SESION DEL MARTES 27 DE OCTUBRE. INICIO 10 HORAS
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Comunicaciones de los Congresos de los estados de Puebla, Tabasco y Zacatecas.
Iniciativas de ciudadanos diputados
Que reforma el párrafo sexto y se adicionan los párrafos séptimo y octavo del artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la C. diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
De reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sobre información obligatoria del desempeño de cada uno de los Legisladores, a cargo del C. diputado Juan José García de Alba Bustamante, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con Proyecto de Decreto para que se realice una Sesión Solemne de Congreso General, para recibir al señor Presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, la cual tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 12 de noviembre de 1998, a las 12 horas, suscrita por los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. (Dispensa de todos los trámites.- discusión y votación).
Iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Primera Legislatura
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 85, 201, 203, 205 y 208 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, así como los artículos 8 y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. (Turno a Comisión).
De la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política
Proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política con Puntos de Acuerdo, relativa a garantizar la difusión de la información de la Cámara de Diputados. (Publicada en la Gaceta Parlamentaria el 20 de octubre.- Discusión y votación).
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano biólogo Sergio Iván Trujillo Bolio, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria el 23 de octubre.- Discusión y votación).
Tres de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Proyectos de Decreto que conceden permiso a los ciudadanos Ana Pricila Sosa Ferreira, Carlos Hurtado López y Antonio Ocaranza Fernández, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Chile. (Publicados en la Gaceta Parlamentaria el 23 de octubre.- Discusión y votación).
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Eloy Vallina Laguera, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en la ciudad de Chihuahua, con circunscripción consular en el estado de Chihuahua. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria el 23 de octubre.- discusión y votación).
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto que concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Hernández González, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria el 23 de octubre.- discusión y votación).
De la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política
Proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en relación a la Comisión Especial de Conasupo. (Votación Económica).
Excitativas
A la Comisión de Justicia, a cargo de la C. diputada Socorro May López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Publicada en la Gaceta Parlamentaria el 21 de octubre.- Turno a Comisión).
A la Comisión de Relaciones Exteriores, a cargo del C. diputado Javier Algara Cossío, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo del C. diputado Ramón Félix Santini Pech, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Proposiciones
Proposición con programa de rescate agropecuario, a cargo del C. diputado Sergio Valdés Arias, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Propuesta integral para atender la cartera vencida del sector agropecuario, a cargo del C. diputado Ricardo Castillo Peralta, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Debates
Comentarios sobre el desempeño de funcionarios vinculados con el Fobaproa, a cargo de la C. diputada María Dolores Padierna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Debate Pactado).
DE LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, TABASCO Y ZACATECAS
C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 de la Ley Orgánica y 25 del Reglamento Interior, ambos del Poder Legislativo, nos permitimos comunicar a Usted, que el Quincuagésimo Tercer Congreso Constitucional del estado libre y soberano de Puebla, en Junta Preparatoria celebrada con esta fecha, se declaró legítimamente constituido para funcionar durante el tercer periodo ordinario de sesiones correspondiente a su tercer año de ejercicio legal, comprendido del 15 de octubre al 15 de diciembre, pudiéndose prorrogar hasta el 22 de diciembre del año en curso, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 57 de la Constitución Política del estado. Asimismo se eligió a los ciudadanos diputados que integrarán la Mesa Directiva, quedando de la siguiente manera:
Presidente: Dip. Jorge René Sánchez Juárez
Vicepresidente: Dip. Saúl Coronel Aguirre
Secretario: Dip. Juan Manuel Huerta Aroche
Secretario: Dip. Bernabé Félix Marmolejo Orea
Prosecretario: Dip. Laura Roldán Rubio
Prosecretario: Dip. Eugenio Castañeda Sánchez
Lo que hacemos de su conocimiento por disposición de esta Legislatura para los efectos correspondientes.
Atentamente
Heroica Puebla de Zaragoza, octubre 13 de 1998.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Juan Manuel Huerta Aroche
Bernabé Félix Marmolejo Orea
Diputados secretarios
C. Presidente de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión
Villahermosa, Tab., septiembre 30 de 1998.
En cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 19, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito hacer de su conocimiento que con esta fecha, la Quincuagésima Sexta Legislatura al H. Congreso del estado libre y soberano de Tabasco, llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos durante el mes de octubre, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio constitucional, quedando integrada de la forma siguiente:
Presidente: Dip. Jorge Luis Iza Ramírez
Vicepresidente: Dip. Marqueza Morales Narváez
Aprovechamos la oportunidad para saludarle cordialmente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
H. Congreso del Estado
Dip. Víctor Manuel Góngora Romero
Presidente
Dip. César de la Cruz Osorio
Secretario
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
ZACATECAS
CC. Diputados Secretarios del H. Congreso de la Unión
Por acuerdo del C. Presidente de la H. Quincuagésima Quinta Legislatura del estado, adjunto nos permitimos remitir a ustedes en 7 (siete) fojas útiles de frente, el Acuerdo núm. 2, de fecha 8 del actual mes y año, expedido por esta Soberanía Popular, lo anterior para los efectos procedentes en cumplimiento al resolutivo segundo del referido documento.
Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Zacatecas, Zac., 9 de octubre de 1998.
La H. LVI Legislatura del estado
Ing. Francisco Sandoval M.
Lic. Teodoro Campos M.
Diputados secretarios
Acuerdo Núm. 2 de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas
UNICO.- En sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre próximo pasado, la Comisión Legislativa de Desarrollo Agropecuario, informó al Pleno de esta Asamblea Popular acerca de los resultados obtenidos en el II Encuentro Nacional de Legisladores del Sector Agropecuario, celebrado del 23 al 25 del propio mes y año, en la ciudad de Manzanillo, Colima.
En dicho evento, la referida Comisión, presentó un diagnóstico de la situación que priva en el sector agropecuario del estado de Zacatecas, así como algunos lineamientos y directrices generales para su desarrollo en el marco prospectivo del agro mexicano. Asimismo, se hizo el compromiso de plantear a esta Legislatura el Punto de Acuerdo que en materia programática y presupuestal agropecuaria, presentaron diputados federales y locales que asistieron al mencionado encuentro nacional.
Considerando
Que como seguimiento a los trabajos del I Encuentro Nacional de Legisladores del Sector Agropecuario, se realizó en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, el II Encuentro. Derivada de estas actividades, se planteó nuestra posición en relación a la problemática del campo mexicano y su posible solución.
En primer término tenemos que revalorar el papel que juega el campo mexicano en el desarrollo del país.
Para 1998 se tiene estimada la importación de aproximadamente 15 millones de toneladas de productos agrícolas, destacándose, entre otros, la de granos como maíz, arroz y frijol, que son base de la alimentación de los mexicanos.
Lo anterior implica tener una balanza agropecuaria deficitaria; más endeudamiento en el exterior; y estar cada vez más necesitados de contar con una real política de desarrollo rural.
Las estadísticas nos dejan en claro que el sector agropecuario está desconectado. Desvinculado, de los sectores secundarios y terciarios de la economía. De 1994 a la fecha el Producto Interno Bruto agropecuario ha decrecido, mientras que la economía en su conjunto ha crecido en promedio un 3 por ciento anual.
También creemos urgente revalorar el papel del campo, porque debemos alcanzar la seguridad alimentaria; se debe plantear la recuperación del sector agropecuario, porque el modelo económico actual no asegura un aumento del empleo y el ingreso rural; y porque al reactivarse el crecimiento agropecuario se contribuirá al abatimiento de la pobreza del campesino, que sólo por el hecho de vivir en el campo, está en desventaja con el habitante de la ciudad.
Se debe avanzar en la consolidación de un federalismo real mediante el cual se dé a los sujetos y organizaciones de productores una verdadera transferencia de recursos, funciones y responsabilidades.
Esta federalización plena tendrá que dar mayor autonomía a los estados y municipios al darse la descentralización de funciones y responsabilidades, donde el gobierno federal debe tener un carácter más normativo que de ejecutor de programas.
Los gobiernos estatales tendrán que asumir, con los recursos necesarios, las responsabilidades operativas y de formulación de programas estatales, para promover un desarrollo económico tomando en cuenta la vocación de sus regiones.
Un elemento esencial en el fortalecimiento del federalismo se sustenta en el mejor desempeño de los municipios, como una de las formas de gobierno más cercana a la sociedad.
En esta propuesta de federalización hay que cuidar que no se caiga en el error del centralismo y dejar el poder, como todavía lo padecemos, en control de un sector. Deberá instrumentarse entre todos los actores: gobierno federal, estatales y municipales, congresos locales, organizaciones y productores. Se debe caminar en la búsqueda de un acuerdo estatal entre todos los actores, donde se dé un sistema de contrapesos entre los diferentes poderes y organizaciones.
Es necesario implementar un proyecto agropecuario nacional con programas de largo, mediano y corto alcance, con políticas sectoriales que reflejen las necesidades de las diferentes regiones, no nada más que se realicen acciones en el marco de la planeación centralizada. De nada sirve tener el recurso si no hay una política sectorial estatal definida.
