Anexos del jueves 11 de noviembre Paquete económico para el año 2000
SESION DEL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 1999. INICIO 16 HORAS
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Coahuila invita a la sesión solemne en la que el lic. Enrique Martínez y Martínez rendirá la protesta de ley como gobernador constitucional del estado, la que tendrá lugar el próximo l de diciembre a las 11:00 horas.
Comunicaciones de los Congresos de los estados de Campeche y Zacatecas.
Proposición de la Junta de Coordinación Política para crear una comisión investigadora con objeto de analizar el sistema de jubilaciones de Nacional Financiera, SNC, Institución de Banca de Desarrollo. (votación).
Iniciativas de ciudadanos diputados
Que adiciona diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en materia de discapacitados, a cargo del C. dip. Felipe Rodríguez Aguirre, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Que deroga el artículo 78-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del C. dip. Luis Guillermo Villanueva Valdovinos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Que adiciona las fracciones II y XII del artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del C. dip. Felipe de Jesús Preciado Coronado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De reformas a los artículos 7, 22, 32 bis, 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del C. dip. Rafael Sánchez Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Que adiciona una fracción XIII al Artículo 7o de la Ley General de Educación, a cargo de la C. dip. Adoración Martínez Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
De reformas al artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del C. dip. José Jesús Montejo Blanco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Dictamen
De la Comisión de Ecología y Medio Ambiente con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXXVI al artículo 3o, la fracción XX al artículo 15 y se reforma el artículo 39 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 23 de noviembre.- Discusión y votación).
Agenda Política
Votación para determinar si se encuentra suficientemente discutido el tema, comentarios sobre el discurso del Presidente de la República, dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, en la IX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de la Habana, Cuba, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre la política de Comercio, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Debate pactado. 10-5)
Comentarios sobre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, a cargo de la Comisión de Equidad y Género. (Debate pactado. 5)
Comentarios sobre la actuación de la Policía Federal Preventiva, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Debate pactado. 10-5)
Comentarios sobre los créditos reportables entregados por el IPAB en su primera etapa, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Debate pactado. 10-5)
Comentarios sobre el proceso electoral del pasado 14 de noviembre, en el estado de Hidalgo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Debate pactado. 10-5)
Comentarios sobre las peticiones de los productores que
vienen en cabalgata, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
C. Dip. José Francisco Paoli Bolio
Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión
PRESENTE
Para dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 67, fracción XXII, y 77 de la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza, el próximo 1 de diciembre del año en curso, tomará protesta el licenciado Enrique Martínez y Martínez como Gobernador constitucional del estado.
Este acto se realizará a las once horas, en sesión solemne de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del estado, en el parque "Francisco I. Madero" de esta ciudad, declarado Recinto Oficial para tal efecto.
Por lo anterior expuesto, solicito a esa Cámara de Diputados se designar una comisión de Legisladores para que asistan y den realce a este importante evento.
Sin otro particular por el momento, me es grato reiterarle mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 15 de noviembre de 1999
El Presidente de la Gran Comisión
Dip. Fernando Orozco Cortés
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Campeche, Campeche, a 30 de junio de 1999.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
México, DF
La Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del estado de Campeche comunica la clausura de su segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, así como la instalación de la diputación permanente que coordinará los trabajos correspondientes al segundo periodo de receso, que comprende del 1 de junio al 30 de septiembre del año en curso, misma que fue integrada de la siguiente manera:
Presidente: Dip. Jorge Luis Lavalle Azar
Secretario: Dip. Salvador López Espínola
Vocal: Dip. Salvador Gaspar Arteaga Trillo
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines legales conducentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No reelección
Dip. Rosaura González Castillo
Secretaria
Dip. Lilia Concepción Aguilar Lugo
Secretaria
Campeche, Campeche, a 23 de julio de 1999.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
México, DF
La Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del estado de Campeche comunica que hoy se realizó la apertura de su primer periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional, así como la elección de la mesa directiva, misma que se integró de la siguiente manera:
Presidente: Dip. Jorge Luis Lavalle Azar
Vicepresidente: Dip. Salvador López Espínola
Secretario: Dip. Salvador Gaspar Arteaga Trillo
Secretario: Dip. Jorge Alberto Baqueiro Cáceres
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Dip. Salvador G. Arteaga Trillo
Secretario
Dip. Jorge A. Baqueiro Cáceres
Secretario
Campeche, Campeche, a 7 de agosto de 1999.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
México, DF
La Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del estado de Campeche comunica que hoy clausuró su primer periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Dip. Salvador G. Arteaga Trillo
Secretario
Dip. Jorge A. Baqueiro Cáceres
Secretario
Campeche, Campeche, a 27 de agosto de 1999.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
México, DF
La Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del estado de Campeche comunica que hoy se realizó la apertura y clausura de su segundo periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional, así como la elección de la mesa directiva, la cual se integró de la siguiente manera:
Presidente: Dip. Eddie Guilbardo Lara Hernández
Vicepresidente: Dip. Arturo Gerardo Goytia Ochoa
Secretaria: Dip. María Luisa Morales Caballero
Secretario: Dip. Victorio Ballina Alejo
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Dip. María Luisa Morales Caballero
Secretaria
Dip. Victorio Ballina Alejo
Secretario
Campeche, Campeche, 17 de septiembre de 1999.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
México, DF
La Quincuagésima Sexta legislatura del H. Congreso del estado de Campeche comunica que hoy se realizó la apertura de su tercer periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional, así como la elección de la mesa directiva, misma que se integró de la siguiente manera:
Presidente: Dip. Salvador López Espínola
Vicepresidente: Dip. Guillermo Cisneros Lara
Secretaria: Dip. Laura Lizbeth Escalante Canto
Secretario: Dip. Jorge Lara López.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Laura Lizbeth Escalante Canto
Secretaria
Dip. Jorge Lara López
Secretario
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H Congreso de la Unión
México, DF
Adjunto nos permitimos remitir el Acuerdo 39, aprobado por la H. Quincuagésima Sexta Legislatura del estado, en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual esta soberanía popular se pronuncia en apoyo de la cabalgata integrada por productores de granos básicos del estado de Chihuahua y la incorparación de productores de esta entidad federativa con destino a la capital del país, para buscar mejores alternativas en la comercialización de los granos básicos. Lo anterior para los efectos correspondientes en cumplimiento al contenido del referido documento.
Nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Zacatecas, Zacatecas, a 4 de noviembre de 1999.
La H. LVI Legislatura del Estado
Diputado Secretario
Juan Alberto Gutiérrez Arellano
Diputado Secretario
Lic. Mario Rivera Solís
Acuerdo 39
La Quincuagésima Sexta Legislatura del estado Libre y Soberano de Zacatecas.
Considerando Primero.- Que en sesión ordinaria de esta misma fecha la C. diputada profesora Ma. Edith Ortega González presentó a la consideración de esta soberanía popular un punto de acuerdo en apoyo y respaldo a la cabalgata integrada por productores de granos básicos del estado de Chihuahua, que partieron de Ciudad Juárez y que concluirá en la capital del país, con la finalidad de que se regulen de manera adecuada los canales de comercialización de granos básicos del país.
Considerando Segundo.- Que el Pleno de este cuerpo colegiado, en atención a la propuesta formulada por la ciudadana diputada y después de haber conocido su contenido, aprobó por unanimidad de los presentes el punto de acuerdo a que se ha hecho referencia.
Por lo anteriormente expuesto, es de acordarse y se
Acuerda
Primero.- La Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre Y Soberano de Zacatecas se pronuncia en apoyo y respaldo a la cabalgata integrada por productores de granos básicos del estado de Chihuahua y la incorporación de productores del estado de Zacatecas, a partir del día 30 de octubre del año en curso, además de otras organizaciones involucradas en el sector agropecuario, como una medida de solidaridad para que se regulen de manera adecuada los canales de comercialización e introducción de granos básicos al país, la que inicio el día 6 de octubre del presente año, partiendo de la frontera de Ciudad Juárez y que concluirá en la capital del país.
Segundo.- Enviar el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, al Senado de la República, así como a los Congresos de cada una de las entidades federativas, a efecto de que los legisladores nacionales nos sumemos al respaldo popular que ha recibido esta cabalgata durante el trayecto recorrido y con la voluntad política encaminada a resolver este grave problema por el que atraviesa el campo mexicano.
Dado en la sala de sesiones de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura del estado a los cuatro días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.
Diputado secretario
Juan Alberto Gutiérrez Arellano
Diputado Secretario
Lic. Mario Rivera Solís
Acuerdo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión por el que se crea una comisión investigadora con objeto de analizar el sistema de jubilaciones de Nacional Financiera, SNC, Institución de Banca de Desarrollo.
Antecedentes
1. Con fecha 23 de noviembre, diversos diputados presentaron. ante el Pleno de la Cámara de Diputados, una proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión que investigue las jubilaciones de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. Dicha proposición fue turnada a la Junta de Coordinación Política, para los efectos conducentes.
2. De igual manera, en la sesión citada en el punto anterior, diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometieron a la consideración del Pleno una propuesta con punto de acuerdo de la Cámara de Diputados, por el que se instruye a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Publico de la Cámara de Diputados, soliciten de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y demás autoridades competentes la información relacionada con el sistema de jubilaciones y pensiones de Nacional Financiera, SNC, institución de banca de desarrollo, así como crear una subcomisión para su análisis y evaluación. Esta proposición fue turnada a las comisiones de referencia.
3. Finalmente, es de mencionarse que el pasado 29 de septiembre de 1999, diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, presentaron al Pleno una proposición con punto de acuerdo con el objeto de que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda recabara la información correspondiente al registro o relación oficial actual de las jubilaciones tempranas del Banco Nacional de Comercio Extrerior, de Nacional Financiera, SCN, y del Banco de México.
La citada proposición fue turnada a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, la que de inmediato giró el oficio CVCMH/320/99 al C. Contador Mayor de Hacienda a efecto de que conforme a las atribuciones de la propia Contaduría relativas a la revisión de la cuenta de la Hacienda Pública Federal, le proporcione la información correspondiente. A este pedimento, el C. Contador Mayor de Hacienda inició los trámites correspondientes a la obtención de la información solicitada.
Considerando
1. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo. Asimismo, es de su competencia proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Mesas Directivas.
2. Que una vez analizada la proposición dirigida a la creación de una Comisión de investigación en términos de lo establecido por el tercer párrafo del artículo 93 constitucional y previo acuerdo de los grupos parlamentarios representados en la Junta de Coordinación Política, se convino en proponer al Pleno de la Cámara la creación de una comisión investigadora con el objeto específico de analizar el funcionamiento de Nacional Financiera, SNC, en lo relativo a su sistema de jubilaciones, además de que dicha comisión deberá cumplir con su encomienda en un plazo que no exceda a la terminación del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LVII Legislatura.
Con base en los antecedentes y consideraciones expresados, y con fundamento en lo establecido en el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución; y 34, párrafo 1, incisos a) y c), 41, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Junta de Coordinación Política, propone a la Cámara de Diputados emita el siguiente
Acuerdo
Primero.- Se crea una Comisión cuyo objeto específico y único será, el de investigar el funcionamiento de Nacional Financiera, SNC, Institución de Banca de Desarrollo, respecto a su régimen de jubilaciones, a la luz de las disposiciones laborales y administrativas aplicables.
Segundo.- La Comisión quedará integrada por siete diputados, de los cuales tres serán nombrados por el grupo parlamentario del PRI, dos por el grupo parlamentario del PRD, y dos por el grupo parlamentario del PAN.
Para los efectos señalados en el párrafo anterior, los grupos parlamentarios han designado a los siguientes diputados:
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, los CC. diputados Jorge Estefan Chidiac, Sadot Sánchez
Carreño, y Alberto Curi Naime.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, los CC. diputados Jesús Martín del Campo
y Alberto López Rosas.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, los CC. diputados Ramón María Nava y Edgar Ramírez
Pech.
