Ciudadanos Secretarios de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión
PRESENTES
En el ejercicio cotidiano de sus atribuciones, las dependencias y entidades de la administración pública recurren a los mercados nacionales y, en algunos casos, internacionales, para adquirir una vasta gama de bienes y de servicios que les son indispensables tanto para mantener y garantizar el funcionamiento de las instituciones como para satisfacer la demanda ciudadana de muy diversos servicios públicos.
Estas operaciones están vinculadas estrechamente a estrategias de crecimiento económico por el impacto que las transacciones gubernamentales tienen en la economía nacional.
Al mismo tiempo, su financiamiento proviene del gasto público federal, razón por la cual resulta indispensable que los recursos se ejerzan de manera transparente y responsable. Al respecto, el artículo 134 de la Constitución dispone que las adquisiciones y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice el gobierno federal y la administración pública paraestatal, deben asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Con base en lo anterior, nuestro país requiere de un régimen jurídico en materia de adquisiciones y prestación de servicios que se actualice para hacer énfasis en la transparencia de los procedimientos de licitación y contratación; en la simplificación administrativa de tales procedimientos y en un equilibrio contractual que dé lugar a una mayor reciprocidad de intereses entre el Estado y los contratistas, entre otras consideraciones.
Para ello es necesario, por una parte, recoger la experiencia derivada de la aplicación de la actual Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y, por la otra, atender las diversas peticiones, opiniones y sugerencias que en fechas recientes han sido expresadas por parte de las cámaras industriales y comerciales. Es en este contexto que se inscribe la presente Iniciativa.
Un primer propósito consiste en integrar en ordenamientos por separado la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, por un lado, y la de obra pública, por el otro. Ello conduce a la revisión de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas vigente a partir del 1 de enero de 1994.
Este objetivo surge de las apreciaciones sobre la complejidad que la reunión de materias de naturaleza disímbola trajo aparejada en la interpretación y observancia de la citada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, tanto en el ámbito de la Administración Pública Federal, como para los proveedores y los prestadores de servicios.
Es así que la convergencia de la regulación de las adquisiciones y los servicios de cualquier naturaleza en un ordenamiento en el que coexiste también la concepción de obra pública -que absorbe a los servicios relacionados con la misma-, ha propiciado frecuentes equívocos que impactan en la aplicación de los procedimientos y reglas de contratación propios de cada materia. Es cierto que existe un tronco común entre ambas materias, pero también lo es que existen diferencias radicales entre el procedimiento para contratar la construcción de una carretera o de una escuela con la adquisición de papelería o computadoras, por citar algunos ejemplos.
En esta tesitura, la separación de materias y la acotación del régimen de adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza en un sólo ordenamiento, permitirá sistematizar las disposiciones de manera funcional y especializada en torno a conceptos inequívocos que son propios de estos actos, llenar las lagunas existentes y aclarar las confusiones que se suscitaron al reunirse los dos regímenes mencionados.
En suma, el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos y un marco jurídico con reglas claras y de manejo práctico para servidores públicos, proveedores y prestatarios de servicios, así como de estímulo para el desarrollo y competitividad de las empresas, son acciones que convergen con la estrategia de crecimiento económico que promueve el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y que están inmersos en esta Iniciativa de Ley.
Más allá de la necesaria separación de las materias de adquisiciones y servicios, y de obra pública, otro aspecto relevante de la Iniciativa consiste en la actualización del esquema normativo para hacerlo congruente con los diversos ordenamientos legales que, durante la vigencia de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, fueron expedidos y reformados, y que implica, entre otros aspectos, revisar los sujetos que estarían obligados a aplicar este ordenamiento. Destaca la inclusión de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y de los fideicomisos públicos sin distinguir si se trata o no de fideicomisos considerados como entidades paraestatales. Esto último en virtud de que el gobierno federal o una entidad paraestatal pueden celebrar contratos fiduciarios de los cuales, sin ser el objetivo fundamental, deriven adquisiciones o prestaciones de servicios que no tendrían por qué quedar excluidas del marco legal.
Por otra parte, los avances que se destacan en esta Iniciativa se sitúan en el contexto de los planteamientos que en diversos foros se han manifestado para que las transacciones gubernamentales que deben realizarse bajo los principios del artículo 134 constitucional, al tiempo de que garanticen al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, también permitan a las empresas desarrollarse y cumplir con los compromisos pactados cualquiera que sean las circunstancias económicas imperantes.
En esta tesitura, para obtener las mejores condiciones, se faculta a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para que, adicionalmente a la licitación pública, determine el carácter nacional o internacional de los demás procedimientos de contratación, atendiendo a las reservas y medidas de transición establecidas en los tratados (artículo 25, párrafo tercero).
Ante la presencia de contingencias ajenas a la voluntad de la convocante y supervenientes respecto del inicio de la licitación, que pudieran ocasionar un daño o perjuicio a las dependencias o entidades, en caso de continuarse con el procedimiento, se establecen los supuestos en los que podrá cancelarse una licitación pública (artículo 37, último párrafo).
Asimismo, es menester reconocer la posibilidad de modificaciones importantes e inusitadas en el entorno económico que inevitablemente impactan en las condiciones de contratación -señaladamente en los precios de bienes y servicios- y que incluso pueden provocar el incumplimiento de lo pactado por parte de proveedores o prestadores de servicios. Para prevenir y anticipar estas situaciones, la Iniciativa contempla el reconocimiento de incrementos o decrementos en los contratos cuando se presenten circunstancias económicas de tipo general como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los bienes o servicios no entregados o prestados, o no pagados, conforme a los lineamientos que expida la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (artículo 44, párrafo segundo).
En igual sentido, se propone que el cálculo de las penas convencionales a cargo de los proveedores no exceda del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y que la aplicación de éstas se realice en proporción a los bienes o servicios que no hayan sido entregados o prestados oportunamente (artículo 53, párrafo primero); aspecto que la Ley en vigor no precisa y que ha dado lugar a diversas interpretaciones que provocan una disminución en las utilidades de los propios proveedores.
De igual manera, a fin de lograr un equilibrio contractual que dé lugar a una mayor reciprocidad de intereses entre el Estado y los proveedores, se prevé el término máximo respecto del cual las dependencias y entidades deberán efectuar los pagos correspondientes para que éstos sean oportunos. Así, de aprobarse la presente Iniciativa, los pagos se estipularían con exactitud en los contratos que se celebren, lo que evitaría reclamaciones innecesarias, pago de gastos financieros y la aplicación de sanciones a servidores públicos (artículos 30, fracción XI, y 51, párrafo primero).
En la práctica suelen presentarse situaciones imprevistas que impiden a los proveedores entregar la totalidad de los bienes que le son requeridos, lo que en ocasiones trae aparejado la aplicación de penas convencionales e, incluso, la rescisión del contrato con la consecuente acción de que se haga efectiva la garantía de cumplimiento. Ante esta situación la Iniciativa prevé la posibilidad de modificar los contratos, mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente pactadas hasta por un cinco por ciento del importe total estipulado, siempre y cuando se demuestre la existencia de causas justificadas que impidan la entrega originalmente pactada (artículo 52, párrafo cuarto).
De igual forma, se ha estimado conveniente considerar en la presente Iniciativa, el reintegro de los gastos que hayan realizado los proveedores para cumplir cabalmente con sus obligaciones asumidas en los contratos, cuando las dependencias y entidades los den por terminados anticipadamente, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente (artículo 54, último párrafo).
Los aspectos propuestos que redundarían en la igualdad de condiciones para los proveedores nacionales en relación con los extranjeros, se encuentran contenidos en los supuestos siguientes:
-La disposición de que las entregas de los bienes adquiridos se hagan dentro del territorio nacional, eliminándose con ello la ventaja que algunos proveedores extranjeros obtendrían al dejarlos en la frontera, lo que origina que el gobierno federal distraiga sus recursos en actividades distintas a las que le son propias, al tener que transportarlos y realizar los trámites de importación correspondientes (artículo 3O, fracción IX).
-Como estrategia de fomento a la economía nacional se establece que en las contrataciones de carácter internacional, se optará, en igualdad de condiciones, por los bienes producidos en el país que cuenten con determinado porcentaje de contenido nacional, y que dichos bienes podrán contar, para efectos de comparación de las propuestas económicas, con un margen hasta del diez por ciento de preferencia en el precio, respecto a los bienes de importación (artículo 17).
Hacia ese sentido están concebidas propuestas de transformación que incluyen la utilización de avances tecnológicos que permitan agilizar los procedimientos previstos por la Ley, sobresaliendo las siguientes:
La difusión de la información relativa a las diversas etapas que comprenden los procedimientos de licitación, mismas que se pondrían a disposición de cualquier interesado mediante una base de datos (artículo 25, último párrafo). A tal efecto, se establece la obligación para las dependencias y entidades de remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo dicha información a través de medios magnéticos o remotos de comunicación electrónica (artículo 56, párrafo segundo).
En la misma vertiente de modernización se inscriben las medidas de simplificación siguientes:
-Se suprime el término genérico de invitación restringida y se prevén la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa, como procedimientos de contratación independientes (artículo 25, fracciones II y III); estableciéndose la posibilidad de que el titular del área responsable de la contratación adjudique directamente después de declararse desiertos dos procedimientos de invitación, sin necesidad de someterlo a dictamen del mencionado comité (artículo 42, último párrafo).
-La opción de que las convocantes, previo al acto de presentación y apertura de propuestas, efectúen el registro de participantes y revisiones preliminares de la documentación distinta a la que constituye las proposiciones (artículo 33, párrafo tercero). Ello dará una valiosa oportunidad a los participantes para que su documentación básica sea revisada previamente y, de esa manera, reducir los riesgos de que se desechen las propuestas por errores menores.
-La precisión de las etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones en el procedimiento de licitación pública (artículo 34), así como las estipulaciones mínimas que deberán contener los contratos (artículo 45).
-La supresión de la obligación del licitante de garantizar la seriedad de su propuesta, sustituyéndola por la imposición de sanciones que consistirían en una multa, así como en una inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos, cuando por causas imputables al licitante adjudicado no se formalice el contrato en el plazo respectivo (artículos 30, fracción XVI, y 60, fracción I).
-Cabe señalar también que, por cuanto hace a las licitaciones públicas, se excluye de las funciones del comité de adquisiciones, la de dictaminar la procedencia sobre su celebración. Sin embargo, con la intención de procurar la transparencia que deba observarse en los casos de excepción a dichas licitaciones, cuando los procedimientos no se realizan en atención al monto de las operaciones, se distinguen dos actividades a cargo del titular del área responsable de la contratación encaminadas al acreditamiento de la idoneidad para no celebrar licitación pública: por una parte, deberá justificar las razones para no llevarla a cabo y, por la otra, elaborar un dictamen en el que hará constar los motivos y circunstancias que se tuvieron para adjudicar el contrato a determinado proveedor (artículo 40, párrafos segundo y último).
