Acta de la sexta reunión ordinaria del miércoles 25 de marzo
A los 25 días del mes de marzo de 1998, en el salón D de Los Cristales de la H. Cámara de Diputados y siendo las 9 horas, con la presencia de los CC. diputados, Emilio González Márquez, Presidente de la Comisión; Antonio Alvarez Hernández, secretario; así como Juan Cristóbal Céspedes, Claudio Marino Guerra López, Félix Hadad Aparicio, Aquileo Herrera Murguía, Felipe Jarero Escobedo, David Miguel Noyola Martínez, Fernando Ortega Herrera, Roberto Ramírez Villarreal, Carlos Fernando Rosas Cortés, Rafael Spinoso Foglia, José Armando Jasso Silva, Alberto Cifuentes Negrete y Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, integrantes de la Comisión, se llevaron a cabo los trabajos de la sexta reunión con carácter de ordinaria de la Comisión de Fomento Cooperativo, bajo el siguiente orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum;2. Declaración
de apertura de la reunión;3. Lectura y aprobación en su caso
de las actas de las reuniones ordinaria y extraordinaria, efectuadas el
10 y 13 de diciembre de 1997, respectivamente;
4. Informe de actividades por Subcomisión;
5. Informe sobre la integración del Consejo Consultivo de la
Comisión de Fomento Cooperativo;
ó. Asuntos generales;
7. Clausura.
En uso de la voz el C. diputado Emilio González Márquez, Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo, pasa lista de asistencia comprobando la presencia de 15 diputados, por lo cual existe quórum legal para sesionar.
Continuando con el uso de la voz, el C. diputado Emilio González Márquez procede a realizar la declaratoria formal de apertura de esta sexta reunión ordinaria de la Comisión de Fomento Cooperativo.
Se pasa al siguiente punto del orden del día. En uso de la voz el C. diputado Emilio González Márquez manifiesta ante el pleno de la Comisión que dado que las actas de las reuniones de los días 10 y 13 de diciembre de 1997 se enviaron con antelación a los CC. diputados integrantes de la misma y dado lo anterior han podido conocer su contenido, se solicita que en esta reunión se dé por leídas las citadas actas y se proceda a su aprobación o desaprobación mediante votación económica. Esta propuesta de procedimiento al ser sometida a consideración de los CC. diputados, es aprobada por unanimidad, procediéndose a la votación de las actas referidas, mismas que se aprobaron por unanimidad
Pasando al cuarto punto del orden del día, los coordinadores de las subcomisiones comentaron el avance que llevan cada uno de sus proyectos. En uso de la voz el C. diputado Emilio González Márquez y a solicitud del C. diputado Carlos Fernando Rosas Cortés, exhortó a los miembros de las subcomisiones a tener una mayor participación en los trabajos que realizan cada una de ellas, con la finalidad de que además de los esfuerzos efectuados, sean logros con base en el Plan de Trabajo.
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el C. diputado Emilio González Márquez informó sobre el evento de integración del Consejo Consultivo de esta Comisión, confirmando que se trata de un órgano colegiado de consulta y opinión para que las funciones legislativas de esta Comisión, tengan como sustento las propuestas y necesidades reales del cooperativismo nacional. Informa asimismo que la participación en este primer evento de sólo la Junta Directiva de la Comisión, se debió a que no se tenía la certeza de conocer el número de invitados que asistirían y podía darse el caso que hubiera una concurrencia mayor de diputados que de cooperativistas, aclarando que para la próxima reunión del Consejo serán convocados todos los integrantes de esta Comisión.
Se pasa al sexto punto del orden del día relativo a asuntos generales y no habiendo asunto a tratar, se clausura a las diez horas con veinticinco minutos del día y mes anteriormente indicados, firmando de conformidad la presente el C. Presidente y los CC. Secretarios de la Comisión
Presidente, dip. Emilio González Márquez (rúbrica); secretario dip. Antonio Alvarez Hernández (rúbrica), secretario, dip. José Carlos Cota Osuna (rúbrica), secretario, dip. Gonzalo Augusto de la Cruz Elvira
Acta de la séptima reunión del 29 de abril de 1998.
A los 29 días del mes de abril de 1998, en el salón E de Los Cristales de la H. Cámara de Diputados y siendo las 9:15 horas, con la presencia de los CC. diputados Emilio González Márquez, Presidente de la Comisión, Antonio Alvarez Hernández, Gonzalo de la Cruz Elvira, Secretarios; así como Alberto Cifuentes Negrete, Rufino Contreras Velázquez, Juan Cristóbal Céspedes, Aquileo Herrera Murguía, Felipe Jarero Escobedo, José Armando Jasso Silva, Fernando Ortega Herrera, Roberto Ramírez Villarreal, Rafael Spinoso Foglia, José Janitzio Soto, Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, José Jesús Villalobos Sáenz y Jorge Doroteo Zapata García integrantes de la Comisión, se llevaron a cabo los trabajos de la séptima reunión con carácter de ordinaria de la Comisión de Fomento Cooperativo bajo la siguiente orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum;2. Declaración
de apertura de la reunión;3. Lectura y aprobación en su caso
del acta de la reunión ordinaria efectuada el 25 de marzo de 1998:
4. Presentación y análisis del borrador de la Ley del
Sector Social:
5. Informe de actividades de las subcomisiones;
6. Invitaciones a eventos internacionales;
7. Asuntos generales;
8. Clausura.
En uso de la voz el C. diputado Emilio González Márquez, Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo, pasa lista de asistencia comprobando la presencia de 16 diputados, por lo cual existe quórum legal para sesionar y realiza la declaratoria formal de apertura de la reunión.
Se pasa al tercer punto de la orden del día. En uso de la voz, el C. diputado Emilio González Márquez manifiesta ante el pleno de la Comisión que dado que la propuesta del acta de la sexta reunión con carácter de ordinaria ya fue enviada con suficiente anticipación a los CC. diputados integrantes de la misma y considerando que, como resultado de ello han podido conocer su contenido, solicita que en esta reunión se dispense la lectura de dicha acta y se proceda inmediatamente a su aprobación o desaprobación mediante votación económica. Esta propuesta de procedimiento, al ser sometida a la consideración de los CC. diputados, es aprobada por unanimidad, procediéndose a la votación para la aprobación de la citada acta, la cual es aprobada por unanimidad.
