Efemérides
Primer Aniversario
Luctuoso del ingeniero Heberto Castillo Martínez. Salón
Verde, 9 horas.
Lectura del acta de
la sesión anterior.
Comunicaciones
Comunicación
del Congreso del estado de Coahuila.
Comunicación
de la H. Cámara de Senadores.
Iniciativas de ciudadanos diputados
De decreto que deroga
el artículo 2-D y fracción XIV, del artículo 19 de
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo
del ciudadano diputado Angel de la Rosa Blancas, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
De reformas a la fracción
IV del artículo 74 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del ciudadano diputado Gerardo Buganza
Salmerón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De reformas a las
fracción IV, párrafos cuarto y sexto, del artículo
74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
a cargo del ciudadano diputado Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
De reformas y adiciones
a los artículos 70 y 70-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
De reformas a los
artículos transitorios, en materia Inquilinaria, a cargo del ciudadano
diputado David Cervantes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
De reformas y adiciones
al Código Civil y al Código de Comercio, en materia de Imprevisión,
a cargo del ciudadano diputado Héctor Flavio Valdez García,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Propuesta de Punto
de Acuerdo, sobre personal de confianza, a cargo de la Comisión
de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Dictámenes
de primera lectura
De la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto,
por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano
doctor Roberto Javier Blancarte Pimentel, pueda aceptar y usar la condecoración
de la Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, en su Clase Segunda, en grado
de Comendador con Placa, que le confiere el gobierno de la Santa Sede.
De la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto,
por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano
coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Rogelio Terán
Contreras, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de
Río Branco, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno
de la República Federativa del Brasil.
De la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto,
por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano
Ferdusi Bastar Merito, pueda desempeñar el cargo de cónsul
honorario de Guatemala en Villahermosa, Tabasco.
De la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto,
por el que se concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana
Ana Verónica García Miranda, pueda prestar servicios como
asistente consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América
en Tijuana, Baja California.
De la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto,
por el que se concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana
Laura Elena Rendón Romero, pueda prestar servicios como asistente
consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América
en Tijuana, Baja California.
De la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto,
por el que se concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana
María del Socorro Gurrola Cuevas, pueda prestar servicios como auxiliar
administrativo en el Departamento de Agricultura, en el Consulado General
de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Dictámenes a discusión
De la Comisión
de Regimen Interno yConcertación Política, con proyecto de
decreto de Acuerdo Parlamentario para la Creación de la Unidad de
Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
De la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto,
por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano
licenciado Juan Rebolledo Gout, pueda aceptar y usar la Condecoración
de la Orden Cristóbal Colón, en grado de Gran Cruz Placa
de Plata, que le confiere el gobierno de la República Dominicana.
De la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto,
por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el C.
Andrés Henestrosa pueda aceptar y usar la condecoración de
la Orden Nacional al Mérito, en grado de Comendador, que le confiere
el gobierno de la República del Ecuador.
De la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto,
por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el C.
Liébano Sáenz Ortiz, pueda aceptar y usar las condecoraciones
que le confieren los gobiernos de Argentina y Repúblicas de Nicaragua
y Dominicana.
Elección
de la Mesa Directiva
Agenda Política
Denuncia sobre la autorización
de importación de leche en polvo, a cargo de la diputada María
Antonia Durán López, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional (turno a Comisión).
Comentarios sobre
el tema Propuestas para impulsar el turismo enGuerrero, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (deliberativo).
Comentarios sobre
la situación del Lago de Cuitzeo, Michoacán, a cargo de la
diputada Julieta Gallardo Mora, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática (deliberativo).
Comentarios sobre
desechos tóxicos en Sierra Blanca, a cargo de los grupos parlamentarios
de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática (deliberativo).
Comentarios sobre
la situación de Temazcalapa, a cargo de los grupos parlamentarios
de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional (deliberativo).
C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
La Comisión Permanente de este Congreso, en sesión celebrada el día 27 de febrero del año en curso, aprobó por votación unánime de sus integrantes, el siguiente:
ACUERDO
Unico.- Que el Congreso del estado respetuosamente solicite al Congreso federal que las personas que se encuentran dentro del "Esquema Modificado" y que se hallan en el grupo denominado "Campesinos y Viudas Primordiales de 1936", reciban un apoyo económico mayor, en las pensiones que les otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El antes citado caso,
referido a ejidatarios que en su mayoría son habitantes de la región
Lagunera de Coahuila, al ser analizado por los integrantes de la Comisión
de Salud de esta LIV Legislatura, estos concluyeron, previas reuniones
y consultas con las autoridades del ramo, que dicho asunto debiera ser
atendido por ese órgano legislativo federal, por ser de su competencia
la solicitud de modificación de las señaladas prestaciones
Atentamente
Sufragio Efectivo.
No Reelección
Saltillo, Coahuila,
a 6 de marzo de 1998.
Dip, Fernando Orozco
Cortés, Pdte.
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
CC. Secretarios de
la H. Camara de Diputados
PRESENTE
Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 27 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, informamos por el digno conducto de ustedes, que la H. Cámara de Senadores convocó a su siguiente sesión ordinaria el próximo martes 14 de abril del año en curso.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, DF, a 6 de abril de 1998.
Sen. José de Jesús
Padilla Padilla,
Secretario (rúbrica),
Sen. Luis Felipe Bravo Mena,
Secretario (rúbrica).
