Gaceta Parlamentaria, año I, número 118, viernes 18 de septiembre de 1998


Orden del Día de la Sesión del viernes 18 de septiembre

Comunicaciones

Oficios Informes Convocatorias






Orden del Día 

SESION DEL VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 1998. INICIO A LAS 10 HORAS

Lectura del acta de la sesión anterior.
Protesta de ciudadano diputado.

Comunicaciones

Comunicaciones de los Congresos de los estados de México y Veracruz.
Comunicaciones de la H. Cámara de Senadores.
Comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. lic. Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O´Higgins, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Chile.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Mario Sánchez Santos, pueda prestar servicios en la embajada de Grecia en México.

Tres por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Leopoldo Enrique Márquez Sáenz, Laura Cecilia Hernández Rodríguez y Erick Gómez Rosales, puedan prestar servicios en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

Comparecencias

Comparecencia de la Secretaria de Relaciones Exteriores, dra. Rosario Green Macías. Política Exterior.

 

 


Comunicaciones 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MEXICO

Toluca de Lerdo, Méx., a 10 de agosto de 1998.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Nos permitimos comunicar a ustedes que, la H. LIII Legislatura del estado libre y soberano de México, en sesión de esta fecha, tuvo a bien elegir la directiva que fungirá durante el segundo mes del cuarto periodo de sesiones ordinarias, conforme a la siguiente integración:

Presidente:
dip. Amado Olvera Castillo.

Vicepresidentes:
Dip. Miguel Manuel Andario Jácome.
Dip. Roberto Reyes León.

Secretarios:
Dip. Raúl Hernández Ruiz.
Dip. Ismael Estrada Colín.

Prosecretarios:
Dip. Abel Pichardo Alva.
Dip. Ricardo Pérez García.

Sin otro particular, les expresamos nuestra distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Norma Patricia García Flores (rúbrica)
Gilberto Alejandro Sánchez Pérez (rúbrica)
Diputados Secretarios

 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

CC. Secretarios de la

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Con el presente comunico a usted, que la Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del estado libre y soberano de Veracruz-Llave, abrió hoy martes 1° de septiembre del año en curso, su primer periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, eligiéndose la Mesa Directiva que presidirá sus trabajos, la cual quedó integrada por los siguientes diputados:

Presidente: dip. Oswaldo Cházaro Montalvo.
Vicepresidente: dip. Francisco Javier Lara Arano.
Secretario: dip. Edmundo Miranda Feria.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Ver., septiembre 1 de 1998.

Lic. José Luis Olvera Carrascosa
Oficial mayor
 
 
DE LA H. CAMARA DE SENADORES

México, DF, septiembre 17 de 1998.

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

PRESENTE

Hacemos de su conocimiento que el Senado de la República realizó sesión ordinaria este día y la Presidencia citó a la próxima sesión del Pleno para el día miércoles 23 del presente mes; en consecuencia, esta Cámara dejará de sesionar por más de tres días, lo que comunicamos a esa Colegisladora para los efectos de los artículos 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Atentamente
Sen. Raúl Juárez Valencia (rúbrica)
Sen. Alfredo Garcimarrero Ochoa (rúbrica)
Secretarios

 
 

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
PRESENTES

En sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con una comunicación de los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, en la que se modifica la fecha de la comparecencia del C. Secretario de Comunicaciones y Transportes, lic. Carlos Ruiz Sacristán para el martes 6 de octubre de 1998.

Lo que hacemos de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 17 de septiembre de 1998.

Atentamente
Sen. Raúl Juárez Valencia (rúbrica)
Sen. Alfredo Garcimarrero Ochoa (rúbrica)
 
 
DE LA COMISION DE REGIMEN INTERNO Y CONCERTACION POLITICA

Palacio Legislativo, México, DF, 17 de septiembre de 1998.

Dip. Arturo Núñez Jiménez
Presidente de la Mesa Directiva

H.Cámara de Diputados
PRESENTE

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 22, párrafo segundo; 27 incisos b y d; y 45, fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar el siguiente documento, signado por el dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, vicecoordinador de Proceso Legislativo del grupo parlamentario del PRD, donde solicita se corrija el oficio anterior, lo anterior para que se le dé el trámite correspondiente.

Que el dip. Jesús Martín del Campo sustituya al dip. José del Carmen Enríquez Rosado, como integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Lic. Enrique León Martínez
Secretario técnico de la CRICP

 

 

 

 


Oficios 

CINCO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
PRESENTES

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, a fin de solicitar se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. lic. Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O?Higgins, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Chile.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa.

Agradezco a Uds. su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F, 10 de septiembre de 1998.

Por acuerdo del C. secretario
El director general de Gobierno
Sergio Orozco Aceves (rúbrica)
 

 

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
PRESENTES

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, a fin de solicitar se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Mario Sánchez Santos pueda prestar sus servicios como chofer en la embajada de Grecia en México.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento y fotocopia de la credencial de elector.

Agradezco a Uds. su atención a la presente reiterándoles la seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F, 11 de septiembre de 1998.

Por acuerdo del C. secretario
El director general de Gobierno
Sergio Orozco Aceves (rúbrica)

 
 

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
PRESENTES

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, a fin de solicitar se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el párrafo II, del inciso C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Leopoldo Enrique Márquez Sáenz pueda prestar sus servicios como asistente dentro del territorio nacional, al gobierno de los Estados Unidos de América, teniendo como lugar de trabajo el consulado general de ese país en Matamoros, Tamaulipas. Por lo anterior, me permito anexar copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F, 2 de septiembre de 1998.

Por acuerdo del C. secretario
El director general de Gobierno
Sergio Orozco Aceves (rúbrica)
 

 

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
PRESENTES

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, a fin de solicitar se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Laura Cecilia Hernández Rodríguez pueda prestar sus servicios como auxiliar de investigaciones consulares, en el consulado general de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por lo anterior, me permito anexar copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes .

Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F, 11 de septiembre de 1998.

Por acuerdo del C. secretario
El director general de Gobierno
Sergio Orozco Aceves (rúbrica)
 
 
 

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
PRESENTES

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, a fin de solicitar se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Erick Gómez Rosales pueda prestar sus servicios como operador de computación, en el consulado general de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por lo anterior, me permito anexar copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F, 11 de septiembre de 1998.

Por acuerdo del C. secretario
El director general de Gobierno
Sergio Orozco Aceves (rúbrica)

 

 

 


Informes 

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, SOBRE LA PARTICIPACION DE UNA DELEGACION DE LEGISLADORAS MEXICANAS EN EL PRIMER CONGRESO IBEROAMERICANO DE MUJERES PARLAMENTARIAS, CELEBRADO EN COCHABAMBA, BOLIVIA, DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1998

El día 1° de septiembre arribamos a Cochabamba, Bolivia, las delegaciones asistentes al evento convocado por la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia y el Movimiento Femenino Iberoamericano Sentí Pensante.

El evento inició el día 2 de septiembre. La inauguración estuvo a cargo, en su carácter de Senador de la República de Bolivia, del Prefecto de Cochabamba.

En la inauguración estuvimos presentes las delegaciones de México, Nicaragua y el Salvador.

Las mencionadas delegaciones nos encontramos con una situación muy lamentable, ya que durante el inicio de los trabajos planteados para la rea1ización del Congreso de Parlamentarias, se nos informó que el evento se postergaba.

Nos fue leída la resolución con número 002/98.99 y fecha 24 de agosto, en la que se alude a la siguiente justificación para la postergación del Primer Congreso Iberoamericano de Mujeres Parlamentarias: "Que ante la proximidad de la fecha fijada para la realización del citado Congreso, resulta difícil para la H. Cámara de Diputados incluir en su ejecución presupuestaria el costo que demanda dicho evento".

Igualmente nos dieron a conocer un comunicado fechado el 2 de septiembre en el que se informa que: "La coordinadora Marilú Escobar estaba en la obligación de comunicar la postergación del Congreso a los diferentes países, que lamentablemente en su oportunidad no lo hizo".

Las referidas comunicaciones oficiales del Congreso boliviano y la misma problemática situación que de ello se derivó, obligaron a las delegaciones presentes a discutir y reflexionar sobre las decisiones a seguir y la viabilidad de concretar, en nuestro carácter de parlamentarias, algunos trabajos.

Inicialmente el programa previsto contemplaba la asistencia de todos los países de Iberoamérica, para realizar el Primer Congreso Iberoamericano de Mujeres Parlamentarias con facultades resolutivas y la intención de consensar dos propuestas que serían presentadas ante jefes de Estado de las respectivas naciones en la Cumbre Iberoamericana

Ante la falta de representatividad, y por la ausencia de la misma delegación sede, se resolvió que las delegaciones de México, Portugal, Nicaragua y El Salvador se reunieran por separado para determinar respectivamente las acciones a proseguir.