Pasando al cuarto punto de la orden del día, el presidente de la Comisión informó que el borrador de la ley del sector social fue entregado a todos los integrantes de la Comisión el día 21 del mes y año en curso. Preguntó a los asistentes si alguien deseaba manifestar comentarios al citado borrador. Toma la palabra el diputado Gustavo Arturo Vicencio Alvarez manifestando que la Ley en discusión está creando un ente corporativo, no se establecen privilegios concretos para el sector social, se están violando disposiciones contenidas en otras leyes vigentes y se repiten disposiciones aplicables a las sociedades cooperativas establecidas en la Ley que las rige.
No habiendo alguna otra persona que hiciera uso de la voz, el diputado Emilio González Márquez preguntó a los asistentes si recibieron el borrador de Ley del Sector Social, a lo que algunos de ellos contestaron negativamente. Propuso que se celebrara una reunión extraordinaria a fin de discutir el mencionado borrador y obtener una propuesta consensada que constituya el anteproyecto de Ley del Sector Social para que se presente al Consejo Consultivo de la Comisión de Fomento Cooperativo. Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad. Continuando en el uso de la voz el diputado González Márquez sugirió como fechas posibles para la realización de la reunión extraordinaria los días 13 y 20 de mayo y al someterse a consideración de los presentes, se acordó por mayoría de votos celebrar dicha reunión el día 13 de mayo a las 8:30 horas. Por otra parte el dip. Emilio González solicitó a los asistentes analizar el borrador de la Ley del Sector Social y entregar sus comentarios a la brevedad posible en las oficinas de la Comisión, o en su defecto llevarlos a la reunión extraordinaria. Exhortó a los diputados presentes a que asistan a la segunda reunión del Consejo Consultivo proponiendo como fecha de celebración el día 10 de junio. Sometió a votación lo planteado y se aprobó por unanimidad.
En el desahogo del quinto punto de la orden del día que se refiere al informe de actividades de las subcomisiones, en el uso de la voz, el diputado Antonio Alvarez Hernández, en su calidad de coordinador de la subcomisión jurídica informó de los avances en las tareas de la misma, manifestando que la subcomisión a su cargo ha estado trabajando en los proyectos de dictaminar la iniciativa de reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas y el de definir la naturaleza jurídica de la sociedad cooperativa, informó que respecto del primero ha recibido los comentarios del diputado Roberto Ramírez Villarreal y respecto del segundo el diputado Bernardo Bátiz, entregó sus comentarios.
Se pasa al desahogo del sexto punto de la orden del día. El diputado Emilio González Márquez informó que se recibió invitación de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores (COLACOT), al Seminario Latinoamericano sobre Economía Solidaria, a realizarse en la primera semana de junio en San Juan, Puerto Rico, y al Congreso Internacional sobre Estado Social de Derecho y el Derecho de la Economía Solidaria, en agosto en Santa Fe de Bogotá, Colombia. Propuso que la participación de los diputados en eventos internacionales sea proporcional considerando el número de diputados de cada grupo parlamentario, por lo que a cada evento podrían asistir 4 diputados del PRI, 2 del PRD y 2 del PAN, procurando que todos los miembros de la Comisión de cada grupo parlamentario participen por lo menos en un evento de esa naturaleza y serían los Secretarios de la Comisión quienes designen a las personas que asistirían. Al someter a consideración de los asistentes la propuesta, (ésta) se aprobó por unanimidad. El diputado Emilio González solicitó a los secretarios enviar a la oficina de la Comisión, los nombres de los diputados que asistirán a cada uno de los eventos citados, a fin de realizar los trámites correspondientes.
Se pasa al séptimo punto de la orden del día relativo a los asuntos generales y no habiendo asunto que tratar el Diputado Emilio González Márquez levanta la sesión siendo las diez horas con treinta minutos del día y mes anteriormente indicados, firmando de conformidad la presente el C. Presidente y los CC. secretarios de la Comisión.
Presidente, dip. Emilio González Márquez (rúbrica); secretario, dip. Antonio Alvarez Hernández (rúbrica); secretario, dip. José Carlos Cota Osuna (rúbrica); secretario, dip. Gonzalo de la Cruz Elvira (rúbrica).
México, DF, a 21 de abril de 1998.
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71, fracción IV del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los abajo firmantes diputados federales del grupo parlamentario de Acción Nacional en esta LVII Legislatura, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa por el que se adiciona el artículo 21 constitucional y un Título Cuarto a la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de establecer como garantía constitucional el derecho a la seguridad pública y señalar la importancia de la prevención del delito como fundamento de una política criminológica integral que coadyuve a la solución de los graves problemas de inseguridad pública que se tienen en la actualidad en nuestro país, bajo la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La protección y la seguridad de la sociedad es un elemento imprescindible para la realización plena de las actividades productivas, el fortalecimiento de la vida democrática y la defensa de una convivencia civilizada en nuestra sociedad.
Estamos convencidos de que no hay desarrollo sin seguridad, que no hay progreso sin orden social y sin paz. Que el delito es una amenaza grave a la tranquilidad de las personas y de sus familias, una agresión a la unidad del tejido social.
Todos necesitamos de condiciones mínimas de seguridad para desarrollar las diversas actividades que emprendemos cada día, requerimos seguridad pública para el trabajo, para el estudio, para la investigación, para la cultura, para la recreación y la convivencia. Por ello, la seguridad pública, así como la plena vigencia del estado de derecho deber colocarse como una de las prioridades fundamentales del gobierno, ya que éstos son supuestos, que permiten mantener una estabilidad que propicia cohesión social, gobernabilidad y un orden basados en el respeto de las garantías fundamentales de los individuos.
Reconocemos la necesidad, el derecho y el deber del Estado, para defender su seguridad, y la de sus gobernados. Sin un entorno de tranquilidad, de estabilidad, resulta difícil el desenvolvimiento de cualquier proyecto nacional, individual, de vida, de trabajo.
Asimismo, es demanda esencial de la población una eficiente y eficaz seguridad pública, ya que la inseguridad, como se ha dicho, rompe el orden social y amenaza la tranquilidad y los bienes jurídicos de las personas.