En este contexto, el análisis nos definirá si podemos desarrollarnos con las instituciones que tenemos, si son necesarias o hay que crear nuevas instituciones estatales y municipales que los nuevos cambios nos exigen.
Todo lo anterior, lleva a plantearnos la necesidad de desarrollar y capacitar los recursos humanos que van a operar en un futuro próximo las políticas y programas sectoriales.
La actividad económica en el campo es una de las de más alto riesgo, por sus peculiares características, tanto en el ámbito mundial como nacional; es por ello que nos exigen implementar políticas que den certidumbre al campo mexicano.
Si desde el inicio del proceso de siembra hasta el de cosecha contamos con todos los elementos a nuestro favor, veremos que no son suficientes para dar certidumbre a la actividad. Porque en un mundo globalizado, con pocos controles al coyotaje e intermediarismo, el proceso de comercialización se torna en una de las principales limitantes para la rentabilidad de la actividad.
Por lo tanto, para alcanzar la rentabilidad del sector agropecuario, debe existir un apoyo a la comercialización, con fondos suficientes que permitan fijar un precio objetivo o de referencia que se pueda sostener con apoyos gubernamentales, y que en caso de no necesitarse, al no darse fenómenos naturales adversos o caídas de los precios, dichos fondos puedan asignarse a otras ramas de la producción agropecuaria.
También se debe discutir, en la fijación de los precios de referencia, la posibilidad de establecerlos de acuerdo a la productividad de las diferentes regiones del país.
En este punto de la comercialización vemos cómo la mayoría de los subsidios van encaminados al consumo y no a la productividad, para generar tecnologías que hagan viable la actividad, por lo que se requiere revisar la estructura presupuestal para corregir estos errores.
Es importante discutir la política de apoyos y subsidios del gobierno federal a los productores agropecuarios, para que ésta se dé en un marco de igualdad y reciprocidad, como la que aplican los países socios de México en el TLC y la Comunidad Europea. Esto seguramente, permitirá competir en condiciones más justas sin tomar en cuenta algunos otros factores. Por todo lo antes expuesto en materia presupuestal, se deberá definir un aumento de recursos, discutiendo a la vez a quienes beneficiará, de acuerdo a la filosofía de cada programa.
Reducción de la participación porcentual del campesino en la parte que le corresponde de los programas hasta un máximo de 20 por ciento del total.
Entonces, pues debemos dar respuesta muy clara a la pregunta ¿presupuesto para qué y para quien?, para así orientarnos en la formulación del presupuesto de cada entidad, los cuales discutiremos en la segunda quincena del mes de noviembre en el III Encuentro Nacional de Legisladores del Sector Agropecuario, que se realizará en la ciudad de Morelia, Michoacán.
Es importante hacer un llamado a los gobiernos estatales y a sus legislaturas locales para que se pronuncien a favor de una discusión presupuestal de acuerdo a las necesidades de cada entidad. Que el presupuesto no se haga desde una perspectiva centralista y de escritorio.
Por tiempos de discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para 1999, es necesario consolidar una propuesta para plantearla y discutirla en el mes de octubre, con el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados, con el firme propósito de influir en la conformación y montos del mismo, previa a su presentación, el 15 de noviembre, al Pleno del Congreso Federal.
A continuación creemos conveniente proponer en materia de presupuestos lo siguiente:
2. Aprobar un presupuesto para Procampo de 1999, que sea superior en 50 por ciento en relación al año anterior, dedicando un mayor porcentaje a la economía campesina con productores que tienen menos recursos para competir en una economía de libre mercado.
3. Gestionar nuevos recursos para incorporar un programa-presupuesto integral, explícito y deliberado, para el desarrollo agropecuario y forestal. Para ello tendremos que revisar próximamente montos y líneas programáticas.
4. Que se incorpore al programa Alianza para el Campo un programa presupuesto explícito para el fortalecimiento de la organización económica campesina. Para que esté en posibilidad de acceder a los diferentes programas, una de las alternativas es la creación de fideicomisos, así como la reducción de la participación porcentual del campesino en la parte que le corresponde de los programas hasta un máximo de 20 por ciento del total.
5. Aprobar dentro de Alianza para el Campo un programa de presupuesto integral para la promoción y apoyo a la creación y consolidación de empresas comercializadoras campesinas.
6. Aprobar una partida presupuestal para el rescate y fortalecimiento de las Uniones de Crédito agropecuarias, en particular las campesinas. Se debe avanzar en una propuesta que permita que los que tengan adeudos sigan gozando de créditos frescos para la producción, para que de esa manera puedan hacer frente a su situación crediticia.
7. Instrumentar un programa de desarrollo integral de las zonas que han sido afectadas por desastres naturales y contar con recursos que posibiliten ayudar a prever los efectos de estos fenómenos.
8. Enviar al Ejecutivo federal para su inclusión, un programa presupuesto integrado para recuperar la soberanía alimentaria nacional.
9. Gestionar y promover la realización de un estudio sobre los impactos económicos, sociales y ambientales del TLC; así como el apoyo a zonas campesinas afectadas o impactadas negativamente.
10. Impulsar el establecimiento de un nuevo sistema de financiamiento rural y de comercialización agropecuaria, que tenga como base a las organizaciones locales y regionales de comercialización, ahorro y crédito, en donde se contemple que, las nuevas o actuales instituciones bancarias, compartan también el riesgo de la actividad agropecuaria y no nada más sean las que otorguen los recursos y dejen al productor solo ante el riesgo.
11. El presupuesto total por estado para 1999 deberá ejercerlo, en la medida de lo posible, la dependencia estatal acreditada para este efecto, de acuerdo con sus prioridades marcadas en el programa sectorial respectivo, quedando las representaciones federales como normativas y vigilantes de su aplicación operativa, integrando dicha entidad los recursos destinados al combate a la pobreza, si así fuese posible.
Primero.- La Legislatura del estado de Zacatecas se adhiere al presente Punto de Acuerdo, informándose de ello a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al órgano de Dirección del III Encuentro Nacional de Legisladores del Sector Agropecuario, que se realizará en la ciudad de Morelia, Michoacán. Todo lo anterior con el propósito de realizar, a nivel nacional, una gran discusión que permita revalorar y redimensionar el papel del campo mexicano y de un verdadero federalismo; y que en corto plazo, para la asignación presupuestal y la formulación de Programas del Sector Agropecuario.
Segundo.- Esta Legislatura también acuerda solicitar al Congreso de la Unión que se revisen los diferentes apartados de la normatividad del programa Procampo; que en la norma se tome en cuenta las características regionales y climatológicas para determinar los tipos de cultivo y las fechas de siembra de los mismos. Asimismo, que los apoyos del Procampo sean para los procesos de la producción y no para la comercialización como está actualmente, ya que los productores requieren y usan estos recursos para la compra de insumos y para las actividades de labranza de su tierra, lo que implica otorgar los apoyos, una vez que se cumpla con la preparación de la tierra para la siembra.
Dado en la Sala de Sesiones de la Quincuagésima Sexta Legislatura del estado, a los ocho días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho
Atentamente
Ing. Francisco Sandoval Martínez
Lic. Teodoro Campos Mireles
Diputados Secretarios
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55, fracción II, y 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados firmantes de la LVII Legislatura, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, esta iniciativa de reforma constitucional que reforma y adiciona el artículo 4.
Exposición de motivos
La Constitución es el ordenamiento supremo que da sustento a nuestro Estado de Derecho y proporciona las pautas para un desarrollo democrático y una convivencia justa que anhelamos los mexicanos. El perfeccionamiento de nuestro Estado de Derecho exige que en la vida cotidiana los mexicanos tengamos la certeza de que el ejercicio de nuestros derechos y libertades nos conduzca a una convivencia civilizada, armónica y pacífica, sustentada en la plena vigencia de nuestra Constitución Política.
En este contexto, resulta imperativo proteger a uno de los sectores sociales que tiene gran importancia en el desarrollo del México moderno: los niños, niñas y adolescentes. Tomando en cuenta que es a ellos a quienes corresponderá enfrentar el país que hoy construimos, es menester garantizarles los elementos necesarios para que crezcan en las convicciones de participación democrática e igualdad de oportunidades, a través de un efectivo goce y disfrute de los derechos que otorga a toda persona la Ley Fundamental.
Es de suma importancia tomar en cuenta que la función reformativa de la Constitución no debe quedar al arbitrio de los órganos estatales a los que se atribuye la facultad respectiva, sino que tiene que estar encauzada por factores de diferente tipo que justifiquen, bajo diversos aspectos, sus resultados positivos.
Toda reforma a la Constitución debe tener una justa causa, un motivo y un fin que respondan a los imperativos sociales que la reclaman.
En esta tesitura, para una verdadera y efectiva legitimación en la reforma, deben existir objetivos que la justifiquen, estableciendo las bases o principios de un mejoramiento o perfeccionamiento social o proporcionar las reglas según las cuales pueda solucionarse satisfactoria y eficazmente un problema que afecte al pueblo o subsanar una necesidad pública. Resulta de un valor positivo tomar en cuenta la participación de los sectores público y privado que de manera directa se enfrentan y tienen contacto con la problemática que en la vida diaria afecta a los niños, niñas y adolescentes.
