Los suscritos, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, 72 y 73 constitucionales, venimos a presentar la siguiente iniciativa, que adiciona una fracción VIII al artículo 116 constitucional, para imprimir al régimen federalista de organización mínima y común de los estados que integran la nación mexicana, las figuras de democracia participativa conocidas como plebiscito, referéndum, iniciativa popular y revocación del mandato, bajo la siguiente:
Exposición de motivos
1.- Considerando que México es una república federal conforme al artículo 40 de nuestro texto constitucional, y que es facultad del Constituyente Permanente imprimir los rasgos comunes y principios básicos conforme a los cuales se deberá realizar la organización estadual en el ámbito de las constituciones locales y sus leyes reglamentarias.
2.- Considerando que los principios básicos de dicha organización política interna de los estados están contenidos actualmente en el artículo 116 de nuestra Carta Magna, mismo dispositivo fundamental que hasta hoy ha regulado, entre otros, los lineamientos básicos y requisitos para ser gobernador de un estado; la integración de los poderes legislativo y judicial locales, así como los reglas elementales en materia electoral, es éste el dispositivo idóneo, conforme a una adecuada técnica legislativa, para albergar el principio a que se contrae la presente iniciativa, consistente en que las figuras de democracia participativa sean una realidad en los estados integrantes de nuestra federación, para que los ciudadanos en todo el país gocen por igual de un derecho elemental que ha estado ausente de nuestro régimen por tantas décadas, como lo es el derecho ciudadano a participar y decidir en los asuntos públicos fundamentales de su entidad federativa.
3.- Esta propuesta, coincide perfectamente con la tradición y propuesta histórica de Acción Nacional sobre la misma materia en el ámbito federal, y no daña en nada a los estados que por voluntad propia han decidido establecer ya estas figuras en sus propias constituciones. Sin embargo, el valor de esta reforma radica esencialmente en garantizar la existencia mínima de estas figuras en aquellos estados (la mayoría) que, por sus antecedentes, no han querido o podido introducirlas y reglamentarlas para su correcta aplicación.
4.- Al efecto, resaltan los casos en que aún existiendo los citados instrumentos de democracia participativa en algunas constituciones estatales, en algunos de estos estados no se ha emitido la ley reglamentaria que permita a los ciudadanos ejercer efectivamente el derecho que dichas instituciones les confieren, razón por la cual se han visto nulificadas. Ese es el caso de varias entidades de la República, por lo que se hace necesaria la actuación del Constituyente Permanente para que de una manera decidida y contundente, así como se ha garantizado en el artículo 116 en estudio la existencia de la justicia administrativa, el funcionamiento del Poder Judicial local o las instituciones electorales, también se garantice a los mexicanos y mexicanas el ejercicio de un derecho tan propio de la democracia plena como lo es el de opinar en la planeación o ejecución de políticas públicas (plebiscito), ratificar leyes o instrumentos jurídicos determinados (referéndum), hacer propuestas consensadas previamente por la ciudadanía (iniciativa popular), y la viabilidad de remover a malos gobernantes o representantes populares por causas graves (revocación del mandato).
5.- Con base en lo anterior, proponemos adicionar una fracción VIII al artículo 116, que ordene que las constituciones y leyes de los estados garanticen el ejercicio ciudadano de las citadas instituciones de democracia participativa en su ámbito de competencia, obligando a su vez que su reglamentación y recepción en el derecho positivo local ocurra en un plazo perentorio de noventa días contados a partir de que entre en vigor la reforma constitucional propuesta, evitando así el vicio de tener enunciada una institución o principio básico que no tenga aplicación por falta de ordenamiento legal concreto que provea a su observancia y garantice su ejercicio.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos la siguiente iniciativa de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 116 constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 116.-
VIII.- Las constituciones y leyes de los estados establecerán los principios y mecanismos para el ejercicio del derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos fundamentales de su estado, mediante las instituciones de plebiscito, referéndum, iniciativa popular y revocación del mandato en los términos que las mismas establezcan.
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Los estados deberán reformar en lo necesario sus constituciones y proveer la legislación reglamentaria necesaria para el funcionamiento de las figuras de democracia participativa que se introducen mediante el presente decreto, en un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Diputados: Juan Marcos Gutiérrez González
(rúbrica), Juan Bueno Torio (rúbrica), María Elena
Cruz Muñoz, Javier Algara Cossío (rúbrica), Juan Carlos
Gutiérrez Fragoso, Armando Rangel Hernández (rúbrica).
