día 28 de septiembre del año en curso la actual administración realizó una visita de verificación en la gasería, declarando ese mismo día la apertura de un proceso administrativo, en el cual se le solicitó a la gasería entregar los permisos y demás trámites administrativos necesarios para su correcto funcionamiento. Dicho procedimiento se está llevando a cabo bajo estricto apego a la ley por lo que se están respetando los plazos y formas que ésta señala.
Muy largo ha sido el camino que han tenido que seguir los vecinos de la colonia Aeronáutica Militar, desde la pasada administración hasta el día de hoy, sin contar con un verdadero apoyo y sobre todo una explicación clara de por qué se permitió la construcción de la gasería y la operación de la misma.
Se debe tomar en cuenta que esta gasería podría ocasionar un accidente de igual o mayor magnitud de los que vivió la ciudad de Guadalajara en 1992, y en San Juan Ixhuatepec en 1984; por lo anterior, es necesario que las autoridades competentes analicen a fondo la instalación de la multicitada gasería y emitan una resolución a la brevedad posible, para así evitar poner en riesgo a toda la población de la ciudad de México.
Por las consideraciones antes expuestas, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten al Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Que el Gobierno del Distrito Federal gire instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que clarifique el certificado de zonificación expedido el 21 de septiembre de 1998.
Segundo.- Que con base en los tristes y lamentables sucesos ocurridos en la ciudad de Guadalajara y en San Juan Ixhuatepec; es necesario que las autoridades competentes en materia de protección civil tanto a nivel local como federal tomen todas las medidas precautorias, y que se analicen a fondo las condiciones de la instalación de la gasería para evitar cualquier percance que ponga en peligro la vida de la ciudadanía.
Tercero.- De ser procedente la operación de la gasería, estudiar la posibilidad de trasladarla a un sitio menos riesgoso para los habitantes de la colonia Aeronáutica Militar.
Cuarto.- De no ser procedente que la delegación Venustiano Carranza proceda a la clausura de la gasería de forma inmediata y permanente, ya que de no hacerlo, corre peligro la vida de los habitantes de la delegación.
Dado en el Palacio Legislativo, a 6 de noviembre de 2001.
Diputados: Daniel Ramírez del Valle, Carlos Flores Gutiérrez, Antonio Arévalo González, Hilda Anderson Nevárez, Benito Vital Ramírez, Francisco Ramírez Cabrera, Raúl García Velázquez, Griselda Ramírez Guzmán, Eduardo Arnal Palomera, Enrique de la Madrid Cordero, Jorge Lara Rivera, José Tomás Lozano y Pardinas, Víctor Hugo Círigo Vázquez (rúbricas).
(Túrnese a la Comisión de Gobernación
y Seguridad Pública. Noviembre 6 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION AL DESEMPEÑO DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2001
Antecedentes
La crisis económica y financiera que inició en nuestro país a finales de 1994 y que manifestó sus más agudos efectos en 1995 puso de manifiesto no sólo la frágil situación del sistema bancario y los graves errores cometidos durante el proceso de su desincorporación, sino también mostró el tremendo rezago en la supervisión y control de los mismos por parte de la CNBV.
De ésta manera, durante el periodo comprendido entre 1994 y 1998 la CNBV intervino 12 instituciones financieras; la primera Banco Unión, el 10 de septiembre de 1994, y la última Banca Confía, en agosto 1997.
Considerando
2.- Que derivado del informe presentado el día 25 de junio del presente año, por la Entidad Superior de Fiscalización se observa que existen recomendaciones al IPAB, que involucran para su cabal cumplimiento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
3.- Que una de las recomendaciones realizadas en este sentido por la Auditoría Superior de la Federación consiste en la entrega inmediata de la Banca Intervenida por parte de la CNBV al IPAB.
4.- Que en el informe citado se señala, que en la mayoría de las operaciones ilegales realizadas durante el rescate bancario, el tiempo que marcan las diversas leyes de la materia, expiró para entablar acciones penales en contra de los responsables.
5.- Que el informe Mackey señala textualmente lo siguiente; "La CNBV ha sido la única autoridad con acceso total a la información de la Banca" y que: "El acceso de la CNBV a la información bancaria le proporcionó mayor influencia en la toma de decisiones del Comité Técnico del Fobaproa"
6.- Que el mismo informe Mackey, señala que una de las obligaciones de la CNBV, en los "programas de compra de cartera" fue la de validar los créditos que fueran a ser adquiridos por el Fobaproa, y que muchas veces sin contar con las auditorías exigidas por el mismo programa del Fobaproa, fueron validados.
7.- Que del total de pasivos del IPAB (747,000 millones de pesos) aproximadamente el 47%, es decir 350 mil millones de pesos, son producto de la banca intervenida y de programas de saneamiento.
8.- Que resulta inaceptable que el IPAB ya haya asumido los pasivos de la banca intervenida y ésta aún no le pueda ser entregada.
9.- Que a pesar de haber sido la única institución con acceso a la totalidad de la información, haya permitido que los delitos cometidos por diversas personas hayan prescrito.
Punto de Acuerdo
Unico.- Que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para explicar el desempeño de la entidad durante el proceso del rescate bancario en particular las operaciones de compra de cartera.
Dip. José Antonio Magallanes Rodríguez (rúbrica)
(Túrnese a la Comisión de Vigilancia de
la Contaduría Mayor de Hacienda. Noviembre 6 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LA DEFENSA DEL CONGRESO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR INFANTE GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI EN NOMBRE DE UN GRUPO PLURAL DE DIPUTADOS, EN LA SESION DEL MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2001
Vicente Fox ha patentado un presidencialismo omnipresente, que ataja toda posibilidad de consolidación democrática y que tiene como estrategia: por un lado, un discurso aparentemente democrático y de apertura y, por otro, un uso mediático para la presión de la opinión pública a favor de sus posiciones políticas que han resultado ser autoritarias, frívolas, antinacionales y con una clara tendencia de privilegio hacia el capital económico transnacional.
Esta estrategia de uso mediático de presión, diseñada por el Gobierno Federal está encaminada a influir en la opinión pública a favor de sus posiciones para vulnerar a la institución estructural de la democracia: el Congreso de la Unión.
El único objetivo que busca alcanzar el Presidente Fox es su consolidación personal por encima de las instituciones democráticas, olvidando el compromiso que adquirió con nuestro país el 2 de julio para consolidar la transición democrática de México.
El Congreso de la Unión es la institución fundamental de la democracia, atentar contra él, es atentar contra la democracia.
El Congreso, expresa en gran medida la pluralidad de la nueva sociedad mexicana; su composición en donde una fuerza política tiene mayoría absoluta y los acuerdos son necesarios para el proceso legislativo, han sido una oportunidad para avanzar más allá de lo rutinario y de la agenda legislativa de los partidos para pensar de manera seria, responsable, pero sobre todo visionaria en la construcción de acuerdos institucionales que han permitido y abierto camino a una visión de largo alcance a un nuevo proyecto nacional.
El Congreso de la Unión ha demostrado que es capaz de desarrollar nuevas formas políticas, una nueva cultura política tolerante, incluyente y razonablemente propositiva de un nuevo arreglo institucional.