La presente iniciativa tiene como objetivo promover, proteger y garantizar el disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los menores en las distintas etapas de su desarrollo, con estrategias que garanticen el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
Además, es conveniente hacer el señalamiento de que la Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989, fue ratificada por el Senado de nuestro país el 31 de julio de 1990 y promulgada el 25 de enero de 1991.
Lo anterior se refuerza con la idea de que México, siendo un país con una tradición jurídica de vanguardia en cuanto al aspecto social de su Constitución tiene que incorporar en su ley fundamental una disposición integral de protección a los niños, niñas y adolescentes. Es innegable que en el mundo globalizado en que hoy vivimos se requiere contar con una disposición jurídica que no separe los derechos civiles y políticos de los derechos económicos, sociales y culturales. Precisamente, lo que se busca en la iniciativa, es un enfoque integral de los derechos de los menores.
Resulta claro que el texto actual del artículo 4° en lo relativo a menores, incluye la protección a éstos, pero lo que se pretende es reforzar dicha disposición al hacer extensiva al Estado y a la sociedad, la obligación de velar por dicha protección. El Estado, como expresión máxima de la organización jurídica política del país, debe ser confirmado como el principal garante del sano desarrollo de los menores, ofreciendo a estos canales efectivos para el disfrute y ejercicio de sus derechos.
Respecto a la sociedad, ésta debe estar plenamente comprometida con el privilegio que deben tener los menores, en cuanto a las expectativas de un desarrollo equilibrado en México. De esta manera se contribuirá en la tarea diaria, de sociedad y gobierno a una mayor participación y concientización sobre la relevancia fundamental de este sector en el acontecer nacional.
Por otro lado, se plantea establecer un listado de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, así como mecanismos de protección para el ejercicio de los mismos. Sobre esta disposición es imprescindible anotar que no obstante que nuestra Carta Fundamental otorga garantías individuales a todas las personas, el hecho de que se contemple expresamente respecto de los menores, atiende a su calidad de sector vulnerable y por ende, digno de protegerse de manera especial. Consideramos que el régimen de garantías individuales en México no se afectaría en absoluto sino por el contrario, se reforzaría.
La distinción entre niños, niñas estriba en que en el entorno social, existen diferencias marginales de carácter cultural que limitan de alguna manera la igualdad de oportunidad por tratarse del género femenino. Lo que aquí se busca es patentizar de manera expresa la igualdad fundamental de todo niño o niña, independientemente del sexo y de la aptitud física que ello pudiera significar.
Como consecución lógica, la ley secundaria definirá y establecerá los criterios y lineamientos jurídicos bajo los cuales se canalizarán los resultados concretos de esta iniciativa. En dicha ley de carácter federal, se perfeccionaría el marco jurídico de los menores.
En el contexto de la reforma constitucional, se parte de la concepción del menor de acuerdo a la convención de los Derechos del Niño de 1989, que define en su artículo primero: "Se entiende por niño, todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo cuando las leyes nacionales establezcan que alcanzaron antes la mayoría de edad"
Por lo anterior nos permitimos proponer a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto:
ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo sexto y se adicionan los párrafos séptimo y octavo del artículo 4 constitucional para quedar como sigue:
Artículo. 4.- Es obligación de los padres, del Estado y de la sociedad, el preservar y proteger los derechos de los niños y niñas con la finalidad de garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos para la protección de los niños y niñas y regulará las instituciones encargadas de la protección al menor.
Gozarán también de las demás garantías consagradas en la Constitución las leyes y los tratados internacionales ratificados por México. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento de los derechos aquí mencionados y la sanción correspondiente a los infractores.
DE REFORMAS Y ADICIONES A
LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOBRE
INFORMACION OBLIGATORIA DEL DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS LEGISLADORES,
A CARGO DEL C. DIPUTADO JUAN JOSE GARCIA DE ALBA BUSTAMANTE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
Exposición de Motivos
La existencia de un verdadero derecho a la información es esencial para enriquecer el conocimiento que los ciudadanos requieren para una mejor participación democrática. Es un derecho que contribuye a mejorar la formación de una conciencia ciudadana y contribuye a que la sociedad esté más enterada y sea más analítica.
La sociedad moderna requiere de un cierto número de garantías que le aseguren que la información que recibe de los medios de comunicación masiva sea objetiva, completa, imparcial y confiable, ya que a partir de ella, la sociedad habrá de tomar una serie de datos para la toma decisiones tales como la selección de un objeto para el uso o el consumo hasta para la elección de sus gobernantes.
La información que la sociedad exige y debe conocer incluye a la información política, cuyo conocimiento resulta imprescindible para formar la opinión. Los funcionarios públicos deben estar conscientes de que deben actuar y tomar decisiones dando la cara al público.
Tomando en consideración que la actuación de los legisladores federales ante el Congreso de la Unión constituye un hecho de trascendencia pública, la ciudadanía tiene el derecho de conocer los detalles sobre nuestra buena o mala actuación, a fin de que en el futuro nos siga depositando su confianza, o en su caso considere otras opciones. Es decir, se tiene derecho a conocer los detalles sobre nuestras eventuales omisiones que en el fondo provocan graves perjuicios a los intereses públicos fundamentales de nuestra nación.
Por otra parte, para el caso de que en el futuro llegare a proceder la figura de la reelección de los legisladores, los electores requerirán necesariamente de aquellos elementos informativos que les permitan tomar la decisión sobre refrendamos o no su apoyo.
Es necesario que la sociedad cuente con un panorama informativo amplio sobre el desenvolvimiento del trabajo legislativo de cada uno de los diputados y senadores al Congreso de la Unión, a fin de valorar de manera clara la relación costo-beneficio de nuestra actuación, con el objeto de estar en aptitud de demandar a los legisladores el correcto cumplimiento de su función de representación.
No hay que olvidar que el cargo de legisladores federales se lo debemos primordialmente a los ciudadanos que votaron por nosotros, del mismo modo somos representantes de todos los mexicanos hayan votado o no por nosotros. Es importante recordar que el pueblo nos envía a esta Soberanía para que lo representemos y actuemos en su beneficio, sin embargo se ha vuelto práctica indebida que los electores de las distintas demarcaciones no saben de la actuación de sus representantes una vez que han llegado al Congreso de la Unión.
El derecho a la información como derecho público colectivo constituye una garantía individual consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al imponer al Estado la obligación de asegurar a todos los integrantes de la sociedad la recepción de información de cualquier tipo de manera oportuna, objetiva y plural.
El 6 de diciembre de 1977, fue publicada una reforma constitucional por virtud de la cual se agregó una última parte al artículo 6, habiendo quedado como sigue:
Por lo que se refiere a la actuación del Ejecutivo federal, el artículo 69 constitucional establece de manera expresa la obligación que tiene el Presidente de la República de informar anualmente y por escrito ante el Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la administración pública federal.
Por lo que al Poder Legislativo federal se refiere, lo que hoy en día se informa de manera voluntaria en los medios de comunicación masiva sobre el trabajo del Congreso no es suficiente, ya que al no informarse del desempeño de cada legislador, podría decirse que la información que por ahora recibe la sociedad es incompleta o parcial, es decir resulta insuficiente. La ciudadanía definitivamente desconoce la manera en que sus representantes realizan el trabajo legislativo que les ha sido encomendado, en otras palabras, el pueblo de México no sabe si asistimos o no a los trabajos de la Cámara, no conoce el sentido del voto de cada uno de sus representantes en el Congreso respecto de los diversos proyectos de ley o de reformas a las leyes federales que se ventilan en el Congreso, con frecuencia tampoco conoce si sus representantes han promovido alguna iniciativa de reforma o de ley, es decir los electores ignoran los principales asuntos en los que cada uno de sus representantes interviene.
Considerando que aun cuando la sociedad tiene el derecho a conocer los detalles sobre las actividades que realizan sus representantes, no existe ninguna disposición constitucional o legal alguna que obligue al Congreso a informar a la ciudadanía sobre las actividades en el ejercicio de sus funciones de cada legislador en lo particular.
La ciudadanía al no tener conocimiento preciso de todos estos detalles no tiene elementos de juicio para exigirnos la responsabilidad moral o política que en su caso corresponda.
En el anterior orden de ideas, toda vez que la soberanía nacional reside original y esencialmente en el pueblo, dimanando cualquier poder público de éste, en términos del artículo 39 de la Constitución de nuestra nación, hoy día la ciudadanía carece de información de primera fuente sobre la actuación de nosotros como legisladores, a fin de que tome las decisiones que correspondan, o en su caso nos exija la responsabilidad política procedente por nuestras eventuales omisiones por negligencia, en términos del primer párrafo del artículo 108 y cuarto párrafo del artículo 109, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El hecho de que algunos legisladores informemos aisladamente a la ciudadanía de los Distritos que nos ha elegido como sus representantes, no significa que las Cámaras no puedan y no deban informar por separado sobre el desempeño de cada legislador en lo individual ante el Congreso. Lo anterior se fundamenta en el artículo 8 de la Constitución que obliga al Estado a garantizar el acceso a la información, en relación con los artículos 49 y 50 de nuestra Carta Magna que considera al Poder Legislativo Federal como parte integrante del Estado, razón por la cual interpretando el verdadero espíritu de los artículos, al ser el Estado el principal obligado a garantizar a la sociedad el efectivo ejercicio del derecho a la información, las Cámaras de Diputados y de Senadores como integrantes de nuestra República, están obligadas a informar al pueblo mexicano sobre los detalles fundamentales que resuman los aspectos fundamentales del desempeño de cada uno de los legisladores en el Congreso.
