Avisos
(Este texto se publica tal como aparece en la copia proporcionada a Gaceta Parlamentaria)
México, D.F. a 13 de junio del año 2000
C. LIC. JOSE FERNANDO FRANCO GONZALEZ
Secretario General de la H. Cámara de Diputados
Av. Congreso de la Unión No. 66
Edificio G, 3er Nivel
Colonia El Parque
C.P. 15969
Presente
El último párrafo del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:
"Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo"
En tal virtud, anexo al presente, documento integrado por 36 páginas mediante el cual estoy formulando denuncia de conductas irregulares cometidas por servidores públicos adscritos a la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria mediante las cuales violentan lo establecido en el título cuarto de la Constitución y su reglamentaria la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como lo establecido en la legislación penal.
Lo anterior, con la súplica de que se sirva proporcionar los trámites que correspondan a mi denuncia.
Atentamente
Lic. Guillermo Marú Moreno (rúbrica)
2ª. Privada de Camarones No. 1, Col. El Recreo
Atzcapozalco, D.F.
C.P. 02070 Teléfono 561-78-91
México, D.F. a 13 de junio del año 2000
C. LIC. JOSE FERNANDO FRANCO GONZALEZ
Secretario General de la H. Cámara de Diputados
Av. Congreso de la Unión No. 66
Edificio G., 3er Nivel
Colonia El Parque
C.P. 15969
Presente
Guillermo Marú Moreno, Ciudadano Mexicano, de 50 años de edad, Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, servidor público adscrito al Gobierno del Distrito Federal y con domicilio particular para oir notificaciones en la Segunda Privada de Camarones No. 1 Colonia El Recreo, en la Delegación Atzcapozalco, D.F. con Código Postal 02070, por mi propio derecho, en términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esa Honorable Representación Nacional para manifestar lo siguiente:
Primero.- Que vengo ante esta H. Representación a denunciar diversas conductas irregulares cometidas por servidores públicos adscritos a la Contraloría Interna en la Secretaría de la Reforma Agraria y que consisten en lo siguiente:
1.- La Secretaría de la Reforma Agraria ha sido sometida a un saqueo de bienes instrumentales (vehículos, equipo de cómputo, equipo de medición, equipo de campamento, mobiliario y equipo de oficina) de todo tipo con el pleno conocimiento de los responsables de la Contraloría Interna (Contralor, Subcontralores y Coordinador Administrativo) en esa Dependencia, quienes se han negado a sancionar administrativamente a los responsables y no han comunicado a las autoridades correspondientes sobre los responsables de los delitos tipificados por el Código Penal en los que se ha incurrido.
2.- Con el pleno conocimiento de los responsables de la Contraloría Interna en la Secretaría de la Reforma Agraria y de su Coordinador Administrativo, al personal comisionado por el Organo Interno de Control (auditores, supervisores, etc.) se le pagan los viáticos fuera de tiempo. Esto ha obligado al personal comisionado a financiar indebidamente a la Dependencia; lo ha puesto en riesgo de perder su independencia de criterio frente a las áreas que se auditan y en riesgo de incluir en sus comprobaciones facturas falsas a efecto de cubrir unos viáticos que le son pagados de manera extemporánea.
3.- Que con el pleno conocimiento de los responsables de la Contraloría Interna en la Secretaría de la Reforma Agraria, la asignación de vehículos, el consumo de combustible y el ejercicio del presupuesto para conservación y mantenimiento vehicular que se asignan a la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria no se apegan a lo que señalan las normas.
4.- Que, sobre la multiplicidad de bienes propiedad de la Secretaría de la Reforma Agraria que han sido robados o extraviados por servidores o ex servidores públicos, son cuestionables las resoluciones que ha emitido la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria puesto que invariablemente tienen el patrón de "la falta de elementos para sancionar" o que "ha prescrito el tiempo para sancionar".
5.- Igualmente, que con el pleno conocimiento de los responsables de la Contraloría Interna en la Secretaría de la Reforma Agraria se han estado vendiendo vehículos propiedad de la Dependencia a precios reducidos y sin apegarse a lo que señala la normatividad, situación que ha implicado un quebranto al patrimonio federal.
6.- Que en la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria, con pleno conocimiento de sus titulares, se carece de manuales de organización y de procedimientos actualizados. Los que existen tienen un rezago de 5 años y en consecuencia violentan, entre otras normas, el contenido del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
7.- Que el Contralor Interno en la Secretaría de la Reforma Agraria utiliza los recursos para fines distintos a los objetivos de la dependencia, como aconteció con el apoyo en recursos humanos que se proporcionó al Instituto Nacional de Administración Pública INAP para dar un curso a personal de Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen, Campeche y que curiosamente se denominó "de responsabilidades de los servidores públicos".
8.- Que en los últimos tres años la Secretaría de la Reforma Agraria ha pagado a sólo cuatro notarios una cifra acumulada de alrededor de quince millones de pesos, en un proceso que requiere fortalecer su transparencia, situación en la que la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria no ha tomado medidas contundentes.
Segundo.- Que las irregularidades cometidas por servidores públicos adscritos a la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria violentan, entre otras normas, lo dispuesto en el párrafo primero y las fracciones II y III del artículo 108 Constitucional y los artículos 47, 59 y 61 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Asimismo, estos servidores públicos incurren en presuntas violaciones a lo dispuesto en el artículo 214, fracción tercera; artículo 216, primer párrafo; artículo 220, fracción primera; artículo 225 fracciones I, VI, VII y VIII, y artículo 400 fracciones II y V, todos del Código Penal para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal y del Código Penal Federal.
Tercero.- Que los servidores públicos involucrados en mi queja son los que a continuación se señalan, todos ellos adscritos a la Contraloría Interna en la Secretaría de la Reforma Agraria.
El C.P. Jesús Mayagoitia Bolán, Contralor Interno;
La Lic. Verónica Cuenca Linares, Subcontralora de Quejas, Denuncias y Responsabilidades;
El C.P. Jaime Antonio Romero Salazar.- Subcontralor de Auditoría
El Ing. Cirilo Beltrán Guadarrarna, Subcontralor de Control y Evaluación;
El C.P. Gonzalo Reyes Flores, Subcontralor de Evaluación y Desarrollo Administrativo, y
El Lic. Juan Manuel Contreras Hernández, Coordinador Administrativo.
HECHOS
A partir del 1º de julio de 1998 me incorporé a la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria, en la Subcontraloría de Control y Evaluación, al amparo de dos contratos de prestación de servicios profesionales, bajo el régimen de honorarios, que suscribí con la Dependencia por los periodos comprendidos entre el 1º de julio y 31 de diciembre de 1998 y del 16 de enero al 31 de diciembre de 1999, respectivamente.
Entre las actividades que desarrollé durante el periodo comprendido entre julio de 1998 y diciembre de 1999 se encuentran las siguientes:
1.- Inventario Nacional de Bienes Instrumentales de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Entre los meses de noviembre y diciembre de 1998 el C. Contralor Interno y el Subcontralor de Control y Evalaución me asignaron la tarea de analizar un problema recurrente de bienes robados y extraviados en las diversas unidades administrativas en las oficinas centrales y foráneas de la Secretaría de la Reforma Agraria que venían siendo informados al C. Contralor Interno de la Secretaría de la Reforma Agraria, C.P. Jesús Mayagoitia Bolán, través de diversos oficios por la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como unos reportes de la misma área que mencionaban en sus reportes parciales de inventario la detección de bienes "faltantes y sobrantes".
Resultado de ese análisis llegué a la conclusión de que la Secretaría de la Reforma Agraria no contaba con un inventario de bienes de activo fijo en forma. El inventario con el que se contaba se formó en 1996 a partir de la captura de las tarjetas de control de almacén con las que contaba la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales presuponiendo que lo que se tenía en tales tarjetas correspondía con las existencias reales de bienes de activo fijo, tanto en las representaciones agrarias en los estados de la República como en las oficinas centrales de la Secretaría. Asimismo, determiné que diversas áreas administrativas efectúan movimientos de altas y bajas de bienes muebles sin apegarse estrictamente a los procedimientos y sin comunicar siempre de estos movimientos a las Direcciones de Recursos Materiales y Contabilidad, lo que genera discrepancia entre los saldos de las unidades administrativas con las áreas que consolidan información.
Hay dos tipos de inventarios: el inventario en libros y el inventario físico. El primero se refiere a aquél que se obtiene de los registros administrativos o contables tales como libros, cuentas, tarjetas auxiliares de almacén, etc., mientras que el segundo es aquél que se obtiene del recuento físico y directo de los elementos a considerar. La secretaría contaba con un inventario del primer tipo. Por ello, los esfuerzos que a partir de 1996 y hasta 1998 realizó la Dirección de Recursos Materiales para conciliar sus registros administrativos de inventario con las áreas administrativas arrojó reiteradamente escasos resultados, porque tanto de una como de otra parte se basaban fundamentalmente en cifras documentales.
Esta situación acentúa su gravedad al considerar que, al desconocerse las existencias reales de bienes de activo fijo, las cifras consignadas en las cuentas de activo fijo en los estados financieros de la Dependencia desde hace tiempo no reflejan la realidad. Adicionalmente, las cifras de los estados financieros que se han venido consignando en los informes de Cuenta Pública que se han venido remitiendo anualmente a la H. Cámara de Diputados tampoco son confiables.
En consecuencia, este problema implica falta de cumplimiento a lo dispuesto por las Normas a que se sujetará la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de Almacenes publicadas en el Diario Oficial el 21 de junio de 1988, violaciones a La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento, así como falta de sujeción a lo dispuesto por el artículo 74 Constitucional y artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, entre otras.
Debido a lo anterior, en sentido estricto, los responsables de dirigir el Organo Interno de Control, básicamente el C. Contralor Jesús Mayagoitia Bolán y la Subcontralora de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, Lic. Verónica Cuenca Linares, debieron haber iniciado procedimientos administrativos de responsabilidades contra diversos servidores o ex servidores públicos, situación que inexplicablemente no se hizo.
Entre las actividades que desarrollé durante 1999 se incluyó mi participación en el diseño e instrumentación de un Proyecto para el levantamiento del Inventarlo Nacional de Bienes Muebles de la Secretaría de la Reforma Agraria, el cual, atendiendo a un programa autorizado conjuntamente por el área administrativa (C. Oficial Mayor, y Director General de Administración) y la Contraloría Interna (C. Contralor Interno, Jesús Mayagoitia Bolán, y Subcontralor de Control y Evaluación, Ing. Cirilo Beltrán Guadarrama) se comenzó a implementar a partir del mes de febrero de 1999 y con fecha estimada de conclusión al mes de enero del presente año 2000.
Para el mencionado Programa, diseñé un cronograma de actividades que comprendió 51 fases a realizar entre enero de 1999 y enero del año 2000 en la que se describen puntualmente cada una de ellas, las áreas responsables de su ejecución y los tiempos programados para su implementación. Considerando que el área administrativa informó que no había recursos especiales para tal proyecto, (no estaba contemplado, como programa especial, en el programa de trabajo 1999 de la Secretaría), afirmé que éste podía ser realizado con costos marginales, puesto que el inventarlo tendría que ser levantado por el propio personal de las unidades administrativas y su eficacia dependería de una adecuada administración central del Proyecto.
Este programa tenía una visión integral. Para el inventario físico utilicé una metodología de tipo censal (Diseño conceptual, definición de estrategias, análisis de congruencia y consistencia de la información, generación de reportes y entrega de resultados). Comprendió actividades previas al levantamiento, el levantamiento, el procesamiento de información, y actividades de supervisión. Además se incluyeron las actividades para, una vez generado el inventario real efectuar los movimientos contables, así como abordar en términos de las normas aplicables las implicaciones de responsabilidades administrativas, penales, civiles o laborales que se derivasen, respecto de los bienes que resultasen como faltantes y los cuales tendrían que ser tipificados como robados o extraviados.
El programa presentado fue autorizado, tanto por la Contraloría Interna como por los funcionarios de la Dependencia.
Por la naturaleza del Proyecto, consideré que se debería conformar un Grupo de Trabajo el cual fue constituido por representantes de las áreas de Contabilidad y presupuesto (C.P. Aurelio Mendoza Espinosa, Subdirector de Contabilidad), Recursos Materiales y Servicios Generales (Lic. Raúl Alfaro López, Director General Adjunto de Recursos Materiales y Servicios Generales; Lic. Demetrio Flavio Gil Merino, Subidrector de Recursos Materiales; Lic. Ma. Eugenia Rodríguez Govea, Jefa del Departamento de Inventarios y Control Vehicular), Dirección General de Asuntos Jurídicos (Lic. Guadalupe Martínez Yañez, Directora Jurídico Consultivo y Lic. Ma. de los Angeles Luna Martínez, Jefa del Departamento de Contratos) y la Dirección General de Información Agraria (Ing. Marco Alberto Rivas Saavedra, Director de Operación) quien proporcionaría el soporte técnico en los aspectos de informática que el proyecto requería. Igualmente, consideré necesario que se incluyera la Subcontraloría de Quejas, Denuncias y Responsabilidades (Lic. Verónica Cuenca Linares, Subcontralora de Quejas, Denuncias y Responsabilidades).
En este Grupo de Trabajo, por instrucciones del C. Contralor participé de manera activa como Representante del Organo Interno de Control, a nivel de asesoría, con el firme convencimiento de que se trataba de un trabajo serio a partir del cual se resolvería un problema latente prácticamente desde que se constituyó la Secretaría de la Reforma Agraria.
De febrero a julio estuve participando sólo en este proyecto, informando de los avances al C. Subcontralor. Aclaro que en mi estancia en el OIC durante el periodo julio de 1998 y diciembre de 1999, a pesar de que estuve realizando actividades muy diversificadas no fue sino hasta el mes de mayo de 1999 cuando se me asignó una secretaria y a partir de julio una persona más. En el Grupo de Trabajo se elaboraron los programas de informática, y las guías, manuales e instructivos para el levantamiento del inventario, instrumentos cuya aplicabilidad fue verificada en una prueba piloto que se aplicó en tres unidades administrativas de la Dependencia.
