Comunicaciones

• De los Congresos de los estados de Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tabasco.
• De la Junta de Coordinación Política.

• Proposición de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos sobre la designación de los funcionarios de la Cámara de Diputados.

• De Decreto por el que se autoriza la emisión de una Moneda Conmemorativa de la llegada del año 2000 y el inicio del Tercer Milenio.
• De Decreto por el que se establecen las características de diez monedas correspondientes a especies animales en peligro de extinción en México.
• De Decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa del Quinto Centenario del encuentro de dos Mundos.
• De Decreto por el que se establecen las características de diversas monedas conmemorativas.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal de Variedades Vegetales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
• Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

 
• Que reforma los artículos 85 y 99; adiciona el artículo 94 y deroga el 96, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del C. dip. José Luis Gutiérrez Cureño, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
• De reformas al artículo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Equidad y Género, a cargo de la C. dip. Aracely Escalante Jasso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

 
• De reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del C. dip. Juan Marcos Gutiérrez González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
• Que adiciona el artículo 2, de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del C. dip. Alfonso Carrillo Zavala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

 
• De Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para la creación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, suscrita por diversos grupos parlamentarios.
• De reformas y adiciones a la Ley General de Educación y adiciones a diversos artículos del Código Penal Federal, a cargo de la C. dip. Olga Medina Serrano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Con Punto de Acuerdo para que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, fije los salarios mínimos generales y profesionales para el año 2000, apegado a sus atribuciones y mandatos constitucionales, a cargo del C. dip. Juan Moisés Calleja Castañón, a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
• Con Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en caso de ser necesario y en estricto apego a la realidad, oriente los recursos del denominado "Blindaje Financiero", a cargo del C. dip. Sergio Valdés Arias, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

 
• Con Punto de Acuerdo para la creación de un programa de apoyo a la comercialización del frijol, dentro de la partida del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
• Con Punto de Acuerdo para que se asignen partidas presupuestales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, para los programas de vivienda, a cargo de la Comisión de Vivienda.

• A las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Defensa Nacional, a cargo del C. dip. José Luis Gutiérrez Cureño, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
• A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a cargo del C. Dip. Javier Paz Zarza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que presenta la Comisión de Protección Civil, en relación a su participación en reuniones regionales de prevención para la temporada de Invierno 1999-2000.

• De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a su reunión del jueves 2 de diciembre, a las 10:30 horas.
• De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a su reunión de trabajo con el dr. Santiago Levy Algazi, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el jueves 2 de diciembre, a las 11 horas.
• De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a su reunión de trabajo con el lic. Martín Werner, subsecretario de Hacienda, y el lic. Tomás Ruiz González, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el viernes 3 de diciembre, a las 10 horas.
• De la Comisión de la Reforma Agraria, al Coloquio Internacional Reforma Agraria y Desarrollo: la Transformación de la Sociedad Rural en el Siglo XXI, los días 6, 7 y 8 de diciembre.

 
• De la Comisión de Educación, a su reunión de trabajo, el martes 7 de diciembre, a las 9 horas.
• De la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, a su sesión de trabajo, el miércoles 8 de diciembre, a las 9 horas.
• De la Comisión de Relaciones Exteriores, al Seminario de Politólogos Rusos y Mexicanos, quienes disertarán sobre el tema: Rusia y México en el Mundo Contemporáneo, que se llevará a cabo el día 8 de diciembre, a las 11:30 horas.
• De la Comisión de Equidad y Género, a la realización de talleres estatales para la Jornada Nacional para prevenir, atender y sancionar la violencia intrafamiliar, que se llevarán a cabo a partir del 25 de noviembre de 1999 hasta el 29 de febrero del año 2000.

SESION DEL JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 1999. INICIO 11 HORAS

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de los Congresos de los estados de Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tabasco.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.- (Cambio de integrantes de Comisiones).

Proposición de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos sobre la designación de los funcionarios de la Cámara de Diputados. (votación).

Iniciativas del Ejecutivo

De Decreto por el que se autoriza la emisión de una Moneda Conmemorativa de la llegada del año 2000 y el inicio del Tercer Milenio. (Turno a Comisión).

De Decreto por el que se establecen las características de diez monedas correspondientes a especies animales en peligro de extinción en México. (Turno a Comisión).

De Decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa del Quinto Centenario del encuentro de dos Mundos. (Turno a Comisión).

De Decreto por el que se establecen las características de diversas monedas conmemorativas. (Turno a Comisión).

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal de Variedades Vegetales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

Que reforma los artículos 85 y 99; adiciona el artículo 94 y deroga el 96, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del C. dip. José Luis Gutiérrez Cureño, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

De reformas al artículo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Equidad y Género, a cargo de la C. dip. Aracely Escalante Jasso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

De reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del C. dip. Juan Marcos Gutiérrez González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Que adiciona el artículo 2, de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del C. dip. Alfonso Carrillo Zavala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

De Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para la creación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, suscrita por diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión).

De reformas y adiciones a la Ley General de Educación y adiciones a diversos artículos del Código Penal Federal, a cargo de la C. dip. Olga Medina Serrano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Dictamen

De la Comisión de Relaciones Exteriores con Proyecto de Decreto que concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 10 de diciembre de 1999, a efecto de que realice una visita oficial de trabajo a los Estados Unidos de América. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del l de diciembre.- Discusión y votación).

Proposiciones

Con Punto de Acuerdo para que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, fije los Salarios Mínimos Generales y Profesionales para el año 2000, apegado a sus atribuciones y mandatos constitucionales, a cargo del C. dip. Juan Moisés Calleja Castañón, a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. (Urgente resolución).

Con Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en caso de ser necesario y en estricto apego a la realidad, oriente los recursos del denominado "Blindaje Financiero", a cargo del C. dip. Sergio Valdés Arias, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo para la creación de un programa de apoyo a la comercialización del frijol, dentro de la partida del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal del año 2000, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo para que se asignen partidas presupuestales en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal del año 2000, para los programas de vivienda, a cargo de la Comisión de Vivienda. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución).

Excitativas

A las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Defensa Nacional, a cargo del C. dip. José Luis Gutiérrez Cureño, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a cargo del C. Dip. Javier Paz Zarza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Agenda Política

Comentarios sobre las peticiones de los productores que vienen en Cabalgata, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Debate pactado. 10 - 5)

Comentarios sobre el proceso electoral del pasado 14 de noviembre, en el estado de Hidalgo, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Debate pactado. 10 - 5)

Comentarios sobre la presencia del Presidente de la República dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, en el estado de Tabasco, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Debate pactado. 10 - 5)

Comentarios al Informe de Resultados de la Comisión de Investigación del Funcionamiento de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y Empresas Filiales (Conasupo), a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Debate pactado. 10 - 5)

Comentarios sobre la situación de los Pirotécnicos de Tultepec y la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Debate pactado. 10 - 5)

Comentarios sobre Federalismo Fiscal, a cargo del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Debate pactado. 10 - 5)
 
 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco, a 29 de octubre de 1999.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
México, DF

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, me permito comunicar a ustedes que, en sesión de fecha 28 de octubre del presente año, la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Jalisco aprobó la forma en que quedó integrada la mesa directiva que fungirá durante noviembre del presente año, quedando de la siguiente manera:

Presidente: Dip. Salvador Cosío Gaona

Vicepresidente: Dip. Jaime Hernández González
Vicepresidente: Dip. José Manuel Verdín Díaz

Secretario: Dip. Salvador Arellano Guzmán
Secretario: Dip. José Ma. Tejeda Vázquez

Prosecretario: Dip. Vicente Vargas López
Prosecretario: Dip. Víctor Badillo Martínez

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales procedentes.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. María Carmela Chávez Galindo
Oficial Mayor
 
 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
PRESENTE

Durante la sesión celebrada el 10 de noviembre del año en curso, el Pleno de este Poder Legislativo aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Humano relativo al escrito presentado por la C. Alma Leticia Mata Martínez, mediante el cual solicita que esta Legislatura emita un punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que agilice los trámites de la aprobación de un decreto, al cual se le dio entrada en esa Cámara con fecha 2 de diciembre de 1997, a fin de considerar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera y que se suspendan los operativos de decomiso de vehículos de procedencia extranjera.

En virtud de lo anterior, le remitimos por este conducto copia del expediente formado con motivo del asunto que nos ocupa, para su conocimiento.

Sin otro particular, les reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

José Luis Castillo Domínguez
Dip. Secretario

Manuel José Peña Doria
Dip. Secretario
 

Honorable Asamblea:

A los integrantes de la Comisión de Desarrollo Humano nos fue turnado en sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 1999, para su estudio y dictamen, el escrito que envía la lic. Alma Leticia Mata Martínez, coordinadora estatal de la Unión Campesina Independiente, mediante el cual solicita que el Congreso del estado emita un punto de acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión que, agilice los trámites de la aprobación de un decreto, al cual se le dio entrada a esa cámara mediante iniciativa de fecha 2 de diciembre de 1997, en la cual se considera la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera y que se suspendan los operativos de decomiso de vehículos de procedencia extranjera.

La promovente manifiesta que a los trabajadores migratorios poseedores de vehículos de procedencia extranjera no se les ha otorgado la estancia legal de sus vehículos en el país y hace referencia al decreto mencionado anteriormente, en el cual se establecen altas tasas por el trámite de legalización de dichos vehículos.

Por lo anterior, la promovente pide a la Comisión de Desarrollo Humano:

Los integrantes de la comisión que suscribimos el presente dictamen nos dimos la tarea de estudiar la solicitud presentada por la lic. Alma Leticia Mata Martínez, en la cual solicita al H. Congreso del estado que intervenga a favor de los campesinos con automóviles de procedencia extranjera.

La promovente fundamenta su preocupación respecto a la inseguridad que tienen los miles de trabajadores migratorios que poseen vehículos extranjeros, ya que no se les ha otorgado la estancia legal de sus vehículos en el país, solicitando que el Congreso de la Unión agilice los trámites y resuelva la iniciativa presentada ante ese órgano legislativo en fecha 2 de diciembre de 1997, y se implementen formas de pago a plazo en beneficio de los trabajadores en cuanto a la legalización de sus vehículos, y que en tanto no se emita el decreto se abstengan de decomisar los vehículos de procedencia extranjera.

El asunto en cuestión, así como lo menciona la promovente, ya ha sido planteado ante la autoridad competente, encontrándonos además frente a un asunto de materia federal; por lo tanto, el congreso del estado, no tiene facultad para acelerar el trámite respecto a la promoción presentada ante el Congreso de la Unión relativa a la regularización de los vehículos de procedencia extranjera. Asimismo, el Congreso de la Unión tiene sus propios tiempos para dictaminar. Cabe mencionar que lo estipulado se encuentra fundamentado en el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

"Artículo 65.- El Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, y a partir del 15 de marzo de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

"En ambos periodos de sesiones, el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a la Constitución. En cada periodo de sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señala su Ley Orgánica."

Ahora bien, dentro de las facultades que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado otorga a la Comisión que suscribe el presente dictamen está la de dar cauce a las peticiones de las personas que así lo soliciten a este Poder Legislativo, sometemos a esta Asamblea el remitir la petición que nos ocupa a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para su conocimiento.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos al criterio de este Congreso el siguiente:

Acuerdo

Primero.- Remítase copia del expediente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

Segundo.- Se da por atendida la petición presentada por la lic. Alma Leticia Mata Martínez, coordinadora estatal de la Unión Campesina Independiente.

Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo al promovente, para su conocimiento, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.

Cuarto.- Archívese y téngase por concluido el presente asunto.

Comisión de Desarrollo Humano: Dip. Mario Jesús Peña Garza, Presidente; dip. Enrique Núñez Vela, vicepresidente; dip. Francisco Javier Cantú Torres, secretario; dip. Arturo Cavazos Leal, vocal; dip. Francisco Fuentes Espinosa, vocal; dip José Alberto López Cruz, vocal; dip. José Luis Castillo Domínguez, vocal; dip. Tomasa Rivera Juárez, vocal. (Rúbricas).
 
 
 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE QUERETARO

Santiago de Querétaro, Querétaro,
27 de octubre de 1999.

Dip. Francisco José Paoli Bolio
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura
México, DF

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le comunica que la Quincuagésima Segunda Legislatura, en sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre, eligió la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de noviembre de 1999, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional.

Presidente: Dip. dr. Salvador Rubio Valdez
Vicepresidente: Dip. lic. Carlos Sánchez Ferrusca

Primer secretario: Dip. Esteban Luján Vega
Segundo secretario: Dip. lic. Leobardo Gallegos Martínez

Primer secretario suplente: Dip. lic. José Luis Zepahua Hernández
Segundo secretario suplente: Dip. ing. Ramón Lorence Hernández

Sin más por el momento, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mesa Directiva
Dip. lic. Martín Rubén Galicia Medina
Presidente

Dip. lic. Jesús Martínez Gómez
Vicepresidente

Dip. C. Esteban Luján Vega
Primer secretario

Dip. José Alfredo Botello Montes
Segundo secretario
 
 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora, a 28 de octubre de 1999.

C. Presidente
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
México, DF

La LV Legislatura del estado Libre y Soberano de Sonora, en sesión celebrada hoy, de conformidad con lo establecido por el artículo 14 del Reglamento Interior de este órgano legislativo, previas formalidades de estilo, procedió a la designación de la Mesa Directiva que funcionará durante el mes de noviembre, habiendo quedado integrada de la siguiente manera:

Presidente: Dip. Jorge Santos Dolores
Vicepresidente: Dip. Miguel Francisco López Castro

Secretario: Dip. José Inés Palafox Núñez
Secretario: Dip. Jesús Ortiz Félix
Secretario suplente: Dip. Valentina Ruiz Lizarraga

Lo que nos permitimos comunicar para su conocimiento y demás fines.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dip. Sergio Lugo Mendivil
Secretario

Dip. José Inés Palafox Núñez
Secretario
 
 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

Villahermosa, Tabasco, a 29 de octubre de 1999.

Dip. Francisco José Paoli Bolio
Presidente de la H. Cámara de Diputados
PRESENTE

En cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 19, párrafo quinto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito hacer de su conocimiento que con esta fecha la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco llevó a cabo la elección de presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos legislativos durante el mes de noviembre, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, resultando electos los ciudadanos diputados:

Presidente: Dip. Mariano Trinidad Cano Cantoral
Vicepresidente: Dip. César de la Cruz Osorio

Aprovechamos la oportunidad para saludarle cordialmente.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Marqueza Morales Narvaez

Presidente
Dip. Carlos Alberto Valenzuela Cabrales
Secretario
 
 
 

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Palacio Legislativo, México, DF,
30 de noviembre de 1999.

Dip. Francisco José Paoli Bolio
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
PRESENTE

Adjunto al presente oficio de fecha 30 de noviembre de 1999, suscrito por el diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, donde solicita el siguiente cambio en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por parte de su grupo parlamentario:

• Que la diputada Aracely Escalante Jasso sustituya al diputado Ricardo Castillo Peralta.

Atentamente
Lic. Enrique León Martínez
Secretario técnico
 
 

Palacio Legislativo, México, DF,
30 de noviembre de 1999.

Dip. Francisco José Paoli Bolio
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
PRESENTE

Adjunto al presente oficio de fecha 30 de noviembre de 1999, suscrito por el diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, donde solicita la siguiente integración en la Comisión de Ganadería, por parte de su grupo parlamentario:

• Que el diputado Rogelio Chabolla García, se integre temporalmente en dicha Comisión.

Atentamente
Lic. Enrique León Martínez
Secretario técnico
 
 

Palacio Legislativo, México, DF,
30 de noviembre de 1999.

Dip. Francisco José Paoli Bolio
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
PRESENTE

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento las siguientes sustituciones de diputados priístas en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales:

Que el diputado Jesús Ignacio Arrieta sustituya al diputado Enrique Ibarra Pedroza.
Que la diputada Gloria Xóchitl Reyes Castro sustituya al diputado Enrique Jackson Ramírez.
Que la diputada María del Carmen Moreno Contreras sustituya al diputado Rafael Oceguera Ramos.
Que el diputado Librado Silva García sustituya a la diputada Juana María González Ortiz.

DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCION Y PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS SOBRE LA DESIGNACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Acuerdo por el que se designa a los titulares de la Secretaría General, de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, de la Coordinación de Comunicación Social y de la Contraloría Interna, todos de la Cámara de Diputados. Asimismo, se crea la Coordinación General de Servicios Financieros en el ámbito de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, y se designa a su titular

Considerando

1. Que la nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999, dispone en su artículo 47, párrafo 1, que para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente de sus necesidades administrativas y financieras, la Cámara cuenta con una Secretaría General.

2. Así mismo, en el artículo 48, párrafo 1, del ordenamiento citado en el punto anterior, se indica que la Secretaría General observa en su actuación las disposiciones de la Constitución, de la propia Ley Orgánica y de los ordenamientos, políticas y lineamientos respectivos; y constituye el ámbito de coordinación y supervisión de los servicios de la Cámara de Diputados. El mismo numeral, dispone que la prestación de dichos servicios queda a cargo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, respectivamente.

Se establece también, en el párrafo 2 del dispositivo citado, que el Secretario General de la Cámara será nombrado por el Pleno con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, a propuesta de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el término de cada legislatura, pudiendo ser reelecto.

En el artículo 48, párrafo 3, se ordena que para ser designado Secretario General de la Cámara se requiere:

Se indica, igualmente, que los Secretarios de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara, deberán reunir los requisitos establecidos por la Ley para el Secretario General. El primero de ellos, además, deberá contar con título de licenciado en derecho y acreditar experiencia en las tareas parlamentarias o conocimiento de derecho parlamentario por ejercicio profesional o docencia en ramas afines. El segundo deberá tener título profesional en alguna rama del conocimiento que resulte afín a las funciones de carácter administrativo y contar con experiencia en el servicio público.

4. Que de otra parte, en el artículo 53 de la Ley Orgánica se dispone que la Cámara Cuenta con su propia Contraloría Interna, ubicada en el ámbito de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, cuyo titular será nombrado a propuesta de dicha Conferencia, por las dos terceras partes de los individuos presentes en el Pleno.

