Proyecto de Acta

• De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que se someterá a consideración del Pleno, el jueves 9 de noviembre de 2000.

• De los Congresos de los estados de Campeche, Colima, Chiuhuahua y Guanajuato.
• De presidentes municipales del estado de Guanajuato.
• Del Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
• Del C. dip. Eric Eber Villanueva Mukul, Vicepresidente de la Mesa Directiva.
• Del Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• De reformas a diversas disposiciones legales sobre la requisa, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
• De Ley de Responsabilidades Civiles por Daños y Deterioro Ambiental, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
• De reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras disposiciones relativas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Con Punto de Acuerdo para que se cite a comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a funcionarios relacionados con la materia ambiental, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Del Senado de la República, con Proyecto de Decreto que concede permiso a ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros.

• De la Comisión de Asuntos Indígenas, de su instalación.

• De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a su reunión de trabajo, el jueves 9 de noviembre, a las 8:30 horas. Se pospone para el jueves 16 de noviembre, con el mismo orden del día, en lugar por designar.
• De la Comisión de Transportes, a su reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el jueves 9 de noviembre, a las 8:30 horas.
• De la Comisión de Energía, a su primera reunión de trabajo, el jueves 9 de noviembre, a las 9 horas.
• De la Comisión de Seguridad Social, a la reunión de su Junta Directiva, el jueves 9 de noviembre, a las 9 horas.
• De la Comisión de Equidad y Género, a su reunión plenaria, el jueves 9 de noviembre, a las 16 horas.
• De la Comisión de Turismo, a su reunión de trabajo, el jueves 9 de noviembre, a las 18 horas.
• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a su primera reunión de trabajo para la revisión de la Cuenta Pública de 1999, el martes 14 de noviembre, a las 17 horas.
• De la Comisión de Comunicaciones, a su reunión de trabajo, el martes 14 de noviembre, a las 18 horas.
• De la Comisión de Relaciones Exteriores, a su segunda reunión ordinaria de trabajo, el jueves 16 de noviembre, a las 8:30 horas.

SESION DEL JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DE 2000

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de los estados de: Campeche, Colima, Chihuahua y Guanajuato.

De presidentes municipales del estado de Guanajuato.

Del Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Del C. dip. Eric Eber Villanueva Mukul, Vicepresidente de la Mesa Directiva.

Del Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Iniciativas de ciudadanos diputados

De reformas a diversas disposiciones legales sobre la requisa, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

De Ley de Responsabilidades Civiles por Daños y Deterioro Ambiental, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

De reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras disposiciones relativas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

De reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

De reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Minuta

Con Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Eduardo José Danielewicz Mata, Gabriel García Rincón, Luis Cresencio Sandoval González y María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión).

Proposiciones

Con Punto de Acuerdo sobre los trabajadores del INEGI, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo sobre la Contaduría Mayor de Hacienda, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo sobre el traslado de los restos mortales de nuestros connacionales que fallecen en el extranjero, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo para que se revise el proyecto turístico de Xcaxel, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo para que se cite a comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a funcionarios relacionados con la materia ambiental, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución).

Con Punto de Acuerdo en relación al bono sexenal, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo sobre las leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo sobre la revisión del Capítulo Agropecuario del TLC, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Excitativa

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Agenda política

Comentarios sobre la Reforma del Estado, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Pronunciamiento sobre las elecciones en los Estados Unidos de América, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
 
 

ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA.

Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con treinta y cuatro minutos del martes siete de noviembre de dos mil, con la asistencia de trescientos treinta diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea en votación económica, aprueba el acta de la sesión anterior en sus términos.

Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de:

Dos comunicaciones del Congreso del Estado de Quintana Roo, con las que remite:

Se da cuenta con tres acuerdos de la Junta de Coordinación Política, para constituir los comités del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública; del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. En sendas votaciones económicas se aprueban. Publíquense en la Gaceta Parlamentaria.

Se da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que informa de la designación de los diputados que formarán parte de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión. De enterado e inclúyase en el registro de comisiones y comités.

Para hablar sobre Felipe Carrillo Puerto, en el aniversario de su natalicio, suben a la tribuna los diputados: Rosa Elena Baduy Isaac, del Partido Revolucionario Institucional; Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática; y Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo.

La Secretaría informa que al cierre del registro electrónico, hay una asistencia de cuatrocientos veintiséis diputados.

Rinde homenaje a Jesús García, Héroe de Nacozari, la diputada Olga Haydée Flores Velásquez, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes

Cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

A los cuatro se les dispensa la segunda lectura. No habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos treinta y siete votos en pro y ninguno en contra. Se turnan al Senado de la República y al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Otro dictamen de la misma Comisión con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que ciudadanos mexicanos puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y en los consulados generales de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Guadalajara, Jalisco. Sin discusión, la votación nominal es aprobatoria por trescientos catorce votos en pro y ninguno en contra.

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.

Para presentar proposiciones con proyectos de punto de acuerdo, hablan los diputados:

Se turna a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Agricultura y Ganadería.

Sobre el mismo tema, hablan los diputados: Jesús Dueñas Llerenas, del Partido Acción Nacional; y Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática.

Se pone a consideración de la Asamblea una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que dentro del permiso constitucional concedido por el Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de noviembre de dos mil, realice una visita de trabajo a la República de Singapur, los días doce y trece del mismo mes y año. La Asamblea considera el asunto de urgente resolución y sin discusión se aprueba por doscientos noventa y ocho votos en pro y ocho en contra. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

También se pone a consideración de la Asamblea una proposición de la Junta de Coordinación Política que crea e integra la Junta de Apoyo Administrativo de la propia Junta de Coordinación Política. Se aprueba en votación económica y se ordena publicar en la Gaceta Parlamentaria.

El diputado José Carlos Borunda Zaragoza, del Partido Acción Nacional, presenta una proposición con punto de acuerdo sobre la administración y conservación de aguas subterráneas fronterizas. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Sobre el mismo asunto, habla el diputado Claudio Mario Bres Garza, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Emilio Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, se pronuncia en relación con el porrismo en los planteles educativos.

Para referirse al mismo tema, habla el diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

La Secretaría da lectura al informe de la Comisión Legislativa encargada de atender la demanda de bono sexenal de diversos grupos de trabajadores, miembros de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. De enterado.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Partido Acción Nacional, se refiere a la situación de la cafeticultura en México.

Para el mismo asunto, suben a la tribuna los diputados: Jorge Alberto Rodríguez Pasos, del Partido del Trabajo; y Adolfo Zamora Cruz, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes

Desde su curul, el diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, solicita se verifique el quórum. El Presidente atiende la solicitud y, una vez confirmada la asistencia de diputados, hace un atento llamado a los grupos parlamentarios y a todos los diputados, para que presten atención a los diferentes temas del orden del día.

Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, quien se pronuncia sobre la elección del nuevo comité ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.

Para el mismo tema, suben a la tribuna los diputados: Alejandro Rafael García Sainz Arena, del Partido Verde Ecologista de México; y Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, del Partido Acción Nacional.

Para hacer un pronunciamiento sobre el Estado de Tabasco, se concede el uso de la palabra al diputado Auldárico Hernández Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con treinta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves nueve de noviembre de dos mil, a las once horas.
 
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Campeche, Camp., a 19 de octubre de 2000.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
México, DF

La Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Campeche comunica que, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, el día de hoy quedó debidamente constituida e instalada, habiéndose previamente elegido y tomado protesta, la Directiva que coordina el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, misma que se integró de la siguiente manera:

Integrantes de la Directiva

Presidente: Dip. Enrique Ariel Escalante Arceo

Primer vicepresidente: Dip. Jorge Rosiñol Abreu
Segunda vicepresidenta: Dip. Isabel del Rosario Chan Pantí

Primer secretario: Dip. Celso Vera Talango
Segunda secretaria: Dip. Ana Laura Alayola Vargas
Tercer secretario: Dip. Juan José Boeta Tous
Cuarto secretario: Dip. Donaldo Obregón Pérez
 

Integrantes de la LVII Legislatura

Mayoría relativa

Dip. Enrique Ariel Escalante Arceo. Distrito I. PRI
Dip. Rafael Eduardo Alcalá Ortiz. Distrito II. PAN
Dip. Vicente Castellot Castro. Distrito III. PRI
Dip. Carlos Manuel Cambranis López. Distrito IV. PAN
Dip. Luis Fernando Sadek Abad. Distrito V. PRI
Dip. María Rafaela Santamaría Blum. Distrito VII. PRI
Dip. Carlos Emilio Baqueiro Cáceres. Distrito VII. PRI
Dip. Jorge Rosiñol Abreu. Distrito VIII. PAN
Dip. Silverio Baudelio del C. Cruz Quevedo. Distrito IX. PAN
Dip. Tomás Enrique Gutiérrez Pérez. Distrito X. PAN
Dip. José del Carmen Rodríguez Vera. Distrito XI. PAN
Dip. Alberto Abreu May. Distrito XII. PRI
Dip. Sergio Pérez Jiménez. Distrito XIII. PRI
Dip. Antonio Piedra Castro. Distrito XIV. PRI
Dip. Raúl Armando Uribe Flores. Distrito XV. PRI
Dip. Celso Vera Talango. Distrito XVI. PRI
Dip. César lván Arcila Amézquita. Distrito XVII. PRI
Dip. Blanca Rosalina Bernés Chan. Distrito XVIII. PRI
Dip. Isabel del Rosario Chan Pantí. Distrito XIX. PRI
Dip. Juan Antonio Martínez Delgado. Distrito XX. PRI
Dip. Enrique Alejandro Muñoz Herrera. Distrito XXI. PRI

Representación proporcional

Dip. Jorge Jiménez Domínguez, PAN
Dip. Yolanda Guadalupe Valladares Valle, PAN
Dip. Edgar Esteban Richaud Lara, PAN
Dip. José Jesús Durán Ruiz, PAN
Dip. Donaldo Obregón Pérez, PAN
Dip. Mario Alberto Romero Gutiérrez, PAN
Dip. Fernando Eutimio Ortega Bernés, PRI
Dip. José del Carmen Gómez Casanova, PRI
Dip. Juan José Boeta Tous, PRI
Dip. Rafael Teobaldo Pou Vera, PRI
Dip. Martín de la Cruz Castillo Valenzuela, PRD
Dip. Ana Laura Alayola Vargas, PRD
Dip. Fitzgerald de León Villard, PRD
Dip. Ana María López Hernández, PT

Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dip. Celso Vera Talango (rúbrica)
Primer secretario

Dip. Ana Laura Alayola Vargas (rúbrica)
Segunda secretaria
 

Campeche, Camp., a 3 de octubre de 2000.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

México, DF

La Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Campeche comunica que, con fundamento en los artículos 22, 29 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, el día de hoy quedaron debidamente constituidas las comisiones extraordinarias y ordinarias de esta honorable Asamblea, mismas que se integraron de la siguiente manera:

Comisiones extraordinarias

Gran Comisión o Comisión de Gobierno y Administración

Presidente: Dip. Fernando Eutimio Ortega Bernés
Vicepresidenta: Dip. Yolanda Valladares Valle

Secretario: Dip. José del Carmen Gómez Casanova
Primer vocal: Dip. Martín de la Cruz Castillo Valenzuela
Segundo vocal: Dip. Rafael Teobaldo Pou Vera

Comisión de Vigilancia

Presidente: Dip. Luis Fernando Sadek Abad
Vicepresidente: Dip. José del Carmen Rodríguez Vera.