Una vez que determinamos las cargas de trabajo a partir de estimaciones del número de bienes que estaban en poder de las áreas administrativas, la fase del levantamiento físico se estableció que debería efectuarse entre el 12 y el 27 de julio de 1999 con fecha límite al 16 de agosto para la entrega de resultados por parte de las 46 unidades administrativas que conforman la Dependencia (Representaciones Regionales, Representaciones Estatales, y Oficinas Centrales).
Afirmo que el tiempo que se determinó de 25 días hábiles entre la fecha de inicio del levantamiento y la fecha límite para que las áreas entregaran sus resultados fue verdaderamente holgado.
Entre el número considerable de reuniones que efectuó el Grupo de Trabajo a partir del mes de febrero, sobresale la realizada el día 31 de agosto de 1999 (recién concluido el plazo límite que se dio a las unidades administrativas para la entrega de sus resultados), reunión en la que se informó que de un total de 46 áreas solamente habían entregado sus resultados 14.
Ante tal situación manifesté a la Subcontralora de Quejas, Denuncias y Responsabilidades (Lic. Verónica Cuenca Linares), que se encontraba presente en la reunión, la necesidad de sancionar a quienes habían incumplido con la fecha establecida, toda vez que, de continuar las áreas incumpliendo, se corría el riesgo de no concluir en las fechas establecidas en el cronograma comprometido y autorizado. No hubo eco; fue opinión de la Subcontralora capacitar y dar otro plazo para cumplir.
Igualmente, destaca que al 31 de agosto la propia Contraloría Interna no había entregado su inventario. Por esas fechas el Contralor me preguntó sobre las razones por las cuales no se avanzaba, a lo cual le manifesté que las unidades no estaban entregando sus reportes de inventario en tiempo. Como insistió sobre por qué no entregaban le contesté que habría que preguntarle al Coordinador Administrativo de la propia Contraloría de las razones por las que no había concluido su inventario.
Como no hubo respuesta favorable de la Subcontralora de Quejas y Denuncias, Lic. Verónica Cuenca Linares para apoyar mediante medidas correctivas el desarrollo del programa de levantamiento del inventario físico, mejor el área administrativa comenzó a enviar oficios a las áreas que habían incumplido con sus reportes de inventario, fijándoles plazos perentorios. Paulatinamente los morosos fueron cumpliendo, incluida la Contraloría Interna que entregó resultados hasta el 8 de septiembre. Con todo y ello, fue hasta el día 7 de octubre cuando se tuvieron todos los reportes, es decir, mes y medio después de la fecha límite del 16 de agosto que se estableció para la entrega de resultados a todas las unidades administrativas. Esto propició un desfase en el Programa diseñado.
Ante tal situación, continúe insistiendo con el Contralor, la Subcontralora de Quejas, Denuncias y Responsabilidades y el Subcontralor de Control y Evaluación sobre la necesidad de sancionar a los responsables de desfasar el Programa del Inventario; inexplicablemente no encontré respuesta favorable a mi solicitud.
En virtud de que se trataba de un proyecto integral, manifesté en las reuniones del Grupo de Trabajo que para el adecuado reflejo del inventario en los estados financieros y para efectos de responsabilidades, se tenía que garantizar una confiabilidad del 100% en los reportes de inventario de las áreas informantes. Al efecto diseñé y propuse un subprograma especifico de supervisión el cual fue autorizado conjuntamente por el área administrativa, C.P. Alejandro Pastrana, Director General de Administración, y el Titular del Organo Interno de Control, C.P. Jesús Mayagoitia Bolán. Inicialmente se seleccionaron diversas Representaciones en los estados para, posteriormente, supervisar el levantamiento del inventario en oficinas centrales.
Considerando las medidas de racionalidad y austeridad y en base al compromiso de ejecutar el proyecto con costos marginales, para el programa de supervisión se decidió que para las visitas de supervisión a las Representaciones Regionales y Estatales seleccionadas se utilizaran boletos de avión de "cortesía" proporcionados gratuitamente por la empresa con la que se tenía contratado el servicio de suministro de pasajes aéreos; asimismo que la supervisión se efectuara en cada representación con la asistencia de un comisionado de la Dirección de Recursos Materiales y un comisionado del Organo Interno de Control y que las supervisiones deberían cumplimentar sus objetivos en dos días en las Representaciones Estatales y en tres días en las Regionales.
Para evitar dispersión en las acciones de los comisionados, para el programa de supervisión también diseñé, se propuso y se autorizó una rutina de trabajo que deberían agotar los comisionados la cual consiste en: verificar la congruencia entre las existencias físicas de bienes de activo fijo contra el reporte de inventario que las unidades administrativas habían entregado (vehículos al 100%, equipo de cómputo al 100%, equipo de medición al 100% y mobiliario y equipo de oficina de forma aleatoria al 30%); la congruencia entre las tarjetas de almacén contra la relación de inventario; los expedientes del equipo vehicular y de oficina (verificando actualización de resguardos, tenencias, pólizas de seguros, tarjetas de circulación, facturas, y licencias de manejo actualizada del resguardante); asimismo, la situación física de los vehículos contra lo reportado (número de serie, y de motor, modelo, placas de circulación); adicionalmente, revisar los expedientes de los bienes en proceso de afectación, baja y destino final (donaciones, transferencias, préstamos, comodatos, bajas por destrucción, robos y extravíos y reclamaciones ante las Cías aseguradoras); adicionalmente revisar los informes de movimiento de almacén contra la balanza de comprobación. Por si esto fuera poco, en el reducido lapso de dos días en las Representaciones Estatales y de tres días en las Regionales, una vez agotada la rutina de trabajo se proporcionaron pláticas al personal de las propias Representaciones (convocando, en cada unidad administrativa a reunión a Representantes, enlaces jurídicos, coordinadores administrativos, responsables de almacenes, responsables de la contabilidad, responsables de informática, responsables del control vehicular, etc.) indicándoles los objetivos del inventario desde sus aspectos administrativo, contable, de responsabilidades y legales, estos últimos para los casos de los bienes que resulten como faltantes. De estas visitas los comisionados elaboramos y entregamos a la Dirección General de Administración con copia a la Contraloría Interna informes puntuales de los resultados obtenidos.
Así, entre los meses de agosto y diciembre dos grupos de comisionados (dos personas del área administrativa y dos de la Contraloría interna) acudimos a 18 Representaciones para verificar contra las existencias físicas y documentales la confiabilidad de sus reportes de inventario, de estas visitas entregamos los informes correspondientes en los que se reporta entre otras cosas: bienes que fueron localizados físicamente y que no fueron consignados en el reporte de inventario; bienes que fueron reportados como donados y que estaban en poder de las representaciones; bienes que habiéndose concluido su proceso de baja y que ya no estaban en poder de las áreas fueron reportados como todavía activos; falta de resguardos o no actualizados o sin firma; préstamos, y transferencias no documentados y en general irregularidades graves en la integración de los expedientes de control de activos y de los bienes en proceso de afectación, baja y destino final, incluidos robos y extravíos y reclamaciones ante aseguradoras. En síntesis, una displicencia generalizada.
Los resultados fueron desalentadores, puesto que aún y habiendo entregado su relación de inventario a la Dirección de Administración, de las 18 unidades supervisadas solamente una (Zacatecas) se había apegado a las guías, manuales e instructivos que se les habían proporcionado oportunamente para el levantamiento del inventario, situación que indicó que además de entregas extemporáneas por parte de las áreas informantes la confiabilidad de la información que proporcionaron no era aceptable. Cabe señalar comentarios del personal de las áreas supervisadas hechos a personal de la Dirección General de Recursos Materiales en el sentido que yo era muy estricto en mis observaciones sin tomar en cuenta que el inventario requiere un grado del 100% de confiabilidad por sus implicaciones contables y financieras y para no incurrir en errores e injusticias al momento de que se inicien los procedimientos para fincar responsabilidades sobre los bienes que resulten faltantes.
Sobre el particular, nuevamente se insistió ante el C. Contralor y la Titular del área de Quejas y Denuncias para que se sancionar a los responsables, sin haberse realizado ninguna acción concreta en tal sentido.
En este marco de falta de responsabilidad por parte de las áreas informantes respecto a instrucciones que recibieron oportunamente para el levantamiento del inventario y una actitud cuestionable del Organo Interno de Control para imponer medidas correctivas, el área administrativa responsable en oficinas centrales del control de los bienes de activo se abocó a realizar esfuerzos para conciliar con las unidades administrativas, básicamente vía telefónica y por internet, sus cifras de inventario.
En un reporte presentado por la Dirección General de Recursos Materiales al Grupo de Trabajo, con corte al 25 de noviembre de 1999, se tenían bienes faltantes por todos lados por un total de 4,779 entre los que se incluyen desde vehículos, equipo de cómputo, equipo de medición y mobiliario y equipo de oficina. Igualmente se informa de 6,896 bienes "sobrantes". Según ese reporte, en la propia Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria hay 383 bienes faltantes y 149 sobrantes.
Paralelamente, en informe presentado al Director General de Administración en el mes de septiembre por parte de la Dirección de Recursos Materiales, se consignan 416 contratos de donación relativos a 7,031 bienes con un valor de $3.4 millones que fueron entregados en el pasado cuyos contratos carecen de firma del C. Titular de la Reforma Agraria y del C. Oficial Mayor y cuyos expedientes no están adecuadamente integrados como lo señala la norma, violentándose con ello lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley de Bienes Nacionales.
Asimismo, se tienen ubicados 10,094 bienes que fueron transferidos de la Secretaría de la Reforma Agraria a su Organo Desconcentrado (RAN) de forma irregular.
El C. Contralor Interno en la SRA, ha manifestado de manera coloquial sobre la posibilidad de que en este asunto del inventario de la Secretaría se podría hacer una especie de FOBAPROA. Si por ello entendemos que respecto de los bienes que resulten finalmente como faltantes se pueden regularizar a través de un "borrón y cuenta nueva" definitivamente no estamos de acuerdo.
El Informe de la Cuenta Pública 1998 presentado por la SRA y dictaminado por la H. Cámara de Diputados consigna bienes de activo fijo por un valor de $174 millones de pesos de los cuales $114 millones corresponden al Registro Agrario Nacional. En consecuencia, en la Cuenta Pública de 1998 se consignaron $60 millones de pesos de bienes de activo fijo bajo la tutela directa de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Como resultado de este inventario, de los $60 millones de pesos aludidos, en apego a normas, hemos dicho en las reuniones de Grupo de Trabajo que no puede desaparecer nada sin su adecuada explicación y soporte documental. Igualmente en las pláticas que hemos dado en nuestras visitas de supervisión en los diferentes Estados del País hemos insistido en que a nadie se le va a instruir para que realice ajustes indebidos en cifras administrativas o registros contables violando normas, puesto que de así hacerse se pondría en riesgo al propio personal encargado de efectuar los ajustes o movimientos en los registros.
El proyecto que diseñamos contempla el procedimiento que deberá seguirse respecto a los bienes excedentes. Igualmente incluye la propuesta para los bienes faltantes que tendrán que tipificarse como robados o, extraviados y, en consecuencia, afectarse las cuentas de bienes de activo fijo y aperturarse las cuentas de responsabilidades y de asuntos en litigio que no están en el informe de Cuenta Pública 1998 y que deberán aparecer en el Informe de Cuenta Pública 1999. Esto en cuanto se refiere a los aspectos contables.
En cuanto se refiere a procedimientos de responsabilidades, será el área de Responsabilidades del Organo Interno de Control quien deberá instaurar los procedimientos sobre los bienes faltantes, e incluso los que resulten excedentes aplicando el régimen de responsabilidades, toda vez que se han violentado diversas normas relativas al control administrativo de los bienes de activo fijo.
Lo anterior, independientemente de los procedimientos que por su parte instaure la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria que, en términos del Reglamento Interior, es la responsable de tutelar el patrimonio de la Dependencia y considerando que en este asunto hay servidores o ex servidores públicos que incurrieron en delitos tipificados por los Códigos Civil (extravíos) y Penal (robos) cuyos plazos de prescripción son más amplios que los señalados por el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El esquema que propusimos, que fue aprobado y que está en ejecución no admite ajustes tipo FOBAPROA. El programa propuesto tiene entre sus objetivos solucionar integralmente un problema latente durante 25 años en la SRA puesto que no se cuenta con un inventario real lo que ha obstaculizado el adecuado control de los bienes y ha inducido errores en la contabilidad. Apegándose estrictamente a las normas, de sus resultados deben orginarse procedimientos para sancionar a los responsables de haber afectado el patrimonio de la Dependencia. Si eventualmente esto no se hace, el problema que se quiere resolver solo será diferido.
2.- Viáticos entregados fuera de tiempo.-
Dice el diccionario que viático es el dinero o provisiones que se dan a la persona que va de viaje, mientras que las normas para la asignación de viáticos indican que estos deben ser proprocionados al comisionado "antes de u oportunamente"
Pues bien, resulta que en la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria con el pleno conocimiento de sus titulares, es una práctica corriente que los comisionados (auditores, supervisores, etc.) se vayan sin viáticos y que éstos les sean cubiertos cuando regresan de su comisión, lo que constituye una flagrante violación a normas éticas, administrativas e incluso laborales y penales, porque son auténticos abusos de autoridad y configuran un fraude laboral.
¿Qué pasa cuando al personal comisionado
se le envía sin viáticos? Primero, se le obliga indebidamente
a financiar a su empleador; segundo, el comisionado tendrá que distraer
recursos de sus ingresos ya devengados y diferir sus compromisos personales
y familiares para apoyar una lealtad mal entendida. Si los recursos de
los que dispone para apoyar "su comisión" son limitados corre el
riesgo de perder la independencia de criterio que requiere su trabajo frente
al área auditada o supervisada puesto que tendrá que aceptar
las invitaciones que le hagan para desayunar, comer o cenar y eventualmente
tendrá que pedir prestado a los únicos que conoce y que son
precisamente al personal del área auditada para pagar hospedaje.