DE REFORMAS AL ARTICULO 74 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (SOBRE EL PLAZO PARA PRESENTAR EL PAQUETE ECONOMICO Y CREAR EL CONSEJO DE POLITICA ECONOMICA), A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA. PRESENTADA EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE, EL 2 DE FEBRERO DE 2000
Reforma al Sistema Nacional de Presupuestación para constituir un Consejo de Política Económica
Exposición de Motivos
I. (...)
II. (...)
III. (...)
IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.
El Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara
la
iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación, a
más tardar el día 15 del mes de noviembre o hasta el 15 de
diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo
83, debiendo comparecer el Secretario del Despacho correspondiente a dar
cuenta de los mismos.
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias con ese carácter en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República
La Constitución crea el monopolio de elaboración económica y constituye un monstruo, deforma al sistema democrático impidiendo que la política económica sea un factor de unidad nacional, de consensos republicanos y de un proyecto de desarrollo de largo plazo. He aquí la generadora de querellas sobre ingresos y egresos.
México es un país apto para la democracia económica. En el proceso de transformación democrática, de reforma del Estado es imprescindible modificar de fondo la esfera de la economía; de la política económica. Este es el momento preciso para una reforma económica. Sonó la hora del cambio.
Los eventos de fin de año y el debate en curso muestran que el país ya no puede seguir sometido a las dictaduras de Hacienda y del Presidente en turno.
¿Qué hicimos los diputados en diciembre de 1999? ¿Por qué el presidente y sus empleados andan tan contrariados? Simplemente nos atrevimos a modificar su iniciativa; tuvimos la audacia de ejercer mínimamente nuestras facultades. Este es el sentido político de las modificaciones a la Ley de Ingresos y al Presupuesto. Pero además lo hicimos después de acuerdos cupulares de los coordinadores de los grupos parlamentarios con el Ejecutivo. A cambio de lo cual cometimos el desacierto de votar en lo general tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto. Pero el Presidente en lugar de mostrar reconocimiento y gratitud; de admitir la separación y el equilibrio de poderes, está en campaña en contra de los diputados por el atrevimiento de modificar en 1.296 por ciento su propuesta. Numéricamente la reforma ha sido mínima. Políticamente tiene un gran significado. Y sobre todo nos debe remitir al sistema centralista que dictatoriamente determina la política económica. Esto es lo que debe cambiar en el Estado mexicano.
En ejercicio de mis facultades como representante de la nación presento esta iniciativa de reforma constitucional alentada por el interés de México, por un presente de esperanza y un futuro promisorio.
Considerandos
1) El monopolio de la presupuestación está en crisis. El poder presidencial mantiene un control centralista y decadente del ejercicio de la presupuestación. La facultad constitucional de presentar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto (artículo 74) para su aprobación por la Cámara de Diputados es la causa de fondo de los problemas que año con año se presentan.
2) El procedimiento actual, central y centralizado de elaboración, autorización, ejecución, evaluación, seguimiento y control del Presupuesto de Egresos de la Federación, niega en los hechos el federalismo y menoscaba a la república democrática. La Secretaría de Hacienda priva a la República federal del derecho a opinar y a ser factor de decisión en materia económica. La Ley de Coordinación Fiscal y el método de presupuestación agravaron el centralismo atrofiante y deformador.
3) Por esta causa aparecen tendencias rupturistas de la esencia del pacto federal y de la naturaleza solidaria de la República. A menudo se olvida que las entidades desarrolladas se han beneficiado del subsidio de aquellas a las que el sistema político mexicano ha mantenido en la marginación. La amnesia histórica les nubla que las ciudades se industrializaron en detrimento del campo que ha sido víctima de un saqueo insaciable de recursos materiales y humanos.
4) Los mexicanos, de manera creciente reclaman nuevos espacios y un lugar como protagonistas de las decisiones de la política económica. Por ahora las movilizaciones se concentran en el reclamo por la redistribución de los recursos. En este sentido apuntan las expresiones de los gobernadores de extracción panista o perredista, las inconformidades privadas de autoridades priístas de las asociaciones municipales; de la Jefa de Gobierno del DF. Nadie esté satisfecho con el sistema actual. Los gobernadores priístas en privado expresan su inconformidad. Los empresarios la hacen pública.