Tercero.- La Comisión estará presidida por el diputado Jesús Martín del Campo y fungirán como secretarios los diputados Jorge Estefan Chidiac y Ramón María Nava.
Cuarto.- La Comisión materia del presente acuerdo deberá entregar al Pleno de la Cámara de Diputados el informe con los resultados de su investigación en un plazo que no excederá del 15 de diciembre de 1999, para efectos de su envío al Ejecutivo federal, en términos de los dispuesto en el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución.
En todo momento, los integrantes de la Comisión habrán de guardar el sigilo y reserva correspondientes a sus trabajos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veinticinco días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.
Por la Junta de Coordinación Política
Dip. Arturo Núñez Jiménez
Presidente
Coordinador del grupo parlamentario del PRI
(p.a. diputado Fidel Herrera Beltrán, rúbrica)
Dip. Carlos Medina Plascencia
Coordinador del grupo parlamentario del PAN
(p.a. diputado Juan Miguel Alcántara Soria, rúbrica)
Dip. Pablo Gómez Alvarez
Coordinador del grupo parlamentario del PRD
(p.a. dip. Jesús Martín del Campo Castañeda,
rúbrica)
Dip. Jorge Emilio González Martínez
Coordinador del grupo parlamentario del PVEM
Dip. Ricardo Cantú Garza
Coordinador del grupo parlamentario del PT
Los suscritos, diputados a la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno del Congreso General, sometemos a la consideración de la asamblea de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de adiciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene como finalidad generar un marco fiscal que coadyuve a que las personas con discapacidad tengan acceso a los implementos y mercancías que les permita subsanar o disminuir su discapacidad.
Los diputados que proponemos estas adiciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado consideramos injusto a todas luces que los implementos que utilizan las personas con discapacidad para subsanar o disminuir su discapacidad estén gravados con impuesto que los encarece, más de lo que ya de por sí están.
Los implementos a los que proponemos aplicarles la tasa 0% son todos aquellos que garantizan el pleno desarrollo humano de las personas con discapacidad y los integren a la vida social y productiva de la nación.
Es necesario que se aplique esta disposición a los implementos que se utilicen en arrendamiento, considerando que la falta de los recursos económicos impiden comprarlos cuando se trata de una discapacidad transitoria. Dentro de este supuesto se encuentra, por ejemplo, la renta de una silla de ruedas, un respirador artificial, unas muletas, etcétera.
Pongamos ejemplos para ilustrar esta problemática:
Una silla de ruedas ortopédica
Acto: compra
Origen: importación
Precio: $ 5,500.00 con el IVA incluido
Origen: nacional
Precio: $ 980 con el IVA incluido
Silla de ruedas eléctrica
Acto: compra
Precio: $ 32,000.00 con el IVA incluido
El precio también depende de los accesorios que
necesite la persona:
Reclinable; con tracción potente; control en boca
o cuello.
Cabe destacar que estas sillas no son alquilables, por
lo que es obligatorio comprarlas.
Silla de ruedas deportiva
Precio: $ 10,000.00 más el 15 % del IVA
El precio de estas sillas de ruedas depende de los accesorios
que necesite la persona:
Material; tipo de rodamiento; accesorios extra; tipo
de llanta; material del rin; tipo de pintura.
A estos costos debemos sumarle:
Precio de llantas; mantenimiento; accesorios como cojín,
protectores de rayos; refacciones mecánicas y eléctricas,
etcétera.
Silla de ruedas ortopédica
Acto: renta
Tipo: nacional
Costo: $ 298.00 más el 15 % del IVA
más $ 750.00 de depósito
Tipo: importada
Costo: $ 1,990.00 más 15 % del IVA
Aparatos auditivos:
Precio: $ 13,600.00 con IVA incluido por unidad.
Si la discapacidad auditiva es en los dos oídos,
el costo se duplicará a $ 27,200.00.
Además, estos aparatos auxiliares para
personas sordas necesitan baterías, que tienen un costo de $ 36.00,
más el IVA, por cada paquete con 4 baterías. Las baterías
tienen una vida útil, en promedio, de un mes, lo cual significa
que el sordo tendrá que comprar 12 paquetes de baterías al
año.
Estos aparatos auditivos no están en renta, requieren
de estudio audiométrico, que cuesta en promedio
$ 200.00 más IVA, y son personalizados.
Estos ejemplos tan sólo ilustran el alto costo que representa para las personas con discapacidad y sus familias la adquisición de estos implementos ortopédicos, y que impacta considerablemente la economía de sus familias.
Recordemos también que los gobiernos estatales
y municipales adquieren estos implementos ortopédicos, y con la
aprobación de esta iniciativa de ley ahorra-
rían un 15 por ciento de sus presupuestos, lo
que implicaría la posibilidad de comprar más aparatos y beneficiar
a más personas con discapacidad de escasos recursos económicos
Como es por todos conocido, el desarrollo tecnológico en nuestro país en esta materia es precario y en muchos de los casos se tiene que recurrir a la importación de implementos y/o mercancías, porque no se producen en nuestro país.
No es un lujo tener una discapacidad, ni tener la necesidad de adquirir estos implementos, que bien podrían equipararse con un medicamento para sanar un padecimiento físico.
La estrategia legislativa de una reforma integral en la materia nos permite recordar que ya han habido avances legislativos en materia fiscal relacionados con la discapacidad, un ejemplo lo es la Ley Aduanera, que fue reformada para exentar del impuesto al comercio exterior las mercancías que importan las personas con discapacidad.
Exhortamos a los ciudadanos diputados y a las ciudadanas diputadas para que apoyen este importante esfuerzo legislativo, que no sabemos si en cualquier momento podemos ser beneficiarios directos de este decreto.
Los costos fiscales serán muy inferiores al beneficio social que producirá esta iniciativa de ley.
No olvidemos que la discapacidad es una circunstancia inherente a la condición humana del hombre y la mujer, y que en cualquier momento la podemos contraer. La discapacidad no distingue raza, sexo, condición social, credo religioso o filiación partidista.
Por lo anterior, los diputados y diputadas firmantes de la presente iniciativa ponemos a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente.
Proyecto de Decreto
Artículo único.- Se adiciona el inciso c) del artículo 2º, la fracción VI del artículo 20, y la fracción IX del artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Artículo 2-a. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes:
C ) Los bienes o mercancías que enajene una persona física o moral para subsanar la discapacidad de la persona que lo requiera y que sea estrictamente de uso personal.
I-V...
IX. los bienes que introduzcan al país las
personas con discapacidad que tengan como fin subsanar o disminuir su discapacidad
y que sea de uso estrictamente personal.
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Segundo. Para los efectos del presente decreto se entenderá por persona con discapacidad lo señalado por el artículo 61, fracción XV, párrafo segundo.
Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público contará con un plazo de 120 días naturales a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación para la emisión de la política fiscal en la materia.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito sea turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen en los tiempos que señalan nuestros ordenamientos jurídicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 18 de noviembre de 1999.
Respetuosamente
Diputados: Felipe Rodríguez Aguirre, Héctor
Larios Córdova, Elodia Gutiérrez Estrada, José Luis
Acosta Herrera, Lourdes Angelina Muñoz Fernández, Gustavo
Espinosa Plata, Elhier Saúl Flores Prieto, José Jesús
Montejo Blanco, Carlos Iñiguez Cervantes, Alfonso Carrillo Zavala,
Luisa Cortés Carrillo, Emilia García Guzmán, Bertha
Hernández Rodríguez, Salomón Elías Jauli y
Dávila, Addy Cecilia Joaquín Codwell, María de las
Mercedes Martha Juan López, María Guadalupe Francisca Martínez
Cruz, María Verónica Muñoz Parra, Martha Palafox Gutiérrez,
José Jesús Villalobos Sáenz, Felipe Jarero Escobedo,
Jaime Castro López, Abraham Bagdadi Estrella, José Octavio
Díaz Reyes, José Luis García Cortés, Bonfilio
Peñaloza García, María de Lourdes Rojo e Incháustegui,
Julieta Gallardo Mora.
QUE DEROGA EL ARTICULO 78-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A CARGO DEL C. DIP. LUIS GUILLERMO VILLANUEVA VALDOVINOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
Los que suscribimos, diputados federales a la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la honorable asamblea, la siguiente iniciativa de decreto que deroga el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta por la siguiente
Exposición de Motivos
En el año de 1992 se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta adicionando un artículo 78-A, a efecto de considerar que los trabajadores que obtuvieran de sus patrones algún préstamo o crédito con una tasa de interés preferencial obtienen un ingreso extra por el hecho de que el patrón o empresa les cobra intereses menores a los que prevalecen en el mercado, y por lo tanto esa diferencia existente en los intereses es sumada al salario del trabajador para fines de cálculo y retención del ISR.
El artículo 78-A considera como tasa de interés de mercado la tasa de Certificados de la Tesorería de la Federación a 91 días (Cetes), que da a conocer semanalmente el Banco de México, por lo que, de acuerdo con el artículo 78-A de la Ley del ISR, cualquier trabajador que obtenga de su empleador un crédito con una tasa de interés menor a la de los Cetes está recibiendo un ingreso extra, por el cual deberá pagar impuestos.
Durante varios años esta disposición pasó prácticamente inadvertida, ya que las tasas de interés de los Cetes se mantuvieron relativamente bajas, al grado de que la diferencia de tasas entre las cobradas por los empleadores a sus trabajadores y las de los Cetes eran poco significativas, por lo que el impuesto pagado por el "ingreso extra" era apenas perceptible.
Sin embargo, a partir de la crisis financiera de Diciembre de 1994 las tasas de interés de los Cetes crecieron abruptamente, ocasionando que la diferencia entre las tasas de interés cobradas por los patrones sobre créditos a sus trabajadores y las de los Cetes crecieran de manera desproporcionada, lo cual convirtió al impuesto establecido por el artículo 78-A de la Ley del ISR en un impuesto excesivo que daña severamente la economía de aquellos trabajadores, que por necesidad tuvieron que adquirir créditos de sus empresas.
No se desconoce que el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todos los mexicanos de "...IV Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del estado o municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Pero el caso que nos ocupa no cumple con el calificativo sustancial de proporcionalidad, pues las circunstancias económicas han hecho que el impuesto en comento no guarde proporción con la capacidad contributiva del ciudadano.
Por otro lado el pretender cobrar impuestos a prestaciones que los obreros obtienen para satisfacer necesidades básicas y que representan un esfuerzo solidario de los empleadores y no un subterfugio para evadir impuestos, cancela vías subsidiarias de la sociedad para lograr mejores niveles de vida y una mejor distribución de los bienes.
A lo anterior habría que sumar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso de catorce empleados bancarios que, sobre el artículo en comento, solicitaron el amparo, determinando que el artículo 78-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es inconstitucional, debido a que se utilizan las tasas de Cetes, emitidas por el Banco de México, para efectuar el cálculo del impuesto, violando el principio de legalidad tributaria, según el cual todos los elementos de un impuesto deben provenir de leyes emitidas por el Congreso de la Unión y de ninguna forma por el Banco de México.
Por las consideraciones mencionadas, proponemos a esta H. Asamblea la siguiente iniciativa de decreto:
Unico: Se deroga el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Transitorios
Artículo único.- Este decreto entrará
en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
QUE ADICIONA LAS FRACCIONES II Y XII DEL ARTICULO 22 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A CARGO DEL C. DIP. FELIPE DE JESUS PRECIADO CORONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
Los que suscribimos, diputados federales de la LVII Legislatura del Honorable congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la Fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Fracción II del Artículo 55 y del Artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de Ley que contiene Sendas Adiciones a las Fracciones II y XII del Artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativa a establecer incentivos fiscales a las empresas que contraten a mexicanos con discapacidad y autorizar la total deducción de este impuesto en los casos en que las empresas invierten en las construcciones, instalaciones, adaptaciones, adquisición de equipo y de transporte que sean necesarios para que las personas discapacitadas, puedan desempeñarse en su trabajo, lo anterior con el fin de propiciar la incorporación laboral de personas con discapacidad a la población económicamente activa de nuestro país.