5. Que de igual forma, en el artículo 54 de la multicitada Ley, se establece la figura del Coordinador de Comunicación Social, dependiente de la Presidencia de la Mesa Directiva, cuya designación deberá regirse por lo que disponga el Estatuto del Servicio de Carrera; sin embargo, conforme lo señala el artículo Tercero Transitorio, Fracción VI, del Decreto por el que se expide la nueva Ley Orgánica del Congreso, el titular de la Coordinación de Comunicación Social será también designado por el Pleno de la Cámara a propuesta de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos legislativos.

6. Que la fracción VIII del artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley Orgánica estipula que, en tanto se expide el Estatuto relativo a los servicios parlamentarios, administrativos y financieros, la designación de los directores, jefes de oficina y demás se hará conforme a los lineamientos que acuerde la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, tomando en cuenta de manera preferencial al personal que actualmente presta sus servicios en la Cámara de Diputados, siempre y cuando reúna los requisitos para el cargo.

En esta tesitura, y toda vez que resulta necesario proveer de inmediato al adecuado funcionamiento de las tareas de servicios administrativos y financieros a cargo de la Secretaría del mismo nombre, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos ha estimado necesario someter al Pleno de la Cámara la creación de una Coordinación General de Servicios Financieros, en el ámbito de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, para que coadyuve al eficaz cumplimiento de sus funciones en la materia. De la misma forma, se ha estimado pertinente que el servidor público titular de esta Coordinación sea designado, por esta ocasión, por el Pleno de la Cámara mediante los requisitos y mecanismo señalados para la designación del Secretario de Servicios Administrativos y Financieros.

7. Que de acuerdo a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 38, párrafo I, inciso d), en relación con lo señalado por el artículo 48, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso, así como por las fracciones VI y VIII del Artículo Tercero Transitorio del Decreto de 31 de Agosto de 1999 por el que se expidió dicha Ley, corresponde a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, llevar al Pleno para su consideración, los nombramientos para Secretario General, Secretario de Servicios Parlamentarios, Secretario de Servicios Administrativos y Financieros, Coordinador de Comunicación Social y Contralor Interno. Asimismo, es pertinente se acuerde la creación de la Coordinación General de Servicios Financieros a que se refiere el punto anterior, y se designe a su titular, en los términos que señala el ordenamiento citado y de los lineamientos acordados por la Conferencia, en lo conducente.

8. Que una vez que fue integrada la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se abocó a realizar las consultas, análisis y evaluaciones sobre diversas personas que, cumpliendo con los requisitos que señalan el artículo 48, párrafo 3, y Transitorio Tercero, fracciones VI y VIII, de la Ley, pudieran tener los consensos necesarios de los integrantes de dicho órgano colegiado para cumplir con tan importantes encomiendas y ser propuestos para su aprobación al Pleno de la Cámara de Diputados.

9. Que a partir de las consultas realizadas, se ha estimado conveniente someter a la aprobación del pleno la designación del C. Fernando Franco González Salas como Secretario General de la Cámara de Diputados, habiéndose verificado que cumple plenamente con los requisitos, establecidos por la Ley:

10. Que de igual forma, se acordó someter a la consideración y aprobación del Pleno, la propuesta del C. Lic. Alfredo del Valle Espinoza, para ocupar el cargo de Secretario de Servicios Parlamentarios y del C. CP Jorge Valdez Aguilera, para ocupar el cargo de Secretario de Servicios Administrativos y Financieros, habiéndose acreditado que ambos cumplen con los requisitos señalados para la designación de Secretario General.

Adicionalmente, se verificó que el C. Lic. Alfredo del Valle Espinoza, propuesto para ocupar el cargo de Secretario de Servicios Parlamentarios cuenta con título de licenciado en derecho y acredita experiencia en las tareas parlamentarias y conocimiento de Derecho Parlamentario por ejercicio profesional. En cuanto al C. CP. Jorge Valdez Aguilera, propuesto para ocupar el cargo de Secretario de Servicios Administrativos y Financieros, se acreditó también que cuenta con título profesional como Contador Público y tiene amplia experiencia en el servicio público, además de haberse desempeñado hasta la fecha, como Oficial Mayor de esta Cámara de Diputados.

11. Que de igual manera, se estima procedente, someter a la Consideración del pleno, la designación del C. Juan Ulises Hernández Jiménez, como Coordinador de Comunicación Social, de la C. CP. Blanca Leticia Ocampo García de Alba, como Contralora Interna, y del C. CP. Raúl Sánchez Angeles, como Coordinador General de Servicios Financieros para la unidad que se propone crear por virtud del presente instrumento, habiéndose previamente verificado que todos y cada uno cumplen con los requisitos y acreditaciones necesarios para ocupar los cargos que se indican.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, y Tercero Transitorio, fracciones VI y VIII, del Decreto por el que se expidió la citada Ley; y en ejercicio de las atribuciones que le otorgan los artículos 38, párrafo 1, inciso d), y 48, párrafos 2 y 3 de la misma ley, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

PRIMERO.- Se designa a los siguientes ciudadanos, para ocupar los cargos que se indican, con las atribuciones, facultades y obligaciones que señalan los ordenamientos aplicables:

TERCERO.- Los servidores públicos designados, gozarán de las prestaciones y remuneraciones que se determinen para los puestos correspondientes.

CUARTO.- Comuníquese el presente Acuerdo a la Cámara de Senadores, a los Poderes Ejecutivo y Judicial y a las demás autoridades federales y locales que haya menester.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día primero de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos

Dip. Francisco José Paoli Bolio
Presidente (rúbrica)

Dip. Arturo Núñez Jiménez
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI (rúbrica)

Dip. Pablo Gómez Alvarez
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD (rúbrica)

Dip. Carlos Medina Plascencia
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN

Dip. Jorge Emilio González Martínez
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM (rúbrica)

Dip. Ricardo Cantú Garza
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
 
 

DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA EMISION DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DE LA LLEGADA DEL AÑO 2000 Y EL INICIO DEL TERCER MILENIO

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PRESENTES

A lo largo de la historia, las civilizaciones y culturas siempre han dado una importancia especial al inicio y al término de los ciclos del tiempo, de acuerdo con las distintas formas de concebirlo y medirlo. La llegada del año 2000 y el inicio del tercer milenio han despertado un gran interés a nivel mundial, sin que nuestro país sea la excepción.

Es importante señalar que diversas naciones han iniciado programas y actividades para conmemorar tales eventos, destacando la acuñación y emisión de monedas alusivas a los mismos. En este contexto, se emitieron las cuatro monedas cuyas características fueron fijadas en el Decreto publicado el 20 de mayo pasado y las cuales fueron destinadas al mercado numismático.

Como una acción más en ese sentido, se somete a la consideración de esa honorable soberanía la presente iniciativa que propone fijar las características de tres nuevas monedas conmemorativas de la llegada del año 2000 y el inicio del tercer milenio. Estas monedas serían acuñadas en metales industriales y tendrían como valores nominales, una, el de diez pesos y, las otras dos, el de veinte pesos. Las monedas serían de cuño corriente y, por lo tanto, se utilizarían en las transacciones cotidianas.

Entre las características de cada una de las monedas que se pretende emitir, estarían las siguientes:

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes ciudadanos Secretarios, la siguiente iniciativa de

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza la emisión de una moneda bimetálica con valor nominal de 10 pesos, conmemorativa de la llegada del año 2000 y el inicio del Tercer Milenio, de conformidad con el inciso c) del artículo 21 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

VALOR NOMINAL: Diez pesos
FORMA: Circular
DIAMETRO: 28.0 mm (veintiocho milímetros)
COMPOSICION: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de alpaca plateada, que estará compuesta en los siguientes términos:

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrada como sigue:

CUÑOS: ANVERSO: El Escudo Nacional con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicírculo superior.

REVERSO: En la parte central del campo, el círculo de la Piedra del Sol que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego. En la parte superior y al centro, en semicírculo, el símbolo "$" y el numeral "10" como valor nominal flanqueados por el glifo Ollín (relativo al movimiento y al Quinto Sol). A la izquierda, el símbolo de la Casa de Moneda de México, y en exergo la inscripción "AÑO" y el numeral correspondiente al año de acuñación, flanqueados por el glifo Ollín. El borde liso con gráfila de grecas escalonadas.

CANTO: Incuso con la inscripción "AÑO" y el numeral correspondiente al año de acuñación seguido del glifo Ollín, elementos que se repiten en forma continua a lo largo del canto.

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza la emisión de dos monedas bimetálicas con valor nominal de 20 pesos, conmemorativas de la llegada del año 2000 y el inicio del Tercer Milenio, de acuerdo con el inciso c) del artículo 20 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

VALOR NOMINAL: Veinte pesos.
FORMA: Circular.
DIAMETRO: 32.0 mm (treinta y dos milímetros).
COMPOSICION: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

LOS CUÑOS SERÁN:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La acuñación de las monedas a que se refieren los artículos Primero y Segundo del presente Decreto, estará limitada al número de piezas que el Banco de México ordene acuñar durante los años 2000 y 2001. Sin perjuicio de lo anterior, durante los años 1999 y 2000, el Banco de México podrá ordenar la acuñación de las monedas a que se refiere el presente Decreto, con cuños del año inmediato siguiente, las cuales deberán ser consideradas dentro de los limites que correspondan al año que aparezca en su cuño.

Reitero a ustedes, ciudadanos Secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Palacio Nacional, 1 de diciembre de 1999.
Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Ernesto Zedillo Ponce de León (rúbrica)

DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERISTICAS DE DIEZ MONEDAS CORRESPONDIENTES A ESPECIES ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCION EN MÉXICO

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PRESENTES

La protección de especies animales en peligro de extinción requiere ser atendida de manera urgente, para así proteger a la biodiversidad en nuestro país. Por ello, el Gobierno de la República, consciente de la prioridad que debe dársele, ha puesto en marcha diversos proyectos tendientes a la recuperación de dichas especies.

Entre las acciones desplegadas por nuestra nación se encuentra la emisión, a partir de 1997, de una moneda de plata conmemorativa del XXXV aniversario del Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre, en cuyo reverso se muestra al lobo mexicano, actualmente en peligro de extinción.

En ese mismo sentido, la presente iniciativa propone establecer las características de diez nuevas monedas, acuñadas en plata, y cuyos motivos estarían dedicados a algunos de los animales que habitan en nuestro país y que están en peligro de extinción. Estos animales serían los siguientes: el águila arpía; el águila real; el berrendo; el cocodrilo de río; el jaguar; el manatí; la nutria de río; el oso negro; el perrito de las praderas, y el zacatuche.

Finalmente, y considerando los beneficios que el gobierno mexicano ha recibido de la comercialización de monedas acuñadas en metales finos, debido a la tradicional calidad de acuñación de nuestra Casa de Moneda, se puede prever que, de aprobarse la presente iniciativa, ello redundaría en un beneficio económico para el erario nacional y, sin duda, serviría para consolidar nuestra cultura de conservación de especies animales en peligro de extinción.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos secretarios, la siguiente iniciativa de

Decreto

ArtIculo Unico.- Se establecen las características de diez monedas de plata con valor nominal de cinco pesos, correspondientes a especies animales en peligro de extinción en México, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales serán:

ANVERSO: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, la reproducción de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino. El marco liso.

REVERSO:

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Palacio Nacional, 1 de diciembre de 1999.
Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Ernesto Zedillo Ponce de León
 

DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA EMISION DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL QUINTO CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PRESENTES

Diversos países latinoamericanos, entre ellos México, establecieron un programa de emisión de monedas con motivo de la celebración del quinto centenario del encuentro de dos mundos. En el marco de dicho programa se inscribieron los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de julio de 1991, 18 de julio de 1994 y 10 de mayo de 1996, en los cuales se señalaron, respectivamente, las características de la primera, de la segunda y de la tercera monedas de plata conmemorativas de este evento, mismas que han tenido una amplia aceptación en el mercado numismático mundial.

Actualmente, los países participantes en el citado programa han estimado conveniente emitir una cuarta serie de monedas iberoamericanas dedicadas, en esta ocasión, a resaltar la importancia histórica que para el hombre ha tenido el caballo.

Ahora bien, la expectativa que el mercado numismático tiene respecto de esta cuarta moneda conmemorativa, así como los beneficios que el Gobierno mexicano ha recibido de la comercialización de monedas acuñadas en metales finos, debido a la tradicional calidad de acuñación de nuestra Casa de Moneda, nos permite suponer que de aprobarse la presente iniciativa ello redundará tanto en un beneficio económico para el erario nacional, como, lo más importante, en el fortalecimiento de los vínculos de fraternidad que nos unen con el resto de los países iberoamericanos participantes.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes ciudadanos Secretarios, la siguiente iniciativa de

DECRETO

ARTICULO UNICO. Se autoriza la emisión de una cuarta moneda de plata conmemorativa del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos, de conformidad con el inciso c) del articulo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

a) Valor nominal: Cinco pesos.

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a ustedes, ciudadanos Secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Palacio Nacional, 1 de diciembre de 1999.
Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Ernesto Zedillo Ponce de León
 

DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERISTICAS DE DIVERSAS MONEDAS CONMEMORATIVAS

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

PRESENTES

Una de las finalidades de la emisión de monedas conmemorativas en metales finos es la de resaltar acontecimientos históricos de trascendencia nacional e internacional, así como celebrar aquellas fechas representativas de nuestro desarrollo como Nación soberana.

La iniciativa tiene como finalidad proponer a esa soberanía la modificación de diversas monedas a fin de que en las mismas, en sustitución del año de acuñación, aparezca el año correspondiente al aniversario que conmemoran.

De aprobarse esta iniciativa por esa soberanía, se modificarían las características de las monedas conmemorativas siguientes:

Finalmente, la iniciativa propone hacer algunas precisiones que resultan necesarias a los datos que se señalan en la descripción de los elementos de algunas monedas.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos Secretarios, la siguiente iniciativa de

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo primero del Decreto por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas para celebrar el 175 aniversario de la Iniciación de la Independencia Nacional y el 75 aniversario del Comienzo de la Revolución Mexicana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985, para quedar como sigue:

"ARTICULO PRIMERO.- .............

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo segundo del Decreto que autoriza la emisión de las monedas de plata conmemorativas del XXV Aniversario del Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1986, para quedar como sigue:

"ARTICULO SEGUNDO ....................

ANVERSO: ..............................................

"ARTICULO UNICO.- ........................

"ARTICULO UNICO.- ..................

"ARTICULO UNICO.- ........................

"ARTICULO UNICO ................................

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las monedas cuyas características se modifican acuñadas en metales finos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto continuarán en circulación.

Reitero a ustedes, ciudadanos Secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Palacio Nacional, 1 de diciembre de 1999.
Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Ernesto Zedillo Ponce de León (rúbrica)
 
 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE LA LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Gloria Lavara Mejía, Aurora Bazán López y Jorge Alejandro Jiménez Taboada, diputados de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Comercio y Fomento Industrial para su dictamen, y de Ecología y Medio Ambiente para emitir opinión, y con posterioridad a su discusión en el Pleno de la H. Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:

Exposición de Motivos

Las dificultades ambientales que atraviesa la especie humana son diversas; la erosión de los suelos y sus efectos sobre la seguridad alimentaria; el deterioro de las cuencas hidrológicas, así como la pérdida de la diversidad biológica, que a diferencia de las demás es irreversible, ponen en peligro su existencia.

Así, la amenaza que se ciñe sobre el desarrollo de la agricultura, los procesos productivos y los consumidores, hoy más que nunca, parecen ser definitivos.

El notable incremento de la población, aunado al control que ejercen los mercados internacionales sobre la obtención de diversos productos agrícolas, ha llevado a pensar a algunos que lo primordial para el campo es la máxima producción posible; primero, para lograr colmar las necesidades del número cada vez más grande de individuos que nacen y que tienen la prioritaria necesidad de recibir alimentos para sobrevivir, y segundo, para que las empresas que producen los alimentos, también obtengan buenos rendimientos con su actividad productiva.

Nuestro país, desafortunadamente, depende todavía alimentariamente de esas grandes empresas que ahora, han adoptado otros senderos para eficientar la producción de algunos vegetales aunque sea a costo del equilibrio ecológico y ambiental.

La innovación de métodos de mejoramiento genético de los productos agrícolas, es la alternativa que las empresas productoras han ofrecido para lograr el objetivo de conseguir el mayor rendimiento productivo.

De esta forma dichas empresas, bajo el argumento de que la ciencia puede contribuir a una mayor producción y desarrollo alimentario en el corto plazo, han realizado investigaciones en el campo de la manipulación del material genético de diversas especies de vegetales y semillas, y con ello evitar que las plagas y condiciones atmosféricas cambiantes, entre otras circunstancias, sigan perjudicado la producción actual.

Nuestro país, hasta el momento, se ha tenido que ver orillado, por la falta de alternativas, a consumir productos transgénicos. Así, se importa cerca de 80 millones de toneladas de maíz al año, y cerca del 70% de las mismas fue obtenido mediante procedimientos de mutación genética.

Los riesgos que presentan los organismos genéticamente modificados, son extensos. Los científicos de diversos países del mundo han alertado sobre los posibles efectos que dichos organismos pudieran ocasionar al ser humano en su consumo.

La creación de nuevas enfermedades y debilidades al ser humano; los peligros de las transferencias no naturales de genes de una especie a otra sean del mismo o de diferentes reinos; los daños irreversibles y transmisibles ocasionados por la ingeniería genética; la competencia a la que se sumarían las nuevas especies para trasladar a las tradicionales en detrimento del medio ambiente, así como la amenaza global del abastecimiento alimenticio de la humanidad, y principalmente, el colapso del balance fisiológico humano, son tan solo algunos ejemplos de los efectos e inconvenientes de la utilización de organismos genéticamente modificados

Plantas y bacterias modificadas en su estructura genética, han sido liberadas en el medio ambiente natural, y no en el de experimentación, produciendo semillas mejoradas genéticamente que son resistentes a los herbicidas, pero con el riesgo de que se desarrollen nuevas bacterias que sean inmunes a los antibióticos, respecto de las cuales, de resultar algún problema grave e inmediato, no encontraríamos de momento un remedio inmediato y eficaz para combatirlas.