5) Existe un movimiento en desarrollo por la política económica nacional y constitucional de largo plazo, consensuada, incluyente. Los reclamos cobran vida en las propuestas de partidas especiales y se empiezan a manifestar en demandas por la democracia económica, la reforma fiscal y la participación en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En los estados de la Unión esta nueva presencia ciudadana también adquiere vida y expresión propia. Los ayuntamientos pugnan por ser tomados en cuenta; la sociedad exige.
6) Las manifestaciones populares de El Barzón, Unorca, de productores de café, las movilizaciones universitarias en Guadalajara y el DF; la huelga de la UNAM. La indignación de los jubilados; el diferendo entre los gobiernos de la República con el del DF; son sólo muestras de la obsolescencia del sistema de presupuestación. Los contribuyentes mexicanos no son tomados en cuenta para nada. La corrupción ha debilitado de manera extraordinaria el tejido social. Los contribuyentes se resisten a tributar sus recursos al desarrollo nacional pues ni son tomados en cuenta y en cambio miran inconformes como la renta pública se destina al enriquecimiento de funcionarios corruptos y privilegiados.
Estamos en el momento preciso de reconstruir el federalismo y la democracia. La Presidencia, por conducto de Hacienda, usurpa funciones de la República, la que además del Ejecutivo también está integrada por el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los tribunales superiores de las 32 entidades, por los gobernadores, por los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa, por los 2438 municipios; por el IFE; la CNDH por los tribunales electorales, por los colegios de profesionales; las organizaciones sociales y empresariales.
7) La elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación en el mejor de los casos se extiende a las cúpulas partidistas. En su conjunto, los mismos diputados que no forman parte de la directiva, de las comisiones de Presupuesto y/o de Hacienda; son excluidos y convocados sólo a avalar con su voto la redistribución de la misma masa de recursos. De acuerdo a conveniencias y según arreglos se quita de un lado para crear nuevos fondos o para incrementar otros. La elaboración del Presupuesto de Egresos no es ni será el motor del desarrollo nacional en tanto siga pospuesta la reforma fiscal que debiera significar por lo menos una recaudación del 20 por ciento del PIB.
8) Es legítimo política y económicamente correcto que los mexicanos se movilicen demandando reformas en las asignaciones presupuestales. En el momento cuando la Cámara de Diputados aprueba el PEF se define la vida de todos los mexicanos. En el PEF se determinan los niveles salariales, la masa de recursos que se destina a las percepciones de los trabajadores del gobierno (maestros, doctores, enfermeras, militares, profesores e investigadores universitarios, empleados públicos, obreros de las paraestatales; etc. Las empresas privadas son afectadas por el monto de las inversiones en infraestructura; los campesinos por los recursos destinados al campo vía la Alianza y los programas de empleo emergente. Los gobiernos de los estados y los ayuntamientos son maniatados por las participaciones y las aportaciones federales. Las empresas constructoras son influidas por la inversión en infraestructura y en vivienda; los laboratorios; Pemex y la CFE sometidos. En fin, la vida económica de la nación se dicta y se define en el PEF.
9) La elaboración del Presupuesto de Egresos puede ser la llave maestra para la aplicación de una política económica nacional de consenso. Es urgente, necesaria, posible y es del interés nacional emprender una reforma de fondo encaminada a crear un sistema nacional, democrático y federal de presupuestación. Más allá de las querellas y de las disputas, México requiere sobre todas las cosas iniciativas encaminadas a extender la democracia a las esferas económica y social; a generar un acuerdo de unidad repúblicana que reconstruya el pacto social sobre bases nuevas. Uno de los pilares de la transformación democrática de México es la constitución de un sistema nacional, democrático y federalista de presupuestación; un sistema que pondere otras experiencias; que tome en cuenta el mosaico nacional de fuerzas económicas y sociales los desequilibios regionales y sus potenciales. Un sistema de presupuestación como el que nosotros concebimos fortalecerá las bases de la unidad repúblicana, la soberanía nacional y será un pilar del desarrollo del tercer milenio.