Más aún, para justificar unos gastos que le son pagados extemporáneamente
corre el riesgo de entrar en el boyante mercado negro de las facturas y
comprobantes de gastos. A continuación indico las comisiones a las
que asistí durante 1999 y las fechas en las que los viáticos
me fueron pagados:
Lo anterior indica que en las mencionadas comisiones, con pleno conocimiento de los titulares del OIC, la falta de eficiencia en el trámite de viáticos me obligó a otorgar financiamiento a la SRA por un monto acumulado de $16,626.00.
Sobre lo anterior manifesté reiteradamente mi inconformidad tanto al C. Contralor, Jesús Mayagoitia Bolán, como al Coordinador Administrativo, Lic. Juan Manuel Contreras. Resalto el hecho de que esta situación no sólo me afecta a mí sino al resto del personal comisionado por el OIC. Nunca se corrigió esta situación ni se tomaron medidas para sancionar a los responsables por su falta de diligencia en el servicio.
La falta de oportunidad en la entrega de viáticos y el verme obligado a financiar a la Dependencia derivó en que, una vez que me fueron depositados, cumpliendo con los objetivos de mis comisiones, tuve que efectuar devoluciones porque aún y conociendo la cifra autorizada, disponía de recursos propios limitados para solventar mis gastos. En el periodo que trabaje para la Dependencia efectué las siguientes devoluciones:
Cuando efectué la primera devolución, el anterior Coordinador Administrativo (Lic. Alejandro González Jiménez) me informó que "desconocía el trámite a seguir para reintegrar estos recursos a la Dirección de Finanzas, porque nadie devuelve".
Igualmente, el Contralor Interno, C.P. Jesús Mayagoitia Bolán, me pidió que no devolviera y que procurara gastarme todo el dinero. Como continué reintegrando viáticos no ejercidos, tanto el Contralor Interno como el nuevo Coordinador Administrativo, Lic. Juan Manuel Contreras, me señalaron que "estaba haciendo ver mal a los demás". Incluso el Coordinador Administrativo me indicó que procurará ajustar mi reporte de viáticos toda vez que nadie, fuera de la Contraloría revisaba la consistencia del presupuesto ejercido de viáticos en el OIC. A las anteriores instrucciones indiqué que no se me entregaban con oportunidad, que no tenía recursos para financiar mis comisiones y, en consecuencia en mis gastos tenía que ajustarme a mi propia disponibilidad de recursos y por lo tanto, traía sólo las comprobaciones de lo que efectivamente había gastado, sin estar dispuesto a inventar gastos o meter facturas apócrifas.
A la fecha la situación no ha cambiado; el personal continúa saliendo sin viáticos y nadie reintegra nada, curiosamente son pocos los que manifiestan inconformidad sobre la falta de oportunidad en la entrega de viáticos.
Cabe señalar que presuntamente al Subcontralor de Desarrollo Administrativo en la Secretaría de la Reforma Agraria (C.P. Gonzalo Reyes Flores) y a 2 auditores que están actualmente en la Contraloría Interna de la SRA, recientemente el ex Contralor Interno del Registro Agrario Nacional (C.P. Humberto Mariscal España) les inició procedimientos administrativos de responsabilidades al detectárseles falta de probidad en el servicio (entre otras cosas haber incorporado en sus comprobaciones de viáticos facturas apócrifas para tratar de justificar comisiones en provincia). Estos procesos instaurados por la propia Contraloría Interna del Registro Agrario Nacional y, en el caso del C.P. Gonzalo Reyes Flores, por la Contraloría Interna de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo SECODAM, a cargo del Lic. Godolfino H. Juárez Mejia, derivaron en una simple amonestación a pesar de que se trataba de asuntos graves que implican una fuerte responsabilidad administrativa e incluso de índole penal al tratarse de fraude y peculado. Sobre este asunto se trata de integrantes del Grupo de Jesús Mayagoitia Bolán y son los C. José Luis Carreón Rojas, Adriana Jiménez Padilla, Bernardo González Niño de Rivera, Agustín Montes Martínez, Jesús Ramírez Valdéz, y Rodolfo Sánchez Espino. Participó también en tal ilícito el C.P. Gonzalo Reyes Flores siendo Subcontralor en el Registro Agrario Nacional y quien actualmente ocupa el puesto de Subcontralor de Evaluación y Desarrollo Administrativo en la denominada Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria, cuyo titular es el C.P. Jesús Mayagoitia Bolán. El monto de lo defraudado por estas personas ascendió a $125,000.00 en conjunto.
3.- Asignación de vehículos y vales de gasolina.-
Para el desarrollo de mis actividades, con fecha 26 de marzo de 1999 se me asignó un vehículo VW, el cual, a través de un memorándum interno de fecha 31 de marzo devolví al ex Coordinador Administrativo, Lic. Alejandro González Jiménez, indicándole que carecía en absoluto de frenos, incluido el freno de emergencia; pésimo estado de la suspensión delantera. que carecía de llanta de refacción y gato. De este memorándum marque copia al C. Contralor C.P. Jesús Mayagoitia Bolán, y al Subcontralor de Control y Evaluación, Ing. Cirilo Beltrán Guadarrarna. Del equipo vehicular con el que cuenta el OIC (11 vehículos) buena parte estaban en similar situación de deterioro. Manifesté al Ing. Cirilo Beltrán Guadarrama que esta situación no resultaba aceptable toda vez que en el presupuesto asignado al OIC se incluyen partidas para mantenimiento del equipo vehicular sin que se hubiera realizado una investigación respecto a la consistencia en el gasto de mantenimiento del equipo.
En la primera quincena de abril la unidad vehicular se puso a mi disposición por el ex Coordinador Administrativo, indicándoseme que se le habían cambiado llantas y frenos y arreglado la suspensión. Como el vehículo continuó registrando problemas en el sistema de frenos, por mi cuenta lo llevé a un taller, donde, al revisarse encontraron que las gomas y balatas no se habían cambiado y lo único que se hizo fue ajustar los frenos. Esto lo comenté con el Subcontralor de Control y Evaluación, Ing. Cirilo Beltrán Guadarrama, sugiriéndole que se revisaran las facturas de talleres utilizados por el OIC. De esto no se tomaron acciones.
Posteriormente se hizo una auditoría a la Coordinación Administrativa. Los auditores a quienes inicialmente se les asignó la tarea fueron cambiados por dos elementos recién ingresados que provenían del RAN. Se dice que la revisión resultó limpia y, sin embargo, extrañamente, poco después de esa auditoría el ex Coordinador Administrativo, Lic. Alejandro González Jiménez, renunció sin que se le hubiese instaurado ningún procedimiento administrativo, a pesar que comentarios hechos por los auditores iniciales ( Daniel y Casimiro) y del propio Subcontralor de Auditoría, C.P. Jaime A. Romero Salazar, durante el desarrollo de la revisión en el sentido de que se estaban detectando diversas irregularidades (llantas nuevas que no fueron incorporadas a las unidades, tráfico de vales de gasolina y facturas de talleres dudosas).
Cuando me enteré de que se estaba efectuando una auditoría a la Coordinación Administrativa del OIC, informé al Subcontralor de Auditoría, C.P. Jaime A. Romero Salazar, que yo había devuelto $4,579.90 por concepto de viáticos no ejercidos en mis comisiones a Chiapas y que me preocupaba que el Coordinador no los hubiera reintegrado al área de Finanzas y después me los fueran a cobrar. Me informó que en la auditoría no estaba el reintegro, por lo que con fecha 21 de mayo, mediante memorándum interno le entregué al Subcontralor de Auditoría copia de las multicitadas devoluciones. La auditoría terminó, el Coordinador Administrativo renunció y nunca supe si había reintegrado mis devoluciones a Finanzas.
Al asignárseme un vehículo se me comenzaron a otorgar dotaciones de vales de gasolina que inicialmente fueron por $1,200.00 y posteriormente se redujeron a $1,100.00 mensuales. Pregunté al nuevo Coordinador Administrativo, C.P. Juan Manuel Contreras, sobre los criterios que se utilizaban para asignar la cantidad de vales no habiendo criterios consistentes tales como bitácoras y comisiones o asistencia a reuniones. De hecho, en el OIC no existen bitácoras actualizadas del equipo vehicular, con lo que no se da cumplimiento a las normas emitidas por la propia Dependencia para el control de vehículos en las que se señala que cada vehículo deberá contar con su bitácora mensual de mantenimiento y consumo de combustible.
Tampoco se da cumplimiento a la norma que señala que sólo tienen derecho a asignación de vehículos los servidores públicos de nivel 33 o superior o los empleados que de acuerdo con sus funciones así lo requieran, toda vez que los fines de semana aún y cuando el OIC cuenta con estacionamiento, las 11 unidades que tiene asignadas desaparecen tomándolas los auditores y aún los choferes para su uso personal, con cargo al presupuesto de mantenimiento y consumo de combustible de la Dependencia. El Contralor C.P. Jesús Mayagoitia Bolán, dos Subcontralores (Jaime A. Romero Salazar y Gonzalo Reyes Flores) y diversos auditores (Casimiro, entre otros) están domiciliados en el Estado de Puebla, por lo que al llevarse los vehículos los fines de semana inducen un fuerte aumento en el consumo de combustibles del OIC y en el gasto de mantenimiento.
4.- Resoluciones sobre bienes robados y extraviados.
La decisión para diseñar e implementar un Proyecto integral de inventario de bienes instrumentales en la Dependencia, se tomó a partir de oficios presentados durante el segundo semestre de 1998 al OIC relativos a bienes robados y extraviados por todos lados.
Indico que en las reuniones del Grupo de Trabajo del Inventario de manera insistente manifesté al Director General Adjunto de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de la Reforma Agraria, Lic. Raúl Alfaro López que, independientemente de los resultados del inventario en el que se iban a detectar bienes faltantes, si su área, en términos de sus funciones normales tenía conocimiento de bienes robados o extraviados, inmediatamente lo hiciera del conocimiento del Organo Interno de Control para cubrir el riesgo de la prescripción.
En reunión del Grupo de Trabajo del Inventario efectuada en el mes de abril de 1999, el Director General Adjunto de Recursos Materiales y Servicios Generales, Lic. Raúl Alfaro López, manifestó a la Subcontralora de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, Lic. Verónica Cuenca Linares, que había remitido diversos comunicados (120 oficios) al OIC informando de bienes que se habían detectado como robados y extraviados, reportes que comprendían el periodo 1996-1998 y que en buena parte no había obtenido respuesta de la Unidad de Contraloría Interna sobre las acciones a seguir.
Inexplicablemente, los oficios y documentos presentados respecto de los bienes robados y extraviados estuvieron siendo analizados por personal de la Subcontraloría de Control y Evaluación a cargo del Ing. Cirilo Beltrán Guadarrama durante los meses de agosto de 1998 a abril de 1999. Estos asuntos le fueron asignados por el C. Subcontralor de Control y Evaluación, Ing. Cirilo Beltrán Guadarrama, primero a la Lic. Josefina Díaz Lozada y después al C.P. Romualdo Monroy Padilla, sin instrucciones claras sobre lo que tenían que hacer con ellos.
Al respecto, yo había sugerido de manera insistente, (a nivel personal y en dos reuniones de trabajo que sostuvimos entre el personal de la Subcontraloría de Control y Evaluación) al C. Subcontralor de Control y Evaluación que tales asuntos no eran de nuestra competencia directa y que deberían ser atendidos por la Subcontraloría de Quejas, Denuncias y Responsabilidades toda vez que se corría el riesgo de que prescribieran por culpa del propio OIC. No se atendió mi sugerencia. Hice un análisis selectivo y determiné que cuando menos en dos casos, le había tronado la prescripción al Organo Interno de Control.
Por ello, en la reunión del Grupo de Trabajo del Inventario realizada en la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales en el mes de abril de 1999, le manifesté de manera personal a la Subcontralora de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, Lic. Verónica Cuenca Linares, que se rescatara esa información que tenía la Subcontraloría de Control y Evaluación a efecto de iniciar de inmediato los procedimientos en el ámbito de responsabilidades y evitar eventuales prescripciones. Manifestó que no sabía cómo había llegado esa información al área de Control y Evaluación. Se aclaró que se había turnado a dicha área por instrucciones del propio Contralor Interno, C.P. Jesús Mayagoitia Bolán. Finalmente los documentos que estuvieron en la congeladora prácticamente ocho meses fueron recuperados por el área de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, pero me temo que varios asuntos prescribieron a cargo del Organo Interno de Control.
Ahora bien, en las reuniones del Grupo de Trabajo del Inventario, en relación a los bienes que se habían reportado como robados y extraviados, personal de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (Lic. Raúl Alfaro López y Lic. Demetrio Flavio Gil Merino) manifestaban inquietud sobre resoluciones emitidas por la Subcontraloría de Quejas Denuncias y Responsabilidades por la vía de la prescripción o por acuerdos de archivo "por falta de elementos" Al revisar selectivamente dichas resoluciones encontré cuando menos dos que, desde mi punto de vista, carecían de lógica jurídica registrando en su texto vacíos procedimentales toda vez que no se habían agotado las investigaciones. Sobre estas dos resoluciones comenté con el C. Contralor, Lic. Jesús Mayagoitia Bolán, quien llamó a la Subcontralora de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, Lic. Verónica Cuenca Linares, con quien las comentamos, quedando ella de llevárselas para revisarlas.
No supe el desenlace de tal revisión; sin embargo, respecto a los bienes reportados por el área administrativa como robados o extraviados, no se ha emitido ninguna sanción y todas las resoluciones que se emiten tienen el patrón de la prescripción o la falta de elementos para sancionar. En el Programa Anticorrupción elaborado por la Dependencia se incluyen estadísticas 1998-1999 sobre las sanciones aplicadas las cuales numéricamente son prácticamente nulas, lo que no resulta congruente con la multiplicidad de problemas que presenta la Dependencia.
5.- Desincorporación de bienes a precios subvaluados.-
Durante el segundo semestre de 1998 me aboqué, entre otros asuntos, a verificar el apego a la normatividad que se estaba dando en las licitaciones internas o públicas del equipo vehicular propiedad de la Secretaría de la Reforma Agraria, determinando que en tales procesos se estaban violentando las normas destacando el hecho de bajos avalúos, así como el hecho de que en el pasado reciente se habían licitado unidades con precios en extremo reducidos.