Secretario: Dip. Sergio Pérez Jiménez
Primera vocal: Dip. Ana Laura Alayola Vargas.
Segundo vocal: Dip. Antonio Piedra Castro

Comisiones ordinarias o de dictamen legislativo

Puntos Constitucionales y Gobernación

Presidente: Dip. Enrique Ariel Escalante Arceo
Secretario: Dip. Silverio Baudelio Cruz Quevedo

Primer vocal: Dip. Juan José Boeta Tous
Segundo vocal: Dip. Celso Vera Talango
Tercera vocal: Dip. Ana María López Hernández

Finanzas, Hacienda Pública, Control Presupuestal y Contable y Patrimonio del Estado y de los Municipios

Presidente: Dip. Juan Antonio Martínez Delgado
Secretario: Dip. Rafael Eduardo Alcalá Ortiz

Primera vocal: Dip. Blanca Rosalina Bernés Chan
Segundo vocal: Dip. Luis Fernando Sadek Abad
Tercera vocal: Dip. Ana Laura Alayola Vargas

Desarrollo Social

Presidente: Dip. Tomás Enrique Gutiérrez Pérez
Secretario: Dip. Enrique Alejandro Muñoz Herrera

Primera vocal: Dip. Ana Laura Alayola Vargas
Segundo vocal: Dip. Antonio Piedra Castro
Tercer vocal: Dip. Alberto Abreu May

Fomento y Desarrollo Agropecuario y Forestal

Presidente: Dip. Jorge Rosiñol Abreu
Secretario: Dip. Antonio Piedra Castro

Primera vocal: Dip. Isabel del Rosario Chan Pantí
Segundo vocal: Dip. Carlos Emilio Baqueiro Cáceres
Tercer vocal: Dip. Fitzgerald de León Villard

Desarrollo Industrial, Fomento Económico y Desarrollo Turístico

Presidente: Dip. María Rafaela Santamaría Blum
Secretario: Dip. Carlos Emilio Baqueiro Cáceres

Primer vocal: Dip. Juan José Boeta Tous
Segundo vocal: Dip. Edgar Esteban Richaud Lara
Tercer vocal: Dip. Vicente Castellot Castro

Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas

Presidente: Dip. Raúl Armando Uribe Flores
Secretario: Dip. Mario Alberto Romero Gutiérrez

Primer vocal: Dip. Sergio Pérez Jiménez
Segundo vocal: Dip. Fitzgerald de León Villard
Tercera vocal: Dip. María Rafaela Santamaría Blum

Salud, Preservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Presidente: Dip. Carlos Manuel Cambranis López
Secretario: Dip. Juan José Boeta Tous

Primera vocal: Dip. Blanca Rosalina Bernés Chan
Segundo vocal: Dip. Carlos Emilio Baqueiro Cáceres
Tercera vocal: Dip. Ana Laura Alayola Vargas

Educación, Cultura y Deporte

Presidente: Dip. César Iván Arcila Amézquita
Secretario: Dip. Celso Vera Talango

Primer vocal: Dip. Enrique Alejandro Muñoz Herrera
Segunda vocal: Dip. Yolanda Guadalupe Valladares Valle
Tercer vocal: Dip. Fitzgerald de León Villard

Procuración e Impartición de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos

Presidente: Dip. Vicente Castellot Castro
Secretario: Dip. Donaldo Obregón Pérez

Primera vocal: Dip. María Rafaela Santamaría Blum
Segundo vocal: Dip. Alberto Abreu May
Tercer vocal: Dip. Fitzgerald de León Villard

Fomento y Desarrollo Pesquero

Presidente: Dip. Fitzgerald de León Villard
Secretario: Dip. Celso Vera Talango

Primer vocal: Dip. Silverio Baudelio Cruz Quevedo
Segundo vocal: Dip. Alberto Abreu May
Tercera vocal: Dip. Ana María López Hernández

Fortalecimiento Municipal

Presidente: Dip. José Jesús Durán Ruiz
Secretario: Dip. Raúl Armando Uribe Flores

Primer vocal: Dip. Enrique Alejandro Muñoz Herrera
Segunda vocal: Dip. Isabel del Rosario Chan Pantí
Tercera vocal: Dip. Ana Laura Alayola Vargas.

Equidad y Género, Atención a Grupos Vulnerables y Etnias Indígenas

Presidente: Dip. Jorge Jiménez Domínguez
Secretaria: Dip. Isabel del Rosario Chan Pantí

Primera vocal: Dip. Blanca Rosalina Bernés Chan
Segunda vocal: Dip. Ana María López Hernández
Tercer vocal: Dip. Carlos Emilio Baqueiro Cáceres

Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dip. Celso Vera Talango (rúbrica)
Primer secretario

Dip. Ana Laura Alayola Vargas (rúbrica)
Segunda Secretaria
 
 
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

México, DF

En Sesión Pública Ordinaria celebrada el día de hoy, los integrantes de la H. LIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política local; 22, fracción I; 83, fracción I; 84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, emitieron y aprobaron por unanimidad de votos de sus integrantes un Punto de Acuerdo, el cual en su resolutivo textualmente señala:

"Se exija al C. Presidente de la República dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, autorizar el pago extraordinario denominado bono sexenal, a los trabajadores de base al servicio de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Se solicite a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la modificación del artículo 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2000, con el objeto de permitir que el Ejecutivo federal pueda otorgar el pago antes mencionado."

Lo que comunicamos a ustedes, en vía de petición y para los efectos de ley correspondientes.

Sin otro particular, aprovechamos el conducto para enviarles un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Col., octubre 31 del año 2000.

Dip. Antonio Morales de la Peña (rúbrica)
Secretario

Dip. Roberto Alcaraz Andrade (rúbrica)
Secretario
 
 
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., 26 de septiembre del 2000.

C. Dip. Presidente de la H. Cámara de Diputados

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento, que en sesión celebrada el día de la fecha, se eligió la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua, que fungirá durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2000, la cual quedó integrada de la siguiente forma:

Presidente: Dip. José Bernardo Ruiz Ceballos
Vicepresidente: Dip. Cesáreo Valles Machuca
Vicepresidente: Dip. Rafael Torres Enríquez

Primer secretario: Dip. Héctor Arreola Arreola
Segundo secretario: Dip. Guillermo Ontiveros Valles
Prosecretarios: Dip. Manuel Monárrez Huerta
Dip. Hiram Apolo Contreras Herrera

Sin más por el momento, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Presidente de la Diputación Permanente
Dip. José Duarte Murillo (rúbrica)
 
 
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

PRESENTES

La Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, aprobó el Acuerdo mediante el cual este Congreso se solidariza y apoya el Acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Zacatecas, relativo al rechazo a la convocatoria para la importación de frijol. Asimismo, anexo al presente el Acuerdo aprobado, junto con su Dictamen.

Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Gto., 19 de octubre del 2000.

El Presidente del Congreso del estado
Dip. Jesús Cobián Correa (rúbrica)

Acuerdo

La Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:

Unico.- El Congreso del estado de Guanajuato, se solidariza y apoya el acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Zacatecas, a través del cual rechaza enérgicamente la importación de frijol que se propone en la publicación del 14 de julio del 2000, en el Diario Oficial de la Federación, que invita a los comercializadores y empacadores de granos básicos para la importación de frijol de Nicaragua, Estados Unidos de América y Canadá, toda vez que dicha acción afecta gravemente la economía de los productores nacionales.

Remítase al Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados.

Guanajuato, Gto., 19 de octubre del 2000.

Dip. Jesús Cobián Correa (rúbrica)
Presidente

Dip. Antonio Guerrero Horta (rúbrica)
Secretario

Dip. Antonio Rico Aguilera (rúbrica)
Secretario
 
 
 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CELAYA, GUANAJUATO

C. Lic. dip. Ricardo García Cervantes
Presidente del Honorable Congreso de la Unión

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato, nos permitimos informarle que en sesión solemne, celebrada el día 10 de octubre del 2000, quedó legal y solemnemente instalado el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Celaya, estado de Guanajuato, quedando integrado de la siguiente manera;

Atentamente
"Celaya, Municipio Unido"
Celaya, Gto., 11 de octubre del 2000

José Manuel Mendoza Márquez (rúbrica)
Presidente Municipal

Roberto Romualdo Orozco Galindo (rúbrica)
Secretario del H. Ayuntamiento
 
 
 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL SAN FELIPE, GUANAJUATO

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

México, DF

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato, tengo a bien informar a ustedes que el Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato, quedó integrado de la forma en que se detalla en el acta, cuya copia se acompaña.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes como su atento y seguro servidor.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
San Felipe, Gto., a 18 de octubre del 2000.

El Secretario del H. Ayuntamiento
Luis Javier Olvera Cervantes (rúbrica)
 

Acta # 001.- Que se levanta con motivo de la instalación del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Felipe, Gto., Periodo 2000-2003.

Siendo las 12:00 horas del día 10 de octubre del año 2000 dos mil, en el local que ocupa el auditorio municipal, declarado oficialmente como recinto, para llevara cabo la instalación solemne y pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Felipe, Guanajuato; por el periodo de 2000-2003; y con base a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115; la Constitución Política del estado en sus artículos 108, 109, 110 y de la Ley Orgánica Municipal, artículos 30, 31 y 32 y demás conducentes, se procedió a:

Rendir honores a la Bandera por parte de la escolta y banda de guerra del CBITS No. 148 de esta ciudad, asimismo se entonó el Himno Nacional por todos los asistentes, acto seguido se hizo la presentación del presídium, y a continuación se realizó el acto de toma de protesta al C. Presidente Municipal entrante C. lic. José Benjamín Martínez, rindiéndola en los siguientes términos:

"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal."

Concluida la protesta, el Presidente Municipal tomó la protesta a los demás miembros del Ayuntamiento, integrado por:

C. Javier Ayala Orta, síndico municipal
C. Rodolfo Longoria García, regidor municipal
. Raúl Cano Cano, regidor municipal
C. Ramón Aranda Medellín, regidor municipal
C. Ing. Alonso Gutiérrez Treviño, regidor municipal
C. Florencio Myers Velázquez, regidor municipal
C. Feliciano García Solís, regidor municipal
C. J. Refugio González Guzmán, regidor municipal
C. Ma. Isabel Lazo Briones, regidora municipal
C. José Guadalupe Hernández Acosta, regidor municipal
C. Micaela del Carmen Mendoza de Ríos, regidora municipal

Bajo la fórmula siguiente:

En seguida el C. Presidente Municipal da un mensaje a los asistentes a este acto de instalación.

Una vez concluida la instalación del Honorable Ayuntamiento 2000-2003 se procede a firmarla los que en ella intervinieron, dándose por concluida la ceremonia oficial a las 13:00 horas del día y del lugar arriba mencionado, en la ciudad de San Felipe, Guanajuato. Damos fe. (rúbricas)
 
 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

México, DF

Por medio de este conducto le hago llegar un cordial saludo, una relación de los miembros que forman el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Valle de Santiago, estado de Guanajuato; así como sus respectivas comisiones; de igual manera le anexo al presente una lista de los nuevos nombres de funcionarios que a partir del día 10 de octubre del presente año se integraron a este H. Ayuntamiento trienio 2000-2003.

Presidente Municipal: Rogaciano González González (PAN)
Síndico: María Sonia Lesso Castañeda (PAN)

Regidores: Martín Contreras Rivera (PAN), José María Melchor Ayala (PAN), Ma. Isabel Salinas Alcantar (PAN), Ma. Guadalupe Bravo Quiroz (PAN), José Eugenio Humberto Rodolfo de la Peña Tamayo (PRI), Antonio Guillermo Alvarado Servín (PRI), Ma. Guadalupe Servín Filoteo (PRI), José Hugo Arredondo Franco (PRD), José Mendoza Rodríguez (PRD), Marcela Edith Arroyo Soto (PRD).

Comisión de Hacienda y Cuenta Pública

Presidenta: María Sonia Lesso Castañeda
Secretario: José María Melchor Ayala
Vocales: José Eugenio Humberto Rodolfo de la Peña T.
Marcela Edith Arroyo Soto

Comisión de Obras y Servicios Públicos

Presidente: José María Melchor Ayala
Secretario: Martín Contreras Rivera
Vocales: José Hugo Arredondo Franco
José Eugenio Humberto Rodolfo de la Peña T.