10) La constitución de un sistema nacional, federal y democrático de presupuestación requiere la construcción de un consenso entre la diversidad política del Congreso, con el poder presidencial. Un consenso nacional pasa por la comprensión de todos los partidos políticos y de la pluralidad de protagonistas económicos y sociales; por la consulta y la expresión libre de la voluntad de encuentro con los gobernadores, los congresos locales, los poderes judiciales y con los ayuntamientos. Tal y como vislumbro el nuevo sistema de presupuestación, implica la creación de un instituto o consejo federal de política económica, el cual estaría dotado de autonomía y facultades propias; sus integrantes designados por la Cámara de Diputados, de entre quienes proponga el Presidente de la República, quien a su vez recogería propuestas de los gobiernos y de los congresos de los estados. El consejo o instituto conduciría de manera permanente el procedimiento de presupuestación, recogiendo las propuestas de los ayuntamientos, de los gobiernos y los poderes estatales; de las organizaciones sociales y productivas y sería tal consejo quien el mes de marzo del año anterior a la entrada en vigor sometería a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley la cual deberá divulgarse con amplitud, negociarse con responsabilidad; discutirse y votarse en el mes de octubre. Un procedimiento como el que propongo evitaría apresuramientos y dramas de última hora y nos permitiría realizar el máximo ejercicio de soberanía económica con tiempo, dotados de la información oportuna y con capacidad para la construcción de los consensos necesarios mediante los cuales se define el rumbo nacional de la política económica.
Todo lo anterior se puede expresar de manera muy simple en una reforma del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que modifique el monopolio que sustenta la Presidencia de la República para la presentación de la inicativa de Presupuesto de Egresos de la Federación. Una vez aprobada la reforma constitucional se procedería a formular la Ley Orgánica del Instituto o Consejo Nacional de Política Económica.
Iniciativa
Por todo lo expuesto María de la Luz Núñez Ramos, diputada de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del grupo parlamentario del PRD de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa de Reforma al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
II.
III.
IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones, que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.
El Instituto de Política Económica hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el día último del mes de marzo, la cual será votada en octubre. La iniciativa será ampliamente divulgada y analizada con los ciudadanos y contribuyentes.
El Instituto será autónomo, profesional, plural e integrado por mexicanos de prestigio y honorabilidad; será dirigido por un consejo de nueve miembros uno de cuyos integrantes será su presidente. En el Instituto participarán los poderes de la Unión y representantes de cada una de las 32 entidades federativas, así como una representación de los ayuntamientos y de las organizaciones sociales y productivas. Los consejeros permanentes durarán en su cargo siete años con opción de una reelección.
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias con ese carácter en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República."
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Relección.
Diputada María de la Luz Núñez Ramos
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
PRESENTES
Hago uso de la tribuna para manifestar que los integrantes de diferentes grupos parlamentarios, con fundamento en lo que dispone el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos a esta Comisión Permanente, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Se solicite la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Desarrollo Social, del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, el doctor Herminio Blanco Mendoza, y del titular de la Comisión Federal de Competencia, el doctor Fernando Sánchez Ugarte, para que expliquen la situación actual respecto al desorden que se creó con respecto al incremento en el precio de la tortilla, con las siguientes consideraciones:
El Presidente Zedillo y su régimen le han tomado la medida a nuestro pueblo, no conformes con mantener bajos salarios, elevados impuestos a sus ingresos, una estrategia permanente de descargar sobre sus espaldas el costo de las crisis económicas que hemos padecido, y en particular el gravísimo error de diciembre de 1994. No obstante todo esto, ahora permite incrementos indiscriminados en los bienes de consumo básico, al liberar los precios de los mismos.
La decisión de los productores de tortillas y de los propietarios de molinos de nixtamal no es ajena al gobierno federal. Es una decisión que ambos comparten; el gobierno neoliberal avala que el mercado sea quien imponga sus condiciones a la población, con efectos más severos sobre los más pobres, los productores que están ávidos de ganancias, a costa de quien sea.
Por esa razón, hoy más que nunca, los legisladores comprometidos con el pueblo mexicano estamos obligados a redoblar nuestro esfuerzo para impedir que el gobierno federal continúe imponiendo sus equivocadas decisiones sobre las espaldas de los trabajadores.
Hace sólo unas semanas fuimos testigos del debate que se llevó a cabo en el Pleno de esta Soberanía sobre el incremento de tres pesos diarios al salario de los trabajadores de nuestro país; hoy, estamos viendo que esos tres pesos no sólo fueron rebasados por los incrementos de precios que ocurrieron en la primera quincena de enero del presente año, sino que ahora tendrán que descontarse tres pesos más a los raquíticos salarios para pagar el nuevo precio del kilo de la tortilla.
Compañeras y compañeros legisladores:
Para el Partido del Trabajo, en los hechos del gobierno federal no está interesado en proteger los intereses de los más necesitados; el Secretario de Comercio, Herminio Blanco, ha señalado que habrá sanciones para aquéllos productores que abusen de la situación y pretendan vender este bien por encima del precio autorizado.