Tal vez, lo más preocupante de todo es que no hay forma posible de lograr que la situación ecológica prevaleciente vuelva a la que tenía antes de ser liberado el organismo modificado genéticamente, es decir, es irreversible; una vez que éste ha sido soltado al medio ambiente, la contaminación genética producida no puede ser limpiada, ésta sobrevivirá tanto como vida habrá en la Tierra, con el riesgo de desplazar a las especies existentes de por sí mermadas.

De lo anterior podemos darnos cuenta de la importancia que la manipulación de organismos genéticamente modificados es capaz de ocasionar en nuestro organismo, en el de nuestros descendientes y en todo el entorno ecológico.

La actual producción agraria ha perdido de vista la importancia que merece la conservación de los recursos biológicos naturales para ceder a favor de un mayor volumen en la producción.

Las innovaciones biológicas que a últimas fechas se han producido, proporcionan algunas aparentes e inmediatas ventajas dentro del proceso de producción agrícola, a cambio de un riesgo que la humanidad ni está dispuesta a asumir y que para acabar pronto, ni sabe.

Para incorporar a los productores nacionales a la competencia globalizadora en materia de producción de innovaciones vegetales, se han expedido diversas disposiciones legales con ese fin. Así, se adecuó la Ley de la Propiedad Industrial y se expidió la Ley Federal de Variedades Vegetales, donde se reconocen derechos a los inventores y a los obtentores mediante patente o título.

Hasta ahora, tanto innovadores como obtentores no se han visto limitados en su producción por el cumplimiento de requisitos legales que eviten la producción de variedades u innovaciones biológicas que pudieran afectar al medio ambiente o la salud del hombre.

No tenemos por qué esperar a que tales innovaciones o variedades surtan efectos en detrimento de la salud de los mexicanos o del equilibrio ecológico de los ecosistemas, para tomar cartas en el asunto.

El Partido Verde Ecologista de México como férreo defensor del medio ambiente, lucha por la preservación de los recursos biológicos con que cuentan nuestro país, y para ello, procura que las innovaciones biológicas protegidas mediante reconocimiento expreso de la autoridad, cumplan requisitos de sustentabilidad; es decir, que con las innovaciones biológicas ni con las variedades vegetales no se altere o modifique al medio ambiente ni se ponga en riesgo la salud de las personas.

La manipulación genética de organismos, tal y como hoy la conocemos, no ha determinado con precisión el impacto que su presencia ocasionaría en los ecosistemas; negándoseles de entrada la oportunidad a los consumidores de saber y determinar sus compras de los productos alimenticios, sabiendo de antemano si éstos o sus ingredientes fueron o no alterados genéticamente, sin que para ello existan indicaciones precisas de los productos que así lo establezcan.

Luego de expuestos los posibles peligros que la modificación genética de alimentos producen en la salud de las personas, no resulta difícil percatarnos de la complejidad del problema y de la urgencia en resolverlo.

Por tal razón, los diputados del Partido Verde Ecologista de México, comprometidos con la población mexicana para atender los problemas del medio ambiente y de salud de los habitantes de la República, presentamos esta iniciativa de Ley para aminorar o en todo caso erradicar los riesgos que exponen la estabilidad ecológica del medio ambiente y la preservación de nuestra especie en el planeta.

En suma, no tenemos por qué agregar a los problemas ambientales que enfrenta actualmente la humanidad, otro más que parecería la firma condena a la desaparición de nuestra especie; permitirlo, actuar a oídos sordos respecto de situaciones que alteran nuestro entorno ecológico con la posibilidad de perjudicar gravemente nuestra salud y la consiguiente falta de participación legislativa para poderlo controlar a tiempo, sería irresponsable de nuestra parte como legisladores.

Nuestra tarea hoy, será la de aportar soluciones a los problemas que en muchas ocasiones nos rebasan, pero que tenemos que regular a tiempo para evitar sus efectos negativos; nosotros por nuestra parte, tratamos de actuar con prontitud para salvar a la humanidad del peligro que la acecha. De la presteza y debida atención que le den las Comisiones a las que les sea turnada ésta iniciativa, dependerá el aseguramiento de un futuro prometedor y sin deficiencias agregadas, a los que el hombre moderno se esfuerza en sumir a toda la humanidad.

Por ello, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:

Decreto por el que se reforma el artículo 20 y se adiciona una fracción V al artículo 47, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, y se adiciona una fracción V al artículo 7° y se reforma los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 4° y el párrafo segundo del artículo 39° de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 20 y se adiciona una fracción V al artículo 47 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 20.- La invención genética que el solicitante pretenda patentar, deberá contar con un informe de impacto ambiental en el que se especifique los posibles riesgos y efectos que la innovación tendría en el ser humano y en el medio ambiente.

Dicho informe, para que surta los efectos a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser aprobado por la Secretaría de Ecología, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en términos de lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Los procesos biológicos a que se refiere la fracción I del artículo 16 de esta Ley, deberán, igualmente presentar el informe de impacto ambiental a que se refieren los párrafos anteriores para obtener la patente.

Artículo 47.- ...

...

...

...

...

En los casos de innovaciones genéticas, así como de procesos biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales donde intervengan esas innovaciones, deberá presentarse un informe de impacto ambiental aprobado por la Secretaría de Ecología, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que explique detalladamente los posibles efectos que en el ser humano y al medio ambiente ocasionarían.

Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción V al artículo 7° y se reforma los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 4° y el párrafo segundo del artículo 39°, todos de la Ley Federal de Variedades Vegetales, para quedar como sigue:

Artículo 4°.- ...

...

...

Diez años para especies perennes (forestales, frutícolas, vides, ornamentales) y sus portainjertos, y

Cinco años para las especies no incluídas en el inciso anterior.

Artículo 7.- ...

...

...

...

...

Sustentable.- Tendrá esta característica la variedad vegetal que por su presencia, uso y demás efectos, conserve, sin alterar, el equilibrio ecológico del medio ambiente en el que sea depositada para su desarrollo o reproducción, ni la salud de los consumidores, sean éstos humanos o no.

Artículo 39.- ...

Cualquier persona podrá hacer del conocimiento de la Secretaría la existencia de hechos que puedan dar lugar a la nulidad de un título de obtentor, así como solicitarla cuando la variedad vegetal no sea sustentable.

Transitorios

Unico.- Las reformas del presente Decreto entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días del mes de Noviembre de 1999.

Diputados: Jorge Emilio González Martínez, coordinador; Verónica Velasco Rodríguez, vicecoordinadora; Aurora Bazán López, Gloria Lavara Mejía, Jorge Alejandro Jiménez Taboada.
 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

Jorge Emilio González Martínez, Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Aurora Bazán López, Verónica Velasco Rodríguez y Gloria Lavara Mejía, diputados de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Salud, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la H. Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:

Exposición de Motivos

La salud de la población depende de la atención integral que le instituciones le den. De este modo, tanto los padecimientos fisiológicos como los mentales, deben ser atendidos con igual importancia para procurar que la sociedad parta de las mejores condiciones para poder desarrollarse.

Las instituciones de salud en México han dado prioridad a que las enfermedades más graves, es decir aquellas que provocan mayores daños al grueso de la población, sean atendidas lo más pronto posible.

En ese sentido, la erradicación de antiguos padecimientos que dejaron sin la oportunidad de trabajar y desarrollarse más adecuadamente de acuerdo a sus potencialidades a generaciones pasadas, ha quedado atrás para abrir paso a la atención de nuevas patologías que si no menos importantes, también afectan a la población mexicana.

Así, las instituciones de salud de nuestro país han preferido darle mayor atención a los padecimientos fisiológicos del grueso de la población que a los de carácter psicológico.

De este modo, el rubro de salud mental, ha quedado un tanto rezagado respecto de los avances médicos que en materia de patologías fisiológicas se refiere.

Las actuales condiciones sociales y de mercado, donde la competencia malsana, el desempleo y la desesperación condenan a miles de mexicanos a la miseria y al abandono, así como la concentración de las grandes urbes, donde el ruido es excesivo y los diversos contaminantes que se arrojan afectan el equilibrio psicológico de las personas, provocan que los habitantes de las ciudades, de los cinturones de miseria y en general, los que atraviesan situaciones graves de desesperanza y de continuo estrés, padezcan cada vez con mayor frecuencia, enfermedades relacionadas con la salud mental.

Las personas que por desgracia padecen algún tipo de disfuncionalidad psicológica, difícilmente pueden ser atendidas por instituciones especializadas de salud, dado que en su mayoría éstas son de carácter privado y las que dependen del Estado no han recibido el apoyo ni la atención suficientes para ampliar la cobertura de atención de personas que sufren dichos padecimientos.

Esto parece comprobarse con los escasos recursos que se tienen programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el rubro de salud mental, comparados con los recursos generales destinados a ese sector.

Aunado a lo anterior, las personas que están dentro de los hospitales para personas con patologías mentales, en la mayoría de los casos no son bien atendidos.

No se les proporcionan medicamentos, no se les trata ni respeta como a cualquiera de las personas, violándoseles los más elementales derechos humanos, ni, en última instancia, se les ayuda a aliviar los padecimientos que bien pueden ser curados de manera definitiva si para ello se les proporciona un tratamiento adecuado a sus disfuncionalidades.

El Partido Verde Ecologista de México, desde sus inicios se ha preocupado por el trato que se les da a esas personas que no por el hecho de padecer algún tipo de enfermedad, merecen un trato infrahumano.

Antes bien, a ellos se les debe procurar una consideración especial y ayudárseles para que puedan superar las dificultades por las que atraviesan.

La sociedad mexicana, los diversos actores y sociales, así como las instituciones de salud privadas, públicas y sociales deben sumar esfuerzos para evitar que el maltrato a los enfermos mentales siga todavía siendo una realidad de la que nadie está exento.

Para ello, la reforma al capítulo relativo a la salud mental de la Ley General de Salud se muestra no sólo necesaria sino un imperativo para actualizar la efectividad de los derechos humanos en nuestro país, del que estamos orgullosos.

Por ello, respetuosamente, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos permitimos someter a esta Comisión Permanente de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente

Decreto por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 75 de la Ley General de Salud.

Artículo Unico.- Se adicionan cuatro párrafos al artículo 75 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 75.- ...

Toda institución de salud mental deberá contar con un Comité Bioético de Vigilancia, el cual deberá estar integrado por un psicólogo, un médico, una enfermera y un abogado, con el fin de comprobar que se está dando un adecuado trato a las personas con padecimientos mentales.

Dicho Comité tendrá por objeto cerciorarse que a los enfermos mentales se les proporcione un trato humano y que su tratamiento sea oportunamente proporcionado por el personal del centro de salud mental, y deberá presentar a la Secretaría un informe anual de las actividades que dicho Comité realiza, así como de los avances que en su tratamiento tienen los pacientes y del respeto de sus derechos.

El Comité deberá reunirse por lo menos dos veces al mes o cuando así lo solicite cualquier interesado; para este segundo caso, el Comité deberá emitir una resolución en un plazo no mayor de veinticuatro horas y remitirlo a la Secretaría de Salud en un plazo no mayor de setenta y dos horas.

La Secretaría de Salud, deberá cerciorarse de la existencia de dicho Comité y de su correcto funcionamiento. Para tal efecto, podrá realizar visitas de inspección para cerciorarse de que el Comité ha sido instalado y que en sus actuaciones no se encuentran irregularidades. Las instituciones de salud mental que no cumplan con lo dispuesto en este artículo, serán sancionadas conforme a lo dispuesto en el Capítulo de sanciones de esta Ley.

Transitorios

Unico.- Las reformas del presente Decreto entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 02 días del mes de Diciembre de 1999.

Diputados: Jorge Emilio González Martínez, coordinador; Verónica Velasco Rodríguez, vicecoordinadora; Aurora Bazán López, Gloria Lavara Mejía, Jorge Alejandro Jiménez Taboada.
 

QUE REFORMA LOS ARTICULOS 85 Y 99; ADICIONA EL ARTICULO 94 Y DEROGA EL 96, DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A CARGO DEL C. DIP. JOSE LUIS GUTIERREZ CUREÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

José Luis Gutiérrez Cureño, diputado federal, de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, iniciativa de modificaciones a los artículos 85, 99 numeral 1, 102 numeral 1, 113 numeral 1, 109 numeral 1, 94 numeral 1 e inciso i) y se le adicionan siete incisos, y se deroga el artículo 96, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La propuesta de reformas legales que presento, se funda en la siguiente:

Exposición de Motivos

Debido a que la situación económica del país exige una austeridad republicana y que líderes de opinión pública, como dirigentes de partidos políticos, intelectuales y un amplio sector de la población así lo han exigido en diversos foros, en cuanto a que se deben destinar recursos en áreas prioritarias que permitan un desarrollo social y una superación de las oprobiosas condiciones de vida de millones de mexicanos, y que se deben hacer los ajustes presupuestarios correspondientes para evitar el gasto innecesario de recursos públicos.

Es así, como a través de un amplio análisis de las funciones de las Vocalías y Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral; y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en sus niveles central, local y distrital, han permitido observar que las funciones de las vocalías antes señaladas pueden ser realizadas por un sólo órgano, es decir que con una buena planeación de su agenda de trabajo se pueden realizar a cabalidad y con eficiencia las atribuciones de ambas dependencias.

Y que ligado a lo anterior, como se establece en el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales en sus artículos 85, 94, 96, 99 y 109 en la que se sustentan la integración y las funciones que le corresponden desarrollar a los distintos órganos de la Junta General Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral, la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, las Juntas Locales Ejecutivas y las Juntas Distritales Ejecutivas.

Dichas funciones de los órganos de Organización y Capacitación Electoral se pueden fusionar, gracias a que los actos de ambos organismos se entrelazan y dependen unos de otros, con dicha fusión de estas dependencias se permitirá obtener mayores recursos y ahorro que se podrán destinar a programas prioritarios y la derivación de estos en sus proyectos que son fundamentales para el buen funcionamiento de toda la estructura electoral, pero principalmente durante los procesos electorales y la jornada electoral.

Con ello, todos los procesos electorales deben y deberán regirse bajo los principios de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad y Objetividad, y que dichos preceptos se pueden alcanzar mediante instrumentos confiables que deben perfeccionarse de manera permanente y que tienen una importancia política y social como lo es el Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores.

Por lo anterior, los recursos económicos que se destinen al IFE deberán estar mejor distribuidos en programas y proyectos que son verdaderamente prioritarios, tales como la depuración y perfeccionamiento del Padrón Electoral, con el fin de elevar su certeza y confiabilidad, ya que es un instrumento que permanentemente se está desactualizando. En este sentido queda claro, que la Credencial para Votar con Fotografía es el documento de mayor reconocimiento personal, político, jurídico, social y de ubicación territorial de todos los ciudadanos mexicanos y que es reconocido por diversas instancias gubernamentales, privadas y sociales con fines de identificación y ubicación personal.

En este sentido, cabe mencionar que los órganos del Registro Federal de Electores, tanto a niveles Central, Locales y Distritales tienen una actividad permanente durante todo el año haya o no haya procesos electorales federales, en tanto que los órganos de Organización y Capacitación también en sus diversos niveles tienen actividad vinculada que solamente durante los procesos electorales funcionan de manera plena.

Además de que, las funciones que realizan ambos responsables en cualesquiera de sus niveles de acción, pueden unificarse y redistribuirse mediante la descentralización y delegación de responsabilidades en el personal de apoyo que se contrate durante los periodos en que se lleven a cabo los procesos electorales federales.

Por lo anteriormente expuesto, se propone fusionar las áreas de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Federal Electoral, lo cual redituará en una ahorro de por lo menos un salario a nivel central, de 32 a nivel local y de 300 a nivel distrital, y que se podrán redistribuir a otras áreas que así lo requieran.

Por lo antes expuesto, las reformas legales que propongo son en los siguientes términos:

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 85, 102 numeral 1, 113 numeral 1, 99 numeral 1, 109 numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 85.- La Junta General Ejecutiva del Instituto será presidida por el presidente del Consejo y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los Directores Ejecutivos del Registro Federal Electoral, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización y Capacitación Electoral y Educación Cívica, del Servicio Profesional Electoral, y de Administración.

Artículo 102.

1. Los Consejos Locales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un Consejero Presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 82 párrafo uno, inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como vocal ejecutivo; seis consejeros electorales y representantes de los partidos políticos nacionales. Los vocales de Organización. Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

Artículo 113.

1. Los Consejos Distritales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero Presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 82 párrafo uno, inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo Distrital; seis consejeros electorales, y representantes de los partidos políticos nacionales. Los vocales de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

Artículo 99.

1. Las Juntas Locales Ejecutivas son órganos permanentes que se integran por: el Vocal Ejecutivo y los Vocales de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica, del Registro Federal de Electores y el Vocal Secretario.

Artículo 109.

1. Las juntas Distritales Ejecutivas son los órganos permanentes que se integran por: el Vocal Ejecutivo, los Vocales de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica, del Registro Federal de Electores, y un Vocal Secretario.

ARTICULO SEGUNDO. Se modifica el numeral 1 del artículo 94 y el inciso i; y se adicionan siete incisos, para quedar como sigue:

Artículo 94.

1. La Dirección Ejecutiva de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones:

Artículo 96.- Derogado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para los efectos de esta reforma se entenderá que las referencias a las Direcciones y Vocalías de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, serán entendidas a partir de la aprobación de esta reforma a la Dirección y Vocalías de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica a que hace referencia esta reforma.

Por lo anteriormente expuesto,

Atentamente pido:

Primero. Se me tenga por presentado iniciativa modificaciones a los artículos 85, 99 numeral 1, 102 numeral 1, 113 numeral 1, 109 numeral 1, 94 numeral 1 e inciso i) y se le adicionan siete incisos, y se deroga el artículo 96, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Segundo. Se turne de inmediato a las Comisiones para su dictamen, siguiéndose con el trámite correspondiente.

Atentamente
Diputado José Luis Gutiérrez Cureño

Recinto Legislativo de San Lázaro,
1 de diciembre de 1999.
 