Por ejemplo, en la licitación interna de vehículos efectuada el 24 de abril de 1998 en la Representación de Coahuila se asignaron vehículos con precios de $1,420.00, $1,755.00, $1,600.00, etc. y aún en los archivos de la Contraloría habíamos detectado vehículos que se vendieron en $700.00 o $900.00, de lo cual se informó al Contralor, Jesús Mayagoitia Bolán, sin que se tomarán medidas al respecto.
Ningún vehículo puede registrar tales precios, porque dentro del Presupuesto de la Dependencia se asignan partidas para su conservación y mantenimiento. No pueden llegar a un grado de deterioro físico tal para que tengan esos avalúos, a menos que las Unidades Administrativas violen las instrucciones contenidas en el "Manual de Políticas y Normas Técnicas para el Control y Conservación de los Vehículos", emitido por la propia Secretaría.
Del resultado de este análisis y de nuestras observaciones se tomó la decisión de que se suspendiera temporalmente el Programa de Licitaciones de equipo vehicular que había diseñado la Dependencia. Paralelamente, solicité al Contralor que se realizara una investigación sobre las unidades que en el primer semestre de 1998 se habían vendido a precios tan reducidos y en cuyas licitaciones, en términos de la norma, habían estado presentes personal del propio Organo Interno de Control que había renunciado recientemente. Sobre este último aspecto nunca se hizo nada.
Solicité asistir a una licitación interna de vehículos que tenía programada la Representación de Pachuca y otro comisionado asistió a un evento similar en la Representación de Zacatecas. Suspendimos ambos eventos al verificar que en efecto no se estaba dando cumplimiento a la norma y que los avalúos estaban mal elaborados, marcando precios mínimos de referencia en extremo reducidos. Sobre las otras representaciones que pretendían licitar, efectuamos revisiones documentales y llegamos a la conclusión que los precios con los que se pretendía vender en no pocos casos representaban entre el 15%y 20% de su valor real. Así es como se habían estado vendiendo las unidades contando con la anuencia del Organo Interno de Control.
A mi iniciativa el Programa de Licitación de Vehículos de la Secretaría que había diseñado el área administrativa se suspendió hasta en tanto no se diera pleno cumplimiento a lo dispuesto en los "Lineamientos y Criterios Generales para la Enajenación de Vehículos Terrestres de las Dependencias y Entidades de Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial el 14 de abril de 1997" y que las áreas nos explicaran por qué determinaban avalúos tan reducidos y, en su caso, aclararan la aplicación de recursos para conservación y mantenimiento y sobre las razones de su acentuado grado de deterioro y por qué en otros casos les faltaban partes tales como motores, asientos, llantas, etc.
Entre agosto y diciembre de 1998 el programa se suspendió. Sin embargo, en las primeras reuniones internas del Organo Interno de Control, efectuadas en enero de 1999, el C. Contralor insistió en la necesidad de reactivar el Programa de venta de vehículos con el argumento de que venía el pago de tenencias y no consideraba conveniente que la Dependencia asumiera el gasto. Desde luego yo me opuse, informándole que de hacerse bien los avalúos, las recuperaciones cubrirían con exceso los gastos de las tenencias de 1999 y que además, como Organo Interno de Control estabamos obligados a verificar el estricto cumplimiento de la normatividad.
A partir de marzo de 1999 el programa de venta de vehículos se reactivó, del cual fui excluido. Sin embargo, la persona que tuvo después a su cargo el verificar estos procesos y que estuvo asistiendo a los eventos de licitación de vehículos me comentó que de acuerdo con el Contralor habían determinado ajustar los avalúos a la baja hasta en un rango del 40% porque de otra manera las unidades no se venderían, criterios que constituyen una violación a la norma. Lo que es claro es que no se realizaron investigaciones para determinar las razones por las cuales, en algunos casos, los vehículos se encuentren en pésimas condiciones físicas a pesar del presupuesto para conservación y mantenimiento y, en consecuencia, a nadie se le instauró procedimiento administrativo de responsabilidades.
6.- Manual de Organización y Manuales de procedimientos del Organo Interno de Control.-
Al mes de diciembre de 1999, el personal del Organo Interno de Control no teníamos conocimiento de manuales actualizados. Existe un manual de organización que data de 1995 que desde luego, no se adecua a la realidad actual. La carencia de estos manuales ha propiciado que las áreas no delimiten sus funciones y responsabilidades incurriéndose en un jaloneo y duplicidad de actividades y funciones.
Así, después de que la participación en el Programa de Levantamiento del Inventario estuviera a cargo de la Subcontraloría de Control y Evaluación, en el mes de septiembre de 1999, el C. Contralor emitió una circular dirigida a todas las unidades administrativas de la Dependencia para que conciliaran cifras de sus bienes de activo fijo con la Subcontraloría de Desarrollo Administrativo y Evaluación, a cargo del C.P. Gonzalo Reyes.
Esta circular originó que el 14 de octubre el Director General de Administración, C.P. Alejandro Pastrana Salazar, enviara un oficio al C. Contralor, C.P. Jesús Mayagoitia Bolán, manifestándole que había un proyecto autorizado conjuntamente por el OIC y la Administración el cual estaba en ejecución; que había un representante de la Contraloría Interna en el Grupo de Trabajo constituido al efecto, y que la mencionada Circular estaba generando confusión en las áreas administrativas, por lo que le solicitaba una reunión urgente para definir criterios consensados para proseguir con el proyecto del Inventario.
La reunión solicitada por el área administrativa se estuvo difiriendo por parte del Organo Interno de Control, originándose con ello la virtual suspensión de las reuniones periódicas del Grupo de Trabajo. En lo personal estuve insistiendo con el Director de Recursos Materiales, Lic. Raúl Alfaro López, para que convocara a reunión del Grupo de Trabajo obteniendo respuestas negativas, argumentando que, para no duplicar esfuerzos y trabajos habría que esperarse a que se hiciera la reunión solicitada al Contralor, C.P., Jesús Mayagoitia Bolán.
No fue sino hasta la segunda quincena de noviembre que tal reunión se dio. En esa reunión el C. Contralor Jesús Mayagoitia Bolán y el Subcontralor de Desarrollo Administrativo y Evaluación (C.P. Gonzalo Reyes Flores) presentaron una metodología sobre el Inventario la cual consiste básicamente en que la mencionada Subcontraloría de Desarrollo Administrativo a partir de información proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales y de las Unidades administrativas concilia cifras. Desde mi punto de vista duplica actividades con la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, realiza funciones que le competen a tal Dirección y en consecuencia violenta lo señalado en el Marco de Actuación de los Organos Internos de Control en las Dependencias del Sector Central (Boletín C-001 de SECODAM) en el que tácitamente se indica que los OIC deberán en todo momento de abstenerse de realizar funciones de índole operativo.
Como quiera que sea, los ponentes manifestaron en dicha reunión que el proyecto de la Subcontraloría de Desarrollo Administrativo y Evaluación no interfería (SIC) con el proyecto autorizado y en ejecución, y que la mencionada Subcontraloría entregaría los resultados de sus conciliaciones directamente a las áreas de contabilidad y de recursos materiales.
Lo que llama la atención es que la Subcontraloría de Desarrollo Administrativo estaba realizando funciones de "conciliación" sobre algo inexistente en virtud de que el inventario físico no había sido concluido lo que a su vez inducía sesgos en cualquier intento de conciliar las cifras tanto en registros administrativos como contables.
En síntesis, la llamada "conciliación" que estaba efectuando la Subcontraloría de Desarrollo Administrativo y Evaluación del OIC era puramente documental con base en documentos que no muestran la realidad y aparentemente, por razones aviesas, tenía el propósito de entorpecer las actividades para el levantamiento del inventario real. Asimismo, ante pregunta expresa del Lic. Raúl Alfaro López, Director General Adjunto de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SRA sobre los tiempos para que la Subcontraloría de Desarrollo Administrativo "conciliaría" todas las áreas administrativas, el Subcontralor contestó que podría efectuar una conciliación cada semana. Cuando el área administrativa le informo que hay 46 unidades administrativas que configuran la dependencia y que por lo tanto, dicha conciliación llevaría prácticamente un año, el Subcontralor de Desarrollo Administrativo, C.P. Gonzalo Reyes Flores, manifestó que una vez que la metodología fuera más ágil estaría en posición de entregar un área conciliada cada tres días. Dos meses después, en reunión del Grupo de Trabajo del día 8 de enero del presente año, la mencionada Subcontraloría no había entregado ninguna área "conciliada".
Por otra parte, el Subcontralor de Desarrollo Administrativo, C.P. Gonzalo Reyes Flores, estuvo realizando visitas a varias representaciones, supuestamente para ver lo del inventario. La persona que me estaba auxiliando en el proyecto (C.P. Romualdo Monroy Rivera) tenía una visita de supervisión programada en la Representación de Baja California los días 21 y 22 de octubre. Cuando me enteré que el Subcontralor de Desarrollo Administrativo también había programado en su proyecto alterno una visita a la misma Representación los mismos días, hice un cambio de última hora, para asistir yo y ver en campo cuáles eran las actividades que estaba haciendo la Subcontraloría en relación al inventario. El Subcontralor asistió los días 20, 21 y 22 de octubre.
El día 21 de octubre llegué a las 9:00 lloras a la Representación en donde me informaron que el día anterior a las 16:30 había llegado una persona también de la Contraloría (cabe señalar que el horario de las Representaciones es de las 8:00 a las 16:00 horas) que se había presentado e ido a su hotel. Ese día 21 el Subcontralor de Desarrollo Administrativo llegó a la Representación a las 13:00 horas. A las 17:00 horas me despedí del personal de la Representación para vernos al otro día. Al escuchar el Subcontralor que me iba me pidió que lo esperara para retirarnos e ir a comer. Como el comisionado de la Dirección de Recursos materiales (C. Rodolfo Balmori) y yo habíamos tenido que estar en el aeropuerto de la Cd. de México muy temprano para nuestro vuelo a Baja California lo que queríamos era descansar por lo que optamos en retirarnos. El día 22 de octubre llegamos a las 9:30 de la mañana a la Representación, mientras que el Subcontralor llegó a las 10:30 para despedirse porque ya se regresaba.
Independientemente de que no me explico por qué el Subcontralor llegó prácticamente a pernoctar el miércoles 21, la falta de seriedad que mostró al haber llegado a la Representación el jueves a las 13:00 horas y llegar el viernes 22 en la mañana para despedirse porque ya se regresaba, mientras que nosotros agotamos la rutina de trabajo verificando las existencias físicas, resguardos, tarjetas, vehículos, etc. afirmo que el trabajo del Subcontralor en la Representación de Mexicali se circunscribió a revisar un reducido número de documentos (que pudieron haberse solicitado para revisarse desde México), efectuar algunos comentarios que hizo al Coordinador Administrativo y a la responsable de la contabilidad, y hacer varias llamadas telefónicas. Desde luego no se puede estar de acuerdo con tal comportamiento del C. Subcontralor.
De cualquier forma, el proyecto paralelo en la Contraloría originó un fuerte desfase en el programa autorizado, debido a la falta de congruencia en las acciones y a la duplicidad de funciones al interior del propio OIC, originado a su vez por la carencia de un Manual de Organización actualizado que delimite con claridad la responsabilidad de las áreas que lo conforman.
Asimismo, la carencia del manual de Organización actualizado y difundido en el OIC, propició el traslape de actividades entre las Subcontralorías de Control y Evaluación y la de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, en el asunto de los oficios de los bienes robados y extraviados, comentado en el punto 4 del presente escrito.
Igualmente no hay manuales de procedimientos, situación que se agrava cuando las instrucciones que emiten los titulares no son claras ni precisas, originando ineficiencia.
La falta de estos manuales originan situaciones verdaderamente absurdas. En el mes de abril de 1999, SECODAM realizó una auditoría al Organo Interno de Control. Los auditores distribuyeron un cuestionario al personal. Después de contestar el mío, el Subcontralor de Control y Evaluación me dio el cuestionario del Contralor Interno para que yo lo contestara. Le informé que el cuestionario lo debería llenar cada persona y, en consecuencia, que el Contralor lo debería requisitar; de todos modos el Subcontralor me confirmó la instrucción para que yo lo contestara. Ese cuestionario consta de 42 preguntas y se refiera a cuestiones tales como la descripción de las funciones que se desempeñan, organización, experiencia, situación del área que se dirige o coordina etc. Cuando el Contralor observó que yo estaba requisitando el cuestionario que a él le correspondía contestar me preguntó que quien me lo había pasado, a lo que le informé que había sido el Subcontralor. Se molestó, pero de todos modos me instruyó para que contestara las preguntas de manera lacónica ("un sí o un no") por lo que me pude percatar que ni siquiera lo había leído.
Finalmente, el cuestionario que debió requisitar el Contralor y sobre el cual se me pedía que contestara lacónicamente abarcó 11 páginas a renglón seguido para lo cual me apoyé en la normateca del Organo Interno de Control que también construí y estaba a mi cargo; sólo se me presentaron las respuestas a seis preguntas que fueron contestadas por las áreas de Auditoría, Responsabilidades y Coordinación Administrativa e incorporé en el documento. El cuestionario lo firmó el Contralor y se entregó a los auditores.
¿Cómo es posible que dentro de las observaciones que determinan los auditores del OIC, resultado de las auditorías que efectúan en las áreas administrativas, señalen la carencia de Manuales de Organización y de Procedimientos actualizados, cuando en el propio Organo Interno de Control se carece de ellos?. Al respecto, en reunión del personal de la Subcontraloría de Control y Evaluación efectuada en el mes de abril de 1999 sugerí a su titular (Ing. Cirilo Beltrán Guadarrama) un esquema para elaborar a la brevedad el Manual de Organización actualizado del OIC, puesto que se contaba con documentos para proceder a actualizar el Manual de Organización de 1995; mi sugerencia no tuvo eco.
7.- Utilización de recursos humanos para fines distintos a los de la Dependencia.