-Por otro lado, se incorporan nuevos supuestos de excepción a la licitación pública. En primer lugar, respecto del diseño y fabricación de un bien con el único objeto de que sirva como prototipo para producir otros. En segundo término, se exceptúan ciertas substancias requeridas en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. Esto obedece a una reiterada petición de la comunidad científica, cuyas investigaciones requieren, en la mayoría de los casos, de determinados productos en razón de las exigencias propias de la investigación científica y del desarrollo tecnológico. Finalmente, tampoco serían objeto de licitación por razones propias de su naturaleza, la adquisición de bienes o la prestación de servicios que, a título de dación en pago, reciba el gobierno federal en términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación (artículo 41, fracciones XVI, XVII y XVIII).
En este sentido, destaca el impedimento para contratar con aquellas personas que hayan sido inhabilitadas temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos. Igualmente no se podrá contratar con empresas que tengan un socio o asociado común y que presenten en un procedimiento propuestas respecto a una misma partida. Esta restricción será aplicable para contratar con las personas que no cuenten con facultades para hacer uso de derechos de propiedad intelectual (artículo 50, fracciones IV, Vll y X).
Está previsto por otro lado, en el régimen de los contratos de la materia, la ampliación del plazo y porcentaje para efectuar modificaciones a los contratos vigentes; el procedimiento para su rescisión administrativa por incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor; así como los supuestos en que podrán darse por terminados anticipadamente (artículos 52 y 54).
Por lo que toca a las sanciones, se establece que éstas se impondrán con arreglo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículo 61), haciéndose más severas para desalentar la práctica de conductas infractoras, ya que por un lado, se eleva el monto máximo de las multas y, por el otro, se señalan los supuestos en que además podrá inhabilitarse a los proveedores (artículos 59 y 60).
En el mismo sentido, se suprime el recurso de revocación, precisándose que en contra de la resolución que dicte la Contraloría o los órganos internos de control en las dependencias y entidades en materia de inconformidades, se podrá interponer el recurso que para tal efecto se prevé en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de que se opte impugnarla ante las instancias jurisdiccionales competentes (artículo 70).
Por otra parte, se hace expreso que la Contraloría, de oficio o a petición del inconforme, podrá suspender el proceso de adjudicación, señalándose que cuando la suspensión sea solicitada por el licitante, éste deberá garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, además de que el tercero perjudicado podrá dar contrafianza con el propósito de que quede sin efectos la suspensión (artículo 68).
Finalmente, en la aplicación de los términos establecidos en los contratos, pueden surgir discrepancias. En la práctica los proveedores o prestadores de servicios han ocurrido frecuentemente ante la Secretaría para exponer sus quejas e inquietudes. En variadas ocasiones esta dependencia ha procurado, con éxito, conciliar los intereses en disputa, lo que ha evitado que las partes ocurran ante las autoridades jurisdiccionales a dirimir sus controversias mediante procedimientos largos y costosos. Es en esa virtud que la Iniciativa propone formalizar el procedimiento de conciliación descrito. De esta manera se propone una instancia ante la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, que tendría lugar con motivo de una queja derivada de discrepancias en la aplicación de los términos estipulados en los contratos, para que en una audiencia de conciliación se procure avenir los intereses de las partes, a fin de que lleguen a un convenio cuyo cumplimiento sería obligatorio y podría ser demandado por la vía judicial correspondiente; lo anterior sin perjuicio de que de no llegar a un acuerdo, quedarían a salvo los derechos de los promoventes para reclamarlos ante los tribunales federales (artículos 71 a 73).
Por tal motivo y con fundamento en lo dispuesto por
la fracción I del artículo 71 constitucional, me permito
someter a la consideración de ese Honorable Congreso de la Unión,
por el digno conducto de ustedes, la siguiente Iniciativa de
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Unico
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:
Il. Las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal;
III. La Procuraduría General de la República;
IV. Los organismos descentralizados;
V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y
Vl. Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo federal, con la participación que, en su caso, corresponda a los municipios interesados.
Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento.
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización.
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
II. Contraloría: la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;
III. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del artículo 1;
IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del artículo 1;
V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos;
VI. Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, y
VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.
II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o los que suministren las dependencias y entidades de acuerdo con lo pactado en los contratos de obras;
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en inmuebles de las dependencias y entidades, cuando su precio sea superior al de su instalación;
IV. La contratación de los servicios relacionados con bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido;
V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles; maquila; seguros; transportación de bienes muebles o personas; contratación de servicios de limpieza y vigilancia, así como la contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones;
VI. La contratación de arrendamiento financiero de bienes muebles;
VII. La prestación de servicios profesionales, excepto la contratación de servicios personales bajo el régimen de honorarios, y
VIII. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las dependencias y entidades, cuyo procedimiento de contratación no se encuentre regulado en forma específica por otras disposiciones legales.
Artículo 5.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten.
Artículo 6.- El gasto para las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará, en su caso, a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y demás disposiciones aplicables.
Artículo 7.- La Secretaría, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos.
La Contraloría dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Tales disposiciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 8.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas.
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Contraloría.
Artículo 9.- Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades.
Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por los titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio.
Artículo 10.- En los casos de adquisiciones, arrendamientos o servicios financiados con créditos externos otorgados al gobierno federal o con su aval, los requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos por la Contraloría.
Artículo 11.- En lo no previsto por
esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán
aplicables supletoriamente el Código Civil para el Distrito Federal
en materia común y para toda la República en materia federal,
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal
de Procedimientos Civiles.
Artículo 12.- Las dependencias y entidades, previamente al arrendamiento de bienes muebles, deberán realizar los estudios de factibilidad, considerando la posible adquisición mediante arrendamiento con opción a compra. De estipularse esta condición en el contrato, la misma deberá ejercerse invariablemente.
Artículo 13.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribunales federales.
Sólo podrá convenirse compromiso arbitral, ya sea en cláusula compromisoria incluida en el contrato o en acuerdo independiente, respecto de aquellas controversias que determine la Contraloría mediante reglas de carácter general, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Lo previsto en los dos párrafos anteriores es sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte, o de que en el ámbito administrativo la Contraloría conozca de las inconformidades que presenten los particulares en relación con los procedimientos de contratación, o bien, de las quejas que en audiencia de conciliación conozca sobre el incumplimiento de lo pactado en los contratos
Lo dispuesto por este artículo se aplicará a los organismos descentralizados sólo cuando sus leyes no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias.
Los actos, acuerdos, cláusulas compromisorias, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente.
Artículo 14.- Los contratos celebrados en el extranjero respecto de bienes o servicios que deban ser utilizados o prestados fuera del territorio nacional, se regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo conducente lo dispuesto por esta Ley.
Cuando los bienes o servicios hubieren de ser utilizados
o prestados en el país, tratándose exclusivamente de licitaciones
públicas, su procedimiento y los contratos que deriven de ellas
deberán realizarse dentro del territorio nacional.
Título Segundo
De la Planeación, Programación
y Presupuestación
Capitulo Unico
Artículo 15.- En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, las dependencias y entidades deberán ajustarse a:
Il. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades respectivas.
II. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios;
III. Las unidades responsables de su instrumentación;
IV. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como, en su caso, aquéllos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo los que habrán de sujetarse a procesos productivos;
V. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; los avances tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planos, proyectos y especificaciones;
VI. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de éstas, las normas internacionales;
VII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y
VIII. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las adquisiciones, arrendamientos o servicios.
Artículo 18.- En los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestal, deberá determinarse tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
Para los efectos de este artículo, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Artículo 19.- Las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, solamente cuando se cuente con la autorización global o específica, por parte de la Secretaría, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.
En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaría, las dependencias y entidades podrán convocar sin contar con dicha autorización.
Artículo 20.- Las dependencias o entidades que requieran contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán si en sus archivos o, en su caso, en los de la coordinadora del sector correspondiente, existen trabajos sobre la materia de que se trate. En el supuesto de que se advierta su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá la contratación.
A fin de cumplimentar lo anterior, las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos.
La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, requerirá de la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad, así como del dictamen del área respectiva, de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización.
Artículo 21.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición de los interesados y remitirán a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a más tardar el 31 de marzo de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
El citado programa será de carácter informativo, no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate.
Para efectos informativos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial integrará y difundirá los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para lo cual podrá requerir a las dependencias y entidades la información que sea necesaria respecto de las modificaciones a dichos programas.
Artículo 22.- Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones:
II. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 41, salvo en los casos de la fracción XII del propio precepto. Dicha función también podrá ser ejercida directamente por el titular de la dependencia o entidad;
III. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como autorizar los supuestos no previstos en éstos, debiendo informar al titular de la dependencia o al órgano de gobierno en el caso de las entidades;
IV. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión de los casos dictaminados conforme a la fracción II anterior, así como de las licitaciones públicas que se realicen y, los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento de alguna disposición jurídica o administrativa;
V. Analizar exclusivamente para su opinión, cuando se le solicite, los dictámenes y fallos emitidos por los servidores públicos responsables de ello;
VI. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos;
VII. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, conforme a las bases que expida la Contraloría;
VIII. Autorizar los casos de reducción del plazo para la presentación y apertura de proposiciones en licitaciones públicas, y
IX. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
En los casos en que, por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, no se justifique la instalación de un comité, la Contraloría podrá autorizar la excepción correspondiente.
Artículo 23.- El Ejecutivo federal, por conducto de la Contraloría, determinará las dependencias y entidades que deberán instalar comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, en función del volumen, características e importancia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten. Dichas comisiones tendrán por objeto:
II. Colaborar en la instrumentación de programas de desarrollo de proveedores nacionales;
Promover y acordar programas de sustitución eficiente de importaciones, así como de simplificación interna de trámites administrativos que realicen las dependencias o entidades relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios;
IV. Emitir recomendaciones sobre metas de utilización de las reservas de compras pactadas con otros países;
V. Promover acciones que propicien la proveeduría con micro, pequeñas y medianas empresas, así como el consumo por parte de otras empresas de los bienes o servicios que produzcan o presten aquéllas;
VI. Difundir y fomentar la utilización de los diversos estímulos del gobierno federal y de los programas de financiamiento para apoyar la fabricación de bienes;
VII. Informar a los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios las recomendaciones planteadas en el seno de las comisiones;
VIII. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento de la comisión, conforme a las bases que expida la Contraloría, y
IX. Conocer y opinar sobre los programas de licitaciones internacionales de la dependencia o entidad de que se trate.
Título Tercero
De los Procedimientos de Contratación
Capítulo Primero
Generalidades
Artículo 25.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante los procedimientos de contratación que a continuación se señalan:
II. Invitación a cuando menos tres personas, o
III. Adjudicación directa.
La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tomando en cuenta la opinión de la Contraloría, determinará el carácter de los procedimientos de contratación, en razón de las reservas, medidas de transición u otros supuestos establecidos en los tratados.