DE REFORMAS AL ARTICULO 3, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EQUIDAD Y GENERO, A CARGO DE LA C. DIP. ARACELY ESCALANTE JASSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

La que suscribe, legisladora de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la H. Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa por la que se reforma y adiciona el artículo 3º constitucional, con la finalidad de destacar los derechos de las mujeres y propiciar una cultura de mayor equidad y género en los niveles preescolar, primaria y secundaria bajo la siguiente.

Exposición de Motivos

Las Mujeres de hoy, aspiran a vivir en un México justo, democrático e igualitario, que las incluya y las vuelva copartícipes del desarrollo nacional.

Las mujeres mexicanas quieren dejar de ser simples espectadoras para transformarse en factor decisivo en la concepción y elaboración de un proyecto nacional donde obtengan acceso equitativo a la educación, al trabajo valorado y debidamente remunerado, a una mayor participación política y a la posibilidad de lograr aquellas condiciones que permitan la cabal contribución de las mujeres a la vida colectiva.

El inicio de toda transformación social parte necesariamente de la toma de conciencia colectiva en la búsqueda de cambios que permitan el bienestar de la sociedad.

Encontramos hoy en día, avances significativos para la mujer mexicana, sin embargo, problemas de educación, pobreza, salud pública, desconocimiento de los derechos y la violencia intrafamiliar, entre otros, provocan que muchas mujeres permanezcan marginadas e invalidadas a ejercer sus derechos con plenitud, es decir, con todas aquellas prerrogativas que las leyes le otorgan.

Este fenómeno social es gestado a partir de que muchas niñas mexicanas pierden el autoestima a partir del manejo de los valores que reciben desde sus hogares y a la influencia que ejercen los medios de comunicación.

De ahí, que ahora, debemos dedicar mayor atención a las niñas y a sus derechos a partir del desarrollo educativo en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Como legisladores pensamos la mayoría de las veces, en los castigos y penas que se deben aplicar por tal o cual infracción, pero pocas veces, estamos dispuestos a legislar para prevenir delitos, injusticias y vejaciones a partir del desarrollo de una cultura educativa que nos permita crear generaciones de hombres y mujeres mejor preparados y sin prejuicios que sólo denigran a las individuos y vulneran a la sociedad en su conjunto.

Debemos asegurarnos que todo hombre y mujer que reciba educación en México, se desenvuelva en un ambiente donde niños y niñas y jóvenes adolescentes de ambos sexos, comprendan la importancia del respeto mutuo y el concepto adecuado de lo que significa la equidad entre los géneros.

En el terreno de la educación escolar, se debe trabajar para que los especialistas que intervienen en la elaboración de textos educativos, eviten la discriminación o disminución de la que son objeto las niñas, evitando vincular su imagen al trabajo doméstico como determinante, o al juego de muñecas como un prototipo de lo que se espera de ellas en el hogar, desvinculándola de la ciencia, el trabajo productivo, el arte o el deporte.

Es fundamental que los maestros eviten reproducir en sus cátedras los esquemas discriminatorios que se dan en el hogar, debiendo fomentar por el contrario, la igualdad entre niños y niñas.

Lograr revertir tendencias culturales que marginan y fomentan la desvaloración de las niñas, es una necesidad en la que debemos fundamentar cualquier esfuerzo de transición democrática. Por ello propongo, que la visión de género sea aplicada en la educación que imparta el Estado y los particulares, confirmando los derechos sociales, económicos y civiles de las niñas, con el objeto de modificar y en su caso erradicar patrones culturales de discriminación de que son objeto en la vida diaria.

El objetivo primordial es que los niños y niñas de todo el país, crezcan y se eduquen a partir de patrones equilibrados de conducta con relación al género, además de agregar el concepto de niña en los diferentes textos utilizados en los primeros niveles educativos cuando se hable de niños en forma genérica.

Debemos concientizar a los niños mexicanos de ambos sexos, en que hoy más que nunca, nuestro país necesita mayor participación de la mujer para dirigir, planear y enfrentar con valentía los cambios tan dinámicos que se viven en todos los contextos de la vida humana, la importancia de su inteligencia y vitalidad, de su frescura de ideas, de su sensibilidad y perfil humano y de todas aquellas cualidades que le dan entereza ante los problemas que enfrenta una sociedad compleja que exige respuestas rápidas y certeras, una que se encuentra en plena transformación y evolución cultural.

Si logramos cambiar el patrón educativo y cultural de la sociedad en su conjunto, a través de los distintos niveles escolares (preescolar, primaria y secundaria) y se fomenta con sustento permanente a lo largo de las generaciones, lograremos que las menores de edad, aprendan con claridad y ejemplo, los valores que deben practicar en una sociedad moderna y cada vez más competitiva, en la que el desarrollo de la mujer es fundamental.

El ideal de toda ley es crear un cambio positivo en la actitud e ideas en los individuos, comenzando por su vida personal, familiar, social y política. Por ello, es importante resaltar las leyes que tienen que ver con aspectos educativos, y que se significan, por ser un instrumento eficaz que nos puede llevar a construir una mejor sociedad para los mexicanos.

Cuando las leyes son letra muerta, o en su caso, sólo sirven parcialmente para penalizar a los individuos y no para educarlos, estaremos sólo castigando la descomposición social de la que todos formamos parte, y no así, contribuyendo a construir en la conciencia individual y colectiva de cada individuo, la voluntad para que cada niño o niña eleven su autoestima, revaloricen su capacidad creativa y productiva en bien de los demás.

Sólo así, podremos lograr que las niñas de nuestro país, defiendan sus garantías y se desarrollen plenamente como seres humanos en un México justo, democrático e igualitario, que las incluya y las vuelva copartícipes del desarrollo nacional.

Según datos del INEGI, en México uno de cada tres habitantes es menor de 15 años, razón por la cual, los niños y niñas, constituyen un importante grupo de la población, el 35 por ciento aproximadamente, es decir 32.3 millones, de los cuales, 50.7 por ciento son niños y 49.3 por ciento son niñas.

Estas cifras son reveladoras para que las mujeres de México, podamos resaltar, sensibilizar y defender el respeto a los derechos educativos de las niñas. Debemos proponernos cada uno desde nuestra actividad, fomentar la conciencia de respeto hacia ellas, y el beneficio que traería este fenómeno social a la sociedad en su conjunto cuando se conviertan en adultas.

Debemos reconocer que pese a los importantes avances logrados a nivel internacional y regional, el proceso para traducir a la vida diaria de las mujeres leyes y reglamentos, ha sido muy lento y poco efectivo.

Esta lentitud para poner en práctica las leyes que protegen a la mujer, se debe sin duda, a que no existe el cambio de patrón cultural, es decir, no existe la pedagogía necesaria desde los primeros niveles educativos para erradicar del complejo social, la idea de que las hijas son potenciales colaboradoras de la madre en las actividades del hogar, las que cuidan de los hermanos como una obligación natural.

Las niñas durante la infancia, son preparadas social y culturalmente para la maternidad como parte de su condición genérica y después, serán la escuela, la Iglesia y los medios masivos de comunicación, las que acaben de conformar los deberes matrimoniales de la mujer para dedicarse inexorablemente a las labores domésticas.

De ahí que surja la inquietud de buscar desde el contexto educativo, y con las adiciones al artículo 3º Constitucional, motivar cambios culturales que permitan a las niñas de todo el país, influir en su autoestima, ya que la mayor parte de los abusos y violaciones a los derechos de las niñas y adolescentes del sexo femenino, se dan en el seno familiar o en esferas privadas de sus vidas, ahí, donde la intervención de la justicia en ocasiones no tiene el efecto deseado.

Esto tan sólo nos debe ilustrar la tarea que tenemos pendiente de cara a la Nación en la promoción, participación plena y efectiva de la mujer en la vida económica, social, política y cultural del país; así como nuestra deuda con las niñas de hoy y las mujeres del mañana, en la consolidación de las condiciones para que tomen parte en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, generando una nueva cultura política que incorpore a la mujer como factor indiscutible de transición a la democracia y de promoción hacia la construcción de una sociedad más justa en el porvenir.

No dejemos pasar la oportunidad de incorporar mayores garantías sociales para las niñas, lograr para ellas, un perfil democrático y progresista, cristalizar plenamente sus derechos, rompiendo las barreras culturales que impiden su pleno desenvolvimiento en la vida política, económica y social de nuestro país, reconociendo valores, aptitudes y perspectivas de la mujer mexicana a partir del sistema educativo, potenciarla a grado tal, para que a través de una participación más efectiva en la organización y enriquecimiento de la vida económica, social, cultural y política del país, podamos junto con ellas, luchar por su propia superación personal, profesional y ciudadana.

En virtud de lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente:

Iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Unico.- Se reforma y adiciona el artículo tercero en sus párrafos primero y segundo, en la fracción II, incisos a y c, y la fracción III para quedar como sigue:

Artículo 3.- Todo hombre y mujer tienen derecho a recibir educación. El Estado -Federación, estados y municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia, en la justicia y en la equidad de géneros.

Primero.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente
Dip. Fed. Aracely Escalante Jasso.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 2 de diciembre de 1999.

DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, A CARGO DEL C. DIP. JUAN MARCOS GUTIERREZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

Los suscritos, diputados a la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracciones XXIX y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del H. Congreso de la Unión, a través de esta H. Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

La Ley de Coordinación Fiscal Federal es y seguirá siendo asignatura pendiente en la agenda política nacional en tanto esta soberanía no se decida a construir un auténtico federalismo y la correspondiente reforma hacendaria integral. El Partido Acción Nacional, de vocación federalista y municipalista, ha realizado múltiples propuestas en este sentido; habiendo avanzado hasta la fecha en lo que corresponde a la reforma reciente al artículo 115 constitucional; sin embargo, queda pendiente, como es de todos conocido, la urgente reforma a los artículos 73 y 124 constitucionales, para darle a este país el régimen federal que tanto anhelamos.

Es en este contexto, y en tanto no ocurran las reformas de fondo planteadas, que nos vemos en la necesidad de proponer como parte del régimen actual de la Ley de Coordinación Fiscal una serie de medidas tendientes a dar mayores recursos a las entidades federativas y municipios, seguridad jurídica y libertad para su aplicación y ejercicio, así como mejores y más justas formas de distribución de los citados recursos.

Por tanto, la iniciativa que nos ocupa consiste en reformar los artículos 3-b, 34, 37, 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, bajo la siguiente justificación:

1.- ARTICULO 3-B: Esta disposición, en su texto vigente, no ha sido aplicada en el país debido a su ambigüedad e inconformidad de los municipios de México respecto del porcentaje de participación que se obtenga de los contribuyentes denominados "pequeños contribuyentes", partiendo de los convenios mediante los cuales los municipios se convertirían, a la luz de tal artículo, en verificadores y registradores de dichos contribuyentes. La razón fundamental de la falta de aplicación del artículo que nos ocupa es que la tarea de registro y verificación que se transfiere a los municipios es en razón del cien por ciento de la responsabilidad, por lo cual los municipios del país sintieron injusto que sólo se les participara de un setenta por ciento. Asimismo, la innecesaria intervención que por ley se les da a los estados, es un segundo motivo por el cual se entorpeció la firma de los convenios respectivos, lo cual además es un atentado contra la autonomía municipal. Por último, una tercera razón es la falta de claridad que se surte del texto del artículo en estudio, al no precisar si las participaciones que obtengan los municipios serán durante todos los ejercicios fiscales subsecuentes o sólo a aquel al que corresponda al registro que un municipio hiciere respecto de algún contribuyente menor.

Así las cosas, proponemos reformar el Artículo 3-b para resolver que los municipios reciban el cien por ciento de la recaudación al que el propio artículo se refiere, a su vez para que sean los municipios quienes suscriban directamente con la representación en cada estado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los convenios respectivos, cuyo contenido especificamos con claridad en el texto de la misma reforma; y finalmente, resolver con claridad el que los municipios perciban tales contribuciones por todos los ejercicios durante los cuales dichos pequeños contribuyentes permanezcan en ése régimen.

Lo anterior, desde luego, no impide la capacidad de la que actualmente gozan los municipios del país con fundamento en la fracción IV del artículo 115 constitucional, para suscribir eventualmente convenios con los gobiernos estatales que los auxilien en la tarea fiscal que nos ocupa, así como para convenir entre ellos los porcentajes y formas de trabajo respectivas; sin embargo, con la medida que proponemos, partimos de la idea de que en principio los municipios deben intentar asumir por sí mismos esta tarea, y del hecho de que un sinnúmero de ellos así desean hacerlo.

2.- Por su parte, el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal dispone la fórmula mediante la cual se ha de distribuir el fondo a que se refiere la fracción III del artículo 25 de la citada ley; es decir, el fondo de infraestructura social municipal concretamente. Dicha fórmula ha demostrado cierto grado de injusticia, puesto que al aplicarse al cien por ciento del fondo, más del sesenta por ciento del mismo se concentra en ocho estados de la República.

En tal virtud esta soberanía había resuelto en los dos ejercicios fiscales anteriores distribuir una parte del fondo de manera paritaria entre las 31 entidades federativas, de tal suerte que en 1998 el treinta y uno por ciento del fondo fue distribuido en partes iguales entre los estados y en 1999 el 15.5 por ciento del fondo se distribuyó también en partes iguales hacia todas las entidades federativas, aplicándose en ambos casos a los porcentajes restantes la fórmula a que se contrae el artículo 34. Es el caso que del análisis de las corridas financieras que resultan de aplicar la formula de ley al 100 por ciento del fondo conforme al proyecto de presupuesto 2000 presentado por el Ejecutivo, veinte estados de la República recibirían menos recursos que el año anterior, y no sólo eso, sino que la diferencia que existe entre los estados en esta circunstancia y los ocho en los que se concentra gran parte de] recurso no guarda proporción justa con respecto a la realidad y las necesidades de dicho estados perdedores. El problema en sí es que a dicha formula no se le han podido incorporar desde el punto de vista técnico factores como la marginación urbana, el fenómeno migratorio interno del país y otros datos que el INEGI no mide, y en el caso de que los mide lo hace cada 5 años.

Al resultar pues, que el debate de la fórmula distributiva sigue vigente, proponemos incorporar en el artículo 34 la pauta legal para que un porcentaje mínimo, en este caso el 15.5 por ciento, de dicho fondo se distribuya por partes iguales entre los estados, y al restante 84.5 por ciento se le aplique la fórmula, y que prevalezca así mientras esta soberanía no consense otro método de reconocer en forma más justa el problema de la marginalidad en este país. Mientras tanto, nuestra propuesta implica además reconocer un piso económico común para todos los estados de la República, en el tema del combate a la pobreza que se hace evidente en cualquier rincón de la patria.

3.- Proponemos la eliminación del concepto final del párrafo único del artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, que ordena a los municipios observar las mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I al III del artículo 33 de la citada ley; por considerar que al no ser fondos de igual naturaleza el FAIS y el FAFOMUN, es incongruente exigir a los municipios que respecto del segundo de los mencionados -mismo que tiene un énfasis programático hacia el saneamiento financiero y la seguridad pública- se le impriman las mismas obligaciones que a fondos destinados a infraestructura social y comunitaria.

4.- Por último, planteamos reformar los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal relativo al fondo de aportaciones para seguridad pública de los estados y el distrito federal, con el objeto de fomentar seguridad jurídica respecto de los montos futuros de dicho fondo referenciándolos al 1 por ciento de la recaudación federal participable. Asimismo, proponemos asegurar que los estados conozcan a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal de que se trate, los montos y fórmula mediante la cual se les asigne la parte del fondo que les corresponda, mediante la publicación respectiva en el Diario Oficial de la Federación. Adicionalmente proponemos asegurar la entrega ágil y directa mediante ministraciones a ocurrir durante los primeros 10 meses del año correspondiente, sin ninguna limitación; al efecto, tal reforma se complementa con la modificación conducente a que sean los estados los que decidan conforme a sus propios programas la aplicación de los recursos dentro de los conceptos a que se refiere la ley, salvedad hecha de los programas de telecomunicaciones y del sistema nacional de información, mismos que por su naturaleza sí serán motivo de convenio entre estados y federación; no obstante, ello no será motivo para que se detengan las entregas de recursos financieros.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracciones XXIX y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del H. Congreso de la Unión el siguiente proyecto de:

Decreto que Reforma Diversas Disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal Federal

ARTICULO UNICO: Se reforman los artículos 3-B, 34, 37, 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

ARTICULO 3-B.- Los municipios de los estados y el Distrito Federal participarán con el 100 por ciento de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la Sección III del Capítulo VI del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que a partir del l de enero del año 2000 se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales, en los términos de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal que al efecto suscriban los municipios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos convenios tendrán por objeto únicamente formalizar la aceptación del municipio para la aplicación de la presente disposición, los términos y formas en que informará a dicha Secretaría sobre los ingresos que por este concepto se tenga, para realizar los actos de verificación a contribuyentes sin registro, así como para coadyuvar con la federación en la detección y fiscalización de contribuyentes que tributen en régimen distinto al que se contrae el presente artículo con motivo de su aplicación.

Esta participación se ingresará directamente a las haciendas municipales, registrándose el impuesto pagado por el contribuyente durante los ejercicios fiscales en que permanezca en dicho régimen, domiciliado en su localidad. El municipio correspondiente enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el documento que acredite el pago del contribuyente, en el plazo que acuerden según el convenio a que se refiere al párrafo anterior, para el sólo efecto de que dicha secretaría mantenga actualizada la información a nivel nacional.

ARTICULO 34.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre los estados, de la siguiente manera: el 15.5 por ciento del fondo por partes iguales entre los estados y el 84.5 por ciento de los recursos se distribuirá de acuerdo a la fórmula a que se refiere el presente artículo. Sin embargo, para la distribución hacia los municipios por parte de los estados, del monto total que resulte del procedimiento descrito se aplicará la fórmula a que se refiere el presente artículo, salvo el caso previsto en el artículo 35 de ésta ley.

ARTICULO 37.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, reciban los mismos a través de los Estados, se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este artículo, los municipios tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I a III del artículo 33 de esta ley.

ARTICULO 44.- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con cargo a recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2 de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las Entidades Federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en base a los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a propuesta de la Secretaría de Gobernación determine, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados; así como el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con el valor de las variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación, que corresponderá a la asignación por cada estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal de que se trate.