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados de la LVII Legislatura:
Los suscritos diputados a la LVII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la asamblea de esta Honorable Cámara, la presente iniciativa que deroga al artículo 2-D y la fracción XIV del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En la Iniciativa de Ley que Modifica Diversas Disposiciones Fiscales para el año de 1998, que el Ejecutivo sometió a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, señala que es necesario tomar medidas para combatir la competencia desleal que llevan a cabo los productores clandestinos de bebidas alcohólicas que no sólo no cumplen con las normas sanitarias, sino que también evaden impuestos, y por lo tanto se propone incorporar nuevas obligaciones fiscales que permitieran a las autoridades federales, estatales y municipales combatir a este sector de la economía informal.
Bajo estos criterios y para controlar la evasión fiscal es que nace la Adición del artículo 2-D, el cual es vigente desde el primer día de este ejercicio fiscal, sin considerar que el impuesto a que se somete a los contribuyentes que enajenan bebidas alcohólicas y aguardiente de los señalados en esta Ley en los incisos E, F, y G, de la fracción I, del artículo 2, en envases de vidrio reutilizados, que afecta a productores, envasadores de bebidas alcohólicas, a recolectores y recicladores de envases de vidrio, ya que se genera además del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, un adicional que por su naturaleza propicia una doble tribulación, generando una distinción y discriminación de aquéllos que utilizan envases nuevos, los cuales no pagarán este impuesto, dando un trato desigual, porque se impone de esta forma un impuesto a un solo grupo de empresas, que debería de ser para toda la industria sin distinción.
De tal manera que este gravamen se reconoce como selectivo y no general, inequitativo y por lo mismo no es proporcional, en virtud de que no contempla su aplicación a la cerveza, sidra, ni bebidas refrescantes, por lo tanto es contrario al espíritu del artículo 5o. constitucional al penalizar con un impuesto una actividad lícita, por el sólo hecho de usar un insumo reutilizado.
La aplicación de este impuesto es discriminatorio y por lo tanto, es contrario a lo expuesto en el artículo 13 constitucional, ya que sólo se obliga a ciertos causantes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y no a todos.
De tal manera que con esta dinámica se generan verdaderas barreras, lo que permite prácticas monopólicas que son opuestas a lo dispuesto en el artículo 28 constitucional. Además de que es un artículo inconsistente fiscalmente porque señala una tabla para su aplicación y no una tasa como lo señala el artículo 2 de esta Ley.
Debemos considerar que el reciclaje es una actividad ecológica que deberíamos de premiar en virtud de que el Estado se ve beneficiado al no canalizar más recursos a esta actividad. Si consideramos que la Federación, los estados y el Distrito Federal deben promover que los intereses de las personas que realicen actividades industriales, comerciales y de servicios sean compatibles con los intereses colectivos de protección al ambiente y de establecer mecanismos económicos normativos y administrativos de carácter fiscal, para incentivar las acciones que favorezcan la protección del ambiente de acuerdo a lo estipulado en los artículos 21, 22, 134 y 138 de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se concluye que este gravamen no cumple con los criterios antes enunciados, y tampoco con lo que señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23 que señala que toda persona tiene derecho a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo ya que la aplicación de esta carga impositiva los coloca en peligro de desaparecer.
Por otro lado, es necesario señalar que de aplicarse este impuesto quedarían sometidas a un futuro incierto las 150 mil personas que viven diariamente de esta actividad.
La presente iniciativa esta previamente analizada con las organizaciones involucradas directamente en la cadena productiva como la Asociación Nacional de Recicladores y Acondicionadores de Envases, AC, el Instituto Nacional de Recicladores, AC, la Asociación Nacional de la Industria de Bebidas Alcohólicas y Conexos, AC, la Alianza Nacional de Contribuyentes, El Barzón, la Asociación de Abastos y Mercados, la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación, la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Industria AC, entre otras.
Por las razones anteriormente expuestas se presenta el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se deroga el artículo 2-D y la fracción XIV del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
UNICO.- La presente reforma tendrá efecto retroactivo a partir del 1o. de enero de 1998. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, Partido de la Revolución Democrática
Palacio Legislativo
de San Lázaro, México, DF, a 30 de marzo de 1998.
Dip. Angel de la Rosa Blancas,
Dip. José Luis Sánchez
Campos,
Dip. Pedro Salcedo García.
INICIATIVA
QUE REFORMA LA FRACCION IV Y DEROGA LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTICULO
74, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.C. Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión:
Los suscritos, diputados de la LVII Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente, a través de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma la fracción IV y deroga las fracciones II y III del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene principios fundamentales que definen nuestra forma de gobierno, entre los que destaca el relativo a la división de poderes: "El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial", de acuerdo al primer párrafo del artículo 49, cuyas facultades y atribuciones para cada uno de ellos se definen, entre otros, por los artículos 73 a 79 en lo que hace al Legislativo, 80 al 93 respecto al Ejecutivo y 94 al 107 en relación con el Poder Judicial.
Sin embargo, contrasta el marco constitucional con la realidad operante del sistema político mexicano, respecto al cual aludía desde hace casi ochenta años, en aquel lejano pero aún vigente, diciembre de 1916, Venustiano Carranza, en su discurso ante el pleno del Congreso Constituyente, cuando se refería a la inoperancia del principio de separación de poderes:
El propio titular del Ejecutivo, en diversas ocasiones desde su toma de posición y en el mismo Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, ha venido insistiendo en acotar los amplios poderes presidenciales y en mantener una nueva relación, sana y respetuosa, con el Congreso de la Unión.