La campaña de presión y desprestigio al Congreso y a los legisladores en particular busca sólo hacer valer los intereses que representa el Presidente Fox, por encima de intereses de la nación.
Los legisladores que integramos la LVIII Legislatura, hemos asumido la defensa de los intereses del pueblo de México, por lo que estamos recibiendo presiones y descalificaciones mezquinas que pretenden limitar las atribuciones republicanas del Congreso de la Unión para imponer, entre otras una reforma fiscal lesiva a los intereses del pueblo.
Que quede claro: no aprobaremos una reforma fiscal que contemple la imposición del IVA a alimentos, medicinas, libros y colegiaturas.
Tampoco aprobaremos una reforma energética, que pretende entregar los recursos de la nación al capital extranjero.
Palacio Legislativo, a 25 de octubre del año 2001.
Grupo plural de diputados de la LVIII Legislatura: Genoveva Domínguez Rodríguez, Humberto Mayans Canabal, Emilio Ulloa Pérez, Alfredo Hernández Raigoza, Lorena Beaurregard de los Santos, Rodolfo González Guzmán, Víctor Roberto Infante González, Samuel Aguilar Solís, Luis Priego Ortiz, Rubén García Farías, Agustín Trujillo Iñiguez, Martí Batres Guadarrama, Silvano Aureoles Conejo, Alejandro Gómez Olvera, Jaime Martínez Veloz, Olga Uriarte Rico, Santiago Guerrero Gutiérrez, Hermilo Monroy Pérez, Auldárico Hernández Gerónimo, José Luis González Aguilar (rúbricas).
(Túrnese a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública. Noviembre 6 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA REVISAR LA POLITICA PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA EL ESTADO DE OAXACA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2001
Me permito subir a esta alta tribuna de la nación para denunciar una situación que golpea una vez más al estado de Oaxaca.
Considerando
Que Oaxaca tiene 570 municipios y una población de 3 millones 500 mil habitantes. Las cifras son impresionantes. Si pasamos a los números relativos a salud y sanidad, son muy escasos los servicios que se pueden brindar, muy pocos los recursos.
Que del total de esa población, distribuida en regiones geográficas sumamente abruptas y algunas con una vialidad difícil, sólo 950 mil cuentan con cobertura de servicios médicos, entre IMSS, ISSSTE, Pemex, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, según los datos del INEGI. A esta cifra tendríamos que agregar los muy pocos que están en condiciones de obtener servicios médicos privados.
Que la Secretaría de Salud del gobierno del estado elaboró un documento para presentar las necesidades del ejercicio presupuestal para el año 2002, en el que establecen asignaciones mínimas para gastos de operación. No estamos hablando de montos necesarios para operar bien, sino de montos mínimos.
Que por gastos de operación se entienden medicamentos, material de curación, equipo médico, de laboratorio y electromecánico. Fueron dejados de lado, por incosteables, los presupuestos para brindar adecuado mantenimiento a instalaciones, como a equipos con veinte años de servicio o más, de urgente reemplazo a la fecha.
Que mediante un comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se da a conocer que el techo presupuestal autorizado para el ejercicio 2002 asignado a los servicios de salud de Oaxaca muestra un decremento importante, contrastando con una población creciente y la incorporación de nuevas unidades de atención.
Que la Secretaría de Salud del gobierno del estado cuenta en el presente ejercicio con un presupuesto general autorizado, partida que ha sufrido un decremento de 3% y lo que es más grave, los gastos de operación han tenido un recorte de 26%.
Que no es posible que se pretenda que la atención médica sea, no ya digna, sino medianamente aceptable, con presupuestos que no permiten la adquisición de materiales básicos o el mantenimiento de las ya obsoletas instalaciones o equipos.
Que nos enfrentamos a un proyecto de país que no percibe la realidad de sus habitantes, que ignora a sus pobres, a sus enfermos, a sus analfabetas, que cree que las necesidades básicas de la población no son obligación del Estado.
Que estamos padeciendo un gobierno que cree y vive para el poder de las imágenes, de la presencia en los medios, gastando 12 y medio millones de pesos diarios en el cultivo fetichista de sus personas, olvidando al pueblo a quien debe servir, al que serviría si con esos millones diarios se construyeran escuelas, centros de salud, carreteras.
Que no necesita este país que sus gobernantes exhiban el modo de vida de las clases altas, sino el compromiso con las atribuciones y obligaciones que la Constitución y las leyes le confieren y le obligan.
Que vivimos en un país mayoritariamente de pobres, de muy pobres. La tendencia de favorecer a los ricos, de que la riqueza pública beneficie más al rico que al pobre, debe ser neutralizada por actos políticos decididos a conciencia, dirigidos a una población que necesita ser libre, libre de miseria, libre de necesidades, libre de temores y de paternalismos ofensivos.
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el articulo 4º que "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme lo dispone la fracción XVI del articulo 73 de esta Constitución."
Que dicha fracción establece que el Congreso de la Unión tiene facultad para dictar leyes sobre salubridad general de la República.
Que muy contrariamente a lo dispuesto en nuestra Constitución, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público restringe presupuestalmente la operación de los servicios de salud, haciendo imposible la efectividad del derecho a la salud de toda persona, consagrado en su artículo 4º.
Que esta Soberanía debe resguardar el estricto respeto a las disposiciones de nuestra Carta Magna, no permitiendo que consideraciones administrativas emitidas con criterio distorsionado eviten hacer efectivas las garantías que en ella se establecen.
Que la mengua en los ingresos de la Federación no justifica de ninguna manera la inequitativa distribución que se pretende hacer de los recursos presupuestales, los cuales deben ser distribuidos teniendo en cuenta las prioridades necesarias para un sano y equitativo desarrollo social.
Que de acuerdo al artículo 74 de la Constitución, es facultad exclusiva de esta H. Cámara de Diputados el examen, discusión y aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación y discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.
Que ante la situación planteada por la resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto al presupuesto de la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca, me permito presentar el siguiente:
Punto de Acuerdo
Que la Comisión de Programación y Presupuesto de esta H. Cámara de Diputados asuma la responsabilidad de atender prioritariamente, de acuerdo al mandato constitucional, la política social.
Que garantice, dentro del marco presupuestal, la protección de la salud de los mexicanos y especialmente de los más pobres, que están en condiciones de desigualdad para lograr el acceso a servicios de salubridad acordes a la dignidad de las personas.