Este fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez meses del año a los estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, o la falta de convenio a que se refiere el párrafo segundo del artículo 45 de ésta ley, que las correspondientes a los fines que se establecen en dicho artículo.

Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior, no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 70 de esta Ley.

ARTICULO 45.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal que reciban dichas entidades, se destinarán al reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con las tareas de seguridad pública y readaptación social; a complementar los salarios de los agentes del Ministerio Público, los custodios de centros penitenciarios y de menores infractores, los policías judiciales o sus equivalentes y los peritos de las Procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal; al equipamiento de las policías preventivas y judiciales o sus equivalentes, de los peritos, de los Ministerios Públicos y custodios de centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación.

Dichos recursos deberán aplicarse conforme a los programas estatales de seguridad pública. Serán materia de convenio específico entre la federación y los estados y el Distrito Federal sólo los programas de telecomunicaciones y el sistema nacional de información. Los estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la información financiera, operativa y estadística que les sea solicitada.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero del año 2000, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se deroga cualquier disposición que contravenga al presente decreto.

Diputados: Juan Marcos Gutiérrez González, Fortunato Alvarez Enríquez, Gerardo Buganza Salmerón, Javier Castelo Parada, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, Juan Miguel Alcántara Soria.
 

QUE ADICIONA EL ARTICULO 2 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, A CARGO DEL C. DIP. ALFONSO CARRILLO ZAVALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Los suscritos diputados federales, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de adición a la Ley de Coordinación Fiscal.

Para tales efectos, se expresan a continuación la exposición de motivos y el proyecto de decreto de adición a la Ley de Coordinación Fiscal aludida.

Exposición de Motivos

Siendo el Poder Legislativo Federal el depositario de la soberanía nacional, resulta loable toda labor encaminada a favorecer, mediante la acción legislativa de adecuación y actualización de las normas jurídicas, a los mexicanos menos favorecidos por la distribución, inequitativa, de los ingresos derivados de la recaudación fiscal.

La Ley de Coordinación Fiscal es un cuerpo normativo que regula la coordinación del sistema fiscal de la federación con la de los estados, municipios y el Distrito Federal, a efecto de establecer la participación y distribución que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; además de que fija la reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituye los organismos en materia de coordinación fiscal y sustenta las bases de su organización y funcionamiento.

Coincidimos los legisladores firmantes en que es mediante la adecuación de este ordenamiento legal como esta soberanía debe dar respuesta eficaz a los estados involucrados en la extracción del petróleo, ya sea que se realice en su territorio o en el subsuelo marino contiguo a sus costas, para que puedan disponer de los recursos indispensables para atenuar los negativos efectos que les ocasiona esta actividad productiva, que es de interés fundamental para la nación.

La adición de un artículo 2-B a la Ley de Coordinación Fiscal obedece al interés de beneficiar a las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para que participen en la recaudación que se obtenga del Derecho Adicional Sobre la Extracción de Petróleo, excluyendo el derecho extraordinario sobre el mismo. Para este fin se deberán tener como indicadores los cálculos anuales del producto interno bruto por entidad federativa (PIBE), en valores corrientes y constantes, de donde el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) cuenta con la base informativa macroeconómica de todo el país. Por tal motivo, será de gran utilidad la información que el referido organismo gubernamental pueda proporcionar, de ahí su inclusión en la ley, a efecto de que el INEGI informe anualmente los montos y entidades federativas que se hallen comprendidas en el ramo 06 relativo a Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural, eficientando los trabajos de planeación y la toma de decisiones en el campo de la economía de las entidades federativas. Asimismo, baste señalar que los datos que proporciona el INEGI tienen un alto grado de confiabilidad en la medición del PIBE.

Proyecto de Decreto de Adición a la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Unico.- Se adiciona un artículo 2-B a la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor literal siguiente:

Articulo 2-B.- Las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán de la recaudación que se obtenga del Derecho Adicional Sobre la Extracción del Petróleo, excluyendo el derecho extraordinario sobre el mismo, en la forma siguiente:

Unico.- El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del año 2000.

Diputados: Aracely Escalante Jasso, Alfonso Carrillo Zavala, Enrique Ku Herrera, Eraclio Soberanis Peza, Ramón Santini Pech.

DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, PARA LA CREACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SUSCRITA POR DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Los diputados que suscriben, integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista a la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la H. Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan de la Ley de la Coordinación Fiscal, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones que motivan dicha iniciativa:

Exposición de Motivos

El fortalecimiento de nuestro régimen federal y de las haciendas públicas de Estados y Municipios han sido prioridades inaplazables de la LVII Legislatura. Desde el primero de septiembre de 1997, Diputados de nuestros Grupos Parlamentarios nos hemos dado a la tarea de legislar a favor de un auténtico federalismo.

Esta legislatura ha sido promotora de avances importantes en materia de federalismo, hoy se somete a la consideración de esta alta soberanía, una nuevo e importante paso hacia la construcción de este auténtico federalismo.

Con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal que promueve esta iniciativa se avanzará de manera importante, no sólo en el fortalecimiento de las haciendas públicas de las entidades federativas y el federalismo, sino que también estimula el gasto estatal en la educación pública y promueve la generación de empleos formales. A su vez se inicia con claridad un proceso corrector de las distorsiones que hasta hoy rigen en mucho el sistema de distribución de recursos entre las partes integrantes de la Federación.

La iniciativa propone la creación de un Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, integrado con recursos equivalentes a 1.5 por ciento de la recaudación federal participable.

Asimismo, la iniciativa propone que cincuenta por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se distribuya entre las entidades con relación a los recursos propios que éstas destinan a sus sistemas de educación pública. De esta manera, las entidades que han venido realizando un esfuerzo de gasto considerable en este renglón se verán beneficiadas. Esta mecánica de distribución constituye un incentivo para que las entidades federativas continúen invirtiendo recursos en la educación de los jóvenes mexicanos: el activo más importante con el que cuenta nuestra nación.

Por otro lado, se propone que cuarenta por ciento de los recursos que integran el Fondo se distribuyan de manera proporcional al número de asegurados permanentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social registrados en cada entidad, promoviendo así, de manera importante, la creación de empleos formales.

Es convicción firme de nuestros compañeras y compañeros Diputados que estimular el gasto en educación pública y fomentar la creación de empleos formales deben ser prioridades privilegiadas de la política presupuestaria durante el próximo ejercicio fiscal y para los años venideros.

El monto de recursos con el que se propone integrar el fondo, 9,543 millones de pesos, representa una proporción muy moderada del gasto programable total que el Ejecutivo sometió a la consideración de esta soberanía para el próximo ejercicio: tan sólo 1.17 por ciento. No obstante, por la mecánica propia de distribución de los recursos y por el destino que prioritariamente darían las entidades a los mismos, el Fondo se convertiría en un instrumento importante para el fortalecimiento de nuestro federalismo.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
 
 

Decreto por el que se reforma el artículo 25 y se adicionan los artículos 38 A, 38 B, y 38 C de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 25.- ...................

Para efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7 de esta Ley.

Artículo 38 B.- Las Aportaciones Federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas éstas reciban se destinarán a los siguientes fines, según el caso:

I. Las entidades federativas cuya gasto público propio por habitante en educación sea mayor al resultado de dividir la suma del gasto total que realizan las entidades federativas en educación entre la población total del país, podrán destinar los recursos que les correspondan de este Fondo a los fines que se establezcan en sus presupuestos anuales, dando prioridad al gasto en obra pública.

II. Las entidades federativas cuya gasto propio por habitante en educación sea inferior al resultado de dividir la suma del gasto total que realizan las entidades federativas, en educación entre la población total del país, podrán aplicar los recursos que les correspondan de este Fondo a los fines que se establezcan en sus presupuestos anuales, dando prioridad al gasto en infraestructura educativa en sus sistemas públicos de educación.

Para elaborar los cálculos descritos en los dos fracciones anteriores se usará, en lo que respecta a gasto educativo, la información de la Encuesta más reciente de Financiamiento Educativo Estatal, que al efecto emita la Secretaría de Educación Pública y, en lo que respecta a población, la información más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.

Para efectos de realizar los cálculos a que se refiere el párrafo anterior la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación la información más reciente, a más tardar el 31 de octubre del año inmediato anterior al ejercicio fiscal de que se trate.

Artículo 38 C.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas con base en los siguientes criterios:

Artículo Primero.- Estas disposiciones entrarán en vigor el primero de enero del 2000.

Artículo Segundo.- Para los efectos del último párrafo del artículo 38 B y de la fracción segunda del artículo 38 C que se adicionan, dicha información deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de diciembre de 1999.

Se suscribe en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 2 de diciembre de 1999.

Dip. Carlos Medina Plascencia (rúbrica)
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica)
 

DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y ADICIONES A DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DE LA C. DIP. OLGA MEDINA SERRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

Los que suscriben, diputados a la LVII Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ponemos a su consideración la presente iniciativa de Reforma al artículo 6 de la Ley General de Educación, y de adición del título vigésimo séptimo de los delitos en materia de educación, así como la adición de los artículos 430, 431 y 432 del Código Penal Federal, con la inteligencia de cumplir y ejecutar lo consignado en el artículo 3, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Toda la educación que el Estado imparta será gratuita", a efecto de prohibir que se cobren cuotas obligatorias y pagos de cualquier tipo, ya sea en dinero o especie para tener acceso libre al servicio educativo público.

Exposición de Motivos

Las garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna implican que todo individuo goce de todos los derechos y prerrogativas que le son inviolables e inalienables por naturaleza; dichos principios constituyen un margen de libertad, legalidad, equidad y de seguridad jurídica. En este orden de ideas, el gobernado debería estar en aptitud de exigir al Estado que sujete su funcionamiento al espíritu de nuestra Carta Magna.

Sin embargo existen algunas leyes en franca violación a los principios antes aludidos, se encuentran desfasados por lo inequitativo de su contenido, tal es el caso del artículo 6 de la Ley General de Educación, que a la letra dice: "La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo". En un primer momento podría parecer que cumple con todas las perspectivas que consigna nuestra norma suprema; sin embargo, no es así, toda vez que deja un enorme vacío en la ley, creando además una laguna legal que viola y restringe dichos principios, ya que el sentir del constituyente de 1917 estableció: "El que la Educación sea patrimonio de todos los hombres constituye un deber de la sociedad y del Estado, pues la ignorancia también es una forma de esclavitud". Este postulado reafirma la responsabilidad del Estado de garantizar la educación a todo individuo; asimismo, hace alusión sobre la grave consecuencia que repercutiría en los mexicanos por la falta de cumplimiento de esta responsabilidad.

Nuestra Constitución es activa, dinámica y, sobre todo en su artículo 3, se revela como un documento que despliega una doble acción: recoge las tradiciones progresistas de nuestra patria, las hace actuales y las proyecta hacia el futuro, para afirmar a través de las nuevas generaciones de mexicanos la continuidad histórica de la nación. Inspirado por la Revolución Mexicana y con el propósito de eliminar la nociva influencia que nace de todo privilegio ilegítimo, el artículo 3 establece el fácil acceso a la enseñanza pública en todos sus niveles y asegura a todos los individuos una instrucción general, al suprimir las diferencias económicas y sociales en las escuelas. Por ello se reitera que la educación permanezca libre de toda influencia extraña a los intereses nacionales y sea obligatoria y gratuita cuando la imparta el Estado. La grandeza de una patria está constituida por la suma de las capacidades de sus hijos, tanto en los dominios del pensamiento como en la correcta explotación de sus recursos materiales.

Por esta razón, el artículo 3 constitucional establece una serie de principios, propósitos y condiciones que regulan la tarea de educar y que son esenciales para el logro de tan altos fines.

Tomando en cuenta lo anterior, es conveniente hacer notar que, con motivo de la omisión e inconsciencia de la vigente Ley de Educación, que al no contemplar la necesidad de sancionar a quien restrinja o vulnere dichos principios, ha ocasionado que quienes se encargan de dicha educación infrinjan y soslayen el derecho de todos a la enseñanza, toda vez que cobran cuotas de inscripción o solicitan de manera obligatoria efectuar pagos de cualquier tipo, ya sea en dinero o especie, para tener acceso libre a la educación.

En este sentido, existe la firme convicción de que el artículo 6 de la ley en cita no cumple con los principios y propósitos consignados en su artículo 3 de nuestra Carta Magna, por lo que es necesario y prudente realizar la respectiva reforma al dispositivo legal en comento.

Es benigno reiterar que la educación es uno de los factores estratégicos para alcanzar el desarrollo Nacional y niveles superiores de vida, ya que la verdadera riqueza de los países reside de su capital humano. Por ello, con estricto apego al mandato del artículo tercero constitucional, que postula el derecho de todos los mexicanos a una educación obligatoria, laica y gratuita para desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, no se debe por ningún motivo de vulnerar y soslayar su legalidad y vigencia.

Es preciso y contundente hacer alusión en esta exposición de motivos que varios estados de la República Mexicana, tales como Durango, Tabasco y Querétaro, ¡ya! incrustaron en sus ordenamientos jurídicos la prohibición de cobrar cuotas de inscripción o solicitar pagos regulares, donativos o de cualquier otra índole para tener acceso al servicio educativo público y que en ningún caso se podrá condicionar dicho acceso.

Uno de los propósitos fundamentales que debe de cumplir todo legislador sin duda consiste en elaborar normas jurídicas imparciales, sustantivas y bien definidas, para garantizar seguridad jurídica, un Estado de derecho y un acceso igualitario a la justicia de todos los mexicanos. Sin duda, examinar toda norma incongruente hecha al vapor por legisladores indefinidos, con intereses particulares y partidarios, traerá grandes resultados para consolidar la justicia y equidad jurídica que necesitamos todos los mexicanos.

El verdadero sentir del legislador virtuoso y responsable de su llamamiento vela por la perfecta elaboración de la ley, para que en su correcta aplicación no lleve consigo lagunas de hecho y de derecho. En este sentido, exhorto e invoco a escudriñar nuestras leyes, con el objeto inmediato de resolver las imperfecciones e injusticias en que operan nuestras leyes, ya que en la práctica se materializan y surten efectos irreparables. Ahora bien, cabe mencionar que se ha desatado una serie de anomalías por parte de directores de planteles educativos imponiendo toda clase de cuotas a los padres de familias, toda vez que lo que no está jurídicamente prohibido y sancionado esta jurídicamente permitido y consentido. Asimismo el problema suscitado entre estudiantes universitarios de la UNAM y el Gobierno de la República no es otra cosa que el fruto de nuestra propia desobediencia e inconsciencia al incumplir con lo establecido en nuestra Carta Magna en su artículo 3, fracción IV. En este orden de ideas, los medios de comunicación hacen hincapié sobre dichas situaciones, y aun con ello se omite su discusión y nadie hace nada. ¡No es posible!

El mandato constitucional establece claramente la obligación del Estado de garantizar y proveer todos los instrumentos necesarios a fin de asegurar la educación de forma obligatoria, laica y gratuita sin la participación de donativos o cuotas a cargo de los padres de familia o de los propios estudiantes. El pasado 15 de agosto del año en curso, se publico en el diario El Universal, en una de sus columnas, "Acusan a director de secundaria de imponer cuotas por más de 200 pesos por alumno"; "Padres de familias se encuentran en la imperiosa necesidad de no inscribir a sus hijos a la secundaria por falta de pago". Asimismo, diariamente todos los medios de comunicación hacen mención del conflicto de la UNAM y su polémica solución, reiterando que desde el 20 de abril han transcurrido 226 días sin poder solucionar el conflicto de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Estamos plenamente convencidos, que la solución de estos problemas nacionales la encontramos impresa en el artículo 3, fracción IV de nuestra Carta Magna. Por ello insistimos en esta necesidad de observar la norma suprema y cumplir con lo que en ella se consigna.

Los anteriores motivos nos indican que es indispensable y urgente realizar las reformas al artículo 6 de la Ley General de Educación e incrustar una adición del título vigésimo séptimo de los delitos en materia de educación, así como la adición de los artículos 430, 431 y 432 del Código Penal Federal, a efecto de prohibir las cuotas obligatorias y los pagos de cualquier tipo, ya sea en dinero o especie, para tener acceso libre al servicio educativo público, con la inteligencia de cumplir y ejecutar el mandato del artículo 3, fracción IV, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implementando en nuestro ordenamiento legal una estrategia que permita por excepción aceptar donativos voluntarios de los padres de familia para el mejoramiento de los establecimientos educativos. Dicha estrategia se basa en que sólo se podrán aceptar tales donativos cada primero de marzo al primero de junio del año escolar, que no podrán considerarse como contraprestaciones del servicio educativo público, para que con ello se garantice el acceso a la educación, la entrega inmediata de documentos y se prevenga la comisión del ilícito, para que por ningún motivo se obligue a pagar por la educación pública. Con ello se contempla como propuesta jurídica, publicar la recaudación y utilización de las donaciones al órgano informativo oficial correspondiente, a los alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, a los quince días siguientes del término concedido para dichas donaciones. Asimismo, también contemplamos como estrategia la creación del título vigésimo séptimo de los delitos en materia de educación, con sus artículos 430, 431 y 432 del Código Penal Federal Vigente, para sancionar con todo el rigor de la ley a los servidores públicos que pertenezcan al sistema educativo nacional o estatal que cobren, por sí o por interpósita persona, cualquier pago de dinero o en especie por el servicio educativo público y por retardar o negar por cualquier motivo la entrega de boletas, certificados, constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido sus estudios de conformidad con lo establecido por la ley o los programas docentes vigentes y legalmente aprobados. Con ello se pretende que la sanción sea punitiva y no administrativa como se ha realizado hasta el momento.

"Seamos verdaderos legisladores de la patria al observar nuestra Carta Magna, y como queramos que los demás hagan con nosotros, así también hagamos nosotros con ellos". Debemos dar ímpetu a la responsabilidad del Estado y darle a todo individuo un acceso a la educación obligatoria, laica y gratuita que consigna nuestra Constitución, les exhorto a hacer conciencia en nuestra mayordomía, a respetar nuestra labor como representantes del pueblo y a cumplir con la ley por la ley en la justicia.