Muchas veces hemos escuchado este tipo de declaraciones por parte de los funcionarios públicos y no sucede nada. Los productores y los proveedores de bienes y servicios incrementan los precios de manera arbitraria e indiscriminada, porque saben que existe un gobierno que está a favor del libre mercado y de salarios de miseria.
La política económica imperante ha sido un fracaso rotundo al tratar de promover el crecimiento armónico de los distintos sectores que integran nuestra sociedad. El Gobierno y sus funcionarios sólo se preocupan por brindar condiciones de excepción a los grandes empresarios y a los banqueros. En cambio, para la cúpula tecnocrática que nos gobierna, los 36 millones de pobres extremos que hay en México sólo son una estadística más del horror económico que genera una economía de corte neoliberal.
La política comercial que rige en México ha terminado con las aspiraciones de progreso de muchos productores mexicanos, entre los que se encuentran los de maíz, porque al permitir la libre importación de este grano, que por cierto es de mala calidad y caro, ha negado la posibilidad de que nuestros productores de maíz produzcan ese grano a costos inferiores y con mejor calidad que el que se importa.
Como consecuencia de ello, tenemos que el gobierno mexicano ha privilegiado el crecimiento del mercado externo, en detrimento del mercado interno, a costa de mantener una política salarial restrictiva y de continuar hambreando a la población mexicana, que peligrosamente ha visto disminuidos sus niveles de nutrición y, por el contrario, han reaparecido enfermedades contagiosas y mortales que se consideraban erradicadas en la sociedad mexicana, como parte de una política económica que no destina recursos suficientes a la seguridad social, pero que sí apoya a los grandes magnates y en particular los banqueros.
Por las anteriores consideraciones, los integrantes de diversos grupos parlamentarios sometemos a esta Soberanía, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente Punto de Acuerdo:
Unico.- Solicitar la comparecencia del doctor Herminio Blanco Mendoza, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, y del titular de la Comisión Federal de Competencia, el doctor Francisco Sánchez Ugarte, para que expliquen ante las Comisiones antes citadas de esta Cámara, por qué razón las dependencias a su cargo no han tomado las medidas pertinentes para evitar que los productores de tortilla y los propietarios de molinos de nixtamal aumenten de manera discrecional el precio de este alimento, que constituye un producto básico en la dieta del pueblo mexicano.
Es cuanto, señora Presidenta
Atentamente
Dip. Gustavo Pedro Cortés
DE LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Al seminario internacional El constitucionalismo latinoamericano del siglo XXI, los días 31 de enero, 1, 2, 3 y 4 de febrero del presente año, a las 11 horas, en el salón Legisladores de la República, bajo el siguiente programa:
Inauguración a cargo del dr. Diego Valadés Ríos, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Conferencias
Guatemala
Dr. Jorge Mario García
1 de febrero
Colombia
Dr. Carlos Restrepo
2 de febrero
Argentina
Germán Bidart Campos
3 de Febrero
Perú
Domingo García Belunde
4 de febrero
Perú
Dr. José F. Palomino
4 de febrero
Dr. Miguel Carbonell Sánchez
Constitución y minorías
1 de febrero
Dr. Diego Valadés Ríos
Constitución y poder
2 de febrero
Dr. José Ramón Cossío
Constitución y democracia
3 de febrero
Dr. Héctor Fix Zamudio
Control de constitucionalidad
4 de febrero
De igual forma se realizará en el vestíbulo principal del Palacio Legislativo, con la colaboración del Archivo General de la Nación, la Exposición fotográfica y documental del Constituyente de Querétaro 1916-17.
Atentamente
Dip. Enrique Ibarra Pedroza
Presidente
DE LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
A la entrega de los diplomas a los CC. que acreditaron el Ultimo Seminario de Derecho Constitucional y Parlamentario del Milenio, el viernes 4 de febrero, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República, (Salón Verde), contando con la presencia de los funcionarios del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Acuerdo del Comité Académico del Ultimo Seminario de Derecho Constitucional y Parlamentario del Milenio
El Comité Académico, una vez que recibió las tesinas, en cumplimiento a lo dispuesto en la convocatoria expedida para el efecto, procedió a su análisis y clasificación, resultando que los CC. que a continuación se enlistan cumplieron con los requisitos, por tal razón se tiene por acreditado el Ultimo Seminario de Derecho Constitucional y Parlamentario del Milenio por parte de los citados.