Dentro del Programa de Capacitación de los Recursos Humanos, el C. Oficial Mayor, Roberto Soto Ibarra, nos autorizó, al Director del área de Quejas, Denuncias y Responsabilidades y a mí para que asistieramos a un Diplomado en Responsabilidades de los Servidores Públicos, el cual se impartió en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) durante el periodo comprendido entre el 27 de abril y el 24 de agosto en horario de las 7:00 a las 10:00 A.M.
Una vez que concluimos el mencionado Diplomado, el C. Contralor, Jesús Mayagoitia Bolán, nos invitó a proporcionar el mismo curso a personal de PEMEX, en Ciudad del Carmen, Campeche. Se nos informó que habían fallado los instructores que tenía programados el INAP para tal curso y que el INAP le había solicitado que los apoyaramos.
Cabe señalar que, casualmente, el Subcoordinador de actualización Institucional del INAP, es cuñado del Subcontralor de Desarrollo Administrativo en la Contraloría Interna de la SRA, C.P. Gonzalo Reyes Flores.
Se nos dijo que iríamos con boletos de avión, hospedaje y alimentos pagados por el INAP y que además se nos daría una bonificación por el curso impartido el cual se cubriría en 40 horas (8 horas diarias, durante cinco días).
Aún y cuando obtuve una calificación promedio de 8 en los diversos módulos del Diplomado y no se me dificultaba cumplir el Programa del curso que se me proponía, me molestó la falta de seriedad del propio INAP al invitarnos con dos días de anticipación al inicio del curso, que no viera el Contralor que en la instrucción que nos estaba haciendo había el riesgo de incurrir en incompatibilidad de empleos violentando lo dispuesto por la regla decimoséptima del instructivo que establece la compatibilidad de empleos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Julio de 1990, y que implicaba que tendría que autorizarnos a faltar sin causa plenamente justificada a nuestras labores en el Organo Interno de Control de la Secretaría de la Reforma Agraria durante toda una semana., violándose con ello lo establecido en la fracción X del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En virtud de lo anterior, me excusé para asistir al mencionado curso, puesto que al haber sido contratado bajo el régimen de honorarios no tenía derecho a vacaciones que me pudieran cubrir en esa ausencia.
El Director del Area de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, Lic. Jorge Ambriz Navarro, aceptó, impartió el curso y obtuvo ingresos pagados por el INAP a razón de $300.00 la hora clase. Desconozco si el Director de Quejas asistió a impartir el curso gozando de sus vacaciones, pero señalo que a principios del Diplomado, en virtud de que contrajo nupcias había solicitado vacaciones las cuales le fueron autorizadas.
Mi actitud de negación para realizar funciones fuera del objeto de mi contrato molestó al Contralor.
8.- Contratación de servicios notariales.
Durante el primer trimestre de 1999 también analice el asunto relativo a la contratación de servicios de notariado que se está realizando en el Programa de Pago de Predios de la Secretaría. Se refiere a que a cuatro notarios, a quienes durante los últimos dos años y medio se les ha pagado un acumulado de alrededor de $15 millones de pesos para perfeccionar las adquisiciones de terrenos que efectúa la Secretaría para favorecer a diversos núcleos agrarios. Este problema es viejo y en el Comité de Adquisiciones, desde que yo trabajaba en SECODAM, hemos venido insistiendo que la adquisición de dicho servicio se licite o cuando menos se diversifique ampliando hasta la medida de lo posible el número de notarios que se está contratando a efecto de inducir mayor claridad y transparencia en las adjudicaciones.
El argumento que maneja el área administrativa para concentrar en sólo cuatro notarios ese gasto es que: deben ser del patrimonio inmobiliario federal, estar ubicados en el Distrito Federal, tener experiencia en cuestiones agrarias y que tengan capacidad para asistir a todo el país.
En el padrón de Notarios de patrimonio inmobiliario de SECODAM se encuentran registrados más de una centena de Notarios, tan sólo en el Distrito Federal. En consecuencia, insistí con el C. Contralor para que se realizara una investigación a fondo de este asunto implicando al Colegio de Notarios, buscando la desconcentración de ese gasto o cuando menos, proporcionar mayor sustento y transparencia a estas asignaciones. Sobre esta propuesta no se realizaron acciones consistentes ni posteriores investigaciones en el Organo Interno de Control, con todo y que es un asunto que mensualmente se está tocando en el Comité de Adquisiciones.
Podría ampliar este documento lo que implicaría elaborar un verdadero catálogo de irregularidades en las que incurren los titulares del Organo Interno de Control y que van desde falta de disciplina para cumplir con los horarios de trabajo y en las asistencias por parte del personal y de los propios titulares; incorporación en 1999 a la Contraloría de personal de base, lo que está expresamente prohibido por la SECODAM; auditorías en provincia que amplían considerablemente los plazos de realización inicialmente programadas; así como un siniestro que ocasionó la irresponsabilidad de un auditor en el Estado de Veracruz y sobre el cual no se aplicaron sanciones, etc. pero sería un documento extenso. Creo que para ilustrar la situación, basta con lo antes dicho.
9.- Epílogo.-
En el mes de diciembre de 1999, antes de que salieran de vacaciones los titulares del Organo Interno de Control, manifesté al C. Contralor que mi contrato de honorarios estaba por concluir el día 31. Me informó que no habría problema para que me reincorporara a partir del 16 de enero. En esa reunión le indiqué que estaba programada una reunión del Grupo de Trabajo del Inventario a la que tenía interés en asistir, toda vez que quería manifestar en ese Grupo la necesidad de redoblar esfuerzos para concluir el inventario en el mes de febrero e incorporar los ajustes contables correspondientes para el Informe de la Cuenta Pública 1999. Para esta cuenta pública el plazo en el que la SRA tiene que remitir su información a la SHCP vence el día 15 de marzo.
Pedí al Contralor que se me autorizara a asistir aún y cuando le aclaré que para el día 8 de enero, en sentido estricto yo no era personal en funciones; se me autorizó a asistir.
El día 8 de enero asistí a la mencionada reunión obteniendo una respuesta favorable por parte del resto de los integrantes del Grupo de Trabajo a mis planteamientos. De los resultados de esa reunión informé al Subcontralor de Control y Evaluación el día 10 de enero, fecha en que a tal persona le indiqué que también había una reunión para el 11 de enero en el Registro Agrario Nacional en donde yo venía participando en un Grupo de Trabajo Especial, a efecto de regularizar la transferencia de 10,094 bienes que le dio la Secretaría y que están asociados con el Inventario de la SRA. Mi interés en asistir a tal reunión en el Registro Agrario Nacional fue también el de motivarlos para que se fortalecieran los esfuerzos para conciliar y perfeccionar esa transferencia a más tardar en el mes de febrero, de cara a la cuenta pública 1999. Tanto el Subcontralor como el Contralor autorizaron mi asistencia a la reunión en el RAN.
Asimismo, el día 10 de enero, elaboré, a petición del área administrativa, una propuesta para supervisar el inventario en oficinas centrales la cual hice del conocimiento del propio Subcontralor quien estuvo de acuerdo por lo que la envié al área administrativa. En esa propuesta de Programa de Supervisión a Oficinas Centrales estaba yo incluido para verificar diversas áreas, incluido el inventario del Organo Interno de Control que como señalé, registra, según informe de la Dirección de Recursos Materiales 383 bienes faltantes y 149 bienes sobrantes.
Cabe señalar que el mismo día 10 de enero, el Subcontralor de Control y Evaluación me manifestó que en la comida de fin de año lo había insultado y que le había manifestado que "en virtud de que en el asunto del inventario había detectado bienes faltantes por todos lados lo que implicaba responsabilidades para los mandos medios y superiores de la Dependencia y que como no se sancionaba iba a llevar el asunto a conocimiento de la Cámara de Diputados y que por ello no se me renovaría el contrato para el presente año". Le pedí que reconsiderara su decisión y de ser posible la modificara, situación que aceptó quedando de informarme posteriormente su determinación final.
El día 11 de enero asistí a la reunión programada en el Registro Agrario Nacional en la cual también obtuve respuesta favorable a mis planteamientos. El mismo día informé al Subcontralor de Control y Evaluación de los resultados de la mencionada reunión explicándole con detenimiento en que fase del inventario estabamos y las acciones a seguir en los próximos tres meses que serían de cierre. Una vez que terminé mi exposición el Subcontralor me informó que había meditada su decisión, confirmándola y, en consecuencia, no se me iba a recontratar.
El día 13 de enero me entrevisté con el C. Contralor Interno quien lacónicamente me manifestó que apoyaba la decisión del Subcontralor "por lo acontecido en la fiesta de fin de año y porque le había creado problemas con los Subcontralores de quienes tengo una pobre opinión aunado a que tengo una pobre opinión de la Contraloría Interna."
Respecto a lo acontecido en la comida de fin de año, compañeros de trabajo que estuvieron presentes tienen otra versión de hechos, e incluso me manifestaron su apoyo para informar al Contralor su versión imparcial, propuesta a la que me negué puesto que no deseo implicar a otros en un chisme que eventualmente les puede acarrear efectos negativos. La decisión sobre mi salida de la Contraloría obedece a otras razones como las arriba señaladas y, en realidad, se estaba buscando un pretexto para implementarla.
Me molesta lo burdo de la maquinación y que se me hubiera informado con retraso una decisión que ya había sido tomada con anterioridad por quienes dirigen el eufemísticamente denominado Organo Interno de Control, carentes de capacidad profesional y técnica, así como de principios éticos. Que a pesar de que se tenía la decisión tomada con toda anticipación a diciembre se me haya autorizado para asistir en el mes de enero a dos reuniones y elaborar y entregar al área administrativa un programa de supervisión que me incluía y que debería comenzar a ejecutarse a partir del día 18 de enero. Que se me hayan despertado expectativas engañosas de recontratación y se me hubiera hecho perder valiosos 15 días para buscar otras opciones de empleo e incluso dolosamente se me indujo a incurrir en el delito de ejercicio indebido de servicio público, puesto que en sentido estricto yo no debí haber estado como representante del Organo Interno de Control en las reuniones del 8 de enero en la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría y del 11 de enero en el Registro Agrario Nacional.
Mi posición respecto al Sistema de Control y Evaluación Gubernamental y respecto a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es conocida por el Contralor y los Subcontralores en la Secretaría de la Reforma Agraria y quedó manifiesta en el Prólogo a la Tesina que presente para acreditar el Diplomado de Responsabilidades que tomé en el INAP de la cual anexo copia. A la fecha las hipótesis ahí planteadas no se modifican un ápice, más aún, mi breve estancia en la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria las confirman.
El Contralor, los Subcontralores y el Coordinador Administrativo en la Contraloría Interna de la SRA desconocen que el último párrafo del artículo 109 Constitucional no constituye una amenaza que se esgrima contra diletantes, sino más bien es un derecho y una obligación para el Ciudadano pero que los servidores públicos están limitados por la fracción IV del artículo 214 del Código Penal. Igualmente desconocen el contenido y los alcances de la fracción tercera del artículo 214 del Código Penal, el primer párrafo del artículo 216 y el artículo 223 del mismo ordenamiento, e ignoran que el Principio de Lealtad a que hace referencia el Código Etico de Conducta de los Servidores Públicos, es de compromiso con las Instituciones y no con grupúsculos o camarillas.
No basta, como hace el contralor interno, en andar por las Representaciones de la Secretaría en los Estados dando pláticas sobre la Ley de Responsabilidades puesto que cuando ésta se comprende comienza por aplicársela uno mismo y en casa; de otra manera es solo acción retórica y vano afán de construir imágenes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Al no tenerse un inventario de bienes de activo fijo en la Secretaría de la Reforma Agraria y al negarse a imponer sanciones, los responsables de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria SON CORRESPONSABLES de violaciones cuando menos de las siguientes disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPF) y Su Reglamento:
Artículo 39 de la LPCGPF "Cada entidad (para esta ley, según su artículo 2º, las Dependencias, Organismos, Empresas y fideicomisos se denominan con el genérico de entidad, salvo mención expresa) llevará su propia contabilidad, la cual incluirá las cuentas para registrar tanto los activos, pasivos, capital o patrimonio, ingresos, costos, y gastos..."
Si consideramos el sentido restringido del término contabilidad como la técnica de captación, clasificación y registro de las operaciones de una entidad para producir información oportuna, relevante y veraz, cuando menos, por lo que se refiere a las cuentas de activo fijo, no hay oportunidad ni veracidad en la información contable de la Secretaría de la Reforma Agraria desde hace buen rato.
Mientras tanto, el segundo párrafo del artículo 40 de la ley en comento indica que "Los sistemas de contabilidad deben diseñarse y operarse en forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, costos gastos... y en general de manera que permitan medir la eficacia y eficiencia del Gasto Público Federal."
Fiscalizar es sinónimo de revisar, auditar, inspeccionar, averiguar, etc. e insistimos en que al no ser confiables los registros contables de la Secretaría de la Reforma Agraria no es posible medir ahí la eficacia y eficiencia de los recursos federales que le son transferidos año con año para sustentar una plantilla de personal de alrededor de 3000 personas, que resulta holgada para atender el número reducido de funciones y atribuciones que le quedan. (Cabe destacar que de las plazas que tiene actualmente la SRA, alrededor del 70% están ubicadas en el denso aparato burocrático de sus oficinas ubicadas en la Ciudad de México).
Al no tener una contabilidad confiable, los responsables de dirigir a la Secretaría de la Reforma Agraria han propiciado errores en la integración de la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal y específicamente a lo señalado en el artículo 43 de la Ley de Presupuesto que señala lo siguiente: "Los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y contable que emanen de las contabilidades de las entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación serán consolidados por la Secretaría de Programación y Presupuesto (SHCP), la que será responsable de formular la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal y someterla a la consideración del Presidente de la República para su presentación en los Términos del párrafo sexto de la fracción IV del Artículo 74 Constitucional."
Asimismo, el artículo 46 de la Ley indica que "Los funcionarios y demás personal...serán responsables de cualquier daño o perjuicio estimable en dinero que sufra la Hacienda Pública Federal...por actos u omisiones que les sean imputables, o bien por incumplimiento o inobservancia de obligaciones derivadas de esta Ley, inherentes a su cargo o relacionadas con su función o actuación." "Las responsabilidades se constituirán en primer término a las personas que directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los funcionarios y demás personal que, por la índole de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos." En igual sentido se pronuncia el artículo 157 del Reglamento de la LPCGPF.