Por otra parte, aun cuando con fundamento en el primer párrafo del artículo 61 y en el sexto párrafo del artículo 110 de la Constitución, nuestras opiniones o el sentido de nuestros votos en los diversos asuntos en que intervenimos en el ejercicio de nuestras funciones son inatacables, la ciudadanía finalmente tiene el derecho de saber los detalles y los motivos de nuestra posición, actuación y proceder en los asuntos en que intervenimos en el Congreso, para los efectos del artículo 39 constitucional.
Hoy en día la información se difunde de manera sorprendente gracias a la modernización de los medios de comunicación, los cuales deberían ser aprovechados por nuestro Congreso, a fin de refrendar el compromiso insoslayable de informar a la sociedad de manera detallada sobre nuestra actuación que desarrollamos cada uno de nosotros en lo particular en el ejercicio de nuestras funciones. La composición plural de nuestro Congreso así lo demanda.
Por lo anteriormente expuesto, a fin de que la sociedad conozca sobre nuestro desempeño en lo particular como legisladores se refiere, la sociedad requiere que el Estado instrumente lo necesario para el efectivo ejercicio del derecho a la información por parte de la sociedad. La sociedad tiene derecho a conocer sobre nuestra actuación oficial en lo individual ante el Congreso con veracidad, objetividad y oportunidad, a través de los medios de comunicación masiva.
Como medida concreta se propone que los secretarios, tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores, estén obligados a proporcionar de manera periódica a los medios de comunicación masiva, la información estadística de cada legislador en lo particular relacionada con los porcentajes de su asistencia a las sesiones del pleno o a las reuniones de comisiones, el número y temas de las iniciativas que promueva, así como el sentido de su voto en Comisiones o en el Pleno respecto de iniciativas de ley o de reformas a leyes federales.
Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que nos otorga el artículo 71, fracción I, de nuestra Carta Magna, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:
Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
ARTICULO PRIMERO.- Se reforman el inciso O, del artículo 29 y el inciso O del artículo 72, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 29.- ...
O) Publicar en el Diario Oficial de la Federación, en los distintos medios de comunicación masiva de cada una de las distintas entidades federativas de las que sea representante cada uno de los diputados de que se trate, así como a los distintos medios de comunicación masiva de cobertura nacional, dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que se clausure cada uno de los periodos ordinarios de sesiones, la información detallada sobre la actuación de cada diputado en lo individual ante el Congreso, debiendo contener cuando menos:
b) Su filiación partidista.
c) Las Comisiones a las que se encuentre adscrito.
d) Los datos estadísticos de asistencias e inasistencias a las sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados, así como a las reuniones de las Comisiones a las que se encuentre adscrito.
e) Las iniciativas que haya promovido con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las distintas propuestas que presente ante el pleno de la Cámara;
f) el sentido del voto emitido tanto en el Pleno de la Cámara de Diputados, como en las comisiones en que participe, respecto de las distintas propuestas e iniciativas de ley, de reforma o de adición a las leyes federales.
g) En su caso, la información adicional que determine la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.
O) Publicar en el Diario Oficial de la Federación, en los distintos medios de comunicación masiva de cada una de las distintas entidades federativas de las que sea representante cada uno de los senadores de que se trate, así como a los distintos medios de comunicación masiva de cobertura nacional, dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que se clausure cada uno de los periodos ordinarios de sesiones, la información detallada sobre la actuación de cada senador en lo individual ante el Congreso, debiendo contener cuando menos:
b) Su filiación partidista.
c) Las Comisiones a las que se encuentre adscrito.
d) Los datos estadísticos de asistencias e inasistencias a las sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores, así como a las reuniones de las Comisiones a las que se encuentre adscrito.
e) Las iniciativas que haya promovido con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las distintas propuestas que presente ante el pleno de la Cámara.
f) El sentido del voto emitido tanto en el pleno de la Cámara de Diputados, como en las comisiones en que participe, respecto de las distintas propuestas e iniciativas de ley, de reforma o de adición a las leyes federales.
g) En su caso, la información adicional que determine la Gran Comisión de la Cámara de Senadores.
Artículo 29.- ...
P) Las demás que les confiere esta Ley, o se deriven de sus Reglamentos o de otras disposiciones emanadas de la Cámara.
Artículo 72.- ...
P) Las demás que les confieren esta Ley y los Reglamentos o deriven de otras disposiciones o acuerdos emanados de la Cámara.
Transitorio
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados a los veintidós días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.
Dip. Juan José García de Alba (rúbrica)
CON PROYECTO DE DECRETO PARA
QUE SE REALICE UNA SESION SOLEMNE DE CONGRESO GENERAL, PARA RECIBIR AL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA FRANCESA, JACQUES CHIRAC, SUSCRITA
POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE REGIMEN INTERNO Y CONCERTACION POLITICA
Con motivo de la visita de Estado a nuestro país, que durante el mes de noviembre de este año realizará el señor Jacques Chirac, Presidente de la República Francesa, y en virtud de que ha manifestado su deseo de dirigir un mensaje a los legisladores mexicanos, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, somete a la consideración del Pleno el siguiente:
Proyecto de Decreto
UNICO.- Realícese una Sesión Solemne de Congreso General, para recibir al señor Presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, la cual tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, a las doce horas.
H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 23 de octubre de 1998.
Por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política: Dip. Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (rúbrica); dip. Carlos Medina Plascencia, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (rúbrica); dip. Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (rúbrica); dip. Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (rúbrica); dip. Jorge Emilio González Martínez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 85, 201, 203, 205 Y 208 DEL CODIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN, Y PARA TODA LA REPUBLICA
EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, ASI COMO LOS ARTICULOS 8 Y 16 DE LA LEY QUE
ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS,
QUE ENVIA A ESTA H. CAMARA DE DIPUTADOS LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL
Exposición de motivos
Con la finalidad de lograr mejores condiciones para el desarrollo de los menores, es menester adecuar el marco jurídico a las circunstancias que se viven en la actualidad. La experiencia reciente nos muestra que existen grupos dedicados a las actividades de lo que el común conoce como "pornografía y prostitución infantil", ello ocurre no sólo en nuestro país, incluso se ha dado noticia acerca de que material distribuido en el extranjero procede de México.
Entendemos que la disminución y extinción de este tipo de delincuencia exige un esfuerzo continuo y en el que participen instituciones públicas, privadas y ciudadanos en general, sólo así las conductas que atacan uno de los aspectos más sensibles de nuestra estructura social como son los menores, podrán ser erradicadas.
México firmó en 1989 con otros Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención de los Derechos del Niño, misma que fue aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 19 de junio de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de julio del mismo año, que entre otros aspectos señala que en las medidas de órganos legislativos se atenderá como consideración primordial el interés superior del niño, igualmente se establece que ningún niño será objeto de ataques ilegales a su honra o a su reputación, así como que se adoptarán las medidas legislativas necesarias para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
Un importante compromiso adoptado por el medio referido fue la protección del niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales para impedir la incitación o la coacción para que se dedique a cualquier actividad sexual; su explotación en la prostitución u otras prácticas sexuales; así como su explotación en espectáculos o materiales pornográficos.
La iniciativa que hoy se somete al Honorable Congreso de la Unión por el digno conducto de Ustedes, forma parte de ese esfuerzo, está basada en la necesidad de implementar acciones especificas para proteger a los menores.
Otro de los aspectos considerados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la aprobación de esta Iniciativa radica en que en los últimos meses no sólo en el Distrito Federal sino también en algunos estados de la República se ha conocido a través de los medios de comunicación una preocupante realidad: ya no son sólo delitos cometidos contra menores, sino una participación cada vez más frecuente de menores de edad en la comisión de ilícitos así como también su utilización en delitos que degradan su concepción de los valores.
Internacionalmente también se ha dado noticia de ello, en el Informe de fecha 7 de febrero de 1997 presentado a la Organización de las Naciones Unidas por la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía se refirió un caso en Acapulco sobre una gran red de producción y distribución de pornografía infantil con ganancias de 500 mil dólares al año, así como acerca de la existencia en México de lugares de espectáculos de explotación sexual infantil.
En octubre de 1996 se presentó con carácter provisional el informe mencionado y en él se da cuenta como una de las causas de expansión de este fenómeno, la consideración del niño como un factor de producción o una inversión, involucrándose no sólo aficionados sino grupos muy bien organizados que suelen estar implicados en otras actividades delictivas. En él se informa también de los graves y profundos efectos físicos y mentales que la explotación provoca a los menores, afectando todos los aspectos de su personalidad; los menores explotados padecen desde la insalubridad, hacinamiento, carencia de toda atención médica, depresión, pérdida de la autoestima, percepción distorsionada de la actividad sexual, sentimientos de pérdida, sacrificio, culpa, dificultades para aprender, hasta la automutilación y tendencias suicidas.