Esta ley existe cúmplase

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades Constitucionales que nos otorga el artículo 71, fracción II, de nuestra Carta Magna, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de:

Decreto de reforma al artículo 6 de la Ley General de Educación y de adición del título vigésimo séptimo de los delitos en materia de educación, así como la adición de los artículos 430,431 y 432 del Código Penal Federal.

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 6 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 6. La educación que el Estado imparta será gratuita. Toda persona tiene derecho al acceso libre del servicio educativo público, quedando, en consecuencia, prohibidas las cuotas obligatorias y los pagos de cualquier tipo, ya sea en dinero o especie. En ningún caso podrá condicionarse la entrega de boletas, certificados, constancias, diplomas, títulos y grados académicos a las personas que hayan concluido sus estudios de conformidad con lo establecido por la presente ley.

Por excepción se podrán aceptar donativos voluntarios que proporcionen los padres de familia o cualquier persona, siempre que se destinen al mejoramiento de los establecimientos educativos y estos así lo requieran, cuando se otorguen al primero de marzo hasta el primero de junio del año escolar, que no podrán considerarse como contraprestaciones del servicio educativo público.

La recaudación y utilización de las donaciones a que se refiere el párrafo anterior serán publicadas en el órgano informativo oficial correspondiente, y en su defecto en el periódico de la localidad o mediante circular suscrita por la autoridad educativa, que deberá exponerse en un lugar visible para que estén informados los alumnos, padres de familias y la sociedad en general, dentro de los quince días siguientes del término de la recepción de las donaciones. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley aplicable.

Artículo Segundo.- Se adiciona el título vigésimo séptimo de los delitos en materia de educación, así como la adición de los artículos 430, 431 y 432 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
 

Título Vigésimo Séptimo

De los delitos en materia de educación

Artículo 430.- Se impondrá prisión de uno a seis años, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos a cualquier servidor público que pertenezca al sistema educativo nacional o estatal, cuando incurran en alguno de los casos siguientes:

Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares, cuando estos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos; sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley General de Educación y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Artículo 431. Se impondrá prisión de dos a ocho años y de trescientos hasta tres mil días multa:

Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Los C. diputados que firman a continuación:

Olga Medina Serrano, Jorge Silva Morales, Estrella Vázquez Osorno, Mariano Sánchez Farías, Cristina Portillo, Armando Galván, Armando Chavarría, Pedro Salcedo García, Miguel Noyola Martínez, Esperanza Villalobos, José Luis García Cortés, César Lonche Castellanos, Lenia Batres Guadarrama, Cuauhtémoc Velasco Oliva, Alberto Martínez, Aarón Quirós Jiménez, César A. Pineda, Plutarco García Jiménez, Armando Aguirre Hervis, Israel Barraza, Gilberto López y Rivas, Angel de la Rosa Blancas, Antonio Palomino, Rodrigo Maldonado Ochoa, Manuel Pérez García, Antonio Prats García, Gerardo Ramírez Nadal.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS FIJE LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES Y PROFESIONALES PARA EL AÑO 2000, APEGADO A SUS ATRIBUCIONES Y MANDATOS CONSTITUCIONALES, A CARGO DEL C. DIP. JUAN MOISES CALLEJA CASTAÑON, A NOMBRE DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Durante la presente Legislatura aprobamos por unanimidad diversas exhortaciones a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que, bajo su más estricta responsabilidad, determinara los incrementos a los salarios mínimos generales y profesionales que habrán de regir con base en las siguientes consideraciones:

Que los incrementos se hicieran de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 123 constitucional, que determina que serán suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Los incrementos debieron haber tomado en cuenta el deterioro salarial que para aquellas fechas sumaba ya más del 60 por ciento. Para el efecto se propuso que se aumentaran cinco puntos porcentuales sobre la inflación programada.

Que el incremento se aplicara para toda la República Mexicana, existiendo una sola zona geográfica.

Nuevamente la Comisión de Trabajo y Previsión Social, haciendo eco de los reclamos de los sindicatos, preocupada por el rezago del salario en nuestro país y ante el alza inmoderada en los productos de primera necesidad, ha considerado que el deterioro de los salarios mínimos, en lugar de disminuir ha aumentado, pues hay un retroceso de más de 8 por ciento por año, en virtud de que la inflación en el año que termina no será menor al 15 por ciento, y no del 12 por ciento como se anunció. Este hecho ha sido aceptado por los propios funcionarios públicos. Con la consecuente pérdida del valor adquisitivo del salario, por lo que:

En congruencia con lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara ha estimado oportuno y necesario poner a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero: Que esta Cámara de Diputados recomiende a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que fije los salarios mínimos generales y profesionales para el año 2000, apegado a sus atribuciones y mandatos constitucionales.

Segundo: Que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales se incremente en un porcentaje superior al 8 por ciento a la inflación pronosticada. Decretándose una zona geográfica en todo el país.

Tercero: Que se tomen las medidas necesarias por parte de las autoridades correspondientes con el fin de contener el alza inmoderada en los productos de primera necesidad.

Diputado Presidente: A nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados y con base en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicitamos respetuosamente dar curso a nuestra propuesta y ponerla a consideración de la plenaria inmediata, por ser de urgente y obvia resolución, toda vez que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se encuentra pronta a emitir la resolución correspondiente.

Señor Presidente, se hace entrega del presente escrito con la firma de todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Muchas gracias.

Mesa Directiva: Dip. lic. Juan Moisés Calleja Castañón, presidente (rúbrica); dip. Javier Paz Zarza, secretario; dip. Rosalío Hernández Beltrán, secretario; dip. Marco Antonio Fernández Rodríguez, secretario.

Fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional: Dip. Diego Aguilar Acuña (rúbrica), dip. Víctor M. Carreto y Fernández de Lara (rúbrica), dip. Alfonso Carrillo Zavala (rúbrica), dip. María Adelaida de la Cruz Moreno (rúbrica), dip. José Luis Enríquez González (rúbrica), dip. Isaías González Cuevas (rúbrica), dip. Héctor Rodolfo González Machuca (rúbrica), dip. Juana González Ortiz (rúbrica), dip. José Janitzio Soto Elguera (rúbrica), dip. Luis Velázquez y Jaacks (rúbrica), dip. Jesús José Villalobos Sáenz (rúbrica), dip. Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica).

Fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática: Dip. Benito Mirón Lince (rúbrica), dip. César Agustín Pineda Castillo (rúbrica), dip. Luis Rojas Chávez (rúbrica), dip. Pablo Sandoval Ramírez, dip. Enrique Santillán Viveros (rúbrica), dip. Joaquín Antonio Hernández Correa (rúbrica).

Fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional: Dip. María de la Soledad Baltazar Segura, dip. Martín Contreras Rivera, dip. José Angel Frausto Ortiz, dip. José Armando Jasso Silva, dip. Raúl Monjarás Hernández, dip. Abelardo Perales Meléndez.
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA QUE EN CASO DE SER NECESARIO Y EN ESTRICTO APEGO A LA REALIDAD, ORIENTE LOS RECURSOS DEL DENOMINADO "BLINDAJE FINANCIERO", A CARGO DEL C. DIP. SERGIO VALDES ARIAS, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

En el siglo XIX, antes de la independencia de nuestro país, el Barón Alexander von Humboldt, al mismo tiempo que se regocijaba con la abundancia mexicana, afirmaba: México es el país de la desigualdad. Sabemos que este problema es mucho más antiguo a esa visita. Sabemos que no somos el único país desigual; tampoco el único país pobre; pero ese mal de muchos no consuela a nadie.

La pobreza es, al mismo tiempo, el mejor síntoma en el diagnóstico de las deformaciones en el desarrollo del pasado. México, durante varias décadas, creció a tasas espectaculares, tasas que ahora no nos imaginaríamos como posibles, cercanas al siete u ocho por ciento; sin embargo, la pobreza no disminuyó. Ahí tenemos uno de los diagnósticos más efectivos y más terribles de la mala orientación del desarrollo previo. La pobreza es el mejor termómetro, del modelo de desarrollo de una sociedad.

Más de cuarenta millones de mexicanos viven hoy en día en pobreza extrema, y si hablamos del campo en México, es, sin duda, hablar de miseria. Más de la mitad de esos cuarenta millones de mexicanos pobres sobreviven resignados en el campo en condiciones depauperadas. Es ahí donde se resienten más los efectos de la miseria. Más de seis millones de indígenas mexicanos viven en condiciones de pobreza extrema.

La pobreza no es exclusiva del campo, del indígena. Hoy, la situación económica divide más que nunca a las clases sociales también en las ciudades. La desigualdad en México se encuentra a niveles similares a los de hace cuarenta años. La alimentación es el punto primordial para el pobre. El 63 por ciento de su escaso ingreso lo destina a la compra de alimentos, que elige no por la calidad nutricional, sino por el costo. Los elevados índices de desnutrición son alarmantes; el 34 por ciento de los niños por mala alimentación, y 120 mil más padecen secuelas que los afectan física e intelectualmente para el resto de su vida.

En la historia moderna de México se han logrado transformaciones fundamentales que han hecho avanzar en forma importante al país. Si partimos de las condiciones en que vivía la mayoría de la población antes de la Revolución, en 75 años se ha transformado la sociedad mexicana. Los mexicanos, ahora, tenemos formalmente garantizado el derecho a la educación, a la salud, y la gran mayoría tenemos acceso a estos servicios. Queda pendiente el derecho constitucional a la alimentación, que hasta hoy no hemos articulado en la Constitución Federal, como si ese fuera verdaderamente un gran problema; sin embargo, que se oiga bien, resolver el problema es responsabilidad de todos. Todos debemos participar, con propuestas plurales de diálogo, análisis, búsqueda y discusión; con soluciones para los grandes, pequeños, pero intensos problemas que hoy nos aquejan y que reclaman de una participación conjunta. Necesitamos una propuesta plural donde todas las voces, todas las ideas, todas las posiciones políticas e ideológicas, las de los políticos, las de los intelectuales, los trabajadores y los empresarios se escuchen, se diriman, se intercambien. Un diálogo, pero sobre todo nuevas maneras de entendernos para, juntos, caminando, discutiendo, debatiendo, encontrar solución duradera a estos problemas, que parecen de nunca acabar.

Se requiere voluntad democrática para enfrentar los rezagos históricos de los sectores más desprotegidos de la población. La sociedad ha demostrado un enorme deseo de participar con las comunidades más desprotegidas. Acaso una de las mayores dificultades ha sido cómo consolidar un gran frente de lucha contra la pobreza, de programas; cómo armarlos, cómo estructurarlos; cómo no hacerlos políticamente clientelares; que sienten bases firmes para que no sean efímeros, para que la estructura del gobierno y para que la misma estructura de la sociedad los asuma como propios y tengan continuidad hacia delante.

Debe tomarse en cuenta a toda la población que no tiene los mínimos de bienestar, que no cuenta con un empleo permanente, que tiene niveles de alimentación menores a los indicadores internacionales reconocidos por la Organización Mundial de la Salud; a quienes carecen de vivienda, de una vivienda digna, y los que no tienen acceso a los servicios públicos elementales, como los servicios de salud, agua potable, alcantarillado o electricidad; que tienen que pagar cada día más caro el costo de la gasolina, del gas, de la electricidad; que tienen que pagar muchísimo más para retornar a nuestro país, en los casos de aquellas personas que, por la falta de empleo han emigrado a buscarlo, principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica.

Hace unas semanas, ante el selecto grupo del Consejo Coordinador Empresarial, el Presidente Zedillo decidió anunciar a los mexicanos una importante serie de medidas para afrontar la etapa final del sexenio, con todo y proceso de sucesión.

Lo primero que llama la atención, sin restarle importancia a la cúpula empresarial, es que un anuncio de esta trascendencia no hubiera sido frente a los miembros del Congreso de la Unión, auténticos representantes de la Nación. Mejor aún, comentadas al menos, si no es que debatidas, su resultado podría haber sido por consenso.

Si las medidas tienen que ver con la transición política, lo menos que debería prevalecer es el respeto a las instituciones políticas, aunque se trate de temas aparentemente de índole exclusivamente financiera y de la esfera de competencias del Poder Ejecutivo.

El mensaje presidencial, expresado inmediatamente después de la visita incómoda y controvertida del ex presidente Carlos Salinas, es de contenido relevante e inevitable de comentar.

La nación lleva muchos años debatiéndose en una prolongada crisis económica, la crisis de nunca acabar. Generaciones completas hemos visto caer el nivel de vida de una creciente mayoría de mexicanos, los indicadores sociales así lo evidencian. El nivel de escolaridad desciende, reaparecen enfermedades erradicadas, los suicidios aumentan, el índice delictivo parece descontrolado, la corrupción avanza, más allá de las omisiones reconocidas por el ex presidente Salinas con su hermano Raúl. El poder adquisitivo de los salarios no se recupera, el desempleo continúa, sobre todo para los más jóvenes y los adultos con experiencia, y el gobierno ha perdido credibilidad, en especial porque la tan llamada recuperación económica no llega a los bolsillos de la mayoría de las familias.

Desde luego que el pueblo tiene memoria, tanta que aún hay quien está esperando el bienestar para la familia. Tampoco queremos "episodios que acaban por traducirse en incertidumbre, inestabilidad y en deterioro de los niveles de vida de los que menos tienen". Sin embargo, es lamentable que sólo sea para llegar al 2001 sin "turbulencias financieras". Se nos fue la oportunidad de pensar y operar en el largo plazo y nos quedamos con la estrategia del "efectismo", o ¿estaremos en realidad frente a una táctica específica para que el partido oficial continúe gobernando más allá del 2000?

Además del blindaje financiero, necesitamos blindar la credibilidad, la confianza, pero sobre todo a los más desprotegidos, porque con este anuncio sólo el sector privado podrá sentirse tranquilo. Seguirá la "camisa de fuerza" para controlar la inflación, y la férrea disciplina presupuestal, aunque las mayorías sigan afectadas en sus niveles de vida.

Por otra parte, no vaya a resultar que el famoso blindaje sólo sea el disfraz de nuevos financiamientos, por once o por cuatro mil millones de dólares, para apoyar desde el gobierno la campaña del candidato oficial. Y luego a los recurrentes escándalos y agujeros financieros, con todo y sus eufemismos. Esa recurrencia tampoco la deseamos.

El gobierno debe comprometerse a que el llamado blindaje económico sea un "blindaje ciudadano" contra la posibilidad de que en un año electoral se presenten contingencias que impacten directamente la bolsa pero de los ciudadanos. Debe comprometerse en la regularización de la tenencia de la tierra urbana para garantizar escrituras a los colonos; comprometerse también con un programa de justicia para los más desprotegidos. Debe comprometerse a promover el desarrollo rural para ayudar en la educación y en el desarrollo de las comunidades rurales.

Un gobierno con una clara voluntad democrática, seguramente garantizaría que la desigualdad y la pobreza se enfrenten y abatan más rápida y más exitosamente que hasta hoy. Para que las instituciones políticas sean realmente democráticas, requieren de una base social que también sea democrática, es decir, que disminuya la desigualdad económica, porque, en última instancia, esa disminución en la desigualdad económica habrá de garantizar una auténtica igualdad política. No hay igualdad política en una sociedad con las profundas desigualdades económicas como las que privan en México. La relación entre democracia política y pobreza es bastante más compleja de lo que muchos gobernantes han pretendido conocer.

El problema de la desigualdad y la pobreza en este país no puede encontrar solución sino a partir de la dinámica de las fuerzas sociales y políticas con las víctimas de la desigualdad y la pobreza. La pobreza, la desigualdad y el paternalismo gubernamental que sufrimos ha deformado de tal forma la conciencia individual y colectiva de muchísima gente, que se ha perdido la dimensión de las condiciones paupérrimas en que se vive.

La gente pobre no ve la salida, el remedio a grandes males, como no sea echando mano de fuerzas propias.

Las perspectivas de la economía deben ser tomadas en cuenta antes de hacer pronósticos optimistas con respecto al efecto que la apertura de las instituciones políticas puede tener sobre el nivel de vida de esas grandes capas de la población, que en los últimos años han sufrido un deterioro considerable y cuyas perspectivas de mejoramiento no cuentan con buenos augurios, desafortunadamente.

Donde hay pobreza, generalmente -y en nuestro caso así es- hay riqueza, y la empresa que se mueve en la riqueza está comprometida, incluso con la producción de riqueza, a combatir la pobreza.

Se tiene que lograr definitivamente la estabilidad para que haya un crecimiento económico.

Por otro lado, tenemos que renegociar la deuda externa para que haya flujo de capital en el país y, por consiguiente, si hay estabilidad, hay crecimiento y una adecuada renegociación, podremos enfrentar con éxito el combate a la pobreza extrema.

Todos tenemos un detector de pobreza. Lo tenemos en la boca del estómago, y basta recorrer las calles y recorrer nuestro país para, como mexicanos, inquietarnos.

El compromiso del Estado mexicano debe manifestarse en la atención real y efectiva de los grupos de mexicanos más desprotegidos y garantizando el mejoramiento de sus condiciones en el desarrollo nacional. Un ejemplo llano de que sí se puede sería el fomento del turismo ecológico o turismo agrícola, que bien puede, además, agregarse a los programas educativos de los niveles primaria y secundaria.

La escuela para el pobre es casi un lujo. Cincuenta de cada cien mexicanos mayores de quince años no terminaron la primaria; la deserción escolar está íntimamente ligada con la necesidad de aumentar los ingresos de la familia; son más de un millón de niños los que viven de la calle. Ahí aprenden a hablar, a jugar y a trabajar; en una palabra, a sobrevivir.

Hay tres o cuatro cuestiones cruciales que van a determinar el éxito de luchar contra la pobreza y eventualmente eliminarla.

El crecimiento económico por sí mismo no propicia la equidad y no saca de la pobreza, aun extrema, a núcleos muy importantes de la población; es decir, a pesar de que hemos tenido crecimiento y que este ha sido alto y sostenido, éste no ha propiciado la equidad.