Es así, que la seguridad pública debe concebirse en una primera instancia, como un componente clave de la gobernabilidad y factor esencial de la cohesión social. De ahí que las corporaciones policíacas deban convertirse en agentes dinámicos del cambio, revalorando en la práctica cotidiana su papel al llevar cabo acciones de tipo preventivo, al fortalecer la confianza de los ciudadanos en un estado de derecho que otorgue amplias libertades a los ciudadanos y dé protección a la integridad de las personas y sus bienes.
Por ello, la tarea debe encaminarse, también, a perfeccionar los instrumentos jurídicos y organizativos de las instituciones encargadas de impartir protección y seguridad a la ciudadanía.
Sin duda, preservar el orden, la paz y la estabilidad social de un país, es una de las obligaciones del Estado y ésta ha sido la motivación que llevó a una comunidad a idear que algunos de sus miembros desarrollaran el papel de autoridad. En su forma más elemental, el orden del que es responsable la autoridad pública, es el que debe existir entre los individuos que conforman la comunidad; ello, ante la constante y permanente posibilidad de que uno de los integrantes de la sociedad afecte a otro en sus legítimos bienes e intereses.
En este sentido, cabe el pensamiento del ilustre Cesare Beccaria que expresa: "Las leyes son las condiciones con que los hombres independientes y aislados se unieron en sociedad, fatigados de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar una libertad convertida en inútil por la incertidumbre de conservarla., Sacrificaron una parte de ella para gozar la restante con seguridad y tranquilidad. La suma de todas estas porciones de libertad sacrificadas al bien de cada uno constituye la soberanía de una nación...". De manera que el contenido político básico de la constitución del Estado pensado por la Ilustración son las leyes que garantizan la seguridad.
En este contexto, es importante subrayar que la noción de seguridad pública hace referencia al mantenimiento de la paz y el orden públicos. La concepción jurídica, política y social de la seguridad, en las naciones democráticas, como un derecho prioritario del ciudadano, significativamente se encuentra vigente en naciones en que los derechos fundamentales, además de ser respetados están garantizados efectivamente por aquello que estableció el artículo 12 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano: "La garantía de los derechos del hombre y el ciudadano necesitan de una fuerza pública", y esta fuerza pública no es otra que las instituciones, policíacas o de seguridad, que están para garantizar y asegurar los derechos y libertades del hombre.
Es así, que sólo se puede restablecer el orden social y la ausencia subjetiva y objetiva del peligro que ocasionan las conductas delictivas cuando el Estado cumple con su obligación de reconocer, proteger y defender el derecho de los ciudadanos a la seguridad pública en contra de los actos delictivos. Ya que si bien el Estado no puede garantizar el total y absoluto respeto entre los miembros de la comunidad en sus bienes jurídicos, sí puede y debe desarrollar esquemas y medidas públicas para prevenir y reducir los daños eventualmente causados a determinada persona o bien para evitar los mismos.
La seguridad, junto con la justicia, son las columnas que sostienen el bien común y este último es el fin del Derecho y del Estado. Sin seguridad se hace de imposible la aplicación del bien común.
La seguridad debe siempre ejercerse en el marco del Estado de Derecho, donde se logra el difícil equilibrio entre ésta y la justicia. Pero debe aspirarse, no a una seguridad tan rígida que nos lleve a un estado totalitario en menoscabo de las libertades fundamentales, pero tampoco a un concepto erróneo de la libertad que ponga en peligro la seguridad de la sociedad y del Estado.
El equilibrio entre la libertad y el orden es esencial para la convivencia social. El orden garantiza la Protección de las libertades fundamentales del hombre, y supone la existencia de un sistema normativo con autoridades que vigilen el cumplimiento de las leyes que protegen las libertades humanas y puedan también sancionar a aquellos que las violen.
Es por la defensa del orden social, como se puede justificar la facultad del Estado al uso de la coacción, de la fuerza pública. Sin embargo, aquí nos detiene un problema que no tiene más que dos soluciones: el derecho de la fuerza o la fuerza al servicio del derecho, la primera es la carta de la barbarie, la segunda el postulado de la civilización
La fuerza y la coerción deben ser el ultimo recurso del Estado para restablecer el orden, por ello la seguridad, debe y tiene que ser un sistema institucional con visión de política integral en que se privilegie a la prevención.
Cuando hacemos alusión al tema de seguridad pública, nos referimos a la problemática que esta materia ha evidenciado en nuestro sistema jurídico, tales como la ausencia de un verdadero servicio civil de carrera policial y ministerial, falta de profesionalización, capacitación y actualización de quienes desempeñan la función de seguridad publica, ausencia de órganos técnicos y científicos para la prevención, investigación y persecución de los delitos, carencia de vocación entre los diversos órganos de seguridad pública, faltas de sistemas de información tanto de bancos de datos como estadísticas de delitos; así como la falta de una política criminológica integral, que contemple, la participación del ciudadano o de las organizaciones no gubernamentales en la prevención del delito.
La seguridad pública debe conceptualizarse como un servicio no sólo de persecución de conductas antisociales, sino también de prevención científica de la comisión de delitos y debe estar bien articulada a todo el proceso de justicia, tanto de procuración como de impartición de la misma ya que en todo lo anterior existe una gran vinculación con la seguridad, que se da porque la aplicación de mecanismos penales contribuyen a inhibir la comisión de delitos.
La más amplia coordinación entre estas instituciones logrará una mejor seguridad pública; como dice González de la Vega: "La seguridad pública se debe connotar en protección de la situación social de los seres humanos en comunidad, a partir de los órganos e instituciones del Estado, tanto preventivos como represivos, considerando a éstos, tales como el procurador y el aparato policial, que conlleva la noción de orden, tanto correctivo como preventivo".
Por lo anterior, y a fin de que el Estado proporcione una adecuada seguridad pública, y se cumpla con los objetos señalados, es necesario considerarla como una garantía de la que puedan disfrutar los ciudadanos y además entenderse esta función de manera integral, a través de una política criminológica que atienda aspectos preventivos, punitivos y readaptativos, iniciando por un diagnóstico de las características del fenómeno criminal, que permita el diseño de políticas de prevención de la delincuencia, de operativos para una oportuna y eficaz actuación de los cuerpos encargados de la seguridad y del combate a los factores criminógenos.