En contraste con los propósitos manifestados, en los hechos se mantienen las mismas prácticas de un ejercicio desbordado del poder presidencial frente a los otros poderes. Se requiere voluntad política para cambiar actitudes y aceptar con toda naturalidad que la división de poderes y el fortalecimiento de nuestro régimen federal, es el mejor camino para legitimar el ejercicio del poder, es el medio para compartir responsabilidades, coordinar esfuerzos, con respeto al ámbito de competencias que a cada poder debe corresponder.
Anteriormente, las iniciativas de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviados por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, tenían como finalidad cumplir con los formalismos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez recibidos eran turnadas a las Comisiones correspondientes para su análisis, discusión y dictamen.
Aquí la problemática que se plantea es que generalmente los tiempos concedidos para el análisis y discusión en el seno de las comisiones es sumamente reducido, y por tal motivo no se puede llevar a cabo un análisis claro, profundo y programático de los ingresos que van a sostener al gobierno y a las obras y servicios públicos, así como la forma ordenada y clara en que se efectuará el gasto público. Bien sabido es que primero se discuten los impuestos o contribuciones y que debe cubrir el pueblo y después el presupuesto de egresos.
Si bien es cierto que para el análisis y discusión, se invita a los secretarios del ramo al seno de las Comisiones, también es cierto que esas comparecencias en cuanto a su discusión resultan estériles e inoperantes, toda vez que la costumbre nos ha enseñado que el mayoriteo partidario prevalecía por sobre todas las opiniones y manifestaciones de los demás grupos parlamentarios de los Partidos Políticos representados en la Cámara, pues se sabe inclusive que el dictamen se elaboraba en la propia Secretaría de Hacienda.
Las propuestas que presentamos tienen por objeto fortalecer y dignificar los trabajos del Poder Legislativo. No son cambios de forma sino de fondo que, de aprobarse, estamos seguros, contribuirán a mejorar nuestras instituciones republicanas.
La Reforma del Estado tiene que ser integral, entendida ésta como la transformación de actitudes y de prácticas gubernamentales, de instituciones y de normas, encaminadas al fortalecimiento de los poderes. Reforma que debe llevarse a cabo por quienes ostentamos la representación popular, particularmente en el tema del Poder Legislativo, somos sus integrantes quienes debemos impulsar las modificaciones necesarias que transformen al Congreso de la Unión en un poder digno, eficiente y responsable para ejercer con mayor independencia las facultades que la Constitución le confiere.
La Secretaría de Hacienda prepara el proyecto de iniciativa que debe incluir la siguiente información para cada uno de los programas gubernamentales: una descripción clara del programa, incluyendo sus objetivos; la expectativa de ingreso a ser generado; los gastos propuestos para el programa, y el ingreso que se recibió y los gastos hechos en los años fiscales anterior y el actual. La iniciativa debe también explicar la situación de la deuda pública y el balance de la hacienda pública para los años fiscales anterior, presente y el próximo. Además, debe incluir las estadísticas macroeconómicas actuales y los pronósticos futuros. Cualquier propuesta en la iniciativa de gasto que incremente el presupuesto de un programa o establezca un programa nuevo, debe ir acompañada de la iniciativa financiera adjunta con nuevas fuentes de ingresos.
A continuación, pasamos a exponer el contenido de nuestra propuesta.
Por lo que hace al artículo 74, que se refiere a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, se propone reforma la fracción IV y derogar las fracciones II y III.
De la fracción IV se mantiene su primer párrafo y se propone modificar el segundo, a fin de que el Ejecutivo federal deba hacer llegar a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto de egresos, la iniciativa de Ley de Ingresos, así como los criterios generales de política económica, a más tardar el 15 de septiembre.
Con el fin de darle más tiempo al Poder Legislativo para el análisis de dichas iniciativas con lo que se fortalecen sus atribuciones en materia presupuestaria y económica. Se exceptúa de lo anterior cuando se dé el cambio de titular del Ejecutivo federal, en cuyo caso, éste tendrá hasta el 10 de diciembre para hacer llegar el llamado paquete económico, y en este caso, se conserva la ampliación ya prevista del primer periodo ordinario de sesiones hasta el 31 de diciembre, con lo que se tendrán 20 días de su análisis.
Conforme al tercer párrafo, la Cámara, al aprobar el Presupuesto de Egresos, deberá señalar la retribución que corresponda a un empleo establecido en la ley. En un cuarto párrafo, se propone resolver un problema que enfrentan los Estados modernos cuando por cualquier razón, al término de un ejercicio fiscal, no se aprueban las partidas presupuestarias para hacer frente al ejercicio fiscal que inicia. De ahí que propongamos que "en el caso de que al inicio de] ejercicio fiscal no estuvieron aprobados la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos, o ambos, continuarán rigiendo la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobados para el último ejercicio".
Por otra parte, si bien es cierto, el Estado moderno requiere de una partida especial, que no secretar, cuyo manejo sea reservado por razones de seguridad nacional, sin embargo, se hace necesario, que la ley establezca el tope de su monto, los destinos específicos que tendrá y el procedimiento especial a que se sujetará su revisión por la Contaduría Mayor de Hacienda.
Dentro de esta misma fracción IV del artículo 74, se propone un último párrafo conforme al cual el Ejecutivo federal deberá remitir la cuenta pública federal a la Cámara dentro de los tres primeros meses de concluido el ejercicio presupuestal correspondiente, a fin de iniciar el proceso de revisión de la misma con mayor puntualidad.