Diputados: Irma Piñeyro Arias, Lilia Mendoza Cruz, Miguel Angel Moreno Tello, Bulmaro RitoSalinas, Abel Trejo González, Angel Meixueiro González, Jaime Larrazábal Bretón, Jesús Orozco Alfaro, Marco Antonio Dávila Montesinos, Celia Martínez Bárcenas, Edilberto Buenfil Montalvo, Alma Carolina Viggiano Austria, Jorge Chávez Presa, César Duarte Jáquez, Jaime Martínez Veloz, Oscar Levin Coppel, Manuel Añorve Baños, Hilda Anderson Nevárez, Carlos Aceves del Olmo, Efrén Leyva Acevedo, Concepción González Molina, Alberto Amador Leal, Cutberto Cantoran Espinosa, Alvaro Vallarta Ceceña, Samuel Aguilar Solís, Víctor Infante González, José Gerardo de la Riva Pinal, Víctor Díaz Palacios, Salvador Castañeda Salcedo, maricruz Cruz Morales, Miguel Arizpe Jiménez, Jaime Barrón Fonseca, Olga Uriarte Rico, Martha Ofelia Meza Escalante, Norma Enriqueta Basilio Sotelo, Laura Pavón Jaramillo, Rosario Oroz Ibarra, José Ignacio Mendicuti Pavón, Santiago Guerrero Gutiérrez, Jorge Ramírez Marín, Josefina Hinojosa Herrera, Alfredo Ochoa Toledo, José Socorro Velázquez Hernández, Eduardo Leines Barrera, Nicolás Alvarez Martínez, Santiago López Hernández, Federico Granja Ricalde, José Soberanis González, Alejandro Cruz Gutiérrez, Oscar Alvarado Cook, Ranulfo Márquez Hernández, Bernardo de la Garza Herrera (rúbricas).
(Túrnese a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública. Noviembre 6 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA SITUACION CAÑERA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ARTURO HERVIZ REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2001
El suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del PRD y secretario de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta tribuna para proponer el siguiente punto de acuerdo.
Consideraciones
Después de las movilizaciones y protestas de los productores de caña de azúcar en la capital del país, el Gobierno Federal y los propietarios de los ingenios deberán de terminar de liquidar en la presente semana el total de los pasivos de las zafras que le adeudan a los productores.
En este mismo sentido la política del sector agropecuario de la actual administración parece no entender la crisis de la agroindustria azucarera, pues a casi dos meses de haberse expropiados los 27 ingenios que producen el 50% del azúcar, no se dan pasos concretos para atender y resolver este grave problema, que se agudizará en los próximos años si no revertimos las políticas públicas equivocadas aplicadas al sector azucarero.
El pasado 22 de octubre la Organización Mundial del Comercio (OMC), resolvió la controversia y le dio la razón al gobierno de los Estados Unidos en el conflicto con México en tomo al comercio de alta fructuosa.
Ante la delicada resolución el gobierno de Vicente Fox y concretamente los responsables del gabinete económico no han dado un pronunciamiento claro que obligue al gobierno de Washington a cumplir los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia de la agroindustria del azúcar.
Después de este duro golpe que sufrirá la agroindustria de la caña de azúcar, en un conflicto que duró casi cuatro años, cuyo fallo reconoce que no existe dumping en las 235 mil toneladas anuales que se importan del jarabe maíz de alta fructosa, el Gobierno mexicano ante la determinación de la OMC debería negociar los términos para ejecutar la resolución.
El primer paso de la negociación para aplicar la ejecución de la OMC es que el gobierno de los Estados Unidos cumpla con los compromisos en materia de los edulcorantes en el marco de TLCAN, y que acepte los excedentes de azúcar mexicana en su mercado, como lo establece originalmente el TLCAN.
Pasando a otro punto los criterios aplicados en la expropiación de los ingenios parecen seguir el mecanismo engañoso, de "proteger" al sector de la agroindustria, rescatar para beneficiar a los sectores que monopolizan el mercado de la caña de azúcar.
Esta ha sido la política que dominó el siglo pasado al sector, con los recursos de los contribuyentes se han utilizado para rescatar la producción azucarera, así el gobierno de Luis Echeverría Alvarez intervino e hizo que el Estado fuese más allá del control para asumirse como productor directo de azúcar, llegando a ser el principal elaborador del producto a mediados de los setenta, este salvamento lo aprovechó la administración salinista para reprivatizarlos y venderlos a grupos financieros inexpertos, nuevamente el gobierno de Vicente Fox los interviene y todo parece indicar que seguirá el gobierno federal el mismo camino. Esperamos que no sea así.
El Gobierno Federal a casi dos meses de la expropiación de los ingenios no ha nombrado al responsable de administrar los 27 ingenios expropiados, la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera de la Cámara de Diputados una vez designado al responsable, deberá llamarlo a comparecer para que nos expliquen en la Comisión los criterios y las políticas que se aplicaran en los ingenios.
En este mismo sentido la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera deberá de vigilar y evaluar las políticas que se estén aplicando al sector, así como también le dé seguimiento a todo el proceso administrativo que llevará a la próxima desincorporación de los ingenios, con esto se evitara repetir los viejos vicios, de vender o regalarlos a sus cuates y segundo para que los mismo no se les asignen a empresarios que desconozcan el sector azucarero.
Así es de vital importancia la comparecencia del secretario de Economía para que nos explique cómo el Gobierno mexicano enfrentará la resolución de la OMC en relación al jarabe de maíz de la alta fructosa.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: Que se cite a comparecer al secretario de Economía, Dr. Luis Ernesto Derbez, para que explique cómo el Gobierno Federal habrá de enfrentar los términos para ejecutar la resolución de la OMC contra México en la controversia sobre la alta fructosa y como hacer valer el TLCAN en su texto original para poder exportar todos los excedentes de azúcar.
Segundo: Que se cite a comparecer ante la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera al nuevo administrador de los 27 ingenios expropiados, por la incertidumbre que existe en el campo cañero del país y para que informe sobre las políticas que habrán de aplicarse para reorganizar y resolver la profunda crisis por la que atraviesa el sector azucarero.
Así como también de dar a conocer el nombramiento de los administradores de los ingenios, por que deben tener experiencia dentro de la rama de la administración azucarera, en virtud de que no se puede experimentar con personas que no conozcan el sector de la agroindustria de la caña de azúcar en detrimento de los productores. Pero tampoco ratificar a gerentes que hayan sido culpables de la situación en que se encuentra los cañeros del país.
Diputados: Arturo Hervis Reyes, José Manuel del Río Virgen, José Narro Céspedes, Antonio Magallanes Rodríguez, Luis Herrera Jiménez, Auldárico Hernández Gerónimo, Alfonso Oliverio Elías, Enrique Herrera y Bruquetas, Rodrigo Carrillo Pérez, Bonifacio Castillo Cruz, Eric Villanueva Mukul, David Sotelo Rosas, Martí Batres Guadarrama, Emilio Ulloa Pérez, Francisco Patiño Cardona, Santiago Guerrero Gutiérrez, Adela del Carmen Graniel Campos (rúbricas).
(Túrnese a la Comisión Especial de la Agroindustria
Azucarera de México. Noviembre 6 de 2001.)
Acta de la reunión de trabajo celebrada por el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas el 25 de octubre de 2001
En México, Distrito Federal, siendo las diez horas del día 25 de octubre de 2001, se reunieron en las oficinas del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas el grupo de diputados integrantes del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, así como el director del Centro, Lic. Roberto Michel Padilla, a efecto de celebrar su segunda reunión de trabajo.
El Presidente del Comité, diputado Moisés Alcalde Virgen, da inicio a la sesión y solicita a la secretaria del Comité, Dip. Miroslava García Suárez, proceda a pasar lista de asistencia
La Dip. Miroslava García Suárez procede a pasar lista de asistencia, contándose con la presencia de los siguientes diputados:
Dip. Moisés Alcalde Virgen, Dip. José María Tejeda Vázquez, Dip. José Manual Medellín Millán, Dip. Rosalinda López Hernández, Dip. Miroslava María García Suárez, Dip. Bernardo de la Garza Herrera.
