• De reformas a los artículos 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y 420 del Código Penal Federal, relativos al tráfico de la fauna, presentada por la diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la sesión del martes 27 de marzo de 2001.

 
• De Decreto, que reforma los artículos 6º, fracción V, de La Ley Federal de Correduría Pública; 10, 2, 5, 6, 7, 44, 56, 90, 91, 194, 205 y 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles; 407, segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 8, fracción XI, y 38-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (para que los Corredores Públicos puedan intervenir como fedatarios públicos en todos los actos mercantiles), presentada por el diputado David Augusto Sotelo Rosas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión del martes 27 de marzo de 2001.

 
• De reforma al artículo115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que precisa los servicios públicos municipales materia de concesión), presentada por el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión del martes 27 de marzo de 2001.

 
• De reforma al artículo116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (para elevar a rango constitucional los órganos de auditoría superior de los estados), presentada por el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión del martes 27 de marzo de 2001.

 
• De reformas a los artículos 36, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 10, 12, 14, 15 y 33, de la Ley de Aeropuertos (para que el Congreso de la Unión sea el que ratifique el otorgamiento de concesiones para la administración, operación, explotación y construcción de aeropuertos), presentada por el diputado Alejandro R. García Sainz Arena, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la sesión del martes 27 de marzo de 2001.

 
• De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al Poder Legislativo, presentada por el diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del martes 27 de marzo de 2001.

• De la Comisión de Salud, a la tercera reunión de la Primera Subcomisión de Salud, el miércoles 28 de marzo, a las 8:30 horas.
• De la Comisión de Ciencia y Tecnología, a la reunión de trabajo con integrantes de mesas directivas de comisiones, el miércoles 28 de marzo, a partir de las 8:30 horas.
• De la Comisión de Seguridad Social, a su reunión ordinaria correspondiente a marzo, el miércoles 28 de marzo, a las 9 horas.

 
• De la Comisión de Equidad y Género, a su reunión plenaria, el miércoles 28 de marzo, a las 9:30 horas.
• De las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, a su sesión de trabajo, el miércoles 28 de marzo, a las 10:30 horas.
• De la Comisión de Salud, a su reunión plenaria, el miércoles 28 de marzo, a las 14 horas.

 
• De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, a la reunión de trabajo con el dr. Aarón Dychter Poltolarek, Subsecretario de Transportes, y el lic. Ramiro Sosa Lugo, Director General de Ferrocarriles Nacionales de México, el miércoles 28 de marzo, a las 15 horas.
• De la Comisión de Desarrollo Social, a su reunión de trabajo, el miércoles 28 de marzo, a las 17 horas.
• De la Comisión de Vivienda, a su reunión plenaria, el miércoles 28 de marzo, a las 17 horas.

 
• De la Comisión de Desarrollo Rural, a su reunión ordinaria, el miércoles 28 de marzo, a las 18:30 horas.
• De la Comisión de Comunicaciones, a su reunión de trabajo, el jueves 29 de marzo, a las 8:30 horas.
• De la Comisión de Energía, a su quinta reunión de trabajo, el jueves 29 de marzo, a las 8:30 horas.

 
• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la reunión de su Mesa Directiva, el jueves 29 de marzo, a las 10:30 horas.
• De la Comisión de Energía, a la conferencia sobre la experiencia de reforma del sector eléctrico de Inglaterra, que impartirá el profesor Steve Thomas, de la Universidad de Greenwich, el jueves 29 de marzo, a las 17:30 horas.
• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a su reunión de trabajo, el viernes 30 de marzo, a las 10 horas.

 
• De la Comision de Marina, al Foro de Consulta del Noroeste de México para la reactivación de la Marina Mercante Nacional, en apoyo a la elaboracion del Plan Nacional de Desarrollo, que se llevará a cabo, los días 30 y 31 de marzo de 2001.
• De la Comisión de Reforma Agraria, a su sexta reunión de trabajo, el martes 3 de abril, a las 9 horas.
• De la Comisión de Juventud y Deporte, al Foro Juventud y Deporte en la Prevención del Delito, el miércoles 4 de abril, a las 10 horas.

 
• De la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, al Foro de Consulta Pública, Desarrollo y Medio Ambiente, que se llevará a cabo del 5 al 7 de abril.
• De la Comisión de Ciencia y Tecnología, a la reunión de trabajo, el miércoles 18 de abril, a partir de las 8:30 horas.

Bernardo de la Garza Herrera Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:

Exposición de Motivos

La excentricidad, la moda, las creencias o el placer de tener una variedad silvestre en casa (la mayoría de veces enjaulada) o en los zoológicos, están contribuyendo a poner en grave riesgo de extinción a muchas especies, al ser sacadas de su hábitat.

Se debe agregar que más de las tres cuartas partes de los animales capturados mueren antes de llegar a su destino, por la crueldad con que son empacados para evitar los riesgos de ser descubiertos en los pasos fronterizos. Otros morirán al no poder adaptarse a las condiciones climáticas adonde son llevados, o simplemente morirán de tristeza porque son privados de su libertad.

Es de hacer notar que, por lo general, para poder apoderarse de un especimen que no ha alcanzado la edad adulta, y luego traficarlo, como en el caso de muchos mamíferos (monos, felinos, roedores, etcétera), han tenido que asesinar a las madres.

De la misma forma, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera que el trasiego de especies por las fronteras es culpable de la degradación de la biodiversidad en el último siglo, unido con otros problemas como la caza excesiva y la degradación de los ecosistemas; esto último es de alarmante crecimiento en México.

Según la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA), con sede en Madrid, el tráfico de especies es el responsable de la extinción del 40 por ciento de las citadas, desde 1600.

El tráfico ilegal de especies, el tercero más lucrativo tras las drogas y las armas, ha situado al borde de la extinción alrededor de 700 especies. La venta de animales, plantas silvestres y de productos manufacturados derivados de las mismas, se estima que mueve más de diecisiete billones de dólares anuales, de los cuales, aproximadamente diez billones corresponden al tráfico ilegal de fauna y siete al de flora. Pero además, por esta misma razón se encuentran amenazadas 2,300 especies animales y 24,000 especies vegetales.

Los siguientes son sólo algunos datos que sirven para ilustrar lo anterior:

Entre más raro sea un animal o, paradójicamente, entre más riesgo de extinción corra, mayor será su precio en el extranjero, como sucede con el águila arpía, la danta o el oso hormiguero, etcétera, especies que habitan en México.

En nuestro país, a pesar de ser signatario de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), se hace muy poco para evitar el tráfico de animales exóticos. Es de todos conocido que no sólo se venden en las calles, en los mercados populares, como el de Sonora, y muchos otros en el interior del país, sino también en algunas tiendas de supuesto prestigio, y otros han llegado al extremo de promocionarlos en los clasificados de los diarios. Al respecto, es curioso que en muchos restaurantes de comida típica han llegado al colmo de promover en la guía telefónica los suculentos platillos, que incluyen carne de venado, tepezcuintle y tortuga, especies que, como sabemos, están en las listas de riesgo.

Si esto ocurre a nivel nacional, qué se puede esperar con el tráfico en el ámbito internacional, a sabiendas de que estos se cotizan en miles de dólares. Ponerse a descubrir esta mafia es peligroso, sobre todo en nuestro país, donde las redes del tráfico de especies han penetrado y corrompido a las corporaciones, por otro lado y tal como explicaremos mas adelante, resulta casi imposible para el Ministerio Público Federal el poder acreditar los elementos constitutivos del tipo cuando hablamos de delitos ambientales en general, y especialmente cuando se trata de aquellos que se relacionan con el tráfico de la vida silvestre.

Otro argumento que debemos de tomar en cuenta aparte de que la pérdida de biodiversidad es inmoral, y se debe de cuidar como un valor en si mismo, la pérdida de cientos de miles de especies, muchas de ellas aún antes de ser descubiertas por la ciencia. De ese modo, no sólo se pierde la variabilidad biológica, sino además la diversidad genética, la cual se puede convertir en una de las principales fuentes de sustento para las futuras generaciones de mexicanos.

Hoy por hoy, se estima actualmente que una especie desaparece cada 15 minutos significando el resultado mas pernicioso para la naturaleza, que es la extinción de las especies, ya que con eso se pone en peligro el equilibrio necesario en todo ecosistema.

No obstante que el Código Penal Federal ya contempla en su capítulo denominado delitos ambientales, un artículo que sanciona a quienes comercien con ejemplares de vida silvestre, es pertinente mencionar que este resulta ineficaz por las siguientes razones:

Decreto que reforma y adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo Primero.- Se reforma y adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 420

Se impondrá pena de seis meses a seis años de prisión y por el equivalente de mil a veinte mil días multa, a quien:

Artículo 194

Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTICULOS 6º, FRACCION V, DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA; 10, 2, 5, 6, 7, 44, 56, 90, 91, 194, 205 Y 228 BIS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; 407, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO; 8, FRACCION XI, Y 38-D DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO (PARA QUE LOS CORREDORES PUBLICOS PUEDAN INTERVENIR COMO FEDATARIOS PUBLICOS EN TODOS LOS ACTOS MERCANTILES), PRESENTADA POR EL DIPUTADO DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE MARZO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 455, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el abajo suscrito somete a la consideración de esta Cámara la presente Iniciativa que reforma el artículo 6º, fracción quinta, de La Ley Federal de Correduría Pública; 10, 2, 5, 6, 7, 44, 56, 90, 91, 194, 205 y 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles; 407, segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 8, fracción XI, y 38-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Considerando que:

La Ley Federal de Correduría Pública fue aprobada por el H. Congreso de la Unión el 19 de diciembre de 1992 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del mismo año, entrando en vigor el 28 de enero de 1993, abrogando las disposiciones que sobre correduría publica contenía el Código de Comercio, siendo su objetivo primordial el impulsar la actividad del Corredor Público, convirtiéndolo en una pieza clave de la modernización de los instrumentos jurídicos, mediante los cuales se formalizan las operaciones mercantiles en nuestro país.

La correduría pública es una de las instituciones más antiguas en nuestro país, con un historial en México muy importante y de gran significado en la vida comercial y económica, instituyéndose en la Nueva España en 1527 por Real Cédula de Carlos V. Desde entonces hasta la actual Ley Federal de Correduría Pública se le ha reconocido al Corredor Público en diversos ordenamientos jurídicos que la han regulado, tres características: agente intermediario, perito legal y fedatario público. En la ley actual se agregan dos facultades, una de ellas que lo distingue como el asesor jurídico del comerciante por excelencia y la otra es la de fungir como árbitro en controversias que se susciten entre comerciantes.

El Ejecutivo de la Unión a través de la Secretaría de Economía al habilitar a un Corredor Público, confirma y ratifica la confianza del Estado mexicano en una institución que ha dejado su impronta en la historia nacional.

El espíritu del legislador, al promulgar la Ley Federal de Correduría Pública, fue el de crear una sana competencia con el notariado y reconocerle al Corredor Público plenamente su función como fedatario en materia de comercio, y con ello brindar al público en general la posibilidad de acceso fácil, económico e inmediato a diversos servicios jurídicos especializados en esta materia y promover la habilitación de nuevos Corredores en toda la República mexicana, una vez que hayan dado cumplimiento a los requisitos previstos en la Ley.

Sin embargo, pese a todos los esfuerzos tanto del Ejecutivo Federal como de los propios Corredores Públicos, éstos no han podido desarrollar adecuadamente su función debido a ciertas imprecisiones y falta de claridad de la propia Ley Federal de Correduría Pública; lo que ha traído como consecuencia que el público usuario de la fe pública mercantil sienta cierta inseguridad para solicitar los servicios de un Corredor Público.

Cabe destacar que, en materia de fe pública mercantil, los Corredores Públicos se encuentran facultados para hacer constar convenios, contratos, actos y hechos de naturaleza mercantil, incluyendo la posibilidad de intervenir en la constitución, fusión, escisión, modificación, disolución y liquidación de sociedades mercantiles (artículo 6º, fracciones V y VI de la Ley Federal de Correduría Pública), estas facultades enunciadas en forma expresa en la referida Ley han dado lugar a múltiples interpretaciones, tales como que el Corredor Público en ningún caso puede intervenir en actos, contratos o convenios que recaigan sobre inmuebles y en aquellos poderes que otorguen las sociedades mercantiles por conducto de sus representantes legales o apoderados, argumentando que la materia inmobiliaria y la materia de poderes son actos absolutamente civiles y únicamente el Notario público es quién puede autenticar dichos actos.

En relación a este punto es importante aclarar que el texto original de la Iniciativa de la Ley Federal de Correduría Pública, en su fracción V, fue modificada en la Cámara de origen (Cámara de Senadores) adicionándole la leyenda "excepto en tratándose de inmuebles", fundándose en que todos los actos que se refieran a dicha materia son civiles.

De la misma manera la fracción VI de la citada Ley fue modificada en la Cámara de origen, en el sentido de eliminar la intervención del Corredor Público en el otorgamiento de poderes que den las sociedades por conducto de sus representantes o apoderados legales, argumentando que los poderes son actos de naturaleza absolutamente civil y que éstos únicamente pueden otorgarse ante Notario público.

Por lo que se refiere al primer punto, relativo a que el Corredor Público en ningún caso puede intervenir en actos, contratos o convenios cuyo objeto recaiga en un inmueble, no se tomó en consideración que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, fracción X, establece que es facultad del Congreso legislar en materia de comercio; con fundamento en esta disposición constitucional se ha expedido toda la legislación en materia mercantil, destacando en el tema que nos ocupa el artículo 75 del Código de Comercio que establece en su fracción II: "La ley reputa actos de comercio: II.- las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial". Del texto anteriormente transcrito se desprende que la materia inmobiliaria, cuando se realiza con propósitos de especulación comercial, es un acto de comercio. En este orden de ideas, la Ley Federal de Correduría Pública faculta al Corredor Público a intervenir como fedatario en actos, contratos y convenios de naturaleza mercantil, por lo que en el caso antes mencionado, el Corredor tiene la facultad de intervenir en los contratos de compraventa de inmuebles cuando se realicen con dicho propósito.

El artículo y fracción citados en el párrafo que antecede, se limita únicamente a la compra venta de inmuebles; sin embargo, en aquellos casos en que se constituyan garantías reales, ya sea sobre bienes muebles o inmuebles, como consecuencia o para garantizar un acto, convenio o contrato de naturaleza mercantil, y atendiendo a los principios generales de derecho que establecen que "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", las citadas garantías reales gozan de la misma naturaleza. En consecuencia, al Corredor Público se le debe reconocer en forma expresa la facultad para intervenir en dichos actos jurídicos.

Independientemente de lo asentado anteriormente es importante señalar que el artículo 121 constitucional, fracción II, establece que: "Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación". De la fracción citada se desprende que no sólo los bienes inmuebles se rigen por el lugar de su ubicación sino también los bienes muebles. Así las cosas entonces cabría preguntarse si la legislación mercantil, que en su mayoría regula actos, convenios y contratos relacionados con bienes muebles está viciada de inconstitucionalidad, resultando absurdo sostener tal criterio.

En materia inmobiliaria es importante destacar que los bienes inmuebles se regulan por la legislación local y todos los actos que recaigan sobre los mismos deberán revestir la forma establecida en la misma. Sin embargo, cuando la operación de que se trate sea un acto de comercio y recaiga sobre un inmueble, el legislador con las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para legislar en materia de comercio, establece normas de excepción en cuanto a la forma, facultando al Corredor Público para intervenir en dichos actos; respetando en todo momento la facultad de los estados para regular la materia inmobiliaria. Hoy en día, varias disposiciones de orden federal prevén la intervención del Corredor en materia inmobiliaria y es el caso de los inmuebles afectados en garantía de fianzas otorgadas por instituciones de fianzas, créditos de habilitación o avío y refaccionarios con garantía hipotecaria, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de la Ley de Instituciones de Crédito, respectivamente.