En efecto, es deber fundamental tomar conciencia acerca de los impactos de la explotación de menores, que suponen en primer lugar la pérdida de su infancia y dignidad, y en ocasiones hasta de su futuro. En el ámbito de la salud de los menores se tienen efectos cuyas consecuencias son de más fácil mesura, así, el VIH, considerado a la vez como causa y consecuencia de la explotación sexual de los niños, infecciones diversas, cáncer cervical, embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual, significan para ellos no sólo la pérdida de la vida, en ocasiones implican la de la familia, la dignidad y las oportunidades, el rechazo y la discriminación social. Son en extremo graves las repercusiones físicas y psicológicas con que se ven afectados los menores explotados: los años que debieran ser para su formación, testimonian el despojo de la infancia y el esparcimiento, privaciones que llevan a la pérdida de la confianza en los adultos y a la probabilidad de convertirse a su vez en explotadores, además de las ya mencionadas consecuencias de pérdida de la autoestima y traumas como la depresión, agresión, violencia, falta de autocontrol, automutilación e incluso el suicidio, a cuya erradicación pretende contribuir la Iniciativa que se somete a esa Soberanía.
Constituyeron también aspectos de consideración, el desarrollo tecnológico y comercial así como el cada vez más fácil acceso al material pornográfico, lo cual aunado a lo anteriormente mencionado nos ha llevado a plantear medidas concretas de carácter legislativo. En efecto, los elementos mencionados incidieron en el contenido de la Iniciativa que se somete a la consideración del Congreso de la Unión, a fin de que se sancionen de una manera más considerable las conductas delictivas que atenten contra la integridad moral de los menores de edad, ello en la convicción de que el marco jurídico debe favorecer el desarrollo de mejores condiciones de vida, incluyendo el importantísimo aspecto ético, que beneficiando individual y comunitariamente a los menores, redundará en la sociedad conjunta.
El incremento de las sanciones privativas de libertad y pecuniarias obedece al énfasis que se estima debe darse cuando se trata de ilícitos que atentan contra la integridad de los menores, provocando profundos problemas físicos, de desarrollo, psicológicos y aún de índole social, se busca reafirmar la reprobación de la sociedad y su intolerancia hacia dichos actos al mismo tiempo que la conciencia de la importancia primordial y decisiva de los menores para el desarrollo futuro y el bienestar de la sociedad.
Así, en la adecuación de los supuestos contenidos en el artículo 201 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, uno de los principales aspectos es el incremento de la sanción para el caso de la comisión de actos corruptores, planteándose en esta línea pase de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, a una sanción de cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil días multa cuando los actos corruptores sean la prostitución o el homosexualismo o tengan contenido sexual; y para el caso de la inducción a la ebriedad, al consumo de narcóticos o a la comisión de hechos delictivos, la sanción sería de cuatro a nueve años de prisión y de quinientos a mil días multa.
Particularmente se estimó adecuado diferenciar diversos supuestos de comisión del delito en razón de la diversa naturaleza de los hechos que los constituyen, así reconociendo que en todos los casos se afecta el desarrollo y la integridad de las víctimas y se pone en serio peligro su salud, en la primera fracción del artículo 201 se contemplarían como se ha mencionado las conductas de corrupción de contenido sexual, en la segunda de ellas se sancionarían las relacionadas con la obligación o inducción a la ebriedad, al consumo de narcóticos o a la comisión de delitos, dejando en la fracción final las relativas a la obligación o inducción a la práctica de la mendicidad, y señalando como se ha dicho, penas diferenciadas para cada una de ellas.
Se destaca también el planteamiento para que las penas se aumenten hasta en una cuarta parte cuando el delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada. En virtud de que las circunstancias de vida actuales obligan a un gran número de padres a dejar a sus hijos al cuidado de extraños en establecimientos o con personas ajenas al núcleo familiar, la previsión de estos supuestos fue considerada como un elemento de tranquilidad que contribuirá a la protección de los menores frente a los peligros de abusos o explotación a que están expuestos. La misma línea sigue el planteamiento de las reformas a los artículos 205 y 208, relativos el primero a las conductas de promover, facilitar, conseguir o entregar a una persona para que ejerza la prostitución, para las cuales se aumentaría la pena y en lugar de imponerse de dos a nueve años de prisión y de cien a quinientos días multa, con la reforma serían de cinco a diez años de prisión y de cien a mil días multa. Para el segundo de los preceptos, que trata de la explotación de un menor de edad por medio del comercio carnal, se aplicarían de ocho a doce años de prisión y de cien a mil días multa para quien encubra, concierte o permita dicho comercio, en lugar de la sanción actual que va de los seis a los diez años de prisión y de los diez a veinte días multa.
También fundamental es la propuesta para el establecimiento de dos tipos penales del delito no considerados en las disposiciones vigentes y que asumidos en la comúnmente denominada pornografía infantil permitirán sancionar severamente por una parte y con una pena de diez a doce años de prisión y de quinientos hasta tres mil días multa, los casos en que los actos corruptores de contenido sexual, de prostitución u homosexualismo en que participen uno o más menores, sean fiados, grabados o impresos en cualquier medio con fines de lucro, lo que se aplicaría a quienes fabriquen, produzcan, vendan, arrienden, almacenen, transporten, distribuyan o difundan dichas grabaciones o impresiones de actos corruptores; en ambos casos, la punibilidad depende de la realización de las conductas con fines de lucro, ello obedece a que la corrupción de menores en estos supuestos adquiere una dimensión mayor, al darle un fin económico a su degradación. Se ubicarían en estas hipótesis aquéllos que hacen de la corrupción de menores un negocio altamente redituable, por ello se plantea que el mínimo de la sanción sea el máximo del tipo general previsto en la fracción Y del artículo 201 del ordenamiento penal, en correspondencia a la necesidad y obligación de sancionar severamente a quienes por los beneficios económicos que obtienen no sólo afectan a los menores como víctimas sino que ponen en peligro a los menores en general en cuanto potenciales usuarios del material pornográfico, afectando así gravemente a los componentes más vulnerables de nuestra sociedad. Igualmente se permitiría la sanción de quienes por medio de una asociación delictuosa cometan estos delitos con prisión de doce a quince años y de mil a cinco mil días multa, como la respuesta a la actividad de organizaciones que incluso rebasan fronteras, que emplean redes organizadas y cohesionadas y que suelen estar involucradas con otras actividades delictivas como el secuestro y el tráfico de drogas.
Aunado a lo anterior se encuentra la propuesta de reformar el artículo 203 del Código referido, correspondiente al aumento de sanción y la privación de los derechos sobre bienes de los menores así como de la patria potestad sobre descendientes, para prever que dicho aumento sea de los mínimos y máximos de la sanción que corresponda sea diferenciado, y comprender ahora los supuestos en que el autor del delito tenga relación de parentesco con el menor o ejerza sobre él la tutela, ello como la contrapartida a la consideración primordial del interés superior del menor, motivada en igual medida por la exigencia de reforzar el inmediato y alto deber de los familiares en la formación y protección de los menores, como lo prevé la Convención antes mencionada así como también en la privación que de su familia sufre el menor por hechos como los de la especie, careciendo del elemento estabilizador que ésta representa para su desarrollo en tanto núcleo primario de su formación.
En el mismo contexto, es planteada la reforma al artículo 85 del propio Código Penal y a los artículos 8° y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a efecto de que quiénes sean sentenciados por los delitos de corrupción de menores contemplados en los artículos 201 y 205, así como por el de la explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal, previsto en el artículo 208, ambos del Código Penal, no tengan la posibilidad de alcanzar la libertad preparatoria, la preliberación ni la remisión de la pena. El otorgamiento de los beneficios mencionados está negado actualmente para los casos como los delitos contra la salud, la violación, el secuestro y el robo a casa habitación con violencia en las personas, a los delincuentes habituales así como a los que hubieren incurrido en segunda reincidencia, negativa que toma en cuenta factores varios como el impacto social de esos delitos y los efectos que producen a sus víctimas, por lo que al tiempo que se objetiva la intención de evitar que quien hace del delito una forma de vida se le faciliten las posibilidades para incurrir en nuevos delitos, se consideró la necesidad de una mayor protección para quienes por condición natural presentan mayor vulnerabilidad a los múltiples efectos de un abuso, de modo que la corrupción de los menores mediante actos sexuales o la inducción a adicciones o a la mendicidad al afectar gravemente los cimientos de la sociedad misma, requiere de acciones que con carácter ejemplar y mayor eficacia la inhiban y en caso de que se presenten, su sanción revista la severidad que procure evitar la comisión de nuevos delitos e impida a los responsables alcanzar la libertad antes de cumplir la condena que le sea impuesta a través de los beneficios penitenciarios previstos por la ley penal. Aunado a ello, para los últimos artículos mencionados, se plantean las modificaciones pertinentes para que la remisión a los tipos penales del delito que se excepcionan sea a los artículos que en efecto corresponde, así los relativos a los delitos contra la salud, violación y plagio o secuestro.
Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 42, fracción VlII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y el articulo 10, fracción II de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por el digno conducto de Ustedes, se somete a la consideración del Congreso de la Unión el siguiente
Proyecto de Decreto por el que se reforman
los artículos 85, 201, 203, 205 y 208 del Código Penal para
el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la Republica
en materia de fuero federal, asi como los artículos 8 y 16 de la
ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social
de sentenciados
ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 85, 201, 203, 205, primer párrafo, y 208 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, para quedar como sigue:
"Artículo 85.- La libertad preparatoria no se concederá a los sentenciados por alguno de los delitos contra la salud en materia de narcóticos previstos en los artículos 194 y 196 Bis; por corrupción de menores, previstos en el artículo 201 y 205; por explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal, previsto en el artículo 208; por delito de violación previsto en el primero y segundo párrafos del artículo 265 en relación con el artículo 266 Bis, fracción I; por el delito de plagio y secuestro previsto por el artículo 366 con excepción de lo previsto en la fracción VI de dicho artículo, en relación con su antepenúltimo párrafo y lo dispuesto en el penúltimo párrafo; por el delito de robo con violencia en las personas en un inmueble habitado o destinado para habitación, conforme a lo previsto en el artículo 367 en relación con los artículos 372 y 381 Bis, de este código, así como a los habituales y a quienes hubieran incurrido en segunda reincidencia.
...
Artículo 201.- Al que procure o facilite la corrupción de un menor de dieciocho años de edad:
II. Obligándolo o induciéndolo a la ebriedad, al consumo de narcóticos o a cometer hechos constitutivos de cualquier delito, se le impondrán de cuatro a nueve años de prisión y de quinientos a mil días multa.
III. Obligándolo o induciéndolo a la práctica de la mendicidad, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.
Cuando los actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, de prostitución o de homosexualismo en que participen uno o más menores, sean fijados, grabados o impresos, en cualquier medio con fines de lucro la pena será de diez a catorce años de prisión y de quinientos a tres mil días multa, al que fije, grabe o imprima y al que realice los actos mencionados con el menor. La misma pena se impondrá a quien con fines de lucro fabrique, produzca, venda, arriende, almacene, transporte, distribuya o difunda el material.
Se impondrá prisión de catorce a dieciocho años y de mil a cinco mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, a quien por sí, a través de terceros o a nombre de otros, dirija, administre o supervise cualquier tipo de asociación delictuosa constituida con el propósito de realizar o que realice cualquiera de las actividades delictivas a que se refiere este artículo.
Si además de los delitos previstos en este capítulo resultase cometido otro, se aplicarán las reglas de acumulación.
Se equiparará a la corrupción de menores y se sancionará con las mismas penas a quien cometa los actos a que se refiere este artículo respecto de quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho.
Las penas previstas en este artículo se aumentarán hasta en una cuarta parte en su mínimo y máximo cuando el delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada.
I. En una mitad para el supuesto de la fracción I del artículo 201 anterior;
III. En una tercera parte para los demás supuestos del artículo 201 anterior;
En todos los casos el reo será privado de todo derecho a los bienes del ofendido y de la patria potestad sobre sus descendientes.
Artículo 205.- Al que promueva, facilite, consiga o entregue a una persona para que ejerza la prostitución dentro o fuera del país, se le impondrá prisión de cinco a doce años y de cien a mil días multa.
...
Artículo 208.- Cuando la persona cuyo
cuerpo sea explotado por medio del comercio carnal, sea menor de edad,
se aplicará al que encubra, concierte o permita dicho comercio,
pena de ocho a doce años de prisión y de cien a mil días
multa.
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 8 y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:
"Artículo 8.- ....
No se concederán las medidas de tratamiento preliberacional establecidas en las fracciones IV y V de este artículo, a los sentenciados por los delitos contra la salud en materia de estupefacientes y psicotrópicos previstos en las fracciones I a IV del artículo 194, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica, por los delitos de corrupción de menores previstos en los artículos 201 y 205, por el delito de explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal previsto en el artículo 208, por el delito de violación previsto en el primero y segundo párrafos del artículo 265, en relación a los artículos 266 fracción I y 266 bis fracciones I, II y IV, por el delito de plagio o secuestro previsto en el artículo 366, por el delito de robo con violencia en las personas en un inmueble habitado o destinado para habitación conforme a lo previsto en el artículo 367, en relación con los artículos 372 y 381 bis, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
...
...
...
...
ARTICULO UNICO.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, I Legislatura, a quince de octubre de mil novecientos
noventa y ocho.
Por la Mesa Directiva: Dip. Jesús Galván
Muñoz, Presidente (rúbrica); dip. Pablo de Anda Márquez,
secretario (rúbrica); dip. José Luis Benítez Gil,
secretario.
COMUNICACIONES SOBRE CAMBIOS DE DIPUTADOS INTEGRANTES EN LAS COMISIONES
Palacio Legislativo, México, DF, 22 de octubre de 1998.
Dip. Felipe de Jesús Preciado Coronado
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 34, 27, incisos b y d; y 45, fracciones I y VI, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21, fracción III del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la Sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar el siguiente documento signado por el dip. Francisco José Paoli Bolio, subcoordinador del grupo parlamentario del PAN, donde solicita cambios en comisiones, lo anterior para que se le dé el trámite correspondiente.
Atentamente
Lic. Enrique León Martínez
Secretario técnico (rúbrica)
Dip. Felipe de Jesús Preciado Coronado
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 34, 27, incisos b y d; y 45, fracciones I y VI, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21, fracción III, del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la Sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar el siguiente documento signado por el dip. Jorge Emilio González Martínez, coordinador del grupo parlamentario del PVEM, donde solicita cambios en comisiones, lo anterior para que se le dé el trámite correspondiente.
Atentamente
Lic. Enrique León Martínez
Secretario técnico (rúbrica)
Dip. Felipe de Jesús Preciado Coronado
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, incisos b y d; 45, fracciones I y VI, y 47 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 21, fracciones I y IV, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos segundo, quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente el documento suscrito por el diputado Jesús Martín del Campo, en que comunica:
PROPOSICION DE LA COMISION DE REGIMEN INTERNO Y CONCERTACION POLITICA, EN RELACION A LA COMISION ESPECIAL DE CONASUPO
Palacio Legislativo, México DF, a 19 de octubre de 1998.
Dip. Felipe de Jesús Preciado Coronado
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, incisos b y d; 45, fracciones I y VI; 46, primer párrafo; 52 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, segundo y duodécimo del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités, aprobado en la sesión efectuada el día 2 de diciembre de 1997, le comunico que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en reunión celebrada el 15 de octubre del presente, acordó someter a la consideración del Pleno extender la vigencia de la Comisión de Investigación del Funcionamiento de Conasupo y Empresas Filiales, durante un lapso de seis meses más, contados a partir de la fecha en que formalmente debieran cesar las actividades de la misma. Lo anterior, para los efectos conducentes.
Sin más por el momento, quedo de Usted.
Atentamente
Lic. Enrique León Martínez
Secretario técnico
C. Presidente de la Cámara de Diputados
PRESENTE
Proyecto de Excitativa
Los suscritos, en nuestra calidad de diputados federales a la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, por medio de este ocurso, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, inciso m, y el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, promovemos esta excitativa, en virtud de que esta Soberanía acordó que la Comisión de Relaciones Exteriores convocará a reunión a todos sus miembros, con el fin de establecer los criterios que deberían regir las solicitudes del Ejecutivo federal para ausentarse del territorio nacional, por lo que nos permitimos acudir a Usted para los efectos pertinentes, y en este sentido exponemos:
Antecedentes
De acuerdo al artículo 88 constitucional: "El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en su caso".
El texto constitucional deja claro que por la importancia de su función, sólo por razones de gran importancia el Jefe del Ejecutivo debe ser autorizado para viajar fuera del país.
El año pasado esta Honorable Asamblea determinó rechazar por mayoría el proyecto de ley que autorizaba al Presidente Zedillo a realizar 4 viajes fuera del territorio nacional. Aunque este hecho se consideró novedoso, simplemente consistió en un actuar congruente y con apego al derecho de esta Cámara de Diputados.
Precisamente a raíz de ese acontecimiento, esta soberanía acordó establecer los criterios que deberían regir la consideración a la que se sometan las solicitudes del Presidente para ausentarse del territorio nacional.
Para autorizar los viajes del Presidente, deben tomarse en cuenta diversos factores, como el de los posibles beneficios que traerán los viajes a la vida pública del país, y de que la realización de ciertos viajes no contravengan la situación interna de México.
Acción Nacional ya había señalado que se debe estudiar la repercusión de las actividades del Presidente de la República en el extranjero respecto a las condiciones políticas, económicas y sociales del país.
No queremos entorpecer la labor que realiza el Ejecutivo en el extranjero, al contrario, deseamos que México siga manteniendo su liderazgo internacional, sobre todo, entre los países latinoamericanos.
Estamos conscientes que el nuevo contexto internacional exige cada vez más una mayor participación de los países. Sin embargo, esta participación debe ser congruente con las acciones que el gobierno implementa en nuestro país, de modo que nuestra política exterior sea el reflejo de la política interior.
Se han autorizado, empero, varios viajes más sin que hasta el momento se hayan establecido los criterios por los que se va a regir dicha autorización.