Acto seguido, el Presidente del Comité procede a declarar que existe quórum legal para la celebración de la reunión y somete a consideración de los integrantes del Comité la dispensa de la lectura y aprobación del acta anterior. Aprobada que fue la misma por unanimidad, el Dip. Moisés Alcalde Virgen solicita a la Secretaría dé lectura al orden del día programado para la reunión.
La diputada Miroslava García Suárez, procede a dar lectura al orden del día, el cual consiste de los siguientes puntos:
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Comentarios y, en su caso, aprobación del proyecto
de Reglamento Interno del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
5. Propuesta de temas, ponentes, lugar y fecha para la
realización del foro Perspectivas Económicas para el Año
2002.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la reunión.
El Presidente del Comité somete a consideración de los integrantes del Comité la aprobación del orden del día, efectuándose la misma por unanimidad.
Acto seguido, se procede con el cuarto punto del día y que es el que se refiere a la discusión, y en su caso, aprobación del Reglamento Interior del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Manifiesta el Dip. Moisés Alcalde Virgen, que el Centro presentó un proyecto de Reglamento, al cual se le han hecho algunas adiciones, y en virtud de que no se han recibido comentarios de parte de los diputados integrantes, solicita que se pase a la próxima sesión para su aprobación.
El Dip. Moisés Alcalde Virgen, manifiesta que en las adiciones que se hicieron no se tocaron temas respecto de la contratación de personal, debido a que en fechas próximas la Junta de Apoyo Administrativo habrá de tomar una determinación al respecto.
La Dip. Miroslava García Suárez apoya la moción y se continúa con el siguiente punto del orden del día, y que es el que se refiere a la elaboración del foro Proyecciones Económicas para el Año 2002.
La Dip. Rosalinda López Hernández, manifiesta que ha platicado con el Dip. José María Tejeda Vázquez y que han acordado que se reunirán en fechas próximas a efecto de hacer una propuesta de ponentes equilibrada.
El Dip. Moisés Alcalde Virgen, somete a consideración de los integrantes del Comité lo referente a la duración del evento, y propone que el foro tenga una duración de medio día y que se concluya con una comida, a fin de que se tenga una buena concurrencia. De igual forma, expresa que de acuerdo a lo aprobado en la reunión próxima pasada, ya existe una Subcomisión abocada a la elaboración del foro, por lo que solicita a los integrantes del Comité que hagan llegar sus propuestas de ponentes y de fechas probables de celebración a la Subcomisión a la brevedad posible, ya que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación está a punto de presentarse.
Los integrantes del Comité manifiestan su conformidad y se pasa al siguiente punto del orden del día: asuntos generales.
Respecto del particular, manifiesta el Presidente del Comité, que el Lic. Roberto Michel Padilla ha propuesto que cada día martes durante el periodo de sesiones, se incluya un pequeño esquema de indicadores económicos en la Gaceta Parlamentaria, a fin de que el mismo sea útil a los legisladores en el desarrollo de sus funciones.
Se aprueba la moción, y a continuación se comenta lo referente a la aprobación del presupuesto del Centro. Comenta el Lic. Roberto Michel Padilla, que hasta este año, no se contaba con una certidumbre respecto del presupuesto asignado al Centro, pero que los que se han ejercido en años anteriores se han elaborado respecto de un cálculo de los costos.
El Dip. Manuel Medellín Milán, manifiesta que el Centro tendrá que presentar un proyecto de presupuesto comparado con el ejercido en el año 2001, en donde se puedan ver los incrementos que son necesarios y las áreas a aplicarse.
Asimismo, el director del Centro solicita autorización al Comité, a fin de que en forma provisional se haga llegar a las instancias administrativas correspondientes, el proyecto de presupuesto que ya se tiene elaborado y dicha moción se aprueba.
Acto seguido, el Presidente del Comité somete a consideración de sus integrantes, la propuesta de efectuar una encuesta entre todos los diputados, a fin de conocer sus necesidades de información en materia de finanzas públicas y economía, por lo que manifiesta que en la próxima reunión se presentará el formato con el que se realizará dicha encuesta. De igual forma, exhorta a todos los integrantes del Comité a hacer propuestas sobre las cuáles se enriquezcan los formatos de encuesta.
A continuación, el Presidente del Comité,
Dip. Moisés Alcalde Virgen, da por concluida la reunión.
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL, DE SU REUNION ORDINARIA EFECTUADA EL MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2001
Acta de la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social, realizada el miércoles 26 de septiembre del año 2001, en el salón B del restaurante Los Cristales, Palacio Legislativo de San Lázaro; México, DF
Siendo las nueve horas con quince minutos, el diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), saluda a todos los presentes dando inicio a la sesión del día de hoy; acto seguido, solicita a la Secretaría de la Comisión dé cuenta de los diputados que se han registrado.
El diputado secretario José María Rivera (PAN), informa que hay constancia de la presencia de los señores diputados Montero Esquivel, Cuauhtémoc; López González, Francisco Javier; Rivera Cabello, José María; Saro Boardman, Ernesto; Arredondo García, Arcelia; Baduy Isaac, Rosa Elena; Esquivel Martínez, Hilario; García Farías, Rubén; García Fernández, María de las Nieves; Gómez Olvera, Alejandro; González Guzmán, Rodolfo Gerardo; Orozco Garza, Manuel Wistano; Peredo Aguilar, Rosalía; Rosaldo Salazar, Pedro Miguel; Sheffield Padilla, Francisco Ricardo; y Vital Ramírez, Benito; es decir, se encuentran presentes dieciséis diputados asistentes de veintinueve posibles y por tanto hay quórum. Asimismo informa que han justificado su inasistencia los señores diputados Samuel Aguilar Solís, Víctor Roberto Infante González y Rafael Orozco Martínez.
El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), agradece a la Secretaría, instruye para que se tome nota de las peticiones de justificación de inasistencia para los efectos conducentes y solicita comedidamente a la Secretaría dé lectura al orden del día propuesto para desarrollar esta sesión.
El diputado secretario José María Rivera (PAN), externa que los puntos del orden del día de hoy, de conformidad con la convocatoria publicada, son uno: registro de asistencia y declaración de quórum; dos: lectura y aprobación del orden del día; tres: lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior realizada el veintiuno de agosto; cuatro: recepción de las propuestas con punto de acuerdo presentadas en la última sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para solicitar información a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público ante Comisiones Unidas; cinco: recepción y análisis de la propuesta con punto de acuerdo, presentada en la sesión de ordinaria del veinte de septiembre, relativa a las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para los trabajadores ferrocarrileros jubilados antes de mil novecientos ochenta y dos; seis: recepción del informe de la Consar correspondiente al primer semestre de este año; siete: lectura, discusión y aprobación, en su caso, del segundo informe semestral de la Comisión de Seguridad Social que comprende del primero de marzo al treinta y uno de agosto de este año; ocho: Foro Nacional de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, ISSSTE, Salud, Vivienda y Pensiones; nueve: invitación a la comparecencia del licenciado Alfonso Caso Aguilar, director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ante las Comisiones de Energía, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social el día diez de octubre a las once horas en el salón Legisladores de la República; diez: aviso del cambio de fecha de la reunión de la Comisión de Programación de Presupuesto y Cuenta Pública con objeto de verificar la Cuenta Pública de la Hacienda Federal del año dos mil en lo que hace a la función nueve (ISSSTE e IMSS); once: asuntos generales, y doce: clausura de la reunión.