La Contraloría pondrá a disposición de cualquier interesado, a través de la base de datos electrónica que establezca, la información correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones, así como sus modificaciones; en su caso, las actas de las juntas de aclaraciones, los fallos que recaigan a dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas.
Artículo 26.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.
El sobre a que hace referencia este artículo podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o bien, si así lo establece la convocante, enviarlo a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Contraloría.
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.
La Contraloría se encargará de la certificación
de los medios de identificación electrónica que utilicen
los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos
medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que
se remita por esta vía.
Capítulo Segundo
De la Licitación Pública
Artículo 27.- Las licitaciones públicas podrán ser:
La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a solicitud de la Contraloría, podrá realizar visitas para verificar que los bienes cumplen con los requisitos señalados en el párrafo anterior, o
II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero.
Solamente se deberán llevar a cabo licitaciones internacionales, en los siguientes casos:
a) Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados;
b) Cuando, previa investigación de mercado que realice la dependencia o entidad convocante, no exista oferta de proveedores nacionales respecto a bienes o servicios en cantidad o calidad requeridas, o sea conveniente en términos de precio;
c) Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presente alguna propuesta o ninguna cumpla con los requisitos a que se refiere la fracción I de este artículo, y
d) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno federal o con su aval.
Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos.
Artículo 28.- Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes o servicios, y contendrán:
II. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de reproducción de los documentos que se entreguen; los interesados podrán revisarlas previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación;
III. La fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones;
IV. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado, y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones;
V. La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas;
VI. La descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios que sean objeto de la licitación, así como la correspondiente, por lo menos, a cinco de las partidas o conceptos de mayor monto;
VII. Lugar y plazo de entrega;
VIII. Condiciones de pago, señalando el momento en que se haga exigible el mismo;
IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, y
X. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra.
II. Si es en alguna entidad federativa, en el Diario Oficial de la Federación y a la vez, en un diario de circulación local o regional, y
III. Si es en dos o más entidades federativas, en el Diario Oficial de la Federación y a la vez, en un diario de circulación nacional.
II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el licitante; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato;
Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;
IV. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes o servicios, acompañados de una traducción simple al español;
V. Moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo. En los casos de licitación internacional, en que la convocante determine efectuar los pagos a proveedores extranjeros en moneda extranjera, los licitantes nacionales podrán presentar sus proposiciones en la misma moneda extranjera que determine la convocante. No obstante, el pago que se realice en el territorio nacional deberá hacerse en moneda nacional y al tipo de cambio vigente en la fecha en que se haga dicho pago;
VI. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas;
VII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos y la indicación de que en la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentages, excepto cuando se trate de servicios, en los que se demuestre la conveniencia de aplicar dichos mecanismos para evaluar objetivamente la solvencia de las propuestas, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría;
Dentro de los criterios de adjudicación, podrá establecerse el relativo a costo beneficio, siempre y cuando sea definido, medible y aplicable a todas las propuestas;
VIII. Descripción completa de los bienes o servicios, o indicación de los sistemas empleados para identificación de los mismos; información específica que requieran respecto a mantenimiento, asistencia técnica y capacitación; relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del contrato; aplicación de normas a que se refiere la fracción VI del artículo 16 de esta Ley; dibujos; cantidades; muestras, y pruebas que se realizarán, así como método para ejecutarlas;
IX. Plazo y condiciones de entrega, así como la indicación del lugar, dentro del territorio nacional, donde deberán efectuarse las entregas;
X. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, los cuales no deberán limitar la libre participación de los interesados;
XI. Condiciones de precio y pago, señalando el momento en que se haga exigible el mismo. Tratándose de adquisiciones de bienes muebles, podrá establecerse que el pago se cubra parte en dinero y parte en especie, siempre y cuando el numerario sea mayor, sin perjuicio de las disposiciones relativas de la Ley General de Bienes Nacionales;
XII. Datos sobre las garantías; así como la indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que se entregará, el que no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato;
XIII. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo proveedor, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo a que se refiere el artículo 38 de esta Ley, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará;
XIV. En el caso de contratos abiertos, la información a que alude del artículo 47 de este ordenamiento;
XV. Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios;
XVI. La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 60 de esta Ley, y
XVII. En su caso, los términos y condiciones a que deberá sujetarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica.
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones de urgencia justificada, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, las dependencias y entidades podrán reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
Artículo 32.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que:
los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación, y
II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que los interesados concurran ante la propia dependencia o entidad para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas.
Las modificaciones de que trata este artículo en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.
Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación.
Artículo 33.- La entrega de proposiciones se hará en dos sobres cerrados que contendrán, por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.
Diversas empresas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes a que cada empresa se obligará, así como la manera en que, en su caso, se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de empresas.
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las convocantes podrán efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta técnica y económica. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su documentación y proposiciones durante el propio acto.
Artículo 34.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente:
II. Por lo menos un licitante y dos servidores públicos de la dependencia o entidad presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente haya determinado la convocante en las bases de licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquéllos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia convocante, quien de estimarlo necesario podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas;
III. Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos;
IV. La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas;
V. En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante y dos servidores públicos presentes rubricarán las propuestas económicas.
Se señalarán lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, y
VI. Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, incluyendo, en su caso, el porcentaje previsto por el artículo 17 de este ordenamiento.
La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
Artículo 36.- En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. En sustitución de esa junta, las dependencias y entidades podrán optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.
En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, las dependencias y entidades proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los licitantes podrán inconformarse en los términos del artículo 65 de esta Ley.
Artículo 37.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables, y expedirán una segunda convocatoria.
Tratándose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas, la convocante podrá proceder, sólo respecto a esas partidas, a celebrar una nueva licitación, o bien un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, según corresponda.
Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad.
Artículo 38.- Las dependencias y entidades previa justificación de la conveniencia de distribuir, entre dos o más proveedores la partida de un bien o servicio, podrán hacerlo siempre que así se haya establecido en las bases de la licitación.
En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida y distribuidos entre dos o más proveedores no podrán exceder del cinco por ciento respecto de la propuesta solvente más baja.
Artículo 39.- Las dependencias o entidades no podrán financiar a proveedores la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, cuando éstos vayan a ser objeto de contratación por parte de las propias dependencias o entidades, salvo que, de manera excepcional y por tratarse de proyectos de infraestructura, se obtenga la autorización previa y específica de la Secretaría y de la Contraloría. No se considerará como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán garantizarse en los términos del artículo 48 de esta Ley.
Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a 90 días, la dependencia o entidad deberá otorgar por lo menos el veinte por ciento de anticipo, salvo la existencia de causas que impidan a la convocante hacerlo.
La Secretaría podrá autorizar el pago
de suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no sea posible
pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación
del servicio se realice.
Capítulo Tercero
De las Excepciones a la Licitación Pública
Artículo 40.- En los supuestos que prevé el artículo 41, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.
La selección del procedimiento que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación de las razones para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios.
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 41, fracciones IV y XII, de este ordenamiento.
Artículo 41.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales;
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados;
IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, o sean necesarias para garantizar la seguridad interior de la Nación;
V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;
VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento;
VII. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas;
VIII. Existan razones justificadas para la adquisición y arrendamiento de bienes de marca determinada;
IX. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados, semovientes y bienes usados. Tratándose de estos últimos, el precio de adquisición no podrá ser mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de crédito o terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables;
X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones cuya difusión pudiera afectar al interés público o comprometer información de naturaleza confidencial para el gobierno federal. Este supuesto sólo resultará aplicable tratándose de dependencias;
XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados y que la dependencia o entidad contrate directamente con los mismos, como personas físicas o morales;
XII. Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias y entidades para su comercialización o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios;
XIII. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial;
XIV. Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico;
XV. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes;
XVI. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para producir otros en la cantidad necesaria para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos la dependencia o entidad deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan a favor de la Federación o de las entidades según corresponda;
XVII. Se trate de sustancias y materiales de origen químico, físico químico o bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, o
XVIII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.
En estos casos, se invitará a personas cuyas actividades comerciales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.
Cuando diversas áreas de las dependencias o entidades sean las que por sí mismas realicen las contrataciones, los montos a que se refiere este artículo se calcularán de acuerdo con el presupuesto que a cada una de ellas le corresponda ejercer.
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrán exceder del veinte por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestal.
En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado para las operaciones previstas en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control.
En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato.
Artículo 43.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente:
II. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente;
III. En las invitaciones se indicarán, como mínimo, la cantidad y descripción de los bienes o servicios requeridos, plazo y lugar de entrega, así como condiciones de pago;
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la propuesta;
V. El carácter nacional o internacional en los términos del artículo 27 de esta Ley, y
VI. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables.
De los Contratos
Capítulo Unico
Artículo 44.- En las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá pactarse preferentemente la condición de precio fijo. No obstante, en casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula o mecanismo de ajuste que determine la convocante previamente a la presentación de las propuestas.
Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, conforme a los lineamientos que expida la Contraloría.
Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos autorizados.
Artículo 45.- Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios contendrán, como mínimo, lo siguiente:
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;
III. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes o servicios;
IV. La fecha, lugar y condiciones de entrega;
V. Porcentaje, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen;
VI. Forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato;
VII. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes o servicios;
VIII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste;
IX. Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o servicios, por causas imputables a los proveedores;
X. La descripción pormenorizada de los bienes o servicios objeto del contrato, incluyendo en su caso la marca y modelo de los bienes, y
XI. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos de autor u otros derechos exclusivos, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la Federación o de la entidad, según corresponda.
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 35 de esta Ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.
El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suministrar los bienes o prestar el servicio, si la dependencia o entidad, por causas imputables a la misma, no firmare el contrato. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.
El atraso de la dependencia o entidad en la formalización de los contratos respectivos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate.
Artículo 47.- Las dependencias y entidades que requieran de un mismo bien o servicio de manera reiterada, podrán celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente:
II. Se hará una descripción completa de los bienes o servicios con sus correspondientes precios unitarios;
III. En la solicitud y entrega de los bienes o servicios se hará referencia al contrato celebrado, y
IV. Los plazos para el pago de los bienes o servicios no podrán exceder de treinta días naturales.
II. El cumplimiento de los contratos.
La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo y, la correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de éste, a más tardar en la fecha establecida en el contrato.
Artículo 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de:
II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y
III. Las Tesorerías de los estados y municipios, en los casos de los contratos celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1 de esta Ley.