La existencia de partidas presupuestales con carácter de secreto, no obedece a una práctica del sistema de gobierno mexicano, a la fecha se implementan con tal carácter partidas que por su contenido y tratamiento no tienen tal naturaleza y por tanto consideramos que es conveniente la eliminación de la previsión constitucional que permite su existencia, garantizando que el tratamiento que se le dé al total del presupuesto responda a las condiciones de transparencia que el pueblo mexicano exige en el ejercicio de los recursos públicos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del articulo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción IV y derogan las fracciones II y III del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 74.- ...........
Tratándose del año en que inicie su encargo el Ejecutivo, el plazo para entregar las iniciativas que se mencionan será a más tardar hasta el día 10 de diciembre del año que corresponda.
El Presupuesto de Egresos deberá señalar, en todo caso, la retribución que corresponda a los empleos que estén establecidos por ley.
Para el caso de que al inicio de un ejercicio fiscal no estuvieren aprobados la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos, o ambos, se tendrá por aprobado una Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos, o ambos, cuyas partidas y montos serán iguales a los que se encontraron vigentes en el ejercicio que termina y hasta en tanto se aprueben por la Cámara la Ley o, en su caso, el Presupuesto para el ejercicio correspondiente.
El Ejecutivo federal remitirá la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados dentro de los tres primeros meses de concluido el ejercicio presupuestal correspondiente, a fin de proceder a su revisión de conformidad con el artículo siguiente.
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 6 de abril de 1998.
Dip. Gerardo Buganza Salmerón
(rúbrica),
Dip. Juan Miguel Alcántara
Soria (rúbrica),
Dip. Abelardo Perales Meléndez,
Dip. Juan Marcos Gutiérrez,
DFip. José Espina von Roerich,
Dip. Felipe Urbiola Ledesma,
Dip. Juan Carlos Espina von Roerich.
INICIATIVA
DE REFORMA A LA FRACCION IV, PARRAFOS CUARTO Y SEXTO, DEL ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL,
A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
C. Presidente de la Cámara de Diputados:
El Ejecutivo federal envía actualmente a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de la Federación el 15 de noviembre, y la Cuenta Pública del año fiscal anterior, en los diez primeros días del mes de junio.
Al crearse en 1997 una nueva situación en la Cámara de Diputados, en la que no existe ningún grupo parlamentario que por sí solo sea mayoría, las prácticas parlamentarias tienden a modificarse. El trabajo legislativo en torno al presupuesto y la Cuenta Pública debe asimismo transformarse para el cabal cumplimiento de las funciones que en esta materia le atribuye la Constitución a la Cámara de Diputados.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En la Constitución de 1857 se estableció un periodo de tres meses y medio de plazo para que la Comisión del Congreso elaborara los dictámenes sobre las iniciativas presidenciales de Ley de Ingresos y Presupuesto, y revisara la Cuenta Pública.
En la Constitución se definía que el segundo periodo de sesiones "se destinará de toda preferencia al examen y votación de los presupuestos del año fiscal siguiente, a decretar las contribuciones para cubrirlos y a la revisión de la cuenta del año anterior que presente el Ejecutivo".
En el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se estableció como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados "aprobar el presupuesto anual de gastos discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrir aquél", sin precisar los plazos de la entrega por parte del Ejecutivo de las iniciativas de ingresos y egresos de la Federación; tampoco se definía en el texto original del artículo 74, fracción cuarta, el término para la elaboración y aprobación del dictamen correspondiente en la Cámara de Diputados.
En esa misma Carta Magna se instituyó que la Cuenta Pública se enviara a la Cámara de Diputados "dentro de los diez primeros días de la apertura de sesiones", es decir del mes de septiembre. Pese a que se exigía un "examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos", los legisladores sólo contaban con un lapso de tres meses para la revisión de la cuenta.
El plazo máximo para que el Ejecutivo enviara el presupuesto a los diputados el último día del mes de noviembre se estableció en el texto constitucional hasta diciembre de 1977, en el artículo 74, fracción cuarta. En esa misma reforma de la Constitución, se modificó el párrafo sexto para instituir que la Cuenta Pública sería recibida por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dentro de los diez primeros días del mes de junio, con el objetivo de proporcionar tres meses más al Legislativo para la revisión del gasto público.
En 1982, con el desarrollo de los procedimientos normativos para la recaudación fiscal y al hacerse más compleja la elaboración del presupuesto federal, se hizo necesario reformar nuevamente la cuarta fracción del artículo 74 de la Constitución, para ampliar el plazo de revisión de las iniciativas por quince días más, estableciéndose el 15 de noviembre como término para que el Presidente hiciera llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos.
En 1986, el párrafo sexto de la fracción cuarta se modificó, con el objetivo de establecer que la Cuenta Pública se entregaría solamente a la "Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión", pero se mantuvo el plazo respecto a que la Cuenta sería entregada a más tardar en los primeros diez días del mes de junio.
En 1993 por iniciativa presidencial se redujo nuevamente a 30 días el plazo para examinar y aprobar el Presupuesto y se dotó al Ejecutivo federal de la facultad de proponer a la Cámara de Diputados la ampliación del plazo cuando así lo considerara pertinente.
A partir del cambio de composición de la Cámara de Diputados -en la actual LVII Legislatura- el Presidente tiene que compartir con el Legislativo la función de presupuestación, lo que demanda mayor tiempo para el trabajo legislativo.
En las nuevas condiciones, en las que es posible recuperar las funciones de la Cámara de Diputados, un mes resulta completamente insuficiente para que los diputados conozcan la Ley y el Proyecto de Presupuesto, lo analicen y calculen los efectos que podrían tener sus propuestas de modificación. De igual forma, seis meses a partir de junio son insuficientes para examinar la cuenta.