El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), consulta a la asamblea si es de aprobarse el orden del día propuesto.
Aprobado.
Continuando con ese orden, el diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), comenta que el acta de la sesión anterior, ya se encuentra en poder de todos y cada uno de los señores diputados, pues se envió a sus respectivas oficinas junto con la invitación a esta reunión, en tal razón, propone que -como ya ha sido una práctica parlamentaria en esta Comisión-, se le dispense la lectura la misma y se someta a consideración de la asamblea (asentimiento general). Solicita entonces se manifieste si se aprueba o no el acta motivo de este punto.
Aprobada.
Enseguida, el diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), informa que la Presidencia de la Comisión Permanente remitió a las comisiones de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados; y a las Comisiones de Estudios Legislativos, de Jubilados y Pensionados y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, sendas propuestas con punto de acuerdo para solicitar información a la Consar y para solicitar la comparecencia del Presidente de aquel organismo y del secretario de Hacienda ante las comisiones citadas, la primera de ellas presentada por el diputado Víctor Infante González y la segunda por el senador Elías Moreno Brizuela. En razón de lo cual se da cuenta de ambas en este acto; agrega que la Junta Directiva de la Comisión, decidió constituirse en Comisión de Dictamen para este efecto y elaboró un proyecto que se aprobó como tal por la misma Junta Directiva y fue remitido para su conocimiento y efectos conducentes a todos y cada uno de los presidentes de las comisiones inodadas, para que formulen observaciones o -si están de acuerdo-, se presente ante sus respectivos plenos para su aprobación y se adopte como dictamen conjunto. Al margen de ello, la Junta Directiva de esta Comisión valoró la dificultad que entraña el que seis comisiones de ambas Cámaras se reúnan a dilucidar un dictamen en esta materia por lo que -en ejercicio de las facultades que autónomamente le corresponden a la Comisión-, resolvió solicitar la información planteada en los puntos de acuerdo que se comenta, para adelantar así el trabajo, por lo que también da cuenta al pleno de ello. En razón de que este punto no motiva comentarios, el Presidente continúa con el siguiente asunto, dando cuenta de la recepción del punto de acuerdo presentado por el diputado Francisco Ramírez Cabrera, para que se exhorte a la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, para que se dé cumplimiento a lo pactado por el Gobierno Federal con los trabajadores ferrocarrileros, proposición que fue turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito público y de Seguridad Social de esta Cámara de Diputados.
Comenta que este asunto ya tiene cierto tiempo de ventilarse en el Congreso, y explica que se trata de los trabajadores ferrocarrileros jubilados antes de mil novecientos ochenta y dos, a quienes el titular del Poder Ejecutivo federal en turno, les prometió otorgarles cobertura de su seguridad social en el IMSS mediante el pago de los capitales constitutivos, cosa que nunca sucedió y en cambio existe un proceso poco claro de manejo de fondos y recursos para este propósito, mediante un fideicomiso, sin que esto se resuelva o se aclare; es por ello que año con año, este grupo cuyo número merma año con año, acude a la Cámara en solicitud de resolución definitiva, obteniendo el año pasado que se les otorgara un apoyo económico de única vez que únicamente postergó el asunto un año más. En razón de ello, se tiene por recibida la propuesta en este acto para todos los efectos a que haya lugar y en reunión posterior de la Junta Directiva se habrá de definir el mecanismo para su dictamen.
Un diputado que habla fuera de micrófono, comenta que desde su punto de vista este asunto es de competencia de esta Comisión y debería -por un lado-, verificarse el padrón de trabajadores ferrocarrileros jubilados para certificar que efectivamente están todos los que son, y -por otro-, revisar la constitución del fideicomiso y el destino de los recursos públicos.
El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), solicita a la Secretaría tome nota de lo propuesto con el fin de que se solicite la información tanto de los trabajadores jubilados como de la integración, constitución, funcionamiento y recursos del fideicomiso creado. Pregunta si alguien tiene alguna intervención con relación a este tema sin obtener respuesta, por lo que da por concluido este asunto y procede a abordar el punto seis que es la recepción del informe del primer semestre de dos mil uno, que remite la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro, documento que se tiene por recibido y que -señala-, está en manos de cada uno de los señores diputados en razón de haberse enviado con antelación.
Nuevamente inquiere sí existe alguna aportación o comentario y al no haber quien agregue nada, da por concluido el punto procediendo con el siguiente "discusión y, en su caso, aprobación del informe semestral de actividades de la Comisión de Seguridad Social correspondiente al periodo del primero de marzo al treinta y uno de agosto de dos mil uno"; comenta que tal documento se envió con carácter de proyecto a todos los diputados el veintiuno de septiembre próximo pasado, por lo que debe ser del conocimiento de todos, en razón de ello, abre la discusión en tomo al asunto para proceder a su votación. Viendo que no hay ninguna intervención, procede a preguntar a la asamblea si es de aprobarse o no el informe en sus términos.
Aprobado.
El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), aborda el asunto del punto número ocho, relativo a la organización del Foro Nacional la Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. ISSSTE: Salud, Pensiones y Vivienda, recuerda a los presentes que esta tarea tiene como antecedente el acuerdo del pleno de esta Comisión en la reunión pasada, y apunta que para la organización del mismo se está proponiendo que se realice en tres sedes para recibir comentarios de diversas latitudes con respecto a la transformación de esa institución y de los beneficios que otorga, agrega que el objetivo es conocer las opiniones y puntos de vista de los estudiosos, los trabajadores, los pensionados, los profesionistas, los líderes sindicales, las autoridades y en general de todos aquellos interesados en el tema que tengan algo que aportar; en ese tenor observa que la Junta Directiva aprobó en reunión preliminar, el proyecto de convocatoria con la que se pretende dar difusión al evento; refiere que el diputado secretario Francisco López, ya ha ofrecido interceder ante su organización sindical, para que la primera etapa del evento se pueda realizar en las instalaciones del IMSS en Guadalajara, Jalisco y que los trabajos preparativos en las otras sedes van muy adelantados.
El diputado Francisco Sheffield (PAN), observa que en el temario del foro se incluye un punto de discusión sobre vivienda y recuerda que existe una comisión específica en esta Cámara que analiza este tema y que ha realizado un trabajo serio que le ha mantenido en continua comunicación con el titular del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores del ISSSTE (Fovissste), por lo cual propone que, para efectos de estar en la misma sintonía y para guardar las debidas formas de la civilidad parlamentaria, se corra invitación a la Junta Directiva de aquella Comisión para que participe en los trabajos de este foro.
El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), comenta las razones por las cuales se consideró pertinente tocar el punto de la vivienda de los trabajadores del Estado en este foro, refiere el contacto que hay con las autoridades del Fovissste para que participen en estos trabajos y finalmente señala que, con todo respeto para la Comisión de Vivienda y la labor que ha desarrollado, el tema se plantea como un rubro a revisarse por ser parte integral de la seguridad social de este sector laboral.
