Gaceta Parlamentaria, año III, número 623, miércoles 1 de noviembre de 2000
El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno la iniciativa de reformas a la Ley de Amparo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La institución del amparo constituye uno de nuestros más claros instrumentos jurídicos donde se coloca a la ley como un medio de protección al individuo y no como erróneamente hay quien la concibe, como un mecanismo de la autoridad.
Esta concepción del derecho y de la ley, no es fruto de casualidades graciosas o de fenómenos sociales exentos de luchas que en algunos momentos alcanzaron la violencia.
Se trata de un proceso histórico que no ha concluido, pero que en los últimos años se ha intensificado.
Por medio de disposiciones normativas de aplicación general, cada vez es más claro que el nuevo perfil del Estado moderno tiene que ver más con la acotación a los poderes públicos a favor de los particulares, con la real división de poderes, y con garantías individuales, sociales y políticas de los gobernados; que con la imposición del poder público sobre todo y todos.
En México, ese proceso ha tenido impulsos importantes en la construcción de leyes que innovan en este terreno y han obligado a que otros países retomen el ejemplo normativo. Estos cambios, sin embargo, frecuentemente no han tenido correlación con su aplicación.
Con la institución del amparo, palabra castiza de cuño americano, se retomó fundamentalmente la figura del habeas corpus de origen norteamericano, no obstante se mejoró, al ampliarse la protección hacia los principios de legalidad y contra las resoluciones judiciales.
En la primera Constitución del México independiente, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía atribuciones para conocer de infracciones a la Constitución y a las leyes generales, no obstante nunca se ejerció tal facultad ante la ausencia de la ley reglamentaria.
En la Constitución centralista de 1836, también se contempló una figura de protección de los particulares contra los actos de autoridad, denominado recurso de reclamo, procedente contra la expropiación por causa de utilidad.
No obstante, no es sino en la Constitución Política del Estado de Yucatán, en 1841, donde el gran jurista Manuel Crecencio Rejón impulsó determinantemente el establecimiento del Juicio de Amparo, para proteger a los habitantes de dicha entidad federativa en sus derechos, contra leyes y decretos de la legislatura o providencia del gobernador, contrarias al texto literal de la Constitución; así como contra funcionarios tanto administrativos como judiciales, cuando violasen las garantías individuales.
Este es el antecedente nacional del sistema de protección jurisdiccional del particular, frente a los actos de autoridad.
De ahí, se retomaría la figura a nivel nacional en 1847, cuando Mariano Otero recogió el ejemplo y lo perfeccionó. Estableciendo desde entonces y hasta ahora, como una protección federal a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos, que les concede la carta federal y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, tanto de la federación como de los estados.
Con posterioridad a esto, se avanzó en la ampliación del campo de competencia de la materia, permitiendo la impugnación, mediante esta vía, de las resoluciones jurisdiccionales y contra disposiciones legales ordinarias.
Este juicio ha sido modelo inspirador de mecanismos similares en prácticamente todos los países latinoamericanos, pudiendo mencionar en ese sentido a países como Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
También España, retomó una figura similar en el año de 1931.
También es justo mencionar que la figura ha sido precisada como un instrumento necesario en el sistema normativo de las naciones, señalándose ello en el pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Podemos sentirnos muy orgullosos de la institución del amparo.
Sin embargo, consideramos que el proceso de perfeccionamiento de la figura no ha terminado.
El equilibrio que debe prevalecer entre el interés individual y el interés social debe ser uno de los fines de nuestro sistema normativo y de la actuación de las autoridades públicas.
La poca información que de los mecanismos de protección a sus derechos tiene la población en general, aunada con un abuso en su utilización por parte de personas con pocos escrúpulos, que en los resquicios legales han encontrado una fuente de impunidad, han hecho que ese equilibrio se vuelva inalcanzable cual utopía moderna.
Por ello se torna necesario modificar los ordenamientos legales que tiendan a rescatar ese espíritu de concordancia entre lo individual y lo colectivo, debiendo prevalecer lo segundo, sin transgredir el noble propósito de salvaguardar al gobernado de los actos ilegales de las autoridades.
La iniciativa que hoy presento ante este Pleno, no busca debilitar el juicio de amparo, sino devolverle su sentido original.
Cada vez es más necesario que haya un real equilibrio entre el interés individual y el interés colectivo.
Sabemos, todos, que ha habido abusos por parte de abogados que acuden a este mecanismo con mucha regularidad, buscando no, de manera fundamental, el amparo de la justicia federal, si no las suspensiones tanto provisionales como definitivas que saben que es fácil obtener y que les permiten seguir actuando en situaciones, la mayoría de las veces, de ilicitud.