En este rubro reconocemos que conforme a la reforma al artículo 21 constitucional en diciembre de 1994, se entreabrió la puerta para la definición de una política criminológica, demanda añeja del Partido Acción Nacional, quien propuso a través de sus legisladores la incorporación en el texto constitucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que la iniciativa presidencial no contempló y la Plataforma Política 1994-2000 del PAN sí planteó. Sin embargo, no se fue contundente para la instauración expresa y clara de una política criminológica integral a la que tenga que sujetarse la actuación de los cuerpos de seguridad pública y en la que participen los ciudadanos.
En efecto, se requieren soluciones integrales y de conjunto, y es a través de esta política criminológica, como se puede tener los conocimientos básicos para luchar y mejor aún prevenir la delincuencia, ya que esta política comprende el auxilio de diversas ciencias como la sociología criminal, la psicología, y el derecho, entre otras, que aunadas ayudan a comprender el problema de la delincuencia, debido a que para luchar con eficacia contra el enemigo social que es el fenómeno criminal, se necesita por fuerza conocerlo a profundidad, detectando los factores que lo generan y las medidas de prevención que auxilian a evitar su aparición.
Los objetivos de la seguridad pública sólo pueden alcanzarse a través de esta concepción sistémica, pues sus tareas abarcan la prevención de los hechos que vulneran el orden y la paz públicos, las acciones para enfrentarlos cuando éstos se presentan y la correcta y efectiva aplicación de las sanciones previstas por la norma.
La Política Criminológica tiene como finalidad específica la lucha contra el crimen, valiéndose de todos los medios que le aportan las ciencias penales, dentro de esa lucha quedan incluidas todas aquellas medidas tendientes a la prevención del mismo, pues es completamente cierto, que es cualidad propia y necesaria del conocimiento científico, servir al hombre antes que reprimirlo, previniendo las causas que producen o pueden producir en él, conductas que puedan llevarlo la comisión de algún acto delictivo.
Estamos convencidos, de que la conducta criminal no puede ser un problema que se deje al azar, ni exclusivamente a las normas represivas, es preciso que la consideremos desde todas sus facetas, es decir, no sólo teóricamente, sino en su totalidad, analizando no únicamente al sujeto desadaptado que las comete, sino también al marco de referencia que hizo posible su realización, con los factores generadores de la misma.
De aquí, que las verdaderas funciones de la Política Criminológica, que aspira verdaderamente a combatir eficazmente el delito, son, inquirir en sus causas y proponer los remedios oportunos, más que una prevención especial, una prevención general, que tienda a la supresión de las múltiples causas del delito.
Hoy, es indudable la influencia creciente de la Criminología en el mundo de las ciencias penales, ya que el fenómeno criminal en sí, debe ser comprendido a la luz da la observación y la experimentación que se realiza a través de las disciplinas criminológicas, para sintetizar estos conocimientos en normas que nos orienten acerca de la génesis y manifestación de dichas conductas y que sirven a la política criminal para que a su vez se propongan los medios de combatirla eficazmente.
Tenemos así el binomio adecuado: por una parte la Política, entendida ésta en términos generales como la ciencia del Estado tendiente a la realización del bien común, y por otra, la Criminología, que con su estudio interdisciplinario e integral del hombre que comete conductas antisociales, que aporta el conocimiento de los factores generadores de la delincuencia, dando de esta manera, elementos suficientes para combatirla en su raíz, en su origen, en su concepción, pues no podemos pensar, en materia de seguridad pública y del combate a la delincuencia, que haya dos mundos separados, el de la ciencia y el de la vida, ya que este deslinde es y ha tenido resultados negativos, es así que la tarea de esta última ciencia será la observación, el estudio y el conocimiento integral de la conducta delictiva, para presentar una serie de medidas que eviten la aparición del delito.
Precisamente esto es lo que nos ofrece la Criminología: una explicación científica de las características de la conducta criminal, como expresión negativa del hombre que vive en sociedad, nos enseña las causas de la delincuencia, nos ilustra respecto de los factores del delito: pobreza, desintegración familiar, desempleo, falta de educación, marginación, migración campesina del campo ciudad, narcotráfico, corrupción, ambición desmedida, impunidad, alcoholismo, drogadicción, desordenada urbanización y otros. Nos enseña la importancia de la observación de los hechos, que nos hace ver la realidad con objetividad y nos aleja de la visión ilusoria, mágica y distorsionada que nos frena en la consecución de nuestro fin: combatir eficazmente la delincuencia.
En este sentido dice Severín Versele "si no nos ocupamos de la modificación de estructuras político-sociales en las que se dan las conductas antisociales, no estaremos resolviendo en realidad el problema, solo es una lucha parcial y superficialmente inútil".
Efectivamente, no podemos permitir ninguna fisura en lo que se llama el proceso de justicia y en la seguridad pública, desde la prevención, averiguación previa, proceso penal y ejecución de la pena hasta la readaptación, que tiene que ser un todo homogéneo y compacto; esto es precisamente una Política Criminológica.
Son estas consideraciones las que nos llevan a plantear diversas adiciones al artículo 21 de nuestra Carta Fundamental, a fin de que quede claramente expresado que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se base en un concepto integral de política criminológica que privilegie las medidas preventivas.
Con esta nueva concepción, se permitirá una mejor coordinación de las acciones en materia de la seguridad pública, ya que con estas adiciones, todas las instituciones quedarían comprendidas en un proyecto común que comprende tanto a las policías preventivas, al Ministerio Público, jueces, custodios, policías judiciales, así como a diversos ciudadanos o instituciones educativas interesadas en la prevención del crimen.
En tal virtud, estaríamos fortaleciendo desde la Constitución el concepto de una visión integral de la seguridad pública, la cual reiteramos debemos circunscribirla a un conjunto de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, acciones y políticas específicas que de manera articulado, coherente y legal crea y administra el poder público instituido.