La crisis económica ha empeorado las condiciones de vida de la gente. De ahí que esa falta de crecimiento económico ha significado un retroceso en materia social. Es indispensable retomar la ruta del crecimiento económico y hacerlo desde luego para poder aspirar a luchar contra la pobreza. Un crecimiento con una clara orientación social; es decir, no importa nada más determinar cuánto va a crecer el ingreso, sino sobre todo cómo se va a distribuir el ingreso. Pasar de un economía nacional sana a una economía familiar decorosa que se sienta en los estómagos y la educación de las familias.

De acuerdo con estudios que ha hecho gente dedicada a este tema, si la economía mexicana puede crecer a un ritmo sostenido del cuatro por ciento anual, que significa el doble del crecimiento de la población, pero si no se cambia la distribución del ingreso actual, tomaríamos más de sesenta años para que todos los mexicanos pudieran consumir los mínimos de mercancías y servicios que les proporcionan un bienestar: el mínimo. Por contra, si el incremento anual en el ingreso se destina por completo a programas para combatir la pobreza, podríamos llegar a esa etapa donde todos los mexicanos, por el solo hecho de serlo, puedan satisfacer sus mínimos más elementales.

Entonces, en un caso tenemos más de sesenta años si no abordamos la cuestión de la distribución, y en otro, si canalizamos todo el esfuerzo del incremento en el ingreso hacia programas para abatir la pobreza, podemos llegar en cinco o seis años, y esto nos lleva al tercer tema que creo que es importante: la lucha contra la pobreza no puede ubicarse como un programa más dentro de muchos que integran el plan de desarrollo. Debe convertirse en el eje o, por lo menos, en uno de los ejes fundamentales en tomo al cual debe girar toda la política económica y social.

Redistribuir el ingreso que se genere a partir de ahora, distribuirlo de una manera distinta.

El crecimiento no basta, porque ya tenemos la experiencia de varias décadas de crecimiento sostenido, particularmente alto, que no arrancó de la pobreza, ni siquiera de la pobreza extrema a decenas de millones de mexicanos. Es importante, entonces, hacer explícito el compromiso, el objetivo, y entonces identificar grupos. De todas formas, el país debe crecer para que se genere, y el excedente que se genere se invierta en programas para combatir la pobreza.

La importancia de que existan planes destinados a resolver el problema de la pobreza debe reconocer que no basta que el país sea rico en recursos naturales y humanos; que no basta que en el país haya ricos; es necesario, reconociendo la existencia de los pobres, que haya una política de redistribución de esa riqueza que ataque el problema de la desigualdad. El papel social del Estado, es un tema importante en estos momentos en que se renuevan los debates en torno al alcance de la autoridad del Estado, el plantear la necesidad de que el Estado intervenga en esta política, en una política de redistribución destinada a resolver los problemas de la pobreza extrema.

Octavio Arizmendi Posada, en su libro La ética política del libertador Simón Bolívar, entresacó de algunos escritos del Gran Libertador que: "Los hombres que dicen conocer la política, que se dicen hombres de Estado, deben preverlo todo, deben saber obrar como tales y probar con resultados que efectivamente son como se creen".

Señor Presidente, diputadas, diputados:

Con fundamento en el artículo 74, fracción IV, 79, 93 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 39, 40, 45 de la Ley Orgánica, así como 59, 65 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortamos al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en caso de ser necesario y en estricto apego y respeto a la legalidad, oriente los recursos del denominado "blindaje financiero" para que estos se traduzcan en un "blindaje ciudadano", que opere para evitar que los precios de las gasolinas, gas, electricidad, teléfonos y alimentos se incrementen por efectos de crisis en los mercados de valores o a causa del proceso electoral del año 2000, cuidando que esto sea, en la medida de lo posible, extensible hasta el tiempo en que las condiciones de la economía lo requieran. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elabore una norma que regule el flujo y uso de los recursos provenientes del citado "blindaje financiero".

Que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a esta Soberanía sobre la aplicación del contenido de las circulares números 1430, "Acuerdo de Beneficios a los Deudores de Créditos para Vivienda"; 1418, "Acuerdo de Beneficios a los Deudores de Créditos para Vivienda"; 1419, "Programa de Beneficios a los Deudores de Créditos para el Sector Agropecuario y Pesquero"; 1428, "Programa de Beneficios de Créditos para el Sector Agropecuario y Pesquero", entre otras, donde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 16 de marzo pasado, dictó las reglas para aplicar los mínimos beneficios, las migajas del rescate bancario, que a la fecha son desconocidas y, más aún, inaplicadas por la mayoría de los bancos.

Solicitado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 2 días del mes de diciembre de 1999. Pido a la Presidencia instruya a la Secretaría para que reciba este punto de acuerdo y se turne a comisiones.

Es cuanto, Señor Presidente.

Atentamente
Dip. Sergio Valdés Arias
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA LA CREACION DE UN PROGRAMA DE APOYO A LA COMERCIALIZACION DEL FRIJOL, DENTRO DE LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2000, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Los Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el presente Punto de Acuerdo bajo las siguientes:

Consideraciones

El campo mexicano se encuentra inmerso en una crisis estructural que no ha sido superada desde hace casi tres décadas. Las causas de esa crisis están estrechamente vinculadas a la falta de inversión en la producción de alimentos, a la limitación de tierras para el cultivo agrícola, a la escasa productividad de las parcelas destinadas a la producción y a la falta de integración entre la industria y la agricultura.

Este problema estructural del campo mexicano ha dado como resultado la importación de una gran cantidad de productos alimenticios, entre los que se encuentran el maíz, el frijol, la leche y una serie de productos en los que tradicionalmente nuestra nación era exportadora en el pasado.

En el caso de la producción nacional de frijol, que es uno de los principales componentes de la dieta del pueblo mexicano, la falta de apoyo oficial y los desastres naturales vinculados con la sequía e inundaciones que ha sufrido el campo en los últimos años, pero particularmente, en 1998 y 1999, han mermado significativamente las cosechas de este producto alimenticio.

Por la importancia relativa que tienen en la producción de frijol, los estados que más se ven afectados por estos desastres naturales, son Zacatecas, que es el principal productor nacional con 330 mil 175 toneladas al año, seguido de Sinaloa con 206 mil 613, Durango con 104 mil 515, el Distrito Federal con 104 mil 114 y Morelos con 64 mil 100 toneladas. El total del volumen de la producción nacional en 1998 fue de un millón 244 mil 468 toneladas, oscilando la cosecha por hectárea en alrededor de 580 kilos, y su precio medio rural por tonelada era de 5 mil 962 pesos con 96 centavos.

Asimismo, el valor de la producción total en el país fue en ese año de 7 mil 420.7 millones de pesos, conforme a datos que proporciona la Dirección General de Agricultura de la Sagar.

Con los datos anteriores queremos dejar en claro que nuestros productores de frijol no sólo se ven afectados por la acción de factores naturales que perjudican las cosechas, la productividad y la rentabilidad de quienes se dedican a la producción de este bien, sino que también debe agregarse a este cúmulo de problemas el hecho de que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial aplica una política que va en detrimento de estos productores al autorizar la importación de grandes volúmenes de frijol.

Con ello, la citada Secretaría muestra un doble lenguaje al asegurar, por un lado, a organizaciones económicas de productores involucrados en la comercialización del frijol, que postergaría los permisos de importación para dar prioridad a la producción que se genera en el mercado interno y por otro, postula una política de comercio interior que consiste en retirar todo tipo de apoyo a los productores nacionales al permitir la entrada de frijol con el consentimiento de las autoridades aduanales, lo que resulta injusto para los productores nacionales.

Por si fuese poco, la desaparición de la Conasupo ha venido a agravar las condiciones en que se encuentran los productores agropecuarios, incluidos los del frijol, al haberse retirado todo tipo de subsidios a la comercialización, mientras que en países como Canadá, los Estados Unidos y en la Unión Europea sí otorgan subisidios a sus productores de frijol, realizando prácticas desleales de comercio al exportar a nuestro país este producto bajo estas condiciones.

La reciente modificación a los artículos 9 y 10 del Presupuesto de Egresos del presente año para apoyar la comercialización de los granos básicos excluyó al frijol de esa reforma. Consideramos que dados los argumentos que se han expuesto es muy importante apoyar a los productores de frijol para el ejercicio presupuestal del año 2000, toda vez que el grueso de estos productores son campesinos que viven en su mayoría en condiciones de pobreza.

Esta falta de apoyos gubernamentales a los productores agropecuarios, se combina con la importación de grandes volúmenes de frijol que al finalizar 1998 fueron de 73 mil 247 toneladas con un valor de 38 millones 700 mil dólares, pese a que en el mercado interno existe la suficiente oferta para abastecer al consumo nacional sin necesidad de recurrir a las importaciones de este producto.

Si no se incentiva la producción agrícola, pero en especial a ciertos productos que son básicos en la dieta del mexicano, es de esperarse que las importaciones de frijol y la dependencia con el exterior en materia alimentaria continúe agudizándose, por la falta de una política de comercio interior y exterior que proteja los intereses de los productores nacionales.

Por ello, creemos que es necesario realizar un ambicioso programa de transformación del campo mexicano, que pase por el reconocimiento de que esa transformación es de largo plazo, pero debe iniciarse ya, a través de impulsar la inversión en esta actividad productiva, desarrollar una amplia infraestructura de riego, canalizar y abaratar el crédito a los productores agropecuarios y realizar un programa de integración entre la industria y la agricultura a efecto de impulsar la integración de las cadenas productivas, pero también, es necesario realizar acciones de forma inmediata para evitar la agudización del estancamiento de ciertos productos del campo que son básicos en la reproducción de la fuerza de trabajo en nuestro país.

No vemos razones de peso por las cuales el Gobierno Federal no quiera canalizar recursos presupuestales a la comercialización del frijol, con el propósito de garantizar que este bien fundamental en la alimentación de las grandes mayorías, pueda ser producido y consumido a bajo costo, máxime cuando el Gobierno Federal no ha realizado ninguna política seria de combate a la pobreza extrema en nuestra nación, que hiciese posible que se tuviera otras alternativas de consumo más baratas y nutritivas.

En consecuencia, por las razones expuestas, sometemos a la consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Unico. Se solicita a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública disponga la creación de un programa de apoyo a la comercialización del frijol, dentro de la partida presupuestal destinada a la Sagar, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2000, por la cantidad de 600 millones de pesos, mismos que servirán para apoyar la comercialización del frijol con el propósito de garantizar el consumo de este bien a amplios sectores del pueblo mexicano y fomentar su cultivo, por ser un producto de primera necesidad en la alimentación del pueblo mexicano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Atentamente
Dip. Ricardo Cantú Garza
Coordinador del Grupo Parlamentario
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE ASIGNEN PARTIDAS PRESUPUESTALES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2000, PARA LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA, A CARGO DE LA COMISION DE VIVIENDA

Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Vivienda, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a la consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo para solicitar que se asignen partidas presupuestales a los programas y organismos de vivienda que se indican en la parte conducente:

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4, párrafo quinto, "el derecho que toda familia tiene a una vivienda digna y decorosa agregando que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios, a fin de alcanzar tal objetivo".

El párrafo antes citado fue adicionado a nuestra Constitución el 3 de febrero de 1983. Con ello se incorpora una obligación más para el Estado mexicano en el sentido de satisfacer la demanda social que ahí se reconoce.

De nada sirve establecer derechos si no se establece su correlato para el cabal cumplimiento de los mismos. Por ello, la propia disposición constitucional remite a leyes secundarias; pero está debidamente comprobado que las viviendas no se construyen ni con leyes ni con declaraciones, sino destinando recursos económicos para tal fin.

Existen actualmente organismos públicos que coadyuvan a la consecución de ese objetivo, tal es el caso del Infonavit, Fovissste, Fovi, Fonhapo y el programa Vivah, a cargo de Sedesol, entre otros.

Sin embargo, de los anteriores organismos, los dos primeros únicamente otorgan créditos a quienes previamente han cotizado a dichos institutos y, desafortunadamente, existen millones de familias mexicanas que no son sujetos de crédito para adquisición de vivienda por no cotizar a esos organismos, o bien, por no estar en el rango de obtención de salarios que se requiere para ser sujeto de crédito.

Por ello, se requiere que la H. Cámara de Diputados, en el momento de aprobar el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2000 establezca claramente partidas presupuestales destinadas a impulsar la construcción de viviendas para los mexicanos que se encuentran por debajo del rango de obtención de al menos dos salarios mínimos.

Justificaciones a la solicitud de incremento para los programas de vivienda para el ejercicio fiscal del año 2000

1.- En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2000 asignan como recurso público la cantidad de 295.1 millones de pesos, cantidad que representa el 0.7 por ciento del presupuesto de vivienda del año 1999.

2.- En México el segmento de la población económicamente activa con ingresos iguales o menores a dos salarios mínimos representa más del 50 por ciento de la población y, por ende, no son sujetos de crédito para vivienda.

3.- Según información proporcionada por Sedesol, en el programa nacional de vivienda 1999 la inversión y distribución de créditos para vivienda representó, por organismos:

4.- Como se podrá apreciar en el cuadro anterior, la inversión en 1999 para el programa de Fonhapo representó el 0.48 por ciento del presupuesto total de vivienda, y la inversión del programa Vivah representó el 0.64 por ciento; ambas cifras sólo representan el 1.12 por ciento del presupuesto total de 1999.

5.- Con los incrementos de presupuesto solicitados para el año 2000 para Fonhapo, Vivah y Fovi se estaría en posibilidad de otorgar 65,558 créditos y beneficiar a igual número de familias, abatiendo el déficit habitacional en casi 10 por ciento, equivalente a dar vivienda digna a 327,000 habitantes, si consideramos 5 miembros de cada familia.

6.- Paralelamente con la aprobación de los recursos solicitados se daría, con hechos, congruencia al discurso en materia de política social de que el gobierno federal hace esfuerzos para fortalecer los mecanismos de financiamiento para dar cobertura a la población económicamente más débil.

Relevante para nuestro país, es la construcción de vivienda como detonador en general de la actividad económica, y específicamente en todas las ramas de la industria de la construcción, además de la generación de un importante número de empleos para nuestros compatriotas.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior proponemos, para que se turne a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Unico.- Para los programas de vivienda se solicita se destinen partidas presupuestales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000 por la cantidad de 3,110.6 millones de pesos (tres mil ciento diez millones seiscientos mil pesos) distribuidos en los siguientes programas y organismos:

Organismo Programa Incremento solicitado

                            (millones de pesos)

Fonhapo Fonhapo          300
Sedesol Vivah (1)          305
Fovi Prosavi (2)            2505.6

Total $                    3,110.6

(1) Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva.
(2) Programa Especial de Crédito y Subsidios a la Vivienda.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días del mes de noviembre de 1999.

Diputados: Juan Cruz Martínez, Oscar Aguilar González, Carlos Jiménez Macías, Juan Ignacio Fuentes Larios, Héctor Valdés Romo, Héctor Rodolfo González Machuca, Angelina Muñoz Fernández, Felipe de Jesús Preciado, Baldemar Tudón Martínez, Blanca Rosa García Galván, Francisco Javier Ponce Ortega, Alejandro Oaxaca, José Armando Jasso Silva, Enrique Basáñez Travethán, Antonio Palomino, Jorge Durán Chávez, Luis Velázquez Jaacks, Claudio Guerra López, Jesús José Villalobos, Jorge León Díaz.
 
 

Los suscritos, en nuestra calidad de Diputados de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, por medio de este escrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promovemos la presente excitativa, toda vez que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una iniciativa referente a la Ley Federal de la Pirotecnia, que a la fecha no ha sido dictaminada por las Comisiones correspondientes, por lo que nos permitimos acudir a usted para los efectos pertinentes, y en este sentido exponemos:

Antecedentes

1.- Con fecha 30 de noviembre del año en curso, la Procuraduría General de la República, en coordinación con elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional, en el municipio de Tultepec, estado de México, con todo el lujo de violencia, amenazas y prepotencias llevaron a cabo cateos inconstitucionales en diversos domicilios sin previa orden judicial girada por autoridad competente.

2.- No bastando lo anterior, empezaron a detener a habitantes del municipio, así como a confiscar cientos de juegos pirotécnicos. Ante esta situación, los suscritos diputados exhortamos al Presidente de la República, al procurador General de la República y al secretario de la Defensa Nacional nos dé una explicación del motivo por el que procedieron a la detención de los habitantes del municipio de Tultepec. No obstante de tratarlos como delincuentes delante de varias personas sin haber cometido delito alguno, le han provocado una afectación a su honorabilidad y su libertad de transitar, con imputación directa e Injusta de que habían cometido un delito, privándolos ilegalmente de su libertad.

3.- Con fecha 18 de noviembre de 1999, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propuso ante el pleno de la Comisión de la H. Cámara de Diputados la iniciativa de decreto mediante el cual se crea la Ley Federal de la Pirotecnia, la cual tiene el propósito de regular la fabricación, posesión, transportación, distribución y comercialización de los artificios pirotécnicos, para lo cual partimos de la definición jurídica del objeto y de los sujetos de regulación, como son los propios artificios pirotécnicos, de las materias primas y a quienes se dedican lícitamente a esta actividad.

4.- A su vez, reconoce el papel fundamental del Poder Ejecutivo, pero asume también un reclamo a la falta de compromiso que el mismo ha tenido para con el gremio pirotécnico, al haber creado un vacío en torno a la solicitud de que la presente iniciativa fuera asumida y presentada por el propio Presidente de la República ante esta soberanía.

Se trata de una iniciativa que pretende dar certidumbre y seguridad al desarrollo de la actividad pirotécnica, que involucra al menos a 50 mil familias de nuestro país, que la desarrollan de manera legal, y otras cien mil familias la desarrollan de manera irregular.

5.- Es evidente que los últimos acontecimientos que se suscitaron en los estados de Guanajuato y de México demuestran que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ha dejado de ser un instrumento adecuado para la regulación de la pirotecnia y una garantía para la sociedad, de que la práctica y el ejercicio de esta actividad se realizará en atención a los derechos, a la seguridad y a los intereses de los ciudadanos.

6.- En efecto, debemos de entender que la pirotecnia no es un problema de defensa y seguridad nacional, sino un problema de desarrollo económico, de protección civil, de autoridades civiles y no de autoridades militares.