Proponemos, entonces, los miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que para dar fin a esta irregularidad establezcamos, según el mandato de esta Cámara de Diputados, con el consenso de los grupos parlamentarios, los lineamientos indispensables para la autorización de viajes al exterior del Ejecutivo federal.
Consideraciones
Conscientes que la relación y la cooperación con otros países deberán promover objetivos de beneficio mutuo a corto y largo plazo.
Que el reforzamiento y aprovechamiento de los beneficios que arrojan las reuniones entre las naciones, deberán repercutir en un mejor nivel de vida de nuestros compatriotas.
Que en cada reunión en el exterior, quedará claro que la defensa irrestricta de la soberanía y la seguridad nacional está por encima de cualquier acuerdo o tratado en el que México vaya a ser parte.
Consideramos que en tal virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de su obligación expresada en al artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Relaciones Exteriores, a fin de que emita una invitación a todos los miembros de la Comisión para realizar el dictamen correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted, Presidente de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pedimos se sirva:
UNICO.- En los términos del artículo 27, inciso m, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, realice la excitativa a la Comisión de Relaciones Exteriores para que realice la convocatoria a dicha reunión.
Palacio Legislativo de San Lázaro.
Dip. Javier Algara Cossío
Grupo parlamentario del PAN
Propuesta para el rescate agropecuario mexicano
Ante los problemas que afectan el campo mexicano, consideramos necesario exponer algunas ideas para hacer de la producción de maíz una actividad digna y que sea un medio de vida para las miles de familias que se dedican a él.
Nuestra propuesta parte del enfoque de la capacidad de intercambio que se relaciona directamente con la recuperación del nivel de compra que nuestro maíz tenía en 1982 en relación con los insumos que se usan directamente en la producción, ajustando la cantidad de cada mercancía que se compraba con un kilogramo de maíz, considerando el precio actual de dichas mercancías.
De esta manera, si se parte del fertilizante, el precio de la tonelada de maíz debería ser de $ 4,332.63; en el caso de la gasolina para tener un valor equivalente al de 1982, el precio debería de ser de $ 5,445=, si se toma en cuenta el diesel nos da un precio de $ 9,009= por tonelada, y por último, para que pudiéramos comprar un tractor con 84.6 toneladas de maíz, cada una debería valer $ 2.307.69=.
E1 promedio aritmético de los indicadores anteriores nos da un precio de $ 5,273.58; si a esta cifra se le descuenta el importe del Procampo ($ 626.00/2.7 ton/ha= $ 231.85) entonces el precio por tonelada de maíz debería de ser $ 5,041.73=.
Como llegar a la propuesta
Consideramos que lo que el productor necesita es fundamentalmente precio para su maíz, sin mecanismos de otra naturaleza, por lo que esta sería la vía que preferiríamos en primera instancia, por lo que la propuesta anterior esta hecha en términos de precio por tonelada de maíz, aunque reconocemos que no es la vía exclusiva, pues las experiencias de otros países nos muestran que existen diversas medidas e instrumentos que los gobiernos operan (también en México aunque de manera reducida) para estimular la producción agropecuaria, de entre los que destacan: el apoyo a los precios de los productos; legislación particular para proteger y estimular la producción interna; pagos directos al productor; subsidios a los insumos, programas de estímulo a la productividad mediante la introducción de innovaciones tecnológicas, asesoría técnica especializada y desarrollo de infraestructura, subsidio en el pago del seguro agrícola, y otros.
En conjunto, las medidas e instrumentos anteriores han formado parte de las políticas agropecuarias de los países con grandes aportaciones al volumen mundial de maíz, y deberían ser analizados por el gobierno para ponerlos en práctica como parte de una política de apoyo a los productores.
En nuestro caso concreto, por la importancia que tiene el maíz en la alimentación humana y las consecuencias económicas por ser el primer eslabón de la cadena productiva, creemos necesario que el gobierno intervenga para mantener un sistema de precios que garanticen al productor la consecución de sus metas económicas, es decir, proteger al cultivo y los productores nacionales. Por esto es que deben considerarse de manera concreta los mecanismos operados en otros países para que los productores tengan esa garantía.
2. Pagos de deficiencia, sistema usado en los Estados Unidos y en los países de la Unión Europea, en los casos cuando el productor vende por abajo del precio objetivo. El gobierno interviene pagando la diferencia al productor para que su ingreso no disminuya y persista el interés por producir a niveles satisfactorios de producción.
3. Precio de intervención, usado entre los países de la Unión Europea, cuando existe oferta excesiva del grano y su precio en el mercado tiende a bajar, por lo que a partir de cierto nivel el gobierno interviene fijando un precio que permita estabilizar el mercado y por lo tanto garantiza un ingreso adecuado a los productores.
4. Subsidios a la prima del seguro agrícola, de cobertura amplia lo que también fomentaría este servicio entre los productores.
S. Subsidios a los insumos usados en la producción de maíz con aportes importantes en la proporción de su costo, sobre todo al inicio del ciclo agrícola.
Se debe reconocer que el apoyo actual es muy reducido, y su impacto en el proceso es poco significativo, porque como se ha dicho, el reducido apoyo debe de pasar una serie de filtros y controles que finalmente hacen que sea insignificante para el productor.
Cuando se dice del bajo monto de los subsidios en México, se habla en relación con países productores como Estados Unidos, en donde abarcan del 50 al 60 por ciento del costo. En este último país la prima por hectárea -lo que para nosotros sería el Procampo-, en 1995 fue 10 veces mayor. No podemos olvidar la experiencia de otros países como Japón en donde sin importar las condiciones del mercado internacional, internamente han fijado políticas importantes de protección para su agricultura y específicamente para su cultivo principal: arroz. Nosotros desearíamos una política de este tipo para nuestro maíz.
Es necesario la implementación de una política agropecuaria realista, nacionalista, que garantice la producción y el abasto de alimentos producidos en México para todos los mexicanos y que permitan un ingreso suficiente al productor.
Por las condiciones especificas de producción consideramos, importante establecer un esquema de precios diferenciales por regiones según las condiciones climatológicas y costo de producción que por ello se generan.
Estamos convencidos que el medio de acceder a este objetivo es un medio adecuado para nuestro maíz que de acuerdo a nuestro análisis debería ser de $ 5,041.73 por tonelada, pero no obstante, la claridad que tenemos ahora de nuestras desventajas y sin esperar que en un solo ciclo recuperemos lo que hemos perdido en 17 años, sostenemos la demanda de que el precio por tonelada de maíz para la cosecha P.V. 98 en los valles altos (altiplano mexicano) sea de $ 3,000=.
Que lo anterior implica una fuerte erogación por parte del gobierno, es cierto. Pero también el gobierno ha subsidiado tradicionalmente a los molineros y a los industriales de la harina en cantidades extraordinarias y esos recursos han quedado en pocas manos.
En 1994 el maíz se nos pagaba $ 0.60 y la tortilla costaba $ 0.75=/5=. La diferencia era de $ 0.15 hoy el maíz cuesta $ 1.35 y la tortilla $ 3.00=. La diferencia se hizo abismal en sólo cuatro años del actual gobierno. Nos queda muy clara su política anticampesina.
Por otro lado, el gobierno ha rescatado carreteras y bancos, y está demostrado que han sido los peores negocios (para el pueblo).
Es tiempo de iniciar el Rescate Agropecuario Mexicano. Solo basta reconocer que los países desarrollados, los son en virtud de haber fortalecido antes que nada su producción agropecuaria; reconocer la obviedad que son países poderosos es por que tienen el arma de los alimentos.
El rescate agropecuario mexicano no se basará en el actual Procampo, que es 95 por ciento y 5 por ciento realidad, pues a finales del ciclo y del año, a muchos compañeros no les han pagado, cuando en todas formas le hemos manifestado al gobierno que el subsidio debe de llegar al momento de la siembra o antes. Dicen los sociólogos latinoamericanos que los campesinos son los sobrevivientes de la globalización.
Pero ahí están los productores de trigo y sorgo de Guanajuato defendiendo el producto de su trabajo; están los cebaderos de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, reclamando el respaldo, que no limosna, del gobierno; los trigueros de Sonora, en busca de mercado para su producto, igual que los maiceros de Sinaloa. Tarde o temprano estaremos unidos. Por esta vez apostamos al nacionalismo del Poder Legislativo, que no por casualidad es ahora más plural y democrático. Es el momento preciso de rescatar la Patria, empezando por pagarle al campo esa gran deuda histórica.
De los diputados en lo individual esperamos una actitud congruente y digna, del tamaño de la fe que los mexicanos tenemos en ellos.
En México la ruina de los productores dejaría sin rumbo a la política alimentaria, por eso proponemos que el consejo agropecuario impulse un programa ambicioso para hacer competente la producción de maíz y otros granos, sobre la acción decidida y acelerada de dos protagonistas:
b) Los gobiernos federal y estatal comprometiéndose a apoyar la producción, acercándose y rebasando aún el nivel de los apoyos que los agricultores de otros países reciben de sus gobiernos; sin olvidar que los precios adecuados son el mejor estímulo a la productividad.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA
A sus diputados integrantes de ambas comisiones a la sesión de trabajo que se celebrará el lunes 26 de octubre, a las 18:30 horas, en el salón Protocolo, de este Palacio Legislativo.