1.- Lic. Eleael Acevedo Velázquez
2.- Lic. Reynaldo Acoltzi Conde
3.- Lic. Enrique Acosta Sáenz
4.- Lic. Laura Aguilar Chagoya
5.- Lic. Alberto Aguilar Rétiz
6.- Lic. Rita Aguirre Castañeda
7.- Lic. Delfino Alarcón Ventura
8.- C. María Elena Altamirano Treviño
9.- Lic. Israel Alvarado Martínez
10.- Dip. José Antonio Alvarez Hernández
11.- Lic. Daniel Antéliz Magaña
12.- Lic. Ricardo Arce Aguiar
13.- Lic. Carlos Iván Arenas Angeles
14.- C. Ricardo Arenas León
15.- Lic. Virgilio Adrián Arias Ramírez
16.- Dip. María del Socorro Aubry Orozco
17.- C. Carlos Salvador Avila Mariscal
18.- C. Rocío Edith Ayala Ramírez
19.- Dip. Adalberto Balderrama Fernández
20.- Lic. María Fabiola Barrios Islas
21.- Lic. Felipe Baylón García
22. - Lic. Julisa Becerril Cabrera
23. - Lic. Sergio René Becerril Herrera
24. - Lic. Marisol Beltrán León
25. - Lic. Sergio de Jesús Bernal Gómez
26. - Lic. Margarita Elena Bojórquez Cervantes
27. - Dip. José Eulogio Bonilla Robles
28. - Lic. Alvaro Rafael Cabrera Monroy
29. - C. Zulma Carbajal Salgado
30. - Lic. Enrique Cárdenas Huezo
31.- C. Alejandro Cardoso González
32.- C. Oscar Carmona Beltrán
33.- Lic. José Luis Carmona Ruiz
34.- Lic. Miroslava Carrillo Martínez
35.- C. Rebeca Maribel Castañeda Rodríguez
36.- C. Domingo Sergio Castro Ortega
37.- C. Raúl Cedillo Torres
38.- C. David Israel Cerón Aparicio
39.- Lic. Juan Carlos Cervantes Gómez
40.- C. Norma Angélica Cervantes Gutiérrez
41.- Lic. Claudia Cervantes Hernández
42.- Lic. José Rubén Contreras García
43.- Lic. Milka Eunice Correa Rubio
44.- Lic. Obdulia Cortés Cervantes
45.- Lic. Arno Cortés Corral
46.- C. Isabel Lorena Cruz Alvarez
47.- Lic. Eduardo Cruz Latournerie
48.- Lic. Raúl de Jesús Navarrete
49.- Lic. Luis Manuel de la Teja Aguilar
50.- Lic. Mario Martín Delgado Carrillo
51.- Lic. Enrique Díaz Díaz
52.- C. Adriana Díaz Ortega
53.- Lic. María Esther Díaz Rivero
54.- Lic. José Alfredo Domingo Hernández
55.- Dip. Horacio Duarte Olivares
56.- Lic. Ma. del Rosario Escobedo Olmos
57.- Lic. Lucía María de Jesús E.