Por otra parte, es necesario hacer hincapié en la fe púbica que detenta el Corredor Público, la cual le es delegada por el Ejecutivo Federal, quién es el depositario de la fe pública federal. Esto significa que los actos y documentos emitidos en el ejercicio de su función gozarán de entera fe y crédito en los estados que conforman la Federación. Dentro de esta fe pública se encuentra la de autenticar los actos, contratos y convenios mercantiles (regulados por ordenamientos federales), facultad que delega en los Corredores Públicos.

A diferencia del Corredor Público, quien goza de una fe pública de carácter federal, el Notario público participa de una fe pública que le es delegada por el Gobernador de la entidad federativa respectiva. Esto implica que el Notario público tiene la facultad de autenticar, actos, convenios y contratos regulados por la legislación local (de carácter civil); sin embargo, el Congreso de la Unión le ha autorizado a intervenir en ciertos actos regulados por leyes federales, por ejemplo: constitución de sociedades mercantiles, fianzas, arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, todo tipo de contratos de crédito otorgados por instituciones de crédito, entre otros. Desafortunadamente el legislador se ha olvidado de la existencia del fedatario público mercantil por excelencia que es el Corredor Público.

Por lo que se refiere al segundo punto, relativo a si el Corredor Público, en su carácter de fedatario puede intervenir en el otorgamiento de poderes que realicen las sociedades mercantiles por conducto de la asamblea de accionistas, consejo de administración o apoderados de la misma, es indudable que se encuentra facultado para intervenir en dichos actos. Afirmación que se fundamenta en el artículo 6º, fracción VI, que a la letra dice: "Al Corredor Público corresponde...

VI. Actuar como fedatario en la constitución, modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles y en los demás actos previstos en Ley de Sociedades Mercantiles, y...".

El texto original de la Ley expresamente establecía que el Corredor Público se encuentra facultado para intervenir en toda clase de poderes que otorgue una sociedad mercantil, disposición que fue modificada en la Cámara de origen, ya que se sostuvo el criterio de que los poderes se encuentran regulados por la legislación local y el Corredor Público no podía invocar artículosde dicha legislación, sin advertir por una parte que la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 10 y diversos artículos habla de los poderes que otorgue la sociedad. Por otra parte, dichos poderes no podrían ser otorgados de manera distinta a lo que establece la legislación común, la cual es la norma supletoria del derecho mercantil y el hacer tal afirmación sería tanto como sostener que en materia mercantil no se puede invocar como norma supletoria el derecho común, como lo establece el artículo 2º del Código de Comercio que establece textualmente: "A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal"; en este orden de ideas el código civil aplicable es el Código Civil Federal y es indudable que el Corredor Público puede remitirse a dicho ordenamiento.

Resultando que:

La reforma propuesta terminaría con la discusión respecto a si el Corredor Público puede o no intervenir en el otorgamiento de los citados poderes; ya que el texto actual de la fracción sexta que se comenta, para algunos es cuestionable, lo cual es inexacto ya que al decir que el Corredor Público puede intervenir en todos aquellos actos a que se refiere la Ley General de Sociedades Mercantiles, queda incluido el otorgamiento de poderes y, con el objeto de eliminar interpretaciones inadecuadas en la reforma propuesta, deberá establecerse que dichos poderes se otorgarán en términos del derecho común, siendo aplicable el Código Civil Federal.

Asimismo a fin de eliminar cualquier duda respecto a la intervención del Corredor Público para intervenir en su carácter de fedatario público en todos los actos de naturaleza mercantil, en todas aquellas disposiciones en donde diga "Notario", "escritura" "protocolización" se deberá entender también "Corredor Público", "póliza o acta extendida por el Corredor Público" e "incorporación a póliza".

De aprobarse las reformas propuestas, es evidente que ofrecerán grandes ventajas a la sociedad en general en la prestación de servicios en materia mercantil, toda vez que quedaría de una vez aclarada cualquier duda respecto a los actos en que el Corredor Público puede intervenir.

De igual manera, resulta necesario incluir en la Ley General de Sociedades Mercantiles a la figura del Corredor Público en todos aquellos artículos que únicamente menciona al "Notario", para quedar en términos de "Notario o Corredor Público". Al igual que en todos los ordenamientos en donde diga "protocolizar" debe entenderse "protocolizar o incorporar a póliza", en virtud de que el instrumento que utiliza el Corredor para estas actuaciones es la póliza.

Por lo que se refiere al fideicomiso de garantía, de reciente regulación en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, figura absolutamente mercantil, regulada por una ley federal; en su artículo 407, segundo párrafo, establece que la afectación en fideicomiso de garantía de bienes inmuebles se hará constar en escritura pública. Del párrafo citado se puede observar que una vez más se olvidó la figura del Corredor, por lo que se propone se incluya dicha figura.

Así también, en tratándose de operaciones celebradas por organizaciones auxiliares del crédito, que son actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, se debe incluir en forma expresa al Corredor Público, con la ya mencionada finalidad de evitar discusiones de si únicamente el Notario público puede intervenir en tales actos, siendo la propuesta reformar los artículos 8º, fracción XI y 38-D del citado ordenamiento.

Al reconocerse lo antes expuesto, y de ser aprobadas las reformas propuestas, la correduría pública vendrá a fortalecer las instituciones del derecho y de la República. En tal virtud, Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa de Decreto, que reforma el artículos 6º, fracción quinta, de La Ley Federal de Correduría Pública; los artículos 10, 2, 5, 6, 7, 44, 56, 90, 91, 194, 205 y 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles; el artículo 407, segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y los artículo 8, fracción XI, y 38-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su segundo y tercer párrafos y se adiciona un último párrafo para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

...

Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración en su caso, bastará con

Protocolizar ante Notario o incorporar a póliza ante Corredor Público, la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento respectivo o, en su defecto, lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello o en sustitución de los anteriores.

El Notario o Corredor Público hará constar en el instrumento correspondiente mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto le exhiban; la denominación o razón de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, así como la facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de administración.

Los poderes que otorgue la sociedad a través de la asamblea de accionistas, consejo de admistración o apoderados se realizarán en términos del derecho común.

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción V del artículo sexto de la Ley Federal de Correduría Pública,para quedar como sigue:

Artículo 6º.- ...

Artículo 6 bis.- Cuando en las leyes o reglamentos se haga referencia a Notario o fedatario público, escritura, protocolo y protocolización se entenderá que se refiere a Corredor Público, a la póliza o acta expedida por Corredor, a cualquier libro de registro del Corredor y al hecho de asentar algún acto en los libros de registro del Corredor, respectivamente.

Artículo Cuarto.- Se reforma el 2º párrafo del artículo 407 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para quedar como sigue:

Artículo 407. ...

La afectación en fideicomiso de garantía de bienes inmuebles se hará constar ante Notario o Corredor.

Artículo Quinto.- Se reforman los artículos 8, fracción XI, y 38-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 8. Las sociedades que se autoricen para operar como organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, a excepción de las sociedades de ahorro y préstamo deberán constituirse en forma de sociedad anónima, organizadas con arreglo a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las siguientes disposiciones que son de aplicación especial:

XI. La escritura o póliza constitutiva y cualquier modificación a las mismas deberán ser sometidas a la previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en el caso de las uniones de crédito, de la Comisión Nacional Bancaria, a efecto de verificar si se cumple con los requisitos establecidos por la ley. Una vez aprobada la escritura o póliza y sus reformas, deberán presentarse en un plazo de quince días hábiles ante el Registro Público de Comercio...

Artículo 38-D. La escritura o póliza constitutiva de las sociedades de ahorro o préstamo y cualquier modificación a las mismas, deberá ser sometida a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez aprobada la escritura o póliza y sus reformas deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio sin que sea preciso mandamiento judicial.

Transitorio. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro,  a 27 de marzo de 2001.

Dip. David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica)
 
 
 
 

DE REFORMA AL ARTICULO115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (QUE PRECISA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MATERIA DE CONCESION), PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE MARZO DE 2001

Dentro el entorno de diálogo, tolerancia, respeto y reflexión que la Cámara de Diputados ha tenido con la ASOFIS, como órganos fiscalizadores fortalecidos al nuevo milenio, y en la cual proseguiremos efectuando acciones claras, decididas e inmediatas para fortalecer esta Asociación, dando de esta manera respuesta al legítimo anhelo de los mexicano de contar, con instancias que permitan la claridad y la certeza en el ejercicio del gasto público, que justifican los principios que rigen nuestra convicción y labor responsable de fiscalización. Por lo que me permito solicitar a este Pleno, se me otorgue su anuencia a fin de reflexionar en conjunción con ustedes sobre lo que considero material ponderable para el seno de esta Cámara, que es la presentación de esta reforma constitucional, respecto de la precisión y elevación a rango constitucional, en lo concerniente a la facultad que poseen los municipios para otorgar concesiones a particulares, respecto de los servicios públicos materia de concesión.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de acuerdo con la petición de los titulares de las Contadurías Mayores de Hacienda y Glosa de las entidades de la República, integrantes de la ASOFIS AC, presentamos ante este Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente propuesta que sometemos a su consideración, a efecto de que se adicione un inciso f) a la fracción II del artículo 115, cambiando de orden el actual inciso e), para pasar a ser inciso f) de la fracción II del artículo en referencia de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Los pasados 15 de junio y 25 de julio de 1999, respectivamente, las Cámara de Diputados y de Senadores aprobaron diversas modificaciones al artículo 115 de la Constitución, reformas trascendentes, federalistas y de amplio sentido municipalista, mismas que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 23 de diciembre del año referencia, que sin duda, robustecen la función política y de gobierno del municipio mexicano.

Sin embargo, en la reforma en comento, no se precisa claramente en el artículo constitucional aludido, si los municipios están habilitados para concesionar algún servicio público, así como tampoco se indica aquéllos servicios que no serán materia de concesión.

Esto trae como consecuencia, que algunos ordenamientos legales de índole local de los diferentes estados de la República, de diversa índole política permitan concesionar algunos servicios que sus similares de otros estados ni por asomo considerarían materia de concesión. Mientras que en algunas entidades el servicio de alumbrado público es materia nula de concesión, en otras, es un activo que diversas empresas concesionarias ya prestan.

Continúo con el servicio de agua y alcantarillado; en el mismo tenor e igual resultado que la exposición anterior.

Proseguir con esta omisión, puede originar un déficit en la simetría jurídica de los municipios de la nación, que se traducirá en un mayor índice de disfuncionalidad entre los órdenes de gobierno a los que hacen referencia los artículos 40, 49, y 115 de la Constitución General de la República.

Ahora bien, con relación a lo dispuesto y señalado por el artículo 124, de la norma anteriormente invocada, que establece: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservas a los estados", es decir, todo lo que no está dado a la Federación se considera que se reservó a los estados, reproduciendo este esquema a las atribuciones de los municipios obrando con amplio margen de maniobra y funcionalidad, máxime cuando ahora con la reciente reforma al citado artículo 115; ya no se requiere de autorización de los Congresos locales para la celebración de determinados actos jurídicos cuya duración incluso trascienda al periodo constitucional, con la única condición de que sea aprobada por una mayoría calificada de los integrantes de los propios ayuntamientos.

En este contexto, conviene efectuar una breve reflexión de este aspecto de primer orden, a fin de precisar ámbitos de competencia clara, objetiva y precisa, en las tres instancias de gobierno respecto de la concesión a particulares, de algún servicio de competencia municipal, por lo cual nos permitimos hacer las siguientes consideraciones:

El municipio, concebido como un ente público con capacidad jurídica y patrimonio propios, tiene ante sí la función de realizar un fin, el cual se debe de sujetar a lo que el derecho le previene.

El municipio cuenta entre sus prioridades de carácter eminentemente social las que se refieren a la prestación de servicios públicos, que contribuyan a una mejor convivencia en sociedad y que pugnen por fomentar el desarrollo de las actividades propias de su integrantes, en este sentido, la sociedad reclama la modernización y eficientización de los servicios, mismos que requieren un amplio despliegue de recursos humanos, económicos, técnicos, jurídicos y materiales, en concordancia con este reclamo comunitario el municipio dispone para sí, de la prestación de los servicios públicos como una actividad inherente a su organización política-gubernativa administrativa y que sujeta a un régimen jurídico normativo asegura su plena realización, bajo este cauce, los servicios públicos fungen como un vínculo directo entre la administración municipal y la sociedad, aconteciendo que incide a acrecentar el nivel de vida de sus habitantes, es decir, el municipio al perfeccionar la administración y funcionamiento de los servicios públicos, justifica su permanencia y adquiere su plena dimensión social.

La suministración de los servicios públicos se debe ceñir a las formalidades de: uniformidad, seguridad, continuidad, regularidad, generalidad y eficacia.

Hago mención de una definición que expresan autores mexicanos, se señala que expone la UNAM, en su diccionario jurídico mexicano la cual trasmito a continuación.

En este sentido y como apoyo a lo anterior, únicamente algunas Constituciones locales habilitan a través de leyes orgánicas (en el caso particular de Jalisco la nueva Ley del Gobierno y la Administración Pública y Municipal del Estado de Jalisco en su transitorio V, manifiesta que ésta entrará en vigor el 22 de mayo del 2001 no dispone ni especifica qué servicios públicos son materia susceptibles de concesión), las respectivas obligaciones que deben acatar los ayuntamientos.

Particularizando la normatividad municipal en los procesos del otorgamiento de la concesión, la Ley Orgánica Municipal (vigente en el estado de Jalisco), previene un capítulo especial referido a la concesión de bienes y servicios públicos municipales, en lo referente a los dispositivos jurídicos enunciados en el párrafo anterior, se infiere que los servicios públicos pueden ser clasificados en dos grandes grupos, mismos que a continuación se detallan:

Servicios publicos concesionables
 

* Agua potable

* Mercados y centrales de abasto

* Rastros y servicios complementarios

* Estacionamientos

* Cementerios

* Aseo público

* Parques, jardines y centros deportivos

* Alcantarillado

* Alumbrado público

* Calles y calzadas

* Seguridad pública y tránsito

Una sana interpretación del artículo 115 constitucional, en lo referente a la fracción III, en cuanto a que los Municipios tendrán bajo su cargo las funciones y servicios público ahí expresados, se interpreta que, cuando "en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observaran lo dispuesto por las leyes federales y estatales".

Esto, trae como consecuencia que ciertos ayuntamientos de los distintos estados de la República, permitan concesionar algunos otros servicios que sus similares del interior del ni por asomo los consideran materia de concesión. Verbigracia: mientras en algunas comunas, el servicio de alumbrado público es materia nula de concesión, en otros, es un activo de diversas empresas concesionarias.

Continúo con el servicio de agua y alcantarillado; mismo tenor e igual resultado que la exposición pretérita.

Proseguir con esta omisión nos puede originar una serie de déficit en la simetría jurídica de los Municipios en la Nación, que se traduce en un mayor índice de disfuncionalidad entre lo órdenes de gobierno a los que hacen referencia los artículos 40, 49 y 115, de la Constitución General del República.