Con la composición actual de la Cámara, es necesario ampliar los plazos que permitan a los legisladores el conocimiento de las iniciativas presidenciales, el tiempo suficiente para fundamentar propuestas, realizar negociaciones responsables entre los diferentes grupos parlamentarios y con el Ejecutivo federal.
Al mismo tiempo, se requiere que las comisiones ordinarias que atienden materias correspondientes a los diversos ramos de la administración pública elaboren su opinión acerca del funcionamiento y alcance de los diversos programas, para que la Comisión de Presupuesto de la Cámara tome en cuenta dichos pronunciamientos en la elaboración del dictamen correspondiente.
Sobre los plazos para la entrega de la Cuenta Pública es pertinente señalar que existen condiciones técnicas y de personal para que el Ejecutivo federal presente la Cuenta en un plazo menor. Además, la experiencia demuestra que un examen acucioso por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados requiere un plazo mayor al establecido en la actualidad.
Por lo anterior, los diputados abajo firmantes, con base en el artículo 71 de la Carta Magna presentan la siguiente iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafos segundo y sexto.
INICIATIVA PARA REFORMAR LA FRACCION IV, PARRAFOS CUARTO Y SEXTO, DEL ARTICULO 74 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 74.- Son facultades de la Cámara de Diputados:
(...)
La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión dentro de los diez últimos días del mes de abril.
(...)
Palacio Legislativo,
a los 7 días del mes de abril de 1998.
Dip. Pablo Gómez Alvarez,
Dip. Ricardo García Sáinz,
Dip. José del Carmen Enríquez
Rosado,
Dip. Demetrio Sodi de la Tijera,
Dip. Sergio Benito Osorio Romero,
Dip. Miguel Alonso Raya,
Dip. Jesús Cuauhtémoc
Velasco Oliva.
INICIATIVA
DE REFORMAS Y ADICIONES A LOS ARTICULOS 70 Y 70-B, DE LA LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MEXICO
CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión:
Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Aurora Bazán López, Miguel Angel Garza Vázquez y Gloria Lavara Mejía, diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 31 de la Ley Orgánica del Congreso General, así como en los artículos 55, fracción H, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, presentamos ante el Pleno de esta Honorable Cámara, una iniciativa de adiciones y reformas de los artículos 70 y 70-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
De diversas formas se ha manifestado la inconformidad de organizaciones no gubernamentales, tanto de ambientalistas, como de protectores de animales, por la carencia de apoyos del sector público, como es el caso de su exclusión, casi por completo, como donatarias autorizadas para emitir recibos deducibles de impuestos, viendo así reducidas sus actividades altruistas y benéficas hacia la sociedad, hasta un mínimo lamentable.
ANTECEDENTES
En las últimas décadas, nuestra concepción sobre el medio ambiente y los demás seres vivos con los que compartimos el planeta, ha cambiado rotundamente, pues si antes estos temas carecían de importancia, en la actualidad son asuntos prioritarios para nuestra sociedad, tanto a nivel nacional como internacional.
La conciencia generalizada sobre la fragilidad del medio ambiente a nivel mundial y la estrecha interrelación que guardan todas las especies vivientes ha empezado a transformar las políticas de los diferentes gobiernos, estimulando el desarrollo de las actividades vinculadas a la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad.
Podemos afirmar que la bandera ecológica no es exclusiva de algún grupo ambientalista o partido político, pues contar con un medio ambiente sano, incumbe a toda la sociedad.
Tierra, agua y aire limpios constituyen el más cierto patrimonio para las futuras generaciones, en tanto que la capacidad de respeto hacia todas las formas de vida representa un signo inequívoco de una comunidad educada y sana tanto física como mentalmente.
EXPOSICION DE MOTIVOS
México ha sido favorecido con un patrimonio natural único en el mundo, estamos considerados entre los 12 países megadiversos a nivel mundial, destacando nuestra diversidad faunística con:
Con apenas 1.4 por ciento de la superficie planetaria, México posee cerca del 10 por ciento de las especies conocidas en el mundo, calculando que el 30 por ciento de las especies de vertebrados en nuestro país son endémicas, es decir, que estas especies no existen en ningún otro ecosistema del planeta.
La vegetación natural en nuestro país es tan extensa como variable y va desde las selvas perennifolias de los Chimalapas o Lacandona, que reciben entre dos y cinco mil milímetros de precipitación anual, hasta los desiertos de Sonora y Baja California, que figuran entre los más áridos del mundo.
Los hábitats acuáticos y costeros completan la extraordinaria riqueza ecológica del país. Arrecifes, lagunas, pantanos y manglares configuran complicados sistemas ribereños, que sumados a los 11 mil kilómetros de litorales costeros complementan un panorama de extraordinaria diversidad biológica y ecosistémica difícil de igualar.
Desafortunadamente nuestro patrimonio ambiental está desapareciendo a pasos gigantescos, el abuso de los recursos naturales, generador de la destrucción de selvas y bosques, la creciente contaminación ambiental y el crecimiento desmedido de la población humana son tan sólo algunos ejemplos de los problemas ecológicos que debemos afrontar en los albores del año 2000.
Sin embargo, existen problemas de carácter administrativo que agravan seriamente los ya expuestos de tipo ambiental y que a la vez impiden la posibilidad de participación de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones, que en materia ecológica se requieren aplicar urgentemente.