Comisión de Seguridad Pública y de Tránsito

Presidente: José Eugenio Humberto Rodolfo de la Peña T.
Secretario: José Mendoza Rodríguez
Vocales: Ma. Isabel Salinas Alcantar
Ma. Guadalaupe Bravo Quiroz

Comisión de Desarrollo Urbano

Presidente: José Hugo Arredondo Franco
Secretario: Martín Contreras Rivera
Vocal: Ma. Guadalupe Bravo Quiroz

Comisión de Salud y Asistencia

Presidenta: Marcela Edith Arroyo Soto
Secretaria: Ma. Guadalupe Servín Filoteo
Vocal: Ma. Isabel Salinas Alcantar

Comisión de Educación:

Presidenta: Ma. Isabel Salinas Alcantar
Secretario: José Mendoza Rodríguez
Vocal: Marcela Edith Arroyo Soto

Comisión de Desarrollo Rural

Presidente: Antonio Guillermo Alvarado Servín
Secretario: Martín Contreras Rivera
Vocales: José Hugo Arredondo Franco
José Mendoza Rodríguez
Ma. Guadalupe Servín Filoteo
José María Melchor Ayala.

Comisión de Actualización y Elaboración de Reglamentos

Presidente: José Eugenio Humberto Rodolfo de la Peña T.
Secretaria: Ma. Sonia Lesso Castañeda
Vocal: Martín Contreras Rivera

Comisión de Protección Civil

Presidente: José Mendoza Rodríguez
Secretario: Antonio Guillermo Alvarado Servín
Vocal: José María Melchor Ayala

Comisión de Régimen Interno

Presidente: Martín Contreras Rivera
Secretario: José Eugenio Humberto Rodolfo de la Peña T.
Vocal: José Hugo Arredondo Franco

Comisión de Cultura y Recreación

Presidenta: Ma. Guadalupe Bravo Quiroz
Secretaria: Ma. Guadalupe Servín Filoteo
Vocal: José Mendoza Rodríguez

Comisión Revisora

Presidente: María Sonia Lesso Castañeda
Secretario: José Melchor Ayala
Vocales: José Eugenio Humberto Rodolfo de la Peña T.
Marcela Edith Arroyo Soto

Comisión de Estudio y Propuesta sobre Vendedores de Ocasión

Presidente: José Eugenio Humberto Rodolfo de la Peña T.
Secretaria: María Sonia Lesso Castañeda
Vocales: Martín Contreras Rivera
José María Melchor Ayala

Funcionarios públicos

Secretario del H. Ayuntamiento: Román Alberto Vázquez López

Secretario particular: Héctor Raúl Rioz Peñaranda
Tesorera municipal: Laura Gisel Arredondo Martínez
Contralor municipal: J. Jesús Salmerón Soto
Oficial Mayor: Sigifredo Herrera Rodríguez
Directora del DIF municipal: Angelina Stefanoni Martinoni
Director del Copladem: Orlando Rivas Roa
Directora de Reglamentos y Fis.: Karina Baca Rías
Director de Obras Públicas: Eduardo Rodríguez Hernández
Director de Policía: José González García
Subdirector de Seg. Públ.: Noé Rodríguez Tovar
Encargado del Agua Potable: Juan Ramírez Monjarraz
Jefe de Tránsito y Vialidad: Juan Manuel Hernández Rodríguez
Directora de Recursos Humanos: Elizabeth Martínez Hernández
Director de Servicios Públicos Mpals.: Juan Antonio Ledesma García
Directora de Adquisiciones: Ma. Dolores de la Rosa Díaz de León
Director de Impuestos Inmobiliarios: Raúl Lesso Rodríguez
Director de la Casa de la Cultura: Moisés Tapia Pérez
Directora de Educación Públ.: María Isabel Zaragoza H.
Directora de Archivo e Historia: Nayelli Nieto Barrón
Alcaide de la Cárcel Mpal.: Raúl Melchor Ayala
Rectora de la Cárcel de Mujeres: Sanjuana Saldaña
Director del Deporte: Pedro Damián Calderón
Director de Comunicación Social: Guillermo Pérez Lara
Director de Protección al Medio Ambiente y Ecología: Salvador Magaña Raya
Jefe de Alumbrado Público: Rafael Baeza Lara
Jefe de Mercados: Sanjuana Cisneros Hernández
Encargado de Panteones: José García González
Jefe de Parque de Materiales: Abraham Alvarado Zúñiga
Encargado del Rastro Mpal.: Ricardo Martínez
Jefe de Limpia: Arturo Melchor Ayala
Encargado del Taller de Mantenimiento: Juan García Flores
Encargado de la Unidad Depor.: J. Carmen Corona Ramírez
Juez municipal: Laura Itzamarai Aguirre Puente Esperando que dicha información le sea de gran utilidad.

Atentamente
Valle de Santiago, Gto., 16 de octubre de 2000.

Román Alberto Vázquez López (rúbrica)
Secretario del H. Ayuntamiento
 
 
 

DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

Diputado Ricardo García Cervantes
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados

Me permito comunicar a usted que, conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, esta Comisión de Vigilancia a mi cargo recibió en tiempo y forma el Informe Previo sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1999, que remite la Contaduría Mayor de Hacienda.

Asimismo, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo antes citado, con fecha 1º de noviembre del presente año, esta Comisión presentó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, el informe de referencia.

En razón de lo anterior, solicito atentamente se incluya el presente comunicado en el orden del día de la siguiente sesión plenaria, para conocimiento de los ciudadanos diputados.

Le expreso mi mayor consideración y respeto.

Dip. Amador Rodríguez Lozano (rúbrica)
Presidente
 
 
 
 

DEL C. DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL, VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

México, DF, a 27 de octubre de 2000.

Dip. Ricardo García Cervantes
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados
PRESENTE

En atención a las instrucciones recibidas para dar cumplimiento al acuerdo tomado ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados, respecto a la formación de una comisión de diputados para atender la repercusión del Censo Nacional de Población 2000 en los recursos destinados a los municipios del Estado de México; me permito anexarle al presente escrito el informe correspondiente de la reunión celebrada el 21 de septiembre, entre diputados y una representación de los ayuntamientos del Estado de México, con la asistencia de siete presidentes municipales.

Al aguardo de sus comentarios, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Eric Eber Villanueva Mukul (rúbrica)
 

Informe sobre la reunión con presidentes municipales del Estado de México

Atendiendo a una instrucción de la Presidencia ante el Pleno, donde se acordó que una comisión de diputados se reuniera con una representación de los presidentes municipales del Estado México, para analizar la problemática que afecta a estos municipios, principalmente la relacionada con el Censo de Población 2000 y su influencia en la distribución de los recursos del Ramo 33.

Acudí a presidir la reunión de trabajo celebrada el 21 de septiembre e informo que los temas tratados en dicha sesión fueron los siguientes:

El hecho de que el Censo de Población haya presentado inconsistencias de metodología de campo, ocasiona un grave problema a los gobiernos locales, dado que el Ramo 33 de Fortalecimiento Municipal toma como uno de sus indicadores para la distribución de los recursos, el número de habitantes.

Esto significa que muchos municipios tendrán menores recursos que los que necesitan para atender su población real.

Los acuerdos de la reunión se resumen en los siguientes puntos:

Comisión de diputados que asistieron a la reunión:

1. Martha Angélica Bernardino Rojas
2. Roberto Aguirre Solís
3. José Escudero Barrera
4. Rafael Barrón Romero
5. Ricardo Moreno Bastida
6. Gerardo de la Riva Pinal
7. Francisco Guadarrama López
8. José Manuel Medellín Milán
9. Eric Villanueva Mukul

La representación de los Municipios del Estado de México estuvo integrada por:

1. Lic. Dino Ortiz, Presidente Municipal de los Reyes la Paz.
2. Ing. Héctor Miguel Bautista López, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl.
3. Lic. Horacio Duarte, Presidente Municipal de Texcoco.
4. Prof. Humberto Peña Galicia, Presidente Municipal de Teotihuacán.
5. Ing. Fidel Peralta Delgadillo, Presidente Municipal de Tezoyuca.
6. Dr. Federico del Valle Miranda, Presidente Municipal de Amecameca.
7. Prof. Raúl Lagunas Enríquez, Primer Regidor de Almoloya del Río.

Atentamente
Dip. Eric Villanueva Mukul (rúbrica)
Vicepresidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
 

DEL COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

México, Distrito Federal, a 8 de noviembre de 2000.

Dip. Ricardo García Cervantes
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
PRESENTE

Distinguido Diputado:

De conformidad con el numeral 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Lo anterior, para los efectos que legalmente corresponden.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama
Coordinador del grupo parlamentario del PRD

Anexo: Copia de constancia de afiliación del dip. Enrique Herrera Bruquetas al Partido de la Revolución Democrática.
 
 

Los suscritos, diputados a la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la H. Cámara de Diputados, la presente Iniciativa de Decreto que Deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley de Aviación Civil, Ley de Aeropuertos y de la Ley Federal de Telecomunicaciones con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Los antecedentes de la requisa, en nuestro marco jurídico se remontan al auge de la Segunda Guerra Mundial; esta figura jurídica tuvo vigencia en aquel momento por el propio contexto histórico, en su inicio ésta se incorporó en la Ley de Vías Generales de Comunicación, sin embargo se puede afirmar que pese a la violación categórica que hizo la requisa en aquella etapa, se validó ya que era de vital importancia garantizar de manera adecuada el sistema de las vías de comunicación frente a los posibles sabotajes realizados por agentes extranjeros.

Actualmente los efectos que se observan por la aplicación de esta figura jurídica tiene graves consecuencias, una de ellas y posiblemente la más significativa es la violación que hace a los derechos laborales alcanzados por los sindicatos, es decir, cuando el Gobierno arbitrariamente decide aplicar la figura de la requisa, el Contrato Colectivo de Trabajo, por ejemplo, y pese a que éste busque el mejoramiento de las relaciones de trabajo a fin de dar equilibrio a las relaciones entre patrones y trabajadores, la requisa debiera no ser aplicable.

La requisa es pues, un acto administrativo de cesión forzada de bienes, que implica una limitación de la propiedad privada, esta figura jurídica de naturaleza administrativa se puede realizar en propiedad o en uso, la requisición en propiedad opera en materia de bienes muebles, y la de uso solo opera en tratándose de bienes inmuebles, La requisa debe circunscribirse al uso temporal de los bienes inmuebles.

En nuestro sistema jurídico, existen tres causas que motivan la requisa, estos son: primero, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cuando la sociedad peligre, como segundo caso, la requisición militar en tiempo de guerra, y como tercer tipo la requisición de tipo administrativa para casos excepcionales y urgentes, el objeto de esta iniciativa se referirá a la requisa administrativa.

El Partido del Trabajo dentro de su ideario político, específicamente en su Declaración de Principios y su Programa de Acción, busca un equilibrio entre las desigualdades de clase, en donde la clase trabajadora es la que normalmente resulta más dañada, por lo que de obtener el equilibrio entre clases se construiría un sindicalismo propositivo que conlleve al aumento de eficiencia y productividad de los trabajadores; por tanto, la requisición vulnera gravemente la garantía de estos derechos colectivos laborales.

Por otro lado al seguir permitiendo la existencia de la requisa, también se esta coartando el derecho a la libre sindicalización pero aún más el derecho de huelga consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derecho social regulado específicamente en el artículo 123 apartado A fracción XVI, y reglamentado en la Ley Federal del Trabajo, por lo que no podemos olvidar la génesis en la cual se desarrollo este derecho social, los mismos que representan para nosotros, los propios derechos individuales en las relaciones sociales elevados a la categoría superior como una nueva justicia social.

Compañeras y compañeros diputados

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración de la H. Cámara de Diputados, a efecto de que se turne de inmediato para dictamen a la Comisión correspondiente la siguiente iniciativa de:

Decreto por el que se Derogan diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley de Aviación Civil, Ley de Aeropuertos y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Artículo Primero: Se deroga el artículo 112, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de noviembre del dos mil.

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Cespedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar; Jaime Cervantes Rivera; Rosa Delia Cota Montaño; Feliz Castellanos Hernández; Jorge Alberto Rodríguez Pasos; Juan Carlos Regis Adame.
 
 

DE LEY DE RESPONSABILIDADES CIVILES POR DAÑOS Y DETERIORO AMBIENTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, Jose Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las Comisiones de Justicia y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:

Exposición de Motivos

Es un hecho notorio que México está atravesando por un proceso de contaminación de sus ecosistemas y de pérdida de biodiversidad. Nuestro país es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, el valor que tienen nuestros ecosistemas es inimaginable, su preservación debe de considerarse como una prioridad del Estado Mexicano.