7.- Se trata de una propuesta hecha por el Frente Nacional que integra e incluye a ciudadanos de 16 estados de la República y a 90 municipios de los mismos. Es una propuesta elaborada en función del conocimiento y la experiencia plena del gremio pirotécnico, para con ello regular a precisión y a detalle el desarrollo de su actividad económica, de su actividad artesanal.

8.- La misma propuesta plantea una regulación con requisitos más rigurosos, el empleo de materiales de mejor calidad y la utilización gradual de explosivos de menor potencia explosiva.

Quienes saben mejor de esto, los pirotécnicos, exigen una norma oficial mexicana que establezca los mínimos de calidad para esta industria, no sólo para que la respeten los nacionales, sino también para que hagan lo propio los competidores internacionales, que muchas veces, practican ilícitamente el contrabando y a las prácticas desleales que, por si fuera poco, nuestros connacionales sufren, ya que no se les brinda las mismas oportunidades de exportar, y no propiamente por resistencias extranjeras, sino por los impedimentos y trabas que nuestros propios funcionarios imponen a nuestro comercio.

Lo que urge es que el gobierno federal y los gobiernos estatales reconozcan a la pirotecnia el lugar que le corresponde como una verdadera industria nacional, que se le proteja y se le estimule, no que se le reprima.

Por lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta que:

1. Desde la fecha en que se presentó la Iniciativa han transcurrido más de los cinco días que como plazo concede el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos para que las Comisiones de la Cámara de Diputados presenten su dictamen en los negocios de su competencia dentro de dicho plazo al de la fecha en que los hayan recibido.

2.- En tal virtud, es procedente que el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a esta H. Cámara de Diputados la aprobación de esta excitativa a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, a fin de que emitan el dictamen correspondiente en el periodo ordinario de sesiones en turno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado;

A usted, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados LVII Legislatura, muy atentamente pedimos se sirva:

Unico. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a la aprobación de esta Cámara de Diputados la excitativa a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Defensa Nacional, para que se presente al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen correspondiente.

¡Democracia Ya. Patria para Todos!

México, DF, a 2 de diciembre de 1999
 

A LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, A CARGO DEL C. DIP. JAVIER PAZ ZARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

C. Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PRESENTE

Javier Paz Zarza, en mi carácter de diputado federal, a la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto por el inciso M) del artículo 27 y párrafo tercero del artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a promover esta excitativa, en virtud de que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa desde diciembre de 1998 que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por lo que me permito acudir a usted, para exponer los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha tres de diciembre de 1998, el del la voz, Javier Paz Zarza, presenté ante el pleno de esta H. Cámara de Diputados una iniciativa de Decreto por la que se adicionaba y modificaba diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, referente a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

2. Tal iniciativa, pretende lograr que el organismo que efectúa el análisis y determinación de los salarios mínimos, se apegue al mandato constitucional del 123 en su fracción VI, es decir el lograr un salario suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para promover a la educación obligatoria de los hijos.

Así mismo, aspiramos a que dicho órgano se transforme de fondo, para que cumpla cabalmente con la responsabilidad que inspiró su creación. También, que la Comisión de Trabajo de esta Cámara conozca los resultados de su desempeño y que opere con transparencia y claridad para que tomando en consideración el entorno socioeconómico nacional, determine el salario suficiente. La propuesta legislativa busca que los representantes de los trabajadores y de los empleadores sean designados por insaculación y publicitada su designación, para que cuando el Consejo de Representantes determine los montos, sea a través de los estudios técnicos necesarios para que la canasta básica realmente satisfaga su objetivo. Finalmente, se busca terminar con las denominadas áreas geográficas, de las que habla la fracción III del artículo 557 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo en virtud de que consideramos que por el dinamismo y las condiciones socioeconómicas de globalidad nacional, actualmente es absurdo seguir estableciendo diversas zonas económicas para la fijación de los salarios mínimos.

3. La propuesta legislativa concensada con diversas organizaciones sindicales y manifestada por el grupo parlamentario de Acción Nacional, rebasa una modificación más, en atención a que los trabajadores han sido de los núcleos de la población más castigados en las últimas décadas.

Ya afirmaba Don Efraín González Luna en el año de la fundación de Acción Nacional en 1939, que "no toda la cuestión social es materia de trabajo, ni toda materia de trabajo es salario; pero el salario es signo principal del trabajo y el trabajador es parte fundamental de la cuestión social. Afirmamos que el trabajador tiene derecho a un salario justo por el trabajo que suministra. Un salario justo para él y su familia, para el logro de una vida con dignidad". Y aquel extraordinario legislador Don Juan Landerreche Obregón puntualizaba que el régimen de salario debe mejorarse y adicionarse no sólo en el aspecto económico, sino sobre todo en cuanto al reconocimiento activo de la dignidad humana del trabajador en la empresa. Que si bien es cierto los trabajadores y patrones tienen intereses diversos, también los tienen comunes y a la vez, son factores complementarios entre sí en la realización de las tareas de la empresa. Sin embargo, mientras la ceguedad de algunos se empeñe en ahondar las diferencias en vez de tratar de armonizarlas y destacar y fomentar los intereses comunes, los enfrentamientos continuaran adelante como factor destructivo de la vida social, por eso, concluía Landerreche Obregón: "La empresa no es para nosotros una simple estructura jurídica y económica. Señalamos que debe ser una auténtica comunidad de vida y de trabajo en la cual nos participen con la contribución de los bienes que pueden aportar - inteligencia, mano de obra o dinero -, no sólo según los intereses particulares sino sobre las bases de igualdad y reciprocidad".

4. Desde 1963, año en que se crea la Comisión de Salarios Mínimos su desempeño ha sido insatisfactorio para los trabajadores. Los que la integran normalmente actúan de manera servil ante las determinaciones del Ejecutivo en turno. Los presuntos representantes de trabajadores instrumentan una obra teatral para finalmente aceptar dócilmente las determinaciones tomadas lejos de las Oficinas de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Por eso no es de extrañarse que el salario mínimo actual sea de 34.50 pesos diarios que indiscutiblemente constituyen una bofetada a la dignidad de los trabajadores.

5. También es del conocimiento de la opinión pública que, cuando periódicamente se reúne la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, hay diversas manifestaciones públicas por diferentes actores sociales que reclaman que cumplan su función. Lo cierto es que mientras subsista la misma estructura de beneficio al corporativismo sindical en perjuicio de millones de trabajadores, las manifestaciones públicas de rechazo a sus resoluciones, no quedarán más que en un sólo grito al vacío.

Por eso, los diputados de Acción Nacional estamos convencidos que no basta quejarse de la tristemente célebre Comisión. Nos corresponde asumir plenamente nuestro papel de Poder Legislativo y promover un marco jurídico que logre concretar en la realidad el mandato del 123 en su fracción VI, lo cual motivó la presentación de la iniciativa de fecha 3 de diciembre de 1997.

6. Es el caso que una vez presentada la iniciativa presentada en comento, el Presidente en turno de la Cámara la turno para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Desde el 3 de diciembre de 1997 a la fecha, han transcurrido evidentemente mucho más de los cinco días que como plazo concede nuestra normatividad interna, para que las Comisiones de la Cámara presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita. A dos años del inmovilismo complaciente de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los Diputados de Acción Nacional consideramos procedente Señor Presidente de esta H. Cámara de Diputados que en cumplimiento a lo dispuesto en dicha normatividad, excite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social a fin de que emita el dictamen correspondiente.

Por una Patria Ordenada y Generosa
Martes, 30 de noviembre de 1999

Atentamente
Dip. Javier Paz Zarza
 
 

Con el propósito de informar a la población en relación a la proximidad de la temporada invernal 1999-2000, el Sistema Nacional de Protección Civil llevó a cabo tres reuniones relativas al tema, que se desarrollaron los días 15,17 y 18 de noviembre último, respectivamente en las ciudades de San Luis Potosí, Durango y Puebla.

La Comisión de Protección Civil, con arreglo a los compromisos de trabajo previamente adquiridos, acudió a la segunda de las mismas, en la que tuvo oportunidad de conocer, tanto los pronósticos que las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional, en relación a este tema, que prevén temperaturas extremadamente bajas en el territorio nacional, así como las recomendaciones específicas a nivel institucional e individual, formuladas para poder enfrentar la problemática de la mejor manera y mitigar sus resultados.

En esta reunión, los diputados asistentes se enteraron de los preparativos materializados por los Sistemas Estatales de Protección Civil de Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas, así como por las autoridades de Salud y por el Sistema Nacional de Protección Civil, para responder a las necesidades de seguridad de la población, frente a estos fenómenos.

Sobre este particular, la Comisión de Protección Civil, tomando como base lo expresado en las reuniones de referencia, el contenido del Glosario de Términos de la Protección Civil y el Atlas Nacional de Riesgos, elaborados y editados por la Secretaría de Gobernación en 1992, estima de importancia refrendar, a los señores legisladores y a la población en general, las siguientes informaciones y recomendaciones.

Una nevada es la precipitación atmosférica sólida en pequeños cristales de hielo en forma hexagonal, o estrellada, que se reúnen en grupos formando copos. En México, este tipo de fenómeno ocurre por la influencia de las corrientes frías provenientes del norte, cuando las condiciones de temperatura y presión referidas a la altitud de un lugar, y el cambio de humedad del ambiente, se conjugan para provocar la precipitación de la nieve.

Estos fenómenos son frecuentes en el norte del país, y en muy escasas ocasiones se presentan en las zonas del sur. En las sierras del estado de Chihuahua, durante la estación invernal ocurren más de seis nevadas anuales en promedio y en algunas pequeñas regiones al norte de Durango y Sonora, las nevadas tienen una frecuencia de tres veces al año.

Por otro lado, una helada es un fenómeno meteorológico producido por masas de aire polar con bajo contenido de humedad, cuando el aire alcanza temperaturas inferiores a los 0º Centígrados. Cuanto más baja sea la temperatura, más intensa resultará la helada.

Es preciso recordar que las heladas se han presentado, con mayor frecuencia, durante largos periodos, en los estados de Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.

El presente año, durante la temporada de ciclones tropicales se registraron elevados volúmenes de precipitaciones pluviales, por lo que las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional prevén que la próxima temporada de invierno registre nuevamente temperaturas especialmente bajas, acompañadas en algunos casos, por heladas y nevadas de diversa intensidad. Esta previsión se está haciendo manifiesta ya en los días presentes, aún cuando el invierno propiamente dicho aún no ha iniciado.

Por lo anterior, es importante refrendar las recomendaciones usuales de la protección civil, para cualquier tipo de calamidad, como lo son definir un punto de reunión y un familiar o amigo que viva fuera de la zona afectable, por si la familia se viera separada; hacer acopio de alimentos y agua potable; reunir documentos personales y medicamentos de uso familiar; prever ropa gruesa y calzado adecuado; atender las indicaciones de las autoridades y tener un directorio de teléfonos de emergencia.

Adicionalmente es necesario no exponerse a cambios bruscos de temperatura, utilizar ropa de abrigo, consumir líquidos en abundancia y especialmente no encender anafres o braseros en espacios cerrados puesto que pueden provocar la muerte por envenenamiento de las personas.

En los casos en que las personas habiten en las zonas anteriormente referidas, es importante cerciorarse de que los techos se encuentren en condiciones de resistir el peso del hielo o la nieve, los drenajes no estén obstruidos y los sistemas de calefacción se encuentren en la mejor situación posible, especialmente aquellos que cuenten con chimeneas, cuyos tiros deberán ser limpiados con anterioridad.

La temporada de invierno, coincidente con el fin del año, se acompaña normalmente de festejos y salidas nocturnas, en las que se debe ser especialmente cuidadoso, a efecto de no exponerse innecesariamente y sufrir consecuencias en nuestras personas y bienes.

La Comisión de Protección Civil, como ha sido su práctica ante los diversos tipos de fenómenos que se registran en el país, mantendrá un monitoreo permanente sobre la problemática, especialmente en lo tocante a las acciones preventivas y de respuesta instrumentadas por el Sistema Nacional de Protección Civil, dando cuenta puntual de su evolución a esta Legislatura.

Atentamente
Dip. Noemí Guzmán Lagunes
Presidenta
 

DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS

A su reunión del jueves 2 de diciembre, a las 10:30 horas, en el salón Protocolo del edificio A, planta baja.

Orden del Día

1. Verificación del quórum.
2. Conocimiento y radicación del turno de la Minuta con proyecto de Decreto que reforma el artículo Cuarto Transitorio, fracción VI, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Honorable Cámara de Senadores.
3. Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto de reforma al artículo Cuarto Transitorio, fracción VI, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Fidel Herrera Beltrán
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA

A su reunión de trabajo con el dr. Santiago Levy Algazi, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el jueves 2 de diciembre, a las 11 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el edificio H, segundo nivel.

Dicha reunión será para tratar temas relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000.

Atentamente
Dip. Ricardo García Sáinz
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA

A su reunión de trabajo con el lic. Martín Werner, subsecretario de Hacienda, y el lic Tomás Ruiz González, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el viernes 3 de diciembre, a las 10 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el edificio H, segundo nivel.

Dicha reunión será para tratar temas relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000.

Atentamente
Dip. Ricardo García Sáinz
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE LA REFORMA AGRARIA

Al Coloquio Internacional Reforma Agraria y Desarrollo: la Transformación de la Sociedad Rural en el Siglo XXI, el cual se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de diciembre, en la ciudad de Puebla.

Atentamente
Dip. Joel Guerrero Juárez
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE EDUCACION

A su reunión de trabajo, el martes 7 de diciembre, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Armando Chavarría Barrera
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

A su sesión de trabajo, el miércoles 8 de diciembre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el 28 de octubre de 1999.
2. Estudio y, en su caso, aprobación del presupuesto que ejerció la Contaduría Mayor de Hacienda durante los meses de octubre y noviembre de 1999.
3. Estado que guarda la denuncia presentada por el C. José Luis Moyá Moyá en contra de los CC. Carlos Nava y Luis Sanguino Rovira.
4. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Fauzi Hamdán Amad
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

Al Seminario de Politólogos Rusos y Mexicanos, quienes disertarán sobre el tema: Rusia y México en el Mundo Contemporáneo, que se llevará a cabo el día 8 de diciembre, a las 11:30 horas, en el Salón Verde.

Programa

11:30 Inauguración por el dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

11:45 Introducción al tema Rusia y México, en el Mundo Contemporáneo, por el dip. Alfredo Phillips Olmedo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

12:95 Intervención del excelentísimo señor Konstantin Mozel, embajador de la Federación de Rusia en México.

Expositores

12:25 Doctor Zbigniew W. Iwanowski, Director del Centro de Análisis, politólogo y sociólogo del Instituto de América Latina, de la Academia de Ciencias de Rusia.

13:00 Doctor Alexander I. Sizonenko, Director del Centro de Relaciones de Rusia con América Latina y especialista en las relaciones ruso-mexicanas,
del Instituto de América Latina, de la Academia de Ciencias de Rusia.

14:00 Doctor Miguel García Reyes, Investigador de Proyecto en el Centro de Estudios de Asia y Africa de El Colegio de México.

14:30 Preguntas y respuestas.
15:00 Término del seminario.

Agradeceremos su presencia 15 minutos antes del evento.

Atentamente
Dip. Alfredo Phillips Olmedo
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A la realización de talleres estatales en la Jornada Nacional para prevenir, atender y sancionar la violencia intrafamiliar, que se llevarán a cabo a partir del 25 de noviembre de 1999 hasta el 29 de febrero del año 2000.

La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión convoca: a sus Comisiones homólogas, así como a las de Derechos Humanos o Asistencia Social en los Congresos de los estados de la República; a las y los Magistrados y Jueces de lo familiar y demás representantes del Poder Judicial; a las Procuradurías de Justicia de los estados; a los Institutos Estatales de la Mujer; a los sistemas DIF y a las y los especialistas en la materia, a sumarse a la "Jornada Nacional para prevenir, atender y sancionar la violencia intrafamiliar", mediante la realización de talleres estatales relativos al tema, que tendrán verificativo a partir del día 25 de noviembre de 1999 hasta el 29 de febrero del año 2000.

Objetivos Generales

Organización y realización de diversos talleres estatales en torno a la violencia intrafamiliar, su legislación y aplicación, a fin de constituir espacios de diálogo, trabajo y propuestas entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con la ciudadanía organizada en el ámbito local.

Conformar las líneas directrices sobre las cuales habrá de definirse una mejor legislación, con un sistema perfeccionado para su aplicación en los ámbitos local y federal en materia de violencia intrafamiliar.

Construir un puente de comunicación entre la ciudadanía, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el contexto estatal y federal, en relación con las distintas legislaciones sobre violencia intrafamiliar, así como los procesos para su aplicación.

Recopilar diversas propuestas y elaborar un diagnóstico lo suficientemente acabado en torno a la problemática de la violencia intrafamiliar y las herramientas con las que cuentan los poderes locales para su atención y disminución.

Analizar los alcances y los límites que arrojen las distintas experiencias estatales en torno a la aplicación de las actuales legislaciones en contra de la violencia intrafamiliar.

Destacar las líneas básicas convenientes sobre la legislación en materia de la violencia intrafamiliar y su aplicación en todo el país.

Fortalecer los vínculos y aprovechar las acciones emprendidas tanto por la ciudadanía organizada como de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el ámbito de las distintas entidades federativas, en el ánimo de atender, prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar en México.

Mesa uno: Políticas públicas de prevención.
Mesa dos: Procedimientos administrativos, civiles y penales en materia de violencia intrafamiliar.
Mesa tres: Modelos de atención y formas de rehabilitación para generadores y receptores (víctimas) de violencia intrafamiliar.
Mesa cuatro: "Sensibilización" al personal encargado de brindar apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar en los sectores de salud y procuración de justicia.

Bases de Participación

Para la participación en cualquiera de las cuatro mesas se les solicita llevar ponencias por escrito (en un máximo de tres cuartillas, por duplicado), cuya presentación no deberá de rebasar los cinco minutos.

Los aspectos no contemplados en la presente Convocatoria serán resueltos por el Comité Coordinador a nivel de los estados.

Atentamente
Dip. Ma. Elena Cruz Muñoz
Presidenta Colegiada en turno