Esparza Pérez
58.- C. Carmen Esparza Rodríguez
59.- Lic. Rosa Belén Fabián Cruz
60.- Lic. Alfredo Félix Díaz Alvarez
61.- Lic. Arturo Jesús Ferro López
62.- Lic. Javier Ferrón Suárez
63.- Lic. Ubaldo Valentín Flores Alpízar
64.- Lic. Sandra Marisela Flores Alonso
65.- C. Leticia Flores Cepeda
66.- Dip. Arturo Flores Grande
67.- Lic. Abner Enoc Fuentes Treviño
68.- Prof. Carlos Fernando Galán Domínguez
69.- Lic. Alejandro Gallardo Arroyo
70.- Lic. Claudia Gamboa Montejano
71.- Lic. Dulce María Gandera de Anda
72.- Lic. Efraín García Gómez
73.- Lic. Luz del Carmen García López
74.- Lic. León Felipe García Roldán
75.- Lic. Corvalán Gaytán Casas
76.- C. Maricela Gómez Enríquez
77.- Lic. Jorge Carlos Gómez Pérez
78.- Lic. Carlos Gómez Valero
79.- Lic. María Elvira González del Monte
80.- Lic. Felipe de Jesús González Camarena
81.- Lic. Jorge González Chávez
82.- C. Ma. de Lourdes González Hernández
83.- Dip. María Guadalupe González Ruiz
84.- Lic. María Elizabeth González Vázquez
85.- Lic. María Beatriz Granillo Vázquez
86.- C. José Gpe. Guadarrama Ortega
87.- Lic. Mario Arturo Guerrero Corrales
88.- Lic. Gustavo Guerrero Roldán
89.- Lic. José Miguel Guevara Lara
90.- Lic. Luis René Gutiérrez Martínez
91.- Lic. Salvador Guzmán Zapata
92.- Lic. Omar Adrián Heredia Mariche
93.- Lic. Said Hernández Quintana
94.- Lic. Nuria Gabriela Hernández Abarca
95.- Mtro. José Hernández Calderón
96.- C. Luis Alberto Hernández Herrera
97.- Lic. Hugo Gustavo Hernández Huerta
98.- Lic. Sonia Hernández Pineda
99.- C. José Luis Hernández Sánchez
100.- C. Beatriz Hernández Sánchez
101.- Lic. Merly Lorena Hernández Sosa
102.- C. Raciel Hernández Suastes
103.- Lic. Rocío Iliana Herrera Deciga
104.- Lic. José del Carmen Herrera Sánchez
105.- Lic. Oscar Herrera Varela
106.- Lic. José Cuauhtémoc Hinojosa Herrera
107.- C. Natyely Hoyos Ocáriz
108.- Lic. Luis Alonso Hurtado Alvarez
109.- Lic. José Adolfo Jiménez Aldana
110.- Dip. Héctor Jiménez y Meneses
111.- Lic. José Antonio Juárez Castañeda
112.- C. J. Francisco León Hernández
113.- Lic. Carlos Alberto Lomas Laurel
114.- Lic. Rosalinda López Covarrubias
115.- Lic. Diana López Hipólito
116.- Lic. Federico López Huerta
117.- Lic. Pedro Loredo Vera
118.- Dip. Ramón Lorence Hernández
119.- Lic. David Martín Lozano Mercado
120.- Dip. Esteban Luján Vega
121.- Lic. Sandino Luna Almeida
122.- Lic. José María Martínez Corona
123.- Lic. Luis Nicolás Martínez García
124.- Lic. Oscar Martínez Gutiérrez
125.- C. Jonathan Martínez Martínez
126.- Lic. Eduardo Martínez Noriega
127.- Lic. Salvador Martínez Ortiz
128.- Lic. Edgar Martínez Salgado
129.- Lic. Jovita Mata Rosas
130.- Lic. Felipe Mayoral Medina
131.- Lic. Tomas Medellín Tinoco
132.- C. Alexis Mellín Rebolledo
133.- C. Ma. de Lourdes Meza García
134.- Dip. Raúl Monjarás Hernández
135.- Lic. José Luis Monroy Flores
136.- Lic. Rogelio Montaño Sosa
137.- Lic. Miriam Montes de Oca Albarrán
138.- Lic. Aurora Morales Delgadillo
139.- C. Miguel Angel Morales Eguía Liz
140.- Lic. Ma. Ysaura Moreno Alamina
141.- Lic. Trinidad Otilia Moreno Becerra
142.- C. Luis Manuel Muñoz Carrillo
143.- Lic. José Luis Nungaray Rodríguez
144.- Lic. Blanca Lilia Ojeda Valdés
145.- Lic. Orlando Alfonso Olguín Miranda
146.- Prof. Ismael Olivares Ortiz
147.- Lic. Jesús Onofre Ortiz
148.- Lic. Verónica Gabriela Oropeza Gámez
149.- Lic. Héctor Ernesto Ortega Sandoval
150.- Lic. José Luis Ortega y Morales
151.- Lic. Diana Ozuna Millán
152.- C. María Alejandra Ozuna Ramírez
153.- Lic. José Manuel Ozuna Ramírez
154.- Dip. Bernardino Padilla Sánchez
155.- Dip. Amalia Padilla Uribe
156.- Lic. Susana Margarita Palma Flores
157.- Lic. José Sergio Palma Galván
158.- C. Pablo Alberto Pazos Delgado
159.- Lic. Sandra Pérez Chacón
160.- Lic. Jorge Pérez Rosas
161.- Lic. Héctor Pérez Serrano
162.- C. Ana Luisa Ponce Suastes
163.- Dip Cristina Portillo Ayala
164.- Lic. Georgina Ramírez Fuentes
165.- Lic. Patricia Ramírez J.