En un país como México donde existe un gran número de gentes en pobreza extrema, ha resultado imposible destinar la cantidad de recursos necesarios para hacer una efectiva vigilancia de nuestra biodiversidad, por lo que, en virtud de las circunstancias actuales de la economía nacional y de las prioridades que se establecen al distribuir los recursos del erario público, debemos darles a los ciudadanos la posibilidad de que vigilen el rico patrimonio de los mexicanos para las generaciones por venir, esto se puede lograr mediante la facultad de ejercer acciones contra las afectaciones de los intereses colectivos.

Es con sistemas de responsabilidad civil como el que se propone como se puede salvar lo que aún nos queda de nuestros recursos naturales.

No obstante que el artículo 4 de la Constitución ya contempla la garantía al derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de los mexicanos, la jurisdicción civil ha sido escasamente utilizada para la protección ambiental en México. La razón de ello se sustenta en una extendida mentalidad que debemos modificar, cuando sistemáticamente responsabilizamos a la Administración Pública de cualquier problema de contaminación. Ello conlleva consecuencias negativas por cuanto en muchas ocasiones la jurisdicción contencioso-administrativa, carece de plenas facultades para la efectiva reparación de los daños al medio ambiente tanto a nivel meramente pecuniario como a la hora del restablecimiento de las cosas y situaciones a su estado originario.

Por lo anterior, debemos de tener en consideración que en virtud de que el límite máximo para establecer sanciones económicas como sanción administrativa puede resultar bajo si tomamos en cuenta el beneficio económico que puede obtener una persona el realizar actividades productivas nocivas para el medio ambiente, o tomando en cuenta el alto costo de la reparación y remediación de los ecosistemas afectados, aunado a que si la autoridad administrativa impone la reparación del ambiente, y el contaminante que incurrió en la falta administrativa no cumple con lo ordenado, solo se podría imponer como sanción el arresto, clausura o multa, sin que esto conlleve la reparación del daño o del deterioro del medio ambiente.

A mayor abundamiento, en nuestro país, las diferentes normas sectoriales de contenido ambiental ya incorporan disposiciones referentes a la responsabilidad derivada de las propias infracciones administrativas y el Código Penal regula la responsabilidad penal procedente de una amplia gama de delitos de contenido ambiental o ecológico, los cuales muchas veces resultan ineficaces para lograr la reparación del daño y del deterioro ambiental, en primer lugar porque es muy raro que una persona realice una conducta que contamine de manera dolosa, y al no castigarse los delitos en contra del medio ambiente que hayan sido cometidos de manera culposa, es muy difícil que se condene a alguien por la comisión de un delito ambiental. En segundo lugar, ningún delito ambiental es considerado como grave, por lo que cualquiera que los cometa, incluso tratándose de servidores públicos, gozan del beneficio de la liberta provisional.

Aún mas, la responsabilidad de tipo civil, a excepción de la derivada de daños nucleares, no tiene otra manifestación en nuestro ordenamiento que las reglas generales establecidas en el Código Civil, en el que se configura un sistema de responsabilidad civil que resulta inadecuado para las características del daño y del deterioro ambiental, resultando insuficiente para proteger de forma efectiva el derecho constitucional de todos los mexicanos de tener un medio ambiente adecuado.

Como se puede observar, en México las responsabilidades ambientales, tanto administrativa, como penal y civil, no resultan eficaces para reparar los daños ambientales. Situación que ya ha sido resuelta en otros países que se han adelantado al nuestro con la incorporación de regulaciones específicas sobre responsabilidad civil por el daño ambiental a sus sistemas jurídicos.

En el ámbito del derecho comparado, la Comisión Europea aprobó desde el año de 1993 el "Libro Verde sobre Reparación del Daño Ecológico" en el que se pronuncia claramente a favor del establecimiento de sistemas de responsabilidad civil de carácter objetivo, lo cual es un reflejo del interés de los países europeos de incorporar a su ordenamiento el principio "quien contamina paga".

Sobre las anteriores consideraciones, esta Ley regula el régimen de responsabilidad civil que sea consecuencia del ejercicio de actividades que tienen una mayor incidencia ambiental con la finalidad de acotar el campo de aplicación de la misma a aquellas actividades que se consideran que pueden llegar a tener un mayor impacto en los ecosistemas. Con esta acotación se logra el objetivo de tener bien ubicados los sectores que causan mayor daño, logrando con esto un mayor control de esas actividades por medio de las garantías que resulten adecuadas para cubrir los riesgos de contaminación.

Esta iniciativa establece la distinción entre daño y deterioro ambiental, ya que las afectaciones al medio ambiente pueden causar efectos nocivos a los ecosistemas como tales o a los bienes y a la salud de las personas. En el primer supuesto, estaríamos hablando de "deterioro ambiental" o daño ecológico puro y en el segundo supuesto de "daño ambiental", tal como es considerado en la normatividad civil vigente.

Por otro lado, de aprobarse este proyecto de ley, como un sistema de responsabilidad objetiva, se evitarían graves afectaciones al medio ambiente al amparo de autorizaciones y de actividades que son consideradas lícitas; sin que sea precisa la concurrencia de culpa o negligencia por parte del responsable ni que el daño o deterioro medioambiental sean consecuencia de accidentes o causas similares. Con lo anterior se lograría una efectiva reparación de los daños que pudieran ocasionarse a las personas o a sus bienes. Así como una restauración de las agresiones producidas como consecuencia del deterioro del medio ambiente, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas a que hubiera lugar.

Por lo que hace al nexo causal, esta iniciativa que se somete al pleno de esta H. Cámara de Diputados resuelve el problema que resulta de la difícil comprobación de los daños al ambiente, mismos que en muchas ocasiones requieren de costosos estudios para poder probar el deterioro y la valoración del mismo.

No debemos olvidar que tal como están redactadas las disposiciones civiles en materia de nexo causal, los daños y perjuicios deben ser una consecuencia "inmediata y directa" y que se hayan causado o que necesariamente vayan a causarse. Esta regulación es inadecuada para las características del daño y del deterioro ambiental, ya que es común que a la realización de un daño o deterioro ambientales concurran un número indeterminado de personas, que las consecuencias se prolonguen en el tiempo y en el espacio; y que existan circunstancias coadyuvantes, por lo anterior, el daño ambiental es muchas veces resultado mediato e indirecto de una actividad. De acuerdo con la presente iniciativa el que ejerza la acción de reparación del daño o del deterioro ambiental, tendrá que probar la acción, el daño o el deterioro y la mera causalidad física entre la acción y la afectación.

Ahora bien, a la legitimación activa, en la iniciativa que se pone a consideración del pleno se legitima abiertamente a los habitantes de los municipios afectados y a las asociaciones mexicanas que en su objeto social esté establecida la protección al ambiente para poder pedir la reparación de las afectaciones generadas por contaminación a bienes del dominio público o al medio ambiente. Es preciso recalcar que la legitimación activa de las asociaciones mexicanas se basa en una serie de requisitos condicionales que sustentan la misma, limitando las vías de intervención procesal de los grupos o asociaciones ecologistas, como titulares de los intereses difusos inmersos en los procedimientos judiciales por infracciones ambientales.

Con este sistema, los perjudicados directamente podrían reclamar la reparación total de sus daños por las vías civiles generales, y los vecinos afectados indirectamente, igualmente la administración pública federal y las asociaciones o grupos ecologistas solo podrán reclamar la reparación en especie, asegurando de ésta forma que no se utilicen las acciones para fines distintos a la preservación de nuestros ricos ecosistemas.

La iniciativa también plantea reglas especiales para la prescripción y la caducidad de las acciones para reclamar la reparación del daño y del deterioro ambiental, ya que la regla con la que contamos actualmente resulta inadecuada para las características del daño, ya que como está redactada actualmente, el término para la prescripción empieza a correr desde que el daño es causado, pero por las características del daño ambiental, muchas veces las afectaciones se hacen evidentes o son comprobables algunas veces años después de la causación del daño, por lo que la acción habría prescrito incluso antes de que se tuvieran los elementos indispensables para poder interponer la demanda.

Con un sistema como el que se pone a consideración de esta H. Asamblea, lograríamos el objetivo anhelado de internacionalizar los costos ambientales, es decir, ante el riesgo de tener que indemnizar por las afectaciones al medio ambiente, los procesos serían más eficientes. Logrando a largo y mediano plazo no solo un formidable efecto disuasivo a la contaminación, sino un beneficio económico al contar con procesos mas competitivos, que al no ser contaminantes, se abren las posibilidades de acceder a mercados extranjeros que suelen ser muy exigentes en ese sentido.

Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, como integrante del Poder Revisor de la Constitución, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental.

Artículo Unico.- Se expide la Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental para quedar como sigue:

Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto regular el régimen de responsabilidad civil derivado del ejercicio de las actividades con incidencia ambiental, con la finalidad de reparar los daños a las personas o el deterioro medioambiental que pudieran ocasionarse como consecuencia de dicho ejercicio.

Artículo 2.- A efectos de lo establecido se entiende por:

Artículo 4.- La responsabilidad civil regulada en esta ley es objetiva y solidaria, y será exigible con independencia de que exista culpa o negligencia en el responsable. Como consecuencia de ello, quien pretenda obtener la correspondiente reparación sólo tendrá que probar la acción u omisión del supuesto responsable, el daño o deterioro del medio ambiente causados y la mera relación de causalidad física entre la acción u omisión del responsable y el daño o deterioro del medio ambiente cuya reparación se reclama.

Si fueran varias las personas responsables del mismo daño o deterioro del medio ambiente, su responsabilidad será solidaria.

Artículo 5.- No existirá responsabilidad en los siguientes supuestos:

Artículo 6.- Podrán pedir la reparación de los daños causados a los particulares o la los bienes propiedad del Estado los perjudicados.

Artículo 7.- Podrán pedir la reparación de los daños causados a bienes de dominio público o del deterioro del medio ambiente:

Artículo 9. -Quienes de acuerdo con el artículo 7, pidan la reparación de los daños causados a bienes de dominio público o del deterioro del medio ambiente, podrán reclamar la reparación que corresponda de acuerdo a las siguientes normas:

Artículo 11.- La responsabilidad civil regulada en ésta ley es compatible con las sanciones penales o administrativas que puedan imponerse por los mismo hechos causantes del daño o deterioro del medio ambiente de que se trate.

Artículo 12.- La responsabilidad civil derivada de un delito o falta administrativa, se regulará respecto de los daños o el deterioro del medio ambiente causados, por lo establecido en ésta ley.

Artículo 13.- La legitimación activa regulada en los artículos 6 y 7 incluye, en todo caso, la acción para exigir al responsable la adopción de las medidas necesarias que eviten en el futuro la continuación o la repetición del daño o del deterioro del medio ambiente, que podrán incluir la instalación de elementos que prevengan la causa del daño o del deterioro ambiental, la paralización temporal de la actividad dañosa y la clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones donde dicha actividad se desarrolla, con protección, en todo caso de los derechos de los trabajadores.

Artículo 14.- A los daños que por su menor significación puedan considerarse tolerables según los usos locales, solo se le podrán aplicar medidas preventivas para paralizar la causación del daño o deterioro, únicamente podrán consistir en la adopción de medidas de coste no desproporcionado en relación con los daños que se pretenden evitar. En ningún caso, las medidas provisionales consistirán en la paralización de la actividad o clausura de las instalaciones.

No se consideran tolerables aquellos daños que hubieren podido evitarse mediante la adopción de medidas preventivas de costo menor a los daños causados.

Artículo 15.- Las acciones de reparación de los daños y del deterioro causado al ambiente prescriben a los cinco años contados desde el día en que el accionante conoce, o puede conocer el daño o el deterioro causado al ambiente y su causante, y por consiguiente está en capacidad de ejercitar la acción.

No se entenderá conocido el daño o el deterioro del medio ambiente sino cuando se conocen, pueden conocerse, o es exigible que se conozcan todas las consecuencias principales que pueden derivarse de la acción y omisión generadora dela responsabilidad al tiempo en que una u otra tuvo lugar.