Posteriormente en reunión plenaria, nuestra delegación propuso continuar con los trabajos, proceder a la lectura de las ponencias y cambiar el carácter del evento. Propusimos que en lugar de realizarse como el Primer Congreso Iberoamericano de Mujeres Parlamentarias, se redefinieran los trabajos del evento y sus facultades como una Reunión de Parlamentarias de los países concurrentes, de la cual pudiera derivar alguna resolución.

La propuesta de la delegación mexicana fue aceptada y atendiendo a la misma, durante el día 4 de septiembre se dieron lectura a las participaciones de cada país, igualmente se decidió abrir la participación a grupos organizados de la sociedad boliviana, los cuales se integraron a los trabajos.

Así, las parlamentarias asistentes trabajamos en las propuestas presentadas y suscribimos la Resolución de Cochabamba, con la intención de avanzar en los trabajos necesarios para la presentación de propuestas en la Cumbre de Estados Iberoamericanos, a realizarse en el mes de octubre en Portugal.

Entre los que suscriben dicha resolución se encuentran México, Nicaragua y El Salvador. Si bien la delegación de Portugal participó en las sesiones de lectura de ponencias y elaboración de propuestas, se reservó la suscripción de dicho documento.

Entre algunos de los trabajos que se revisaron en Cochabamba, se registran los siguientes:

- Propuestas de Reformas Laborales. Dip. Ma. Elena Cruz Muñoz.
- La Mujer Rural Mexicana: Retos y Perspectivas. Dip. Ma. Guadalupe Martínez Cruz.
- Violencia Intrafamiliar. Dip. Alma Angelina Vucovich Seele.
- Impulso y Apoyo a 1a Mujer Artesana en el Medio Rural. Dip. Emilia García Guzmán.
- Reformas Electorales. Coordinadora Marilú Escobar (Nicaragua).
- Adecuaciones a Convenios Internacionales. Dip. Nac. Dra. G. Abán (Argentina).
- Violencia contra las mujeres y explotación sexual de la niñez y la adolescencia. Senadora Cristina Solana Muñoz (Paraguay).
- Paridad, Igualdad de Oportunidades y Familia. Dip. María Do Rosário Carneiro (Portugal).
- Participación de las mujeres en 1a toma de decisiones. Comisión Parlamentaria de Portugal.
Cabe mencionar que enviaron ponencia países como Argentina, Paraguay y Venezuela.

Anexo al presente, los textos de las propuestas presentadas por las parlamentarias mexicanas y la Resolución de Cochabamba suscrita por las delegaciones participantes.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

Dip. Ma. Elena Cruz Muñoz (rúbrica), dip. Alma Angelina Vucovich Seele (rúbrica), dip. Ma. Francisca Martínez Cruz (rúbrica), dip. Emilia García Guzmán (rúbrica).
 

Resolucion de Cochabamba

Cochabamba, 3 de septiembre de 1998

Las delegaciones de mujeres parlamentarias de las repúblicas de Nicaragua, El Salvador y los Estados Unidos Mexicanos, reunidas en la ciudad de Cochabamba, Bolivia; después de analizar la situación de las mujeres de nuestros países y conscientes de que las metas del desarrollo tienen como requisito indispensable la promoción y el efectivo respeto de los derechos de las mujeres, acuerdan proponer a la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, que se celebrara en Portugal este año, que adopten las siguientes resoluciones:

1. Resoluciones sobre violencia doméstica y de género:

Primero: el diseño de programas comunes de atención, prevención y sobre todo educación para disminuir y erradicar la violencia doméstica y de género.

Segundo: integrar una Red Iberoamericana de Información a través de Internet como un espacio amplio y útil para todos los organismos y todas las mujeres iberoamericanas en el intercambio de información y toma de decisiones.

Tercero: incrementar sustancialmente los recursos para prevenir y atender 1os casos de violencia intrafamiliar y de género.

2. Resoluciones en el campo laboral. Primero: Promover la capacitación y adiestramiento laboral respetando la proporcionalidad y sin discriminación a las mujeres.

Segundo: Garantizar el derecho a la maternidad que tiene la mujer trabajadora, prohibiendo que se exija el certificado médico de ingravidez a las aspirantes a un empleo, los despidos por embarazo, así como ampliar los periodos de reposo correspondientes al parto y posparto.

Tercero: Crear en los ministerios de trabajo y prevención social una instancia de coordinación general para la igualdad de oportunidades y derechos laborales.

3. Resoluciones para las mujeres rurales. Primero: Los gobiernos de Iberoamérica deberán garantizar con planes y programas a las mujeres rurales la superación de los rezagos educativos, de salud, vivienda, capacitación, financiamiento al establecimiento de la micro y pequeña empresas, comercialización y su pleno reconocimiento al derecho de sucesión a la parcela ejidal como patrimonio de la familia.

Segundo: Los países que cuenten con un desarrollo artesanal propiciado por mujeres en el medio rural, crearán al interior de sus Parlamentos o cámaras legislativas la comisión de artesanías para el apoyo y promoción del sector.

Tercero: Los gobiernos se comprometen a crear universidades en el sector del campo, para facilitar el ingreso a la educación superior de las y los jóvenes estudiantes de ese sector.

4. Resolución sobre los menores en conflicto con la ley. Primero: Los gobiernos, promoverán la protección, amparo, fortalecimiento, y sobre todo el cumplimiento del deber la paternidad y maternidad responsable, creando organismos administrativos y judiciales especializados en la solución y previsión de conflictos familiares que puedan impulsar al menor a delinquir.

Segundo: Se establecerá un régimen jurídico especial, coherente con la convención de los derechos del niño, que garantice la rehabilitación de los menores, la recuperación de su autoestima, así como su capacitación laboral e integración familiar, este régimen debe garantizar que no se internen menores de edad en penitenciarias de adultos.

5. Resoluciones sobre educación. Primero: Que los gobiernos de Iberoamérica se comprometan a realizar en base a un plan de trabajo una cruzada de alfabetización en cada país, así como aportar los recursos necesarios para tal fin. Este plan deberá asegurar que la mujeres se beneficien para lo cual diseñara programas adecuados a su situación.

Segundo: Suprimir los aranceles a los libros y materiales educativos.

6. Resoluciones en el campo económico. Primero: Los gobiernos de Iberoamérica garantizaran con planes concretos el acceso de las mujeres a los recursos productivos: tierra, propiedad, crédito, tecnología, comercialización, etc, suprimiendo todas las disposiciones discriminatorias el razón del sexo, raza, edad, etc. 7. Resoluciones sobre participación política. Primero: Los gobiernos se comprometen a adoptar las medidas políticas y legislativas necesarias para que las mujeres tengan una representación no menor del 50 por ciento en los cargos de elección popular y en general en los organismos gubernamentales y no gubernamentales en el nivel de toma de decisiones. Por El Salvador (rúbricas); por Nicaragua (rúbricas); por México: diputadas María Elena Cruz Muñoz, Alma Vucovich Seele, Emilia García Guzmán y Guadalupe Martínez Cruz (rúbricas).

Cochabamba, Bolivia, septiembre 1998
 
 

Intervención de la dip. Ma. Elena Cruz Muñoz, Presidenta colegiada de la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados, México

Senadora Nacional Elda Escalante Arzadum,
Senadora Nacional Rosario Vásquez Araujo,
Diputadas Rosario Vásquez de Prado
y Miriam Maesse Ribera,
Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia,
Mujeres del Movimiento Femenino
Iberoamericano Sentipensante,
Compañeras Parlamentarias:

"Gracias al ingreso de la mujer en el mercado de trabajo, la mayoría de los hogares ha podido hacer frente a la reducción de los ingresos reales provocada por la crisis económica": Organización Internacional del Trabajo.

Las Comisiones de Equidad y Género del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos de la LVII legislatura, convocaron, organizaron y llevaron a cabo la realización del Parlamento de Mujeres de México.

El Parlamento de Mujeres de México tuvo lugar los días 7 y 8 de marzo y por primera vez en la historia parlamentaria de nuestro país, las mujeres legisladoras, mujeres de organismos civiles, de centros académicos, de instituciones y diferentes partidos políticos, sesionamos en el recinto legislativo con la intención de dar cauce a las principales propuestas sociales y políticas de las mujeres de nuestro país.

Las propuestas planteadas en el Parlamento de Mujeres de México expresan las principales necesidades y señalan diversos aspectos susceptibles de modificación, derogación o reforma de las leyes que regulan la vida política, económica, laboral, familiar, etc.

En esa sesión se abordaron 9 temas de interés central para las mujeres mexicanas: se abarcó el tema de violencia intrafamiliar, modificaciones a códigos civiles, penales y procedimentales; sobre la mujer en la educación; sobre la Ley Federal del Trabajo, la nueva Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Ley del ISSSTE; sobre Código Civil de Familia, sobre las mujeres y la salud, sobre su participación en la administración pública y en los cargos de elección popular; sobre las mujeres indígenas y el derecho agrario y sobre las mujeres en los medios de comunicación.