Ahora bien, en relación a lo dispuesto y señalado por el artículo 124, de la norma referencia, que expresa que "las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados", es decir, todo lo que no está dado a la Federación, se considera que está otorgado a los estados, reproduciendo este esquema de las atribuciones a los municipios, obrando con amplio margen de maniobra y funcionalidad.

En este contexto pues, conviene efectuar una revisión de este aspecto sustancial, a fin de ubicar en forma contundente la competencia clara, objetiva y precisa de los tres ámbitos de gobierno, respecto a la concesión a particulares de algún servicio de carácter municipal.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos proponer a la consideración de esta Asamblea General, a efecto de que se acepte y se turne de inmediato para que pueda entrar a estudio y posterior dictamen a la Comisión correspondiente, la siguiente propuesta que adicione un inciso f) a la fracción II, del artículo 115, corriéndose en su orden el actual inciso e), para pasar a se inciso f), lo anterior de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Hemos analizado los elementos que dan existencia a los servicios públicos municipales y, por ende, a la figura del contrato-concesión de los servicios referidos, nos permitimos proponer ante este Pleno, la siguiente propuesta de iniciativa de reforma constitucional.

Artículo 115...

DE REFORMA AL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (PARA ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL LOS ORGANOS DE AUDITORIA SUPERIOR DE LOS ESTADOS), PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE MARZO DE 2001

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de acuerdo con la petición de los titulares de las Contadurías Mayores de Hacienda y Glosa de las entidades de la República integrantes de la ASOFIS, AC, presenta ante este Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente propuesta que sometemos a su consideración, a efecto de que se adicione una fracción con cinco incisos y doce párrafos al artículo 116, cambiando de orden y ocupando la actual fracción VI, para que ésta pase a ser fracción VII, y ésta última pase a ser la fracción VIII del artículo en referencia de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

En las tres últimas décadas se han observado y experimentado destacadas e intensas transformaciones en los tejidos sociales, modelos económicos y sistemas políticos del orbe, correspondiendo de esta manera al proceso dinámico de muda de las sociedades humanas y del ajuste del Estado a las nuevas circunstancias de la sociedad.

Hoy, la voluntad democrática de la República y particularmente en las Cámaras de Senadores y de Diputados, cuanto en los Congresos y Ejecutivos estatales, se refleja en la pluralidad de opciones políticas que garantizan la legitimidad del poder público y la gobernabilidad adjuntas a éste.

Estamos en la hora de continuar el cambio, entiéndase bien no del cambio dialéctico de cambiar para conservar, ni conservar para cambiar, sino, de actualizar y estructurar la modernización del Estado, y donde éste otorgue mayor credibilidad, transparencia y preeminencia a su compromiso virtual hacia los ciudadanos, sus aspiraciones e intereses, coadyuvando a fortalecer y dinamizar al sistema democrático.

La anterior LVII Legislatura Federal, se destacó por su invaluable aporte al equilibrio de poderes, toda vez que, del universo de dictámenes que en dicha Asamblea se presentaron como substanciales, de esta manera, uno de ellos fue la creación de la Entidad de Fiscalización Superior de la Cámara de Diputados, en vista de que se tuvo la sensibilidad política-social para responder a una aspiración del pueblo sobre la impostergable e imperiosa necesidad de emprender una cabal transformación al esquema del control y supervisión de los recursos de la Federación y, que dicha acción, como consecuencia ha habilitado instrumentos jurídicos que aspiran a ser eficaces y eficientes, correspondiendo de esta manera a que el pueblo acceda finalmente, al oportuno y claro rendimiento de haberes por parte de quienes ejercemos en la administración pública.

En síntesis, estos tiempos de fin de milenio nos presentan nuevos fenómenos ante los cuales las instituciones creadas y el trabajo parlamentario no deben permanecer estáticos, puesto que dicha reforma a la Entidad de Fiscalización Superior del Congreso de la Unión (entre cuyas transformaciones substanciales se dan la autonomía de gestión, autonomía presupuestaria, la inamovilidad del titular de dicha entidad así como la inmunidad y el fuero concedido al titular, el marco de la función de fiscalización en el que se incluye la verificación de programas así como la auditoría de desempeño misma que revisará la eficiencia, eficacia, la legalidad y su cumplimiento, su elevación a rango constitucional de la entidad de fiscalización respecto a investigar actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el manejo y/o aplicación de recursos federales, así como la de efectuar diligencias para exigir la exhibición de los libros y documentos indispensables para la realización de su indagaciones, el fincamiento de responsabilidades administrativas de igual manera fiscalizará a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y a todas aquéllas personas físicas o jurídicas, privadas o públicas que manejen recursos de la federación, incluyendo a partidos políticos e instituciones con autonomía e independencia, entre otros el IFE y la CNDH), ésta solamente ha permeado a cuatro estados de la Federación (Colima, Nayarit, Veracruz y Zacatecas, hasta esta fecha es de lo que se tiene de conocimiento), cuyas legislaturas han impulsado decididamente la reforma correspondiente a los órganos de auditoría superior de sus entidades, es decir, solamente el 12% de los 31 estados y el Distrito Federal, han diseñado y esculpido el nuevo rostro de sus órganos de Fiscalización.

Estimamos que dentro del marco de la reforma del Estado mexicano, éste alcance la actualización del marco constitucional correspondiente para preservar el futuro de los órganos de fiscalización superior de la entidades federativas. Consideramos propicio ante este Pleno hacer la propuesta para que se haga la reforma y en su caso la adición de una fracción con dos incisos y dos párrafos al artículo 116, de nuestra Carta Magna, repasando en su contenido no sólo se compendia uno de los conceptos más fundamentales del constitucionalismo mexicano: el federalismo, sino en el cual se establecen las bases mínimas que debe contener la estructura y el funcionamiento de las entidades federativas, de tal manera que de una vez por todas, se diluyan los apetitos de políticos reformistas que buscan disminuir e incluso acabar con los órganos de fiscalización superior en diferentes entidades federativas del país e incluso, en algunos casos, tratar de simular tal acción mediante propuestas que incluyen una presunta "ciudadanización de los mismos".

En este sentido las entidades de fiscalización superior deben asumir su representatividad, es decir, deben garantizar las aspiraciones de su pueblo a través de sus representantes legítimos, aplicando siempre la legalidad, la certeza, la independencia, el profesionalismo, la imparcialidad y objetividad dentro de un marco de eficiencia y eficacia, actuando de cara a la ciudadanía y pugnando por la transparencia en la rendición de los recursos del pueblo.

Hoy, solicitamos ante este Pleno que al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le haga la adición correspondiente para que se le incluya que en forma obligatoria en las distintas entidades federativas de la nación deberán existir órganos de fiscalización superior y que éstos deberán poseer autonomía funcional e independencia presupuestaria, en los términos que determinen las leyes respectivas.

Se plantea que en todo caso las reformas y adiciones propuestas no son, ni deben estimarse como aspiraciones separatistas, ni regionalistas, simplemente es equidad institucional. Y en especial porque se garantizará que en cada entidad federativa del país, con independencia de aspectos políticos, existan órganos de auditoría superior ajenos a los apetitos y posiciones partidista.

En base a lo anterior, debe hacerse la inscripción correspondientes en dicho articulado para que los principios de legalidad, certeza, independencia, profesionalismo, imparcialidad y objetividad sean establecidos como fundamentos que deban acatar y regir los trabajos que desarrollen los aludidos órganos de fiscalización.

Ambas propuestas, se deben incorporar en dicho artículo 116 constitucional toda vez que ahí se inscriben y establece una sucesión de principios de gobierno mínimos y necesarios que inciden directamente en los estados de la Unión y en vista de la trascendencia que una función prioritaria del Poder Legislativo, como lo es la fiscalización de los recursos públicos, impactan el desarrollo de todo régimen democrático, debe tomarse en consideración y ser incluida como precepto general en la Carta Fundamental y como consecuencia, se contemple en las constituciones locales, y por ende, en las reglamentarias.

En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, la propuesta de reforma aspira a consolidarse como una pieza central en la estructura jurídico-política de la sociedad mexicana mediante el eficiente control y vigilancia del gasto público para promover y fomentar prácticas de buen gobierno y desalentar conductas deshonestas y actos de corrupción.

Sometemos a consideración las características más relevantes de la reforma propuestas, en la inteligencia que muchas de ellas son afines a las aprobadas en la anterior reforma constitucional a los artículos 74, fracción IV, y 79, ambos de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Propuesta:

"Artículo 116. ...

DE REFORMAS A LOS ARTICULOS 36, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 10, 12, 14, 15 Y 33, DE LA LEY DE AEROPUERTOS (PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION SEA EL QUE RATIFIQUE EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION, EXPLOTACION Y CONSTRUCCION DE AEROPUERTOS), PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO R. GARCIA SAINZ ARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE MARZO DE 2001

Bernardo de la Garza Herrera Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las Comisiones de Comunicaciones y de Transportes, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:

Exposición de Motivos

El desarrollo del transporte aéreo en nuestro país se inició prácticamente en el año de 1924, con el traspaso de una concesión a la Compañía Mexicana de Aviación para cubrir la ruta México-Tampico, cuya principal función consistió en llevar la paga de los obreros petroleros que prestaban sus servicios en diversos campos de la huasteca veracruzana, posteriormente, este servicio se amplió para la transportación de funcionarios petroleros y demás industriales que vieron en este medio de transporte un ahorro de tiempo considerable en el traslado; situación que motivó en las décadas de los veinte y los treinta la necesidad de construir terminales aéreas en las ciudades de Pachuca, Guadalajara y Torreón.

Hacia mediados de la década de los sesenta, el Ejecutivo Federal formuló el Programa Nacional de Aeropuertos, cuyo principal objetivo consistió en construir o mejorar las principales terminales aéreas del país, esto se dio como respuesta al aumento de la demanda que el transporte aéreo significaba en las actividades económicas, de esta forma el mejoramiento de la red de aeropuertos contribuyó en gran escala a vigorizar nuestra economía y a promover en el interior y en el extranjero un mejor conocimiento del país.

Es importante destacar que de la misma manera que el país requería, en ese entonces una infraestructura de redes carreteras, vías férreas y puertos marítimos, era necesario contar con aeropuertos que fueran compatibles con las necesidades de desarrollo económico del país.

El transporte aéreo se convirtió en un medio especializado para el desplazamiento de personas y, en menor escala, para el intercambio de mercancías de elevado valor, con peso y volumen reducidos; las condiciones que lo caracterizaron fueron el impresionante incremento en la demanda de sus servicios, la constante y rápida evolución del equipo, y como consecuencia, la permanente necesidad de adaptar las instalaciones terrestres a las nuevas exigencias.

Ante el enorme y rápido crecimiento del sector aeroportuario, el Gobierno tuvo la necesidad de crear dentro de su estructura, un órgano regulatorio que le permitiera tener el control de esa creciente industria, por ello en el año de 1976 se decretó la creación de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, a cuyo cargo quedó, entre otras actividades, la construcción y conservación de los caminos y puentes federales, la organización y control de las mejoras en los puertos y fronteras, así como la construcción de aeropuertos federales.

A partir del Decreto de fecha 29 de diciembre de 1982 que reformó y adicionó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes concentró las facultades relativas al desarrollo de la infraestructura para el transporte que anteriormente estaban a cargo de la supraindicada dependencia gubernamental.

En diciembre de 1995, se promulgó la Ley de Aeropuertos cuyo objetivo primordial consistió en crear un sistema aeroportuario más seguro, eficiente y moderno, que propiciara una mejor calidad de los servicios, contribuyendo al fortalecimiento del transporte multimodal, al crecimiento regional equilibrado, considerando la preservación del medio ambiente.

Actualmente, bajo la tutela de la mencionada Ley de Aeropuertos y mediante la directriz de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México cuenta con la más vasta red aeroportuaria de América Latina, integrada por ochenta y tres aeropuertos de servicio al público, de los cuales cincuenta y uno prestan servicios para vuelos nacionales e internacionales, y los treinta y dos restantes lo hacen exclusivamente para vuelos nacionales. Cabe destacar que con la infraestructura aeroportuaria existente se atiende prácticamente a todas las poblaciones de más de cincuenta mil habitantes.

No obstante el nivel de infraestructura alcanzado y el equipamiento que se ha desarrollado en la red aeroportuaria, el dinamismo observado en la demanda por servicios aeroportuarios requiere de su ampliación y modernización, para lo cual se requerirá una mayor inversión en el ramo, necesidad que el Gobierno Federal no puede cubrir debido a las condiciones económicas que está viviendo el país, por lo que deberá seguir haciendo uso de las concesiones, facultad exclusiva en la actualidad, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Desafortunadamente, nuestro país a través de la historia, ha vivido situaciones en las que los procedimientos para la asignación de una Concesión no son del todo apegadas a la honestidad y transparencia que dichos procedimientos requieren presentar, esto ha traído como consecuencia que la ciudadanía no tenga la plena confianza en este tipo de procedimientos, pues existe la posibilidad de que las autoridades encargadas de analizar las opciones que los interesados presentan, tengan claro desde un principio quien va a ser el beneficiario, contribuyendo así a la falta de equidad que lesiona los intereses de la nación.

Para nosotros como legisladores, es de suma importancia recobrar la ya tan fracturada confianza de todos los mexicanos en sus instituciones, no basta decir que se generó un cambio si éste no es percibido por los ciudadanos, es momento de demostrar que se terminaron los privilegios a cualquier nivel, que desde el lugar en que ahora nos encontramos, sumaremos esfuerzos para velar por los intereses generales del país y procurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos sus rincones.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene la plena seguridad de que con la presente iniciativa de reforma, y dados los tiempos de cambio que estamos viviendo, se dotará de una mayor transparencia a ese procedimiento de Concesión que realiza el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, evitando en la medida de lo posible que se puedan presentar actos de corrupción o favorecimiento de intereses. Por dicho motivo se propone que el Congreso de la Unión sea, por medio de las dos Cámaras que lo integran, el que ratifique el otorgamiento de concesiones en cada uno de los procedimientos de concesión para la administración, operación, explotación y construcción de aeropuertos que lleve a cabo la dependencia del Ejecutivo.

Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:

Decreto mediante el cual se reforman los artículos 36, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 10, primer párrafo, 11, fracción VII; y se adiciona un párrafo tercero a la fracción II, del artículo 12, un párrafo quinto al artículo 14, un párrafo segundo al artículo 15 y un párrafo segundo al artículo 33, todos ellos de la Ley de Aeropuertos.

Artículo Primero.- Se reforma, el artículo 36, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 36.- ...

Artículo 10.- Se requiere concesión otorgada por la Secretaría y ratificada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos.

 ...

Artículo 11.- ...

Artículo 12.- ...

...

...

...

Las Concesiones otorgadas en los términos de este artículo, deberán ser ratificadas por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Artículo 15.- ...

Las Concesiones y las Prorrogas a que se refiere este artículo, deberán ser ratificadas por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Artículo 33.- ...

Las autorizaciones que realice la Secretaría, respecto de la cesión total de los derechos y obligaciones de las concesiones, deberán ser ratificadas por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Transitorios

Unico.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 27 días del mes de marzo del 2001.

Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador (rúbrica); Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González (rúbrica); Esveida Bravo Martínez (rúbrica); María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica); Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica); Diego Cobo Terrazas (rúbrica); Arturo Escobar y Vega (rúbrica); José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica); Sara Guadalupe Figueroa Canedo (rúbrica); Nicasia García Domínguez (rúbrica); Alejandro Rafael García Sainz Arena (rúbrica); María Cristina Moctezuma Lule (rúbrica); Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica); Concepción Salazar González; Erika Elizabeth Spezia Maldonado (rúbrica).
 