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante durante dos años calendario contado a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato;
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría en los términos del Título Sexto de este ordenamiento y Título Séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
V. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia dependencia o entidad, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente perjudicadas;
VI. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de acreedores;
VII. Aquéllas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común;
VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar;
IX. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte;
X. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin estar facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual, y
XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley.
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.
En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el proveedor deberá reintegrar los anticipos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en este artículo. Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.
Artículo 52.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.
Igual porcentaje se aplicará a las modificaciones que por ampliación de la vigencia se hagan de los contratos de arrendamientos o de servicios, cuya prestación se realice de manera continua y reiterada.
Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los bienes o servicios de que se trate.
Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, las dependencias y entidades podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el cinco por ciento del importe total del contrato respectivo.
Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las dependencias y entidades, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello.
Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.
Artículo 53.- Las dependencias y entidades deberán pactar penas convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.
Los proveedores quedarán obligados ante la dependencia o entidad a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.
Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.
Artículo 54.- Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor, en cuyo caso el procedimiento deberá iniciarse dentro de los quince días naturales siguientes a aquel en que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de las penas convencionales. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto.
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada y motivada y se comunicará al proveedor.
Artículo 55.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.
Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades en los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del personal que operará los equipos.
La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo propiedad del proveedor podrá realizarse siempre y cuando en las bases de licitación se establezca que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno para la dependencia o entidad durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales.
Título Quinto
De la Información y Verificación
Capítulo Único
Artículo 56.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Contraloría, a la Secretaría y a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
La información a que se refiere el último párrafo del artículo 25 de esta Ley deberá remitirse por las dependencias y entidades a la Contraloría a través de medios magnéticos o remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto establezca la propia Contraloría.
Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables.
Artículo 57.- La Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. Si la Contraloría determina la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables a la convocante, la dependencia o entidad reembolsará a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.
La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.
Artículo 58.- La Contraloría podrá verificar la calidad de las especificaciones de los bienes muebles a través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con las personas que determine, en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que podrán ser aquéllos con los que cuente la dependencia o entidad de que se trate.
El resultado de las comprobaciones se hará
constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la
comprobación, así como por el proveedor y el representante
de la dependencia o entidad respectiva, si hubieren intervenido. La falta
de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen.
Título Sexto
De las Infracciones y Sanciones
Capítulo Unico
Artículo 59.- Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Contraloría con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.
Artículo 60.- La Contraloría, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, al licitante o proveedor que se ubique en alguno de los supuestos siguientes:
II. Los proveedores que se encuentren en el supuesto de la fracción III del artículo 50 de este ordenamiento, respecto de dos o más dependencias o entidades;
III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes con especificaciones distintas de las convenidas, y
IV. Los licitantes o proveedores que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.
Las dependencias y entidades dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.
Artículo 61.- La Contraloría impondrá las sanciones considerando:
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
III. La gravedad de la infracción, y
IV. Las condiciones del infractor.
Artículo 62.- La Contraloría aplicará las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento.
Artículo 63.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.
Artículo 64.- No se impondrán
sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de
fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea
el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará
que el cumplimiento es espontaneo cuando la omisión sea descubierta
por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier
otra gestión efectuada por las mismas.
Título Séptimo
De las Inconformidades y del Procedimiento de
Conciliación
Capítulo Primero
De las Inconformidades
Artículo 65.- Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Contraloría por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley.
La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste.
Transcurrido el plazo establecido en este artículo, precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloría pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley.
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a la Contraloría las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratación, a fin de que las mismas se corrijan. La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente será causa de desechamiento.
Artículo 66.- En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere este Capítulo, el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición. La falta de protesta indicada será causa de desechamiento de la inconformidad .
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley y a las demás que resulten aplicables.
Artículo 67.- En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de comunicación electrónica deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa.
Dichas inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmisión expida la Contraloría, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos correspondientes. La Contraloría certificará la sujeción a tales disposiciones.
Artículo 68.- La Contraloría podrá de oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el artículo 65 del presente Capítulo, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro de un plazo que no excederá de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución correspondiente dentro de los treinta días hábiles siguientes.
La Contraloría podrá requerir información a las dependencias o entidades correspondientes, quienes deberán remitirla dentro de los diez días naturales siguientes a la recepción del requerimiento respectivo.
Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contraloría deberá hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude el párrafo anterior manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho.
Durante la investigación de los hechos a que se refiere este artículo, la Contraloría podrá suspender el procedimiento de contratación, cuando:
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden público. La dependencia o entidad deberá informar dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa perjuicio al interés social o bien, se contravienen disposiciones de orden público, para que la Contraloría resuelva lo que proceda.
Artículo 69.- La resolución que emita la Contraloría tendrá por consecuencia:
II. La nulidad total del procedimiento, o
III. La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad.
Capítulo Segundo
Del Procedimiento de Conciliación
Artículo 71.- Los particulares podrán presentar quejas ante la Contraloría, con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con las dependencias y entidades.
Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloría señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la queja.
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja.
Artículo 72.- En la audiencia de conciliación, la Contraloría tomando en cuenta los hechos manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.
En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, la Contraloría señalará los días y horas para que tengan verificativo. En todo caso, el procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión.
De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de las actuaciones.
Artículo 73.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales federales.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas.
CUARTO.- Los procedimientos de contratación; de aplicación de sanciones, y de inconformidades, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en el que se iniciaron.
Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza que se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en que se celebraron. Las rescisiones administrativas que por causas imputables al proveedor se hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando para los efectos de los artículos 50, fracción III, y 60 de esta Ley.
Reitero a ustedes, ciudadanos Secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Palacio Nacional, a los cuatro días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Ernesto Zedillo Ponce de León (rúbrica)
DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE ENVIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO
FEDERAL A ESTA H. CAMARA DE DIPUTADOS
Ciudadanos Secretarios de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión
PRESENTES
En la estrategia general para el crecimiento que orienta la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, la inversión pública y la aplicación transparente y responsable del gasto público que la misma requiere, son líneas de acción prioritarias en la administración actual.
El régimen jurídico administrativo previsto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, históricamente está vinculado a estrategias de crecimiento económico y sostenido por el impacto que las transacciones gubernamentales tienen en la economía
Este ordenamiento jurídico, que entró en vigor desde el día 10 de enero de 1994, reunió en un ordenamiento legal a las anteriores Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, y de Obras Públicas, con el propósito de facilitar su interpretación y aplicación. Si bien ello significó un avance de técnica legislativa que se enriqueció con la regulación de aspectos innovadores en la materia, en la práctica este propósito se ha visto obstaculizado y desvirtuado por el efecto inverso que trajo aparejada la complejidad del esquema de la misma Ley.
En efecto, las materias reguladas por la ley vigente se conjuntaron en un régimen jurídico específico, sin una concepción funcional que permitiera la distinción precisa de una y otra, por lo cual el esquema de la misma propicia confusiones en lo general y en lo particular.
Por no citar sino algunos ejemplos, en los conceptos de servicios de cualquier naturaleza y servicios relacionados con la obra pública, previstos en los artículos 3, fracción III, y 4 fracciones, II y IV, respectivamente, es recurrente la confusión de considerar trabajos que constituyen obra pública, como la perforación en general, a los servicios de cualquier naturaleza relacionados con inmuebles, cuya conservación, mantenimiento o reparación no implican modificación alguna al propio bien. Asimismo, los porcentajes en los contratos modificatorios suelen confundirse aplicando en adquisiciones el veinticinco por ciento que corresponde a obra pública y a ésta última el quince por ciento aplicable en los convenios de adquisiciones.
A mayor abundamiento, la misma conjunción de materias dio lugar a lagunas en el régimen de una u otra, lo que ha venido propiciando la aplicación analógica de preceptos donde se carece de disposición expresa, con las consecuentes inobservancias de la norma.
Tal es el caso de la ausencia de una disposición que establezca que en el ámbito de la obra pública, un comité deba conocer de los dictámenes sobre la procedencia de la celebración de licitaciones públicas o de los casos en que éstas puedan no celebrarse, como en cambio está previsto para las adquisiciones en el artículo 24. Lo mismo ocurre con la evaluación de solvencia de las proposiciones: mientras el artículo 59 detalla los elementos objeto de evaluación de las propuestas en materia de obra pública, en el supuesto previsto para las adquisiciones en el artículo 46 no se enuncian, por citar algunos ejemplos.
En síntesis, consultados al respecto, tanto los servidores públicos que aplican la ley de la materia y ejercen atribuciones de interpretación en el ámbito administrativo, como los organismos socio-profesionales de la industria de la construcción y del sector servicios que agrupan a proveedores, contratistas y prestatarios de servicios, se ha percibido en la práctica que al insertarse ambos regímenes en el esquema de un sólo ordenamiento, los conceptos técnicos y disímbolos, así como los procedimientos que les son propios, son confundidos e inducen a errores en su aplicación.
El crecimiento sostenido como meta del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, exige un entorno de estabilidad económica y financiera que garantice certidumbre y confianza para planear, invertir y trabajar productivamente, así como reglas claras y trato justo para todos.
Por ello contribuir al manejo adecuado y preciso de la Ley, separando el conjunto de sus disposiciones en torno a conceptos identificados a lo largo de la experiencia y aplicación especializada de los ordenamientos que regulaban con anterioridad, por un lado la obra pública y, por el otro las adquisiciones, arrendamientos, bienes muebles y los servicios de cualquier naturaleza, es una necesidad inaplazable.
La especificidad de materias en regímenes autónomos permitirá suplir lagunas, circunscribir la aplicación de los ordenamientos en las fronteras de sus propios conceptos, procedimientos, actos y contratos, así como la debida observancia de las obligaciones a cargo de los servidores públicos que convocan a licitaciones públicas y las conducen, e incluso aquéllas que corresponden a los propios contratistas.
Otro aspecto relevante consiste en la actualización del esquema normativo de la Ley, para hacerlo congruente con los diversos ordenamientos legales que, durante la vigencia de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, fueron expedidos y reformados, que implica entre otros aspectos, revisar los sujetos que estarían obligados a aplicar este ordenamiento, como lo serían la inclusión de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de los fideicomisos públicos y de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, así como la exclusión del Gobierno del Distrito Federal, y de las obras que ejecuten los particulares con motivo de la concesión de un servicio público.
También se propone, por una parte, establecer que a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo le corresponde dictar las disposiciones administrativas necesarias para el adecuado cumplimiento de la Ley y verificar que las obras públicas y los servicios relacionados con éstas se realicen conforme a lo preceptuado por la misma y, por la otra, incluir como ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Independientemente de lo anterior, con objeto de precisar el concepto de obra pública y clarificar la naturaleza de los servicios relacionados con ella e integrar un régimen jurídico completo y especializado, la Iniciativa propone los aspectos siguientes:
-Previsión para considerar ajustes de costos y celebración de convenios que aseguren la continuidad de los trabajos, cuando su ejecución comprenda más de un ejercicio presupuestal (artículo 22).