De todos ellos se derivaron propuestas que las mujeres parlamentarias nos comprometimos a convertir en Agenda Legislativa Nacional con la intención principal de erradicar los elementos jurídicos que den lugar a cualquier tipo de discriminación de género.

De las diversas propuestas planteadas en el Parlamento de Mujeres de México consideramos que por la resonancia que denotó en el mismo evento, por su importancia, por la coyuntura específica existente en nuestro país relacionada con la discusión y revisión de la Ley Federal del Trabajo, y por la viabilidad y contribución que para las mujeres de Iberoamérica pueden significar las relativas a reformas laborales merecen plantearse en este Primer Congreso Iberoamericano de Mujeres Parlamentarias.

Antes de abordar los contenidos concretos y legislativos de dicha propuesta, mencionaré una breve semblanza de la ubicación y condición de las mujeres en el ámbito laboral.

En México, de acuerdo a información proporcionada por el Programa Nacional de la Mujer (PRONAM), por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y por algunos trabajos de investigación académica podemos ubicar en los últimos 25 años una tendencia de incorporación acelerada de las mujeres al ámbito laboral y económico, con una tasa de entre un 35 a un 40 por ciento de incremento en su participación.

Si bien, las características y condiciones laborales que viven las mujeres en México varía de acuerdo a regiones, a ubicación geográfica, a calificación, contenidos o consistencia de labores, etc, existen aspectos que homologan la condición laboral de las mujeres.

Así, las estadísticas nos señalan que del total de mujeres que desarrollan una actividad económica, el 72 por ciento se ubica conjuntamente en el sector de servicios y comercio (cifra obtenida del artículo de Isabel Salmerón. Mujer y Trabajo. S. XX. Junio 1998).

Los desgloses del INEGI nos dicen que de los 11.4 millones de mujeres activas económicamente, 54.8 por ciento son asalariadas, 23.3 trabajan por su cuenta y 18.2 son trabajadoras no remuneradas y un 10.5 por ciento son empleadoras.

Del total de los trabajadores sin pago que "participan en los mercados de trabajo" se tiene que 44.9 por ciento son mujeres.

Aunque aún predominan mujeres solteras, sin hijos o separadas, con tasas de participación que oscilan entre 65 y 68 por ciento, las mujeres casadas o en unión libre, han aumentado considerablemente su participación económica, alcanzando tasas de actividad de 27.8 por ciento en 1993 (Datos del PRONAM).

La segregación laboral o la adjudicación de roles o definiciones de género para ciertos trabajos, representan formas de discriminación no sólo para las mujeres, sino asimismo para muchos hombres.

Si bien se carece de adecuaciones legales y políticas destinadas a promover la redistribución de la organización social productiva, en los hechos se perciben algunos cambios derivados de la alta demanda y disponibilidad de mano de obra, de la incorporación y elevación de escolaridad femenina, así como de las transiciones y rupturas respecto a los roles entre los géneros.

Un gran número trabajan como asalariadas, obreras de la industria (54.3 por ciento), calificadas en empresas de telecomunicaciones, otro gran porcentaje como maquiladoras. Se concentran con un 40.8 por ciento en los servicios y un 28.5 por ciento en comercio, 14.6 por ciento en la industria y 11.0 por ciento en el sector agropecuario.

Recientemente irrumpen en trabajos por cuenta propia o autoempleo femenino (puestos de quesadillas, elotes, dulces) o dentro de algún pequeño negocio de familia, actividades consideradas como una de las principales estrategias de sobrevivencia familiar con un incremento de un 38 a un 42 por ciento. El porcentaje de técnicas, profesionistas o en la administración pública se reduce al 10 o 13 por ciento.

Otro aspecto que nos refiere una situación común entre la diversidad de actividades económicas en las que se ocupan las mujeres es el hecho de que los ingresos que perciben son menores a los que por trabajo igual llegan a tener sus compañeros varones.

Otro hecho que marca una situación laboral compartida por las mujeres es que, paralelo al proceso de incorporación de las mujeres a la dinámica laboral, se incrementan para las mismas, las responsabilidades doméstico-familiares creando una sobre carga de trabajo a la que tienen que responder cotidianamente.

En conjunto, las principales barreras a las que las mujeres se enfrentan y que desde hace tiempo ya conocemos, en la vida laboral son: la segregación ocupacional, la desigualdad de oportunidades, la discriminación salarial y la denominada doble jornada de trabajo que en ocasiones llega a impedir el desarrollo de las mujeres en otras áreas.

La discriminación en este fin de milenio, aún se aplica entre las nuevas generaciones y en muchas ocasiones parte del ámbito familiar. Por eso, además de las reformas laborales por hacer, requerimos señalar una preocupación y un trabajo arduo a desarrollar desde ahora para prevenir la continuación de iniquidades y para proteger a un alto porcentaje de niñas que en edad escolar no acuden a la escuela, ya que del total de menores que abandonan la escuela, la mayoría son niñas, igualmente son más niñas que niños quienes trabajan en sus hogares, en bares, calles, etc.

Por otro lado, la situación en México no difiere mucho de las relacionadas con las experiencias laborales de las mujeres que se registran en muchos otros países. De acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las estadísticas confirman la existencia de un gran número de hogares encabezados por mujeres. El porcentaje de ese tipo de hogares aumentó en todo el mundo durante el decenio de 1980, llegando a incrementarse en algunos países sobre todo de Africa y del Caribe en casi un 50 por ciento.

La mayoría de las mujeres ganan en promedio, del 50 al 80 por ciento de lo que ganan los hombres. La diferencia en la remuneración es marcada en países en desarrollo en donde se incorpora de manera masiva la mano de obra femenina en la industria manufacturera de exportación.

Igualmente la OIT reconoce que el impacto mundial de la segregación laboral determina la desigualdad en la remuneración de hombres y mujeres, "las mujeres se ubican en sectores como los servicios, ventas, servicio doméstico, mientras que los hombres trabajan en la industria y el transporte; las mujeres se ocupan de la enseñanza de los servicios de atención, de la agricultura de subsistencia, mientras que los hombres se ocupan de gestión, administración y decisiones. La segregación laboral es aún más aguda en la enseñanza, las mujeres predominan en niveles de primaria y los hombres en niveles de enseñanza superior.".

Registra que en América Latina y el Caribe el 71 por ciento de las mujeres que laboran se concentran en el sector servicios y que por las responsabilidades familiares trabajan en promedio de 12 a 13 horas más que los hombres por semana.

Todo ello nos habla de cómo para las mujeres el vínculo y la combinación entre exigencias laborales y familiares es muy acentuado. Curiosamente cuando la mujer trabaja fuera de casa le es difícil avanzar, pero al mismo tiempo se convierte en el principal apoyo de la familia

Por ello y como producto no sólo de los compromisos adquiridos en el Parlamento de Mujeres (de México) y del trabajo conjunto de las Comisiones de Equidad y Género del Congreso de la Unión en México, las propuestas a modificaciones a la ley, pretenden equilibrar en el ámbito público y en el privado, las responsabilidades y derechos de los hombres y mujeres.

De eso podemos desprender que las propuestas a considerar con un alto grado de consenso social, para los trabajos de carácter legislativo y parlamentario son:

Propuesta

Los artículos tanto constitucionales como de la Ley Federal del Trabajo sobre los que necesitamos hacer adecuaciones o modificaciones son principalmente:

Es importante destacar y ubicar que las propuestas presentadas aquí si bien derivaron de una primer consulta (Parlamento de Mujeres de México) con mujeres vinculadas al tema, se busca integrarlas a un espacio de acercamiento y diálogo con otros sujetos y procesos en los que se enmarcarían esas modificaciones.

Los pasados meses de junio, julio y agosto se realizaron por todo el país Foros de Consulta a la legislación laboral convocados por la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la H. Cámara de Diputados.

Los foros permitieron vislumbrar que el avance y consenso sobre las modificaciones, a la Ley Federal del Trabajo requiere de un amplio debate y revisión profunda y sistemática de sus implicaciones así como la ubicación de todas las partes directamente involucradas.

Requerimos aún impulsar otras etapas de promoción y discusión de las reformas laborales de género con otros sectores interesados y afectados como son la iniciativa privada, los partidos políticos, los sindicatos, el sector obrero, etc.; para medir repercusiones económicas, de reorganización laboral, de horarios y lograr un consenso más amplio, legítimo y sobre todo factible.

Para que las modificaciones que ahora entendemos como benéficas para los hombres y mujeres trabajadoras no se conviertan justamente en lo que se pretende contrarrestar: en reducción de las opciones y el deterioro de los derechos y condiciones laborales.
 

Intervención de la diputada Alma Angelina Vucovich Seele, con la ponencia Violencia Intrafamiliar

Deseo agradecer a nombre propio y el de mi país la oportunidad de participar en este importante Foro, en el que continuamos la lucha y el esfuerzo por mejorar la condición de la mujer en Iberoamérica.