 
 
 

DE REFORMAS A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON RELACION AL PODER LEGISLATIVO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE MARZO DE 2001

La fortaleza del Estado mexicano se sustenta en su capacidad de transformación institucional, la cual le ha permitido a lo largo de su historia, encauzar las aspiraciones y exigencias de los diversos grupos sociales que conforman la nación mexicana.

Con la reforma al poder publico se ha modernizado las estructuras económicas y sociales, y con ella avanzaremos, en el desarrollo de una sociedad democrática y libre. Porque es el cambio institucional, el instrumento que permite en paz y con la participación de todos, construir un futuro cierto para la nación.

Es el momento de hacer realidad la aspiración y el compromiso de Luis Donaldo Colosio: "Reformar el poder para democratizarlo y acabar con cualquier vestigio de autoritarismo". Coincidimos y participamos de su compromiso, en el sentido de que reformar el poder significa un presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y democrático, significa también fortalecer y respetar las atribuciones del Congreso Federal.

El equilibrio entre poderes es una de las condiciones para garantizar la consolidación democrática y el Estado de Derecho. Únicamente el balance entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, puede garantizar un ejercicio de gobierno responsable, en el marco de la ley y que busca soluciones a las demandas de la sociedad.

La reforma es necesaria porque aspiramos a un desarrollo equilibrado y justo, que permita a todos, bienestar, seguridad y libertad. Un desarrollo que sólo es viable si la energía de la nación está democráticamente conducida. Si las instituciones republicanas encarnan la ley, la hacen cumplir y también, si son capaces de cambiar para satisfacer nuevas expectativas sociales.

Enfrentar los retos del desarrollo y la modernización, sólo es posible con un poder legislativo fortalecido, cuya actividad pueda reconocer la sociedad, cuya acción armónica con los otros poderes, permita a la sociedad evaluar y corregir, apoyar e influir. Un Poder Legislativo en el cual todos podamos reconocernos y sea puntal del progreso del país.

Modernizar la organización del Congreso, darle a éste nuevas facultades y desarrollar sus actuales competencias es una exigencia nacional. Sobre todo para una sociedad como la nuestra que ha desarrollado una administración pública diversa y compleja. Hoy más que nunca las facultades del Congreso, su eficiencia y su representatividad, son condición para el desarrollo en todos los campos de la vida nacional. La realización de las aspiraciones sociales de justicia, también, cruzan por el fortalecimiento del Legislativo.

La democracia no se agota en la elección de los gobernantes. Es éste tan sólo uno de sus elementos esenciales, pero existen muchos otros como fundamento de la democracia como sistema de gobierno. El fortalecimiento de la democracia hoy, implica también fortalecer a los órganos de gobierno, a los poderes de la unión para que cumplan con el mandato Constitucional.

La reforma del Estado, una aspiración común

Los anhelos de desarrollo democrático y mejora social del pueblo mexicano, han llevado a la imperiosa necesidad de realizar una Reforma del Estado profunda, que tenga como premisa fundamental de las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo, el estricto respeto a la autonomía de este último, ya que su composición plural representa un factor fundamental para su independencia política.

La forma en que un Estado se organiza, refleja las necesidades, aspiraciones e ideales que prevalecen en una sociedad. Tiene que ver, indudablemente, con un sinnúmero de factores como la idiosincrasia de cada pueblo, así como aspectos económicos, sociales, tecnológicos e internacionales, que influyen e interactúan continuamente, dando lugar a etapas trascendentales en la vida de los pueblos, marcando así su evolución histórica.

La Reforma del Estado es un instrumento político destinado a canalizar las variadas propuestas de cambio institucional y las distintas tendencias ideológicas y políticas que las sustentan. Es, a la vez que ejercicio democrático y plural, reto de creatividad y responsabilidad política; exige de todos quienes en ella participan el más alto sentido del interés nacional, por encima de los intereses individuales o de grupo.

Está pendiente el diseño de un nuevo esquema de relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, para completar así el sistema de frenos y contrapesos que hoy requiere nuestra forma presidencial de gobierno.

Es por ello que resulta imprescindible fortalecer al Poder Legislativo de la Unión, teniendo en cuenta los altos valores del constitucionalismo, expresados en la famosa frase de Montesquieu, en su histórica obra El Espíritu de las Leyes: "Que el poder controle al poder". Principio que fue ratificado por el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el cual se consagró con precisión que "donde no existe separación de poderes, no hay Constitución".

Un nuevo marco jurídico para la colaboración de poderes

Una dolorosa y constante experiencia, universal y nacional, ha hecho conocer a los pueblos que la reunión de poderes en una sola persona o corporación, dista poco o nada de la arbitrariedad y que las libertades no dejarán de ser precarias hasta que el poder sea dividido entre varias instancias. El poder - sostiene el tratadista alemán Karl Loewestein - lleva en sí mismo la semilla de su propia degeneración; por ello, si no se limita, se convierte en despótico. De ahí la conveniencia de que se ejerza a través de varios órganos de Estado.

El principio de la división de poderes, entendido como el establecimiento de mecanismos constitucionales operativos que evitan el abuso del poder, dividiéndolo para su ejercicio, al asegurar la libertad de los ciudadanos, no implica la inexistencia de colaboración entre las instituciones o sujetos que detentan poder y tampoco significa una absurda y arbitraria división del trabajo. Al contrario, en un régimen presidencial, la separación de poderes requiere de la colaboración de éstos en la realización de las distintas funciones del Estado. El Poder es indivisible y radica en el pueblo, proclamaba Rosseau; pero el ejercicio del mismo es necesario que recaiga en órganos distintos.

Ninguna labor podrá llegar a ser fructífera y duradera sin la armonía y la colaboración de los poderes estatales. Dicha colaboración requiere una base de unidad de ideales y comunidad de valores fundamentales, relativos a la satisfacción de las necesidades de la sociedad nacional.

En efecto, frente a la clásica teoría de la división de poderes, se levanta el postulado de la necesaria coordinación de funciones, que llevado a la realidad práctica de la nueva realidad política mexicana, habrá de ser condición no solo de la estabilidad gubernamental, sino también de su eficacia.

La trascendencia de la coordinación, colaboración y solidaridad de los poderes de la Unión, significa que todos ellos deben asumir responsabilidad igual frente a la sociedad mexicana, sin olvidar que el desarrollo del país es tarea que incumbe por igual al Legislativo, al Judicial y al Ejecutivo, cualesquiera que sean sus atribuciones. Representando, en conjunto, todas las funciones del poder público, el tradicional principio de separación de poderes no debe destruir la concepción integral de la función de gobierno. Por ello, les corresponde conjuntamente proveer a la satisfacción de las necesidades de la nación, instancia en que radica esencial y originariamente la soberanía. En este espíritu de colaboración es como debe entenderse la revitalización del principio de la separación de poderes dentro de la Reforma del Estado.

Fortalecimiento del Congreso de la Unión

Las instituciones políticas experimentan transformaciones al compás de la evolución de la sociedad en que se encuentran insertas. Esto es así en razón de que las diversas necesidades de la sociedad exige adaptaciones e innovaciones institucionales para que aquéllas sean atendidas pronta y eficazmente.

La permanente diversificación de la sociedad, su creciente interés en los asuntos públicos, ha impulsado decididamente la conformación de un pluralismo que responde al avance democrático del país y que tiene su más acabada expresión en el Congreso de la Unión.

Así, los diferentes puntos de vista sobre la Nación Mexicana son procesados a través de la acción de los partidos políticos, quienes a su vez se desempeñan en el seno del Poder Legislativo, para alcanzar consensos necesarios que permiten ofrecer soluciones viables a las demandas sociales. Esto es posible a través del respeto a la voluntad mayoritaria, pero garantizando también la participación de los partidos minoritarios en el proceso político, conforme a la legalidad y a los principios democráticos que dan orden y unidad a nuestro Estado de Derecho.

Es necesario que nuestro órgano legislativo federal, representante de la voluntad popular, se fortalezca para cumplir cabalmente con funciones políticas de primera magnitud, a efecto de analizar, deliberar y discutir en torno a los grandes problemas que afectan a la sociedad y proponer y aprobar soluciones a los mismos; para vigilar y controlar la acción del poder ejecutivo; y, en fin, para contribuir en el ámbito de sus atribuciones, junto con los otros poderes de la Unión, al gran propósito común del bienestar social y la estabilidad política del país.

El Congreso de la Unión es el órgano de la pluralidad democrática por excelencia. En él se expresan las corrientes políticas e ideológicas que informan nuestro proceso político. Pero discutir, diferir y contrastar opiniones no anula la posibilidad de convivir, coincidir y acordar, sin que ello implique la renuncia y claudicación de ideales y propósitos. El fortalecimiento del Congreso de la Unión compromete a todos los mexicanos y en especial a los actores políticos, al logro de los altos objetivos consagrados en nuestra Constitución, obligándonos a todos a llegar a acuerdos fundamentales a pesar de la diversidad de orientaciones que conforman el contenido plural de nuestro régimen democrático.

Contenido de la Iniciativa

Para hacer realidad los propósitos mencionados anteriormente, en esta iniciativa se formulan propuestas concretas de reformas constitucionales, como un primer paso para conseguir un Poder Legislativo fuerte y dinámico, a la altura de las aspiraciones y necesidades del México del Siglo XXI.

Estas propuestas pueden agruparse en cinco grandes apartados, según el objetivo específico que pretenden. Estos son:

I. Mejorar el funcionamiento del Congreso de la Unión

1. Establecimiento de un régimen de cortesía y disciplina parlamentaria.

En México no existe un régimen legal de cortesía y disciplina parlamentaria. Los diputados y senadores tienen derechos, prerrogativas y privilegios, pero no están sujetos a un régimen de responsabilidades en relación con su comportamiento dentro de los trabajos de las Cámaras. Es bien sabido que existen actos que pueden llegar a impedir la buena marcha de las actividades camarales, que al presentarse redundan en perjuicio de la efectividad del trabajo del poder legislativo, así como de la calidad de sus deliberaciones y de sus resultados.

Debe existir en nuestro país un conjunto de normas claro y sistemático para aquellos legisladores que no conduzcan su actuación dentro de la rectitud, madurez, civilidad y cortesía políticas. En los parlamentos de las democracias más avanzadas, la utilización de fórmulas de cortesía política en el debate, incluso a veces exageradas, son precisamente para prevenir caer en la ofensa personal o en la injuria, lo que desvía el objetivo de la lucha política: el beneficio del pueblo.

Por estas razones, se propone crear la base constitucional de un régimen de cortesía y disciplina parlamentaria, que sea producto de un acuerdo entre los grupos parlamentarios. Por otro lado, es necesario sancionar con más rigidez a aquellos legisladores que no asisten a las sesiones. Planteando que se reduzca de diez a cinco, el número de faltas injustificadas y consecutivas que sean permitidas en el texto constitucional.

También para ser más precisos y congruentes con el texto de la propia Constitución, se propone precisar que el Presidente de la Cámara velará no por el "fuero constitucional", sino "por la inmunidades parlamentarias de los legisladores", pues la locución constitucional vigente es impropia, ya que da la idea de privilegio, lo que es inexacto en tratándose de la protección que otorga a los legisladores para cumplir sus funciones nuestro ordenamiento supremo.

2. Nueva regla sobre quórum de asistencia.

El artículo 63 de la Constitución vigente exige un quórum de más de la mitad del número total de miembros de cada cámara, para que éstas puedan sesionar válidamente. Sin embargo, si bien puede entenderse que esta disposición tuvo su razón de ser en épocas pasadas, caracterizadas por una menor complejidad de los asuntos públicos y por un menor volumen de trabajo legislativo, en la actualidad se ha convertido en un elemento que dificulta el trabajo eficiente de las cámaras.

En efecto, un quórum de asistencia para que las cámaras puedan sesionar se justificaba en razón de la necesidad de que en las deliberaciones del pleno estuviesen representadas la mayor cantidad de opiniones posible. Al obligar la presencia de más de la mitad de los legisladores, se buscaba garantizar la riqueza y pluralidad del debate, la participación activa de los diputados y senadores en el trabajo camaral, mismo que se daba fundamentalmente a nivel del pleno.

No obstante lo anterior, la creciente complejidad de los asuntos públicos y el aumento espectacular en el volumen de trabajo de las cámaras, no ha dejado de tener su impacto en la forma de funcionamiento del Congreso de la Unión. Las nuevas circunstancias del México moderno han obligado a las cámaras a hacer un esfuerzo de especialización y de división del trabajo, de tal forma que el trabajo intenso se ha desplazado, cada vez más, del pleno a las comisiones.

Cada vez más, los diputados y senadores dedican la mayor parte de su tiempo en realizar estudios, a tener encuentros con grupos de interés, a realizar labores de consulta, a viajar a sus distritos o a sus estados para captar las inquietudes locales, todo con el objetivo de llegar a las reuniones de comisiones con elementos suficientes para aportar lo que sea necesario para integrar los dictámenes legislativos respectivos.

Ante esta situación, la exigencia de un quórum de asistencia de más de la mitad de los miembros del total de las cámaras, viene a entorpecer la eficiencia global del trabajo legislativo. Con objeto de cumplir con el mencionado quórum, el legislador debe desatender el frente de su actividad legislativa que en la práctica más frutos rinde y mejores resultados aporta.

Además y sobre todo atendiendo a la nueva correlación de fuerzas que habrá de existir en la Cámara de Diputados en los años por venir, la regla vigente del quórum de asistencia puede convertirse en un arma para paralizar las sesiones de la cámara, riesgo que, en situaciones en que se requiriese de una acción urgente, podría llegar a representar un grave problema para el país.

Por estas razones, la iniciativa que ahora se presenta propone eliminar la exigencia del quórum de asistencia para que haya sesiones válidas de las cámaras del Congreso de la Unión. Si ya es plenamente evidente que el trabajo legislativo más significativo, que las deliberaciones de mayor sustancia y que las aportaciones más importantes se dan a nivel de las comisiones, no tiene caso que se mantenga la regla aludida. Asimismo, con la supresión de la misma las cámaras quedarían a salvo de una interrupción amañada de sus sesiones por falta de quórum para sesionar.

Cabe aclarar que el mismo razonamiento no puede aplicarse al caso del quórum para instalar las cámaras, ni para el caso de las votaciones. La instalación es el acto solemne que marca el inicio de una legislatura. En dicho acto se toma la protesta de ley a los legisladores. Es el acto en el que estos últimos asumen el compromiso público de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan.

La asistencia a esta reunión es lo menos que la nación podría esperar de sus representantes. El valor simbólico que el acto de instalación tiene justifica que se exija una asistencia de al menos la mitad del total de los miembros de cada cámara.

Por otro lado, la votación para aprobar o desechar leyes, decretos o acuerdos, es el momento culminante de la actividad legislativa toda. Es el momento en que se define la voluntad de los órganos que tienen la representación nacional. Resulta perfectamente legítimo, entonces, que la Constitución exija un quórum de votación elevado. Ello es garantía de que al momento de tomar decisiones, el órgano de la representación nacional, sea efectivamente lo más representativo posible.

Por estos dos últimos motivos es que la iniciativa de reforma que se propone no cambia las reglas relativas al quórum requerido para instalar las cámaras, ni el quórum de votación.

3. Asesoría y recursos a legisladores para realizar sus tareas.

Todos sabemos que una de las condiciones esenciales para realizar una Reforma del Estado mexicano, efectiva y con repercusiones reales en la práctica política, es conformar un adecuado equilibrio en la relación entre los poderes legislativo y ejecutivo federales.