El diputado Francisco Sheffield (PAN), insiste en que la inclusión del Fovissste dentro del ISSSTE como una vocalía, no demerita la importancia del tema y la participación de la Comisión respectiva, por lo que invita a revalorar su propuesta.
El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), externa que en efecto, el tratamiento del tema no es con exclusividad, sino con miras a la inclusión, que de hecho, se piensa difundir el evento a efecto de que todos los diputados que quieran acudir lo hagan más allá de las comisiones a las que pertenezcan, pero realza que el cariz de este evento se ubica en el ámbito de la seguridad social, de la contraprestación a que tienen derecho los trabajadores por sus aportaciones de seguridad social y en tal sentido esta es una materia de conocimiento predominantemente de la Comisión de Seguridad Social, sin descartar la posibilidad de que se corra invitación de cortesía a aquella Comisión, e instruye a la Secretaría Técnica para que se envíe la misma a la Junta Directiva de la Comisión de Vivienda, con la convocatoria y los términos en que se realizarán los trabajos.
El diputado Francisco Sheffield (PAN), observa que el hecho de realizarlo con la participación de dos comisiones podría traducirse en un mayor monto de los recursos, una mayor difusión y una mayor participación.
El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), comenta la dificultad que entraña para una comisión en lo particular, resolver las cuestiones que le son propias y apunta la multiplicación de la complejidad cuando se trata de obtener una resolución en comisiones unidas, agrega además que este no sería el único tema a revisar en el foro, por lo que los integrantes de la Comisión de Vivienda podrían sentirse incómodos al tener que atender mesas en las que se ventilen temas como pensiones o salud, los cuales si bien no les son ajenos, sí podrían escapar en algunos aspectos al conocimiento de algunos diputados de aquella Comisión, por lo que él propone que se invite con todo comedimiento no sólo a la Junta Directiva de la Comisión de Vivienda, sino a la de Trabajo y a la de Salud, para compartir sus puntos de vista sin complicar demasiado el procedimiento.
El diputado Pedro Miguel Rosaldo (PRD), asevera que desde su óptica resulta importante el que se invite a las autoridades de otras comisiones cuyos temas se imbrican con los que se propone abordar en el foro, por lo que podría invitarse a participar en las mesas de trabajo, a los diputados de aquellas comisiones en las que específicamente se trate el tema que es de su conocimiento y dominio, pero que ello debe esta comisión dejar de llevar la paternidad de la idea ni el liderazgo en la conducción, organización, y éxito del evento.
El diputado Francisco Sheffield (PAN), aclara que su propuesta nunca fue una organización del evento en Comisiones Unidas, pues de antemano sabe la enorme complejidad y dificultad que ello implica, por lo que lo que -señala-, él proponía la inclusión de la Junta Directiva de la Comisión de Vivienda, por el tema específico del asunto, sin embargo asevera que la invitación a la Junta Directiva de las comisiones que se han mencionado, cubren su propuesta en razón de lo cual se da por satisfecho.
El diputado Miguel Rosaldo (PRD), asevera que está de acuerdo con lo dicho por el diputado Sheffield, pero que no se debe perder de vista que tanto la vivienda como la salud y las pensiones, son parte de ese campo más amplio denominado seguridad social, que es la materia competencia de esta comisión.
La diputada Rosa Elena Baduy (PRI), interviene confirmando lo aseverado anteriormente respecto a que la competencia de la Comisión de Seguridad Social tiene preminencia sobre los temas que se comentan, por lo que, en justicia, le corresponde tomar la iniciativa de los trabajos propuestos.
El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), coincide con lo expresado y reitera su propuesta de invitar a las juntas directivas de las comisiones antes enunciadas.
Asentimiento general.
El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), solicita a la Secretaría Técnica se tomen las providencias correspondientes para cumplimentar esto, con lo que se tiene por concluido el punto. A continuación, anuncia que dentro del punto nueve del orden del día, está la invitación que envía la Junta Directiva para participar en la comparecencia del licenciado Alfredo Caso Aguilar, director general de la Compañía de Luz y Fuerza ante las Comisiones Unidas de Energía, Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, el día diez de octubre, a las diez horas, en el salón Legisladores de la República, cuya copia está en el fólder que se entregó a cada uno de los diputados presentes al principio de esta reunión y que se tiene por hecho en este momento y que, al no motivar comentario alguno, se tiene por concluido.
Como punto diez, el Presidente da cuenta de la invitación que formula la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para el día diecisiete de octubre de este año, a las doce horas en el restaurante Los Cristales de este Palacio Legislativo, cuyo objeto es la revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal del año dos mil en lo que concierne a la función nueve: IMSS e ISSSTE, cuya copia obra también en el fólder respectivo de cada diputado, por lo que se tiene por realizado el anuncio y -salvo que exista opinión o comentario-, se da por concluido el punto.
Asentimiento general.
En el siguiente y último punto, asuntos generales, el diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), inquiere si existe alguna duda, comentario o pregunta.
El diputado Manuel Wistano Orozco (PAN), aplaude el hecho de que se hayan dictaminado algunas de las iniciativas que se encontraban pendientes desde la anterior legislatura y celebra el avance de los trabajos de la Comisión, apunta sin embargo, que aún existen iniciativas pendientes de dictamen como la que propone la modificación de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR), por lo que propone hacer todo lo posible para que se apresure el proceso de su resolución.
El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), responde que efectivamente se tienen algunas iniciativas pendientes de resolución, pero que su proceso no depende únicamente de esta Comisión sino que fueron turnadas a Comisiones Unidas, por lo que demandan de un consenso para resolverse; por cuanto hace a esta Comisión en los asuntos turnados a Comisiones Unidas, se ha procurado adelantar hasta donde ha sido posible el trabajo, enviándoles a las otras comisiones respectivas -según el asunto de que se trate-, opiniones, puntos de vista y en ocasiones, hasta proyectos de dictamen, añade que específicamente en la iniciativa que refirió el diputado Wistano Orozco, se ha solicitado la información que servirá también para resolver los puntos de acuerdo presentados por el diputado Infante y el senador Brizuela, y que en la medida que se reciba tal información, se podrá proceder en el dictamen que se comenta.
El diputado secretario José María Rivera (PAN), tercia para apuntar que efectivamente tal y como lo aseveró el diputado Presidente, el rezago de los asuntos pendientes es por cuanto hace a aquellos que fueron turnados a Comisiones Unidas, y que efectivamente se encuentran pendientes aún el que propone la modificación de la Ley del SAR y el propuesto por el diputado Ernesto Saro para modificar la Ley del IMSS, propuestas ambas en las que faltaría presentar una opinión o punto de vista para presentarlo a las otras comisiones.