Existen cerca de 500 agrupaciones civiles en todo el país que se dedican a combatir la problemática ambiental en sus distintas facetas y todos ellos, a excepción de unos cuantos, carecen de la posibilidad de obtener recursos financieros, debido a que no cuentan con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir recibos deducibles de impuestos.
Es inapropiado que el gobierno de un país con tal riqueza ecológica, niegue totalmente la posibilidad de ayuda a los grupos interesados en la protección, conservación y preservación del medio ambiente y más tomando en consideración la gravedad de los problemas ambientales que se están viviendo en la actualidad, muchos de los cuales ya son de carácter irreversible y otros tantos van en camino de serlo.
Las autoridades ambientales y las fiscales no pueden seguir ignorando la gran cantidad de propuestas, trabajos y proyectos que la sociedad civil lleva a cabo desde hace ya mucho tiempo con recursos propios y con las mejores intenciones de participar activamente en la solución de los problemas. Compañeros diputados, estimamos que la problemática ambiental incumbe a todos los mexicanos y todos los ciudadanos tienen derecho a participar y a recibir apoyo en su búsqueda por mejorar el medio ambiente.
Si bien, es cierto que en la actualidad el artículo 70 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta contempla como autorizadas para emitir recibos deducibles de impuestos a las organizaciones ecológicas, en la práctica esto no funciona, ya que la fracción XVIII del mismo artículo limita, en forma excesiva, la posibilidad de que cualquier agrupación reciba su solicitud aprobada por parte de las autoridades hacendarias, puesto que esta fracción que cito textualmente dice:
Debe considerarse que la mayor parte de nuestra biodiversidad se encuentra fuera de las áreas protegidas, las cuales representan un porcentaje ínfimo del total de los ecosistemas del país.
La autoridad debe considerar a las organizaciones no gubernamentales como sus aliadas en la difícil lucha para la preservación y protección del medio ambiente y la biodiversidad, proporcionándoles todos los apoyos a su alcance, incluyéndose mayores estímulos fiscales
Con lo anterior se aprovecharía el gran potencial de ayuda extranjera hacia nuestro país, ya que existe una gran cantidad de organizaciones internacionales que cuentan con fundada solvencia económica y tienen gran interés de ayudar e invertir en México respecto a proyectos relacionados con el medio ambiente, la protección de selvas y bosques, la preservación de nuestra biodiversidad y la lucha contra la crueldad hacia los animales, lo cual actualmente es desperdiciado.
Entre las principales acciones que las asociaciones dedicadas a la protección de los animales han realizado, se encuentran las siguientes:
La lista podría ser muy larga y de una representación económica enorme para el país, pero es importante destacar que la gran mayoría de estos grupos rara vez se han preocupado por el bienestar de los animales que son su sustento de vida.
Las sociedades protectoras de animales son las que han resuelto los problemas que se derivan de las diferentes formas de aprovechamiento que generan grandes ganancias a los grupos ya señalados, realizando un trabajo que corresponde hacer a la autoridad, pero que, por su falta de interés, no lo han ejecutado eficazmente; y si consideramos que dichas agrupaciones, no reciben ningún tipo de ayuda gubernamental, ni tampoco tienen la posibilidad de dar recibos deducibles de impuestos, podemos concluir que se les tiene en un completo abandono.
Compañeros diputados, hacemos un llamado a su conciencia y a su sentido de la compasión, para luchar contra el dolor y sufrimiento de las criaturas sensibles que comparten el planeta con nosotros, gracias a ellos nos hemos alimentado y vestido durante siglos, su compañía nos ha proporcionado alegrías y protección; su nobleza ha enriquecido nuestro espíritu; y a cambio de tantos beneficios, ignoramos su dolor y sufrimiento, nos deleitamos torturándolos en espectáculos crueles e insensatos, los menospreciamos y nos burlamos de ellos, ridiculizando su inferioridad y abusando de su nobleza; por medio de este documento, les exhortamos para apoyar esta propuesta, que busca elevar nuestros valores éticos y a la vez preservar la vida en todas sus manifestaciones.
Por último, debemos recordar el pensamiento de dos insignes hombres de nuestra historia:
Benito Juárez dijo: "La educación del sentimiento debe ir de la mano con el cultivo de la mente. La bondad con todas las criaturas sensibles y la compasión por el sufrimiento en todas sus formas, son el distintivo de una comunidad instruida y la insignia de todo individuo culto. Es un gran error creer que una naturaleza bondadosa es incosistente con carácter firme y enérgico. La ternura y la compasión nunca deben tomarse como una prueba de debilidad. Los grandes hombres, en el verdadero sentido de la palabra, nunca han sido indiferentes a los derechos o ciegos hacia las necesidades de los indefensos".
Por todo lo anterior, respetuosamente, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos a esta H. Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, la presente iniciativa de:
DECRETO mediante el cual se adicionan los incisos f y g a la fracción VI y se reforma la fracción XVIII, del artículo 70, adicionándose también la parte final del segundo párrafo de la fracción II del artículo 70 - B, ambos numerales de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
ARTICULO PRIMERO.- Se adicionan los incisos f y g a la fracción VI del artículo 70 quedando de la siguiente forma:
Artículo 70.- Para los efectos de ésta Ley se consideran personas morales no contribuyentes, además de las señaladas en el artículo 73, las siguientes:
Artículo 70.- Para los efectos de esta Ley se consideran personas morales no contribuyentes, además de las señaladas en el artículo 73, las siguiente:
Artículo 70- B.- Las personas morales no contribuyentes a que se refieren las fracciones VI, X y XI del artículo 70 de esta Ley, deberán cumplir con lo siguiente para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta Ley:
TRANSITORIOS
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente a aquél de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio
Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los
días, del mes de abril de 1998.