Artículo 16.- En todo caso, las acciones de reparación de los daños y del deterioro del medio ambiente reguladas en esta ley caducarán pasados veinticinco años desde el día en que tuvo lugar la acción u omisión causante del daño o del deterioro del ambiente.

Para el caso en que una única acción u omisión de carácter continuado, el periodo de veinticinco años empezará a correr desde el día en que la única acción hubiera cesado, o la acción omitida hubiera comenzado a desarrollarse.

Para el caso de acciones u omisiones de carácter continuado o sucesivo, el periodo de veinticinco años empezará a correr desde el día en que hubiera tenido lugar la última de dichas acciones u omisiones.

Artículo 17.- Serán competentes para conocer de las acciones derivadas de esta ley, a elección de quien ejercite la acción, los Juzgados de Distrito del lugar donde:

Artículo 19.- Las actividades señaladas en el inciso a) del artículo 2 quedará condicionada a que el solicitante otorgue garantía financiera suficiente a juicio del Instituto Nacional de Ecología para cubrir el riesgo de reparación de daños y de deterioro ambiental.

En el supuesto de actividades de producción y gestión de residuos peligrosos, la cobertura del riesgo deberá hacerse necesariamente mediante la constitución de un seguro de responsabilidad civil.

Transitorios

Primero.- El régimen de responsabilidad civil regulado en ésta ley sólo será aplicable a los supuestos en que el daño o deterioro causado al medio ambiente con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor.

Segundo.- Quienes estén desarrollando alguna de las actividades señaladas en el inciso a) del artículo 2 el día de la publicación de la ley, deberán cumplir las obligaciones de aseguramiento establecidas en el artículo diecinueve de la misma antes de su entrada en vigor.

Tercero.- Esta ley entrará en vigor sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes de octubre del 2000.

Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Jose Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado
 
 

DE REFORMAS A LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

Los suscritos, Diputados Federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; nos permitimos presentar por su conducto la siguiente:

Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal Preventiva y la Ley de Pesca.

Exposición de Motivos

La Administración Pública Federal es el instrumento del poder público que da sustento material a las instituciones políticas. Así, a cada etapa de la Historia patria ha correspondido una estructura orgánica adecuada a las necesidades y demandas de la población y a las prioridades nacionales. En este sentido, la Administración Pública Federal debe responder a estos retos, estructurándose de tal manera que convierta las leyes y los presupuestos en políticas públicas que den sustento material y legitimidad social al Gobierno.

A partir del 2 de julio, el pueblo mexicano ha transitado de una etapa de su historia a otra, más democrática y más libre, en la que la única garantía de estabilidad y progreso es la gobernabilidad democrática sustentada en el Estado Constitucional de Derecho. En este contexto, resulta claro que la Administración Pública Federal debe responder al reto de adecuar su estructura y funcionamiento a las nuevas y urgentes demandas sociales.

Del buen funcionamiento de la Administración Pública depende, en buena medida, la consolidación del sistema democrático. Por ello, los suscritos legisladores planteamos al Congreso la posibilidad de cambiar la estructura de nuestra Administración Pública Federal.

El mandato emitido por los mexicanos en la pasada elección federal se dio en un entorno complejo, lleno de retos y oportunidades. Por un lado, la brutal e injusta pobreza de millones de mexicanos, la destrucción del medio ambiente y la impunidad contra la que clama el pueblo de México; y por el otro, el fenómeno de la globalización, producto de los avances tecnológicos en la informática y las telecomunicaciones, así como las mutaciones en los procesos de creación de riqueza e intercambio comercial que generan una nueva sociedad global.

En este contexto, el nuevo gobierno federal tiene la enorme responsabilidad de convertir los retos en oportunidades y las oportunidades en beneficios sociales concretos. Para ello, cuenta esencialmente con las instituciones de la Administración Pública Federal.

Las instituciones son el espacio social en el que se deben procesar de manera pacífica los conflictos, las demandas y las aspiraciones sociales. Sin duda, las instituciones son el espacio legitimado para circular las ideas, los intereses y las demandas de todos los ciudadanos. Sin las instituciones, viviríamos en la anarquía y en la barbarie y la única salida de los conflictos sociales sería la violencia, que nos llevaría al embrutecimiento y la desintegración de la sociedad.

En esta lógica, es indispensable que las instituciones de la Administración Pública Federal sean lo suficientemente flexibles y elásticas para adecuarse a los tiempos y a los cambios.

México está viviendo un momento crucial de su historia. El anhelo democrático ha dado pasos cruciales para su institucionalización. Sin embargo, las instituciones del Estado no tienen una imagen óptima a los ojos de los ciudadanos, y, en algunos casos, han perdido legitimidad para resolver los conflictos, las demandas y las aspiraciones sociales.

Ante el sistema democrático al que ha accedido el pueblo de México, el gran reto del nuevo gobierno es evitar que el optimismo del pueblo se convierta en desesperanza.

En nuestro régimen constitucional, el Poder Ejecutivo es quien administra la mayor parte de los recursos del Estado. Es por ello que una parte muy importante de la responsabilidad de los cambios se encuentra bajo su cuidado directo. En este contexto, la Administración Pública Federal es el gran instrumento del Poder Ejecutivo de la Unión para implementar las medidas que produzcan los resultados que la sociedad está esperando.

En este sentido, si no ajustamos la estructura de la administración pública para que funcione eficaz y eficientemente a las condiciones que imponen los eventos mundiales y nacionales, corremos el riesgo de perder la batalla por la seguridad pública, la justicia y el desarrollo.

Sabemos, por otro lado, que la democracia se institucionaliza y se legitima cuando produce resultados al ciudadano común; cuando su actuación se refleja en el bienestar cotidiano del pueblo y en la igualdad frente a la ley.

Es menester decir a esta Soberanía que la iniciativa que se presenta es parte de un proceso integral de reestructuración de la Administración Pública Federal, cuyo contenido va desde la propia reforma estructural, pasando por los procesos de calidad, la mejora en la atención al ciudadano, la reingeniería de procesos estratégicos y la evaluación y compensación de los resultados.

Se pretende un gobierno estratégico e inteligente, que actúe donde su capacidad de promoción y regulación genere justicia y progreso y que no intervenga donde pueda entorpecer el desarrollo. Un gobierno que, utilizando los beneficios de la tecnología, pueda ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos con un sentido profundamente humano.

Secretaría de Gobernación y Secretaría de Seguridad Pública

En consonancia con lo anterior, las transformaciones propuestas al conjunto de atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a la Secretaría de Gobernación responden a la necesidad que enfrenta el país de renovar la forma en que el gobierno asume y desahoga, en el ámbito federal, responsabilidades en el ramo de la gobernación. Los ajustes que se proponen responden a una nueva concepción que considera las circunstancias actuales del país, misma que reclama, como parte fundamental, la democratización del ejercicio del poder público. De ser aprobadas las reformas propuestas en este ámbito, corresponderá al titular del Ejecutivo Federal ejercer la facultad que la ley le otorga de emitir el Reglamento Interior de la dependencia, para acompañar estas reformas legales con el correspondiente esquema de reorganización interna de la dependencia.

Consecuentemente, a partir de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que se someten a la consideración de esta Soberanía, es interés de Acción Nacional que tenga lugar un proceso de transformación de la Secretaría de Gobernación, de manera que ésta pase a ser un instrumento que dé soporte a la nueva gobernabilidad democrática de México.

En este propósito, resulta impostergable que la Administración Pública Federal, en general, y la Secretaría de Gobernación, en particular, concentren su actuar en la realización de las tareas propias de una gobernabilidad democrática e incluyente, que tiene su expresión en una sociedad plural, como la mexicana, en la construcción de consensos.

Como resultado de lo anterior, Acción Nacional concibe como una responsabilidad fundamental, que debe reflejarse en el ejercicio del conjunto de las atribuciones que la Ley Orgánica encomienda a la Secretaría de Gobernación, el uso del diálogo y la negociación como vías privilegiadas para alcanzar convergencias y acuerdos; la contribución al reestablecimiento del Estado de Derecho; la promoción de una interacción intensa entre los poderes federales; el impulso al trabajo permanente con autoridades de entidades federativas y municipios; el fomento a la participación ciudadana en la toma de decisiones; el transparentar las instituciones -para fortalecerlas, reglarlas y hacerlas funcionales-; el mantener una relación abierta y transparente del Ejecutivo con los medios de comunicación, y el promover el respeto al derecho a la información.

Para ello, resultará especialmente importante tomar en consideración una serie de factores que, necesariamente, incidirán en la actuación de la dependencia que tendrá la responsabilidad de promover el diálogo para alcanzar acuerdos, de cuidar la vigencia del Estado de Derecho.

En función de lo expresado hasta ahora, se pretende que la Secretaría de Gobernación pueda concentrar más su atención en aportar su contribución a la construcción de la gobernabilidad democrática del país, tanto mediante la construcción de acuerdos surgidos de la convergencia política, como de la aplicación de la ley, que permitan: sustentar la unidad nacional, preservar la cohesión social, fortalecer las instituciones de gobierno y, a la vez, dar impulso a la reforma del Estado mediante la promoción de una actitud que haga posible adaptar las instituciones políticas a la nueva circunstancia del país.

A la luz de la nueva misión y objetivos que se pretende guíen el trabajo de la Secretaría de Gobernación, actualmente existen funciones que no están directamente vinculadas a la tarea de la gobernabilidad democrática. En consecuencia, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional pone a consideración de este Honorable órgano legislativo la transferencia de las siguientes funciones a otros ramos de la Administración Pública Federal: la de reivindicación de la propiedad de la Nación; la de seguridad pública, que hoy desempeña la Subsecretaría de Seguridad Pública; y la de promover la producción cinematográfica, de radio, de televisión y editorial, así como administrar las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal:

* Reivindicación de la propiedad de la Nación

Estimamos que la función de reivindicar la propiedad de la Nación que hoy corresponde a la Secretaría de Gobernación debe ser responsabilidad de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, dado que ésta es la dependencia encargada de conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, de administrar los inmuebles de propiedad federal que no estén asignados a otra dependencia y de regular la adquisición y el destino de los inmuebles de la Administración.

* Seguridad Pública

La creación de esta nueva Secretaría persigue el objetivo fundamental a que debe aspirar todo gobierno democrático, esto es, garantizar el goce de las libertades fundamentales de todos los habitantes del país. Adicionalmente, considera innegable que durante las dos últimas décadas del siglo XX la mayor parte del mundo ha vivido un acelerado incremento de la violencia y la delincuencia. Estos fenómenos han crecido a la par de conflictos y rezagos políticos, económicos, sociales y culturales, presentes por igual, aunque en distinta magnitud, tanto en el mundo desarrollado, como en las naciones en desarrollo. Frente a todo ello, ha crecido el consenso internacional que reconoce las evidencias de que el modelo tradicional para enfrentar la inseguridad, la delincuencia y la violencia, basado principalmente en el control y la represión penal, es insuficiente y en algunos casos francamente inadecuado.

México no ha estado exento de los fenómenos descritos. Durante las últimas dos décadas, los mexicanos fuimos testigos de un incremento inédito de la delincuencia y de las manifestaciones violentas asociadas a la misma. Con ello, dos factores se hicieron evidentes; por un lado, la necesidad de replantear el concepto mismo de la política criminal, a efecto de rebasar sus límites meramente penales, para incorporar una visión más amplia que anteponga la atención social hacia las causas de la violencia y la delincuencia, sobre la atención penal con respecto a los efectos de las mismas; el segundo factor fue la urgencia de introducir a las instituciones de seguridad pública y justicia penal en un proceso de actualización, modernización y control, efectivamente adecuado no sólo a nuestro régimen constitucional de garantías, sino a la creciente demanda democratizadora de la sociedad mexicana.

En cuanto al segundo factor, la inexistencia de órganos responsables de la seguridad pública capaces de aportar esfuerzos eficientes y eficaces frente a la inseguridad y la violencia, a la par de la descomposición del tejido social provocada por las mismas, obligó al Estado Mexicano a abrir las puertas hacia la transformación integral y progresiva de dichos órganos, así como a crear nuevas herramientas que permitieran avanzar de manera más efectiva hacia la plena independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. En los dos casos, los avances han sido significativos, pero a todas luces insuficientes.