El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), explica que en la propuesta legislativa presentada por el diputado Saro, la comisión solicitó una opinión técnica al IMSS sobre su viabilidad y la respuesta fue que habría una gran dificultad para ponerla en práctica, por lo que se comentó con el autor la posibilidad de que se reformulara planteándola de manera que fuese la Secretaría de Salud y no el Seguro Social quien se responsabilizara del programa propuesto, por lo que el diputado según parece la adecuará, para que se instrumente dentro del Programa de Seguro Popular que se está proponiendo por parte del Ejecutivo. Enseguida, el diputado Presidente pregunta si existe alguna otra duda, comentario o aportación, sin que nadie solicite la palabra, en virtud de lo cual expresa que eso es todo cuanto tenía pendiente dentro de los asuntos generales por lo que toda vez que se han cubierto los puntos acordados y no hay quien quiera hacer uso de la palabra, da por clausurados los trabajos de esta sesión, cuando son las once horas con cuarenta y tres minutos.
En cumplimiento de lo que dispone el artículo octavo del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, firman al calce los integrantes de la Junta Directiva
Diputados: Cuauhtémoc Montero Esquivel,
Presidente; Samuel Aguilar Solís, secretario; Francisco J. López
González, secretario; José María Rivera Cabello, secretario;
Ernesto Saro Boardman, secretario (rúbricas).
A su reunión ordinaria de trabajo, que se realizará el miércoles 7 de noviembre, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco Castro González
Presidente
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
A su séptima reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 7 de noviembre, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Declaración de quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Proyecto de acta de la quinta sesión de trabajo.
4. Proyecto de dictamen con proyecto de decreto que reforma
los artículos 44 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XVI, 87 y 91 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Criterios para la discusión sobre el marco
jurídico del Congreso.
6. Exposición del diputado Ricardo García
Cervantes sobre su iniciativa de Ley del Congreso de la Unión.
7. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Augusto Gómez Villanueva
Presidente
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 7 de noviembre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Registro de asistencia.
Lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior.
Propuesta para el Foro de Consulta para la Reforma
Integral de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR).
Puntos de acuerdo y dictámenes por aprobar.
Asuntos generales.
Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente
DE LA COMISION DE TURISMO
A la reunión de trabajo de su Junta Directiva, que se efectuará el miércoles 7 de noviembre, a las 9 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Ernesto Rodríguez Escalona
Presidente
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Atención a los Adultos Mayores, que se realizará el miércoles 7 de noviembre, a las 10 horas, en la sala de juntas del edificio B, tercer piso, oficina 64.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
4. Intervención a cargo de la Dra. Assa Cristina
Laurell, secretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal.
5. Sesión de preguntas y respuestas.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Raquel Cortés López
Coordinadora de la Subcomisión
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Al Foro Nacional sobre Reforma Legales (en Materia Federal), el 7 de noviembre, a partir de las 10:30 horas, en el salón Legisladores de la República (salón Verde).
Atentamente
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su reunión ordinaria, que se realizará el miércoles 7 de noviembre, a las 11 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
I. Lectura y aprobación del acta anterior.
II. Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen a iniciativas en materia del
Renave; avances del Grupo Especial de Trabajo.
III.- Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen de los puntos de acuerdo en
materia del Renave.
IV.- Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa de reformas
a la Ley Federal de Correduría Pública y a las leyes generales
de Sociedades Mercantiles; Títulos y Operaciones de Crédito
y Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, presentada
el 27 de marzo de 2001.
V.- Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional a que publique a nivel de fracción arancelaria las mercancías
que son competencia de esa Secretaría y que se encuentran sujetas
a una restricción o regulación no arancelaria a su importación
o exportación al y del territorio nacional.
VI. Informe de actividades de las subcomisiones, a cargo
de los diputados coordinadores.
VII. Informe de actividades del secretariado técnico.
VIII. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere
Presidente
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A su reunión de trabajo con el Ing. Francisco Avila Camberos, coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT, que se llevará a cabo el miércoles 7 de noviembre, a las 11:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente
DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo, que se realizará el miércoles 7 de noviembre, a las 12 horas, en el salón de usos múltiples ubicado en el edificio D, planta baja.
Atentamente
Dip. Luis Pazos de la Torre
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 7 de noviembre, a las 14 horas, en el salón Ddel restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Presentación del informe trimestral de esta
Comisión, en las metas alcanzadas y ejecución de los recursos
de los programas de desarrollo regional del Ramo 20.
3. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Cantú Torres
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A su décima cuarta sesión plenaria, que se efectuará el miércoles 7 de noviembre, a las 14 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión.
4. Intervención del Dr. Mario Loyo Varela, secretario
de salud del estado de Veracruz.
5. Análisis, discusión y aprobación,
en su caso, de anteproyectos de dictamen.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Ma. Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su duodécima reunión plenaria, que se realizará el miércoles 7 de noviembre, a las 15 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Informe de los avances en el programa de trabajo.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Jaime Rodríguez López
Presidente
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A la inauguración del seminario Política Exterior de México en la Nueva Agenda Internacional y la Lucha contra el Terrorismo, que se llevará a cabo el miércoles 7 de noviembre, a las 17 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
Presidente
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 7 de noviembre, a las 18 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Intervención de los invitados siguientes:
Atentamente
Dip. Herbert Taylor Arthur
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A la reunión de su Mesa Directiva, que se realizará el jueves 8 de noviembre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión, edificio D, cuarto nivel.
Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López
Presidente
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A su reunión de trabajo, que se efectuará el jueves 8 de noviembre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
I. Lista de asistencia y verificación del quórum.
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
III. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
IV. Informe de asuntos turnados por la Mesa Directiva
de la H. Cámara de Diputados.
V. Informe a la Comisión de Comunicaciones de
los trabajos de la Conferencia Parlamentaria en Materia de Telecomunicaciones.
VI. Discusión y, en su caso, aprobación
de proyectos de dictámenes.
VII. Informe de actividades de la Comisión de
Comunicaciones.
VIII. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Jesús Orozco Alfaro
Presidente
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el jueves 8 de noviembre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión, ubicadas en el edificio F, segundo nivel.
Atentamente
Dip. Félix Castellanos Hernández
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS
A su reunión de trabajo, el jueves 8 de noviembre, a las 10 horas, en la sala de juntas del Centro, ubicadas en el edificio D, planta baja.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior.
4. Aprobación del Proyecto del Reglamento Interno
del CEFP.
5. Presentación del formato de invitación
al foro Perspectivas Económicas para 2002.
6. Presentación y discusión del proyecto
de encuesta.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Moisés Alcalde Virgen
Presidente
DE LA COMISION DE PESCA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 8 de noviembre, a las 11 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer nivel.
Atentamente
Dip. Guillermo Díaz Gea
Presidente
DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo, que se realizará el jueves 8 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Protocolo, ubicado en el edificio A, primer piso.
Atentamente
Dip. Luis Pazos de la Torre
Presidente
DE LA COMISION DE TURISMO
A su undécima reunión plenaria, que se realizará el jueves 8 de noviembre, a las 17:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Ernesto Rodríguez Escalona
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A los trabajadores afiliados y sus beneficiarios, funcionarios y personal del ISSSTE, pensionados y jubilados, académicos e investigadores al foro nacional La Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. ISSSTE: Salud Vivienda y Pensiones, que se realizará el 9 y 23 de noviembre.