Mis ideas giran en torno al problema de la violencia intrafamiliar y las acciones que debemos emprender para erradicarlo de nuestros países. La violencia intrafamiliar, como expresión de la agresión física, sexual, psicológica, moral, y en ocasiones patrimonial, es un cáncer cultural que ha existido desde tiempos inmemoriales en el planeta, pero sigue tan latente y vivo que las estadísticas son aterradoras aún a escasos dos años de terminar este segundo milenio:

Según reporta un reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas, sabemos que la violencia en los propios hogares es la mayor causa de las lesiones que sufren las mujeres de entre 15 y 44 años de edad en el mundo.

En Latinoamérica, entre el 30 y el 40% de las mujeres, en promedio, ha sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y una de cada cinco falta al trabajo por haber sufrido violencia física en sus casas, pero es sabido que estos índices son mayores pues el número de casos reportados es muy inferior al de los casos ocurridos pues las víctimas siempre se ven sometidas no solo al abuso físico, sino al abuso emocional a través de la amenaza.

Aún reconociendo la subjetividad de las estadísticas, se ha podido establecer que más del 40% de las mujeres chilenas que viven en pareja han sufrido algún tipo de esta violencia. En Colombia este índice es mayor al 35%, en Argentina es mayor al 37%, y en Nicaragua al 32% de las mujeres de entre 16 y 49 años de edad.

Un estudio realizado en 4 ciudades bolivianas mostró que, en promedio, más del 74% de las denuncias formuladas por mujeres en un año de estudio fueron denuncias relativas a la violencia intrafamiliar. Aquí en Cochabamba, este índice alcanzó el 82%, y mi país, México, no esta mejor pues el indicador alcanza el 89%.

Aún en países denominados como industrializados, el problema es exactamente igual. Baste recordar que en Estados Unidos el 30 por ciento de las mujeres internadas de emergencia en los hospitales, lo hacen por haber sido víctima de la violencia en sus hogares.

Este patético panorama demuestra que la violencia intrafamiliar es un fenómeno socio-cultural y un problema de salud pública, que debe atacarse en los ámbitos legislativo, educativo, y de acción política, y que además debe abordarse como un problema mundial y no local, y por ello las soluciones no deben aislarse al ámbito de cada país, sino que debemos pugnar por acciones integrales y de carácter igualmente mundial.

Esta, creo yo, es la única manera de avanzar real y eficazmente en la solución de este trágico episodio de la humanidad, y es por ello que esta y otras reuniones de carácter regional son de vital importancia para las mujeres del planeta.

Considero que el combate a la violencia intrafamiliar puede enfrentarse desde los grandes planos de acción, cada uno con elementos y características específicas:

En un primer plano es fundamental contar un amplio marco de reconocimiento, protección, y garantías jurídicas para las mujeres. En este plano al que denomino normativo y legislativo, es necesario entre otras medidas lograr las siguientes acciones concretas:

Primera: Asegurar que todos los organismos de cooperación internacional cuyas acciones incidan en el desarrollo social y económico del mundo, contengan apartados claros en contra de la violencia intrafamiliar, la discriminación y la violencia hacia las mujeres, y que incluyan los acuerdos específicos que la ONU, la Cumbre de Pekín, la Convención Regional de Belém do Pará y muchas otras, privilegian para salvaguardar la integridad física y psicológica de las mujeres y los hijos en el hogar.

Segunda: Asegurar y, en su caso presionar para que antes que termine 1999 todos los países iberoamericanos hayan legislado en materia de violencia intrafamiliar, tanto en los niveles federales o centrales de gobierno, como en los estados, departamentos o demás instancias de gobierno.

A pesar de que en Iberoamérica 17 países tienen ya leyes contra la violencia doméstica, es interesante observar como nuestras acciones no han caminado a la par: por ejemplo, mientras Puerto Rico y Costa Rica aprobaron en 1989 y 1990 respectivamente, las primeras Leyes Contra la Violencia Doméstica en América Latina, en México logramos apenas el año pasado, y tras increíbles resistencias, aprobar la Ley de Violencia Intrafamiliar, quedando pendientes muchas acciones legislativas para consolidar el marco de protección jurídica en este campo. Estoy segura que los países que aún no legislan en esta materia experimentan una gran resistencia y una gran falta de apoyo.

Por ello les propongo crear hoy, aquí y ahora, una comisión para revisar y analizar la legislación de cada país asistente en materia de violencia intrafamiliar y derechos de la mujer, buscando conocer que es lo que nuestros países han hecho en materia legislativa y en su caso buscar homologar la legislación en todos los países. Estoy convencida que la mujer boliviana tiene los mismos derechos que la mujer ecuatoriana, la portuguesa y la mexicana, y no veo entonces por qué no podamos contar con una legislación iberoamericana homogénea que salvaguarde nuestros derechos y nos proteja contra la violencia en todas sus expresiones y en todos los rincones de Iberoamérica.

Sin embargo, bien sabemos que, aun cuando existan legislaciones avanzadas en la materia, la violencia intrafamiliar es asunto de hecho y está comprobado que muchas veces la legislación es letra muerta por que no existen políticas públicas y programas sociales para erradicar y prevenir este nocivo problema. Las Leyes, cuando no se cumplen, dejan de ser leyes, y en el caso de la violencia intrafamiliar esto es muy común, puesto que gran parte de los casos no se reportan por miedo a las represalias y otra cantidad de casos reportados no son resueltos porque no existen los mecanismos, recursos, y personal capacitado para atenderlos.

Para que la acción legislativa sea efectiva, se debe actuar paralelamente en el segundo plano, al que denomino cursos de acción política, y en el que se deben revisar y en su caso consolidar, modificar o ejecutar programas concretos para atender los problemas de violencia intrafamiliar.

Por eso propongo que en lo que resta de 1998 revisemos en forma conjunta y sistemática tanto los programas como los recursos que nuestros gobiernos asignan para implementar programas contra la violencia intrafamiliar, evaluando su impacto y alcances en forma cuantitativa y cualitativa.

En el tan famoso proceso de globalización económica, el papel del Estado como promotor del desarrollo y el bienestar social ha disminuido para privilegiar las políticas neoliberalistas y de mercado a ultranza. Los programas de ajuste estructural que los organismos financieros multinacionales han impuesto a la mayoría de los países de América Latina han tenido como premisa la disminución significativa de los recursos que el Estado orienta para el desarrollo social, y esto es comprobable al revisar los montos asignados a mejorar las condiciones de la mujer en los últimos 15 años.

La creación de Centros de atención para mujeres víctimas de violencia familiar, la implementación de campañas permanentes de educación sobre este fenómeno, y la capacitación y equipo para atender esta problemática se encuentran al final de la lista presupuestal puesto que no reditúan ganancias para las empresas multinacionales. Pero este nuevo proceso globalizador ha obligado a millones de mujeres a incorporarse al mercado laboral, no como una forma de realización personal y profesional, sino como una necesidad para enfrentar la pobreza bajo condiciones laborales adversas, discriminatorias y desiguales frente a los hombres. Prueba de ello es que la mujer obtiene salarios más bajos y esta constantemente amenazada por su condición reproductiva, aún cuando por su productividad y capacidad de generación de riqueza sean iguales y en muchos casos mayores a los de los hombres.

Así pues, al igual que en el plano legislativo y normativo, es fundamental revisar y comparar los programas y recursos que nuestros gobiernos han canalizado a programas contra la violencia intrafamiliar en los últimos quince años, para determinar cual ha sido el papel de los Estados en la solución o agravamiento de este fenómeno, y poder incidir sobre las políticas que los organismos financieros internacionales imponen a nuestros gobiernos y sobre las estrategias que cada gobierno diseña para erradicar este vicio socio-cultural.

Paralelamente, propongo tres acciones específicas para avanzar en este sentido:

Primero: El diseño de programas de atención prevención y sobre todo educación para disminuir y erradicar la violencia doméstica, respetando las particularidades de cada nación pero homologando sus principios y objetivos. Cito solo como ejemplo la resolución sobre una campaña europea sobre Tolerancia Cero ante la violencia contra las mujeres que está promoviendo el Parlamento Europeo.

Segundo: Aprovechando las ventajas que nos ofrece esta era de la información, propongo que integremos una Red Iberoamericana de Información a través del internet, que se constituya en un espacio amplio y útil para todos los organismos y todas las mujeres iberoamericanas en el intercambio de información y toma de decisiones. Actualmente existen cientos de organizaciones pro-defensa de los derechos de la mujer que ya cuentan con páginas Web, y hay algunos casos como el de "Mujeres en Red" que realizan una labor integradora en el mundo entero. Sin embargo, existen muchas más que se encuentran aisladas y en algunos casos nonos enteramos de que estas nuevas alternativas ya existen. Propongo entonces que todas las organizaciones aquí presentes integremos un directorio electrónico tanto de páginas Web como de correo electrónico, y que tomemos el acuerdo de crear una página integradora, en la que se confluyan y se entrelacen todas las organizaciones que luchan por mejorar los derechos y condiciones de la mujer en este planeta.