Tan es así, que está perfectamente identificado que la gran mayoría de estos juicios no llegan a la sentencia, por desistimiento de la parte actora.
Ese desistimiento se da, cuando se evidencia la falsedad del documento que utilizaron para demandar el amparo.
Donde más se han presentado este tipo de situaciones, es en los amparos solicitados para el funcionamiento de giros mercantiles irregulares, también llamados "giros negros".
No podemos ignorar los hechos recientes, ocurridos en el "giro negro" denominado Lobohombo, donde de mayo a octubre de este año se presentaron más de diez demandas de amparo y a pesar de que no ganaron ninguna, si obtuvieron suspensiones provisionales en cada caso.
La autoridad, en esta situación se encuentra en una incertidumbre respecto a si tiene facultades plenas para actuar, o si en virtud de las suspensiones nuevamente prevalece el interés del particular, sobre el interés de la colectividad.
No es posible ya que se siga utilizando aquella frase muy del ambiente de los abogados, que "una suspensión y un vaso de agua no se le niega a nadie".
Eso ha costado impunidad, y lo más terrible, vidas humanas.
Por eso nuestra contribución a la solución de este problema debe ser la de modificar el marco legal, que actualmente con sus resquicios ha permitido el abuso por parte de infractores de la ley.
Sabemos que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emprendido un esfuerzo para que se emita una nueva Ley de Amparo, buscando precisamente establecer un "sistema equilibrado que permita que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora, para que cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que desvía su objetivo natural".1
No obstante, consideramos que las reformas que proponemos son urgentes, para cerrar esa puerta de impunidad que ha hecho crisis en los últimos tiempos.
Por ello, estamos proponiendo reformar los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de Amparo para establecer mecanismos eficaces para que previo al otorgamiento de las suspensiones, se verifique por parte de los propios juzgados que conocen de las demandas de amparo, que no se encuentran tramitando el mismo asunto en otro juzgado o que ya fueron resueltos por una ejecutoria en juicio.
Con ello evitamos que a la caza de suspensiones los abogados de establecimientos de alto impacto social, salten de un juzgado a otro buscando este beneficio.
Asimismo, proponemos que se verifique por parte del juzgador, previo al otorgamiento de la suspensión, la existencia y autenticidad del acto que se impugna y que, mediante una inspección ocular, con la misma no se perjudica el interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público.
En los términos señalados por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 124, esto es que con el otorgamiento de la misma, continúe el funcionamiento de centros de vicio, lenocinios, la prostitución, la producción y el comercio de drogas enervantes, etc.
Estoy seguro que a través de reformas como las propuestas, habrá de iniciarse el camino hacia el regreso de la confianza de los ciudadanos a sus autoridades administrativas y hacia sus jueces.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:
Artículo Unico: Se reforman y adicionan los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de Amparo para quedar como sigue:
I a XVIII. ...
En las mencionadas fracciones III y IV, previo a cualquier resolución que recaiga a la demanda, deberá verificarse fehacientemente que no se incurre en dichas causales, pues siendo el caso se desechará de plano.
Art. 124. ...
I a III. ...
El juez de distrito al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. Asimismo, previo al otorgamiento de la suspensión, verificará de oficio la existencia y autenticidad del acto que se impugna, para lo cual llevará a cabo todas las diligencias necesarias, incluyendo la inspección ocular, cuidando de manera especial que se evite que continúe el funcionamiento de los centros de vicio, en los términos descritos en el segundo párrafo de la fracción II de este artículo.
Art. 134.- Cuando al celebrarse la audiencia a que se refieren los artículos 131 y 133 de esta ley, apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, ante otro juez de distrito, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión, y se impondrá a dicho quejoso o a su representante o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario, dándose vista al Consejo de la Judicatura para el deslinde de las responsabilidades administrativas que resulten por la contravención del último párrafo del artículo 73.
Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Dip. Esteban Daniel Martínez Enríquez
1 Anteproyecto de Ley de Amparo, elaborado por la SCJN.
Programa Trienal de Trabajo de la Comisión de Seguridad Social para el trienio 2000-2003
Introducción
En cumplimiento a lo que establecen los artículos 45, sección 6, inciso a), de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Decimosegundo, fracción c, del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones, los diputados federales integrantes de la Comisión de Seguridad Social hemos determinado la aprobación del Programa de Trabajo de esta Comisión para el periodo 2000-2003, que contiene las líneas generales de acción resueltas, de acuerdo con las facultades y la competencia conferidas a esta Comisión por las disposiciones constitucionales y reglamentarias.