-Establecer la posibilidad de constituir comités de obra pública, cuando por el número de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades lo justifiquen, destacándose entre sus funciones, la de dictaminar la procedencia de no celebrar licitaciones por encontrarse en un supuesto de excepción (artículo 27).
-Adopción de una tercera modalidad de contratación, denominada mixta, para pactar la ejecución y prestación de trabajos y servicios a precio alzado y sobre la base de precios unitarios (artículo 46, fracción III).
En esta tesitura, para obtener las mejores condiciones, se faculta a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para que, adicionalmente a la licitación pública, determine el carácter nacional o internacional de los demás procedimientos de contratación y los criterios para fijar el contenido nacional de los trabajos, atendiendo a las reservas y medidas de transición establecidas en los tratados (artículo 29, párrafo tercero)
De igual manera, considerando las particularidades que revisten algunos servicios relacionados con obras públicas que contratan las dependencias y entidades, se contempla la posibilidad de utilizar en licitaciones públicas, un sistema que permita la evaluación de la solvencia de las propuestas, basado en mecanismos de puntos o porcentajes, cuando ello resulte conveniente de acuerdo con los lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (artículo 34, fracción VII).
Ante la presencia de contingencias ajenas a la voluntad de la convocante y supervenientes al inicio de la licitación que pudieran ocasionar un daño o perjuicio a las dependencias o entidades, en caso de continuarse con el procedimiento, se establecen los supuestos en los que podrá cancelarse una licitación pública (artículo 41, último párrafo).
Un renglón importante lo constituye la transparencia que debe observarse en los casos de excepción a la licitación pública, cuyos procedimientos no se realizan en atención al monto de las obras públicas y los servicios relacionados con éstas. Al respecto, con la intención de procurar lo anterior, se distinguen dos actividades a cargo del titular del área responsable de la contratación de los trabajos encaminadas al acreditamiento de la idoneidad para no celebrar licitación pública, por una parte, deberá justificar las razones para no llevarla a cabo y, por la otra, elaborar un dictamen en el que hará constar los motivos y circunstancias que se tuvieron para adjudicar el contrato a determinado contratista (artículo 42, párrafos segundo y cuarto).
La Iniciativa de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que por su digno conducto se somete a la consideración de esa Honorable Cámara de Diputados propone por otro lado, aspectos que además de conservar los logros que en cada materia consagró la Ley vigente, resultan de una revisión integral con fines de actualización en los órdenes económico y técnico.
Bajo esta perspectiva, atendiendo al impacto de las cambiantes circunstancias económicas prevalecientes en la presente década que en el financiamiento de la obra pública han originado limitaciones en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los contratistas, se toman en cuenta los planteamientos que éstos han manifestado en diferentes foros en el sentido de que se incorpore en la Ley una previsión que les permita afrontar estas situaciones, de suerte que con la intención del Estado de ver concluidas las obras proyectadas, se pretende precisar la posibilidad de realizar ajustes de costos a los contratos a precio alzado, cuando se presenten circunstancias económicas de tipo general que los modifiquen (artículo 60, párrafo tercero).
Así también, se adoptan reglas claras en el otorgamiento de anticipos en favor de los contratistas (artículo 51); así como procedimientos mediante los cuales se realizará el ajuste de costos a los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, convenidos sobre la base de precios unitarios, en beneficio del equilibrio financiero del contrato (artículos 58 y 59).
Con el propósito de adoptar medidas que permitan con mayor eficacia garantizar la ejecución de los programas de obra y el cumplimiento de los compromisos contractuales que se adopten, se precisa que el contrato y la bitácora de obra son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, determinando la obligatoriedad del uso de la misma, puesto que en ésta se registra el avance efectivo de los trabajos (artículo 47, último párrafo).
Aunado a lo anterior, como medida de vigilancia, control y revisión de la ejecución y avance de los trabajos de la obra, se prevé la figura denominada residencia de obra, misma que recaerá en un servidor público designado por la dependencia o entidad, previéndose que la actividad de la supervisión de obra pueda ser realizada por un tercero (artículo 54).
Por otra parte, a fin de lograr un equilibrio contractual que dé lugar a una mayor reciprocidad de intereses entre el Estado y los contratistas, se propone que el cálculo de las penas convencionales a cargo de éstos no exceda del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y que la aplicación de éstas se realice en proporción a los trabajos o servicios que no hayan sido ejecutados o prestados oportunamente, conforme al programa convenido (artículo 47, fracción VIII); aspecto que la Ley en vigor no precisa y que ha dado lugar a diversas interpretaciones que provocan una disminución en las utilidades de los propios contratistas.
Asimismo, con objeto de reforzar la medida relativa al pago oportuno de las estimaciones, se señala el procedimiento que deberá seguir el contratista para su requerimiento y, en su caso, autorización por parte de la residencia de la obra; estableciéndose el plazo dentro del cual la dependencia o entidad deberá cubrirlo, mismo que se estipulará con exactitud en los contratos que se celebren, lo que evitaría reclamaciones innecesarias, pago de gastos financieros y la aplicación de sanciones a servidores públicos (artículos 55 y 47, fracción VII).
Los aspectos propuestos que redundarían en la igualdad de condiciones para los proveedores nacionales en relación con los extranjeros, se encuentran contenidos en los supuestos siguientes:
-Como estrategia de fomento a la economía nacional se establece que en las licitaciones públicas de carácter internacional, sin detrimento de lo dispuesto en los tratados, la convocante podrá requerir la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de fabricación nacional, por un determinado porcentaje del valor de los trabajos (artículo 31, último párrafo).
Hacia ese sentido están concebidas propuestas de transformación que incluyen la utilización de avances tecnológicos que permitan agilizar los procedimientos previstos por la Ley, sobresaliendo las siguientes:
-La posibilidad de que los licitantes puedan enviar sus propuestas a través de servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica (artículo 30, párrafo segundo), así como por esta última vía la presentación de inconformidades (artículo 83, párrafo segundo); en ambos casos, la firma autógrafa será sustituida por medios de identificación electrónica, mismos que producirán los efectos probatorios que las leyes otorgan a los documentos (artículos 30, párrafo tercero y 85).
En la misma vertiente de modernización se inscriben las medidas de simplificación siguientes:
-Se suprime el término genérico de invitación restringida y se prevé la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa, como procedimientos de contratación independientes (artículo 29, fracciones II y III); incorporándose nuevos supuestos de excepción a la licitación pública (artículo 43, fracciones X y XI), y estableciéndose la posibilidad de que el titular del área responsable de la contratación de los trabajos adjudique directamente después de declararse desiertos dos procedimientos de invitación, sin necesidad de someterlo a dictamen del comité de obras públicas (artículo 44, último párrafo).
-La opción de que las convocantes, previo al acto de presentación y apertura de propuestas, efectúen el registro de participantes y revisiones preliminares de la documentación distinta a la que constituye las proposiciones (artículo 37, último párrafo).
-La precisión de las etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones del procedimiento de licitación pública (artículo 38); así como la adición de otras estipulaciones que deberán contener los contratos (artículo 47).
-Se suprime la garantía de seriedad de las propuestas toda vez que en el régimen vigente se dejaba al arbitrio de las convocantes fijar las bases, forma y porcentajes en que dicha garantía debía constituirse, lo que propiciaba subjetividad e incertidumbre en el procedimiento licitatorio. En sustitución de dicha garantía, se previene la imposición de sanciones que consistirían en una multa, así como en una inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos, en el caso de que por causas imputables al licitante adjudicado, no formalice el contrato en el plazo respectivo (artículos 34, fracción XIX, y 78, fracción I).
En este sentido, destaca el impedimento para contratar con aquellas personas que hayan sido inhabilitadas temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos. Igualmente no se podrá contratar con empresas que en un mismo procedimiento tengan un socio o asociado común (artículo 52, fracciones IV y VI).
Está previsto por otro lado, en el régimen de los contratos de la materia, la posibilidad de celebrar convenios modificatorios y adicionales. Respecto a estos últimos, previa autorización del titular del área responsable de la contratación de los trabajos, las variaciones podrán exceder del veinticinco por ciento del monto o plazo originalmente pactados, siempre y cuando no se afecten las condiciones referidas a las características esenciales del objeto del contrato inicialmente celebrado (artículo 60).
Para dar solución a la problemática generada en los casos en que las dependencias y entidades, por causas imputables a ellas, determinan la suspensión temporal de los trabajos, sin precisar en que momento deberán reiniciarse, lo que produce incertidumbre entre los contratistas; se propone incorporar el señalamiento de que la suspensión temporal en todo o en parte de los trabajos contratados, no podrá prorrogarse ni ser indefinida, debiendo en todo caso los servidores públicos designados determinar la duración de ésta (artículo 61).
Cabe mencionar que este proyecto supera a la Ley vigente, si se toma en cuenta que el que se somete a su consideración, aclara los supuestos en que podrán darse por terminados anticipadamente los contratos (artículo 61), y adopta un procedimiento expreso para la rescisión administrativa en la materia, puesto que actualmente, se aplica el procedimiento previsto para la imposición de sanciones, lo cual por la naturaleza misma de la rescisión es inadecuado (artículo 62).
Como complemento de lo anterior, se obligaría a las dependencias y entidades para que una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa o de terminación anticipada de los contratos, éstas procedan a tomar inmediata posesión para hacerse cargo de los trabajos ejecutados y de las instalaciones respectivas, debiéndose levantar acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra (artículo 63, párrafo segundo).
Por lo que toca a las sanciones se establece que éstas se impondrán con arreglo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículo 79, último párrafo), haciéndose más severas como medida coercitiva que procure el estricto cumplimiento de la Ley, ya que por una parte se eleva el monto máximo de las multas y, por la otra, se indican los supuestos en que además podrá inhabilitarse a los contratistas (artículos 77 y 78).
En concordancia con las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se suprime el recurso de revocación, precisándose que en contra de la resolución que dicte la Contraloría o los órganos internos de control en las dependencias y entidades en materia de inconformidades, se podrá interponer el recurso que para tal efecto se prevé en dicho ordenamiento, sin perjuicio de que se opte impugnarla ante las instancias jurisdiccionales competentes (artículo 88).
Por otra parte, se hace expreso que la Contraloría, de oficio o a petición del inconforme, podrá suspender el proceso de adjudicación, señalándose que cuando la suspensión sea solicitada por el licitante, éste deberá garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar; además de que el tercero perjudicado podrá dar contrafianza con el propósito de que quede sin efectos la suspensión (artículo 86).