Asimismo, se plantea incorporar dentro del propio párrafo que se propone adicionar al artículo 21 constitucional, el concepto que sea la prevención del delito base esencial en la actuación y la responsabilidad de las instituciones de la seguridad pública.
En efecto, como ya se apuntó, una política criminológica comprende tres aspectos: el preventivo, el punitivo y el readaptativo. Sin embargo, es primordial la faceta preventiva, toda vez que la prevención nos lleva al concepto de conocer con antelación un daño o un perjuicio, así como preparar y disponer con anticipación las cosas necesarias para un fin, por lo que hace en materia criminológica, prevenir es el conocer con anticipación la probabilidad de una conducta criminal, disponiendo los medios necesarios para evitarla.
Estamos convencidos de que el costo de la prevención del delito siempre será menor al costo humano, económico y material de la represión de las conductas delictivas, a mayor abundamiento cabe lo expresado por Rodríguez Manzanera, "que lo importante del delito no es reprimirlo sino prevenirlo".
Se hace necesario establecer una base firme de prevención del delito, erradicando la añeja práctica de la represión, en donde sólo se plantea como supuesto que el individuo que cometa el delito habrá que castigarlo, es decir, se ataca el hecho delictuoso, no las causas que lo producen, o los factores que lo favorecen. Lo anterior no impide que reconozcamos los esfuerzos que en esta materia en México se han realizado, sin embargo hasta ahora los resultados no han sido lo positivo que quisiéramos, reflejo de ello son los índices alarmantemente altos que la delincuencia ha alcanzado en nuestros días.
La seguridad pública debe ser real, no debe ser la consecuencia de una intervención represiva, sino un fin social al que se tiende a través de medidas preventivas Esta es precisamente una de las tareas fundamentales de las instituciones de la seguridad pública: prevenir el delito y proteger a los miembros de la sociedad contra la delincuencia y sus efectos.
Reiteramos, la prevención delictiva no debe orientarse sólo al individuo, sino debe estar encaminada a entender y a proponer medidas que cambien la realidad social con acciones que se ocupen primeramente de conocer la delincuencia y las causas que la generan, para posteriormente combatirlas, inhibiendo la verificación de las conductas delictivas, es decir poner obstáculos o frenos a la conducta antisocial antes de que ésta se presente.
El servicio de seguridad pública, insistimos, requiere desarrollar una política pública preventiva qué, mediante acciones y programas específicos, con la participación de la comunidad, de las asociaciones privadas y de los sistemas de salud, educación, seguridad social y desarrollo social, influya en los grupos sociales y zonas de mayor riesgo de incidencia delictiva.
La política de prevención del delito, indudablemente es valiosa, toda vez que dentro de sus objetivos están: a) Las investigaciones encaminadas a la obtención de un diagnóstico sobre las actitudes personales y los hechos sociales concurrentes a la génesis del delito, así como otros tipos de comportamiento o componentes de situación pre-delictiva; b) La evaluación de las investigaciones criminológicas para establecer cuáles de las medidas dieron los resultados buscados; c) La formación de personal adecuado para aplicar las medidas inherentes a la prevención; d) La centralización, confección y publicación de estadísticas y tablas de prognósis criminal; e) La realización de campañas de orientación de la colectividad para obtener su colaboración en la prevención del delito; f) la elaboración de proyectos de ley: de reglamentos, normas y procedimientos relacionados con la política antidelictiva; g) El estudio y la coordinación de todo lo que se refiera a asistencia oficial, a eventos nacionales e internacionales relacionados con el génesis y la Prevención del delito.
La preocupación por reducir el delito no es únicamente de nosotros los mexicanos, sino también de los habitantes de cualquier parte del mundo. Como prueba de ello, la Organización de Naciones Unidas celebra congresos internacionales cada 5 años, habiéndose celebrado el último, en la ciudad de El Cairo, en Egipto, en el año de 1995 y en el que se concluyó que la prevención del delito es tarea de todos. Desde ese mismo año, México fue designado miembro integrante de la Comisión del Delito y Justicia Penal.
Para los estudiosos de la criminología, la preocupación por el diseño y aplicación de medidas preventivas de la criminalidad, siempre ha sido una constante ya que ha demostrado que prevenir el delito además de ser más económico que el reprimirlo y por ello, es la alternativa más viable en la solución de la criminalidad.
A nivel internacional, sobresale el nacimiento en 1994 del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, con sede en Canadá, pero financiado además de este país, por Francia.
Este Centro conocido por sus siglas CIPC "... fue creado para aprovechar y poner en aplicación el conocimiento sobre la prevención de la criminalidad en el mundo a fin de reducir el delito entre los individuos, reafirmar el sentimiento de seguridad y favorecer el desarrollo vital de la ciudadanía".
En México, concretamente en Guadalajara, Jalisco, se han celebrado dos Congresos Nacionales sobre la Prevención del Delito, durante los años 1994 y 1996, así como un Foro Internacional sobre la Prevención y Violencia Doméstica, llevándose a cabo este último en noviembre de 1996, que han concluido señalando que la forma más apropiada para combatir la criminalidad son las medidas preventivas.
De la misma manera, y como consecuencia del Primer Congreso mencionado, el Procurador General de la República en 1994, dictó un acuerdo en el que creó La Comisión para la Prevención del Delito, señalando que ante el aumento de la criminalidad se "...hace imperiosa la implementación de una política criminológica moderna, en la que las acciones de investigación y persecución del delito puedan combinarse y equilibrarse con las acciones preventivas, promoviendo en mayor grado la participación activa de los grupos sociales en virtud de que únicamente bajo la acción conjunta de toda la comunidad, se podrá incidir directamente en el abatimiento de la criminalidad".
Relevante resulta asimismo que se incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000 del titular del Poder Ejecutivo la realización de una serie de campañas en materia de prevención del delito.
Asimismo, reconociendo la importancia de la prevención del delito, la Segunda Conferencia Nacional de Procuradores Generales de Justicia, en noviembre de 1996, acordó se creara una Comisión dedicada a llevar a cabo, con el apoyo de todas las Procuradurías, campañas en contra del delito, la violencia y el consumo de drogas.