La presente Iniciativa de Ley se presenta con arreglo, en la siguiente:
Exposición de Motivos
En el 10 por ciento de los hogares del país existe al menos una persona con discapacidad y se estima que la población con discapacidad alcanza un monto de 10 millones, esto, 10 por ciento del total de habitantes del país.
Considerando la declaración de la población, es decir, sin tener como sustento un diagnóstico médico, los principales tipos de discapacidad son: de Tipo Auditivo, con 30 por ciento; Neuromotoras, con 23 por ciento; de Lenguaje también con 23 por ciento; de Tipo Mental con el 14 por ciento y de La Vista, con 13 por ciento.
El porcentaje de población con discapacidad disminuye al aumentar el tamaño de la localidad de residencia. Así, en las localidades de menos de 2,500 habitantes ese indicador es de 2.6 por ciento, mientras que en los de 100,000 y más disminuye a 2.1 por ciento.
Con respecto a la entidad federativa, las que reportan el mayor porcentaje de población con discapacidad son Zacatecas, con 3.7 por ciento; Durango con 3.5 por ciento; Nayarit y Yucatán con 3.4 por ciento; Colima con 3.3 por ciento y Sonora, con 3.1 por ciento.
Las personas con discapacidad forman parte de hogares que en promedio tienen más miembros que el promedio nacional. Así, el porcentaje de los hogares con 6 o más miembros para el total nacional es de 46 por ciento, mientras que para los hogares con personas discapacitadas es de 54 por ciento.
El nivel de instrucción de los jefes de familia de los hogares con personas discapacitadas es menor que el indicador nacional. El porcentaje de jefes sin instrucción en los hogares con discapacitados es casi el doble de la cifra que se registra para el total de los hogares a nivel nacional (24 por ciento contra 13 por ciento) y los Jefes sin primaria completa superan en 9 puntos la cifra correspondiente al total nacional.
Por otra parte, el nivel de ingresos de los hogares con discapacitados es menor que el correspondiente al resto de la población. En los primeros, el 26 por ciento percibe menos de un salario mínimo y en los segundos el indicador es de 18 por ciento adicionalmente, el 37 por ciento de los hogares con discapacitados el porcentaje es de 45 por ciento.
Las discapacidades presentan causas y orígenes diversos. De acuerdo con lo declarado por la población entre las principales se pueden mencionar: Secuela de una enfermedad, con 31 por ciento nacimiento, con 28 por ciento accidente, con 20 por ciento la vejez, con 14por ciento de origen hereditario, con 7 por ciento por adiciones 4 por ciento y por algún hecho violento 1 por ciento.
El 35 por ciento de la población con discapacidad no ha recibido ningún tipo de tratamiento. El 65 por ciento ha recibido diversos apoyos, entre los principales se pueden mencionar : atención Médica, 85 por ciento Rehabilitación Física, 21 por ciento Educación Especial, 12 por ciento Orientación Psicológica, 8 por ciento y Terapia Ocupacional 3 por ciento.
El 43 por ciento de la población discapacitada no necesita aparatos o aditamentos para realizar sus actividades diarias; el 26 por ciento lo necesita y lo usa, y el 31 por ciento lo necesita pero no lo usa.
Los apoyos más frecuentes utilizados son: la silla de ruedas 21 por ciento, el bastón de apoyo 20 por ciento, las muletas 13 por ciento, el bastón blanco 11 por ciento la andadera 9 por ciento, y el auxiliar auditivo 8 por ciento.
Las razones principales por las que la tercera parte de los discapacitados no usan aparato, necesitándolo son: por no poder adquirirlo 46 por ciento, no le ayuda 28 por ciento, y no se lo recetaron 26 por ciento.
El 24 por ciento de los discapacitados de 12 años y más son económicamente activos. De éstos, el 85 por ciento está ocupado y el 15 por ciento busca empleo.
La población económicamente inactiva está integrada por estudiantes (6 por ciento) deportistas, (8 por ciento) quehaceres domésticos, (26 por ciento) y principalmente por personas que no trabajan queriendo hacerlo (60 por ciento).
Las causas por las que este grupo no labora son: por su discapacidad (52 por ciento); por su edad avanzada (28 por ciento) y por su salud.
La población discapacitada que no trabaja recibe ingresos para su subsistencia proveniente de diversas fuentes, siendo las principales; familiares y los amigos, 82 por ciento pensión, 11 por ciento jubilación, 2 por ciento rentas y negocios 2 por ciento y limosna 1 por ciento.
Todo lo anterior como muestra de un universo de cifras y nada más.
Se ha relegado de la oportunidad para obtener un empleo regular, conforme lo marca la Ley actualmente, acerca de 5 millones de personas que aún con una discapacidad podrían estar ejerciéndolo, incluso, con altos índices de productividad para el país y las empresas.
Factores como la discriminación social y empresarial, vacíos legales que propician la explotación y el abuso sobre las personas, segregación impuesta por los sindicatos y la no aceptación en México de modelos internacionales en materia de rehabilitación laboral, son los que han retrasado este importante proceso, probado y comprobado en otras latitudes.
Las eformas legislativas que propicien la incorporación laboral de personas con discapacidad, son una tarea que debemos calificar de urgente en el país, por que de ellas depende el presente y futuro de varias generaciones de mexicanos y sus familias.
Aquellos países que han logrado traspasar las barreras que impiden estos avances, todavía se enfrentan a la ineludible decisión para destinar de sus recursos públicos millones de dólares que alternativamente eviten la mortalidad y segregación pronunciada de estas personas.
Hoy la realidad para obtener un empleo, aún para quienes no viven con una discapacidad, es difícil e infructuosa, ya que simple y sencillamente los empleos no existen.
En la situación específica de personas con algún tipo de limitación física, mental o sensorial, las barreras a que se enfrentan cotidianamente son:
Negación del empleo, sólo por el hecho de tener una discapacidad.
No importa si es una persona capacitada o no, su condición física, mental o sensorial prevalece como un indicativo de desconfianza al empleador.
Generalmente, los empleadores violan las leyes existentes en materia de empleo, incluso sobre los acuerdos sindicales y las disposiciones del IMSS.
Los empleadores utilizan los vacíos de la Ley Federal del Trabajo para contratar personas con discapacidad en condiciones desventajosas y ocasionando explotación de las personas e incluso hasta el límite de no ser remuneradas.
Las empresas del país no están sujetas a ninguna restricción legal para establecer condiciones de accesibilida y desplazamiento en sus espacios laborales.
Ninguna autoridad es el país, ejerce penalidades o sanciones a los empresarios que comprobadamente ejercen actitudes discriminatorias o de explotación en contra de personas con discapacidad.
Por todo lo anteriormente expuesto y buscando la aplicación solidaria de medidas que se traduzcan en apoyos reales y tangibles que promuevan la dignidad de las personas que padecen algún tipo de incapacidad, se concretiza en lo propuesto en esta Iniciativa, asimismo con el fin de impulsar a las empresas privadas para que contraten trabajadores mexicanos con Discapacidad, solicitamos se privilegie a presentación de esta Iniciativa ante esta Honorable Asamblea, de manera que la Sede del Poder Legislativo sea el conducto del fortalecimiento necesario, responsable, afectuoso y respetuoso de tal vital Iniciativa.
Establecer una disposición legal en el Capítulo denominado de las "Deducciones" correspondiente a la Ley del Impuesto Sobre la renta, para que se otorguen incentivos fiscales para el pago de contribuciones al Gobierno Federal, en favor de las empresas, sean éstas personas físicas o personas morales; que contraten a personas con Discapacidad, para lo que será necesario adicionar una Fracción XII al Artículo 22 del Capítulo II, para quedar como sigue:
Artículo 22.- Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:
XII. "El 30 por ciento adicional al importe de los salarios pagados a personas con discapacidad
El importe total de las construcciones, instalaciones, adaptaciones; adquisición de equipo y de transporte que se hagan necesarios para que las personas con discapacidad, puedan desempeñarse en su trabajo.
Transitorio
Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados a 23 de Noviembre de 1999.
Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Preciado Coronado
DE REFORMAS A LOS ARTICULOS 7, 22, 32 BIS, 34 Y 35 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, A CARGO DEL C. DIP. RAFAEL SANCHEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
Con fundamento en la fracción I del artículo 71, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente la siguiente iniciativa de ley que modifica los artículos 7, 22, 32 bis, 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de reconocer las facultades que en agricultura, ganadería y materias relativas deban tener los estados que forman parte de la Federación, los municipios y los productores, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos:
Acción Nacional, consciente de la problemática por la que atraviesa el campo, reconoce la necesidad de apoyar y buscar soluciones a los problemas de los productores agropecuarios y forestales mediante políticas instrumentadas entre los niveles de gobierno y la participación del sector rural que coadyuven a igualar el proceso general de desarrollo del país con el desarrollo agropecuario y forestal.
El campo mexicano, como es de conocimiento general, desde mediados de la década de los sesenta ha enfrentado una crisis estructural caracterizada, entre otras cosas, por la pérdida del crecimiento, una baja contribución al PIB nacional, la disminución de la productividad, la descapitalización de los productores, la pérdida de ingresos y depauperización de los campesinos, la insuficiencia para satisfacer las necesidades del mercado interno y por la fuerte migración de la población rural a las áreas urbanas y hacia el extranjero.
Tal crisis es el resultado no solamente de los modelos de desarrollo económico que ha adoptado el país, sino también de la aplicación de políticas gubernamentales caracterizadas por su variabilidad, imprevisibilidad y con una fuerte intervención centralista del Estado.
En este marco, los objetivos de las políticas para el campo han variado a lo largo del tiempo, reflejando los cambios de la política del país en su conjunto: hasta 1980, el objetivo central de la política agrícola del país era asegurar una oferta abundante y barata de alimentos a los consumidores basada en el modelo de sustitución de importaciones y el proteccionismo comercial; con el auge petrolero, a mediados y fines de la década, el principal objetivo de la política agrícola fue el de mejorar la productividad del sector, y en los noventa, el enfoque cambió radicalmente para orientarse hacia el mercado a traves de la liberalización comercial, la reducción de la intervención del estado en las actividades económicas, la privatización de entidades y empresas públicas, racionalización de subsidios, la disminución de la inversión y el gasto público y el adecuamiento del marco legal para permitir la participación de la inversión privada en el campo.
En estas etapas, las políticas públicas han sido instrumentadas por un gran número de secretarías y organismos públicos, abarcando aspectos relacionados con la educación, la investigación, la producción y comercialización, el extensionismo y capacitación, que han estado sujetas a cambios y ajustes continuos a lo largo de los años.
Con los cambios de prioridades en la política sectorial rural, las secretarias y organismos que intervienen en la instrumentación de las políticas agropecuarias y forestales sufrieron modificaciones estructurales que implicaron la fusión de diversas entidades, la creación de nuevas instancias gubernamentales y el refuncionamiento operativo de otras más; sin embargo, dichos cambios no se tradujeron en una mayor eficiencia y eficacia de las instituciones encargadas de la atención al campo.
En este proceso, algunas de las funciones más importantes que realizaban las instituciones se han modificado sustancialmente, como la labor de extensionismo que ha quedado prácticamente en manos de técnicos y asesores privados, la capacitación con un alcance limitado y de poco impacto y el crédito al campo casi inexistente o sujeto a fuertes restricciones.
En cuanto a los organismos públicos, involucrados en el apoyo a la comercialización de los productos agropecuarios y forestales, muchos de ellos fueron liquidados, como tabamex, conafrut, andsa y conasupo recientemente y otros fueron privatizados o transferidos a secretarías diversas.