Tercero: Una vez que tengamos los resultados del análisis de las políticas de nuestros gobiernos, presionar en forma individual y colectiva a los gobiernos de los países para que aumenten sustancialmente los recursos para atender prevenir los casos de violencia intrafamiliar. Si no contamos con los recursos económicos y presupuestarlos para impulsar políticas públicas y programas concretos de atención, prevención, y educación a la sociedad en torno a este problema, tanto las modificaciones a la ley como el diseño de programas serán esfuerzo estéril.

Es fundamental hacer entender a los gobiernos de nuestros países que si no se orientan recursos, pero muchos más de los que ahora se dan, para atender este problema, los conceptos de igualdad jurídica y desarrollo equitativo no serán más los que han sido hasta hoy: retórica y falsedad.

Las consecuencias de la violencia intrafamiliar son terribles en todas las esferas de la vida humana: en el plano individual, se pisotea la dignidad humana y se frena la evolución espiritual; en el plano familiar se rompe con la armonía y se siembra la semilla del odio, el rencor, y la violencia; y en el plano social se impide el desarrollo social justo y equitativo que nuestras naciones tanto necesitan de cara al nuevo milenio.

 

Intervención de la diputada María Guadalupe Martínez Cruz, integrante de la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados de México, con la ponencia La Mujer Rural Mexicana: Retos y Perspectivas hacia el Nuevo Milenio

Senadora Nacional Elda Escalante Arzadum,
Senadora Nacional Rosario Vásquez Araujo,
Diputadas Rosario Vásquez del Prado
y Miriam Maesses Ribera,
Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia,
Mujeres del Movimiento Femenino Iberoamericano Sentipensante,
Compañeras Parlamentarias:

Introducción:
Situación de la mujer en México

El balance sobre la situación de la mujer en México debe interpretarse a la luz de las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales que han tenido lugar en los contextos mundial y nacional en los últimos años. En el ámbito internacional, por ejemplo, algunos fenómenos globales han propiciado el tránsito de la economía mundial hacia una fase de globalización lo que ha provocado que en este proceso ocurran profundos reacomodos económicos y geopolíticos, los cuales están sentando las bases para un amplio cambio estructural de la economía y de las relaciones internacionales.

Esta situación ha contribuido ha acentuar en América Latina la urgente necesidad de emprender una amplia y profunda revisión de las estrategias y orientaciones políticas del desarrollo. La crisis de 1982 por su intensidad e impacto asestó un duro golpe al modelo económico predominante en los países de la región, el cual hacía hincapié en la sustitución de importaciones y (en) una fuerte intervención estatal, al tiempo que implicó la detonación de un proceso de cambios económicos radicales. Dicha estrategia fue remplazada gradualmente, aunque con intensidad cada vez mayor, a medida que avanzaba la década de los 80, por un nuevo paradigma inspirado en los principios liberales de la economía de mercado.

En México, los esfuerzos de transformación estructural de la economía nacional incluyeron cambios centrados en la liberalización del mercado, la apertura hacia el exterior y su integración estratégica en bloques comerciales, a la par que en la redefinición del papel y funciones del Estado en el proceso de desarrollo económico y social. El tránsito hacia un nuevo modelo no ha estado exento de dolorosos ajustes y costos económicos y sociales del Producto Interno Bruto y la insatisfacción de demandas sociales largamente postergadas.

La Población Femenina en México

Las Mujeres mexicanas suman actualmente 46.5 millones y representan poco más del 50 por ciento de los 92 millones de habitantes del país. En los últimos años como consecuencia del rápido descenso de la fecundidad y la transformación de los patrones reproductivos, se han producido cambios notables en la estructura por edades de la población, lo que ha dado lugar a un proceso gradual de envejecimiento de la misma, expresado en el continuo aumento de la proporción de adultos y ancianos en la población total.

Se prevé que al inicio del nuevo milenio las mujeres mexicanas sumarán alrededor de 50.1 millones y para el año 2010 ascenderán a 56.6 millones. Los cambios en al composición por edades de la población femenina tienen importantes consecuencias en la conformación de un amplio espectro de demandas sociales.

La Mujer Rural en México

En 1990, la población rural, definida como aquella que reside en localidades con menos de 2,500 habitantes, representaba alrededor del 28.7 por ciento de la población total Esta población tiene en general un acceso limitado a los servicios-básicos y la mayoría vive en condiciones de pobreza y marginación, las cuales inciden principalmente en las mujeres. La precariedad de las viviendas rurales y la falta de servicios repercuten en sus condiciones de vida y de salud, lo que hace más larga y ardua su jornada de trabajo. Identificamos como mujer rural a aquella que deviene su ingreso del trabajo de la producción, transformación y comercialización en labores agropecuarias, acuícolas y forestales. Para 1995 se contabilizaban 11,974, 434 mujeres rurales, siendo una población sumamente heterogénea en términos de cultura, etnia, niveles de desarrollo y condición política.

Es importante resaltar que no existe un tipo de mujer rural, sino más bien una gran diversidad de mujeres rurales, con características distintas y múltiples; ello debido a las características de las regiones y lugares donde viven, las actividades que desarollan y las culturas que observan. Así, entre las mujeres rurales se pueden distinguir a las mujeres campesinas tradicionales, asalariadas, migrantes e indígenas, que habitan zonas propiamente rurales, como también zonas semi-urbanas.

En México, como sucede en otros países, las condiciones de marginación y pobreza afectan a las mujeres rurales de manera amplificada agravando su condición marginal, con respecto a la de los hombres, no sólo en el ámbito doméstico, en donde las desigualdades de género subsisten y en ocasiones se mantienen con un elevado grado de violencia en la relación familiar, sino también en los espacios públicos como el trabajo, la escolaridad, la salud en general, entre otros.

En las áreas rurales los problemas de salud de las mujeres se vinculan a carencias nutricionales, excesivas cargas de trabajo, alta fecundidad y embarazos frecuentes, inadecuada atención prenatal y del parto, elevada mortalidad materna e infantil, así como condiciones de insalubridad en su entorno y en sus viviendas. La educación de las residentes rurales se ve limitada por su marginación socioeconómica y cultural, además de las desventajas asociadas con su condición femenina. Así, 30% de las mujeres rurales de 15 años o más no saben leer ni escribir, proporción significativamente mayor que la de los hombres. Mientras en el conjunto del país nueve de cada 10 niñas de 6 a 14 años asisten a la escuela, en el medio rural sólo lo hacen 3 de cada 4.

Las mujeres rurales tradicionalmente han tenido a su cargo las tareas domésticas, incluida la responsabilidad de alimentar, cuidar y proteger a los hijos, en ocasiones sin el apoyo del esposo (cuando éste es migrante o se encuentra separado de ella), razón por la que se ocupa de estas actividades en condiciones extremadamente precarias. Además, buena parte del trabajo que ejecutan (recolección de leña, acarreo de agua, cuidado de ganado y participación en la labores agrícolas, por sólo señalar algunos ejemplos) no se registra en las estadísticas. La adecuada contabilidad y registro de estas labores ayudaría a valorar la contribución del trabajo femenino en las comunidades rurales. En el hogar; las mujeres del medio rural enfrentan también las consecuencias derivadas de la disminución del ingreso familiar, lo que usualmente significa para ellas un incremento de la carga doméstica, además de la intensificación del trabajo agropecuario familiar no remunerado que desempeña y la búsqueda de trabajo retribuido.

Las mujeres residentes en las zonas rurales se han insertado de manera creciente como trabajadoras en los cultivos comerciales, en las agroindustrias y las maquiladoras, así como en la construcción o en los servicios personales asociados con el trabajo doméstico. La ampliación de oportunidades laborales propiciadas por la expansión de la producción agroindustrial y el florecimiento de la mediana agricultura comercial, aunado a la necesidad de ingresos complementarios a la producción campesina, han contribuido a multiplicar la participación de las mujeres en los mercados laborales rurales. Asimismo, ha proliferado en numerosas localidades del país la producción industrial en pequeños talleres y maquila a domicilio, lo que posibilita la integración de la población rural femenina a la producción fabril, sobre todo en el ramo textil y de confección de prendas de vestir.

Las mujeres campesinas también participan activamente en la ejecución de proyectos productivos dirigidos a impulsar el desarrollo comunitario y el bienestar de las familias rurales. Uno de los principales instrumentos de la organización ha sido las Unidades Agrícolas Industriales para la Mujer Campesina (UAIM) originadas en 1972. Sus objetivos principales fueron la incorporación plena de las mujeres a las actividades económicas del ejido, así como alentar su capacitación para propiciar su participación en el desarrollo rural. A principios de la década de los 90 se tenían registradas 6,300 UAIM, de las cuales alrededor del 35% estaban activas, (pero) su funcionamiento tendió a depender de la voluntad política de los funcionarios, la presión de la opinión pública o de los grupos organizados de mujeres. Estos últimos han demandado la integración de figuras jurídicas para obtener financiamiento y capacitación, con el propósito de desarrollar proyectos y administrar sus propias empresas.