Una de las causas principales de tal desequilibrio institucional, radica en la práctica inexistencia de un sistema integral de apoyo a los trabajos legislativos tanto de las cámaras en general, como de los legisladores en particular. Ante la enorme cantidad de recursos, personal, expertos, sistemas de información y de consulta con que cuenta el poder ejecutivo federal, las cámaras del Congreso de la Unión y los diputados y senadores considerados individualmente, no disponen del mínimo requerido, no digamos ya para generar sus propias fuentes de información, opinión y conocimientos técnicos, sino inclusive para procesar la información y las opiniones provenientes del poder ejecutivo federal.

Lo que se necesita es un cuerpo de asesores, no tanto de la Mesa Directiva, sino de las cámaras en general, que generen información propia que las cámaras puedan utilizar para producir sus opiniones, así como para adoptar posiciones políticas en relación con las perspectivas provenientes del poder ejecutivo. No se trata de duplicar la estructura de expertos existente en el poder ejecutivo, pero ahora dentro del poder legislativo, sino de que éste último tenga una instancia independiente del poder ejecutivo, profesional, imparcial y objetiva, a la que pueda recurrir para obtener información técnica adecuada, relativa a las distintas áreas de políticas gubernamentales.

También es preciso reconocer que los diputados y senadores en lo particular, requieren de personal de apoyo y de asesores que les auxilien en el desempeño de sus actividades. Sin ellos, los legisladores quedan completamente inermes ante la gran complejidad no nada más de las tareas estrictamente legislativas, sino de otras muchas más que el electorado mexicano exige de ellos.

Por ello, se plantea la creación de un sistema integral de apoyo al trabajo legislativo, que organice un cuerpo de asesoría general para las cámaras y uno particular para los diputados y senadores, en los términos que la ley disponga. Además y para hacer una realidad este sistema, se propone establecer la obligación de que el presupuesto anual de cada cámara, garantice los recursos necesarios para la existencia y mantenimiento del mismo.

4. Facultad de las Comisiones de aprobar algunos proyectos de Decreto.

El fortalecimiento del Congreso de la Unión requiere, entre otras cosas, de la agilización de sus procedimientos. El enorme volumen de trabajo que año con año abruma al poder legislativo federal ha llevado a una creciente imposibilidad de examinar, discutir y resolver eficazmente y de manera plenamente informada, sobre una multiplicidad de asuntos, muchos de los cuales llegan a tener un elevado grado de complejidad técnica. La alternativa no es reducir las materias y los ámbitos de los cuales el Congreso puede conocer, sino reformular los procedimientos a través de los cuales las cámaras desempeñan sus funciones, a fin de optimizar tiempo y recursos. Lo anterior es especialmente cierto para el caso del procedimiento legislativo, el cual está organizado por reglas que ya no responden a los acelerados ritmos de la vida política y económica del México actual.

Como bien sabemos, los proyectos de Decreto deben ser discutidos primero en lo general, para inmediatamente después ser votados en ese sentido; y posteriormente deben ser discutidos en lo particular, artículo por artículo, para después votar sobre cada uno de ellos en lo particular, a fin de que se le tenga por aprobado o que se devuelva a la comisión dictaminadora correspondiente. Todo este procedimiento actualmente ocurre en el Pleno de las Cámaras.

Ahora bien, en la práctica, lo que sucede es que el debate en el Pleno es conducido, guiado y orientado por aquellos legisladores que son miembros de la Comisión en la cual se discutió y se preparó el dictamen legislativo relativo al proyecto de Decreto discutido. Esto significa que, generalmente, en el Pleno se da una repetición de los mismos argumentos, críticas, evidencias, comentarios positivos, objeciones y defensas que se dieron al nivel de la comisión de dictamen legislativo. Esto es así, máxime en virtud de que por ley los distintos grupos parlamentarios deben estar representados en dichas comisiones de una manera proporcional a su peso relativo en el Pleno.

Esta circunstancia, producto de lo que sucede en la realidad de la práctica parlamentaria, nos lleva a pensar que, en atención a esa necesidad de agilizar los procedimientos parlamentarios, bien podría plantearse la posibilidad de dividir el trabajo entre el Pleno y las comisiones, de tal forma que el Pleno estuviese en todo caso facultado para discutir y votar en lo general y en lo particular, los proyectos de ley; y que las comisiones estuviesen facultadas para discutir y votar en lo particular los proyectos de Decreto.

Es preciso reconocer, sin embargo, que a pesar de la circunstancia derivada de la realidad parlamentaria arriba aludida, es el Pleno y no las comisiones, la expresión más fiel del poder legislativo federal mexicano. Por ello es que, a pesar de que las comisiones sean generalmente las que marcan el paso dentro del proceso de discusión de los proyectos de Decreto, no puede dejarse en ellas la facultad exclusiva de, en todo caso y de manera absoluta, discutir y votar en lo particular dichos proyectos.

Debe buscarse un equilibrio entre el principio de economía funcional y el principio de representatividad del Pleno, a través de una reformulación de este aspecto de la vida del Congreso de la Unión que permita, en algunos casos, la delegación a las comisiones de la facultad de discutir y votar los proyectos de Decreto. Dicho equilibrio podría alcanzarse de la manera propuesta en la presente iniciativa, al delegar en las Comisiones las facultades para aprobar ciertos Decretos, tales como los permisos para trabajar en misiones diplomáticas extranjeras o para recibir condecoraciones de gobiernos extranjeros, trámites comúnmente denominados como "corcholatazos", pero manteniendo a la vez el Pleno la facultad de recuperar el trámite ordinario cuando así lo considere pertinente.

5. Permisos al Presidente de la República por ausencias mayores a un mes.

En plena era de la globalización, en que las relaciones entre los Estados se hacen cada día más intensas y estrechas, todos los actores sociales, políticos y económicos se ven empujados a encontrarse con los actores de otros países, a fin de aprovechar al máximo las ventajas derivadas del propio proceso globalizador. Con todo y que las telecomunicaciones han hecho posible el estrechamiento de las relaciones sin necesidad del encuentro físico de las partes, en muchos casos la presencia material de éstas en un lugar determinado sigue siendo necesaria, en aras de una mejor comunicación y de la subscripción de acuerdos de diverso tipo.

El Presidente de la República, como jefe de Estado que es en nuestro país, se ve obligado con frecuencia a realizar viajes fuera del país, a efecto de cumplir con las atribuciones que la propia constitución le da en el ámbito de las relaciones exteriores. El encuentro con otros jefes de Estado, con directivos de organismos internacionales, o simplemente, con líderes políticos de otros países, forma parte cotidiana de la agenda presidencial, por razones plenamente justificadas, todas ellas relacionadas con el interés colectivo de la nación.

Sin embargo, el artículo 88 de la Constitución, tal y como está redactado en la actualidad, obliga al Presidente de la República a obtener un permiso de parte del Congreso de la Unión o, en su caso, de la Comisión Permanente, para poder ausentarse, en cualquier caso, del territorio nacional.

Esta disposición, que en su momento original de adopción pretendía impedir que el gobierno federal mexicano se quedase de manera súbita sin su instancia máxima de decisión en la rama ejecutiva, así como evitar el alejamiento del titular del ejecutivo del conocimiento de los problemas y necesidades nacionales, ha perdido ya su razón de ser.

En efecto, la ausencia del territorio nacional del Presidente de la República no implica que el poder ejecutivo federal quede sin la instancia que es capaz de adoptar decisiones para afrontar problemas imprevistos o repentinos. La ausencia del territorio nacional del Presidente por períodos cortos se ha convertido en una actividad rutinaria, que al realizarse no rompe los vínculos del titular del ejecutivo con la administración pública federal ni con el conocimiento de lo que pasa en el país, debido al avance de las telecomunicaciones y tecnologías conexas.

En virtud de estas consideraciones, el actual artículo 88 ha perdido su razón de ser original. Su vigencia simplemente viene a entorpecer una actividad rutinaria del titular del poder ejecutivo y a engrosar de manera adicional la de por sí ya saturada agenda de actividades del poder legislativo mexicano, mismo que de forma igualmente rutinaria otorga los permisos que el Presidente solicita para ausentarse del territorio nacional por períodos cortos. Por lo tanto, se propone reformar la disposición aludida, para el efecto de que en ausencias cortas del territorio nacional, definidas como aquellas inferiores a los treinta días, el Presidente de la República no necesite del permiso del Congreso de la Unión o, en su caso, de la Comisión Permanente, sino simplemente sea necesario que dé aviso a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente, según sea el caso.

Debe señalarse que para ausencias del territorio que pasen de los treinta días, el Presidente de la República deberá obtener el permiso de que habla el artículo 88 constitucional vigente. Esto es debido a que la razón original del artículo 88 subsiste para el caso de ausencias prolongadas, que sí podrían traducirse en fallas en la capacidad decisoria del poder ejecutivo federal, así como en desconocimiento de problemas y necesidades apremiantes de la sociedad mexicana.

6. Juicio político, incumplimiento reiterado de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es necesario que la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se vea reforzada con mecanismos que, sin desnaturalizar su actuación y su calidad de ombudsman, coadyuven a su eficacia.

Que las recomendaciones de la Comisión no sean vinculantes ni obligatorias es una característica esencial de esta institución. Es natural que así lo sea, ya que se busca que su marco de actuación sea ágil, porque es su fuerza moral ante la sociedad la que debe hacer rectificar a la autoridad que ha lesionado los derechos humanos.

Aún cuando sus recomendaciones no sean obligatorias por no estar sustentadas en procedimientos de estricto derecho, el valor de las mismas no puede ser menos y su cumplimiento debe ser una práctica general de las autoridades.

Por ello, para evitar la proliferación de casos en que las recomendaciones no sean acatadas, es que se plantea que se configure como causal de juicio político, el incumplimiento reiterado de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

II. Fortalecer la vinculación de los legisladores con sus representados

1. Introducción de la Iniciativa Popular y el Referéndum.

Los mecanismos de la democracia representativa tienen sus límites en las sociedades complejas del mundo moderno. Cada vez resulta más evidente que el logro cabal del principio democrático requiere de un complemento, mismo que se encuentra en las llamadas instituciones de democracia directa, que permiten la participación de la ciudadanía en la toma de ciertas decisiones que afectan a la colectividad, al lado de los partidos políticos y de los poderes públicos tradicionales.

Tal es el caso de la iniciativa popular y del referéndum. A través de estas dos instituciones, la ciudadanía puede intervenir en el proceso de formación de las leyes, ya sea en el momento de la presentación de la iniciativa respectiva, o en un momento posterior a la aprobación de una ley por parte del Congreso de la Unión, a manera de aval popular de la misma.

No se trata, en ninguno de los dos casos, de sustituir los mecanismos de la democracia representativa por los de la democracia directa. Se trata, de complementar unos con otros, para el efecto de abrir en lo posible el abanico de posibilidades de participación democrática dentro del nuevo régimen político que la mayoría de los mexicanos aspiramos a crear en nuestro país.

La iniciativa popular es un instrumento delicado que conviene ordenar de manera puntual, a efecto de evitar su utilización de una manera desordenada. No hacerlo así conllevaría el riesgo de que la institución llegase a ser utilizada como un instrumento de ataque al propio régimen democrático. Por ello es que, teniendo en mente los ejemplos proporcionados por el derecho comparado, en el presente proyecto de reforma, se propone acotar la iniciativa popular con base en los siguientes parámetros: a) se establece un porcentaje de electores requeridos para subscribirla; y b) se señala un criterio de distribución geográfica adecuada de los subscribientes. El Congreso de la Unión estaría encargado de expedir la ley que desarrollaría estos dos principios de manera coherente y sistemática.

También se propone la introducción en nuestro sistema constitucional, de la figura del referéndum legislativo, consistente en someter a la decisión del electorado una ley que hubiere sido aprobada por el Congreso de la Unión. Correspondería al propio Congreso de la Unión definir en una ley las características específicas que el referéndum legislativo tendría en nuestro país.

2. Reducción del número de diputados por representación proporcional y supresión de la figura de senadores de representación proporcional.

La introducción del principio de representación proporcional en el sistema electoral mexicano para la elección de diputados al Congreso de la Unión, se dio bajo circunstancias caracterizadas por la existencia de un sistema de partido dominante, casi único, en el cual las opciones partidarias de oposición no tenían posibilidades de tener una presencia importante en el Congreso a través del principio de mayoría relativa. La fórmula antecesora, es decir, la de los llamados "diputados de partido", no había sido suficiente para abrir los espacios congresionales a los partidos de oposición, en aquel entonces débiles y poco estructurados.

De esta manera, la reforma política de 1977-1979 configuró lo que se conoce como un "sistema electoral mixto con predominante mayoritario", en virtud del cual conviven en un solo sistema electoral global, los principios de mayoría relativa y el de representación proporcional, para el caso de la Cámara de Diputados. Como se recordará, en aquel entonces se estableció que por representación proporcional serían elegidos 100 diputados, con lo que la Cámara de Diputados quedaría integrada por 400 diputados.

La reforma política de 1986, aumentó el número de diputados de representación proporcional de 100 a 200. Se consideró conveniente que ante el aumento en la pluralidad política del país, se debían abrir aún más los cauces de canalización de las diversas fuerzas políticas dentro de la Cámara de Diputados, que al no ser lo suficientemente sólidas y fuertes, no podían acceder a la cámara por el principio de mayoría relativa que, como se sabe, tiende a premiar a los partidos más grandes, en detrimento de los pequeños.

Por último, la reforma de 1996 a la estructura del Senado, siguiendo un tanto la inercia de las reformas respectivas a la Cámara de Diputados, introdujo los senadores de representación proporcional, elegidos a partir de listas votadas en una lista nacional.

Es preciso reconocer que las circunstancias que vive México en la actualidad, difieren de manera sustancial de aquéllas que en su momento justificaron la introducción del principio de representación proporcional en la integración de la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Si antes apenas podía hablarse de un "sistema de partidos" propiamente dicho, hoy día la realidad nos muestra un sistema de partidos cada vez más sólido y estructurado.

En virtud de estas observaciones y razonamientos, se propone una reducción en el número de diputados de representación proporcional a 100, así como la supresión de ese mismo principio en la elección de parte del Senado. Los partidos políticos son hoy día opciones bien organizadas, electoralmente fuertes, que disputan en pie de igualdad posiciones político-electorales. Por lo tanto, el principio de mayoría relativa es ya un cauce suficiente para darles cabida en las cámaras y el número de curules asignadas por el principio de representación proporcional puede ser legítimamente reducido en su importancia relativa, e incluso suprimido, como se propone para el caso del Senado.

Por otra parte, esta propuesta tendría también el beneficio adicional de reducir las dimensiones de la Cámara de Diputados de 500 a 400 legisladores. Esta situación haría más manejable un órgano que por razones diversas y en su momento justificadas, ha crecido de manera desproporcionada.

Como consecuencia de este cambio y para mantener la misma proporción en relación con los topes a la sobre-representación establecidos en el artículo 54 constitucional, se propone disminuir de 300 a 240 el número máximo de diputados que por ambos principios puede tener un partido político.

3. Reelección inmediata de diputados y senadores.

Uno de los factores que ha sido señalado como relevante para explicar la debilidad del poder legislativo mexicano ante el poder ejecutivo, es la ausencia de una verdadera carrera parlamentaria. A su vez, esta ausencia se ha relacionado con la imposibilidad que tienen los diputados federales y los senadores de reelegirse para el período inmediato.