Finalmente, el combate a la delincuencia, también se dará mediante una política que otorgue mejor nivel de vida a nuestro pueblo, que permita erradicar los factores socioeconómicos que sabemos la provocan, tales como el desempleo, la marginación, el analfabetismo, la pobreza, la carestía de la vida, la falta de educación, la falta de oportunidades para hombres y mujeres, que truncan sus aspiraciones personales, y que generan en el individuo resentimientos que pueden aflorar en cualquier momento como delito, entre otros muchos factores sociales.
Creemos, que el problema de la delincuencia se reducirá no sólo con la aplicación de una política integral en materia criminológica, sino también tenemos que edificar una auténtica y eficaz política social; en tal virtud, debemos aspirar a construir el camino que nos lleve a la realización de esa aspiración humana llamada bien común.
En este sentido la iniciativa que presentamos incluye también la adición de un título cuarto llamado "De la prevención del delito", en el cual se hace hincapié en la necesidad de dar privilegio a las facetas preventivas dentro del fenómeno criminal, definiéndose líneas de acción, programas y objetivos que ayuden a forjar un futuro más claro para la sociedad mexicana, ya que dadas las circunstancias actuales corremos el riesgo de que el poder legislativo escuche esas voces que piden cada vez con mayor insistencia el aumento de las penas como el medio más adecuado para frenar la ciertamente desbordada criminalidad.
E1 espíritu de la iniciativa legal es reglamentar, una vez aprobada por el constituyente la reforma a nuestro máximo ordenamiento, reconociendo las circunstancias actuales en materia criminal y atacarlas desde sus cimientos sociales y culturales atendiendo a las causas más que a las consecuencias jurídicas, para así evitar una nada deseable espiral represiva.
Por último, estamos conscientes que el fenómeno criminal es en gran parte producto de una errónea política social; no obstante, la implementación de una política criminológica integral que privilegie las medidas preventivas, mitigará los nocivos efectos de la delincuencia, permitiendo acercarnos a la realización de una de las más altas aspiraciones humanas: el bien común.
Por las consideraciones expuestas y en ejercicio de sus
facultades los suscritos diputados de la nación de la LVII Legislatura
del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, sometemos a esta Honorable Cámara
la siguiente:
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el artículo
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
asimismo se agrega un título cuarto a la Ley General que establece
las bases de la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona el párrafo quinto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta constitución señala. El derecho a la seguridad pública será garantizado por el Estado. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona el párrafo sexto del artículo 21 de la Constitución Política para quedar como sigue:
La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para definir una política criminológica y establecer un sistema nacional de seguridad pública.
ARTICULO TERCERO.- Se agrega un séptimo párrafo al artículo 21 constitucional, para quedar como sigue:
La prevención del delito es una responsabilidad esencial y prioritaria de la sociedad y de las instituciones policiales e instancias de coordinación de seguridad pública.
ARTICULO CUARTO.- Se adiciona un nuevo título que será el cuarto de la Ley que establece las bases de coordinación del sistema nacional de seguridad publica, por lo que el título cuarto original, que se refiere a los servicios privados de seguridad pasa a ser el quinto, recorriéndose como consecuencia el numeral de los artículos correspondientes, para quedar como sigue:
TITULO CUARTO
DE LA PREVENCION DEL DELITO
Artículo 52.- En materia de prevención del delito, el Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
I.- La designación de los especialistas que lleven a cabo el análisis científico de los múltiples factores que propician las conductas antisociales y las medidas de prevención que deberán implementarse para evitar su surgimiento.
II.- La planeación, con base en estudios, objetivos y programas, donde se definan metas específicas dentro del marco de una política criminológica integral, que privilegie las actividades de prevención científica de la criminalidad, tomando en cuenta las diversas formas y modalidades actuales de la misma, así como su evolución.
III.- La ejecución de los programas para la prevención del delito a que se refiere la fracción I de este artículo.
IV.- El impulso decidido a actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas tendientes a alejar al individuo, de la comisión de conductas antisociales.
V.- La sensibilización de la opinión pública, mediante campañas permanentes de prevención del delito en los medios masivos de comunicación, promoviendo la integración familiar, la educación, la cultura, el deporte, la recreación, el civismo y todo aquello que permita alejar a la persona de la conducta delictiva.
VI.- Proponer a las instancias legales correspondientes, las medidas conducentes para coordinar la aplicación de las diversas políticas de prevención del delito
VII.- La instrumentación de proyectos tendientes a profesionalización de los agentes del ministerio público, la policía, del personal del sistema penitenciario y demás autoridades en materia de prevención del delito, promoviendo una mayor complementación entre estas instituciones y el ciudadano
VIII.- Realizar semestralmente la evaluación de los programas preventivos aplicados publicando un informe de los resultados de los mismos.
Artículo 54.- El Consejo Nacional deberá integrar a la sociedad civil en el diseño, implementación, evaluación y cumplimiento de los programas de prevención del delito; asimismo proporcionará a la comunidad la información con que cuente en esta materia y al efecto conformará un equipo de especialistas que supervisen y asesoren a las autoridades y demás organizaciones responsables de esta actividad.
ARTICULO TRANSITORIO
UNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Dip. Juan Miguel Alcántara Soria (rúbrica), dip. Soledad Baltazar Segura (rúbrica), dip. José Espina von Roehrich (rúbrica), dip. Jorge López Vergara (rúbrica).
Presentada al Pleno de la Asamblea, por el diputado Jorge López Vergara, el lunes 27 de abril de 1998.
En seguimiento de las actividades enmarcadas en el Programa de Trabajo 1998 de la Subcomisión de Prevención de la Comisión de Protección Civil de la H. Cámara de Diputados, LVII Legislatura, el día 2 de junio en curso culminó el Primer Curso para Brigadas Internas de Protección Civil.
El trabajo que está realizando la Comisión de Protección Civil, en relación a las propias instalaciones del Palacio Legislativo, al personal que ahí presta sus servicios, a las personas que acuden a realizar alguna gestión y a la salvaguarda del patrimonio cultural y artístico bajo su resguardo, tiene la denominación genérica de Programa Interno de Protección Civil.
Es este un modelo de organización desarrollado desde 1989 por el Sistema Nacional de Protección Civil, muy amigable por sus características, ya que requiere de un nivel muy razonable de capacitación, adecuaciones e inversión de recursos, para su aplicación en prácticamente cualquier tipo de inmueble.