El Poder Legislativo federal considera que el derecho a la seguridad social se ha convertido en tema crucial de la agenda nacional. El análisis sobre la normatividad y funcionamiento de las instituciones de seguridad social, como lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se torna imprescindible para una sociedad que demanda cada vez más, mayor calidad en la prestación de los servicios, así como en las condiciones socioeconómicas de sus trabajadores, derechohabientes y pensionados. Por lo anterior y porque para el legislador es fundamental escuchar la opinión de sus representados y, en particular, de los sectores directamente involucrados en los asuntos que analiza, la Comisión de Seguridad Social convoca al foro nacional
La Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. ISSSTE: Salud, Vivienda y Pensiones
Temas
Tema 1. El ISSSTE en salud. Financiamiento, cobertura
y beneficios: situación actual y propuestas para su fortalecimiento.
Tema 2. FOVISSSTE. Financiamiento, cobertura y
beneficios: situación actual y retos.
Tema 3. El ISSSTE y su sistema de pensiones.
Acapulco, Guerrero:
9 de noviembre, hotel Fiesta Americana Condesa Acapulco,
Av. Costera Miguel Alemán número 97, CP 39690, Acapulco,
Gro.
México, Distrito Federal:
23 de noviembre, salón Legisladores de la República
(antes salón Verde), Palacio Legislativo de San Lázaro,
Avenida Congreso de la Unión número 66; Colonia El Parque;
CP 15969.
Bases
1. Los foros iniciarán a las 9:00 horas y se desarrollarán de la siguiente manera: con intervenciones de diputados de la Comisión de Seguridad Social y ponencias magistrales de funcionarios del ISSSTE, directivos de la FSTSE y del SNTE; tres mesas de trabajo que iniciarán con una conferencia magistral, seguida de ponencias a cargo de los participantes sobre los temas indicados.
2. Podrán participar en las mesas de trabajo quienes así lo deseen, presentando su ponencia por escrito con una extensión máxima de 10 cuartillas a doble espacio y un resumen de tres cuartillas que será leído en las mesas de trabajo. Para su publicación, la ponencia deberá presentarse en un disquete de tres y media pulgadas, en procesador de texto Word, letra arial a 12 puntos. Tiempo límite para recibir ponencias: tres días antes de la celebración de cada una de las etapas del foro.
3. Se otorgará constancia de participación.
4. Todo asunto no previsto será resuelto por la Junta Directiva de la Comisión.
Informes, inscripciones y recepción de ponencias, en la Comisión de Seguridad Social, Palacio Legislativo, Avenida Congreso de la Unión número 66; Colonia El Parque; CP 15969; Teléfono y Fax. (01) (5) 420 1875; lada sin costo 01 800 718 4291, extensiones 1220, 1221 y 1875.
Junta Directiva de la Comisión de Seguridad
Social, diputados: Cuauhtémoc Montero Esquivel, Presidente;
Samuel Aguilar Solís, secretario; Francisco López González,
secretario; Ernesto Saro Boardman, secretario; José María
Rivera Cabello, secretario.
DE LA COMISION ESPECIAL SUR-SURESTE
A su reunión de trabajo-comida, que se llevará a cabo el miércoles 14 de noviembre, a las 14 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior y de la relatoría de la presentación
del Plan Puebla-Panamá.
4. Presentación del plan de trabajo preliminar.
(Explicación de base de datos, a cargo del maestro Javier Gala).
5. Propuesta de integración de subcomisiones.
6. Proyecto de viaje.
7. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Salvador Escobedo Zoletto
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A los secretarios técnicos, secretarios particulares y asistentes de los CC. diputados, al Seminario Taller sobre Agua y Desarrollo Sustentable, que se está llevando a cabo los días miércoles de las 9:30 a las 12 horas.
Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente
DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
Al concurso de oposición abierto para ocupar puestos del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 49, fracción III, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a los acuerdos parlamentarios que crean e integran el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados, el 7 de noviembre de 2000 y el 30 de abril de 2001, respectivamente, y al acuerdo por el que se determina el procedimiento para el reclutamiento y selección y, en su caso, designación de funcionarios que ocupen las plazas de directores de proyecto e investigadores adscritos a los Centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Sociales y de Opinión Pública y de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas y con base en la solicitud del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias para proveer el trámite administrativo para la contratación de personal que formará parte del servicio de investigación adscrito a dicho Centro, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Recursos Humanos
Convoca
Al concurso de oposición abierto para ocupar dos puestos de director de proyecto y cuatro de investigador "A"
Requisitos Generales
Los aspirantes serán sometidos a un proceso de preselección para determinar que se acreditan los requisitos de la presente convocatoria y se sujetarán a una evaluación de carácter técnico y otra de carácter psicométrico.
Un jurado calificador, cuyo nombramiento recaerá en personas de reconocido prestigio profesional o académico en el área de derecho e investigación parlamentaria, revisará los expedientes de los candidatos y realizará las pruebas que considere pertinentes para la selección de los aspirantes.
Las inscripciones se llevarán a cabo en el Centro de Capacitación de la Cámara de Diputados, ubicado en el Palacio Legislativo (Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, CP 15969), edificio F, planta baja, del 23 al 25 de octubre del año en curso, en un horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Para mayor información comuníquese al teléfono 5628 1300, extensión 4245 o 4265.
Palacio Legislativo, octubre de 2001.
Atentamente
Lic. Alfredo del Valle Espinosa
Secretario de Servicios Parlamentarios
Lic. Enrique Lozano Botello
Director General de Recursos Humanos
DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
Al concurso de oposición abierto para ocupar puestos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 49 fracción 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a los Acuerdos Parlamentarios que crean e integran el Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados, el 7 de noviembre de 2000 y el 30 de abril de 2001, respectivamente, y al Acuerdo por el que se determina el procedimiento para el reclutamiento y selección y, en su caso, designación de funcionarios que ocupen las plazas de Directores de proyecto e Investigadores adscritos a los Centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Sociales y de Opinión Pública y de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas y con base en la solicitud del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública para proveer el trámite administrativo para la contratación de personal que formará parte del servicio de investigación adscrito a dicho Centro, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Recursos Humanos
Convoca
Al concurso de oposición abierto para ocupar dos puestos de Director de Proyecto, tres de Investigador "A" y un Subdirector de Análisis y Procesamiento de Datos.
Requisitos generales:
Los aspirantes serán sometidos a un proceso de preselección para determinar que se acreditan los requisitos de la presente Convocatoria y se sujetarán a una evaluación de carácter técnico y otra de carácter psicométrico.
Un jurado calificador cuyo nombramiento recaerá en personas de reconocido prestigio profesional o académico en el área de Social y de Opinión Pública revisará los expedientes de los candidatos y realizará las pruebas que considere pertinentes para la selección de los aspirantes.
Las inscripciones se llevarán a cabo en el Centro de Capacitación de la Cámara de Diputados, ubicado en el Palacio Legislativo (Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15969) Edificio "F" PB. del 7 al 12 de noviembre del año en curso, en un horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.
Para mayor información comuníquese al teléfono 56.28.13.00 ext. 4245 o 4265
Palacio Legislativo, octubre de 2001.
Atentamente
Lic. Alfredo Del Valle Espinosa
Secretario Servicios Parlamentarios
Lic. Enrique Lozano Botello
Director General de Recursos Humanos