Finalmente, se propone una instancia ante la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, que tendría lugar con motivo de una queja derivada por discrepancias en la aplicación de los términos estipulados en los contratos, para que en una audiencia de conciliación, se procure avenir los intereses de las partes, a fin de que a través de una amigable composición se llegue a un convenio cuyo cumplimiento: sería obligatorio y podría ser demandado por la vía judicial correspondiente; lo anterior sin perjuicio de que de no llegar a un acuerdo, quedarían a salvo los derechos de los promoventes para reclamarlos ante los tribunales federales (artículos 89 a 91).
Por tal motivo y con fundamento en lo dispuesto por
la fracción I del artículo 71 Constitucional, me permito
someter a la consideración de ese Honorable Congreso de la Unión,
por el digno conducto de ustedes, la siguiente Iniciativa de
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Unico
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen:
II. Las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;
III. La Procuraduría General de la República;
IV. Los organismos descentralizados;
V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y
VI. Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo federal, con la participación que, en su caso, corresponda a los municipios interesados.
Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento.
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo.
No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan concesionados, cuando éstos las lleven a cabo.
Los proyectos de infraestructura productiva de largo
plazo se realizarán conforme a lo dispuesto por los artículos
18 de la Ley General de Deuda Pública y 30 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Federal, y estarán regidos por
esta Ley únicamente en lo que se refiere a los procedimientos de
contratación y ejecución de obra pública.
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
II. Contraloría: la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;
III. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del artículo 1;
IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del artículo
V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos;
VI. Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas. y
VII. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas.
II. Los trabajos de exploración, geotécnia, localización y perforación que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos petroleros y gas que se encuentren en el subsuelo;
III. Los proyectos integrales o llave en mano, que deberán comprender desde el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología;
IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción de petróleo y gas; mejoramiento del suelo; subsuelo; desmontes; extracción y, aquellos similares, que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo;
V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la explotación de recursos naturales;
VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria;
VII. La instalación, montaje, colocación o aplicación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten, y
VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga.
II. La planeación, elaboración del anteproyecto y diseños arquitectónicos y artísticos, y de cualquier otra especialidad de la arquitectura;
III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, oceanografía, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito;
IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones;
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control de calidad; de laboratorio de geotécnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente;
VI. Los trabajos de organización, informática, cibernética y sistemas aplicados a las materias que regula esta Ley;
VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y revisiones técnico normativas, aplicables a las materias que regula esta Ley, y
VIII. Todos aquéllos de naturaleza análoga.
Artículo 6.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten; las contrataciones respectivas se sujetarán a las disposiciones aplicables.
Artículo 7.- El gasto para las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se sujetará, en su caso, a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y demás disposiciones aplicables.
Artículo 8.- La Secretaría, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos
La Contraloría dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Tales disposiciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación
Artículo 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas.
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Contraloría.
Artículo 10.- Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades.
Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por los titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio.
Artículo 11.- En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiados con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su aval, los requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos por la Contraloría.
Artículo 12.- En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán aplicables supletoriamente el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles
Artículo 13.- Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de los servicios relacionados con las mismas se requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades, cada una de ellas será responsable de la ejecución de la parte de los trabajos que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación y programación del conjunto.
En los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 1, se establecerán los términos para la coordinación de las acciones entre las entidades federativas que correspondan y las dependencias y entidades
Artículo 14.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por el Poder Judicial de la Federación, en los términos de su Ley Orgánica, salvo aquéllas que se susciten con motivo de las resoluciones definitivas que se dicten sobre la interpretación y cumplimiento de los contratos de obras públicas celebrados con dependencias, las cuales serán resueltas por el Tribunal Fiscal de la Federación, de conformidad con la competencia que le fija su Ley Orgánica.
Sólo podrá convenirse compromiso arbitral, ya sea en cláusula compromisoria incluida en el contrato o en acuerdo independiente, respecto de aquellas controversias que determine la Contraloría mediante reglas de carácter general, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Lo previsto en los dos párrafos anteriores es sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte, o de que en el ámbito administrativo la Contraloría conozca de las inconformidades que presenten los particulares en relación con los procedimientos de contratación, o bien, de las quejas que en audiencia de conciliación conozca sobre el incumplimiento de lo pactado en los contratos.
Lo dispuesto por este artículo se aplicará a los organismos descentralizados sólo cuando sus leyes no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver controversias.
Los actos, acuerdos, cláusulas compromisorias, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente.
Artículo 15.- Los contratos celebrados en el extranjero respecto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio nacional, se regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo conducente lo dispuesto por esta Ley
Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutados
o prestados en el país, tratándose exclusivamente de licitaciones
públicas, su procedimiento y los contratos que deriven de ellas
deberán realizarse dentro del territorio nacional.
Título Segundo
De la Planeación, Programación y
Presupuestación
Capítulo Unico
Artículo 16.- En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, las dependencias y entidades deberán ajustarse a:
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades respectivas.
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;
III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, así como las acciones para poner aquéllas en servicio;
IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la obra pública;
V. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de éstas, las normas internacionales;
VI. Los resultados previsibles;
VII. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos;
VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación;
IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y terminación de los trabajos;
X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios;
XI. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos de construcción necesarios;
XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos;
XIII. Los trabajos de mantenimiento de los equipos bienes inmuebles a su cargo;
XIV. Las instalaciones para que las personas con discapacidad puedan entrar y transitar por los inmuebles, las que, según la naturaleza de la obra, podrán consistir en rampas, puertas, elevadores, pasamanos, asideras y otras instalaciones análogas a las anteriores que coadyuven al cumplimiento de tales fines, y
XV. Las demás previsiones y características de los trabajos.
Artículo 19.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición de los interesados y remitirán a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a más tardar el 31 de marzo de cada año, su programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
El citado programa será de carácter informativo, no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate.
Para efectos informativos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial integrará y difundirá los programas anuales de obras públicas y servicios relacionados con la misma, para lo cual podrá requerir a las dependencias y entidades la información que sea necesaria respecto de las modificaciones a dichos programas.
Artículo 20.- En los procedimientos de contratación de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.
Artículo 21.- Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes aquellas contraten, observarán las disposiciones que en materia de construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.
Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derecho de vía, expropiación de inmuebles, derechos de bancos de materiales y demás autorizaciones que se requieran. Las autoridades competentes deberán otorgar a las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, las facilidades necesarias para su ejecución.
Artículo 22.- En las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal, deberá determinarse tanto el presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes, además de considerar los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que aseguren la continuidad de los trabajos.
El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuestal subsecuente.
La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para otorgar, en su caso, el porcentaje pactado por concepto de anticipo.
Para los efectos de este artículo, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal
Artículo 23.- Las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, solamente cuando cuenten con la autorización global o específica, por parte de la Secretaría, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán elaborarse los programas de ejecución y pagos correspondientes.
En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaría, las dependencias y entidades podrán convocar sin contar con dicha autorización.
Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión.
Artículo 24.- A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su caso, las entidades, deberán remitir a la Contraloría los títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la construcción de las obras publicas, para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su inclusión en el Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación.
Artículo 25.- Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, previamente verificarán si en sus archivos o, en su caso, en los de la coordinadora del sector correspondiente, existen estudios o proyectos sobre la materia de que se trate. En el supuesto de que se advierta su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá la contratación.
A fin de complementar lo anterior las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos.
Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el titular del área responsable de los trabajos.
Artículo 26.- No quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas, los que tengan como fin la contratación y ejecución de la obra de que se trate por cuenta y orden de las dependencias o entidades, por lo que no podrán celebrarse contratos de servicios para tal objeto.
Artículo 27.- Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, podrán establecer comités de obras públicas, los cuales tendrán como mínimo las siguientes funciones:
II. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como autorizar los supuestos no previstos en éstos, debiendo informar al titular de la dependencia o al órgano de gobierno en el caso de las entidades;
III. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 43 de esta Ley;
IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos;
V. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, conforme a las bases que expida la Contraloría, y
VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
II. Por administración directa.
Capítulo Primero
Generalidades
Artículo 29.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de contratación que a continuación se señalan:
II. Invitación a cuando menos tres personas, o
III. Adjudicación directa.
La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tomando en cuenta la opinión de la Contraloría, determinará el carácter de los procedimientos de contratación y los criterios para determinar el contenido nacional de los trabajos a contratar, en razón de las reservas, medidas de transición u otros supuestos establecidos en los tratados.
La Contraloría pondrá a disposición de cualquier interesado, a través de la base de datos electrónica que establezca, la información correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones, así como sus modificaciones; en su caso, las actas de las juntas de aclaraciones y los fallos que recaigan a dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas.
Artículo 30.- Los contratos de obras públicas y los de servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.
El sobre a que hace referencia este artículo podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o bien, si así lo establece la convocante, enviarlo a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Contraloría.
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.
La Contraloría se encargará de la certificación
de los medios de identificación electrónica que utilicen
los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos
medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que
se remita por esta vía.
Capítulo Segundo
De la Licitación Pública
Artículo 31.- Las licitaciones públicas podrán ser:
II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera.
Solamente se deberán llevar a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos:
a) Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados;
b) Cuando, previa investigación que realice la dependencia o entidad convocante, los contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de los trabajos o sea conveniente en términos de precio;
c) Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten propuestas, y
d) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su aval.
En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de fabricación nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante.
Artículo 32.- Las convocatorias podrán referirse a una o más obras públicas o servicios relacionados con las mismas, y contendrán:
II. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal, la experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos;
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la reproducción de los documentos que se entreguen; los interesados podrán revisarlas previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación;
IV. La fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos;
V. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado, y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones;
VI. La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas;
VII. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, así como, en su caso, la indicación de que podrán subcontratarse partes de los mismos;
VIII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos;
IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, y
X. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos
II. Si es en alguna entidad federativa, en el Diario Oficial de la Federación y a la vez, en un diario de circulación local o regional, y
III. Si es en dos o más entidades federativas, en el Diario Oficial de la Federación y a la vez, en un diario de circulación nacional
II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el licitante; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de la presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato;
III. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;
IV. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones;
V. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que el pago que se realice en el territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio vigente en la fecha que se haga dicho pago;
VI. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas;
VII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos y la indicación de que en la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes, excepto cuando se trate de servicios relacionados con las obras públicas, en los que se demuestre la conveniencia de aplicar dichos mecanismos para evaluar objetivamente la solvencia de las propuestas, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría;
VIII. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable del proyecto.