Ahora bien, para mayor precisión, el artículo 83 del Reglamento de la LPCGPF señala que: "Será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en función de los activos y pasivos reales de la misma, adoptando para ello las medidas de control y depuración correspondientes."
Mientras tanto, el artículo 110 del Reglamento señala la obligatoriedad para que "Las entidades registren en el libro de inventarios y balances, en forma anual y al cierre de cada ejercicio contable, el estado de situación financiera, el estado de resultados o de ingresos y egresos y los inventarios finales correspondientes."
Ahora bien, la Secretaría de la Reforma Agraria no sólo ha mentido de manera reiterada a la H. Cámara de Diputados respecto a la situación de los activos fijos a su cargo (artículo 43 de la LPCGPF), sino que ha violado el contenido del artículo 123 del reglamento de la LPCGPF que indica en su fracción primera que se "debe enviar anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros, su balance general o estado de situación financiera (que supuestamente deben ser con cifras confiables y que cuando menos las correspondientes a sus cuentas de activo fijo, no lo son).
A pesar de que la Contraloría Interna en la Secretaría de la Reforma Agraria ha detectado mediante un sinfín de auditorías, a través de su área de quejas y denuncias, mediante oficios que le remite el área administrativa, etc, las irregularidades subyacentes en un inadecuado control de los bienes de activo fijo, poco o nada se ha hecho para corregir esta situación, con lo que los responsables de dirigir la propia Contraloría Interna en la Secretaría de la Reforma Agraria no se apegan a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 145 del reglamento de la LPCGPF en el que se señala que: "Si como resultado de las auditorías (los órganos de auditoría interna) detectan irregularidades que afecten a la Hacienda Pública Federal...se procederá en los términos del capítulo IV del presente título."
Del mencionado título IV destacan los siguientes artículos:
Artículo 156, en el que se indica que "La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo constituirá de manera definitiva las responsabilidades que procedan con base en la Ley y en los términos de este Reglamento." y el artículo 157 ya mencionado que obliga a iniciar procedimientos de responsabilidades que resulten de irregularidades en que incurran los funcionarios y demás personal a que se refiere la ley, por sus actos u omisiones de los que resulte un daño o perjuicio estimable en dinero que sufra la hacienda pública federal..., de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la misma."
Por su parte, el artículo 171 del multicitado reglamento de la LPCGPF ordena que: "Cuando se descubran faltantes de bienes de inventario, se formulará el pliego preventivo por el valor que tenga resgistrado en libros...". Más aún el artículo 176 del reglamento de la LPCGPF señala que "Cuando se descubran irregularidades que por su naturaleza e importancia impliquen en forma fehaciente un grave daño o perjuicio de urgente reparación, las entidades (dependencias) o los Coordinadores de Sector (la propia SRA es Coordinadora de Sector) lo harán del conocimiento de la SECODAM para que esta de inmediato finque la responsabilidad correspondiente, sin que sea necesaria la formulación del pliego preventivo." En el asunto del inventario de la SRA que incluye bienes robados o extraviados, ni la Contraloría Interna ni SECODAM actuaron conforme a lo que establecen las normas mencionadas.
Respecto a las violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), el asunto del inventario en la SRA implicaba para diversos servidores públicos de nivel medio y superior de la SRA: Falta de diligencia en el servicio y actos u omisiones que ocasionaron deficiencias (fracción I del artículo 47); incumplimiento de leyes y normas sobre el manejo de recursos públicos tales como la LPCGPF y su reglamento, así como las normas a las que se sujetará la Administración de Bienes Muebles y el Manejo de Almacenes publicados en el Diario Oficial el 21 de junio de 1988 (fracción II del artículo 47 de la LFRSP); falta de supervisión por parte de los titulares de las áreas respecto del trabajo de su personal subordinado (fracción XX del art. 47); actos u omisiones que implicaron incumplimiento de disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público (fracción XXII del art. 47); y falta de cumplimiento a la fracción XXIV del artículo 47, al no sujetarse a lo dispuesto por leyes y reglamentos.
Por parte del Contralor Interno y la Subcontralora de Quejas Denuncias y Responsabilidades de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria, violación al artículo 59 de la LFRSP en el que se indica que. "Incurrirán en responsabilidad administrativa los servidores públicos de las Contralorías Internas que se abstengan injustificadamente de sancionar a los infractores...". Asimismo, incumplimiento por parte de los funcionarios de la SRA y funcionarios del Organo Interno de Control a lo dispuesto por el artículo 61 de la LFRSP que ordena que "si la Contraloría Interna de la Dependencia o el coordinador de sector...tuvieran conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, darán vista de ellos a la SECODAM y a la autoridad competente para conocer del ilícito," En el caso de los bienes faltantes que implican auténticos robos no se ha dado vista a la autoridad competente para proceder en consecuencia.
Independientemente de lo que señalen la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Bienes Nacionales, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento, en términos de lo dispuesto por el Código Penal para el Distrito Federal en materia común y para toda la república en materia federal, el Contralor (C.P. Jesús Mayagoitia Bolán) y los Subcontralores (Lic. Verónica Cuenca Linares, C.P. Jaime Romero Salazar, Ing. Cirilo Beletrán Guadarrama y C.P. Gonzalo Reyes Flores) de la Contraloría interna en la Secretaría de la Reforma Agraria podrían estar incurriendo en diversos delitos tales como el de Ejercicio Indebido del Servicio Público (art. 214), toda vez que su fracción tercera indica que incurre en él el servidor público que: "III.- Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que puedan resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, del Distrito Federal, organismo descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, del Congreso de la Unión o de los poderes Judicial Federal o Judicial del Distrito Federal, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades."
Igualmente, al negarse a aplicar el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, han incurrido en el delito de Coalición de servidores públicos, toda vez que el artículo 216 del Código Penal señala que cometen este delito los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento o impedir su ejecución, tratándose en este caso de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Asimismo incurren en los delitos de Uso indebido de atribuciones y facultades y Ejercicio abusivo de funciones tipificados por los artículo 217 y 220 al otorgar indebidamente permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico al personal de la Contraloría Interna para apoyar al Instituto Nacional de Administración Pública.
Asimismo, presuntamente incurrieron en los dispuesto por el artículo 400 del Código Penal que tipifica el delito de encubrimiento, toda vez que en términos de lo dispuesto por sus fracciones II y V, se ha prestado auxilio o cooperación a servidores públicos o ex servidores que sustrajeron de manera indebida bienes de la Secretaría de la Reforma Agraria, al tiempo que no se ha procurado, por los medios lícitos que tiene a su alcance la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria, impedir la consumación de los delitos que se están cometiendo.
Considerando los elementos antes aportados, en términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3º, fracción primera; y 4º de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como los artículos- de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda
SOLICITO
Primero.- Se tenga a bien presentada mi denuncia ante esa H. Representación Nacional.
Segundo.- Se instruya a la Contaduría Mayor de Hacienda para que se realicen las investigaciones del caso y se informe a esa H. Representación de los resultados.
Tercero.- Que en base a dichos resultados, la H. Cámara de Diputados instruya a las autoridades correspondientes a efecto de que se apliquen las sanciones administrativas, civiles, penales y laborales que correspondan, al personal adscrito a la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria. por los actos u omisiones en los que han incurrido.
ELEMENTOS DE PRUEBA DOCUMENTAL
Respecto a lo señalado en el apartado de hechos, a continuación aporto los elementos de pruebas documentales que obran en diversos archivos de la Administración Pública Federal, pero que están perfectamente ubicados:
1.- Respecto al punto denominado Inventario Nacional de Bienes Instrumentales de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Obra en los archivos de la Subcontraloría de Quejas, Denuncias y Responsabilidades y en los de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, ambas de la Secretaría de la Reforma Agraria, oficios en los que se informa a la Contraloría Interna sobre bienes propiedad de la Dependencia reportados como robados o extraviados.
Obra en los archivos de la Contraloría Interna y en los de la Dirección General Adjunta de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de la Reforma Agraria, el informe de la Cuenta Pública 1998 en la que se consignan bienes muebles por $174 millones de pesos.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales y en los de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria, oficio de fecha 8 de diciembre de 1998 dirigido al Contralor Interno en el que le informa de los resultados del levantamiento del inventario 1998 en las representaciones regionales, en el que manifiestan haberse detectado 1,163 bienes faltantes y 217 bienes sobrantes.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales y en los de la Contraloría Interna, acta de la primera sesión ordinaria 1999 del Comité de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles celebrada el 20 de enero de 1999 en la que se reconoce la necesidad de levantar un inventario de bienes muebles.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales y en los de la Contraloría Interna, cuadro denominado Relación de Bienes Reportados como robados o extraviados de fecha 15 de enero de 1999 en el que se indica un total de 1,464 bienes en tal situación.
Obra en los archivos de la Contraloría Interna en la Secretaría de la Reforma Agraria y en los de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, oficio del 28 de enero de 1999 suscrito por el C. Contralor y dirigido al Director General Adjunto de Recursos Materiales en el que le informa del estatus que guardan 12 oficios relativos a bienes desaparecidos.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales y en los de la Contraloría Interna, oficio de fecha 15 de febrero de 1999 en el que le envía un diagnóstico sobre el levantamiento de bienes instrumentales 1997-1998.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales y en los de la Contraloría Interna relaciones elaboradas por la primera en las que consignan un total de 2,297 bienes reportados como extraviados o robados en 1996, 1997 y 1998.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales, en los de la Dirección General de Administración y en los de la Contraloría Interna el cronograma de actividades para el levantamiento del inventario de bienes muebles, autorizado por el área administrativa, el Contralor Interno y por el Comité de Enajenación de Bienes.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales oficio del 28 de abril de 1999 suscrito por el Jefe de la Únidad de Servicios Administrativos de la Representación Regional Norte, con sede en Chihuahua, marcando copia al Contralor Interno en el que le informa del extravío de 99 bienes en la Representación de Chihuahua por un valor de $5,504.46 y de 371 bienes en la Representación de Durango por un valor de $73,637.07.
Obra en los archivos de la Contraloría Interna de la SRA, oficio de fecha 25 de junio de 1999 suscrito por el Director General Adjunto de Recursos Materiales y dirigido al Enlace Administrativo en la Representación Estatal de Guerrero, marcando copia al Contralor, en el que le informa que se detectaron 518 bienes faltantes y 52 sobrantes.
Obra en los archivos de la Dirección General de Administración y en los de la Contraloría Interna de la SRA, oficios suscritos por el C.P. Alejandro Pastrana Salazar, de los meses de junio y julio de 1999, dirigidos a todos los Representantes Regionales con indicaciones para el levantamiento del inventario de bienes instrumentales, marcando copia al C. Contralor. En el último párrafo de tales oficios se señala que los reportes de inventario serían verificados y que "en caso de que la información no concuerde con lo reportado, se iniciarían procedimientos administrativos de responsabilidades."
Obra en los archivos de la Dirección General de Administración y en los de la Contraloría Interna de la SRA, oficios suscritos por el C.P. Alejandro Pastrana Salazar, del mes de julio de 1999, dirigidos a titulares y coordinadores administrativos de diversas áreas de oficinas centrales con indicaciones para el levantamiento del inventario de bienes instrumentales, marcando copia al C. Contralor. En el último párrafo de tales oficios se señaló que los reportes de inventario serían verificados y que "en caso de que la información no concuerde con lo reportado, se iniciarían procedimientos administrativos de responsabilidades.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales Memoria del Inventario 1999 en el que se incluyen minutas de las reuniones de trabajo para tratar lo relacionado con el levantamiento de ese inventario. Asimismo en los archivos de la Contraloría Interna obran cuatro carpetas de información relacionadas con el mismo asunto.
Obra en los archivos de la Contraloría Interna y en los de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, el Programa de visitas de Supervisión sobre el levantamiento del inventario, autorizado por el área administrativa y el C. Contralor.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales y en los de la Contraloría Interna informes de los resultados de las visitas de supervisión del levantamiento del inventario en diversas Representaciones Regionales y Estatales, dirigidos al Director General Adjunto de Recursos Materiales y Servicios Generales, reportándose graves irregularidades en el levantamiento, marcándose copia de tales informes al C. Contralor y al Subcontralor de Control y Evaluación.
Obra en los archivos de la Dirección General de Administración, oficios del mes de septiembre dirigidos a titulares de diversas áreas de la Dependencia, incluida la Contraloría Interna indicándoles que no cumplieron en tiempo con sus reportes de inventario y fijándoles plazos perentorios para cumplir. De estos oficios se marcó copia al C. Contralor.
Obra en los archivos de la Dirección General de Administración, oficios dirigidos a titulares de diversas áreas de la Dependencia, indicándoles sobre las irregularidades detectadas en las visitas de supervisión respecto a sus reportes de inventario. Oficios enviados entre los meses de septiembre y diciembre de 1999 en los que se marcó copia al C. Contralor.
Obra en los archivos de la Dirección General de Administración diversos oficios dirigidos a los titulares de diversas áreas de la Dependencia informándoles de resultados de la conciliación de inventarios y de bienes faltantes y sobrantes: solicitándoles la búsqueda de los faltantes y en caso de no localizarlos aplicar los procedimientos correspondientes e incorporar los bienes sobrantes. Oficios dirigidos entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de los cuales se marcó copia al C. Contralor.