De manera específica, en cuanto a lo primero, destaca la instalación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora sostenemos que los mayores esfuerzos de cada uno de sus integrantes deben encaminarse a lograr la adecuación de los instrumentos de operación de tal sistema, desde luego en un plano federalista de respeto, concierto y corresponsabilidad.

El Poder Ejecutivo Federal es precisamente una de las partes que debe aportar sus mejores esfuerzos y los mayores recursos posibles, para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública sea el conducto natural a través del cual se consolide la modernización de las instituciones responsables de esta función pública, siempre en el marco del Estado democrático y de derecho.

En efecto, el Ejecutivo Federal ha desarrollado de manera reciente esfuerzos inéditos en materia de seguridad pública, entre los cuales destaca la iniciativa para crear la Policía Federal Preventiva, misma que fue sometida a la consideración del Congreso de la Unión, donde se lograron los consensos necesarios a favor de su creación sobre bases legislativas. Pero éste y otros órganos encargados de la función policial federal aún presentan resultados y desarrollo insuficientes, o incluso franca marginación del Estado de Derecho, entre otras razones porque las instituciones policiales fueron, hasta hace muy poco, excluidas históricamente de la modernización del Estado.

En anteriores circunstancias históricas, la superposición de las agendas política y de seguridad pública en el marco de atribuciones de la Secretaría de Gobernación, no fue objeto de mayores cuestionamientos. Hoy en día, sin embargo, los fenómenos sociales que tienen que ver con el delito son mucho más profundos, complejos y diversos, motivo por el cual el Ejecutivo Federal debe incorporar la atención hacia los mismos, bajo los criterios de una política criminal de prevención del delito, altamente especializada, diseñada y ejecutada al margen de consideraciones de oportunidad política.

Es así como se propone crear la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que el Poder Ejecutivo integre, ordene y ejerza la política criminal federal, mediante una sola estructura orgánica, sumando todos los esfuerzos y recursos destinados a atender estas atribuciones, de manera tal que el ejercicio de las mismas se soporte en criterios de atención especializada, profesionalismo, incorporando instrumentos científicos y técnicos idóneos, favoreciendo la prevención del delito sobre la represión y dando prioridad a la participación ciudadana, todo lo anterior en estricto apego al Estado democrático y de derecho por el cual los mexicanos nos hemos inclinado.

Es responsabilidad de la Secretaría aquí propuesta desarrollar las políticas de seguridad pública, así como diseñar y ejecutar la política criminal en el ámbito federal, de manera tal que garantice la efectiva prevención del delito.

Por tanto, la conducción de las acciones para la prevención de los delitos federales por parte del Ejecutivo Federal será competencia exclusiva de la Secretaría, con lo que se clarifica la distribución de funciones de las diversas instituciones de gobierno que atienden el fenómeno delictivo, corrigiendo así la confusión que en ocasiones priva con relación a las actividades de investigación y persecución de los delitos.

Debido a la atribución conferida a la Secretaría para instrumentar la política en seguridad pública, es necesaria su opinión para concretar propuestas técnicamente válidas y ordenar los esfuerzos de las instituciones que atienden el fenómeno delictivo, con pleno respeto a su ámbito de competencia y al ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

Uno de los aspectos que permitirán avances sustanciales en la seguridad pública es la orientación integradora en la búsqueda de soluciones, hecho que dará paso a la concentración de esfuerzos sobre la base de la adecuada división del trabajo, sustituyendo así la reiterada inclinación de atender todos a la vez y bajo su propia óptica la inseguridad, la delincuencia y los fenómenos asociados a las mismas.

Como se ha venido explicando, la distinción orgánica entre la agenda política y la de seguridad pública supone que las funciones en esta materia que hasta el momento han sido atribución de la Secretaría de Gobernación, se trasladan a la Secretaría que se propone crear, ya que ésta será la responsable de diseñar la política criminal del gobierno federal. Es así como resulta lógico que la representación del Ejecutivo Federal en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la presidencia de su consejo, recaiga en el titular de la Secretaría de Seguridad.

En la misma lógica, se propone que el Secretario de Seguridad Pública tenga la facultad de designar al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta reforma nos parece imprescindible para asegurar que la Secretaría y el Sistema de Seguridad Pública estén unificados bajo un mismo mando y dirigidos con criterios estrictamente técnicos, ajenos a las circunstancias propias del ambiente político.

En este sentido, se establece la facultad de proponer en el Consejo Nacional de Seguridad Pública todo aquello que permita una adecuada coordinación en todo el territorio nacional, con respecto a la competencia de la Secretaría, como soporte integrador de una política nacional, pero siempre con respeto al ámbito de atribuciones de los estados, municipios y el Distrito Federal en materia de seguridad pública. La Secretaría aportará propuestas de políticas, programas y acciones a través de los cuales se avance con mayor celeridad hacía la suma armónica de los recursos y esfuerzos de cada orden de gobierno, aprovechando el conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Todas las instituciones, recursos y esfuerzos mediante los cuales se lleva a cabo la función policial federal preventiva serán concentrados en esta Secretaría en la estructura de la Policía Federal Preventiva. Ninguna otra dependencia del Poder Ejecutivo Federal ejercerá por sí misma funciones de policía preventiva, sino que, cuando por la naturaleza de sus actividades sea necesaria la presencia de representantes de la autoridad para prevenir la comisión de delitos, recibirán el auxilio de la Policía Federal Preventiva, la cual, en obvia congruencia, dependerá de la Secretaría que aquí se propone. Sobre este particular se abundará más adelante.

Una sola policía federal preventiva permitirá congruencia e integración de recursos y esfuerzos y evitará, por tanto, duplicidades, dispersión e ineficiencias. Esta policía realizará actividades exclusivamente circunscritas a la prevención del delito y, sólo a petición expresa del Ministerio Público de la Federación y, en su caso, de otras autoridades competentes, llevará a cabo actividades de auxilio hacia las mismas.

Es importante insistir que la Policía Federal Preventiva será, bajo la estructura de esta Secretaría, un instrumento, entre otros, integrado al diseño y ejecución de una política integral de prevención del delito, que habrá de involucrar de manera prioritaria acciones de orden social, con lo cual se dejará atrás la idea de que dicha prevención sólo es responsabilidad de la policía y el sistema de justicia penal.

Desde luego, será esta Secretaría la institución donde se llevará a cabo la inteligencia policial para la prevención del delito. Es evidente que esta actividad ha sido en incontables ocasiones motivo de descrédito por parte de la sociedad. Por tanto, se hará una revisión minuciosa de la misma y se establecerán normas y procedimientos que garanticen el estricto apego a los derechos humanos en las tareas de recopilación, análisis y procesamiento de información para la prevención de delitos. En congruencia con los anteriores argumentos, si bien las labores de inteligencia ofrecerán información relevante tanto para la prevención, como para la investigación y persecución de delitos, en ningún caso involucrará actividades que la Constitución confiere exclusivamente al ministerio público.

La anterior administración creó la Policía Federal Preventiva, a efecto de unificar en la misma a todas las instituciones policiales responsables de prevenir las faltas administrativas y los delitos de orden federal. Al no existir una dependencia federal responsable exclusivamente de la seguridad pública, la Policía Federal Preventiva fue ubicada bajo la autoridad de la Secretaría de Gobernación. Con la creación de la Secretaría que aquí se propone y el traslado hacia la misma de dicha policía, la función policial federal obedecerá a directrices exclusivamente acordes a las necesidades profesionales y técnicas de este servicio público.

La función policial federal quedará orgánicamente desvinculada de la dependencia responsable de conducir la política interior, con lo cual se cerrará el paso a la tendencia histórica de sujetar el desempeño de la policía a necesidades y coyunturas de orden político.

La neutralización política de la función policial federal garantizará la eficacia de los principios constitucionales de actuación policial, es decir: legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; principios que obligan a hacer de la función policial federal un proyecto de vida, cuyo desarrollo estará regulado en un servicio civil de carrera de alta especialización, administrado por esta Secretaría.

No se puede pensar en policías profesionales a quienes no se les asegure el respeto a sus derechos y dignidad. La Secretaría garantizará, de igual manera, el cumplimiento inexcusable de las obligaciones de los miembros de la Policía Federal Preventiva, y la satisfacción de sus derechos y expectativas. Se destinarán los mayores recursos posibles para que cada policía federal encuentre en su actividad, un sistema de prestaciones acorde a los riesgos inherentes a su responsabilidad.

Tradicionalmente, la autorización para la portación de armas de fuego ha sido atribución de la Secretaría de la Defensa Nacional; sin embargo, cuando dicha autorización se otorga a empleados e instituciones policiales federales, también participa la Secretaría de Gobernación, en correspondencia a su ámbito de competencia en materia de seguridad pública. Las características propuestas para la Secretaría de Seguridad Pública conllevan la necesidad de que sea ésta la que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, asuma la facultad de autorización antes descrita.

Con el traslado de las funciones que en materia de seguridad pública actualmente ejerce la Secretaría de Gobernación, es indispensable hacer lo propio con la correspondiente a las autorizaciones y supervisión de las empresas que prestan servicios privados de seguridad en dos o más entidades federativas.

En otro orden de ideas, la iniciativa que se presenta busca establecer nuevas bases orgánicas para el ejercicio de las funciones que en materia de justicia de menores y penitenciaria tiene encomendadas el Ejecutivo Federal, en el entendido de que las facultades actualmente desempeñadas en estas materias por la Secretaría de Gobernación, entre ellas, las de administrar, construir, vigilar y dar mantenimiento a los establecimientos federales, así como a la celebración de convenios de coordinación con las entidades federativas y el Distrito Federal, no corresponden con el carácter eminentemente político de las actividades que dicha dependencia debe ejercer, sino que, por el contrario, guardan estrecha vinculación con la actividad jurisdiccional de la autoridad judicial. La ejecución de las sanciones penales para adultos y las medidas para menores consiste, en efecto, en una actividad que la administración realiza en auxilio de la justicia penal, de ahí la necesidad de apartarla de las interferencias de la actividad política del Ejecutivo y limitarla a la aplicación, individualización y materialización de normas jurídicas y decisiones judiciales.

La iniciativa propone la adscripción a la Secretaría de Seguridad Pública de las unidades administrativas encargadas de las labores de planeación, organización y gestión, de las tareas de construcción, adquisición, mantenimiento y administración de los establecimientos carcelarios federales, así como de la conducción de las acciones de coordinación en la materia con los distintos niveles de gobierno.

Asimismo, el hecho de adscribir las facultades que actualmente tiene la Secretaría de Gobernación en materia de menores infractores permitirá dar cabal cumplimiento a los compromisos internacionales que tiene nuestro país en esta materia.

El carácter técnico de la nueva dependencia, ajeno a las vicisitudes, tiempos y prioridades de la actividad política, permitirá fortalecer y profesionalizar el servicio penitenciario y, con ello, llevar a cabo los ajustes que reclama el complejo carcelario del país, entre los que destaca la necesidad de aliviar a las entidades federativas y al Distrito Federal de la carga financiera que ocasiona la indebida transferencia de las responsabilidades de la Federación en relación con los internos del fuero federal alojados en establecimientos de carácter local.

Con la transferencia a la propuesta Secretaría de Seguridad Pública, de las funciones vinculadas a ese ámbito, hoy a cargo de la Secretaría de Gobernación, ésta vería fortalecida su capacidad para prestar singular atención al desempeño de otras funciones relevantes a su cargo, como la de fungir como conducto institucional del Ejecutivo para la comunicación con los otros poderes y con los órganos constitucionales autónomos.

Nuestra constitución otorga al Ejecutivo Federal una participación limitada en el proceso legislativo. En su derecho de iniciativa y en la facultad que tiene de vetar, con las limitaciones que la ley fundamental le impone las decisiones del legislativo. De ahí la importancia del diálogo y de la cooperación entre ambos poderes, diálogo en que la Secretaría de Gobernación tiene una participación medular.