Además de la UAIM, se han desarrollado otros programas gubernamentales entre los que se pueden señalar el de Acción para la participación de la mujer campesina en la consecución del desarrollo rural, el de Apoyo a Proyectos Productivos de la Mujer Campesina, y el Programa de Desarrollo Comunitario con la Participación de la Mujer. Más recientemente, otras experiencias que buscan contribuir a elevar el bienestar de la mujer rural, son la de Mujeres en Solidaridad, el Fondo Nacional de apoyo para las Empresas de Solidaridad, y el Programa Rural de Abasto. Los principales problemas que han enfrentado estos y otros programas semejantes son su falta de continuidad, el limitado monto de recursos asignados para su ejecución, la ausencia de canales adecuados de comercialización y los insuficientes apoyos para la capacitación de las productoras rurales.

La gran heterogeneidad y diversidad del país, y las dificultades en la agregación de información que sea factible de comparación, dificulta establecer un análisis de la situación de la mujer rural en México que dé cuenta de las distintas realidades y contextos a los que esté enfrentada; de esta forma el tema de la mujer rural ha sido tratado como un componente de desarrollo y no como un elemento transversal en todos los lineamientos generales en la formulación de las políticas. En este contexto, las mujeres han sido tratadas como beneficiarias de algunos programas, especialmente de corte asistencialista, sin que su problemática haya sido incorporada en todos los componentes del desarrollo.

El hecho de reconocer el rol de la mujer como parte fundamental del desarrollo, implica su inclusión en todas las acciones gubernamentales y no gubernamentales, con el objetivo de lograr un desarrollo más equitativo que permita potenciar las actividades de las mujeres rurales y con ello una mejora importante en la calidad de vida, especialmente, a través de un mayor aporte de alimentos a sus unidades familiares.

La mujer rural actualmente se distingue por su gran participación en la seguridad alimentaria de la población latinoamericana, fundamentalmente pensándola como agente indispensable para el desarrollo, y sin la cual se torna más difícil salir del círculo de la pobreza, contemplando, entre otras cosas, que el desarrollo de las mujeres no se detiene en el plano individual sino que beneficia a todo el hogar y a toda la comunidad.

El grueso de los estudios realizados han demostrado que la mejora en las condiciones culturales, sociales y económicas de las mujeres rurales, repercute en adecuadas dietas para sus hijos, en mayores condiciones de higiene y seguridad, en mayor incidencia en la educación de su familia y en mayor participación en la comunidad y en la toma decisiones en proyectos de desarrollo.

Al crecer el número de pobres, las desigualdades de género hacen que las más pobres sean las mujeres, por lo tanto sujetos relevantes en el combate a la pobreza. En este marco el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 plantea promover un conjunto de programas y acciones para garantizar a la mujer igualdad de oportunidades de educación, capacitación y empleo; plena equidad en el ejercicio de sus derechos sociales, jurídicos, civiles, políticos y reproductivos; respaldo efectivo a su papel fundamental en la integración familiar así como en la formación y en la socialización de sus hijos.

En 1996 se crea el Programa Nacional de la Mujer como instancia normativa y coordinadora de las políticas en torno a la mujer mexicana, propiciando una eficiente articulación e integración de los programas y acciones gubernamentales e involucrando a las diversas organizaciones sociales, en especial a las dedicadas a la atención de la mujer.

 

Retos de la Mujer Rural Mexicana hacia el Nuevo Milenio

La sociedad mexicana experimenta rápidos y profundos cambios. Son evidentes los avances logrados en materia de desarrollo, educación y participación en la actividad económica, entre otros. De manera concomitante, la población femenina ha ampliado su presencia en muy diversas esferas de la vida social, económica, política y cultural. No obstante, las mujeres todavía enfrentan obstáculos que limitan la realización de su potencial en la sociedad. En mayor o menor grado, el hecho de ser mujeres las expone a prejuicios ancestrales y a prácticas de discriminación y opresión que a menudo las relegan a una condición desmerecida, de inferioridad y subordinación. De hecho la desigualdad entre hombres y mujeres sigue permeando la estructura de muchas de nuestras instituciones sociales, lo que contribuye a reproducir y perpetuar su situación de desventaja.

Para realizar sus anhelos y aspiraciones y desarrollar su pleno potencial, las mujeres rurales requieren tanto de condiciones favorables en su entorno comunitario y familiar, como de espacios propicios para su participación integral en la vida política, cultural y social del país. Además, debe tomarse en cuenta que las mujeres enfrentan necesidades cambiantes a lo largo de su ciclo de vida, de manera que las problemáticas comunes a su condición femenina tienen expresiones específicas entre las mujeres de distintas edades. Es importante tomar en cuenta este hecho y ofrecerles más y mejores oportunidades en materia de educación, empleo, cultura, deporte y recreación, seguridad social y atención de la salud, pugnando por la puesta en marcha de acciones dirigidas a atender y responder a sus demandas y necesidades.

Para avanzar en esta tarea se requiere identificar los problemas más acuciantes que aquejan a las mujeres rurales, entre los que se pueden mencionar el acceso desigual a los servicios de salud, educación, oportunidades laborales y espacios de toma de decisiones, la persistente y creciente carga de la pobreza femenina, la violencia que experimentan en distintos ámbitos, la difusión de imágenes sobre la mujer que ignoran la diversidad de papeles que desempeñan en la sociedad, así como sus logros y aportaciones al desarrollo.

Si bien estos problemas se encaran hoy en día con mayor decisión en diferentes sectores de la sociedad, es necesario avanzar más firmemente en esta tarea y hacer frente a los obstáculos que les impiden tomar parte activa en todas las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones con el varón. Sólo de esta manera será posible que las mujeres rurales desarrollen su pleno potencial en la sociedad, plasmando su vida de conformidad con sus propias aspiraciones, elecciones y proyectos. Del diagnóstico de su situación actual se desprenden los siguientes retos prioritarios:

1. Superar los rezagos educativos y mejorar las oportunidades de educación de las mujeres rurales.
2. Garantizar el acceso de las mujeres rurales a los servicios integrales de atención de la salud.
3. Fortalecer las capacidades de las mujeres rurales y promover su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión.
4. Defender y proteger los derechos de las mujeres rurales.
5. Prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres rurales.
6. Combatir la pobreza que aqueja a las mujeres rurales.
7. Apoyar el desarrollo de micro y pequeñas empresas dirigidas por mujeres rurales.
8. Reconocer y valorar la contribución del trabajo no remunerado de las mujeres rurales para la economía y el bienestar de la familia campesina .
9. Propiciar la eliminación de imágenes estereotipadas de la mujer rural .
Uno de los principales retos de la mujer rural mexicana y de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones sociales vinculadas a la problemática de la mujer campesina, es el de lograr formular, desarrollar y evaluar un programa de acción para las mujeres rurales, que sea consecuente con los acuerdos internacionales suscritos por México, que persiga el mejoramiento de la condición y posición de las mujeres rurales, garantice su acceso a los servicios productivos, sociales y promueva su participación en figuras asociativas solamente de mujeres o donde participen conjuntamente con hombres.

Implementar mecanismos y acciones que permitan tanto a organizaciones como a instituciones acopiar y divulgar la información sobre las mujeres rurales y promover con ella su utilización en el diseño de políticas, planes y programas.

Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a fin de impulsar acciones que tiendan a sumar esfuerzos y apoyos para promover el quehacer interinstitucional en favor de la mujer rural.

Promover que las acciones que se instrumenten sean formuladas con un enfoque de género.

Fortalecer los mecanismos de intercambio de información y de experiencias en torno a la temática de la mujer y del sector rural.

Por lo anterior institucionalizar la temática de la mujer rural, será un paso importante del gobierno mexicano para comenzar a revertir esta situación discriminatoria que viven las mujeres del sector rural de modo de mejorar sus condiciones de vida y de reconocer sus aportes como reproductoras de cultura, productoras y trabajadoras agrícolas y como agentes sociales de cambio y desarrollo.
 

ANEXO

Propuestas de reformas constitucionales del Parlamento de Mujeres de México en la revisión de la situación de las Mujeres Campesinas en el Derecho Agrario

Texto vigente:
Artículo 3ro. Párrafo segundo

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Propuesta
Artículo 3ro.. Párrafo segundo (adición) La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional y en la justicia y una cultura de respeto mutuo en la convivencia de género. Artículo 3ro., fracción V Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Artículo 3ro. fracción V (adición) Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación no formal, programada especialmente para el medio rural, orientada a la mujer y a los hombres que por alguna razón no hayan concluido sus estudios o tenido acceso a la educación académica; la educación superior necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Reformas y adiciones a la Ley Agraria

Título Segundo (Del desarrollo y fomento agropecuarios) Artículo 4°

Las organizaciones de productores.... Título Segundo (Del desarrollo y fomento agropecuarios) Artículo 4°. (adición) E1 Ejecutivo federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural, mediante el fomento de las actividades productivas?; considerando los aspectos sociales, familiares y de mujeres, reglamentando la aplicación de recursos para éstos.