Dip. Jorge Emilio González
Martínez,
Dip. Jorge Alejandro Jiménez
Taboada,
Dip. Verónica Velasco Rodríguez,
Dip. Aurora Bazán López,
Dip. Gloria Lavara Mejía,
Dip. Miguel Angel Garza Vázquez.
INICIATIVA
DE DECRETO QUE REFORMAS A LOS ARTICULOS TRANSITORIOS EN MATERIA INQUILINARIA,
A CARGO DEL DIPUTADO DAVID CERVANTES PEREDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados LVII Legislatura:
Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados y diputadas presentamos a la consideración de esta Cámara de Diputados, a efecto de que se turne para dictamen a las Comisión Unidas del Distrito Federal y de Vivienda, la siguiente: Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones del Decreto Modificatorio de los artículos transitorios del diverso por el que se Reformaron el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal; el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley Federal del Consumidor, al tenor siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
En julio de 1993 fueron aprobadas por el Congreso de la Unión diversas reformas al Código Civil para el Distrito Federal en materia común, y para toda la República en materia federal; al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia inquilinaria.
El decreto por medio del cual se dieron a conocer las citadas reformas fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de julio de 1993, mismas que entrarían en vigor a los noventa días después de su publicación en dicho órgano, de acuerdo con lo establecido en el artículo primero transitorio.
El contenido de estas reformas generó en el Distrito Federal múltiples manifestaciones de inconformidad al considerar que conducían a una relación inequitativa entre arrendadores y arrendatarios y serían propiciatorias de graves violaciones a los derechos humanos y garantías individuales de los inquilinos.
En respuesta al amplio rechazo a las reformas, el Ejecutivo federal envió al Congreso una iniciativa que modificaba los artículos transitorios del Decreto. Las citadas modificaciones fueron emitidas mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de septiembre de 1993, estableciéndose en el apartado primero del artículo único, que las disposiciones contenidas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de julio de 1993, entrarían en vigor el 19 de octubre de 1998, salvo en los casos que se señalaban en el apartado segundo del mismo decreto. Es decir, se estableció la aplicación parcial de la nueva normatividad, quedando sujetos a la legislación de 1985, todos los inmuebles con uso habitacional que se encontraran arrendados al 19 de octubre de 1993.
Sin embargo, la iniciativa del Ejecutivo no significó una solución real al conflicto generado por la aprobación de las reformas ya que la gran mayoría de las organizaciones sociales, investigadores y otros sectores de la sociedad planteaban la necesidad de su abrogación y la elaboración de una nueva normatividad en la materia basada en criterios de justicia, equidad y de respeto a los derechos humanos.
Con el aplazamiento parcial de las reformas, el Ejecutivo pretendió, en realidad, abrir un compás de tiempo para la búsqueda de posibles acuerdos con las fuerzas sociales y políticas sobre la legislación en la materia, especialmente en lo que se refiere a la vivienda, contemplando la eventual promulgación de una legislación propia para el Distrito Federal emitida por el órgano legislativo local cuyas facultades abrían de definirse en una nueva Reforma Política de la entidad.
Desde la aprobación del Decreto que modifica los artículos transitorios de las reformas aprobadas en julio de 1993, la situación del problema de la vivienda en el Distrito Federal y su marco regulatorio, en particular de la vivienda en arrendamiento, se ha caracterizado por lo siguiente:
1. Las políticas y los programas de vivienda en el Distrito Federal, orientados a la atención de las familias de bajos ingresos, no han logrado ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda digna para la mayoría de las familias que tienen esta necesidad.
2. La política económica de orden federal y el conjunto de programas y acciones que de ella se derivan para resolver las demandas sociales de la población, han significado una reducción real de la oferta de vivienda para los sectores de menores recursos económicos y un crecimiento de la demanda cuyo nivel de ingresos y de prestaciones sociales se han visto también disminuidos en términos reales.
3. Durante los últimos años, en especial al DF se le ha reducido progresivamente la participación en los programas federales de vivienda debido a los criterios de política general que en la materia se han impuesto. Es así que dentro de los recursos destinados para estos programas en el presupuesto de egresos federal, no existe ninguna opción destinada a las familias del Distrito Federal que por su nivel de ingresos no cubren los requisitos de los créditos Fovi o no tienen acceso a los créditos de Infonavit o Fovissste ya sea porque no son derechohabientes o porque no tienen la calificación correspondiente para obtenerlos.
4. De 1993 a 1998, la construcción de vivienda en arrendamiento en el Distrito Federal no sólo no se ha incrementado sino que ha mostrado un constante decaimiento. Es decir, que la tendencia que presentaba en el periodo inmediato anterior a la aprobación de las reformas, se ha mantenido y no muestra indicios de modificarse. Esto se explica en parte por las condiciones económicas generales y que han afectado particularmente a la industria de la construcción, pero además deja en claro que las reformas mencionadas no han sido un estímulo para este sector pues en realidad, como se planteó en las discusiones de ese momento, esta reactivación tiene que ver en mayor medida con factores de orden económico y de política habitacional.
5. En el ámbito jurisdiccional se ha observado que la aplicación de las reformas, para el caso de la vivienda, ha estado sujeto no a lo que establece la ley sino a la actuación arbitraria de algunos propietarios y a la actuación irregular de jueces y abogados. En los casos en los que las nuevas disposiciones se han aplicado, se demuestra que dichas disposiciones, como se preveía, colocan al inquilino en una situación de indefensión frente al arrendador y estimula la violación de otros derechos de los inquilinos por parte de los propios arrendadores, jueces y abogados.