Los programas de ajuste estructural de las entidades y organismos relacionados con las políticas para el campo fueron un efecto de los compromisos adquiridos con la incorporación del país a los acuerdos del GATT, el Tratado de Libre Comercio entre México, Cánada y los Estados Unidos de Norteamérica, y con la adhesión al Organismo Mundial de Comercio (OMC) y a la Apec, e implicaron el desmantelamiento de los apoyos y subsidios al agro y la adecuación del sistema de soporte institucional a las actividades agropecuarias y forestales.
Esta adecuación estructural buscaba reestructurar las instituciones públicas de fomento al campo, fortalecer la organización de los productores e implementar programas específicos para resolver problemas muy focalizados del sector rural.
No obstante los cambios y ajustes realizados en las instituciones del sector público, aún continúan operando muchas instituciones en el campo, y las políticas de desarrollo instrumentadas continúan siendo fuertemente centralizadas en el ámbito federal sin una participación activa de los estados, municipios y productores en la planeación de las prioridades nacionales y en la elaboración de los planes y programas de desarrollo agropecuario y forestal, dejando de lado el fomento al desarrollo y con una operación centrada en el cumplimiento de funciones y requisitos internos y no en la generación de respuestas eficaces ante las condiciones de los productores rurales y de la problemática del campo.
La instrumentación de las políticas, planes y programas para el campo, a pesar de los diversos mecanismos implementados, como los foros de consulta a los productores y organizaciones, iniciativas y propuestas de los gobiernos de los estados y la descentralización de algunas funciones al nivel estatal, sigue estando en manos del gabinete agropecuario, con un carácter centralista que no incorpora las demandas de los estados, municipios y productores en la fijación de prioridades y recursos para el campo.
Las instituciones que tienen injerencia en el campo realizan programas y acciones descoordinadas entre sí, con poco impacto y desarticuladas para instrumentar las acciones gubernamentales en el sector y en el establecimiento de condiciones para su gestión, ademas de contar con escasos recursos para la operación, lo que reduce la eficiencia de las acciones.
De ahí que las instituciones que permanecen no hayan sido repensadas cualitativamente en función de los cambios ocurridos en el sector para alcanzar internamente mayores niveles de eficiencia, la identificación de las posibilidades reales para el desarrollo rural y una mayor calidad en los servicios que prestan al sector rural.
Las reformas estructurales se han traducido prácticamente en una reducción presupuestal para atender la problemática del campo, en el tránsito de un gobierno paternalista y protector que intervenía en todos los aspectos de la actividad agropecuaria y forestal, a un gobierno que sólo establece normas y canaliza apoyos mínimos, sin alcanzar a transformar las condiciones que en los estados y municipios caracterizan al sector rural por la indefinición de funciones y atribuciones claras y específicas para cada uno de los niveles de gobierno, y de la función que deben asumir, como protagonistas principales, los productores y la población rural.
En función de estas circunstancias, se requiere generar un proceso de auténtica descentralización política y territorial que implica un replanteamiento de las relaciones entre los organismos centrales y las entidades federativas, los municipios y los productores, en el manejo de los recursos en el ámbito local, reconociendo a estas entidades presupuesto y normas propias de funcionamiento para lograr la generación de políticas públicas y un modelo de gestión pública a partir de los bienes y servicios que otorgue el estado a la sociedad rural para construir políticas, programas, planes y acciones basados en la participación ciudadana y los gobiernos locales, dotando a los municipios, gobiernos de los estados y a los productores de mayores facultades y ámbitos de competencia, para generar relaciones intergubernamentales y sociales basadas en la cooperación, cogestión, complementación de esfuerzos y la construcción de consensos básicos.
Para hacer y ser más eficaz este proceso de descentralización se requiere, entre otras cosas, una adecuada identificación de la problemática del sector, de las tendencias internacionales y nacionales que lo impactan y de las relaciones de los sujetos de las políticas públicas, los programas y acciones gubernamentales, la construcción de una visión de futuro común compartida entre los agentes que intervienen a nivel gobierno y sociedad, y el establecimiento de estrategias y sistemas que den soporte a la gestión.
La iniciativa de modificaciones a los artículos 32, 32 bis, 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal busca establecer que los mecanismos de planeación, coordinación, operación y evaluación de los programas para el sector sean corresponsabilidad de los niveles de gobierno y de los productores, para generar las condiciones que posibiliten un desarrollo más armónico, integral endógeno y justo, acorde a las transformaciones que requiere el país.
La adecuación de la gestión gubernamental debe establecer, para su consolidación, la definición de una serie de tránsitos de lo actual a lo deseado: de instituciones centradas en sí mismas a instituciones definidas en base a su esencia en relación con el proceso de generación de bienes y servicios al sector rural; de la subvaloración de las capacidades planificadoras, administrativas y operativas de los agentes que intervienen en el proceso, a una institución abierta a retroalimentarse permanentemente con las aportaciones de los beneficiarios y capaz de construir con las comunidades procesos de cogestión, mutuo aprendizaje y profesionalización de la actividad pública en base a una evaluación constante de sus acciones e impactos, y de una institución centralista a una institución que cuenta con criterios generales normativos pero capaz de adaptarse y dar respuestas flexibles y oportunas.
La instrumentación de las políticas, programas y acciones agropecuarias y forestales debe basarse en la diferenciación y diversidad de las regiones, retomando como base la planeación regional, la descentralización de funciones y atribuciones a los estados, municipios y productores, traspasándoles capacidad de decisión y el manejo del presupuesto, en un sistema en el que las instituciones federales normen, fomenten la actividad productiva y definan las prioridades de las políticas públicas nacionales con relación al campo, los gobiernos estatales y municipales puedan establecer normas y reglamentos que regulen la actividad del sector, participen en la formulación de las políticas nacionales, propongan programas y acciones conjuntas y administren la operación del presupuesto federal asignado a los programas, y los productores rurales como participantes activos en todas y cada una de las etapas que conlleven a la ejecución de los programas, es decir, desde la planeación y formulación de los planes de desarrollo agropecuario y forestal, su administración y operación, hasta la evaluación de los mismos.
La federalización plena de las funciones y atribuciones de las actividades y programas del sector entre los niveles de gobierno y los productores, propiciaría instituciones que actúen de manera congruente bajo estrategias comunes, con una administración ágil para ofrecer respuestas oportunas, con un papel protagónico de los productores y un estado que propicie la estructura de soporte a la producción agropecuaria y forestal brindando apoyos, tanto transitorios como permanentes, en capacitación, asistencia técnica, investigación, comercialización, información de mercados y de fomento a la organización de los productores, entre otros.
En ese contexto, la reducción, transferencia y traspaso de funciones y atribuciones de las instituciones federales a los estados, municipios y productores no debe quedar como una simple delegación de facultades, sino que debe servir de base para la elaboración de una nueva política agropecuaria y forestal que dé respuesta y certidumbre a la problemática del campo y de los productores, así como el desarrollo de un modelo de gestión publica acorde al proceso de descentralización propuesto.
En virtud de los argumentos vertidos, proponemos el siguiente:
Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Artículo Unico.- Se reforman para quedar como siguen los siguientes artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
Transitorios
Primero.- Cuando los estados así lo requieran el gobierno federal los apoyará en la realización y aplicación de los programas sectoriales y programas regionales.
Segundo.- Las partidas presupuestales que estaban destinadas al gobierno federal y que resultaron afectadas por las reformas realizadas a la presente ley, deberán ser transferidas a las entidades federativas, las cuales tendran la obligación de asignarlas a los municipios a efecto de que puedan realizar y operar los correspondientes programas sectoriales y planes regionales.
Tercero.- El presente decreto entrara en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
QUE ADICIONA UNA FRACCION XIII AL ARTICULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, A CARGO DE LA C. DIP. ADORACION MARTINEZ TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
La suscrita, diputada federal a la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad de iniciativa consagrada por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa de Decreto, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La educación pública es el elemento que cohesiona la vida nacional dándole sentido de unidad al proyecto de país que los mexicanos constituimos a diario.
La educación pública ha pasado por varias etapas -la positivista, la socialista, la científica- que han obedecido a diversas circunstancias históricas y a distintos criterios políticos que postulan que la educación es una herramienta ideológica y conceptual de enorme relevancia.
A partir de la separación del Estado y de la Iglesia Católica, se optó por una educación que se constriñera a destacar los conocimientos objetivos, derivados del método científico de experimentación y análisis de la realidad, empleando la dialéctica como máxima para sostener verdades inobjetables. Este esquema, apoyado por los avances de la pedagogía, ha propiciado la construcción de un sistema educativo relativamente homogéneo que le ha permitido al país mostrar su identidad y avanzar en los caminos más destacados del desarrollo propuesto en la Carta Constitucional de 1917.
A pesar de lo anterior, se han destacado fallas que radican no sólo en el modelo planteado, sino en la operación del mismo: los maestros han sido objeto de preparación más intensa y orientada a los criterios de enseñanza más modernos, pero distintas deficiencias estructurales de la economía y la política educativa -bajos salarios, control corporativo y falta de cursos continuos y coherentes- han postergado el ideal de maestros óptimamente preparados. El país no ha logrado aún el anhelo de invertir en la educación la parte proporcional del producto interno bruto que recomiendan los organismos mundiales especializados en la materia (8 por ciento anual) y las dificultades que derivan de una larga crisis económica en México y el mundo han impedido que nuestras niñas y niños reciban la mejor opción en materia educativa. A los problemas anteriores se suma el hecho incuestionable de que México ha visto deteriorarse de manera significativa su capacidad para prestar, ampliar y mejorar sus servicios públicos a partir de un incremento poblacional que sigue siendo preocupante.
En este escenario el país se debate en problemas coyunturales y olvida el andamiaje conceptual que estructura su esfuerzo real, en este sentido el problema de la moral pública sigue siendo prioritario y no es atendido o considerado adecuadamente.
La ética social determina nuestro comportamiento como nación y no hemos sabido fortalecerla u orientarla adecuadamente. Nuestros niños y niñas no reciben en las escuelas oficiales una orientación integral en torno a los valores morales que deben prevenir y corregir las conductas de nuestros futuros ciudadanos. La creciente impunidad con que se dan las conductas antisociales es una muestra de que no hemos sido capaces de comprender los efectos preventivos y disuasivos de una moral socialmente difundida y aceptada.
Se asocia, equívocamente, el concepto de "moral" a los ámbitos de la religión. Se considera que es un espacio de lo privado que debe constreñirse a la familia. Grave error que se ha traducido en un concepto equívoco que ha propiciado violencia y crimen, en el marco de la aceptación del éxito económico, el patrimonialismo, el cinismo y el despego general de las conductas sociales a la ética pública.
Esta iniciativa propone una adición al artículo 7 de la Ley General de Educación, para establecer expresamente, entre los fines y objetivos que busca la educación que impartan el Estado sus organismos descentralizados y los particulares, logre que a los educandos del Sistema Educativo Nacional se les inculquen valores, estrictamente cívicos y de ética social, a efecto de que se revierta la tendencia de conceptos invertidos que ha prevalecido en nuestra sociedad de fin de siglo. Una cátedra de valores que le permitan a nuestros niños y niñas conocer una especie de cartilla moral (como la elaborada por Don Alfonso Reyes) que sea producto del consenso de nuestros mejores maestros e intelectuales y que afirme un código ético que ponga en la perspectiva más actual conceptos como la honestidad, el trabajo, la libertad, la necesidad de erradicar violencia y crimen, el apego a la legalidad, al respeto a la persona humana en su más amplio sentido, la convivencia social pacífica y civilizada, el respeto por los valores patrios y la solidaridad internacional, el aprecio por los menores y los ancianos, los derechos de género y minoría y un código ético basado en el humanismo como fuente y razón del propio ser. Si se le enseña a los menores a respetar la vida, se evitarán muchos asesinatos; si se le enseña el respeto la propiedad ajena, bajará el índice de latrocinios; si se le educa en el respeto al medio ambiente, la ecología del país se verá beneficiada.