Objetivo General
Procurar el bienestar general fortaleciendo el orden constitucional y preceptos legales reglamentarios en materia de seguridad social.
Analizar, deliberar y dictaminar, con criterios incluyentes, las iniciativas de ley y de decreto que sean turnadas para tal efecto a esta Comisión.
Objetivos Específicos
Velar porque en la creación, modificación y reforma de la Ley en materia de seguridad social, se garanticen las aspiraciones y objetivos fijados por el artículo 123 constitucional, en sus apartados A y B.AccionesResponder con propuestas legislativas, a las necesidades de justicia en materia de seguridad social, de los grupos más vulnerables.
Estudiar formas que permitan la incorporación de la población no protegida a los sistemas de seguridad social.
Procurar de manera permanente -en la medida de lo posible-, una mejora decorosa y digna en las pensiones.
Revisar y fortalecer el sistema mexicano de pensiones, incluyendo en ello al del IMSS, al del ISSSTE, al de las fuerzas armadas, al de los sistemas estatales, municipales, de universidades y a los que se derivan de contratación colectiva y condiciones generales de trabajo.
Estudiar y comparar la legislación y los sistemas de seguridad social de otros países, que pudieran aportar elementos de provecho para la legislación nacional.
Analizar y evaluar el régimen de comisiones e inversiones del sistema de capitalización individual derivada de la Ley del Seguro Social.
Promover y difundir la cultura del respeto a los jubilados y pensionados.
Impulsar el apoyo y la incorporación de los jubilados y pensionados a las actividades sociales de desarrollo integral.
Vigilar la actuación del Poder Ejecutivo federal en esta materia.
1. El estudio, análisis y revisión del marco jurídico que regula el derecho a la seguridad social de los mexicanos y de las propuestas de reforma y modificación que permitan mejorar, fortalecer y optimizar el sistema mexicano de pensiones.
2. La evaluación periódica del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, en materia de seguridad social.
3. La intervención en el proceso de planeación democrática, opinando sobre aquellos aspectos que versen sobre la seguridad social.
4. El impulso al fortalecimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para los años 2001, 2002 y 2003 en los renglones destinados a seguridad social, incluyendo el Programa IMSS-Solidaridad.
5. El análisis anual del estado general que guarda la administración pública federal en el rubro de las instituciones de seguridad social a partir del informe que rinde el titular del Poder Ejecutivo.
6. El apunte y opinión en la Revisión Anual de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal en lo que respecta a los recursos destinados a las Instituciones, planes y programas de seguridad social.
7. El análisis y evaluación del Informe semestral que presenta la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
8. La revisión de los asuntos legislativos pendientes de trámite.
9. La gestión y asesoría para todos los solicitantes, sin importar la filiación política o ideológica, con el único requisito de que exista una petición por escrito.
10. El fortalecimiento de los enlaces de comunicación, intercambio de información e interrelación con las entidades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).
11. La elaboración del Informe semestral de actividades a presentarse al Pleno de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos en términos del artículo 45 , sección 6, inciso b, de la Ley Orgánica.
12. La elaboración del Informe anual de sus labores a la Cámara de Diputados a través de su publicación en diversos medios, en términos del artículo Décimo Segundo, inciso d), del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados.
13. El seguimiento y vigilancia en la aplicación de los recursos federales destinados a la aplicación de planes y programas específicos en esta materia.
14. La realización de sesiones ordinarias a razón de cuando menos una sesión al mes en términos del artículo 45 sección 6, inciso d, de la Ley Orgánica.
15. La construcción de la página electrónica de la Comisión en Internet.
16. La edición de textos y documentos de divulgación y análisis del trabajo de la Comisión.
17. La celebración de audiencias públicas y privadas, consultas populares, foros, visitas, entrevistas, convocatorias, comparecencias y todas aquellas actividades necesarias para la consecución de los objetivos planteados en este programa.
18. La realización de actividades periódicas que permitan obtener un mayor conocimiento en el área de la seguridad social, tales como talleres, seminarios, conferencias y pláticas con expertos.
19. La realización de entrevistas periódicas con los funcionarios de las instituciones de seguridad social, así como con los titulares de las Comisiones Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y Nacional de Seguros y Fianzas.