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma de presentación;
IX. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la convocante;
X. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serian utilizados en la ejecución de los trabajos;
XI. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos;
XII. Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan;
XIII. Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del periodo comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones;
XIV. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse;
XV. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos;
XVI. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes;
XVII. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte correspondiente, las condiciones de pago;
XVIII. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, así como el catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición, debe ser firmado por el responsable del proyecto, y la relación de conceptos de trabajo más significativos, de los cuales deberán presentar análisis y relación de los costos básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos análisis En todos los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto;
XIX. La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de esta Ley;
XX. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, y
XXI. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, deberán cumplir los interesados, los que no deberán limitar la libre participación de éstos.
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones de urgencia justificadas, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, las dependencias y entidades podrán reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
Artículo 36.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que:
II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que los interesados concurran ante la propia dependencia o entidad para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas.
Las modificaciones de que trata este artículo en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.
Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación.
Artículo 37.- La entrega de proposiciones se hará en dos sobres cerrados que contendrán, por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la técnica.
Diversas empresas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada empresa se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de empresas.
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las convocantes podrán efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta técnica y económica. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su documentación y proposiciones durante el propio acto
Artículo 38.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente:
II. Por lo menos un licitante y dos servidores públicos de la dependencia o entidad presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente haya determinado la convocante en las bases de licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquéllos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia convocante, quien de estimarlo necesario podrá señalar nueva fecha, lugar y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas;
III. Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos;
IV. La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas;
V. En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante y dos servidores públicos presentes rubricarán el catálogo de conceptos, en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación;
Se señalarán lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, y
VI. Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.
No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.
La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
Artículo 40.- En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. En sustitución de esa junta, las dependencias y entidades podrán optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.
En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, las dependencias y entidades proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los licitantes podrán inconformarse en los términos del artículo 83 de esta Ley.
Artículo 41.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables, y expedirán una segunda convocatoria.
Las dependencias y entidades podrán cancelar
una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera,
podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas,
que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos
y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera
ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad.
Capítulo Tercero
De las Excepciones a la Licitación Pública
Artículo 42.- En los supuestos que prevé el artículo 43, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.
La selección que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos.
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 43, fracción IV, de esta Ley.
Artículo 43.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales;
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados;
IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, sean necesarios para garantizar la seguridad interior de la Nación o comprometan información de naturaleza confidencial para el Gobierno Federal;
V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;
VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento;
VII. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas;
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución;
IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada, y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales;
X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico, o
XI. Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.
Cuando diversas áreas de las dependencias o entidades sean las que por sí mismas realicen las contrataciones, los montos a que se refiere este artículo se calcularán de acuerdo con el presupuesto que a cada una de ellas le corresponda ejercer.
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del veinte por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestal.
En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, de manera indelegable y bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado para las operaciones previstas en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control.
En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de ?a contratación de los trabajos en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato.
Artículo 45.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente:
II. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente;
III. En las bases se indicarán, según las características complejidad y magnitud de los trabajos, aquellos aspectos que correspondan al artículo 34 de esta Ley;
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo a las características complejidad y magnitud de los trabajos;
V. El carácter nacional o internacional en los términos del artículo 31 de esta Ley, y
VI. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables.
Título Cuarto
De los Contratos
Capítulo Primero
De la Contratación
Artículo 46.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas podrán ser de tres tipos:
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y
III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado.
Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal deberán formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria para ejecución de los trabajos, quedando únicamente sujetos a la autorización presupuestal para cada ejercicio, en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal.
Artículo 47.- Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, como mínimo, lo siguiente:
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación dei contrato;
III. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la parte y su monto que será sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a precio alzado;
IV. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio y conclusión de los mismos, así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito referido en el artículo 65 de esta Ley, los cuales deben ser establecidos de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos;
V. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen;
VI. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato;
VII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando corresponda, de los ajustes de costos;
VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. Las dependencias y entidades deberán fijar los términos, forma y porcentajes para aplicar las penas convencionales;
IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 56 de este ordenamiento;
X. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases de la licitación por la dependencia o entidad, el cual deberá regir durante la vigencia del contrato;
XI. Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato en los términos del artículo 62 de esta Ley;
XII. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de referencia, y
XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliación.
Artículo 48.- La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los treinta días naturales siguientes al de la notificación del fallo.
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 39 de esta Ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.
Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.
El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate.
Artículo 49.- Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar:
II. El cumplimiento de los contratos.
Las garantías previstas en este artículo
deberán presentarse dentro de los quince días naturales siguientes
a la fecha en que el licitante ganador reciba copia del fallo de adjudicación;
y el o los anticipos correspondientes se entregarán, a más
tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la presentación
de la garantía.
Artículo 50.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de:
II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y
III. Las Tesorerías de los Estados y Municipios, en los casos de los contratos celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1 de esta Ley.
II. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo previsto en este artículo;
III. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta;
IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad;
V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal, se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate.
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y
VI. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 60, salvo para aquéllos que alude el último párrafo del mismo; ni para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato.
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado el párrafo primero del artículo 56 de esta Ley.
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contado a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante durante dos años calendario contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato;
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría, en los términos del Titulo Séptimo de este ordenamiento y Titulo Sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
V. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de acreedores;
VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común;
VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, el proyecto; trabajos de dirección, coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones; laboratorio de análisis y control de calidad, geotécnia, mecánica de suelos y de resistencia de materiales; radiografías industriales; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, o la elaboración de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento, en que se encuentran interesadas en participar;
VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;
IX. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley.
Capítulo Segundo
De la Ejecución
Artículo 53.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo, y la dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos.
Artículo 54.- Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad.
Artículo 55.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate.
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y los plazos para su pago deberán establecerse en las bases de licitación y en el contrato correspondiente.
Artículo 56.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente.
Artículo 57.- Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes. El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.
Artículo 58.- El ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
II. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y
III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones;
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México;
III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y
IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría.
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad de titular del área responsable de la contratación de los trabajos. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.
Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos; sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción de los costos de los trabajos no ejecutados conforme al programa originalmente pactado, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, conforme a los lineamientos que expida la Contraloría.
Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la celebración oportuna de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate.
De las autorizaciones a que se refiere este artículo, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos informará al órgano interno de control en la dependencia o entidad que se trate. Al efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior.
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.
No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este artículo, cuando se trate de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que hace mención el artículo 5o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en los que no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o el programa de ejecución.
Artículo 61.- Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se evitaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este artículo.
Artículo 62.- Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada y motivada, y se comunicará al contratista.
II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación respectiva, la dependencia o entidad procederá a hacer efectivas las garantías en la parte proporcional de los trabajos pendientes por ejecutar, y precautoriamente, desde su inicio, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;
III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, y
IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista podrá no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista.
El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.
Artículo 64.- De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, las dependencias y entidades comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista; posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior
Artículo 65.- El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la dependencia o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondrá a disposición del contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
Artículo 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija.
Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea al caso.
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este artículo.
En los casos señalados en los artículos 43, fracciones IX y X, y 44 de esta Ley, el servidor público que haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este artículo.
Artículo 67.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia o entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista.
Artículo 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su realización, el inmueble en condiciones de operación, los planos congruentes a la construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
Artículo 69.- Las dependencias y entidades
bajo cuya responsabilidad quede una obra pública concluida, estarán
obligadas, por conducto del área responsable de su operación,
a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento. Los órganos
internos de control vigilarán que su uso, operación y mantenimiento
se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente
diseñadas.
Título Quinto
De la Administración Directa
Capítulo Unico
Artículo 70.- Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 23, las dependencias y entidades podrán realizar trabajos por administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos y podrán:
II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario;
III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, y
IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran.
Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados, materiales u otros bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, su adquisición se regirá por las disposiciones correspondientes a tal materia.
Artículo 71.- Previamente a la realización de cada obra pública o servicio relacionado con la misma por administración directa, el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos emitirá el acuerdo respectivo, del cual formarán parte, entre otros aspectos, la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro y el presupuesto correspondiente.
Los órganos internos de control en las dependencias y entidades, previamente a la ejecución de los trabajos por administración directa, verificarán que se cuente con el presupuesto correspondiente y los programas de ejecución, de utilización de recursos humanos y, en su caso, de utilización de maquinaria y equipo de construcción.
Artículo 72.- La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia o entidad a través de la residencia de obra; una vez concluidos los trabajos por administración directa, deberá entregarse al área responsable de su operación o mantenimiento.
Artículo 73.- La dependencia o entidad deberá prever y proveer todos los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para que la ejecución de los trabajos se realice de conformidad con lo previsto en los proyectos, planos y especificaciones técnicas; los programas de ejecución y suministro y los procedimientos para llevarlos a cabo.
En la ejecución de los trabajos por administración
directa serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones de
esta Ley.
Título Sexto
De la Información y Verificación
Capítulo Unico
Artículo 74.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Contraloría, a la Secretaría y a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
La información a que se refiere el último párrafo del artículo 29 de esta Ley deberá remitirse por las dependencias y entidades a la Contraloría, a través de medios magnéticos o remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto establezca la propia Contraloría.
Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables.
Artículo 75.- La Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. Si la Contraloría determina la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables a la convocante, la dependencia o entidad reembolsará a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.
La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.
Artículo 76.- La Contraloría podrá verificar la calidad de los trabajos a través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con las personas que determine, en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que podrán ser aquéllos con los que cuente la dependencia o entidad de que se trate.
El resultado de las comprobaciones se hará
constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la
comprobación, así como por el contratista y el representante
de la dependencia o entidad respectiva, si hubieren intervenido. La falta
de firma del contratista no invalidará dicho dictamen.
Título Séptimo
De las Infracciones y Sanciones
Capítulo Unico
Artículo 77.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Contraloría con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.
Artículo 78.- La Contraloría, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, al licitante o contratista que se encuentre en alguno de los supuestos siguientes:
II. Los contratistas que se encuentren en la fracción III del artículo 52 de este ordenamiento, respecto de dos o más dependencias o entidades;
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate, y
IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.
La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación.
Las dependencias y entidades, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
III. La gravedad de la infracción, y
IV. Las condiciones del infractor.
Artículo 80.- La Contraloría aplicará las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento.
Artículo 81.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.
Artículo 82.- No se impondrán
sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de
fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea
el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará
que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta
por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier
otra gestión efectuada por las mismas.
Título Octavo
De las Inconformidades y del Procedimiento de
Conciliación
Capítulo Primero
De las Inconformidades
Artículo 83.- Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Contraloría por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley.
La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste.
Transcurrido el plazo establecido en este artículo, precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloría pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley.
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a la Contraloría las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratación, a fin de que las mismas se corrijan.
La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente será causa de desechamiento.
Artículo 84.- En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere este Capítulo, el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición. La falta de protesta indicada será causa de desechamiento de la inconformidad.