La ontología de la política verdadera es la ética y esto debe inculcarse a todos los niveles para evitar un pernicioso ejemplo de nuestra lamentable cotidianeidad magnificada por los medios masivos de comunicación y la falta de ejemplos edificantes en una sociedad corroída por la ambición y el cinismo, por la ilegalidad y la impunidad.
La materia propuesta puede crear una base social que apoye el cambio y revierta las tendencias actuales que ponderan el éxito económico y el poder como únicos valores apreciados socialmente.
En materia de educación sexual, si bien se han experimentado avances, sigue prevaleciendo una visión jacobina que limita las referencias a la materia a sus aspectos meramente biológicos, orgánicos y funcionales; sin tratar sus connotaciones sociológicas y la vinculación necesaria del sexo con los valores y el amor, como medios para evitar la lamentable situación que hoy prevalece en la que el sexo es parte de un hedonismo irreflexivo, de una patología social y sus consecuencias visibles, por ejemplo, la deshumanización de los seres que son vistos como objetos de placer; la pornografía y la proliferación de enfermedades, la violencia y el abuso criminal en contra de niños y niñas.
La propuesta enfrenta el reto de parecer una intromisión a los valores que tradicionalmente se han dejado como responsabilidad familiar, pero ha llegado la hora de afrontar el difícil escenario de una aguda descomposición social que tensa las relaciones de la vida pública y oprime las posibilidades de una convivencia adecuada.
México ocupa un lugar ominoso entre los países con prácticas sociales corruptas y es la hora de corregir esta tendencia para poder aspirar a otros logros que aunque prioritarios, se subordinan a los esquemas jerarquizados de valores necesarios.
Nuestra educación pública, por ser nacional y por ser el producto de la voluntad política de todo un pueblo, no puede ser parcial, limitada, ni cercenada por prejuicios formales que impidan una visión integral de la formación del hombre.
El hilo conductor del avance en los países más desarrollados, es una ética pública que permite que la articulación social se desenvuelva de manera tal, que los actores no posterguen sus responsabilidades por otros factores ajenos al bien genérico.
La educación es el instrumento de cambio más duradero, efectivo y real que puede lograr transformar radicalmente una sociedad. No hay inversión más redituable ni más justa, pero su orientación debe ser integral y humana. Una educación técnica y científica, ajena al humanismo resulta insuficiente para desarrollar al hombre que ha de vivir en el próximo milenio.
Esta iniciativa convoca la mejor parte del hombre, aquella que busca un desarrollo integral de su personalidad y requiere de una comprensión ajena a la coyuntura política y electoral y a los intereses partisanos.
México requiere, hoy, una visión, un rumbo que parte, necesariamente de la educación como estructura organizada en beneficio de sus habitantes. El avance científico deshumanizado, la globalización de los conceptos y la universalización de las actitudes, ha degradado la discusión de los temas educativos a meros lugares comunes que al simplificar la realidad la empobrecen y al parcializarla la deforman. El antídoto es regresar a los valores como esencia formativa de hombres y mujeres integrales que basen su éxito no solo en lo material e intelectual sino en la calidad y cantidad de sus logros morales y en el crecimiento espiritual que armonice la conciencia social y signifiquen al hombre y mujer de nuestra patria.
Por los motivos antes expuestos se propone la siguiente Iniciativa de adición de una fracción XIII, al artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 7.- .........................
XIII. Contribuir a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte al educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, así como los valores apegados a la ética social que serán inculcados por el Sistema Educativo Nacional, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el ciudadano, que se ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, atendiendo a la moral, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Las autoridades educativas realizarán las acciones necesarias para la incorporación, en los planes y programas oficiales de estudio, los conceptos, fines y objetivos que se persiguen con la reforma materia del presente Decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 25 de noviembre de 1999.
Dip. Adoración Martínez Torres
DE REFORMAS AL ARTICULO 2-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, A CARGO DEL C. DIP. JOSE JESUS MONTEJO BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
En abril pasado el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional expuso en esta Cámara de Diputados una serie de consideraciones en torno al inequitativo trato fiscal que reciben las entidades federativas donde se realiza la extracción de petróleo, especialmente el caso del estado de Campeche. En esa ocasión también se denunció la discrecionalidad de Petróleos Mexicanos para otorgar recursos a los gobiernos estatales donde opera esta paraestatal.
Si bien la actividad petrolera juega un papel importante en las finanzas públicas y la economía del país en su conjunto, esta situación no se ve reflejada en los ámbitos locales y estatales donde opera Pemex.
Desde que en los años setenta Petróleos Mexicanos realiza sus labores de explotación en las diferentes regiones petroleras, el balance entre los beneficios y los costos que estas actividades le han reportado a las diferentes entidades federativas resulta negativo: daños en los sistemas ecológicos, afectación a las actividades productivas locales, distorsión en los mercados laborales, etcétera.
El gobierno federal ha dado clara muestra de la falta de voluntad política para corregir esta situación, lo que se ha traducido en ausencia de medidas de política pública para revertirla. Igualmente, las posibles iniciativas de reforma para brindar un mejor y más justo trato hacia los estados petroleros, no han sido plasmadas en los cambios a las leyes fiscales que permitan una situación más equitativa.
El fortalecimiento de las haciendas públicas locales y municipales, sin embargo, no puede estar al margen o ignorar las propuestas y los reclamos de estos órdenes de gobierno, ni de sus sociedades, que son los actores más interesados en las transformaciones económicas y fiscales hacia un desarrollo más sostenible.
El caso específico del estado de Campeche muestra las distorsiones a las que ha dado paso el sistema fiscal actual, así como la discrecionalidad con la que Pemex puede establecer negociaciones y acuerdos con un gobierno estatal para otorgarle recursos. Lo anterior se puede observar cuando se analizan los montos de las participaciones por extracción de petróleo: para 1997 éstas fueron del orden de 21.3 millones de pesos, y para 1998 de 12.6 millones. La importancia de dichos recursos dentro del total de las participaciones pagadas a esta entidad federativa resulta sumamente baja y variable: para 1997 representó 1.94 por ciento, y sólo fue de 0.96 por ciento en 1998. En contraste con lo anterior, en 1997 Pemex entregó al gobierno del estado a través de la firma un convenio, donde se incluyó la entrega de recursos en especie y en efectivo, 149.6 millones de pesos, cifra que ascendió en 1998 a 158.8 millones de pesos.
Campeche es hoy la principal entidad productora de petróleo de la República Mexicana, además de su aportación superior a la tercera parte de la producción de gas natural. Sin embargo, a pesar de la riqueza generada, prácticamente no refleja beneficios al estado.
El ejemplo de Campeche puede generalizarse para la situación que viven los demás estados petroleros como Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas, a los cuales el actual sistema de coordinación fiscal no recompensa respecto a su contribución a la hacienda pública por la extracción de petróleo.
La intervención de Pemex para entregar recursos, a través de Convenios, que rebasan con mucho los montos de las participaciones federales, demuestra que existe la capacidad financiera del gobierno federal para aumentar considerablemente los recursos a las entidades federativas y municipios donde se realizan actividades de extracción de petróleo. El problema de fondo, por tanto, radica precisamente en el deficiente marco legal e institucional en el cual se hace esta asignación, y en las prácticas clientelares y discrecionales con los que hasta la fecha se ha llevado a cabo el otorgamiento de beneficios para estas entidades federativas.
Esta situación ha sido expuesta desde hace varios años por los gobiernos de los estados. En este sentido, resulta interesante subrayar los propósitos que se fijó el gobierno del estado de Campeche en su Plan Estatal de Desarrollo 1997-2003, en el cual se resalta la contribución que hace el estado con 75 por ciento de la producción nacional del petróleo crudo y de 37 por ciento del gas natural, situándose como el principal productor de petróleo en el ámbito nacional.
En el Plan también se destacan algunas críticas como la de los pocos beneficios que la actividad petrolera deja al estado, la creciente demanda de servicios públicos, la acelerada explosión demográfica, y los problemas socioeconómicos derivados de la misma como el desplazamiento de la mano de obra local, el poco encadenamiento con otras actividades productivas o las repercusiones negativas que se han generado en las actividades pesqueras y agrícolas, sin contar los daños ecológicos generados en la entidad a partir de los problemas del Ixtoc. Todo lo anterior, además de incrementar los niveles de pobreza, ha generado un creciente descontento de la población del estado con Petróleos Mexicanos.
Entre las propuestas que se manejan en el Plan, para mejorar esta situación, se encuentran: promover "entre los Gobiernos Estatal y Municipal, con Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un nuevo trato fiscal con la Federación, para el incremento de participaciones equitativas derivadas del petróleo" y la creación de la oficina de coordinación con Pemex, con el fin de "tener una ventanilla única para negociaciones con la paraestatal", así como la gestión de mayores recursos de Pemex para atenuar el problema de la migración hacia esta entidad, principalmente.
Sin embargo, las propuestas y reclamos planteadas por el gobierno de Campeche se han ido diluyendo conforme avanza el tiempo. En el primer informe de gobierno todavía se insistió en lo justo e inequitativo del trato fiscal que recibe el estado, apuntándose que:
"En el marco de coordinación con Pemex, el Gobierno del Estado ha procurado en todo momento que la aportación de recursos de esta paraestatal a la Entidad, trascienda la mera formalidad financiera. En sentir del pueblo y gobierno de Campeche, esto debe conllevar a una nueva concepción de las relaciones fiscales de la Federación para con el Estado, que reflejen el verdadero impacto que la actividad petrolera ha tenido en las condiciones socioeconómicas de la Entidad, hecho que implica para el Gobierno de Campeche lograr un trato más justo y equitativo de las participaciones derivadas del petróleo, toda vez que somos los principales productores de petróleo y gas natural en el país."
Pero para el segundo informe de gobierno la referencia sobre este aspecto prácticamente queda olvidada y sólo se hace referencia a los recursos que fueron otorgados por Pemex a través del "Convenio Pemex-Gobierno del Estado."
El pasado 7 de octubre, la legislatura local impulsó nuevamente el debate en torno a este tema y se pronunció en el sentido de "Reclamar ante las instancias federales responsables, Pemex y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el trato justo y equitativo que le corresponde al estado como principal productor de petróleo del país, sirviendo como referencia los recursos que reciben las otras entidades que aportan petróleo y gas a la Nación. Propugnando además por la creación de programas de desarrollo que guarden proporción con el problema social y ecológico ocasionado por la presencia de Pemex en la Sonda de Campeche". Con este objetivo, solicitó formalmente apoyo a esta H. Cámara de Diputados para impulsar las medidas que permitan arribar a reformas legales tendientes a mejorar la situación fiscal del estado de Campeche.
Lo expuesto anteriormente, nos señala la urgencia de proponer reformas que permitan lograr una mayor equidad en el trato fiscal que reciben los estados petroleros. La anhelada reforma fiscal integral ha sido pospuesta durante este sexenio, y no hay señales claras de que se pueda concretar en el corto o mediano plazo. Los cambios que se han dado en la Ley de Coordinación Fiscal para transferir más recursos a entidades federativas y municipios, si bien han posibilitado su crecimiento, éste aún es muy bajo.
En resumen, esta propuesta pretende cubrir la necesidad de introducir reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, que no afecten al sistema de coordinación fiscal, y que a la vez se constituyan como un instrumento de equidad y de justicia para los estados petroleros y da pie para compensar los desequilibrios e injusticias señalados anteriormente.