* Administración de las estaciones de radio y televisión del Ejecutivo Federal.

De modo semejante, la coordinación y administración de las estaciones de radio y televisión del Ejecutivo Federal debe dejar de ser atribución de la Secretaría de Gobernación y corresponder a la Secretaría de Educación Pública. De igual modo, se propone transferir a esta Secretaría la facultad de promover la producción de cine, radio, televisión e industria editorial. La agencia de noticias "Notimex" se mantiene en la Secretaría de Gobernación, cumpliendo las funciones que actualmente realiza.

Por otro lado y por razones de técnica legislativa, la iniciativa propone una nueva redacción del artículo 27 de la mencionada Ley, bajo nuevos y criterios y un concepto democrático del ejercicio del poder público.

Las labores propias del Poder Ejecutivo exigen mantener una comunicación expedita y permanente con las instancias creadas por la Constitución para fungir como vías de articulación y representación de la voluntad de los ciudadanos organizados para participar en política: los partidos y las agrupaciones políticas. La nueva redacción del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal busca, entre otros propósitos, explicitar el servicio que la Secretaría de Gobernación debe brindar al titular del Ejecutivo Federal en la gestión y ejecución cotidiana de los enlaces con partidos y agrupaciones políticos. Las ideas, principios, programas y plataformas de los partidos se hacen presentes en los órganos de gobierno con los que el Poder Ejecutivo Federal debe interactuar, en los tres órdenes de gobierno, en el ejercicio de las responsabilidades que le encomienda la Constitución. De ahí la importancia de esta función que la Secretaría de Gobernación viene ya desempeñando y que se propone explicitar en ley, de la misma forma que su función de fungir como vínculo del Ejecutivo Federal con organizaciones sociales para abordar asuntos políticos.

El fomento de la participación ciudadana y de una cultura política democrática que se extienda a las autoridades, a los ciudadanos y a las instituciones sociales, es otra importante tarea que a la Secretaría de Gobernación corresponde cumplir. La gobernabilidad democrática encuentra uno de sus sustentos fundamentales en la presencia en estos sujetos de valores, inclinaciones, conocimientos y destrezas funcionales a ella. El proceso de toma de decisiones en una democracia se busca enriquecer mediante la participación activa de los ciudadanos. En los ciudadanos radica un enorme potencial que los mexicanos no debemos desperdiciar.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

La iniciativa plantea transferir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación -antes, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural- las facultades que se tenían encomendadas en materia de pesca a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, cuya denominación se propone cambiar a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

No se trata de una transferencia absoluta, pues algunas de las facultades que actualmente contiene la Ley de Pesca corresponden fundamentalmente al amparo y la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Por ello, se propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conserve las facultades de inspección, sanciones y sustanciación de recursos en materia de equilibrio ecológico contempladas en las fracciones I, V y VI del artículo 3º de la Ley de Pesca. Secretaría de Desarrollo Social

Proponemos que esta Secretaría cambie su denominación a Secretaría de Desarrollo Humano, transformando una visión asistencialista y marginal del desarrollo de la persona para buscar mediante la promoción de sus capacidades su pleno desarrollo como individuo. Indudablemente, se considera a la persona humana en su doble aspecto: en su desarrollo individual y en su desarrollo social, entendiendo que el medio ambiente y social que rodea a la persona humana, tiene impacto decisivo en su desarrollo individual.

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

En la iniciativa planteamos el cambio de denominación de esta dependencia por el de Secretaría de Economía. La nueva denominación pretende comprender el impulso que a los ámbitos del desarrollo industrial y del comercio exterior debe dar el Gobierno de la República. Se estima que en la terminología empleada en el cambio de denominación, se comprenda hasta donde es posible, exhaustivamente las actividades que en estos dos renglones realiza el país. El deterioro de la micro y mediana empresa es un hecho que no amerita prueba, pues es por todos conocido. El país requiere, con urgencia, el fortalecimiento de la micro, mediana y pequeña empresa industrial y comercial. En este sentido, la creación y multiplicación de cadenas de estas unidades económicas es el gran reto que tendrá la nueva Secretaría de Economía. Por lo anterior, se explica la transferencia de la actual facultad que tiene la Secretaría de Desarrollo Social en la fracción X del artículo 32 de la ley que se modifica, a la Secretaría de Economía.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a la consideración del H. Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION, DE LA LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA LEY DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA Y DE LA LEY DE PESCA.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 8°, 26, 27, el encabezado y las fracciones X, XIII y XVI del artículo 32, el encabezado y las fracciones XIII, XX, XXV, XXIX, XXXII y XXXVI del artículo 32 bis, el encabezado y las fracciones IX, XI y XV del artículo 34, el encabezado y las fracciones XII, XIX, XX y XXI del artículo 35, la fracción III del artículo 40, la fracción X del artículo 41 y las fracciones II y IX del artículo 42; se adiciona el artículo 30 bis, una fracción X bis al artículo 34, las fracciones XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI al artículo 35, una fracción XXIV bis al artículo 37 y una fracción XXX bis al artículo 38; y se deroga la fracción VIII del artículo 32 y las fracciones XXXIII, XXXIV, XXXVII y XXXVIII del artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; para quedar como sigue:

Artículo 8o. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos contará con las unidades de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación que el propio ejecutivo determine, en los términos de los acuerdos y órdenes que emita y de conformidad con el presupuesto asignado a la Presidencia de la República.

Artículo 26. .......

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Secretaría de Seguridad Pública

Secretaría de Desarrollo Humano

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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Secretaría de Economía

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

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Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Artículo 10..............

Artículo 12. ...........

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Artículo 52. Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; deberán obtener autorización previa de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios sólo en el territorio de una entidad. Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones.

ARTICULO CUARTO. Se reforma el artículo 2 de la Ley Federal de la Policía Preventiva, para quedar como sigue:

Artículo 2. La Policía Federal Preventiva dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular tendrá la facultad de nombrar y remover a un Comisionado, quien tendrá el más alto rango en dicha Policía y ejercerá sobre ésta atribuciones de mando, dirección y disciplina.

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Transitorios

ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- El personal, las plazas, asignaciones presupuestales, archivos y expedientes y demás recursos materiales con que cuenten las entidades cuyas funciones se transfieren por virtud de este decreto a otras Secretarías de Despacho, pasarán a formar parte de éstas. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley.

ARTICULO TERCERO.- Los asuntos que con motivo de este decreto, deban pasar de una Secretaría a otra, permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado hasta que las unidades administrativas que los despachen se incorporen a la dependencia que señale el mismo, a excepción de aquellos urgentes o sujetos a término.

ARTICULO CUARTO.- Cuando en este decreto se dé una denominación nueva o distinta a alguna dependencia cuyas funciones estén establecidas por ley anterior, dichas atribuciones se entenderán concedidas a la dependencia que determine el mismo.

ARTICULO QUINTO.- Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, asuman tales funciones.

ARTICULO SEXTO.- El Presidente de la República deberá expedir el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, así como realizar las adecuaciones correspondientes a los reglamentos interiores de las Secretarías, en un plazo no mayor de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

ARTICULO SEPTIMO.- Cuando en la Ley de Pesca se mencione a la desaparecida Secretaría de Pesca, deberá entenderse como Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

ARTICULO OCTAVO.- Las facultades contenidas en las fracciones I, V y VI del artículo 3º de la Ley de Pesca, se confieren a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo, por lo que se refiere únicamente al ejercicio de las facultades anteriores, se confiere a la citada Secretaría las facultades contenidas en los capítulos cuarto y quinto de la Ley de Pesca.

ARTICULO NOVENO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Diputados: Roberto Aguirre Solís, Alejandro Zapata Perogordo, Manuel Espino Barrientos, Benjamín Avila Márquez, Gustavo Buenrostro Díaz, Néstor Villarreal Castro, José Guillermo Anaya Llamas, Armando Salinas Torre, Silvia A. López Escoffie, Vicente Pacheco Castañeda, Lionel Funes Díaz, Francisco Salvador López Brito, Adrián Rivera Pérez, Lucio Fernández González, José César Nava Vázquez, Eduardo Rivera Pérez, Juan Carlos Pallares Bueno (rúbricas).
 
 

C. Presidente de la H. Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión
PRESENTE

Los suscritos diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, De la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se califique de urgente resolución por esta Cámara de Diputados el siguiente: Acuerdo

Consideraciones

El pasado martes 12 de septiembre, una serie de explosiones sorprendieron a los habitantes de la ciudad de Salamanca en Guanajuato, seguida de una nube tóxica de aproximadamente de 5 kilómetros que obligó a las autoridades a evacuar a poco más de mil habitantes de la zona. Como resultado de este evento 213 personas resultaron intoxicadas y 36 tuvieron que ser hospitalizadas.

La empresa responsable del incidente se denomina Tekchem y opera en el lugar desde hace nueve años, originalmente bajo las siglas de FERTIMEX.

Después del incidente ocurrido en Salamanca, el Pleno de esta Asamblea tuvo conocimiento del caso a partir de los posicionamientos que fijaron al respecto los diferentes grupos parlamentarios, los cuales coincidieron unánimemente en la necesidad de dar seguimiento a tan delicado asunto.

Fue así que un grupo de diputados nos dimos a la tarea de gestionar ante las autoridades competentes, la legítima demanda de los habitantes de Salamanca para que se dieran garantías de una operación transparente y segura de la empresa Tekchem. De esta manera el día 27 de septiembre los legisladores acudimos a una reunión del Comité Técnico que se conformó en la ciudad de Salamanca. Ahí fuimos enterados de la situación que prevalece en la empresa y las consecuencias derivadas del lamentable incidente.

Posteriormente en reunión con el Procurador Federal de Protección al Ambiente, celebrada el 11 de octubre pasado, se acordó, con el fin de conocer los detalles del Fideicomiso destinado a la remediación del pasivo ambiental de la citada empresa, realizar una reunión con los responsables de dicho Fideicomiso. Ya que una las mayores preocupaciones está la que se refiere al pasivo ambiental de la empresa, es decir, a la existencia de miles de toneladas de desechos peligrosos, que no han sido tratados a pesar de que existe el Presupuesto para llevar a cabo estas acciones.

Esta reunión concertada con el Fideicomiso, no se ha llevado a cabo, pues en dos ocasiones han sido canceladas de manera unilateral las reuniones para que se informara a esta Soberanía la situación en que opera dicha planta y la disposición del dinero destinado para la limpieza de los desechos peligrosos, sin que medie explicación alguna.

Las reuniones a las que han sido convocadas las autoridades competentes, no se han llevado a cabo principalmente por la cancelación del personal del Poder Ejecutivo a las mismas; por lo que, es preocupante que un asunto en el que se arriesga la vida y salud de miles de personas en una población de nuestro país, no se le de la importancia necesaria por parte de los encargados de velar por la seguridad de los mexicanos en estos asuntos.

De lo anterior, pareciera que con la actitud demostrada por los funcionarios del Gobierno del Presidente Zedillo, ya no existe dentro de sus responsabilidades tiempo suficiente para resolver las inquietudes del pueblo de México, antes de concluir el encargo de sus oficinas el 30 de noviembre.

No ha sido esta la única ocasión en que los funcionarios de la dependencia han mostrado desinterés en atender las solicitudes de los ciudadanos diputados. En el caso particular de la termoeléctrica de Tamuín, también ha habido una falta de atención hacia esta representación popular.

Por todo lo anterior y ante la urgencia de resolver un problema que pone en riesgo la seguridad y salud públicas es primordial que esta Soberanía conozca en detalle la actuación de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca; y en especial del Fideicomiso que para tales efectos fue creado. Así, los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México sometemos a la consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se mandata a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta Cámara de Diputados, para que requieran la presencia ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de diputados; de la C. Secretaria del Medio Ambiente, M. en C. Julia Carabias Lillo; del Presidente del Instituto Nacional de Ecología, C. Enrique Provencio Durazo; del Procurador Federal de Protección al Ambiente, C. Antonio Azuela de la Cueva; y de los integrantes del Fideicomiso para la Remediación del Pasivo Ambiental de la Empresa Tekchem, S.A.; en términos de lo que establece el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 45 numeral 4° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 09 días del mes de noviembre del 2000.