Proyecto de Orden del Día
2. Verificación de quórum.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día.
4. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de minuta de la sesión celebrada el 10 de septiembre de 1998.
5. Discusión y, en su caso, aprobación el proyecto de dictamen que reforman los artículos 16, 19, 22 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dip. Santiago Creel Miranda
Presidente de la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales
Dip. Sadot Sánchez Carreño
Presidente de la Comisión de Justicia
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
A su reunión extraordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el martes 27 de octubre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales, en la cual se seguirá discutiendo y, en su caso, se aprobará el procedimiento a seguir para nombrar al nuevo Contador Mayor de Hacienda.
Atentamente
Dip. Fauzi Hamdán Amad
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS FRONTERIZOS
A su reunión de trabajo del martes 27 de octubre, a las 14:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales, para tratar diversos asuntos pendientes por resolver.
Atentamente
Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente
DE LA COMISION DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales, Ferrocarriles Nacionales de México y Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el martes 27 de octubre, a las 17 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales de este Palacio Legislativo.
El objeto de dicha reunión será realizar el análisis general de los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1997, en lo relativo al sector Comunicaciones y Transportes.
A dicha reunión de trabajo también han sido invitadas la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Atentamente
Dip. Ricardo García Sainz
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su quinta reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 27 de octubre, a las 17 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el edificio H, segundo piso, de este recinto parlamentario.
Proyecto de Orden del Día*
2. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Presentación de informes de actividades
a) Informe global de trabajo del primer año de ejercicio legislativo.
b) Informe de la Subcomisión de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas de Desarrollo Social.
c) Informe del proceso de evaluación al Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa).
4. Presupuesto.
a) Presentación de la Propuesta de Foro sobre el Gasto Social en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
b) Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Criterios Generales relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999.
c) Definición de estrategias de acción en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación.
5. Legislación.
c) Derecho a la Alimentación y Ley de Donación de Alimentos.
6. Publicaciones.
a) Boletín de la Comisión.
b) Otras Publicaciones.
Atentamente
Dip. Clara M. Brugada Molina
Presidenta
DE LA COMISION DE EDUCACION
A su desayuno de trabajo del miércoles 28 de octubre, a las 9 horas, con el subsecretario de Planeación y Coordinación de la SEP, lic. Carlos Mancera Corcuera, con quien se analizarán los temas relativos a la asignación de recursos federales a los estados de la República, así como también la asignación de subsidios a universidades públicas.
La cita es en El Mesón Navarro, ubicado en 16 de Septiembre # 57, casi esq. Isabel La Católica, Centro. Tel. 512 4873, 512 5614 y 512 8609.
Atentamente
Dip. Armando Chavarría Barrera
Presidente
DE LA COMISION DE CORRECCION DE ESTILO
A su sesión de trabajo del miércoles 28 de octubre, a las 11 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales de este recinto legislativo de San Lázaro.
Orden del Día
2. Informe del curso de Corrección de Estilo y la Exposición Bibliográfica que se celebraron en los meses de septiembre y octubre del presente año.
3. Presentación del tercer número de la Revista Moción.
4. Propuesta del dip. Gerardo Ramírez Vidal, de la Excitativa para la Revisión al Estilo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un Foro de Consulta Nacional con diversos especialistas en el ramo académico y profesional.
5. Conferencia en la celebración del Natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, prevista para el día 18 de noviembre del presente año, impartida por el dr. José Pascual Buxó.
6. Proyecto de impresión de 3 textos siguientes: Lo Femenino y lo Masculino como categorías filosóficas en El segundo sexo de Simone de Beauvoir; Sabiduría Popular, Libro de refranes; Inscríbase en Letras de Oro.
7. Convenio de Colaboración, entre la Comisión de Corrección de Estilo y la Facultad de Derecho de la UNAM, a través de la Generación 89-93 Dr. Andrés Serna Rojas.
8. Asuntos generales.
DEL COMITE DE ADMINISTRACION
A su décima séptima reunión, a celebrarse el miércoles 28 de octubre, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales de este recinto legislativo.
Orden del Día
2. Declaración de quórum.
3. Aprobación de orden del día.
4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior.
5. Presentación del presupuesto de lectura del mes de noviembre de 1998 y presentación del presupuesto ejercido durante el mes de septiembre de 1998.
6. Presentación del proyecto de presupuesto del año 1999 para su análisis y aprobación en su caso.
7. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A la visita que realizará a esta Cámara de Diputados, el jueves 29 de octubre, a partir de las 9 horas, la señora Mirja Ryynänen, miembro finlandés del Parlamento Europeo.
La señora Ryynänen sostendrá una plática con los diputados miembros de esta Comisión, en la que disertará sobre "El apoyo de la República de Finlandia, al proceso de ratificación del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea", durante el desayuno-conferencia de trabajo, que se realizará en el salón C del comedor Los Cristales.
Dicho evento ha sido organizado a petición de la Embajada de la República de Finlandia en México, conjuntamente con el Comité de Asuntos Internacionales y esta Comisión de Relaciones Exteriores.
Atentamente
Dip. Alfredo Phillips Olmedo
Presidente
DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo con funcionarios de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la de Contraloría y Desarrollo Administrativo, el miércoles 4 de noviembre, a las 10 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales de este Palacio Legislativo.
El objeto de dicha reunión será realizar el análisis general de los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1997, en lo relativo al sector Administración.
A dicha reunión de trabajo también han sido invitadas las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Atentamente
Dip. Ricardo García Sainz
Presidente
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Al Foro de Análisis sobre Recursos financieros para los municipios mexicanos hacia el ejercicio fiscal de 1999, a celebrarse el viernes 6 de noviembre, de las 9 a las 19 horas, en el salón Verde de la Cámara de Diputados.
Objetivo General
Evaluar los efectos, en 1998, de la Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, en relación a los fondos municipales: Aportaciones Federales (FAISM, y Fortalecimiento Municipal); Participaciones Federales (Ramo 28); así como la situación de la Deuda Municipal; con el propósito de encontrar soluciones legales y presupuestales para el Fortalecimiento Financiero Municipal, en ocasión del paquete legislativo Fiscal para el 1999.
Dirigido a
Ayuntamientos, Presidentes Municipales, Tesoreros, Secretarios de Finanzas Estatales, Diputados, Senadores, Instituciones Académicas, Asociaciones Municipales y Público en General
Bases
Primera: Los participantes deberán registrarse a más tardar el 5 de noviembre de 1998, a las 18 horas, por correo, fax o teléfono, en la Comisión de Fortalecimiento Municipal de la Cámara da Diputados: Avenida Congreso de 1a Unión # 66. Palacio Legislativo, Edificio D Primer Piso, México Distrito Federal. (5) 6288-1300 Extensión 1208 y 1209 (Fax).
Segunda: En su petición de registro, los participantes deberán señalar: Nombre, Domicilio, Cargo e Institución que representan en su caso, Teléfono y/o Fax y/o correo electrónico. Asimismo deberán indicar si lo hacen como ponentes o como asistentes.
Tercera: Las ponencias deberán constar de un mínimo de 6 cuartillas según el tema, más un resumen de la misma que no sobrepase 1as 2 cuartillas, y deberán ser entregadas en el domicilio de la Comisión señalado para el registro, o el día del foro a1 inicio de cada mesa de trabajo.
Cuarta: De conformidad con el programa descrito en el siguiente capítulo de la presente convocatoria, cada tema se irá abordando mediante la participación de ponentes, designados previamente por la Junta Directiva Plural de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, mediante intervenciones de no más de diez minutos cada una. Al término de dichas intervenciones, los participantes con calidad de asistentes podrán realizar preguntas y los que tengan calidad de ponentes podrán intervenir mediante la exposición del resumen de sus ponencias previamente registradas o debatir directamente aspectos de las exposiciones iniciales.
Quinta: La relatoría y moderación de las mesas de trabajo estarán a cargo de diputados miembros de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, previamente designados por la Junta Directiva Plural de la misma y el resultado del foro será un documento que oriente las reformas necesarias al paquete legislativo fiscal para 1999.
Sexta: Cualquier propuesta en materia municipal de la competencia del Congreso de la Unión no relacionada directamente con los temas específicos del foro, podrán ser entregados por escrito con las mismas características indicadas en la base tercera da la presente convocatoria, en la mesa de la secretaría técnica del foro.
Séptima: Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Mesa Directiva de la Comisión de Fortalecimiento Municipal.
Programa
9:30-12:30 horas. Primera Mesa: Experiencias y propuestas sobre el Fondo III del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal "Aportaciones para infraestructura social Municipal" (FAISM-FAIS).
12:30-12:40 horas Receso.
12:40-15:00 horas. Segunda Mesa: Experiencia y propuestas sobre el Fondo IV del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal "Fortalecimiento Municipal y del Distrito Federal y Ramo 28 Participaciones Federales".
15:00-16:30 Horas Comida.
16:30-19:00 horas. Tercera Mesa: Situación de los Municipios con deuda pública y Propuestas de Solución.
19:00 horas. Clausura.