La propuesta que se hace considera la reforma de la fracción II al artículo 2-A y la adición de una fracción II-Bis del mismo artículo de la Ley de Coordinación Fiscal para aumentar significativamente las participaciones a los Municipios por concepto de extracción de petróleo. Esta reforma contempla clarificar los criterios con los cuales se asignan estos recursos, ser un instrumento compensatorio y resarcitorio para los Estados y Municipios donde se realizan actividades petroleras, así como un elemento redistribuidor de beneficios a los demás Municipios de la Entidad respectiva. Así, 50 por ciento de los recursos por concepto del derecho adicional sobre la extracción de petróleo se canalizaría a las entidades respectivas tomando en cuenta la contribución que dicha entidad realiza en la producción total; para lo anterior se propone considerar el criterio previsto la Fracción I del artículo 4° de la Ley de Ingresos de la Federación. Al mismo tiempo, se propone que el 60 por ciento de estos recursos sean distribuidos a los Municipios por la Entidad que corresponda y el 40 por ciento restante sea manejado por la propia entidad.
Finalmente se propone reformar el último párrafo del artículo 2-A ya que en el texto actual de la Ley se establece que la Federación pagará directamente a los Municipios las cantidades correspondientes por concepto de este derecho.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los abajo firmantes, diputados integrantes de la LVII Legislatura, pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el H. Congreso de la Unión, presentamos el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se reforma el primer párrafo y la fracción II del artículo 2-A, se adiciona también una fracción II-Bis y se modifica el último párrafo del mismo artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
Artículo 2-A
En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán las Entidades y los Municipios, en la forma siguiente:
II.- Recibirán el 25 por ciento del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, las Entidades petroleras que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dichos productos.
II-Bis.- 25 por ciento del derecho adicional sobre la extracción de petróleo para las Entidades Federativas petroleras de explotación de petróleo, gas natural y sus derivados, que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Dichos recursos se distribuirán proporcionalmente al porcentaje con que contribuyan a la producción nacional, a las Entidades tomando en cuenta lo establecido en la fracción I del artículo 4º de la Ley de Ingresos de la Federación.
El 40 por ciento de esos recursos corresponderá a las Entidades señaladas en las fracciones II y II-Bis de este artículo.
Los Municipios de las Entidades que establece el párrafo anterior, recibirán el restante 60 por ciento de los recursos que se distribuirán entre ellos de la forma siguiente:
a) 50 por ciento corresponderá a los Municipios donde se realice la explotación de petróleo, gas natural o sus derivados o sean colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dichos productos.
b) 50 por ciento a los Municipios restantes de la Entidad.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por conducto de Petróleos Mexicanos, informará mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los montos y Municipios a que se refieren los párrafos anteriores.
...
...
...
Las cantidades que correspondan a los Municipios en los términos de la fracción I, se pagarán por la Federación directamente a dichos Municipios.
Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados
a 25 de noviembre de 1999.
La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, desde su instalación y hasta este quinto semestre de actividades, ha llevado a cabo diversas reuniones de trabajo en las cuales se han estudiado, discutido y aprobado diferentes asuntos. A continuación se describen de manera integral las actividades realizadas durante el primero y segundo periodos de sesiones y primero y segundo recesos, del primer año de ejercicio constitucional; así como durante el primero y segundo periodo de sesiones y primero y segundo recesos, del segundo año de ejercicio constitucional; al igual que durante el primer periodo de sesiones extraordinarias, y el inicio de este primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional, de la LVII Legislatura.
I. Se respondió a la consulta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, relativa a la Naturaleza Jurídica de los Acuerdos Parlamentarios, con el propósito de establecer criterios relacionados con los ámbitos formales y materiales de validez de dicho instrumento jurídico.
2. Acuerdo Parlamentario relativo a la organización y reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, aprobado por el Pleno de la Cámara el 28 de noviembre de 1997.
3. Acuerdo Parlamentario para la creación de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, aprobado por el Pleno de la Cámara el 14 de abril de 1998.
1.Anteproyecto de acuerdo parlamentario relativo a las citas, reuniones, foros de consulta y comparecencias en la Cámara de Diputados.
Respecto de este anteproyecto de acuerdo parlamentario, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias atendió al desahogo de la consulta desde el pasado periodo de sesiones ordinarias de marzo-abril de 1998, elaborando un anteproyecto de "Acuerdo Parlamentario para coordinar las actividades de las Comisiones y Comités de trabajo de la Cámara de Diputados". Dicho anteproyecto fue presentado en la reunión de la Comisión celebrada el 12 de marzo de 1998 y, con ajustes, en la reunión de trabajo del 23 de septiembre de ese año, determinándose que, en virtud de que dicho asunto había sido resuelto en las instancias de la Subcomisión y Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, la materia que dicho acuerdo pretendía normar, se incluiría como un tema dentro del relativo a las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Consulta relativa al proyecto de reforma administrativa "Cámara 2000", elaborado por la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados.
Sobre este particular, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política consultó a ésta de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, su parecer sobre la información proporcionada, procediéndose a distribuir entre sus integrantes la documentación respectiva, bajo la opinión genérica de que toda reforma administrativa debe estar supeditada a una visión más amplia de reforma del Poder Legislativo que implica la valoración de sus funciones y relaciones con los otros Poderes de la Unión, en términos de la actualización de su normatividad interna. Conviene mencionar que, en virtud de lo anterior, la Subcomisión de trabajo que procedió al estudio sobre las Iniciativas de reforma a la Ley Orgánica valoró las consideraciones de carácter administrativo que implica el documento elaborado por la Oficialía Mayor, en el contexto más amplio de las reformas a la normatividad interna.
3.Iniciativas de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La primera Iniciativa fue turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el 30 de abril de 1998. Al efecto, se integró una Subcomisión Plural de Trabajo que celebró nueve reuniones (16, 23 y 30 de junio; 7, 14 y 28 de julio; 11 y 25 de agosto; y 30 de septiembre de 1998). En sus deliberaciones, la Subcomisión analizó las opiniones de los diversos Grupos Parlamentarios, sobre temas como: el órgano de gobierno de la Cámara; integración de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y de la Mesa Directiva, sus atribuciones; así como en torno a la estructura y funcionamiento administrativos. El detalle de las opiniones vertidas se encuentra relatado en las minutas de la Subcomisión.
En la reunión del 8 de diciembre del año próximo pasado, el anteproyecto de Dictamen se puso a consideración de los integrantes de esta Comisión, siendo aprobado y remitido para su inclusión en el orden del día más próximo a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Sobre el mismo particular, debemos mencionar que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó un Voto Particular con relación al Dictamen de la mayoría en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El Dictamen fue puesto a la consideración del pleno el 13 de diciembre de 1998, teniendo como resultado 242 votos diputados en contra, y la instrucción de la Mesa Directiva de desecharlo (el Voto Particular fue retirado).
Posteriormente, desde el mes de abril y hasta agosto de este año, la Comisión procedió al análisis y dictaminación de diversas iniciativas de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso, presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el mes de mayo, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En este sentido, se realizaron diversas reuniones en el seno de la Comisión, y de Conferencia con las Comisiones de Estudios Legislativos, Primera; y, de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Senadores, con el objeto de analizar y dictaminar aspectos competencia de ambas Cámaras.
El Dictamen con Proyecto de Decreto de reformas al Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso, fue aprobado en sesión del día 22 de junio de 1999, siendo aprobado por 368 votos. La Minuta Proyecto de Decreto de Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue recibida y analizada en sesión del día 31 de agosto de 1999, siendo aprobado el Dictamen correspondiente, por 376 votos.
4. Acuerdo Parlamentario Relativo al Sistema Electrónico de Control de Asistencia y Votación.
Con fecha 24 de agosto de 1998, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política solicitó a la de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la elaboración de un Acuerdo Parlamentario relativo al Sistema Electrónico de Control de Asistencia y Votación. Al efecto, esta Comisión presentó un anteproyecto que fue conocido en la pasada reunión del 23 de septiembre de 1998, acordándose la formación de una Subcomisión para el efecto de introducir los ajustes finales, pero toda vez que la Subcomisión de Régimen Interno y Concertación Política delegó instrucciones precisas a la Oficialía Mayor, la materia que dicho acuerdo pretendía normar quedó subsanada y se incluirá como un tema dentro del relativo a las reformas a la Ley Orgánica del Congreso.
5. Consulta respecto del procedimiento de decisión parlamentaria en caso de empate en Comisiones Legislativas.
Con fecha 29 de septiembre de 1998, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política turnó a ésta de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, una consulta respecto del procedimiento de decisión parlamentaria en caso de empate en Comisiones Legislativas. Al efecto, se integró una Subcomisión para proceder al estudio y desahogo de la misma, contratándose, por acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión, los servicios de un investigador y tres asistentes de investigación externos para explorar en referencias históricas y de Derecho Parlamentario Comparado relativas a dicho proceso. Se dio cuenta a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de los diferentes documentos y estudios obtenidos, para su discusión.
6. Acuerdo por el que se establece la estructura y el ámbito de competencia de la Tesorería General de la Cámara de Diputados.
Sobre este particular, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política turnó a esta de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y observaciones el anteproyecto de acuerdo por el que se establece la estructura y el ámbito de competencia de la Tesorería General de la Cámara de Diputados. Con fecha 15 de enero del presente año, la Comisión, a través de su Junta Directiva turnó a la Comisión de Régimen Interno el citado acuerdo, sin encontrar observaciones que en el fondo discordaren con la normatividad y la práctica parlamentarias.
7. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el ejercicio de los presupuestos operativos asignados a las Comisiones y Comités legislativos.
Sobre este particular, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política turnó a ésta de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y observaciones el anteproyecto de acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el ejercicio de los presupuestos operativos asignados alas Comisiones y Comités legislativos. Con fecha 1 de marzo del presente año, la Comisión, a través de su Junta Directiva turnó a la Comisión de Régimen Interno el citado acuerdo, sin encontrar observaciones que en el fondo discordaren con la normatividad y la práctica parlamentarias.
8. Dictamen con Proyecto de Decreto para que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre Ricardo Flores Magón.
La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, integró una Subcomisión que se abocara a presentar un anteproyecto respecto de las inscripciones en letras de oro de los nombres Ricardo Flores Magón; Justo Sierra Méndez; y, Defensores de la Patria 1846-1848 y Batallón de San Patricio. Dicha Subcomisión produjo sendos anteproyectos que, una vez consensados por los grupos parlamentarios representados en esta Comisión, fueron firmados por la mayoría y esperan su inclusión en el orden del día que se determine, por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
De igual forma, esta Comisión, en coordinación con el Archivo General de la Nación, montó una exposición en el vestíbulo del Salón de Sesiones los días 19 a 23 de abril, con objeto de que los ciudadanos legisladores se allegaran de mayor información sobre este personaje.
En el mismo sentido, se realizó una conferencia magistral por los Drs. Javier Torres Parés, José Barragán Barragán y de la Mtra. Gloria Villegas Moreno.
Con fecha 28 de octubre se celebró Sesión Solemne para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre "Defensores de la Patria 1846-1848" y "Batallón de San Patricio".
9. Dictamen con Proyecto de Decreto para que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre Justo Sierra Méndez.
La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, integró una Subcomisión que se abocara a presentar un anteproyecto respecto de las inscripciones en letras de oro de los nombres Ricardo Flores Magón; Justo Sierra Méndez; y, Defensores de la Patria 1846-1848 y Batallón de San Patricio. Dicha Subcomisión produjo sendos anteproyectos que, una vez consensados por los grupos parlamentarios representados en esta Comisión, fueron firmados por la mayoría y discutido en la sesión del día 29 de abril del presente, siendo aprobado por 343 votos.
De igual forma, esta Comisión, en coordinación con el Archivo General de la Nación, montó una exposición en el vestíbulo del Salón de Sesiones los días 19 a 23 de abril, con objeto de que los ciudadanos legisladores se allegaran de mayor información sobre este personaje.
En el mismo sentido, se realizó una conferencia magistral a cargo del Lic. Carlos Justo Sierra Bravatta, del Dr. Raúl Cardiel Reyes y del Sen. José Trinidad Lanz Cárdenas.