Las organizaciones de productores....

Título Tercero (De los ejidos y comunidades) Capítulo I (De los Ejidos) Sección segunda (De los ejidatarios y avecindados) Artículo 13 Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la Asamblea Ejidal o el Tribunal Agrario competente.

Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere.

Título Tercero (De los ejidos y comunidades) Capítulo I (De los Ejidos) Sección segunda (De los ejidatarios y avecindados) Artículo 13 (reforma) Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos y mexicanas mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la Asamblea Ejidal o el Tribunal Agrario competente.

Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere.

Artículo 14 Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan. Artículo 14 (adición) Corresponde a los ejidatarios y a las ejidatarias el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan. Artículo 15 Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere:

I. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario: y

Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno.

Artículo 15 (adición) Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere:

I. Ser mexicano o mexicana mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario; y

II. Ser avecindado o avecindada del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno.

Artículo 17 E1 ejidatario tiene la facultad de designar a quien debe sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme a la cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. Artículo 17 (adición) El ejidatario debe considerar preferencialmente a su esposa o concubina en la designación de sucesores en sus derechos sobre la parcela, a fin de conservar el patrimonio familiar, así como los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme a la cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. Sección tercera (De los órganos del ejido) Artículo 23 La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:

I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido.

Sección tercera (De los órganos del ejido) Artículo 23 (adición) La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido, incorporando en él, la constitución, organización y financiamiento de la unidad agrícola e industrial de la mujer campesina u otros proyectos productivos de mujeres.
 

Artículo 37

Los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia así como sus suplentes serán electos en asamblea. El voto será secreto y e1 escrutinio público e inmediato. En caso de que la votación se empate se repetirá ésta y si volviere a empatarse se asignarán los puestos por sorteo entre los individuos que hubiesen obtenido el mayor número de votos. Artículo 37 (adición) Los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia así como sus suplentes quienes deberán contar con representación de ejidatarias, serán electos en asamblea. El voto será secreto y el escrutinio público e inmediato. En caso de que la votación se empate se repetirá ésta y si volviere a empatarse se asignarán los puestos por sorteo entre los individuos que hubiesen obtenido el mismo número de votos. Artículo 41 Como órgano de participación de la comunidad podrá constituirse en cada ejido una junta de pobladores, integrada por los ejidatarios y avecindados del núcleo de población, la que podrá hacer propuestas sobre cuestiones relacionadas con el poblado, sus servicios públicos y los trabajos comunitarios del asentamiento humano.

La integración y funcionamiento?.."

Artículo 41 (adición) Como órgano de participación de la comunidad podrá constituirse en cada ejido una junta de pobladores, integrada por las y los ejidatarios y avecindados del núcleo de población, la que podrá hacer propuestas sobre cuestiones relacionadas con el poblado, sus servicios públicos y los trabajos comunitarios del asentamiento humano.

La integración y funcionamiento...

Capítulo II (De las tierras ejidales) Sección Cuarta (De las tierras del asentamiento humano) Artículo 71 La asamblea podrá reservar igualmente una superficie en la extensión que determine localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización que será destinada al establecimiento de una granja agropecuaria o de industrias rurales aprovechadas por las mujeres mayores de dieciséis años del núcleo de población. En esta unidad se podrán integrar instalaciones destinadas específicamente al servicio y protección de la mujer campesina. Capítulo II (De las tierras ejidales) Sección Cuarta (De las tierras del asentamiento humano) Artículo 71 (adición) La asamblea podrá reservar igualmente una superficie en la extensión que determine localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización que será destinada al establecimiento de una granja agropecuaria o de industrias rurales aprovechadas por las mujeres mayores de dieciséis años del núcleo de población. En esta unidad se podrán integrar instalaciones destinadas específicamente al servicio y protección de la mujer campesina.

La asamblea podrá apoyar la constitución organización y funcionamiento de la unidad agrícola e industrial de la mujer campesina u otros proyectos productivos de mujeres aun cuando no se cuente con superficies para el establecimiento de granjas agropecuarias.

Sección sexta (De las tierras parceladas) Artículo 80 Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo bastará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

El cónyuge y los hijos del enajenante en ese orden gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación la venta podrá ser anulada.

Sección sexta (De las tierras parceladas) Artículo 80 (adición) Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población, salvaguardando previamente los derechos familiares al afectarse el patrimonio de los mismos.

Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo, deberá contarse con la conformidad por escrito de la cónyuge o concubina con quien haya procreado hijos; las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

EI cónyuge y los hijos del enajenante en ese orden gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación la venta podrá ser anulada.

Capítulo V (De las comunidades) Artículo 105 Para su administración, las comunidades podrán establecer grupos o subcomunidades con órganos de representación y gestión administrativa, así como adoptar diversas formas organizativas sin perjuicio de las facultades de los órganos generales de la asamblea. Esta podrá establecer el régimen de organización interna de los grupos comunales o subcomunidades. Capítulo V (De las comunidades) Artículo 105 (adición) Para su administración, las comunidades podrán establecer grupos o subcomunidades con órganos de representación y gestión administrativa, así como adoptar diversas formas organizativas sin perjuicio de las facultades de los órganos generales de la asamblea. Ésta podrá establecer el régimen de organización interna de los grupos comunales o subcomunidades, incluyendo en cada uno de ellos un porcentaje de hijos que representen equitativamente a los ejidatarios y avecindados.

 

Título cuarto (De las sociedades rurales) Artículo 108

Los ejidos podrán constituir uniones, cuyo objeto comprenderá la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley.

Un mismo ejido, si así lo desea, podrá formar al mismo tiempo, parte de dos o más uniones de ejidos para constituir una unión de ejidos requerirá la resolución de la asamblea cada uno de los núcleos participantes, la elección de sus delegados y la determinación de las facultades de éstos.

El acta constitutiva que contenga los estatutos de la unión, deberá otorgarse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional, a partir de lo cual la unión tendrá personalidad jurídica.

Las uniones de ejidos podrán establecer empresas especializadas que apoyen el cumplimiento de su objeto y les permita acceder de manera óptima a la integración de la cadena productiva.

Los ejidos y comunidades, de igual forma podrán establecer empresas para el aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, así como la prestación de servicios. En ellas podrán participar ejidatarios, grupos de mujeres campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños productores.

Las empresas a que se refieren los dos párrafos anteriores podrán adoptar cualquiera de las formas asociativas previstas por la ley.

Título cuarto (De las sociedades rurales) Artículo 108 (reforma) Los ejidos podrán constituir uniones, cuyo objeto comprenderá la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley.

Un mismo ejido, si así lo desea, podrá formar, al mismo tiempo, parte de dos o más uniones de ejidos.

Para constituir una unión de ejidos se requerirá la resolución de la asamblea de cada uno de los núcleos participantes, la elección de sus delegados y la determinación de las facultades de éstos.

El acta constitutiva que contenga los estatutos de la unión, deberá otorgarse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional, a partir de lo cual la unión tendrá personalidad jurídica.

Las uniones de ejidos podrán establecer empresas especializadas que apoyen el cumplimiento de su objeto y les permita acceder de manera óptima a la integración de su cadena productiva.

Los ejidos y comunidades, de igual forma podrán establecer empresas para el aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, así como la prestación de servicios. En ellas podrán participar ejidatarios, grupos de mujeres campesinas organizadas, hijos e hijas de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños productores.

Las empresas a que se refieren los dos párrafos anteriores podrán adoptar cualquiera de las formas asociativas previstas por la ley.

Título cuarto (De las sociedades rurales) Artículo 110 Las asociaciones rurales de interés colectivo podrán constituirse por dos o más de las siguientes personas: ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural, o uniones de sociedades de producción rural.

Su objeto será la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el establecimiento de industrias, aprovechamientos, sistemas de comercialización y cualesquiera otras actividades económicas; tendrán personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Agrario Nacional, y cuando se integren con Sociedades de Producción Rural o como uniones de éstas, se inscribirán además los Registros Públicos de Crédito Rural o de Comercio.

Son aplicables a las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, en lo conducente, lo previsto en los artículos 108 y 109 de esta ley.

Título cuarto (De las sociedades rurales) Artículo 110 Las asociaciones rurales de interés colectivo podrán constituirse por dos o más de las siguientes personas: ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural, o uniones de sociedades de producción rural, o comunidades agrícolas e industriales de la mujer campesina y de los demás proyectos productivos de la mujer.

Su objeto será la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros, para el establecimiento de industrias, aprovechamientos, sistemas de comercialización y cualesquiera otras actividades económicas; tendrán personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Agrario Nacional, y cuando se integren como Sociedades de Producción Rural o con uniones de éstas, se inscribirán además en los Registros Públicos de Crédito Rural o de Comercio.

Son aplicables a las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, en lo conducente, lo previsto en los artículos 108 y 109 de esta ley.