Obra en los archivos de la Contraloría Interna oficio circular de fecha 24 de septiembre de 1999, suscrito por el C. Contralor y dirigido a titulares de diversas áreas informándoles de un proceso de conciliación de cifras de inventario con datos ¡al 12 de julio de 1999! complementada con información de algunas Representaciones, a cargo de la Subcontraloría de Evaluación y Modernización Administrativa, oficio del que se marcó copia al Director General de Administración y al Director General Adjunto de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Obra en los archivos de la Dirección General de Administración, en los de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales y en los de la Contraloría Interna, oficio suscrito por el Director General de Administración del 14 de octubre de 1999 dirigido al C. Contralor, solicitándole una reunión urgente para conciliar acciones sobre el inventario, resultado del oficio del Contralor del 24 de septiembre.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, reporte del levantamiento de inventario de fecha 30 de septiembre de 1999, en el que con cifras preliminares se consignan 5,493 bienes faltantes y 6,374 sobrantes, a nivel nacional.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, en los de la Dirección General de Administración y en los de la Contraloría Interna un informe elaborado por la primera en el mes de octubre en el que informa de 416 contratos de donación que amparan 7,031 bienes con valor de $3.4 millones que fueron entregados en el pasado y que carecen de firmas del Titular de la Secretaría y del Oficial Mayor, así como de 4,779 bienes faltantes a nivel nacional.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como en los archivos de la Dirección General de Administración y Finanzas del Registro Agrario Nacional, información relativa a 10,094 bienes transferidos de manera irregular.
Obra en los archivos de la Contraloría Interna de la SRA, memorándum interno de fecha 27 de octubre de 1999, suscrito por el Lic. Guillermo Marú Moreno, dirigido al Subcontralor de Control y Evaluación reiterándole sobre la necesidad de imponer sanciones. Memorándum del que se marcó copia al C. Contralor y a la Subcontralora de Quejas, Denuncias y Responsabilidades.
Obra en los archivos de la Contraloría Interna y en los de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, Memorándum del mes de noviembre de 1999, suscrito por el Lic. Guillermo Marú Moreno y dirigido al Director General Adjunto de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitándole que ponga a disposición de la Subcontraloría de Quejas Denuncias y Responsabilidades el nombre, puesto, lugar de adscripción y todos aquellos elementos que permitieran instaurar procedimientos administrativos de responsabilidades a las personas que incumplieron con los requerimientos del inventario de bienes instrumentales solicitados por la superioridad. Memorándum del que se marcó copia al C. Contralor, al Subcontralor de Control y Evaluación y a la Subcontralora de Quejas, Denuncias y Responsabilidades.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales y en los de la Contraloría Interna, reporte de seguimiento del levantamiento de los inventarios físicos de fecha 25 de noviembre de 1999 en el que se consignan 4,779 bienes faltantes y 6,896 bienes sobrantes a nivel nacional.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, Memorándum del mes de noviembre, suscrito por el Lic. Guillermo Marú y dirigido al Director General Adjunto de Recursos Materiales y Servicios Generales proponiéndole un programa de visitas de supervisión de inventario en oficinas centrales, marcándose copia al C. Contralor y al Subcontralor de Control y Evaluación, programa que no pudo ser implementado al haber surgido un programa paralelo sobre el inventario en la Subcontraloría de Evaluación y Desarrollo Administrativo.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, en los de la Dirección General Adjunta de Contabilidad y Presupuesto, en la Contraloría Interna y en los de la Subcontraloría de Evaluación y Modernización Administrativa los reportes de sus conciliaciones de cifras de inventario, a los que ésta última se comprometió a entregar una cada semana inicialmente y posteriormente una cada tres días a partir del mes de noviembre.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales y en los de la Contraloría Interna, Memorándum de fecha 29 de diciembre de 1999, suscrito por el Lic. Guillermo Marú Moreno y dirigido al Director General Adjunto de Recursos Materiales, con una nueva propuesta de programa de supervisión del levantamiento del inventario en oficinas centrales, que iniciaría el 18 de enero del año 2000, del cual se marcó copia al C. Contralor y al Subcontralor de Control y Evaluación.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales y en los de la Contraloría Interna, memorándum de fecha 10 de enero/2000 con una propuesta modificada para supervisar el levantamiento del inventario en oficinas centrales a partir del 18 de enero del 2000, memorándum del que se marcó copia al C. Contralor y al Subcontralor de Control y Evaluación.
Finalmente, debe obrar en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, en los de la Dirección General Adjunta de Contabilidad y Presupuesto, en los de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y en los de la Contraloría Interna los resultados del cierre del levantamiento del inventario 1999, su valor, la totalidad y las características de los bienes que finalmente resultaron como faltantes y reportados a la Contraloría Interna y a la Secretaría de Hacienda, para efectos de Cuenta Pública y responsabilidades administrativas, civiles o penales.
2.- Viáticos entregados fuera de tiempo.
Obra en los archivos de la Coordinación Administrativa
en la Secretaría de la Reforma Agraria, la siguiente documentación:
Oficios de comisión al personal, correspondientes
al periodo junio de 1998-diciembre de 1999.
Ordenes de ministración de viáticos.
Fichas de depósito de tales viáticos, con
sello y fecha de la institución bancaria.
Comprobantes de viáticos.
Devoluciones efectuadas por el personal comisionado,
por concepto de viáticos no ejercidos.
Presupuesto anual autorizado para viáticos
Presupuesto ejercido en viáticos 1999
Sobreejercio en el presupuesto de viáticos autorizados
al Organo Interno de Control para el ejercicio 1999.
Asimismo, obra en los archivos del Subcontralor de Auditoría, memorándum de fecha 21 de mayo de 1999, suscrito por el Lic. Guillermo Marú Moreno mediante el cual se entrega copia de devoluciones por concepto de viáticos no aplicados por un total de $4,579.90 que fueron entregados al Coordinador Administrativo.
Obra en los archivos de la Contraloría Interna del Registro Agrario Nacional, resolución emitida por responsabilidades en las que incurrieron los auditores José Luis Carreón Rojas, Adriana Jiménez Padilla, Bernardo González Niño de Rivera, Agustín Montes Martínez, Jesús Ramírez Valdéz, y Rodolfo Sánchez Espino. Participó también en tal ilícito el C.P. Gonzalo Reyes Flores en su carácter de Subcontralor en el la Contraloría Interna del Registro Agrario Nacional y quien actualmente funge como Subcontralor de Desarrollo Administrativo y Evaluación, en la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria.
3.- Asignación de vehículos y vales de gasolina.
Obra en los archivos de la Contraloría Interna documento denominado "Normas Básicas para la Administración de Bienes Instrumentales" en cuyo anexo X se señala, entre otros aspectos, que: los vehículos deberán ser para uso exclusivo de los servicios oficiales de la Secretaría; que son para servicios específicos de cada área; que deberán tener logotipo en lugar visible; que los responsables de los vehículos deberán proporcionar los datos que se les soliciten y llenar la bitácora mensual de mantenimiento y consumo de gasolina; que las Coordinaciones Administrativas de oficinas centrales deberán entregar a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales la bitácora mensual de mantenimiento y consumo de gasolina en donde se señale el consumo de combustible, al momento de recibir los vales canjeables por gasolina, y que sin este requisito no se dotará de combustible; que la Coordinación Administrativa debe actualizar resguardos anualmente y que tienen derecho a asignación de un vehículo los servidores públicos de nivel 33 o superior o los empleados que de acuerdo con sus funciones así lo requieran.
Al respecto basta con que se realice una visita de supervisión un viernes después de las 6 de la tarde al estacionamiento ubicado en zotano del edificio marcado con el número 219 de la calle de azafrán, colonia Granjas México; los últimos cajones del lado poniente corresponden a los vehículos asignados al Organo Interno de Control; que se revisen los expedientes de los vehículos en la Coordinación Administrativa, particularmente sus bitácoras, así como una revisión física de las unidades y con ello se verá al grado de cumplimiento a la norma.
Asimismo, obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales las bitácoras de consumo de gasolina y de gastos de mantenimiento del Organo Interno de Control no actualizadas, así como las asignaciones mensuales de vales de gasolina y las dotaciones de llantas que se entregaron al OIC en 1998 y 1999 en los que se verá que tales consumos no son racionales.
Obra en los archivos de la Coordinación Administrativa del Organo Interno de Control memorándum de fecha 31 de mayo de 1999 suscrito por el Lic. Guillermo Marú, mediante el cual devuelve el vehículo VW 1990 en virtud de carecer en absoluto de frenos, incluido el freno de emergencia, con suspensión en pésimo estado, además de que no cuenta con llanta de refacción, memorándum del que se marcó copia al C. Contralor y al Subcontralor de Control y Evaluación.
4.- Resoluciones sobre bienes robados y extraviados.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, oficios remitidos al Organo Interno de Control en el periodo 1996-1999, relativos a bienes detectados como robados o extraviados.
Obra en los archivos de la Subcontraloría de Quejas, Denuncias y Responsabilidades y en los de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, resoluciones emitidas entre junio de 1998 y diciembre de 1999 sobre bienes muebles reportados como robados o extraviados.
Obra en los archivos de la Subcontraloría de Quejas, Denuncias y Responsabilidades el informe periódico del Programa Anticorrupción en el que se muestran las quejas y denuncias presentadas al OIC en el periodo 1998-1999 y el carácter de las resoluciones emitidas.
Obra en los archivos de la Subcontraloría de Quejas, Denuncias y Responsabilidades y en la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales, cuadro síntesis de oficios enviados al Organo Interno de Control, relativos a bienes robados o extraviados, entregados a la Subcontralora en reunión del Grupo de Trabajo para el levantamiento del inventario, celebrada en el mes de abril de 1999.
Obra en los archivos de la Subcontraloría de Control y Evaluación y en la Subcontraloría de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, acta administrativa levantada en el segundo semestre de 1999, relativa a que entre los vehículos asignados al Organo Interno de Control, al efectuarse un trabajo de hojalatería y pintura en uno de ellos, se encontró que tal vehículo correspondía a una carrocería de un taxi verde ecológico y que, en consecuencia, el vehículo nuevo y original de la Secretaría había sido cambiado por un carro chatarra repintándolo de rojo marrón, situación que sólo pudo haberse realizado por empleados de la Secretaría de la Reforma Agraria o contando con su complicidad. Este vehículo estaba asignado al C. Cirilo Beltrán Guadarrama, Subcontralor de Control y Evaluación y no se investigó por parte de los responsables de la Contraloría Interna en la Secretaría de la Reforma Agraria el fondo de este asunto para sancionar administrativa y penalmente a los responsables.
Asimismo, obra en los archivos de la Subcontraloría de Quejas, Denuncias y Responsabilidades una relación de documentación correspondiente a 120 vehículos, tales como facturas originales, tarjetones originales y originales de tarjetas de circulación encontrados en el archivo concentrador de la Secretaría de la Reforma Agraria ubicado en la Calle de Avena No. 239, Colonia Granjas México sin que nadie supiera por qué estaba esa documentación en el área correspondiente al archivo de la Contraloría Interna. Se verificó en la relación de inventario de vehículos proporcionada por la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, encontrándose que tales vehículos no estaban registrados como activos. En consecuencia, hay la presunción de que estos vehículos propiedad de la Secretaría fueron robados aún sin la documentación que acreditara su propiedad: No se realizó ninguna investigación sobre el particular y la Subcontralora de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, se concretó a enviar esa documentación a la Dirección General Adjunta de Contabilidad y Presupuesto.
5.- Desincorporación de bienes a precios subvaluados.
Obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, expediente sobre los resultados de las licitaciones internas y públicas 1996-1999, de vehículos propiedad de la Secretaría de la Reforma Agraria y de las Guías EBC que en su momento resultaban aplicables, así como las actas de apertura de ofertas y fallo de las licitaciones correspondientes.
En términos de lo dispuesto por la norma publicada en el Diario Oficial el 14 de abril de 1997, obra en los archivos de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de SECODAM información sobre bases y avalúos de los vehículos propiedad de la SRA que se vendieron entre 1998 y 1999.
Obra en los archivos de la Contraloría Interna un expediente relativo a las licitaciones internas de vehículos que se efectuaron en el periodo junio-diciembre de 1998, así como los resultados del Programa de Venta de Vehículos 1999 con las guías EBC correspondientes, actas, avalúos, personal asistente, precios y servidores públicos a quienes fueron asignados.
Obra en los archivos de la Representación Agraria del Estado de Coahuila expediente que contiene, avalúos, acta de apertura de ofertas y fallo de la licitación 01/98, celebrada el 24 de abril de 1998. Asimismo incluye: acta, cédula analítica de ofertas económicas, personal asistente, la relación de vehículos que se vendieron al personal, características, modelo, y precio de venta.
6.- Manuales de organización y de procedimientos.
El artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno deberán mantenerse permanentemente actualizados. Al respecto, basta con que se solicite al C. Contralor estos documentos y se vea de qué fecha datan; adicionalmente que se le solicite un reporte al Subcontralor de Evaluación y Desarrollo Administrativo del avance del Programa de Desarrollo Administrativo en la Dependencia, a cuántas reuniones de este tipo ha asistido y cual ha sido el sentido de sus intervenciones.
Paralelamente, solicitar al Contralor Interno que exhiba el documento denominado Marco de Actuación de los Organos Internos de Control en el Sector Central que impide que los OIC realicen actividades de índole operativo; que el Subcontralor de Evaluación y Desarrollo Administrativo presente por escrito la metodología que aplicó en sus conciliaciones de inventario de bienes de activo fijo y si éstos coincidieron con los resultados obtenidos por las Direcciones Generales Adjuntas de Recursos Materiales y Servicios Generales y de Contabilidad y Presupuesto. Cuántas visitas de campo ha realizado respecto al Programa del Inventario, cuál ha sido el costo de estas comisiones para el Organo Interno de Control y cuales han sido los resultados finales.
Se localiza en el archivo concentrador de la Secretaría de la Reforma Agraria, ubicado en la Calle de avena No. 239, Colonia Granjas México, un bloque de alrededor de 50 cajas de información que fue transferida desde mediados de junio de 1998 por la Contraloría Interna al archivo concentrador, de manera irregular razón por la cual dicha documentación fue rechazada. A pesar de que el C. Jefe del Departamento de Archivo, Lic. Roberto Arellano Tenorio ha promovido diversos oficios dirigidos al C. Contralor Jesús Mayagoitia Bolán para que regularicen tal transferencia o que recojan la documentación, toda vez que se violentan disposiciones emitidas por el Archivo General de la Nación y de la Secretaría de Hacienda, respecto al manejo de archivos, el Contralor y el Subcontralor de Auditoría C.P. Jaime A. Romero Salazar debido a su negligencia en año y medio no han sido capaces de atender las solicitudes oficiosas de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales para que regularicen la situación de sus archivos en el archivo concentrador. Esta situación está originada por la carencia de manuales que especifiquen, entre otras, las actividades que deben realizar las áreas del OIC, para mantener permanentemente actualizados sus archivos documentales.