Con fecha 26 de octubre se celebró Sesión Solemne para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del maestro "Justo Sierra Méndez".
10. Dictamen con Proyecto de Decreto para que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre Defensores de la Patria 1846-1848 y Batallón de San Patricio.
La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, integró una Subcomisión que se abocara a presentar un anteproyecto respecto de las inscripciones en letras de oro de los nombres Ricardo Flores Magón; Justo Sierra Méndez; y, Defensores de la Patria 1846-1848 y Batallón de San Patricio. Dicha Subcomisión produjo sendos anteproyectos que, una vez consensados por los grupos parlamentarios representados en esta Comisión, fueron firmados por la mayoría y discutido en la sesión del día 29 de abril del presente, siendo aprobado por 375 votos.
11. Página de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, integró, dentro de la página de la Cámara de Diputados (http://cddhcu.gob.mx), su sitio Web oficial. En dicho medio, se introdujeron documentos relativos a la integración de la Comisión, así como de su staff; las iniciativas y excitativas que han sido turnadas a la misma; los dictámenes aprobados por la Comisión, las propuestas y consultas que se le han remitido y diversos vínculos a universidades, congresos y sitios de interés. A la fecha se encuentra en proceso de actualización.
IV. Reuniones de Trabajo
Las diversas reuniones celebradas para la atención de los diferentes asuntos antes mencionados, se han desarrollado en las siguientes fechas:
Sesiones, integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados).
1. Iniciativa presentada por el Dip. Gerardo Acosta Zavala, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor de la H. Cámara de Diputados, la Leyenda "Mártires por la Democracia del 2 de Octubre de 1968".- Turnada el 2 de octubre de 1997.
2. Iniciativa presentada por el Dip. Gilberto López Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que se inscriban con Letras de Oro en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, la denominación genérica de "Defensores de la Patria 1846-1848" y "Batallón de San Patricio".- Presentada el 23 de octubre de 1997.
3. Propuesta de la C. Halina Sánchez Romero, para que se incluya el nombre de su extinto padre General de División Joaquín Sánchez Ríos, en el Muro de Honor del Palacio Legislativo por su trayectoria militar en nuestro país.- Propuesta enviada a la Cámara de Diputados con atención a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el Director de Coordinación Interinstitucional y Fomento Cívico de la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, en oficio fechado el 18 de septiembre de 1997.
4. Excitativa solicitada por el Dip. Jorge Durán Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dictamine las iniciativas para que se inscriba con Letras de Oro en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de "Ricardo Flores Magón".- Turnada el 25 de noviembre de 1997.
5. Proposición presentada por el Dip. Salvador Sánchez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, actúe de acuerdo a las facultades expresas que le confieren los ordenamientos jurídicos.- Turnada el 10 de diciembre de 1997.
6. Excitativa presentada por el Dip. Gilberto López Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que se dictamine la iniciativa para que inscriban con Letras de Oro en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, la denominación genérica de "Defensores de la Patria 1846-1848" y "Batallón de San Patricio", presentada el 23 de octubre de 1997.- Turnada el 6 de abril de 1998.
7. Iniciativa presentada por el Dip. Américo A. Ramírez Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para que se reformen los Artículos 38 al 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Presentada el 28 de abril de 1998.
8. Iniciativa presentada por la Dip. Laura Itzel Castillo Juárez, a nombre de CC. Diputadas y Diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos que integran la LVII Legislatura, para que se reformen diversos Artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Presentada el 30 de abril de 1998.
9. Iniciativa presentada por los Diputados Sergio César Jáuregui Robles y Pablo Gómez Alvarez, a nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para que se reformen y adicionen diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Presentada el 30 de abril de 1998.
10. Iniciativa presentada por el Dip. Santiago Padilla Arriaga, a nombre de Ciudadanos Diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y del Trabajo, para que se inscriba con Letras de Oro en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre del ilustre profesor "Justo Sierra Méndez".- Turnada el 24 de septiembre de 1998.
11. Iniciativa presentada por la Dip. Cristina Portillo Ayala, a nombre de Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, para que se inscriba con Letras de Oro en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de la insigne mártir insurgente "Gertrudis Bocanegra Mendoza".- Turnada el 6 de octubre de 1998.
12. Excitativa presentada por el Dip. Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para que se emita el dictamen relativo a la iniciativa presentada el 2 de octubre de 1997, para que inscriba con Letras de Oro en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, la leyenda "Mártires por la Democracia del 2 de Octubre de 1968".- Turnada el 6 de octubre de 1998.
13. Excitativa presentada por el Dip. Ramón Félix Santini Pech, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se emita el dictamen relativo a la iniciativa presentada el 24 de septiembre de 1998, para que inscriba con Letras de Oro en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre del ilustre profesor "Justo Sierra Méndez".- Turnada el 27 de octubre de 1998.
14. Iniciativa presentada por el Dip. Juan José García de Alba Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para que se reformen los Artículos 29, inciso o); y 72, inciso o), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Turnada el 29 de octubre de 1998.
15. Iniciativa presentada por la Dip. Margarita Pérez Gavilán Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para que se adicione un Capítulo IV al Título Tercero y se reformen los Artículos 52 y 55, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Turnada el 29 de octubre de 1998.
16. Iniciativa presentada por el Dip. Benjamín Gallegos Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para que se declare el "Año Nacional del Agua 1999".- Turnada el 19 de noviembre de 1998.
17. Iniciativa presentada por el Dip. Rubén Alfonso Fernández Aceves, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para que se reforme la fracción III, del Artículo 45; y se derogue la fracción III, del Artículo 33, de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Turnada el 19 de noviembre de 1998.
18. Proposición con punto de acuerdo presentada por el Dip. Eliher Saúl Flores Prieto, a nombre de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados, para que se cambie la actual denominación de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados por el de "Comisión de Asuntos Legislativos de Personas con Discapacidad".- Turnada el 11 de diciembre de 1998.
19. Iniciativa presentada por la Dip. Sara Velázquez Sánchez, a nombre de la Comisión de Equidad y Género, para que se reforme la fracción V al Artículo 43, y se cree un nuevo Artículo 52, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Turnada el 12 de diciembre de 1998.
20. Iniciativa presentada por el Dip. Enrique Tito González Isunza, a nombre de la Comisión de Protección Civil, para que se reforme la fracción II, del Artículo 43, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Turnada el 14 de diciembre de 1998.
21. Minuta que remite la H. Cámara de Senadores, con Proyecto de Decreto que crea la Ley Reglamentaria del último párrafo, del apartado c), del artículo 37, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Turnada el 29 de diciembre de 1998.
22. Iniciativa que remite el Congreso del Estado de Campeche a efecto de que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de "Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá".- Turnada el 13 de enero de 1999.
23. Comunicación de los integrantes de "México Unidad de Anáhuac", en la que proponen que en sesión solemne se declare que el presente sea el "Año del Quinto Centenario del Nacimiento de Cuauhtémoc".- Turnada el 10 de febrero de 1999.
24. Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, con el que remite acuerdo para que se instituya oficialmente el 4 de agosto de cada año, como día de la donación y trasplante de órganos, a partir de 1999 y para el año 2000, el lema "2000 Año de la Donación y Trasplante de Órganos".- Turnada el 3 de marzo de 1999.
25. Iniciativa presentada por la Dip. Gloria Lavara Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para que se reforme la fracción II del Artículo 43, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Turnada el 7 de abril de 1999.
26. Iniciativa presentada por el Dip. Jorge Alejandro Jiménez Taboada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para que se derogue el artículo 52 y se adicione con una Sección Primera al Capítulo Quinto del Título Segundo (Artículos 58 A a 58 J), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Turnada el 8 de abril de 1999.
27. Iniciativa presentada por el Dip. César Jáuregui Robles, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Títulos Primero y Segundo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Turnada el 22 de abril de 1999.
28. Iniciativa presentada por el Dip. Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que adiciona un Título Quinto y los Artículos 114 a 117 a la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Turnada el 30 de abril de 1999.
29. Iniciativa presentada por el Dip. Rafael Oceguera Romos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Turnada el 26 de mayo de 1999.
30. Minuta que remite la H. Cámara de Senadores, con Proyecto de Decreto de Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos.- Turnada el 31 de agosto de 1999.
31. Excitativa solicitada por la Dip. Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dictamine las iniciativas para que se inscriba con Letras de Oro en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de la insigne mártir insurgente "Gertrudis Bocanegra Mendoza".- Turnada el 28 de septiembre de 1999.
32. Iniciativa presentada por el Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución democrática, para que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda "A los Mártires de Tlatelolco de 1968".- Turnada el 30 de septiembre de 1999.
Nota: Todos los documentos cuyo estudio ha concluido o se encuentran analizándose -acuerdos parlamentarios, consultas, iniciativas, proposiciones-, están a disposición de los señores diputados que deseen conocerlos, en las oficinas de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, edificio F, primer nivel, extensión 1835.
H. Congreso de la Unión. Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal,
noviembre 25 de 1999.
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
Al Coloquio Internacional Enfrentando el reto del Desarrollo Social, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 1999, en el salón de actos del Palacio de Minería.
Con el propósito de fortalecer el debate y provocar una amplia reflexión sobre los retos que enfrenta México para la superación de pobreza y la desigualdad y encontrar elementos que enriquezcan la vertiente del marco jurídico y normativo, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y la Universidad Autónoma Metropolitana han convocado a investigadores, legisladores y funcionarios públicos especialistas en desarrollo social, a reflexionar y analizar los diversos enfoques y experiencias internacionales de las políticas públicas de desarrollo social y combate a la pobreza.
Programa del Coloquio Internacional: Enfrentando el reto del Desarrollo Social
Miércoles 24 de noviembre
10:00 horas Evento inaugural
10:00 Intervención a cargo del dr. Edmundo Jacobo,
secretario general de la Universidad Autónoma Metropolitana.
10:10 Marco de referencia, diputada Clara Brugada Molina,
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social.
10:15 Intervención del dr. Carlos Jarque Uribe,
secretario de Desarrollo Social.
10:30 Declaratoria de Inauguración, diputado Presidente
de la Junta de Coordinación Política de la Cámara
de Diputados, Arturo Núñez Jiménez.
Maestra de ceremonias: dip. María del Carmen Corral
Romero, secretaria de la Comisión de Desarrollo Social.
10:45 Receso
Mesa 1. Los modelos contemporáneos de la política
social
11:00 Verónica Silva, Ministerio de Planificación
y Cooperación de la República de Chile.
11:30 Rolando Franco, Comisión Económica
para América Latina.
12:00 Marcos Villamán, asesor de la Presidencia
de República Dominicana.
12:30 José Adelantado Gimeo, Universidad Autónoma
de Barcelona, España.
13:00 Comentarista: Manuel Canto Chac, investigador de
la UAM-X.
Comentarista: Pedro Moreno, investigador de la UAM-X.
14:00 Receso
Moderador: diputado Carlos Sobrino Sierra, secretario de la Comisión de Desarrollo Social
Mesa 2. La legislación sobre el desarrollo social
16:00 Dip. Isabel Chamorro Santamaría, Asamblea
Legislativa de la República de Costa Rica.
16:30 Dr. Debbi Singh Saini, Institute for Integrated
Learning in Management, (IILM) Nueva Delhi, India.
17:00 José Luis Ruiz Navarro, Letrado de las Cortes
Generales del Congreso de los Diputados de España.
17:30 Dip. Clara Brugada Molina, Presidenta de la Comisión
de Desarrollo Social.
18:00 Comentarista: Dr. Fernando Castro y Castro Presidente
de la Fundación Miguel Alemán.
Comentarista: Dr. Miguel Carbonell y Sánchez,
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
Moderador: Diputado Rubén Fernández
Presidente de la Comisión de Población
y Desarrollo
Jueves 15 de noviembre
Mesa 3. Experiencias innovadoras y nuevos actores en
el desarrollo social
10:00 Arles Caruso, Montevideo, Uruguay.