En efecto, al no haber continuidad en la carrera parlamentaria se obstaculiza la elevación de la calidad del personal político que llega a las cámaras y con ello se impide el fortalecimiento cualitativo del Congreso como un todo. Dicha obstaculización ocurre porque la no reelección de los legisladores dificulta su especialización en el conocimiento de la dinámica interna y en el manejo de la materia propia de las comisiones legislativas de las que son miembros. Así, en cada nueva legislatura llegan al Congreso nuevos diputados y senadores que o bien jamás han tenido experiencia en las lides parlamentarias, o si la tienen, ha sido de una manera discontinua e interrumpida.

Además, el principio de la reelección inmediata de los legisladores federales tiene la ventaja de que acerca más al legislador con su electorado. Al depender de éste la reelección de aquél, se obliga al diputado y al senador a no descuidar la relación con su distrito o Estado. En este sentido, la introducción del principio de la reelección para diputados federales y senadores de la República, habrá de vigorizar el sistema representativo federal mexicano, al aumentar la responsabilidad del legislador con sus electores

Cabe aclarar que con esta propuesta se regresaría al espíritu del sistema original que aprobó el Constituyente de 1917, ya que, en efecto, el principio de la no reelección de diputados y senadores se introdujo a través de la reforma constitucional de 1933. Es decir, el Congreso Constituyente de 1917 no consideró el principio de la no reelección de los legisladores federales como un elemento relevante de nuestra estructura constitucional, sino que al contrario, consideró importante conservar la posibilidad de que dichos servidores públicos de elección popular pudiesen reelegirse en ocasiones sucesivas e inmediatas, para así darles la oportunidad de especializarse en los trabajos correspondientes al poder legislativo. Esto permitía forjar verdaderas carreras parlamentarias lo cual, como ya se explicó, redunda en beneficio del peso político específico del Congreso como un todo.

Sin embargo, la iniciativa de reformas reconoce los riesgos que van implícitos en la admisión del principio de la reelección de diputados y senadores. El riesgo puede significar el enquistamiento en el Congreso, por muchos años de individuos que de buena o mala manera controlen las maquinarias partidistas que en los distritos o estados respectivos son capaces de ganar las elecciones. Por ello y en consideración de que la movilidad política periódica es sana para la vida pública nacional, la propia iniciativa ha establecido tres acotaciones al principio de la reelección de los legisladores federales. La primera consiste en fijar un límite de una al número de reelecciones al que podría aspirar un senador y de dos para el caso de los diputados federales. Se trata, entonces, de encontrar un equilibrio entre la necesidad de crear las condiciones de carreras parlamentarias sólidas y la consideración de que un cierto grado de movilidad del personal que integra las cámaras del Congreso, es conveniente porque las actualiza, e introduce en ellas nuevas perspectivas y renovados ánimos.

La segunda acotación consiste en prohibir a los partidos políticos registrar para ser reelegidos, a más del cincuenta por ciento de los candidatos que postulen en un proceso electoral federal para diputados y senadores, tanto por el principio de mayoría relativa como por el de representación proporcional. Esta disposición se incluye, reiteramos, debido a que se reconocen las distorsiones que puede llegar a tener el principio de la reelección de legisladores federales si se le asignara un valor absoluto. Por ello, se ha establecido un límite al número de diputados y senadores que en cada proceso electoral pueden ser postulados para ser reelegidos, en aras de propiciar un equilibrio con el principio también positivo de la circulación de cuadros y movilidad política de los legisladores.

Por último, se consideró pertinente vincular el principio de la reelección de los legisladores federales, con el de la eficiencia y empeño en la realización de las tareas que la Constitución y la ley asignan a los representantes populares. A efecto de establecer dicha vinculación, se estimó necesario establecer la regla de que para poder aspirar a la reelección, los senadores de primera minoría deberán ocupar el segundo lugar en la lista de dos fórmulas de candidatos que los partidos políticos registren en la elección respectiva. De otra manera, cualquiera que tenga el control de las estructuras partidarias en su Estado, aunque no ganara la elección, si se le propone en primer lugar de la fórmula de senadores, podría estar doce años en el Senado, sin haber ganado nunca una elección. Se trata así, de estimular el trabajo político legislativo, como condición de la reelección a un cargo senatorial. De manera análoga, se propone que los diputados solamente puedan ser reelegidos cuando participen en la elección respectiva como candidatos postulados bajo el principio de mayoría relativa, en distritos uninominales. De esta forma se pretende que sea el trabajo en las cámaras, reconocido directamente por el electorado, lo que lleve a un legislador federal a ser reelegido, en su caso.

4. Trámite legislativo con consulta popular previa.

En el desempeño de sus tareas de carácter legislativo, siempre es posible que las cámaras puedan llegar a identificar determinados asuntos, materias o momentos políticos que requieren de un análisis más reposado, más cuidadoso, basado primordialmente en una amplia consulta a la población.

El procedimiento legislativo ordinario, tal y como está previsto en el artículo 72 constitucional vigente, no contempla esta posibilidad; como tampoco lo hace el artículo 77 de la constitución, el cual establece las facultades que cada una de las cámaras puede ejercitar sin intervención de la otra.

En esta iniciativa de reforma, se propone permitir esta posibilidad, adicionando una fracción V al artículo 77 constitucional, en virtud de la cual cada cámara, por el voto de más de la mitad del número total de sus miembros, podría decidir la realización de una consulta popular previa a la discusión y votación de un proyecto de ley o decreto.
 
 

III. Impulsar la colaboración entre el Legislativo y el Ejecutivo

1. Facultad del Poder Legislativo para ratificar el Plan de Desarrollo.

A pesar de haber sido práctica continua de los gobiernos de la República al menos desde la década de los años treinta, el proceso de planeación del desarrollo no se elevó a rango constitucional sino hasta 1983. Las reformas constitucionales de este año establecieron lo que ahora conocemos como el "Sistema Nacional de Planeación Democrática", a través del cual se dieron al Estado facultades para planear el desarrollo nacional y se señalaron formas de participación social en el proceso de planeación.

Debemos señalar, sin embargo, que una de las características de este sistema de planeación consistió en concentrar todo el proceso en torno al titular del poder ejecutivo federal, en tanto que al Congreso de la Unión le tocó desempeñar un papel más bien marginal.

En efecto, el párrafo tercero del artículo 26 constitucional señala en su última parte, que "En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley." Por su parte, el artículo 5o. de la Ley General de Planeación dispone que, en cuanto a la elaboración del Plan, su ejecución y revisión, el presidente de la República deberá remitir el Plan al Congreso para su examen y opinión. Asimismo, prevé este artículo que el poder legislativo podrá formular observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan. La participación del Congreso de la Unión en la elaboración, ejecución, revisión y adecuación del Plan Nacional de Desarrollo, es superficial ya que puede hacer observaciones, pero éstas en nada obligan al presidente de la República.

En un instrumento de gobierno tan relevante como es la planeación del desarrollo, debe definirse con precisión una mayor injerencia del Congreso de la Unión. Por ello, es conveniente fortalecer la participación del poder legislativo sobre el proceso de planeación del desarrollo nacional. En este sentido, la propuesta consiste en dar al Congreso la facultad de ratificar el Plan Nacional de Desarrollo, mediante un sistema similar al que se propone en esta iniciativa para la aprobación de ciertos tratados internacionales y en el que a una intensa participación del Congreso de la Unión en su diseño, sigue la facultad de ratificar o rechazar la propuesta.

De esta manera, el Plan se convierte en un instrumento del Estado Mexicano y no exclusivamente del gobierno, que tiene un impacto mayúsculo en el desarrollo nacional, no solamente en cuanto a la atención de las necesidades inmediatas del país, sino en el mediano y largo plazos. Resultaría sano para el desarrollo nacional, que el Plan cuente con el aval de la representación nacional, y obligará a quienes lo elaboren, dar mayor apertura en la selección de objetivos y metas del desarrollo.

2. Formato del informe presidencial.

Desde principios de la década de los noventa se hizo evidente que el formato del informe presidencial, tal y como está planteado en el artículo 69 constitucional y como se realizaba en la práctica guiada por la costumbre, no respondía ya a la nueva realidad de mayor pluralidad política que vivía el país. Por esta razón y en el ánimo de dar cabida a nuevos actores políticos dentro del formato del informe presidencial, se introdujo en 1994 en la Ley Orgánica del Congreso General, que cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso, tengan derecho a dirigir un mensaje antes de la rendición del informe presidencial.

Sin embargo, aun este nuevo esquema ha resultado insuficiente para colmar las expectativas legítimas de todos los partidos políticos con representación en el Congreso de tener una intervención más activa y significativa en un acto de tanta trascendencia nacional, así como para satisfacer la necesidad de información de una opinión pública cada vez más viva y participativa.

El informe presidencial es quizás la mejor ocasión para propiciar el intercambio de puntos de vista entre los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión. No obstante esta potencialidad, el formato actual establece una serie de limitaciones que impiden que tal intercambio se verifique de la forma más útil y significativa a los ojos de la nación entera.

El artículo 69 constitucional no obliga al presidente de la República a dirigir un mensaje público y verbal al Congreso. Es decir, el titular del ejecutivo cumpliría con su obligación de rendir el informe simplemente con entregar el informe al presidente en turno del Congreso. Es cierto que, en la práctica, el informe presidencial no ha sido rendido de esta manera, pero nada impide que en el futuro sí se haga, sin por ello violar ningún precepto constitucional. Lo que se vería afectado, dado este caso, sería la oportunidad de ver al titular del Ejecutivo, de frente al Congreso General, intercambiando puntos de vista, lo cual consideramos como una práctica sana para la vida política y cívica del país.

En segundo lugar, el mecanismo establecido por la Ley orgánica del Congreso, da participación a los partidos políticos antes de que conozcan el contenido del informe, lo cual desvincula su participación de la sustancia misma de todo este acto que la práctica ha revestido de gran solemnidad y relevancia nacional. El formato actual no corresponde a la idea de tener un intercambio de puntos de vista en relación con el informe, sino que propicia la expresión de opiniones sueltas que pueden vincularse con cualquier tema de carácter político o administrativo, pero no con el contenido del informe.

En atención a estas consideraciones, es que esta iniciativa de reforma constitucional plantea la modificación del formato del informe presidencial. La finalidad de la modificación planteada consiste en elevar a rango constitucional la hasta ahora práctica política de que el presidente de la República se dirija personal y verbalmente al Congreso General; además, se propone hacer una distinción entre el informe que el presidente de la República debe presentar por escrito y el mensaje que en relación con el informe dirigiría el titular del ejecutivo al Congreso de la Unión.

Por otra parte, se propone permitir a los grupos parlamentarios, que manifiesten su posición en relación con el mensaje dirigido por el presidente de la República con motivo de la presentación de su informe. Además, que la manifestación que corresponda a los grupos parlamentarios a través de alguno de sus legisladores, verse exclusivamente sobre el informe y el mensaje presidencial, puesto de lo que se trata es que la nación pueda advertir las diferentes posturas del Ejecutivo y de los partidos con presencia en el Legislativo, en relación con las políticas del primero instrumentadas durante el año anterior.

Es importante aclarar que con este formato lo que se busca es crear un marco para el intercambio de puntos de vista sobre el informe presidencial, realizado de manera pública y de cara a la nación. No se pretende diseñar un entorno en el que se propicie el debate entre el poder legislativo y el ejecutivo. En otras palabras, con el nuevo formato propuesto para el informe presidencial no se quiere crear una instancia deliberativa entre poderes, sino más bien informativa y enunciativa de posiciones políticas distintas.

Se busca diseñar las bases de un nuevo diálogo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, pero de ninguna manera se intenta polemizar con la figura del Presidente de la República, ni exponerlo a algún tipo de vejación pública. Por este motivo y ante la evidente situación de desigualdad de status jurídico-constitucional, entre el titular del órgano que informa y los integrantes del órgano que es informado, la presente iniciativa ha procurado ser muy cuidadosa de incluir reglas para proteger la investidura que corresponde al Presidente de la República como jefe del Estado mexicano.

La propuesta concreta consiste en sustituir la segunda parte del párrafo único que tiene el artículo 69 constitucional vigente, con otra frase en la que se establezca la obligación de dirigir un mensaje al Congreso haciendo referencia general tanto al informe presentado, como al programa legislativo del año próximo. Asimismo, se adicionaría un segundo párrafo en el que se establece, por un lado, el nuevo mecanismo de intervención de los grupos parlamentarios en la contestación al informe y mensaje presidenciales; y por otro lado, se señala la obligación de los legisladores de guardar el debido respeto a la investidura del presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, facultándose además al presidente del Congreso para retirar la palabra a quien así no lo hiciere.

Finalmente, también se propone que en el informe el Presidente dé a conocer su programa legislativo anual, de tal manera que el Congreso pueda hacer una mejor planeación de su trabajo legislativo.

3. Mecanismo alternativo cuando no se apruebe el Presupuesto de Egresos.

La regulación constitucional actual en materia de aprobación del presupuesto de egresos de la federación y de la ley de ingresos correspondiente, puede llevar a conflictos irresolubles que a su vez podrían poner en serio peligro la estabilidad financiera y económica, si no es que también política, del país.

En efecto, según los mecanismos constitucionales vigentes, si no se aprueba el presupuesto de egresos de la federación propuesto por el poder ejecutivo, únicamente estarían garantizadas las remuneraciones de los servidores públicos federales, en los términos que hubiesen sido aprobadas en el presupuesto anterior o según lo hubiese fijado la ley que estableció el empleo respectivo. Esta es la solución que da el artículo 75 constitucional vigente.

Sin embargo, la redacción de dicho artículo implica que todos aquellos rubros de gasto público federal que no entren en el concepto de "remuneraciones", no seguirían recibiendo recursos públicos para el año correspondiente, lo que significaría la paralización de todos los programas de la administración pública federal y, por lo tanto, la paralización del país, si tomamos en cuenta la enorme importancia que en México sigue teniendo la presencia y acción del sector público como rector y regulador de la economía nacional.

La manera en que proponemos solucionar este problema, derivado del candado irresoluble al que nos podría llevar la regulación vigente, consiste en permitir que, al no aprobarse el presupuesto y la ley de ingresos presentado por el Ejecutivo al Legislativo, continúe vigente el presupuesto y la ley de ingresos del año anterior. Esto evitaría la paralización económica del país y por lo tanto, la crisis política y de convivencia social, derivadas de una falta de acuerdo entre dos poderes de la Unión.

Asimismo y tomando en cuenta que a pesar de los esfuerzos realizados, la inflación es un fenómeno persistente en nuestra realidad económica, al ocurrir la hipótesis arriba señalada, debiera ajustarse tanto el presupuesto de egresos como la ley de ingresos, al incremento de los precios ocurrido durante el año anterior. Esta medida se propone para el efecto de mantener en niveles reales los montos de gastos e ingresos del gobierno federal.

4. Preguntas dirigidas y comparecencias mensuales de Secretarios de Estado.

Las preguntas parlamentarias son mecanismos para obtener información de los órganos de la administración pública sobre cuestiones específicas y concretas. Son un instrumento ágil, de fácil utilización por parte de cualquier legislador, sin más requisitos que el tener que versar sobre asuntos precisos y concretos. Las preguntas se diferencian de las interpelaciones en razón de que estas últimas son interrogaciones al Gobierno sobre asuntos de carácter general o de marcado interés político, que abren un debate en el seno de la cámara de la que surgió, después del cual la cámara fija su posición en relación con el tema, a través de una votación.