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley y a las demás que resulten aplicables.
Artículo 85.- En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa.
Dichas inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmisión expida la Contraloría, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos correspondientes. La Contraloría certificará las sujeción a tales disposiciones.
Artículo 86.- La Contraloría podrá de oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el artículo 83 del presente Capítulo, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro de un plazo que no excederá de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución correspondiente dentro de los treinta días hábiles siguientes.
La Contraloría podrá requerir información a las dependencias o entidades correspondientes, quienes deberán remitirla dentro de los diez días naturales siguientes a la recepción del requerimiento respectivo.
Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contraloría deberá hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del termino a que alude el párrafo anterior manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho.
Durante la investigación de los hechos a que se refiere este artículo, la Contraloría podrá suspender el procedimiento de contratación, cuando:
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden público. La dependencia o entidad deberá informar dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa perjuicio al interés social o bien, se contravienen disposiciones de orden público, para que la Contraloría resuelva lo que proceda.
Artículo 87.- La resolución que emita la Contraloría tendrá por consecuencia:
II. La nulidad total del procedimiento, o
III. La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad.
Capítulo Segundo
Del Procedimiento de Conciliación
Artículo 89.- Los particulares podrán presentar quejas ante la Contraloría, con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con 1as dependencias y entidades.
Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloría señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la queja.
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja.
Artículo 90.- En la audiencia de conciliación, la Contraloría tomando en cuenta los hechos manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado
En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones Para ello, la Contraloría señalara los días y horas para que tengan verificativo. El procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión.
De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de las actuaciones.
Artículo 91.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales federales.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas.
CUARTO.- Los procedimientos de contratación; de aplicación de sanciones y de inconformidades, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendiente de resolución se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron.
Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas que se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en que se celebraron.
Las rescisiones administrativas que por causas imputables al contratista se hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando para los efectos de los artículos 52, fracción III, y 78, fracción II, de esta Ley.
Reitero a ustedes, ciudadanos Secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Palacio Nacional, a los cuatro días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Ernesto Zedillo Ponce de León (rúbrica)
DE LA COMISION DE EDUCACION
A su desayuno de trabajo con el licenciado Carlos Mancera Corcuera, subsecretario de Planeación y Coordinación de la SEP, que se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre, a las 9 horas, en el salón Coro Alto, ubicado en el primer piso, puerta 2059, de la SEP, en Argentina # 28, Centro.
Trataremos tres puntos importantes:
2. Comentarios sobre la Asignación de los Recursos Económicos a los Estados y Subsidio a Universidades Públicas.
3. Comentarios sobre el Presupuesto del Año 1999 en materia de Educación.
Atentamente
Dip. Fed. Armando Chavarría Barrera
Presidente
DE LA COMISION DE INVESTIGACION
DEL FUNCIONAMIENTO DE CONASUPO Y SUS EMPRESAS FILIALES
A su vigésima quinta reunión de trabajo, que se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre, a las 11 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales de este H. recinto legislativo.
Orden del Día
2. Aprobación del orden del día y del acta de la 24a. reunión de trabajo.
3. Vigencia de la Comisión.
4. Entrega-Recepción de la Presidencia.
5. Asuntos generales.
* Informe viaje Monterrey.
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
Al Foro de Análisis sobre Recursos financieros para los municipios mexicanos hacia el ejercicio fiscal de 1999, a celebrarse el viernes 6 de noviembre, de las 9 a las 19 horas, en el salón Verde de la Cámara de Diputados.
Objetivo General
Evaluar los efectos, en 1998, de la Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, en relación a los fondos municipales: Aportaciones Federales (FAISM, y Fortalecimiento Municipal); Participaciones Federales (Ramo 28); así como la situación de la Deuda Municipal; con el propósito de encontrar soluciones legales y presupuestales para el Fortalecimiento Financiero Municipal, en ocasión del paquete legislativo Fiscal para el 1999.
Dirigido a
Ayuntamientos, Presidentes Municipales, Tesoreros, Secretarios de Finanzas Estatales, Diputados, Senadores, Instituciones Académicas, Asociaciones Municipales y Público en General
Bases
Primera: Los participantes deberán registrarse a más tardar el 5 de noviembre de 1998, a las 18 horas, por correo, fax o teléfono, en la Comisión de Fortalecimiento Municipal de la Cámara da Diputados: Avenida Congreso de 1a Unión # 66. Palacio Legislativo, Edificio D Primer Piso, México Distrito Federal. (5) 6288-1300 Extensión 1208 y 1209 (Fax).
Segunda: En su petición de registro, los participantes deberán señalar: Nombre, Domicilio, Cargo e Institución que representan en su caso, Teléfono y/o Fax y/o correo electrónico. Asimismo deberán indicar si lo hacen como ponentes o como asistentes.
Tercera: Las ponencias deberán constar de un mínimo de 6 cuartillas según el tema, más un resumen de la misma que no sobrepase 1as 2 cuartillas, y deberán ser entregadas en el domicilio de la Comisión señalado para el registro, o el día del foro a1 inicio de cada mesa de trabajo.
Cuarta: De conformidad con el programa descrito en el siguiente capítulo de la presente convocatoria, cada tema se irá abordando mediante la participación de ponentes, designados previamente por la Junta Directiva Plural de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, mediante intervenciones de no más de diez minutos cada una. Al término de dichas intervenciones, los participantes con calidad de asistentes podrán realizar preguntas y los que tengan calidad de ponentes podrán intervenir mediante la exposición del resumen de sus ponencias previamente registradas o debatir directamente aspectos de las exposiciones iniciales.
Quinta: La relatoría y moderación de las mesas de trabajo estarán a cargo de diputados miembros de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, previamente designados por la Junta Directiva Plural de la misma y el resultado del foro será un documento que oriente las reformas necesarias al paquete legislativo fiscal para 1999.
Sexta: Cualquier propuesta en materia municipal de la competencia del Congreso de la Unión no relacionada directamente con los temas específicos del foro, podrán ser entregados por escrito con las mismas características indicadas en la base tercera da la presente convocatoria, en la mesa de la secretaría técnica del foro.
Séptima: Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Mesa Directiva de la Comisión de Fortalecimiento Municipal.
Programa
9:30-12:30 horas. Primera Mesa: Experiencias y propuestas sobre el Fondo III del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal "Aportaciones para infraestructura social Municipal" (FAISM-FAIS).
12:30-12:40 horas Receso.
12:40-15:00 horas. Segunda Mesa: Experiencia y propuestas sobre el Fondo IV del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal "Fortalecimiento Municipal y del Distrito Federal y Ramo 28 Participaciones Federales".
15:00-16:30 Horas Comida.
16:30-19:00 horas. Tercera Mesa: Situación de los Municipios con deuda pública y Propuestas de Solución.
19:00 horas. Clausura.
DE LA COMISION DE ARTESANIAS
A su reunión de trabajo del martes 10 de noviembre, a las 15 horas, en el salón de Usos Múltiples del edificio D, primer nivel, que contará con la presencia de un representante de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi).
Orden del Día
2. Intervención del representante de la Secretaría de Desarrollo Social.
3. Intervención del representante de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
4. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE JUSTICIA
A su reunion del martes 10 de noviembre, a las 17 horas, en la sala C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
2. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior de fecha 3 de noviembre de 1998.
3. Discusión sobre los Proyectos relacionados con las reformas en los Códigos Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Asuntos generales.
DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
A su reunión plenaria del martes 10 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer nivel.
Atentamente
Lic. J. Alfredo Dosamantes Terán
Secretario técnico
DE LA COMISION DE FOMENTO
COOPERATIVO
A su décima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 11 de noviembre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales de este recinto legislativo.
Orden del Día
2. Declaración de apertura de la reunión.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión ordinaria efectuada el 30 de septiembre de 1998.
4. Presentación y comentarios al anteproyecto de Ley Reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Presentación y comentarios al anteproyecto de reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas.
6. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto para la realización de Talleres Regionales de Discusión y Análisis sobre reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas.
7. Informe sobre la petición de autorización presentada ante la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y Comité de Asuntos Internacionales, sobre eventos a realizarse en Israel y Uruguay.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.
DE LA COMISION DE EDUCACION
A su desayuno de trabajo con el licenciado Carlos Mancera Corcuera, subsecretario de Planeación y Coordinación de la SEP, que se llevará a cabo el miércoles 11 de noviembre, a las 9 horas, en el salón Coro Alto, ubicado en el primer piso, puerta 2059, de la SEP, en Argentina # 28, Centro.
Para seguir tratando los tres puntos importantes relativos a:
2. Comentarios sobre la Asignación de los Recursos Económicos a los Estados y Subsidio a Universidades Públicas.
3. Comentarios sobre el Presupuesto del Año 1999 en materia de Educación.
Atentamente
Dip. Fed. Armando Chavarría Barrera
Presidente
DE LA COMISION DE ENERGETICOS
Al Foro de Análisis del Sector Eléctrico (Problemas y Alternativas), que se llevará a cabo los días 18 y 25 de noviembre, en el salón Presidentes de esta H. Cámara de Diputados.
Dicho foro fue acordado por la Comisión de Energéticos en su séptimo pleno, en atención a la problemática que enfrenta la industria eléctrica nacionalizada, consistente en el desarrollo de su capacidad, la aplicación de recursos económicos crecientes y la ampliación sostenida de la demanda.
Objetivo
Conocer la opinión y propuestas de los diferentes actores involucrados en el sector eléctrico, acerca de la situación y las perspectivas de la industria eléctrica nacional, en torno a la creciente demanda y su capacidad para atenderla.
Programa
18 de noviembre
10 a 14 horas. Situación actual del sector eléctrico.
25 de noviembre
10 a 14 horas. Alternativas de desarrollo del sector eléctrico.
Atentamente
Dip. Sergio Benito Osorio Romero (rúbrica)
Presidente de la Comisión de Energéticos
DEL COMITE DE BIBLIOTECA E
INFORMATICA
A su reunión ordinaria de trabajo del martes 17 de noviembre, a las 18 horas, en la sala de juntas del Comité de Biblioteca e Informática, ubicada en el edifico C, segundo nivel, de esta H. Cámara de Diputados.
Orden del Día
2. Informe de la Presidencia.
3. Asuntos generales.
4. Clausura.
DEL COMITE DE ASUNTOS INTERNACIONALES
A la conferencia del excmo. doctor Diego Parto Koppel, embajador de Colombia en México, Situación Indígena en Colombia, que se llevará a cabo el miércoles 25 de noviembre de 1998, a las 18 horas, en el Auditorio Norte del edificio A, segundo piso de esta Cámara de Diputados.
Atentamente
Dip. Julio Faesler Carlisle
Presidente