10:45 Equidad de género, María de
la Paz López, UNIFEM-ONU
11:30 Diversidad cultural, Francisco López
Bárcenas, Asociación Mexicana para Naciones Unidas.
12:15 Gobierno local y desarrollo social, Gonzalo
de la Maza, Santiago, Chile.
13:00 Comentarista: Leonardo Meza, Fundación Friedrich
Ebert
Comentarista: Dra. Lucía Alvarez, Investigadora
de la UNAM.
13:45 Receso
Moderador: Diputado Luis Patiño Pozas, secretario
de la Comisión de Desarrollo Social.
Mesa 4. México: programas sociales y experiencias
regionales
16:00 Conferencia Magistral, dr. Carlos Jarque Uribe,
Secretario de Desarrollo Social, México.
16:30 Progresa y la superación de la pobreza,
dra. Martha Schteingarth, Colegio de México.
17:00 Centralización/Descentralización
de los programas sociales.
Dr. Gabriel Torres, Centro de Investigaciones y Estudios
sobre Antropología Social de Occidente.
17:30 Desarrollo Productivo, Armando Bartra, Instituto
de Investigaciones Rurales Maya AC.
18.00 Comentarista: Johnatan Molinet.
Moderador: Diputado Armando Aguirre Hervis, secretario
de la Comisión de Desarrollo Social.
19:00 Evento de clausura
Presentación de la relatoría del coloquio
a cargo del Dr. Edmundo Jacobo, secretario general de la UAM.
Clausura
Maestro de ceremonias: Dip. Carlos Sobrino Sierra.
Atentamente
Dip. Clara Brugada Molina
Presidenta
DE LA COMISION DE DISTRIBUCION Y MANEJO DE BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS
A su reunión plenaria de trabajo, el jueves 25 de noviembre, a las 12 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer piso.
Orden del Día
1 . Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura de conclusiones del acta anterior.
3. Análisis de la Iniciativa de Reformas y Adiciones
a la ley General de Salud.
4. Propuesta para estudiar el marco jurídico de
la Ley Federal de Protección al Consumidor.
5. Análisis de la Iniciativa de Decreto sobre
el Derecho a la Alimentación.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Víctor Manuel López Balbuena
Presidente
DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión plenaria, el jueves 25 de noviembre, a las 12 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Verificación del quórum.
2. Instalación de la sesión permanente
de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública,
para el análisis, discusión y aprobación del proyecto
de dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el
ejercicio fiscal de 1998 y del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2000.
3. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Ricardo García Sáinz
Presidente
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
A la visita a la Cámara de Diputados de una Delegación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara de Senadores de las Cortes Generales del Reino de España, presidida por el señor don Joaquín Espert Pérez-Caballero, el jueves 25 de noviembre.
Programa de Actividades
12:50 horas Recepción en la acera oriente de avenida Congreso de la Unión por los secretarios técnicos de las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Fortalecimiento del Federalismo y del Comité de Asuntos Internacionales, acompañados por el director de Relaciones Interinstitucionales y de Protocolo.
Encuentro en la escalinata principal con una Comisión Plural de Diputados encabezada por los Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Fortalecimiento del Federalismo y del Comité de Asuntos Internacionales, diputados Alfredo Phillips Olmedo, Ernesto A. Millán Escalante y Julio Faesler Carlisle, respectivamente.
13:50 horas Comida reunión de trabajo que ofrece en honor de la Delegación de la Cámara de Senadores de las Cortes Generales del Reino de España, el diputado Arturo Núñez Jiménez, Presidente de la Junta de Coordinación Política y Presidente de la X Reunión Interparlamentaria México-España, con la participación de diputados de las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Fortalecimiento del Federalismo y del Comité de Asuntos Internacionales, de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados.
Intervención del diputado Francisco José
Paoli Bolio, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Intervención del senador don Joaquín Espert
Peréz-Caballero, Presidente de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas del Senado Español.
Intervención del diputado Ernesto A. Millán
Escalante, Presidente de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo,
Intercambio parlamentario sobre el Tema Organización
Territorial del Estado Mexicano.
Sesión de preguntas y respuestas.
Entrega de la Medalla Conmemorativa de la LVII Legislatura
de la Cámara de Diputados.
Firma del Libro de Visitantes Distinguidos.
Atentamente
Dip. Alfredo Phillips Olmedo
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
Dip. Ernesto A. Millán Escalante
Presidente de la Comisión de Fortalecimiento del
Federalismo
DE COMISION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS
A su décima primera reunión plenaria, el jueves 25 de noviembre, a las 16 horas, en el salón Leona Vicario ubicado en el edificio H planta baja.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo con funcionarios del Instituto Federal Electoral, el lunes 29 de noviembre, a las 11 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el edificio H, segundo nivel.
El objeto de dicha reunión será realizar el análisis de los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1998.
Atentamente
Dip. Ricardo García Sáinz
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A su reunión de trabajo, el martes 30 de noviembre, a las 14:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y comprobación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación en su caso, del acta de
la sesión anterior.
4. Evaluación de las cuatro etapas del Foro Nacional
de Consulta Pública La salud de los mexicanos.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión
Atentamente
Dip. Santiago Padilla Arriaga
Presidente
DE COMISION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS
A su décima segunda reunión plenaria, el miércoles 1 de diciembre, a las 8:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
A dicha reunión se ha convocado al C. dr. Carlos M. Jarque Uribe, secretario de Desarrollo Social, con el objeto de intercambiar opiniones en relación a los resultados del Programa Nacional de Desarrollo Urbano.
Atentamente
Dip. Angelina Muñoz Fernández
Presidenta
DEL COMITE DE BIBLIOTECA E INFORMATICA
A la presentación del libro Gobierno y Oposición Democrática, que se llevará a cabo el miércoles 1 de diciembre, a las 12 horas, en el vestíbulo de la Biblioteca Legislativa, ubicado en el segundo nivel del edificio C de esta Cámara de Diputados.
Programa
Exposición del autor
Dr. Daniel Ramos Torres, Colegio Nacional de Ciencias
Políticas y Administración Pública, AC.
Comentaristas
Dip. Arturo Núñez Jiménez, Presidente
de la Junta de Coordinación Política.
Dip. Francisco A. Arroyo Vieyra, Presidente del Comité
de Biblioteca e Informática.
Lic. José Patricio Patiño Arias, Presidente
del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración
Pública, AC.
Atentamente
Lic. Gabino González Alvarez
Secretario técnico
DE LA COMISION DE LA REFORMA AGRARIA
Al Coloquio Internacional Reforma Agraria y Desarrollo: la Transformación de la Sociedad Rural en el siglo XXI, el cual se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de diciembre, en la ciudad de Puebla.
Atentamente
Dip. Joel Guerrero Juárez
Presidente
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A la reunión y desayuno que sostendrán diputados con el excelentísimo embajador Bilahari Kausíkan, enviado especial del primer ministro de Singapur y subsecretario de Relaciones Exteriores de ese país, el miércoles 1 de diciembre, a partir de las 8:30 horas.
Programa de Actividades
8:30 horas. Recepción en la acera oriente de avenida Congreso de la Unión por los secretarios técnicos de las Comisiones de Relaciones Exteriores y del Comité de Asuntos Internacionales, acompañados por el director de Relaciones Interinstitucionales y de Protocolo.
Explicación de la fachada principal realizada por
el escultor guanajuatense José Chávez Morado titulada "Alegoría
a la Democracia".
Explicación del Mural realizado en madera tallada
en el vestíbulo principal titulado "Tres Constituciones", obra del
escultor Adolfo Mexiac.
Desayuno que ofrecen en su honor los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
10:15 horas. Entrevista con el diputado Francisco José Paoli Bolio, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Despedida
Atentamente
Dip. Alfredo Phillips Olmedo
Presidente (rúbrica)
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la realización de talleres estatales en la Jornada Nacional para prevenir, atender y sancionar la violencia intrafamiliar, que se llevarán a cabo a partir del 25 de noviembre de 1999 hasta el 29 de febrero del año 2000.
La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión convoca: a sus Comisiones homólogas, así como a las de Derechos Humanos o Asistencia Social en los Congresos de los estados de la República; a las y los Magistrados y Jueces de lo familiar y demás representantes del Poder Judicial; a las Procuradurías de Justicia de los estados; a los Institutos Estatales de la Mujer; a los sistemas DIF y a las y los especialistas en la materia, a sumarse a la "Jornada Nacional para prevenir, atender y sancionar la violencia intrafamiliar", mediante la realización de talleres estatales relativos al tema, que tendrán verificativo a partir del día 25 de noviembre de 1999 hasta el 29 de febrero del año 2000.
Objetivos Generales
Organización y realización de diversos talleres estatales en torno a la violencia intrafamiliar, su legislación y aplicación, a fin de constituir espacios de diálogo, trabajo y propuestas entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con la ciudadanía organizada en el ámbito local.
Conformar las líneas directrices sobre las cuales habrá de definirse una mejor legislación, con un sistema perfeccionado para su aplicación en los ámbitos local y federal en materia de violencia intrafamiliar.
Objetivos Específicos
Construir un puente de comunicación entre la ciudadanía, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el contexto estatal y federal, en relación con las distintas legislaciones sobre violencia intrafamiliar, así como los procesos para su aplicación.
Recopilar diversas propuestas y elaborar un diagnóstico lo suficientemente acabado en torno a la problemática de la violencia intrafamiliar y las herramientas con las que cuentan los poderes locales para su atención y disminución.
Analizar los alcances y los límites que arrojen las distintas experiencias estatales en torno a la aplicación de las actuales legislaciones en contra de la violencia intrafamiliar.
Destacar las líneas básicas convenientes sobre la legislación en materia de la violencia intrafamiliar y su aplicación en todo el país.
Fortalecer los vínculos y aprovechar las acciones emprendidas tanto por la ciudadanía organizada como de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el ámbito de las distintas entidades federativas, en el ánimo de atender, prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar en México.
Los temas específicos a tratar en las Mesas de Trabajo de los Talleres estatales son:
Mesa uno: Políticas
públicas de prevención.
Mesa dos: Procedimientos administrativos, civiles
y penales en materia de violencia intrafamiliar.
Mesa tres: Modelos de atención y formas
de rehabilitación para generadores y receptores (víctimas)
de violencia intrafamiliar.
Mesa cuatro: "Sensibilización" al personal
encargado de brindar apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar
en los sectores de salud y procuración de justicia.
Bases de Participación
Para la participación en cualquiera de las cuatro mesas se les solicita llevar ponencias por escrito (en un máximo de tres cuartillas, por duplicado), cuya presentación no deberá de rebasar los cinco minutos.
Los aspectos no contemplados en la presente Convocatoria serán resueltos por el Comité Coordinador a nivel de los estados.
Atentamente
Dip. Ma. Elena Cruz Muñoz
Presidenta Colegiada en turno
DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
México, DF, noviembre 19 de 1999.
Lic. Ricardo García Sainz Lavista
Presidente de la Comisión de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública
de la H. Cámara de Diputados
PRESENTE
En alcance a mi oficio No 801.11.-0974 de fecha 15 del actual, me dirijo a Usted de la manera más atenta con la finalidad de que, por su amable conducto, se haga del conocimiento de la H. Cámara de Diputados la Fe de Erratas relacionada con el TOMO, 1 Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto de dicho Proyecto. El cambio se ubica en:
CAPITULO VII, AVANCES EN EL FEDERALISMO
Cuadro VII.7 "Recursos a Entidades Federativas por Ramo 33 y Convenios de Descentralización", columna concerniente a "Educación Media Superior y Superior" para el Estado de Aguascalientes, del cual se anexa copia.
Dice: 1,382.7 millones de pesos
Debe decir: 208.6 millones de pesos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Subsecretario
Santiago Levy Algazi (rúbrica)