En un régimen parlamentario las preguntas pueden ser orales o escritas. El carácter oral de las mismas se facilita en función de las características mismas del parlamentarismo, en el que los ministros son generalmente miembros del parlamento, e interactúan y dialogan de manera constante, in personam, con sus colegas legisladores que no forman parte del gabinete. Pero también pueden darse en la forma de gobierno parlamentaria las preguntas escritas. En este último caso, tanto la pregunta como la contestación suelen imprimirse en alguna publicación oficial de la cámara correspondiente.

Por estas razones es que se propone que los legisladores federales pudiesen formular preguntas escritas al gobierno federal, dirigidas, a través de la Cámara, a alguno de los servidores públicos mencionados en el artículo 93 constitucional, sin que estos últimos se encuentren presentes en sesión de las cámaras. Por su parte, dichos servidores públicos estarían obligados a dar respuesta por escrito a la pregunta, dentro de un plazo cuya magnitud habría que definir en la ley. Tanto la pregunta como la respuesta se inscribirían en una publicación oficial que para tal efecto editen las Cámaras.

Las preguntas escritas son perfectamente compatibles con la forma de gobierno presidencial. Con este instrumento se daría a los legisladores en lo individual el poder que nunca han tenido en la práctica: pedir información o explicaciones directamente a los órganos de la administración pública federal, con la obligación correlativa de estos últimos de responder dentro del plazo fijado.

Asimismo, se plantea mes con mes, las Cámaras citen a servidores públicos del gobierno federal para que respondan de manera directa a preguntas orales específicas que les dirijan los legisladores federales. Este ejercicio permitirá fortalecer los esquemas de colaboración de poderes actualmente previstos en nuestra Constitución. Se trataría, entonces, de analizar conjuntamente problemas nacionales, para que juntos se encuentren soluciones a los mismos. En la propuesta se plantea que la facultad de las cámaras para citar a los servidores públicos mencionados en el segundo párrafo del artículo 93 constitucional a reuniones de preguntas orales, deberá ser ejercida mes con mes, no de manera potestativa, sino obligatoria, por parte de ambas cámaras. Asimismo, se menciona una base general que deberán seguir la ley y el reglamento de las cámaras, para que las reuniones de preguntas orales se sujeten a los principios de agilidad y diligencia, en aras de una mayor fluidez y economía funcional en las nuevas relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo que se pretenden construir.

Bajo un régimen de tipo presidencial es posible introducir la figura de las preguntas orales. Es verdad que existen ya las comparecencias de los Secretarios de Estado ante las cámaras, previstas en el artículo 93 constitucional, en las cuales los legisladores pueden formular preguntas a los servidores públicos mencionados. Sin embargo, las comparecencias han adquirido el carácter de ocasionales, en lugar de periódicas; y además están limitadas a la presentación de un informe cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente al ramo o actividades del servidor público en cuestión.

Este planteamiento no se debe entender como una licencia para la crítica sin sentido o la censura sistemática, sino como una instancia de diálogo y colaboración, como un momento para reflexionar seriamente, intercambiar puntos de vista, encontrar consensos y acordar medidas conjuntas, cuyo fin último sea el bienestar de la población. Se debe recalcar que no se busca, bajo ningún concepto, el someter a un poder frente a otro, el propósito es involucrar, aún más, al Congreso de la Unión en el análisis y solución de los problemas nacionales.

En todos los países en donde los parlamentos cuentan con el instrumento de las preguntas escritas y orales, existen ciertas reglas a las que éstas deben sujetarse. Entre esas reglas encontramos las siguientes:

IV. Vigorizar el papel del Congreso de la Unión

1. Facultad del Senado para ratificar nombramiento de algunos Secretarios.

La facultad de ratificación por parte del Senado de la República de nombramientos hechos por el presidente de la República es bien conocida en la tradición constitucional mexicana. En la actualidad este mecanismo de nombramiento existe para el caso del nombramiento de Procurador General de la República, de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.

La razón de ser de la ratificación senatorial, en estos casos de nombramiento que corresponden al presidente de la República, radica en lo siguiente: se trata de que el Senado ejerza un control sobre la selección que el presidente haga de las personas que habrán de ocupar cargos de tan elevada importancia y responsabilidad. Al requerirse la ratificación, el presidente habrá de cuidar con sumo detalle el perfil de las personas a quienes desee nombrar en el cargo; deberá sopesar sus ventajas y desventajas, sus defectos y virtudes, para no exponerse a un rechazo público de su propuesta de nombramiento.

Por otra parte y visto desde la perspectiva de la persona designada a través de este mecanismo, el individuo así nombrado llega a ocupar el cargo con el apoyo no nada más del presidente de la República, sino con el aval de una de las cámaras del Congreso de la Unión, lo cual se traduce en un fortalecimiento de su posición política a los ojos del resto de los actores políticos nacionales.

Ahora bien, existen ciertos servidores públicos cuya actividad es de la mayor relevancia para el país, que sin embargo no están incluidos en este procedimiento que combina el nombramiento por el presidente de la República con la ratificación del Senado: se trata de los Secretarios de Estado, quienes según lo establece el artículo 89 constitucional, son nombrados y removidos libremente por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

La tradición jurídica mexicana ha llevado a la Cámara de Senadores ha intervenir directamente en la aprobación de los nombramientos de empleados superiores de Hacienda, así como los del servicio exterior mexicano. Por ello resulta lógico que en esta siguiente etapa, la facultad del Senado de la República para ratificar nombramientos, se extienda a los titulares de estas áreas prioritarias de la administración pública federal, es decir respecto de los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores.

La importancia nacional que tienen las personas que ocupan estas posiciones es tal, que se justifica plenamente el que se les sujete en cuanto a su nombramiento, al procedimiento que busca garantizar en ellos un perfil adecuado, que reúna las cualidades personales, políticas y profesionales más convenientes para desempeñar la alta responsabilidad que se les encomienda. Por esta razón, proponemos que se reformen los artículos 89 y 76 de la Constitución, para disponer que los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, sean nombrados por el Presidente de la República con la ratificación del Senado.

En congruencia con la redacción de todo el artículo, se propone cambiar en la fracción IX del artículo 89, el infinitivo del verbo "designar" por el de "nombrar", que se utiliza en las demás fracciones del mismo artículo.

2. Comisiones de Investigación.

Es ampliamente conocida la opinión de la doctrina en el derecho constitucional y parlamentario, que identifica a las funciones de control, vigilancia e investigación sobre el poder ejecutivo, como las funciones más relevantes de las asambleas legislativas modernas. El instrumento principal para el ejercicio de esas funciones es el conformado por las "comisiones de investigación" creadas ex profeso para desempeñar tales tareas y previstas por la mayor parte de las leyes y reglamentos que regulan la materia parlamentaria en los diversos países.

En México, la base constitucional que prevé la posibilidad de crear este tipo de comisiones se encuentra en el artículo 93 de nuestra norma fundamental. En 1977, dicho artículo fue adicionado con el que ahora figura como su párrafo tercero, en el cual se establece la facultad de las cámaras para que, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de los senadores, el pleno acuerde integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados de la administración pública federal y empresas de participación estatal mayoritaria. Asimismo, con dicha adición se estableció que los resultados de las investigaciones se harían del conocimiento del Ejecutivo Federal.

Ahora bien, si bien en su momento la mencionada adición constituyó un avance en cuanto al fortalecimiento del poder legislativo en nuestro país, hoy día la norma en aquel tiempo establecida ha quedado rezagada frente a la mayor pluralidad política existente en México, la nueva correlación de fuerzas existente en las cámaras del Congreso, el grado de madurez de la opinión pública y las exigencias de todos los mexicanos por fijar límites e imponer controles al ejercicio del poder político.

Son tres las principales limitaciones que acusa el sistema vigente relativo a las comisiones de investigación de las cámaras del Congreso. En primer lugar, el ámbito sobre el cual puede recaer su actividad es sumamente restringido. ¿Por qué seguir limitando las tareas de investigación de este tipo de comisiones a los organismos descentralizados y a las empresas de participación mayoritaria... ¿Qué en los ámbitos de la administración pública centralizada no existen hechos susceptibles de ser investigados o situaciones que aclarar... Incluso, ¿por qué no ir más allá y dar a los representantes de la Nación facultades para investigar cualquier asunto que despierte el interés público...

La iniciativa propone llevar hasta sus últimas consecuencias el alcance de las facultades de investigación que tiene el Congreso de la Unión a través de las comisiones que para tales efecto integren sus cámaras. Sin perjuicio de las facultades análogas que correspondan a otras autoridades, hemos creído que la representación política nacional debe estar en posibilidad de investigar cualquier asunto de interés público, para sacar a la luz las responsabilidades de cualquier índole que correspondan a los sujetos que de alguna manera obren de manera ilícita.

En segundo lugar, las reglas vigentes relativas a las comisiones de investigación dejan en manos de un grupo minoritario muy pequeño de la Cámara de Diputados la posibilidad de solicitar al pleno la constitución de una comisión de este tipo. Cabe aclarar que la facultad que el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución da a una cuarta parte de los miembros de la Cámara de Diputados y a la mitad, si se trata de los senadores, se refiere a "solicitar", mas no a "decidir" sobre la integración de una comisión de investigación. Es decir, ante el supuesto de una "solicitud" de este tipo, tocaría a la cámara respectiva decidir, en pleno, si la atiende o no. Sin embargo, la disposición constitucional, tal y como está en el texto vigente, abre la puerta para que grupos pequeños, con escasa representatividad, pongan un mecanismo de tan graves consecuencias como las que pueden tener las investigaciones parlamentarias.

Consideramos que estas reglas para conformar las comisiones de investigación deben ser modificadas y por ello se propone elevar el requisito de una cuarta parte de los miembros de la Cámara de Diputados.

Una tercera limitación del sistema vigente de las comisiones de investigación, radica en los efectos que tienen sus resultados. Según la parte final del párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución, dichos resultados se hacen del conocimiento del Ejecutivo Federal. Esta disposición deja trunco todo el proceso investigatorio, puesto que el presidente de la República bien podría tomar conocimiento de los resultados y archivarlos, sin que produjesen ningún efecto. Por este motivo consideramos que el artículo 93 debe adicionarse para mencionar de manera expresa los efectos específicos que habrán de tener los resultados a los que lleguen las comisiones de investigación.

De esta suerte, en la iniciativa de reforma se propone que al dar a conocer la Mesa Directiva de la Cámara respectiva los resultados de la investigación, las autoridades correspondientes estarán obligadas a iniciar los trámites para exigir el tipo de responsabilidad que corresponda, sea penal, administrativa o política.

Además y para evitar el manejo político de información parcial que vaya apareciendo en el transcurso de las investigaciones por parte de los legisladores, se propone en esta iniciativa de reforma la obligación de guardar secreto en relación con los hechos que aquéllos conozcan durante la investigación. Asimismo, se propone que quien no cumpla con esta disposición incurrirá en responsabilidad de tipo político, dando lugar al juicio previsto en el artículo 110 constitucional.

Por último y para hacer expedito y eficaz el ejercicio de las funciones de las comisiones de investigación, se propone establecer la obligación de todo ciudadano mexicano de comparecer a requerimiento de las Cámaras; y se remite a la Ley Orgánica del Congreso General para lograr el cumplimiento de esta obligación contra aquéllos que se nieguen a respetarla.
 

V. Fortalecer al Senado de la República

1. Nuevas reglas sobre aprobación de la Ley de Ingreso e intervención del Senado en la aprobación del Presupuesto de Egresos.

El examen, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación corresponden de manera exclusiva a la Cámara de Diputados, según lo dispone la fracción IV del artículo 74 constitucional. Es decir, el esquema vigente deja afuera a la Cámara de Senadores del proceso de discusión y aprobación de la forma en la cual gobierno gastará o invertirá el dinero del pueblo.

En la actualidad, no existe una razón de peso para sustentar la exclusión del Senado de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Al contrario, esta circunstancia responde más bien a una reminiscencia del unicameralismo transitorio que estableció la versión original de la Constitución de 1857. Como se recordará, al reinstaurarse el Senado en virtud de la reforma constitucional de 1874, se le dieron las facultades que antes pertenecían a la de diputados como Cámara única. Otras facultades, sin embargo, quedaron en mano de la Cámara de Diputados. Tal fue el caso de la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación.

Ahora bien, el Constituyente de 1917 adoptó, sin mayor discusión, el sistema de la constitución de 1857 reformada en 1874 y así reprodujo en la referida fracción IV del artículo 74 como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la de examinar, discutir y aprobar el presupuesto federal de gastos. Esta disposición, sin embargo, no es congruente con al menos tres principios también inscritos en nuestra Constitución vigente.

En primer lugar, resulta paradójico que el Senado no pueda participar en la aprobación del Presupuesto anual de gastos de la federación, pero que sí pueda participar en la autorización de gastos no previstos en el referido presupuesto, mediante una ley posterior a aquél. Esta última posibilidad es abierta por el artículo 126 constitucional que a la letra dice: "Artículo 126.- No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior." Esto significa que no hay una razón de fondo que justifique la exclusión del Senado del proceso de aprobación de gastos de la federación, puesto que, de hecho, ya interviene en la aprobación de leyes posteriores que modifican al presupuesto.

En segundo lugar, resulta incongruente que el Senado sí pueda intervenir en el proceso de discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y que no pueda hacerlo en el caso del Presupuesto de Egresos. Es decir, el sistema vigente olvida que la actividad fiscal del Estado moderno debe observarse de manera global, lo que implica ver el lado de los ingresos en su estrecha vinculación con el lado de los gastos. El sistema vigente, por el contrario, escinde el proceso presupuestario federal en dos secciones, como si se tratara de dos aspectos ajenos, al dar facultades al Senado para intervenir en la aprobación de los impuestos necesarios para cubrir el presupuesto de gastos, al tiempo que lo excluye de la posibilidad de participar en la determinación del monto y destino de dichos gastos.

En tercer lugar, la naturaleza de la representación política ejercida por los senadores no puede invocarse como una razón para excluirlos de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Es decir, el hecho de que el Senado sea la "Cámara Federal", no justifica la exclusión. Al contrario: las entidades federativas son receptoras directas de recursos federales, lo cual es razón de más para justificar su intervención en la aprobación del gasto federal.

Otra preocupación gira en torno a la anticipación con que las Cámaras debieran contar tanto con la iniciativa de ley de ingresos como del presupuesto de egresos; de dicha anticipación depende el contar con el tiempo suficiente para estudiar ambos documentos, para conocerlos a fondo con el fin de hacer observaciones y contrapropuestas y para conducir un debate de altura y con conocimiento de causa. Por ello se propone introducir reglas que anticipan no solamente la presentación de las iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de egresos, sino la presentación de los criterios que habrá de seguir el poder ejecutivo federal en la formulación del presupuesto de egresos de la Federación de cada año.

2. Facultades del Senado para intervenir en el proceso de negociación de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas.

El artículo 76 de la Constitución señala en su fracción I, que es facultad exclusiva del Senado "aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión." Sin embargo, en la práctica lo que ha sucedido con frecuencia es que al remitirse al Senado los tratados negociados y celebrados por el Ejecutivo con las instancias gubernamentales respectivas de otros Estados, el Senado no tiene los elementos necesarios para comprender cabalmente el sentido del tratado o la convención; para hacer observaciones de relevancia; para proponer modificaciones; ni para justificar a cabalidad la aprobación o, en su caso, el rechazo del tratado o convención respectivo.