166.- Lic. Octavio Ramos Ramos
167.- Lic. Cesar Rivas Valdivia
168.- Lic. Juan Carlos Rivas Valdivia
169.- Lic. Patricio Rivera Jiménez
170.- C. Angel Rodríguez Bernal
171.- C. Juan Luis Rodríguez Flores
172.- Lic. Arturo Rodríguez Paredes
173.- Lic. Miguel Angel Rodríguez Reyes
174.- Lic. Juan Rafael Rodríguez Rodríguez
175.- Lic. Claudia Vanesa Guadalupe Rodríguez
Rodríguez
176.- Dip. Carlos Jaime Rodríguez Velasco
177.- Lic. Laura Angélica Rojas Hernández
178.- Lic. Juan José Rojas Herrera
179.- C. Hugo Rosado Lagunes
180.- Lic. Jorge Alfonso Rovirosa Quiroz
181.- C. Eugenio Rubio Franco
182.- Lic. Teresa Esperanza Saavedra Vázquez
183.- Dr. Miguel Angel Sáenz Garza
184.- Lic. María del Carmen Salinas Lecona
185.- Lic. Luis Gabriel Salvador Delgadillo
186.- Dr. Guillermo Antonio Sánchez Bustamante
187.- Dip. Mariano Sánchez Farías
188.- Profr. Arturo Sánchez Guerrero
189.- Lic. Maribel Sánchez Paredes
190.- Lic. Daniel Sánchez Rojas
191.- C. Adriana Fabiola Sánchez Sagal
192.- Ing. María Esther Sánchez Trejo
193.- Dip. Gerardo Arturo Saucedo Delgado
194.- Lic. Eloíza Mitzi Segoviano Luna
195.- Lic. Leticia Silva López
196.- Lic. Yolanda Silva Velázquez
197.- Lic. Gustavo Sotelo Villegas
198.- Lic. María Isabel Torres Lira
199.- Lic. Juan Job Torres Sánchez
200.- Lic. Jesús Trapaga Reyes
201.- Dip. Sergio Valdés Arias
202.- Sen. Mario Vargas Aguiar
203.- CP Agustín Vargas Alcalá
204.- Lic. Marisol Vargas Barcena
205.- C. Benjamin Vázquez Benítez
206.- Lic. Arianda Berenice Velázquez Olivares
207.- C. Juan Bruno Vilchis Cuevas
208.- Lic. Bertha Cecilia Villafaña Arellano
209.- Dip. Samuel Gustavo Villanueva García
210.- Dip. Isabel Villers Aispuro
211.- Dip. José Luis Zapahua Hernández
212.- Lic. María Zaragoza Sigler
213.- Lic. Gerardo Zarza Uribe
Atentamente
Palacio Legislativo, a 17 de enero de 2000.
El Comité Académico del Ultimo Seminario
de Derecho Constitucional y Parlamentario del Milenio
Lic. José Luis Herrera
Lic. Claudia Monreal Avila
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
A su desayuno de trabajo, el miércoles 9 de febrero, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de
la sesión celebrada el 13 de enero de 2000.
2. Estudio y, en su caso, aprobación del presupuesto
que ejerció la Contaduría Mayor de Hacienda durante el mes
de enero de 2000.
3. Segunda fase del Programa de Auditorías para
la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de
1998.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Fauzi Hamdán Amad
Presidente
DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
A su reunión ordinaria, el miércoles 9 de febrero, a las 13 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura del acta de la sesión anterior.
3. Informe del avance de la investigación:
* Subcomisión 1. Para el conocimiento y análisis
de las reformas estructurales del IMSS.
* Subcomisión 2. Para el conocimiento y análisis
de la situación financiera del IMSS.
* Subcomisión 3. Para el conocimiento y análisis
de la calidad de los servicios que presta el Instituto.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Ing. Roberto Colín Gamboa
Secretario técnico
DE LA COMISION DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su sesión ordinaria de trabajo, el jueves 10 de febrero, a las 11 horas, en el salón Leona Vicario, ubicado en la planta baja del edificio H.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Informe de la Presidencia.
4. Gira de trabajo para analizar experiencias exitosas
en torno al fomento de la micro, pequeña y mediana industria.
5. Asustos pendientes de resolución turnados a
la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.
6. Clausura.
Atentamente
Dip. Juan Bueno Torio
Presidente