 

Intervención de la diputada Emilia García Guzmán, con la ponencia La Creación de la Comisión de Artesanías al interior de sus Parlamentos o Cámaras Legislativas de los Países Iberoamericanos

Para impulsar el apoyo y promoción a las mujeres artesanas en el medio rural

Entre las reflexiones más objetivas y contemporáneas se aprecia que la tierra del edén es aquella que prodiga el alimento, los bienes para la producción y los servicios como base fundamental del desarrollo en todas las civilizaciones. Pero existe como una realidad.

El problema de Desarrollo Rural, al que en México denominamos "El Problema Agrario de México", problema común y con características especiales en los países que integran a Iberoamérica, además de que en las zonas rurales que existen en Europa, América, Africa, Asia, Medio Oriente, etc, se identifican como las más pobres del planeta, con producción agrícola temporalera, de escasa ganadería, mayor o menor con poca riqueza forestal, avícola o de materias primas de otra índole, en la que todos tienen que ocuparse en variadas actividades para complementar su escasa economía, con tendencia migratorias hacia las grandes ciudades nacionales donde se crean los llamados cinturones de miseria, o al extranjero convirtiéndose en mano de obra barata; este problema común ha generado asentamiento multirraciales que ocasionan disturbios y disgregación social, esto no es ajeno a los países más avanzados; planes y programas en algunos casos legislaciones o proyectos de ley, estudios sociológicos, económicos o políticos, que identifican con claridad el problema del desarrollo rural inmerso en él, como una realidad que no puede esconderse ni disfrazarse, se encuentra la problemática que padecen los artesanos de América y del mundo.

En México, denominamos a las personas que se dedican a esta actividad como el "Sector Artesanal"; lo integra una población dedicada a la actividad artesanal, cuyos productos son elaborados con procedimientos ancestrales, sin la tecnología industrial en serie. La elaboración artesanal tiene como materia prima lo que normalmente le prodiga la naturaleza: piedra, barro, tela, madera, metales, fibras, cuero, hueso, vidrio etc. Las artesanías son decorativas, estéticas y además utilitarias.

Normalmente en México y en otros países los artesanos se encuentran en zonas de baja producción agropecuaria, forestal e industrial; su actividad artesanal es complementaria a sus ingresos y los principales problemas que enfrenta son, entre otros, que al tomar como materia prima para su producción lo que la biodeversidad les proporciona y que beneficia, a veces sobreexplotado, agota sus fuentes de abastecimiento y entonces su primer gran problema es la adquisición de materia prima, se suma a ello la comercialización de sus productos, los que al vender malbaratan; por no saber cómo analizar metodológicamente su trabajo invertido y el costo de la materia prima, padecen a los intermediariaristas o comercializadores, quienes les imponen precios.

Por falta de conocimientos los artesanos no saben las ventajas de la organización para la producción, no tienen contacto con las autoridades reguladores de la actividad artesanal, e ignoran las normas legales que como requisito hay que llenar, (con lo que) no pueden así generar su progreso; las normas reguladores de la actividad artesanal se encuentran inmersas en leyes que no son claras ni objetivas; el artesano en general no goza de las prestaciones sociales, porque no es asalariado ante las instituciones especializadas (y) difícilmente se le considera sujeto de crédito.

En México el desarrollo artesanal se encuentra regulado por la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Existen en estudio una propuesta de Ley Federal de Artesanías por la Comisión de Artesanías de la LVII Legislatura federal. El problema del sector artesanal es atendido por 64 instituciones diferentes, entre las que se señala a Secofi, Sedesol, Sectur, Sep, Fonaes, Fonart, Bancomext, Casa de Artesanías de los gobiernos de los estados, instituciones educativas, la Comisión de Artesanías de la LVII Legislatura federal, cuyo objetivo fundamental (de ésta última) es procurar el desarrollo del sector artesanal con un programa de trabajo definido y concebido en pluralidad democrática, pues dicha Comisión la integran legisladores de todos los partidos políticos.

Aseguramos con el énfasis que da la convicción del estudio de la realidad que el desarrollo artesanal debe empezar con una Ley de Jerarquía Federal para aglutinar todos los esfuerzos dispersos del Estado, instancias y dependencias, Ley que debe definir con claridad procedimientos accesibles, prontos y expeditos, así como a las autoridades competentes, adecuar dentro del gasto social los recursos para el desarrollo artesanal.

Lo expuesto exige la creación de una comisión especializada como la nuestra. Con toda la objetividad creemos que en los países iberoamericanos debe existir, y así lo propongo a esta asamblea, que como principal acuerdo debemos proponer, a través de los cauces legales que cada país tiene, la creación de la Comisión de Artesanías al interior de los Parlamentos o Cámaras Legislativas para impulsar el apoyo y presencia de los artesanos, y principalmente a las mujeres artesanas, en el medio rural.

La experiencia que vivimos aquí en México nos da bases sólidas para esta propuesta, porque el problema social y económico que viven nuestros artesanos, que deben basarse para su solución en leyes, en autoridades como órganos competentes que apliquen esas leyes, en programas e instituciones que con base en la ley hagan que los esfuerzos dispersos de tantas instituciones se junten en una Comisión de Artesanías que debe tener como objetivo principal no sólo el conocimiento del problema del sector artesanal, revisar las leyes existentes y proponer la creación de leyes que se adecúen a la realidad actual, que contenga bases para la educación en esta materia en todos los niveles, que la organización de artesanos sean organismos legales para su superación y para que sean auténticos sujetos de crédito, unidos para la elaboración y comercialización de sus productos, la actividad artesanal debe producir su propio desarrollo en forma sustentable y en armonía de mercados nacionales o internacionales. Es preponderante la mujer porque (las mujeres) son mayoritarias en la actividad artesanal; analizar su condición es concluir que a pesar de su esmerado esfuerzo, es el ser más desprotegido de la mencionada actividad artesanal, es una exigencia propiciar que sus condiciones de vida se eleven a mejores estudios en Iberoamérica por las condiciones que imponen nuestra organización social y nuestras costumbres. Debemos unir nuestros criterios y nuestras apreciaciones crear a la mujer una forma de vida entre ellas substancialmente a las mujeres artesanas en el medio rural.
 

 

 


Convocatorias 

DE LA COMISION DE COMERCIO

A su reunión de trabajo que se llevará a cabo el viernes 18 de septiembre, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales de este recinto legislativo.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Aprobación del acta de la reunión del día 20 de agosto de 1998.
3. Análisis, discusión y en su caso emisión del dictamen que corresponda de la Iniciativa de reforma al artículo 13 de la Ley Federal de Metrología y Normalización.
4. Análisis y discusión de la iniciativa que adiciona la fracción VII, del artículo 155 de la Ley General de Salud sobre Fortificación Nutritiva de las Harinas de Trigo y Maíz, turnada a la Comisión de Salud, a fin de que esta Comisión de Comercio emita la opinión que corresponda, tal y como lo ordenó el Pleno de esta Cámara en sesión celebrada el 9 de septiembre de 1998.
5. Asuntos recibidos en la Comisión de Comercio a la fecha.
6. Designación de secretario de la fracción del Partido Revolucionario Institucional en la Comisión de Comercio.
7. Presentación de proyecto de esquema de trabajo para la elaboración del informe anual de actividades, con fundamento en el artículo decimosegundo, inciso d, del Acuerdo Parlamentario relativo a la Organización y Reuniones de la Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados.
8. Otros.

Atentamente
Dip. Juan J. García de Alba Bustamante
Presidente

 
DE LA COMISION DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD

A su reunión de trabajo del miércoles 23 de septiembre, a las 17 horas en el salón B del restaurante Los Cristales en este Palacio Legislativo de San Lázaro.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Aprobación de la opinión elaborada por la Subcomisión de Análisis de la reducción de la edad para ser electo a un cargo de representación popular.
4. Aprobación del informe anual de actividades de la Comisión.
5. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Gloria Lavara Mejía
Presidenta
 

DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA

A su reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a celebrarse el miércoles 23 de septiembre, a las 17 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el edificio H, segundo nivel, de este Palacio Legislativo de San Lázaro.

A dicha reunión también han sido invitadas las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Artesanías, Fomento Cooperativo y Atención y Apoyo a Discapacitados.

Atentamente
Dip. Ricardo García Sainz
Presidente

 
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS

A su reunión de trabajo que se llevará a cabo el miércoles 23 de septiembre, a las 18 horas, en salón Libertadores, ubicado en el primer nivel del edificio H de este Palacio Legislativo. Dicha reunión estaba programada originalmente para el lunes 14 de septiembre.

Orden del Día

1. Verificación de quórum.
2. Conocimiento, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo Parlamentario relativo al Sistema Electrónico de Control de Asistencia y Votación.
3. Conocimiento, discusión y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de Acuerdo Parlamentario para Coordinar Actividades de las Comisiones y Comités de Trabajo de la Cámara de Diputados.
4. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Fidel Herrera Beltrán
Presidente