En gran medida, lo anterior se debe a que el Senado no tiene ninguna participación en el proceso de negociación del tratado o de la convención diplomática. En ese proceso es en el cual se generan los estudios relativos al tema; en donde se produce, se distribuye la información detallada sobre la materia respectiva; y en donde se intercambian puntos de vista distintos que resaltan o enfatizan las cualidades o defectos del instrumento que se negocia. Si el Senado no tiene una presencia asegurada dentro de este proceso de negociación, es evidente que llega en un estado de absoluta desventaja al momento de que se remite el tratado o convención que tiene que aprobar o, en su caso, rechazar.

Cabe aclarar que esto no sería así en todos los casos, puesto que se reconoce que, como es práctica reconocida en la gran mayoría de los países, la negociación de instrumentos internacionales entre Estados es una prerrogativa del poder ejecutivo. Pero sí en aquellos casos en que las dos terceras partes de los miembros del Senado consideren necesario que, por la relevancia del tratado o convención a negociar, sea conveniente que intervenga desde el inicio en el proceso de negociación. Procedería, en consecuencia, reformar el artículo 76 constitucional, para establecer esta facultad como exclusiva del Senado.

Por otra parte, en la presente iniciativa se considera que la intervención del Senado en la negociación de tratados internacionales y convenciones diplomáticas, debe llevar aparejada la posibilidad de que el Presidente de la República solicite a la Cámara de Senadores que discuta y vote sobre el instrumento internacional en cuestión, a través de un trámite acelerado, en virtud del cual éste debería ser votado en bloque y en sesión única, sin que existiese la oportunidad de hacer modificaciones al mismo. Es decir, la participación del Senado en el proceso de negociación del tratado o convención, justifica la petición de voto en bloque que tendría que hacer el presidente de la República antes de iniciarse el proceso de negociación correspondiente, misma que a su vez tendría que ser aprobada por más de la mitad del número total de los miembros del Senado. Este sería un mecanismo para agilizar la aprobación de este tipo de instrumentos, dejando a salvo las facultades constitucionales en materia de política exterior que corresponden tanto a la Cámara de Senadores como al Poder Ejecutivo de la Unión.

Por esta razón se propone garantizar al Senado una participación activa, no nada más en los procesos de negociación de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas, sino también en todo aquel instrumento en que el Ejecutivo Federal obligue al gobierno mexicano.

3. Facultad del Senado para participar en el diseño y evaluación del gasto federal en el ámbito estatal y regional.

El Senado de la República es la Cámara del Federalismo por excelencia. Ese es su origen y esencia, a pesar de la introducción de la figura de los senadores de representación proporcional elegidos en una sola circunscripción plurinominal nacional. La tradición constitucional mexicana, desde sus inicios, vinculó el principio federalista a la institución del Senado, de tal suerte que debe entenderse que sus miembros tienen una responsabilidad clara y directa en relación con sus respectivos Estados.

Es necesario que los Senadores cuenten con herramientas efectivas para cumplir de manera palpable con la responsabilidad que tienen para con sus Estados. Es cierto que participan en la aprobación de leyes federales que habrán de tener una repercusión en las entidades federativas; es verdad también que pueden aprobar o no aprobar un tratado internacional o convención diplomática negociados por el poder ejecutivo, mismos que obligan a los Estados en función de su pertenencia a esa entidad más general que son los Estados Unidos Mexicanos. Pero en estos dos casos, se trata de instrumentos de carácter general, que en la práctica no otorgan a los senadores en lo particular la posibilidad de ejercer alguna interacción real con el poder ejecutivo, que se traduzca en beneficios para las entidades federativas respectivas.

Por ello es que, precisamente en el ánimo de vincular el fortalecimiento del Senado en relación con el poder ejecutivo, con la necesidad de vigorizar esta misma Cámara en su carácter esencialmente federalista, se plantea dotar al Senado de un instrumento que le permita tener una incidencia más efectiva en el ámbito que quizás puede tener mayores efectos en las entidades federativas: el gasto público federal.

Dicha incidencia se daría a través de la participación del Senado en el diseño y evaluación del gasto público en el ámbito estatal y regional. La finalidad primaria consistiría, entonces, en que el Senado pueda ratificar las metas regionales del gasto público federal y que también pueda hacer un seguimiento de la manera en que se asignan los subsidios federales y de las participaciones que sobre ingresos federales correspondan a las entidades federativas, al Distrito Federal o a los Municipios.

Es en virtud de estas consideraciones que en la iniciativa que ahora se presenta se propone adicionar una nueva fracción al artículo 76 constitucional, que establecería las facultades arriba aludidas.

4. Facultad del Senado para aprobar también, aquellos instrumentos internacionales que suscriba el Ejecutivo Federal y obliguen a México.

En experiencias recientes, encontramos instrumentos jurídicos internacionales que no tienen el carácter de tratados o convenciones internacionales, pero sin embargo obligan de la misma manera. Estos instrumentos, en el derecho de los Estados Unidos de América se conocen como "Executive Agreement" y en algunas ocasiones, en aquel país, se han utilizado para evadir la ratificación del Senado que requiere la legislación estadounidense.

Para evitar una situación similar a la expuesta, es que se propone hacer una mención genérica a este tipo de instrumentos internacionales y se otorga a la Cámara de Senadores la facultad de aprobarlos.

5. Informes trimestrales al Senado sobre el desarrollo de la política exterior.

A efecto de conseguir analizar más puntualmente la labor desarrollada por el Ejecutivo Federal en materia de política exterior, se propone que la periodicidad de los informes que éste o su secretario de despacho envían al Senado sea trimestral. La razón nos parece obvia; en un mundo tan dinámico como el nuestro un análisis anual afecta sensiblemente el margen de acción que la Cámara de Senadores requiere para tomar las medidas necesarias, además de que un período tan amplio, en los hechos, obliga a una política de hechos consumados que desnaturaliza el propósito del precepto constitucional en comento.

6. Regulación constitucional de los Grupos Parlamentarios.

El artículo 70 constitucional dispone que la Ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en la reforma de esta disposición constitucional, el Senado quedó al margen del rediseño de la Cámara de Diputados.

La integración cada vez más plural del Senado de la República, hizo necesaria la adecuación a la Ley Orgánica del Congreso para permitir que los Senadores también pudieran agruparse según su filiación partidista, no obstante carecer de la base constitucional para hacerlo.

Por estos motivos, es que se hace necesario que, de manera análoga a lo que sucede en la Cámara de Diputados, las normas legales relativas a la agrupación de los senadores de la misma afiliación partidista, tengan su correspondiente base constitucional, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Senadores.

Por lo expuesto y, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMA el párrafo segundo del artículo 26; el artículo 52; el segundo párrafo del artículo 53; el proemio y la fracción IV del artículo 54; el primer párrafo del artículo 56; el artículo 59; el artículo 61; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 63; el párrafo primero del artículo 69; los párrafos segundo y tercero del artículo 70; la fracción IV del artículo 74; el artículo 75; las fracciones I, II y X del artículo 76; el artículo 88; las fracciones II y IX del artículo 89; los párrafos segundo y tercero del artículo 93; y, el párrafo séptimo del apartado B del artículo 102. SE ADICIONA un párrafo segundo y un tercero al artículo 69; una fracción IV, y un último párrafo al artículo 71; un inciso k) al artículo 72; las fracciones XXIX-K, XXIX-L y XXIX-M al artículo 73; una fracción X al artículo 76, recorriéndose la última para pasar a ser la XI; una fracción V al artículo 77; los párrafos tercero, cuarto y sexto al artículo 93. SE DEROGA el último párrafo del artículo 26; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

UNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo San Lázaro, marzo 27, 2001
 
 
 
 

DE LA COMISION DE SALUD

A la tercera reunión de la Primera Subcomisión de Salud, el miércoles 28 de marzo, a las 8:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

A su reunión ordinaria correspondiente a marzo, el miércoles 28 de marzo, a las 9 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A su reunión plenaria, el miércoles 28 de marzo, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión, sito en el edificio D, segundo nivel.

Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
 
 

DE LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ASUNTOS INDIGENAS

A su sesión de trabajo, el miércoles 28 de marzo, a las 10:30 horas, en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados.

Orden del Día

Dip. Salvador Rocha Díaz
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales

Dip. Héctor Sánchez López
Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas
 
 
 

DE LA COMISION DE SALUD

A su reunión plenaria, el miércoles 28 de marzo, a las 14 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y DE TRANSPORTES

A la reunión de trabajo con el dr. Aarón Dychter Poltolarek, Subsecretario de Transportes, y el lic. Ramiro Sosa Lugo, Director General de Ferrocarriles Nacionales de México, el miércoles 28 de marzo, a las 15 horas, en el Club de Banqueros de México, sito calle Dieciséis de Septiembre, número 27, colonia Centro, de esta Ciudad.

AtentamenteDip. Jesús Orozco Alfaro
Presidente de la Comisión de Comunicaciones

Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente de la Comisión de Transportes
 
 
 
 

DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

A su reunión de trabajo, el miércoles 28 de marzo, a las 17 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

DE LA COMISION DE VIVIENDA

A su reunión plenaria, el miércoles 28 de marzo, a las 17 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL

A su reunión ordinaria, el miércoles 28 de marzo, a las 18:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

DE LA COMISION DE COMUNICACIONES

A su reunión de trabajo, el jueves 29 de marzo, a las 8:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

DE LA COMISION DE ENERGIA

A su quinta reunión de trabajo, el jueves 29 de marzo, a las 8:30 horas, en el restaurante La Terraza.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

3. Correspondencia.

4. Asuntos generales.

5. Sesión informativa sobre el mercado petrolero y las políticas del gobierno federal en la materia.

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A la reunión de su Mesa Directiva, el jueves 29 de marzo, a las 10:30 horas, en el salón de juntas de la Comisión.

Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente
 
 

DE LA COMISION DE ENERGIA

A la conferencia sobre la experiencia de reforma del sector eléctrico de Inglaterra, que impartirá el profesor Steve Thomas, de la Universidad de Greenwich, el jueves 29 de marzo, a las 17:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Presidente
 
 

DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS Educativos

A su reunión de trabajo, el viernes 30 de marzo, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

DE LA COMISION DE MARINA

Al Foro de Consulta del Noroeste de México para la reactivación de la Marina Mercante Nacional, en apoyo a la elaboracion del Plan Nacional de Desarrollo, que se llevará a cabo, los días 30 y 31 de marzo de 2001.

Temas
Transporte Marítimo, Servicios Portuarios
y Turismo Náutico

La Comisión de Marina de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a través de la Subcomisión Plural para el Estudio del Estado que Guarda la Marina Mercante Nacional, conjuntamente con los Colegios de los Estados de Sinaloa, Sonora, Ensenada y la Asociación de Oficiales de la Marina Mercante en Baja California Sur, invitan a los sectores del país: académico, gubernamental, empresarial, social e interesados en general, al Foro de Consulta del Noroeste de México para la reactivación de la Marina Mercante Nacional, en apoyo a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Se contará con la participación de miembros de las Comisiones de Transportes, Turismo y Comunicaciones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Fecha y sede

30 y 31 de marzo de 2001

Programa

30 de marzo: Mazatlán, Sinaloa. Casa del Marino con domicilio en Paseo Clausen y Jabonería de las 9:00 a la 13:30 horas.

Transbordador Coromuel navegando del Puerto de Mazatlán a la ciudad de la Paz, Baja California, Sur, de las 16 a las 19 horas.

31 de marzo: La Paz, Baja California Sur Centro de Convenciones El Caimancito con domicilio en Carretera Pichilingue Km 3.4 de las 10 a las 14 horas.

Objetivos

1.- Abrir un espacio de comunicación entre las distintas Comisiones asistentes y los diversos sectores de la Industria

2.- Conocer las distintas opiniones de cada uno de los sectores marítimos para proponer una política pública en la materia.

3.- Recopilar la información presentada por cada uno de los diferentes sectores de la población.

4.- Elaborar un documento cuyo contenido presente un diagnostico del sector, estrategias a seguir y alternativas de solución.

Registro y entrega de propuestas

Bases

Los participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

La participación puede ser individual o de grupo.

Las propuestas se entregaran en extenso y para su lectura se presentará un resumen de las mismas, que no deberán exceder de 5 cuartillas a doble espacio.

El registro de participación deberá dirigirse a la Comisión de Marina.

Atentamente

Dip. César Patricio Reyes Roel
Presidente de la Comisión de Marina

Dip. José Tomas Lozano y Pardinas
Coordinador de la Subcomisión
 
 
 

DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA

A su sexta reunión de trabajo, el martes 3 de abril, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE

Al Foro Juventud y Deporte en la Prevención del Delito, el miércoles 4 de abril, a las 10 horas, en el salón C-D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Arturo Escobar y Vega
Presidente
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, atendiendo a las inquietudes y preocupaciones de los sectores políticos, sociales, ciudadanos en general y de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como su artículo 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,

CONVOCA

a los académicos, investigadores, instituciones públicas, privadas, sindicatos, cámaras, asociaciones, organizaciones, así como al público en general, a participar en el

Foro de Consulta Pública
"Desarrollo y Medio Ambiente

Objetivo

Conocer las distintas opiniones y escuchar propuestas para elaborar una política pública de desarrollo y medio ambiente, además de las reformas relativas a los ordenamientos legales en materia de medio ambiente, turismo y desarrollo, con el propósito de proponer la actualización del marco jurídico para que sea congruente con el modelo de política pública en la materia.

Programa

El foro tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de abril del 2001, a las 9:00 horas, en el Salón Uxmal del Hotel J. W. Marriot, Salón de Convenciones, Boulevard Kukulcán, Retorno Chac L-41, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Mecánica

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los trabajos podrán presentarse en forma escrita en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Las propuestas se entregarán en extenso y para su lectura se presentará un resumen del mismo, que no deberá exceder de tres cuartillas a doble espacio y de ser posible entregarse en diskette de 3.5 en formato Word. Los trabajos que cumplan con la metodología establecida, serán incluidos en las memorias del foro.

Los trabajos deberán incluir:

1. Nombre o nombres de los autores.

2. Descripción de la problemática.

3. Propuestas.

Bases

Las solicitudes de registro de participación deberán dirigirse a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los registros de asistencia podrán realizarse el mismo día del foro.

Registro

El registro queda abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cerrará el día establecido para la realización del evento.

Los aspectos no contemplados en la presente convocatoria, serán resueltos por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Los interesados en participar, deberán dirigir sus trabajos escritos, incluyendo sus datos personales a la:

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sito en Palacio Legislativo, Avenida Congreso de la Unión número 66, Colonia El Parque, Código Postal 15969, México DF. Edificio F, nivel 3, teléfono 5628-1300 exts. 1759 y 6417.

Para mayor información, los interesados podrán dirigirse a la misma dirección y teléfono.

Mesas de trabajo

Mesa 1. Instrumentos de política ambiental

Mesa 2. Impacto ambiental

Mesa 3. Biodiversidad

Mesa 4. Manejo costero

Mesa 5. Desarrollo turístico sustentable

Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente

Dip. Miguel Angel Gutiérrez Machado
Secretario

Dip. Gustavo Lugo Espinoza
Secretario

Dip. Jesús de la Rosa Godoy
Secretario

Dip. Jesús Garibay García
Secretario
 
 

DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

A la reunión de trabajo, el miércoles 18 de abril, a partir de las 8:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales, con los integrantes de las Mesas Directivas de:
 

Comisión de Ciencia y Tecnología

Comisión de Energía

Comisión de Recursos Hidráulicos

Comisión de Transportes

Comisión de Vivienda

Atentamente
Dip. Silvia Alvarez Bruneliere
Presidenta