Diputados: Miguel Angel Gutiérrez Machado (PAN), Jesús Garibay García (PRD), Diego Cobo Terrazas (PVEM) rúbrica, Juan Carlos Alcocer Flores (PAN).
 
 

DEL SENADO DE LA REPUBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES CONFERIDAS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
PRESENTES

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Eduardo José Danielewicz Mata, Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Gabriel García Rincón, Teniente Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Luis Cresencio Sandoval González y Embajadora María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 7 de noviembre de 2000.

Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
 

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Eduardo José Danielewicz Mata, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Gabriel García Rincón, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Luis Cresencio Sandoval González, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Embajadora María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Argentina.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 7 de noviembre de 2000.

Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente

Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
 
 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:30 horas del día 12 de octubre de 2000, en el salón "D" del Restaurante Los Cristales que se ubica en la Cámara de Diputados, se reunieron previa convocatoria del presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputado Héctor Sánchez López, los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas (Dip?s.: Héctor Sánchez López, Presidente; José Feliciano Moo y Can, Secretario; Pablo de Jesús Arnaud Carreño, Secretario; Nicolás Lorenzo Álvarez Martínez, Nelly Campos Quiroz, Nicasia García Domínguez, Santiago Guerrero Gutiérrez, José María Guillén Torres, Francisco Ezequiel Jurado Contreras, Celia Martínez Bárcenas, Hermilo Monroy Pérez, José Melitón Morales Sánchez, Carlos Raymundo Toledo, Francisco Ríos Alarcón, Luis Miguel Santibáñez García, Samuel Yoselvitz Fraustro, Beatriz Grande López y Manuel Orozco García) con el fin de instalar la Comisión de Asuntos Indígenas de la LVIII legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; bajo el siguiente Orden del Día.

En el punto 2, se pasó a la presentación de cada uno de los integrantes de dicha Comisión, como de los de la Mesa Directiva.

En el punto 3, el presidente hizo la declaratoria formal de la Comisión. por lo que solicitó a las y los diputados ponerse de pie y declarar en voz alta " Con fundamento en lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en sus Artículos 39, 40, 43 y 44 y demás aplicables, declaro formalmente instalada la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, comprometiéndonos a velar en todo momento porque se respete la Constitución Política, la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como cumplir con las ciudadanas y ciudadanos que nos otorgaron su confianza, para poder representarlos en todas nuestras tareas legislativas y en particular por el respeto de los derechos y cultura de los pueblos indios.

En el punto 4, el presidente de la Comisión hizo uso de la palabra para dar un mensaje; " en el que destacó que la Comisión tiene una gran responsabilidad en virtud de que ningún partido es mayoría y que ahora será un nuevo gobierno, que hizo compromisos públicos y abiertos a la sociedad mexicana, de buscar la solución inmediata del problema de los pueblos indígenas. Señaló también que las soluciones de los problemas tienen que resolverse de manera conjunta, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estableció que la Comisión no buscará la confrontación sino los consensos, la unidad, que permita trabajar en equipo. Por otro lado, señaló que el presidente electo Vicente Fox, ha señalado que es importante crear una Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por lo que habló de la necesidad de tomarle la palabra para que un Consejo pueda ser un espacio en el que los indígenas del país puedan proponer, discutir, analizar y decidir los programas de gobierno. Es decir, concretar la acción de los indígenas en su desarrollo.

Propuso por último dos tareas; una comisión para presentar propuestas en torno al trabajo de la Institución propuesta por el presidente y la otra, una propuesta de presupuesto para el Presupuesto Federal del 2001.

Posteriormente hicieron uso de la palabra los diputados: Pablo Arnaud del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión, quien señaló que este es un momento esperanzador que tenemos todos los mexicanos para revertir la política en contra de los grupos minoritarios, en contra de los grupos vulnerables; lo que se va ha hacer en la medida en que nosotros vayamos revirtiendo o que nosotros vayamos tomando en cuenta a la persona, al ser humano. Es urgente que se tome en cuenta precisamente la cultura y los derechos de los pueblos indígenas que están basados en la costumbre, en los usos, es decir, el derecho consuetudinario. Estableció que sean los grupos indígenas los protagonistas de este próximo gobierno y entonces sí tendremos un país más unido con esperanzas de que se termine esta vergonzosa etapa de nuestra vida".

Posteriormente hizo uso de la palabra el diputado Carlos Raymundo Toledo del Partido Acción Nacional, quien señaló que se tendría que ver la posibilidad del acercamiento con Xóchitl Gálvez, que es la encargada del equipo de transición para asuntos indígenas.

Solicitó el uso de la palabra el diputado Hermilo Monroy del Partido Revolucionario Institucional, quien manifestó su voluntad para trabajar y colaborar por las zonas indígenas del país, ya que en su distrito, hay una importante presencia indígena.

Solicitó el uso de la palabra el diputado Nicolás Lorenzo del Partido Revolucionario Institucional, quien señaló que es originario de Chiapas, de origen tzotzil y pidió que ahora sí se tome en cuenta a los indígenas.

Tomó la palabra el diputado Santiago Guerrero del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar que la Mesa estableciera el día de reunión de esta Comisión, petición que fue turnada al punto de Asuntos Generales.

La diputada Celia Martínez del Partido Revolucionario Institucional, señaló que proviene de un distrito con presencia indígena ñañú y habló de la necesidad de defender los derechos indígenas, sobre todo de la mujer indígena que lamentablemente es la más pobre de las pobres; que es muy importante que se puedan programar proyectos que ayuden al desarrollo y a la integración de la mujer campesina, independientemente de que se velará por los derechos de hombres y mujeres. Mostró su disposición de participar con seriedad y responsabilidad en esta Comisión.

Solicito el uso de la palabra la diputada Nicasia García Domínguez del Partido Verde Ecologista de México, quien se refirió al gusto de que en la Comisión se encuentren diputados indígenas de distintas lenguas y diferentes estados del país. Señaló que estaba orgullosa de participar en la Comisión y que es momento de que ya sean escuchados nuestros hermanos indígenas que han estado en la marginación por tantos años y en el abandono. Planteó que se haga realidad que los indígenas del país tengan los mismos derechos que cualquier ser humano, pues todos somos iguales.

Para referirse a otro punto tomó la palabra el presidente de la Comisión en relación a la integración de las comisiones de trabajo que se habían propuesto; se propuso integrar cuatro: la de recepción de la Comisión, que estaría integrada por la Mesa Directiva; la comisión de enlace con la responsable de asuntos indígenas del presidente electo Vicente Fox, la lic. Xochitl Gálvez, en la que quedó como responsable el diputado Feliciano Moo y Can; la comisión para la realización de Foros y Reuniones con Grupos Indígenas, cuyo responsable es el diputado Pablo Arnaud Carreño y la Comisión de elaboración del Plan de Trabajo y Presupuesto, que quedo presidida por los diputados Bonifacio Castillo Cruz y Cándido Coheto Martínez.

Se pasó a la integración de las comisiones de trabajo quedando integradas de la siguiente forma:

Comisión de Enlace con la responsable de asuntos indígenas del presidente electo:

Diputados: Carlos Raymundo Toledo; Beatriz Grande López; Nelly Campos; Celia Martínez; Griselda Ramírez; Nicolás Lorenzo; Nicasia García y Melitón Morales.

Comisión de Foros y Reuniones con Grupos y Organizaciones Indígenas:

Diputados: Gumersindo Alvarez; Luis Miguel Santibáñez; Roger González Herrera; Manuel Orozco; Santiago Guerrero; Santiago López Hernández; José María Guillén Torres y Francisco Jurado.

Comisión de Plan de Trabajo y Presupuesto; los responsables serían los diputados Cándido Coheto y Bonifacio Castillo Cruz, a quienes se les notificaría que por acuerdo de la Comisión se determinó que ellos serían los responsables.

Después de la integración se pasó a determinar el día y la hora de la reunión de esta Comisión, se determinó por unanimidad que sería el primer miércoles de cada mes a las 13:00 horas; se determinó también que las reuniones extraordinarias se convocarían con 48 horas de anticipación a través de la Mesa Directiva.

Por último, se pasó al punto 5, de Asuntos Generales; aquí el diputado presidente dio a conocer una invitación para participar en el Encuentro Continental de Lenguas Indígenas y Afrocaribeñas de América, convocada por el Instituto para la Cultura y las Artes del Estado de Quinta Roo; se propusieron para asistir a este evento los diputados Gumersindo Alvarez y Samuel Yoselevitz Fraustro; el presidente giró instrucciones al Lic. Raúl Toledo Dehesa, secretario técnico de la Comisión para realizar los trámites correspondientes.

Sin otro asunto que atender se dio por terminada la sesión a las 11: 35 horas.

Presidente
Héctor Sánchez López (rúbrica)

Secretario
Dip. Pablo Arnaud Carreño (rúbrica)

Secretario
José Feliciano Moo y Can (rúbrica)

Secretario
Cándido Coheto Martínez (rúbrica)

Secretario
Bonifacio Castillo Cruz
 
 

DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL*

A su reunión de trabajo, el jueves 9 de noviembre, a las 8:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Pase de lista.
2. Relación de los asuntos pendientes de la Comisión.
3. Turno de los asuntos a las subcomisiones.
4. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente

* Se pospone para el jueves 16 de noviembre, con el mismo orden del día, en lugar por designar.
 
 
 

DE LA COMISION DE TRANSPORTES

A su reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el jueves 9 de noviembre, a las 8:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

En dicha reunión se tratará el tema: Ferrocarril y Transporte Multimodal.

Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE ENERGIA

A su primera reunión de trabajo, el jueves 9 de noviembre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión de instalación de la Comisión de Energía.
3. Proyecto del programa de trabajo de la Comisión de Energía, 2000-2003.
4. Resolución de asuntos de la LVII Legislatura.
5. Asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
6. Integración de los grupos de trabajo de la Comisión.
7. Correspondencia.

Atentamente
Dip. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

A la reunión de su Junta Directiva, el jueves 9 de noviembre, a las 9 horas, en el salón de usos múltiples del segundo nivel del edificio D.

Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A su reunión plenaria, el jueves 9 de noviembre, a las 16 horas, en el salón Libertadores.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión del pleno, que tuvo lugar el martes 31 de octubre próximo pasado. (Dispensa de lectura por envío previo del acta. Votación)
3. Entrega a las y los integrantes de la Comisión, de un estudio comparativo sobre las iniciativas de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y de Ley del Instituto Nacional de la Mujer, turnadas por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el 24 de octubre del año 2000, a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y dictamen correspondientes.
4. Entrega a las y los asistentes, de un documento que relaciona los expedientes y acervo bibliográfico y documental que obra en la Comisión de Equidad y Género y, en su caso, de los asuntos pendientes de la misma, que fueron entregados por las y los integrantes de la Comisión que precedieron a la actual LVIII Legislatura.
5. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE TURISMO

A su reunión de trabajo, el jueves 9 de noviembre, a las 18 horas, en el salón de usos múltiples, ubicado en la planta baja del edificio D.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de instalación de la Comisión.
3. Información de las proposiciones con Punto de Acuerdo turnadas a la Comisión.
4. Presentación de temas prioritarios para elaborar la agenda de trabajo, por parte de los grupos parlamentarios representados en la Comisión.
5. Propuesta de subcomisiones y su integración.
6. Propuesta de agenda de sesiones de la Comisión.
7. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Ernesto Rodríguez Escalona
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA

A su primera reunión de trabajo para la revisión de la Cuenta Pública de 1999, el martes 14 de noviembre, a las 17 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Luis Alberto Pazos de la Torre
Presidente
 

DE LA COMISION DE COMUNICACIONES

A su reunión de trabajo, el martes 14 de noviembre, a las 18 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de instalación de laComisión.
3. Información de los asuntos turnados por el Pleno a la Comisión.
4. Propuesta de programa de trabajo de la Comisión.
5. Propuesta de calendario de reuniones mensuales de la Comisión.
6. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Jesús Orozco Alfaro
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

A su segunda reunión ordinaria de trabajo, el jueves 16 de noviembre, a las 8:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
Presidente