Su objetivo central es preservar a las personas, sus bienes y el entorno ante los peligros derivados de la ocurrencia de fenómenos naturales y tecnológicos, mediante el diseño e instrumentación de acciones que eliminen o mitiguen sus efectos.
Para su aplicación se realizan distintas estrategias agrupadas bajo los rubros de prevención, auxilio y recuperación, enfocando sus esfuerzos en actividades de organización, equipamiento, capacitación y difusión, realización de planes y programas, y ejecución de ejercicios de gabinete y simulacros de campo.
Atendiendo a la convocatoria de la Comisión de Protección Civil, un entusiasta grupo de empleadas y empleados, procedentes de diversas áreas de esta Honorable Cámara de Diputados, acudieron a requisitar sus solicitudes para ser incorporados al personal brigadista que trabajará el mencionado programa interno.
Así, en la semana del 25 al 29 de mayo, se inician las actividades inherentes, mediante la materialización de un ciclo de capacitación que comprende el temario impartido a más de ochenta participantes, incluyendo.
- Introducción al Sistema Nacional de Protección
civil.
- Programa Interno de Protección Civil.
- Primeros Auxilios.
- Procedimientos de actuación en caso de emergencia,
y
- Control y combate de incendios.
En sus fases subsecuentes, los brigadistas del programa interno, que el día de hoy recibieron los reconocimientos por su asistencia a este curso, llevarán a cabo acciones de:
- Diagnóstico de riesgos internos y externos
del Palacio Legislativo.
- Revisión y adecuación de rutas de evacuación,
vías de acceso, zonas de seguridad y su señalización,
- Determinación de necesidades de equipamiento
físico de los inmuebles; y equipamiento de protección e identificación
para brigadistas
- Desarrollo de los planes de alertamiento, evaluación
de daños, emergencia, y vuelta a la normalidad, y
- Diseño y realización de ejercicios de
gabinete y simulacros de campo, sobre distintos escenarios y grados de
dificultad.
La Comisión de Protección Civil de la Honorable Cámara de Diputados, LVII Legislatura, confía en que el ejemplo del personal actualmente participante, servirá como motivación para que un número mayor de personal se adhiera a estas acciones, para que todos procuren llevar este conocimiento a sus casas y vecindarios y ponerlos en práctica con sus familias y vecinos, en la búsqueda de la seguridad individual y colectiva.
Atentamente
Dip. Noemí Guzmán Lagunes
Presidenta
Propuesta de Programa de Trabajo
Coordinador: Dip. Gerardo Buganza Salmerón
Integrantes: dip. Javier Castelo Parada (PAN)
Dip. Lombardo Guajardo Guajardo (PRI)
Dip. Jaime E. Basáñes Trevethan (PRI)
Dip. Fernando Ortega Herrera (PRI)
Dip. María del Carmen Moreno Contreras (PRI)
Dip. Aarón Quiroz Jiménez (PRD)
Dip. Sergio Marcelino George Cruz (PRD)
I Situación actual
Es una queja generalizada la que se escucha en forma cotidiana, cuando se toca en los sectores productivo y comercial los asuntos relacionados con los trámites burocráticos que se tienen que se tienen que realizar en las diversas actividades de la operación de los negocios.
Es también frecuente recibir opiniones, observaciones, recomendaciones de que es necesario realizar cambios fundamentales en el régimen tributario; para resolver el problema de evasión fiscal, de hacer justa la contribución de los diferentes sectores e impuestos, etc... y siempre se concluye con la frase de que se requiere una Reforma Fiscal Integral.
Por otra parte, tenemos la necesidad de mejorar las condiciones para facilitar el crecimiento del sector industrial, que dará un alivio a las presiones principales de la sociedad; ya que, permitiría un desarrollo económico más ágil por las facilidades que se implementan.
Además tenemos la obligación de hacer los cambios que se requieran para poder enfrentar con oportunidad la globalización y que sin duda, de no hacer estos ajustes pondríamos en mayor riesgo la actualización de las empresas en cuanto a competitividad y productividad.
Hablar del concepto de competitividad internacional, implica un fuerte análisis desde la aplicación de bases tributarias semejantes, convicciones de crédito, etc. Para que realmente se den las condiciones de fortalecer y desarrollar a la industria.
Es por las razones enunciadas que hoy tenemos un reto: Buscar de manera colegiada los cambios necesarios para alcanzar la desregulación y simplificación administrativa; así como la competitividad de la industria, ajustando el régimen tributario que inclusive permita facilitar la reforma fiscal integral.
II Objetivos
Generales:
Contribuir para que la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial consiga la realización de cambios en las leyes y reglamentos para fortalecer el Sector Industrial.
Buscar que todas las decisiones de los diputados sean inspiradas en la consecución y contribución de las mejoras reclamadas por la sociedad.
Específicos:
Estudiar y definir los ajustes tributarios que permitan, por una parte, coadyuvar al fortalecimiento de la competitividad de la industria y por el otro que se tenga el equilibrio en materia del presupuesto de ingresos esto deberá hacerse por sectores y con la profunda participación de los involucrados, así como la propia Secretaría de Hacienda
Enviar todos los procedimientos regulatorios innecesarios ya que solo producen burocracia.
Estudiar y considerar en cada análisis las experiencias de países exitosos en materia de industrialización, para la detección de oportunidades que permitan elaborar iniciativas que se traduzcan en incentivos para la industria.
Cambiar y consultar a las Cámaras, Asociaciones de Industriales y al ejecutivo los cambios a la legislación Federal, para que bajo esa consideración se contemplen todos los enfoques y aportaciones y así tomar las decisiones concensuadas.
Solicitar y buscar ante las dependencias de la administración pública federal que sugieran medidas para apoyar a la industria o sectores de la misma.
Coordinar con las subcomisiones y a su vez con las Comisiones de esta Cámara de Diputados para buscar incrementar las propuestas e iniciativas a leyes que beneficien el crecimiento de la industria.
Programa de Trabajo
Los integrantes de la subcomisión deberán proponer en la próxima reunión hacia un máximo de cinco acciones por tema, que a saber son:
a) Régimen Tributario.
b) Simplificación Administrativa.
c) Asuntos Financieros.