7.- Utilización de recursos humanos para fines distintos a los de la Dependencia.
Obra en los archivos de las oficinas administrativas centrales de Petróleos Mexicanos o en las ubicadas en Ciudad del Carmen Campeche, el Programa de los Cursos de Capacitación impartidos al personal de la paraestatal en el segundo semestre de 1999. Dentro del convenio establecido con el Instituto Nacional de Administración Pública están dos cursos impartidos en una semana cada uno, sobre Responsabilidades de los Servidores públicos. El primero de ellos impartido por el Lic. Jorge Ambriz Navarro, Director de Quejas Denuncias y Responsabilidades de la Contraloría Interna en la SRA y el segundo por el Lic. Eduardo Retiz Licona ex empleado de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.
8.- Contratación de servicios notariales.
Obra en los archivos de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de SECODAM, oficio dirigido en 1999 al C. Contralor en la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el cual da respuesta a una consulta y en el que manifiestan que no hay razón para que se haya venido contratando a sólo cuatro notarios, siendo que en el Distrito Federal hay más de una centena de notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal y que de acuerdo con la Ley de Servicios Notariales están capacitados para realizar operaciones relativas a bienes agrarios.
Obra en los archivos de la Contraloría Interna, un expediente denominado Asunto Notarios que contiene diversa documentación relativa a este problema correspondiente al periodo 1997-1999.
Obra en los archivos de la Contraloría Interna carpetas de las sesiones mensuales del Comité de Adquisiciones 1998-1999 en las que se han venido reportando los importes pagados a este tipo de profesionistas y el número de asuntos que atienden, reuniones a las que asiste el Subcontralor de Control y Evaluación.
Obra en los archivos de la Sobcontraloría de Auditoría, diversos análisis realizados sobre los pagos acumulados a estos cuatro notarios en el periodo 1997-1999.
8.- Con relación a lo señalado en el punto 8 denominado Epílogo.
En la reunión del Grupo de Trabajo del Inventario de la Secretaría de la Reforma Agraria celebrada el día 8 de enero/2000 en la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, estuvieron presentes el Lic. Raúl Alfaro López, Director General Adjunto de Recursos Materiales y Servicios Generales, el Lic. Demetrio Flavio Gil Merino Subdirector de Recurso Materiales, la Lic. Ma. Eugenia Rodríguez Govea, Jefa del Departamento de Inventarios y Control Vehicular, el C.P. Aurelio Mendoza Espinosa, Subdirector de Contabilidad, el C.P. Romualdo Monroy Rivera, Auditor Adjunto del OIC y que pueden atestiguar la asistencia del Lic. Guillermo Marú Moreno como representante del OIC.
Asimismo, en la reunión celebrada en el Registro Agrario Nacional el día 11 de enero del presente año estuvieron entre otros, la Lic. María . Eugenia Rodríguez Govea de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SRA, la Lic. María Antonieta Villela, Subdirectora de Contabilidad de la SRA, y por el Registro Agrario Nacional la Lic. María Teresa Hernández Vilchis, el C.P. Emilio Torres Manzanilla, el C.P. Mario Alvarado Valdez, la C.P. Judith Flores Palos, y el Lic. Constantino Escobar Martínez quienes pueden atestiguar la asistencia del Lic. Guillermo Marú Moreno, como representante del OIC de la SRA.
Respecto al personal de base incorporado al Organo Interno de Control, basta que se le solicite al Contralor un informe de cuánto personal de este tipo está en el OIC y la fecha de su ingreso a la Dependencia y al OIC. Cuando menos hay cinco personas que fueron transferidas contando con la anuencia del titular del Organo Interno de Control de la Dirección General de Administración a la Contraloría Interna en el mes de mayo/1999.
Por otra parte, obra en los archivos de la Subdirección de Servicios Generales de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de la Reforma Agraria, así como en los archivos de la Representación Agraria en el Estado de Veracruz y en los de la Subcontraloría de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, información relativa a un siniestro ocasionado a principios de 1999 en el estado de Veracruz por uno de los auditores adscritos a la Contraloría Interna en la Secretaría de la Reforma Agraria quien fue comisionado para realizar una auditoría en la Representación ubicada en la ciudad de Jalapa. Esta persona, fuera del horario de trabajo, el fin de semana y en completo estado de ebriedad chocó un vehículo propiedad de la SRA y causó daños de consideración a un vehículo de un particular, y daños físicos también de consideración a otro particular, razón por la que el auditor estuvo en el hospital de la región en calidad de detenido. Presuntamente, mediante el reparto de dádivas el C.P. Jesús Mayagoitia Bolán realizó acciones para inducir que el acta levantada inicialmente ante el Agente del Ministerio Público fuera modificada, para que el ajustador de la Cía Aseguradora también modificara su dictamen y que el tercero perjudicado retirara los cargos que había hecho en contra del Auditor. Al mencionado Auditor ni siquiera se le amonestó.
Los horarios institucionales establecidos por SECODAM para los Organos Internos de Control no son atendidos. Al respecto, basta con que se intente localizar al Contralor y a los Subcontralores de Auditoría, y de Evaluación y Desarrollo Administrativo los lunes antes de las 11:00 horas y los viernes después de las 15:00 horas y entre semana después de las 16:00 horas. Esta actitud de displicencia en cuanto a cumplir con los horarios institucionales por parte de los "responsables" de conducir la Contraloría Interna en la Secretaría de la Reforma Agraria, desde luego tiene sus efectos negativos en el resto del personal.
PRUEBA TESTIMONIAL
Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 79, 80, 87, 90, 93, fracción VI, y artículos del 165 al 187 inclusive del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, respetuosamente me permito solicitarle se sirva realizar las previsiones así como las acciones procedentes para que comparezcan, apercibidos de lo que dispone el artículo 247 del Código Penal Federal, a ofrecer su testimonio sobre los hechos que son objeto de mi queja, a las personas que a continuación se detallan. Incluyo la ubicación de las oficinas donde pueden ser localizados en días y horas hábiles:
En relación al tema denominado Inventario Nacional de Bienes Instrumentales de la Secretaría de la Reforma Agraria:
-Lic. Demetrio Flavio Gil Merino.- Subdirector de Recursos Materiales, de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de la Reforma Agraria. Bolívar No. 156 Colonia Obrera, primer piso, C.P. 06800. Teléfono 5761-51-95 y 5761-59-33.
-C.P. Aurelio Mendoza Espinosa.- Subidrector de Contabilidad de la Dirección General Adjunta de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de la Reforma Agraria.- Dr. Vértiz No. 800-4º Piso, Colonia Narvarte.- C.P. 03020.- Teléfono 5590-64-44
-C. Rodolfo Balmori.- Subjefe del Departamento de Inventarios en la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Bolívar No. 156 Planta Baja, Colonia Obrera, C.P. 06800, Teléfono 5761-51-95
-C.P. Romualdo Monroy Rivera. Auditor adscrito a la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria.- Azafrán No. 219, 6º Piso, Colonia Granjas México. C.P. 08400. Teléfono 5650-63-11 ext 212.
-C. Silvestre Arreola García.- Director de Contabilidad y Presupuesto, adscrito a la Dirección General Adjunta de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de la Reforma Agraria.- Dr. Vértiz No. 800, cuarto piso, Colonia Narvarte, C.P. 03020, Teléfono 5579-39-82.
-C.P. Romualdo Monroy Rivera. Auditor adscrito a la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria.- Azafrán No. 219, 6º Piso, Colonia Granjas México. C.P. 08400. Teléfono 5650-63-11 ext 212.
-C.P. Antioco Pérez .- Auditor Encargado adscrito a la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria.- Azafrán No. 219, 5º Piso, Colonia Granjas México. C.P. 08400. Teléfono 5649-17-01 ext 212.
-C.P. Carlos Contreras.- Auditor Encargado adscrito a la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria.- Azafrán No. 219, 5º Piso, Colonia Granjas México. C.P. 08400. Teléfono 5649-17-01 ext 212.
-Lic. Juan Manuel Contreras Hernández.- Coordinador Administrativo en la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria.- Azafrán No. 219-6º piso, Colonia Granjas México. C.P. 08400, Teléfono 5654-38-73.
-C. Encargado del Grupo del Personal de Vigilancia asignado al edificio de Azafrán No. 219, Colonia Granjas México, en el Distrito Federal, quienes llevan una bitácora diaria, durante los 365 días del año, de los vehículos propiedad de la Secretaría que ingresan o salen del estacionamiento.
-C.P. Jaime Antonio Romero Salazar, Subcontralor de Auditoría, adscrito a la Contraloría Interna en la Secretaría de la Reforma Agraria. Azafrán No. 219-6º piso, Colonia Granjas México. C.P. 08400.
-Lic. Demetrio Flavio Gil Merino.- Subdirector de Recursos Materiales, de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de la Reforma Agraria. Bolivar No. 156 Colonia Obrera, primer piso, C.P. 06800. Teléfono 5761-51-95 y 5761-59-33.
-C.P. Romualdo Monroy Rivera. Auditor adscrito a la Subcontraloría de Control y Evaluación de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria.- Azafrán No. 219, 6º Piso, Colonia Granjas México. C.P. 08400. Teléfono 5650-63-11 ext 21.
-Ing. Cirilo Beltrán Guadarrama.- Subcontralor de Control y Evaluación de la Contraloría Interna en la Secretaría de la Reforma Agraria. Azafrán No. 219-6º piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400, teléfono 5654-79-68.
Con relación al punto 5 de mi queja, denominado "Desincorporación de Bienes a precios Subvaluados".
-Ing. Cirilo Beltrán Guadarrama.- Subcontralor de Control y Evaluación de la Contraloría Interna en la Secretaría de la Reforma Agraria. Azafrán No. 219-6º piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400, teléfono 5654-79-68.
-Lic. José Jesús Flores Valero.- Encargado de la Dirección de Normas de Almacenes y Desincorporación de Bienes Muebles de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal.- Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.- Av. Insurgentes Sur No. 1735-8º piso, ala sur.- Teléfono 5662-75-13.
-C.P. Alejandro Pastrana Salazar, actual Oficial Mayor en la SRA y quien en ese tiempo fungía como Director General de Administración (Dr. Vertiz. No. 800, sexto piso, Colonia Narvarte, C.P. 03020;
-Lic. Alfredo del Moral Díaz, Director General Adjunto de Contabilidad y Presupuesto (Dr. Vértiz No. 800, cuarto piso, Colonia Narvarte, C.P. 03020);
-El Lic. Raúl Alfaro López, Director General Adjunto de Recursos Materiales y Servicios Generales (Bolívar No. 156 Colonia Obrera, primer piso, C.P. 06800. Teléfono 5761-01-46.;
-El Lic. Demetrio Flavio Gil Merino, Subidrector de Recursos Materiales (Bolivar No. 156 Colonia Obrera, primer piso, C.P. 06800. Teléfono 5761-01-46);
-C.P. Aurelio Mendoza Espinoza, Subidrector de Contabilidad (.Dr. Vértiz No. 800, cuarto piso, Colonia Narvarte, C.P. 03020);;
-Ing. Cirilo Beltrán Guadarrama, Subcontralor de Control y Evaluación del OIC, (Azafrán No. 219, 6º piso, Colonia Granjas México. C.P. 08400).
-Ing. Cirilo Beltrán Guadarrama.- Subcontralor de Control y Evaluación de la Contraloría Interna en la Secretaría de la Reforma Agraria. Azafrán No. 219-6º piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400, teléfono 5654-79-68.
DE LA COMISION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS
A la presentación del disco compacto Trabajos Legislativos LVIILegislatura, y de la edición elaborada en esta H. Cámara de Diputados de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el jueves 15 de junio, a las 11 horas, en el salón Leona Vicario, ubicado en el edificio H planta baja.
Atentamente
Dip. Angelina Muñoz Fernández
Presidenta (PRI)
Dip. Margarita Chávez Murguía
Secretaria (PAN)
Dip. Rufino Contreras Velázquez
Secretario (PRD)
Dip. Wilbert Hebert Chi Góngora
Secretario (PRI)
DE LA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE VIGILAR QUE NO SE DESVIEN RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EN EL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2000
A la reunión de trabajo de su junta directiva, el martes 20 de ajunio, a las 10 horas, en la sala de juntas de la Comisión Especial.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la reunión anterior.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del trámite
que se dará a las denuncias recibidas.
Atentamente
Dip. Elodia Gutiérrez Estrada
Presidenta
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la comparecencia de la lic. Socorro Díaz Palacios, directora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el martes 20 de junio, a las 11 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Gonzalo Rojas Arreola
Presidente
DE LA COMISION DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su sesión ordinaria de trabajo, el miércoles 21, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Informe de la Presidencia.
4. Presentación del informe de labores correspondiente
al tercer año de la LVII Legislatura.
Atentamente
Dip. Juan Bueno Torio
Presidente
DEL COMITE DE BIBLIOTECA E INFORMATICA
A los eventos culturales a realizarse durante el mes de junio.
Concierto Coral con la Sección Coral de la Secretaría de Marina, el miércoles 28 de junio, a las 18 horas, en la Biblioteca del H. Congreso de la Unión, en la calle de Tacuba, número 29, Centro Histórico.
DE LA COMISION DE DESARROLLO REGIONAL Y APOYO A LA PRODUCCION
Al seminario Presente y Futuro del Desarrollo Regional en México, el 28 de junio, a partir de las 9:45 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales, con la participación de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AC (Amecider), a través de sus principales investigadores.
Programa
9:30 horas: Registro de participantes.
10 horas: Conferencia magistral.
Dr. Julio F. Goicoechea Moreno, Amecider, UAM-I.
"Concentración y Pobreza: las Alternativas del
Desarrollo Regional".
11 horas: Sesión de preguntas y debate.
Moderador: Dip. Pedro Magaña Guerrero,
11:45 horas: Ceremonia de Clausura.
Atentamente
Dip. Rosa Linda Banda Gómez
Presidenta de la Codrap