Directorio de Diputados
Montero Esquivel, Cuauhtémoc
Presidente
Aguilar Solís, Samuel
Secretario
López González, Francisco Javier
Secretario
Rivera Cabello, José María
Secretario
Saro Boardman, Ernesto
Secretario
Baduy Isaac, Rosa Elena
Integrante
Esquivel Martínez, Hilario
Integrante
González Guzmán, Rodolfo Gerardo
Integrante
Gutiérrez Dávila, Francisco Hugo
Integrante
Infante González, Víctor Roberto
Integrante
Mendieta Cuapio, Albino
Integrante
Olvera Nieto, Felipe
Integrante
Orozco Garza, Manuel Wistano
Integrante
Orozco Martínez, Rafael
Integrante
Paniagua Jiménez, Ramón
Integrante
Peredo Aguilar, Rosalía
Integrante
Quintanilla Rentería, José Manuel
Integrante
Rosaldo Salazar, Pedro Miguel
Integrante
Soberanis González, J. del Carmen
Integrante
Sheffield Padilla, Francisco Ricardo
Integrante
Vital Ramírez, Benito
Integrante
Valenzuela Cabrales, Carlos Alberto
Integrante
Siendo las diecisiete horas del día doce de octubre del dos mil, en el salón B del restaurante Los Cristales, ubicado en este Palacio Legislativo del Honorable Congreso de la Unión, se reunieron los ciudadanos diputados miembros de la Comisión de Juventud y Deporte con el objeto de instalar formalmente los trabajos de esta Comisión, contando con un quórum de quince de diecinueve ciudadanos diputados.
1. Dip. Arturo Escobar y Vega
2. Dip. Olga Patricia Chozas y Chozas
3. Dip. Mario Sandoval Silvera
4. Dip. Beatriz Cervantes Mandujano
5. Dip. Norma E. Basilio Sotelo
6. Dip. Agustín Trujillo Iñiguez
7. Dip. Rómulo Garza Martínez
8. Dip. Beatriz G. Grande López
9. Dip. Mauro Huerta Díaz
10. Dip. Juan C. Mouriño Terrazo
11. Dip. Clemente Padilla Silva
12. Dip. Francisco Ríos Alarcón
13. Dip. J. Timoteo Martínez Pérez
14. Dip. Rafael Ramírez Agama
15. Dip. Luis Alberto Villarreal García
El diputado Presidente, Arturo Escobar y Vega, inició la sesión dando la bienvenida a todos los integrantes de esta Comisión.
Acto seguido, la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, leyó el orden del día:
1. Registro de asistencia.
2. Lectura del orden del día.
3. Presentación de los integrantes.
4. Mensaje de los diputados secretarios de la Comisión.
5. Mensaje del diputado Presidente de la Comisión.
6. Declaración formal de instalación.
7. Asuntos generales.
En virtud de haber agotado los primeros puntos del orden del día, se solicitó a los presentes que procedieran a presentarse en el siguiente orden: dip. Agustín Trujillo Iñiguez, dip. Francisco Ríos Alarcón, dip. Clemente Padilla Silva, dip. Rafael Ramírez Agama, dip. Beatriz Cervantes Mandujano, dip. Olga Patricia Chozas y Chozas, dip. Arturo Escobar y Vega, dip. Norma Enriqueta Basilio Sotelo, dip. J. Timoteo Martínez Pérez, dip. Mario Sandoval Silvera, dip. Rómulo Garza Martínez, dip. Mauro Huerta Díaz, quienes fijaron su postura respecto a la relación de sus partidos con los asuntos que ocupan el trabajo de la Comisión de Juventud y Deporte.
Declarando formalmente instalada, la Comisión de Juventud y Deporte de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del día doce de octubre del presente.
Concluyendo la sesión de instalación de esta Comisión a las diecisiete horas con cincuenta minutos de lo antes mencionado.
Dip. Arturo Escobar y Vega (rúbrica)
Presidente
Dip. Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica)
Secretaria
Dip. Mario Sandoval Silvera (rúbrica)
Secretario
Dip. Beatriz Cervantes Mandujano (rúbrica)
Secretaria
Dip. Norma Enriqueta Basilio Sotelo (rúbrica)
Secretaria
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, DE SU REUNION DE INSTALACION
Acta de la primera reunión plenaria, celebrada el martes 31 de octubre de 2000
Siendo las diez y siete horas con veinte minutos del día martes treinta y uno de octubre del dos mil, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer nivel, del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, de conformidad a la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 26 de octubre del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día.
1.- Registro de asistencia y verificación de quórum.
Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. diputados:
Miguel Gutiérrez Hernández
Maricruz Montelongo Gordillo
José Fco. Yunes Zorrilla
María Guadalupe López Mares
Luis Herrera Jiménez
Arcelia Arredondo García
Amado Benjamín Avila Márquez
Olga Haydée Flores Velásquez
Salvador López Orduña
María Cruz Martínez Colín
Enrique Adolfo Villa Preciado
Invitados especiales:
CC. diputados: Rafael Ramírez Agama, Jaime Tomás Ríos Bernal y Albino Mendieta Cuapio.
En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el Presidente de la Comisión, diputado licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, dio por iniciada la reunión.
2.- Mensaje de los CC. secretarios de la Comisión:
Dip. Maricruz Montelongo Gordillo
Dip. José Francisco Yunes Zorrilla
Dip. Luis Herrera Jiménez
Dip. María Guadalupe López Mares
En su carácter de secretarios de la Comisión, pronunciaron unas palabras a los integrantes, con el objeto de mencionar algunas de las propuestas que tienen como tareas para la Comisión.
Resaltando lo siguiente:
Formar un equipo de trabajo legislativo el cual, a través de la suma de esfuerzos, logre hacer de la Comisión un consejo consultivo, una instancia eficaz de intervención entre el gobierno y las instituciones no gubernamentales e impulsar una cultura de participación ciudadana.
3.- Intervención del Presidente de la Comisión, diputado Miguel Gutiérrez Hernández.
El diputado Miguel Gutiérrez Hernández, en su carácter de Presidente de la Comisión procedió a dirigir un mensaje a los integrantes, con el objeto de mencionar las tareas pendientes que tiene encomendadas la Comisión.
Resaltando lo siguiente:
Mencionó que se está viviendo un acto relevante para la nación, un acto en donde millones de mexicanos esperan que a través de los trabajos de esta Comisión se logre la consolidación de la democracia en México, incorporar al sistema político mexicano formas de democracia semidirecta, como el referéndum, plebiscito y la iniciativa popular. Por último señaló que en esta Comisión existirá una pluralidad y se realizará a través de un diálogo responsable y maduro para llegar a los consensos respectivos.
4.- Declaración de instalación formal de la Comisión.
Siendo las diez y siete horas con cuarenta minutos el Presidente de la Comisión, diputado Miguel Gutiérrez Hernández, procedió a declarar formalmente instalada la Comisión de Participación Ciudadana de la Quincuagésima Octava Legislatura de la Cámara de Diputados.
5.- Asuntos generales.
Como asunto general se presentaron cada uno de los integrantes, mencionando su nombre, grupo al que pertenecen y estado que representan.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las diez y siete horas cincuenta y cinco minutos, se declaró finalizada la reunión.
Dip. Miguel Gutiérrez Hernández
Presidente
Dip. Maricruz Montelongo Gordillo
Secretaria
Dip. José Francisco Yunes Zorrilla
Secretario
Dip. María Guadalupe López Mares
Secretaria
Dip. Luis Herrera Jiménez
Secretario
Palacio Legislativo, a 31 de octubre del 2000.
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A su reunión de trabajo con funcionarios de la Subsecretaría de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el martes 7 de noviembre, a las 17:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su reunión plenaria, el miércoles 8 de noviembre, a las 10 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura del acta anterior y, en su caso, aprobación de la
misma.
3. Participación del diputado Presidente
Estructura y funcionamiento de la Comisión4. Asuntos generales.
Plan de Trabajo.
Atentamente
Dip. Jaime Rodríguez López
Presidente
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su reunión ordinaria de trabajo, el miércoles 8 de noviembre, a las 11 horas, en el salón Leona Vicario, ubicado en el edificio H, planta baja.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Propuesta de plan de trabajo.
4. Integración de las Subcomisiones.
5. Otros.
Atentamente
Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión de trabajo, el miércoles 8 de noviembre, a las 11 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer nivel.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Votación del plan de trabajo de la Comisión de Desarrollo
Social.
3. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Cantú Torres
Presidente
DE GACETA PARLAMENTARIA
En el acta de la sesión de instalación de la Comisión
de Seguridad Social, publicada en la Gaceta Parlamentaria número
622, del lunes 31 de octubre, aparece sin rúbrica el nombre del
diputado Ernesto Saro Boardman; sin embargo, el legislador sí firmo
dicho documento.
DE LA DIRECCION GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA
Diario de los Debates (1917-2000) en internet
Consulte las versiones estenográficas de todas las sesiones y las comparecencias a través de internet.
www.cddhcu.gob.mx/servddd
Además:
Para mayor información, marque el teléfono 56281300, extensión 1367.