Con la finalidad de definir y determinar las primeras tareas, asignaciones y responsabilidades para la realización de los trabajos para las iniciativas a que den lugar.
Reglas de Operación
Marco Jurídico
Los trabajos de la subcomisión se ceñirán a las reglas establecidas en los Acuerdos parlamentarios relativos a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y Votaciones de la Cámara de Diputados y a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados.
Todos aquellos aspectos no previstos por dichas normas se acordarán por mayoría de votos de los miembros de la subcomisión
Facultades:
Para el mejor desempeño de estas funciones, la Subcomisión podrá:
a) Celebrar reuniones periódicas con los servidores públicos encargados del desarrollo industrial del país a fin de conocer los avances registrados en la implementación práctica de las políticas industriales; así como con los directivos de cámaras y asociaciones empresariales para conocer la incidencia de dicha política sobre sus sectores y los problemas que afectan su operación y desarrollo.
b) Mantener una estrecha relación con los centros educativos, de investigación y de desarrollo a fin de intercambiar información y experiencias.
c) Participar en reuniones nacionales y extranjeras en donde se analicen temas de la competencia de esta Comisión.
Mecánica de trabajo:
E1 trabajo de la subcomisión será permanente y se realizará de forma coordinada con las otras subcomisiones de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.
La subcomisión se reunirá durante los períodos de sesiones y durante los recesos de la Cámara para despachar los asuntos de su competencia.
Las sesiones de trabajo de la subcomisión serán públicas, salvo causa justificada a juicio del coordinador, y deberán ser firmadas por éste. Los diputados que no pertenezcan a la misma podrán participar con voz, pero sin voto.
Análisis, estudios y consultas:
Cualquiera de los miembros de la subcomisión podrá someter a la consideración de la misma la necesidad de efectuar análisis, estudios y/o consultas encaminadas a integrar iniciativas de reformas a las disposiciones jurídicas vigentes o de expedición de nuevas normas que tengan por objeto promover el desarrollo de la industria nacional.
Toda solicitud de información a funcionarios públicos deberá hacerse por conducto del Presidente de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.
Dictamen y resoluciones:
Todo proyecto de dictamen debe contener una exposición de los motivos en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación del pleno de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial
La subcomisión producirá su propuesta de dictamen dentro de un plazo no mayor de 30 días, considerando en todo caso el programa legislativo y la trascendencia del asunto en cuestión, así como las consultas y comparecencias que deben efectuarse.
Los miembros de la subcomisión que no estén de acuerdo con alguna resolución adoptada en su seno podrán manifestar su opinión por escrito firmada como voto particular.
Reglas de operación
Marco jurídico
Los trabajos de la Subcomisión se ceñirán a las reglas establecidas en los Acuerdos Parlamentarios relativos a las Sesiones, Integración del orden del Día, los Debates y Votaciones de la Cámara de Diputados y a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados.
Todos aquellos aspectos no previstos por dichas normas se acordarán por mayoría de votos de los miembros de la subcomisión.
A su sexta reunión de trabajo a celebrarse el miércoles 3 de junio, a las 10 horas, en el salón Presidentes del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Proyecto de Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Instalación de la sexta reunión de trabajo.
3. Lectura del proyecto de orden del día y aprobación
en su caso.
4. Lectura del proyecto de acta de la sesión anterior
y aprobación en su caso.
5. Informe de la situación de los Turnos de la
Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados a
la Comisión de Energéticos.
6. Acerca de la instalación de subcomisiones,
sus informes y programas de trabajo.
7. Propuesta de análisis del régimen fiscal
de Pemex.
8. Propuesta para el seguimiento de la desincorporación
de la Petroquímica.
9. Propuesta para analizar el proyecto de inyección
de nitrógeno en el yacimiento de Cantarell, Campeche.
10. Propuesta para el análisis de los recientes
accidentes en instalaciones petroleras.
11. Propuesta de análisis del Proyecto de Modernización
y Cambio Estructural de la Comisión Federal de Electricidad.
12. Propuesta para realizar un taller de análisis
del sector energético en el ámbito mundial.
13. Acerca del turno de la Presidencia de la Cámara
de Diputados a las Comisiones de Energéticos, Asuntos Fronterizos
y Relaciones Exteriores, para citar al C. Secretario de Relaciones Exteriores,
(para que) informe sobre las acciones que se están adoptando para
asegurar la administración y usufructo de las reservas petroleras
en el Golfo de México.
14. Correspondencia
I. Invitación del ciudadano senador Auldárico
Hernández Gerónimo, Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República, para realizar una visita al
estado de Tabasco, a fin de "comprobar la grave contaminación y
deterioro ambiental" causados por Petróleos Mexicanos.
II. Petición de la presidencia municipal de San
Gabriel Chilac, Puebla, para que la Comisión de Energéticos
apoye sus solicitudes de:
a) estudio técnico sobre el gasto de energía
en esa localidad, debido a que considera que el cobro es elevado,
b) alineamiento de postes de conducción de energía,
y
c) pavimentación del camino vecinal que comunica
la cabecera municipal con la carretera Coacnopalan-Oaxaca.
III. Solicitud de la comunidad de San Antonio Enchisi, Atlacomulco, estado de México, para que la Comisión de Energéticos intervenga ante la Comisión Federal de Electricidad, para atender el asunto de los cobros de energía eléctrica por el elevado consumo que se le factura.
IV. Comunicación de la diputada María del Socorro Aubry Orozco, mediante la que solicita intervención de la Comisión de Energéticos para que se gestione el traslado de la planta El Sardinero de Petróleos Mexicanos, ubicada en el Puerto de Veracruz al lado de viviendas y centros escolares.
17. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Sergio Benito Osorio Romero
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD
A la reunión de la Subcomisión para especificar a nivel constitucional la edad penal, a celebrarse el miércoles 3 de junio a las 14 horas, en el restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A la reunión de la Subcomisión de Régimen Tributario, Simplificación Administrativa y Asuntos Financieros, que tendrá verificativo el miércoles 17 de junio, a las 11 horas en el salón Leona Vicario de la Cámara de Diputados.
Orden del Día