6. Aunado a lo anterior, resulta necesario señalar también que en las viviendas en las que se sigue aplicando la normatividad de 1985, se ha mantenido la tendencia que se presentaba en los primeros años de esta década, concentrándose los juicios en aquellos casos en los que los inquilinos son familias de bajos ingresos, las construcciones se encuentran deterioradas y el fondo del conflicto está relacionado con problemas de orden económico y social. Esto es, que las familias que se encuentran en esta situación, no pueden acceder a otra vivienda ni tampoco tienen las posibilidades de permanecer en la que habitan enfrentando aumentos de renta y los costos del mejoramiento de la misma.
7. De 1992 a 1996 se realizaron 36 mil 468 juicios ordinarios civiles, 41 mil 452 controversias y 27 mil 302 desahucios, lo que significa un promedio de 18 juicios de desalojo al día en la ciudad de México. Actualmente, de los juicios cuya sentencia ordena el desalojo de inmuebles el 61 por ciento son juicios por controversia de arrendamiento, aproximadamente el 6 por ciento son juicios civiles ordinarios y el 5 por ciento son especiales de desahucio. Estas cifras muestran las dimensiones de la problemática y dan una idea clara del efecto negativo que tendría la aplicación de la normatividad aprobada en 1993.
8. Por otra parte, a la Asamblea Legislativa, como órgano de gobierno local, se le han otorgado nuevas atribuciones en cuanto a las materias en las que puede ejercer su facultad legislativa, estando entre ellas la civil y penal, que se añaden a su facultad en materias como vivienda y desarrollo urbano, entre otras. Estas nuevas facultades podrá asumirlas la Asamblea a partir del primero de enero de 1999, lo que abre en el corto plazo la posibilidad de que el Distrito Federal cuente con un marco jurídico propio que norme, con una visión integral y adecuada a su realidad, desde la planeación, los programas y las políticas, hasta las relaciones entre los agentes productores de la vivienda y los destinatarios, así como el usufructo de la misma, en especial la de interés social y popular.
9. Como consecuencia también de la aprobación de las reformas en 1993 se motivó la participación de organizaciones sociales y civiles, investigadores, abogados y otros grupos interesados, en la elaboración de propuestas alternativas para contar con una legislación inquilinaria propia del Distrito Federal. Existe un cúmulo de experiencias y propuestas que constituyen ya una base muy importante para legislar en la materia. Asimismo, las iniciativas que en materia de vivienda habrá de dictaminar próximamente la Asamblea Legislativa, son parte del nuevo marco normativo necesario para garantizar la protección y la realización del derecho a la vivienda.
Por lo anterior y considerando que la entrada en vigor de las reformas citadas en octubre de 1998, como lo establece el artículo primero transitorio, resultaría inconveniente por el previsible agravamiento del conflicto en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, y las consecuencias que ello tendría a su vez en el agudizamiento de la problemática de la vivienda en la ciudad, los diputados y diputadas signantes, presentamos a la consideración del pleno la siguiente:
Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones del Decreto Modificatorio de los artículos transitorios del Diverso por el que se reformaron el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal; el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 1993.
UNICO.- Se reforman, adicionan y derogan disposiciones del Decreto Modificatorio del Diverso por el que se reformaron el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado el 23 de septiembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación, para quedar como sigue:
Primero.- Se deroga.
Segundo.- ...
Tercero.- Los juicios y procedimientos judiciales y administrativos derivados de contratos de arrendamiento de inmuebles para habitación y sus prórrogas, que no se encuentren en los supuestos establecidos en el transitorio anterior, se regirán hasta su conclusión por las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, vigentes con anterioridad al 19 de octubre de 1993.
Cuarto.- En los contratos de arrendamiento, los propietarios de inmuebles están obligados a transcribir las disposiciones del presente decreto.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dip. David R. Cervantes Peredo
INICIATIVA
DE REFORMAS Y ADICIONES AL CODIGO CIVIL Y AL CODIGO DE COMERCIO, EN MATERIA
DE IMPREVISION, A CARGO DEL DIPUTADO HECTOR FLAVIO VALDEZ GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
No existe más
que un solo derecho al que está sujeta la sociedad humana, establecido
por una ley única: esta ley es la recta razón en cuanto manda
o prohibe, ley que escrita o no, quien la ignora es injusto
Marco Tulio Cicerón
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados:
Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo dispuesto en los artículos 73, fracciones X y XXX, 104, fracción I, y lo ordenado en el artículo 122, apartado A, fracción I, de la misma Constitución, y los artículos 55 al 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente decreto con reformas al Código Civil para el DF en Materia Común y para Toda la República en Materia Federal y al Código de Comercio:
Es un hecho incontestable que las crisis económicas que aquejan a nuestro país han provocado estragos en la seguridad del pueblo mexicano.
Los esquemas macro-económicos implementados por el gobierno federal, NO han respondido con eficacia a las necesidades de la ciudadanía. Esto es un problema que se arrastra desde hace más de veinte años.
Se ha hecho frente a devaluaciones súbitas de grave impacto social, político y financiero. También se ha luchado contra inflaciones, que en muchas ocasiones rebasan las expectativas de los organismos públicos del sector financiero de nuestro país y que laceran las economías de la inmensa mayoría de las familias mexicanas.
En el año de 1994, los indicadores parecían favorables para las economías nacionales. Parecían favorables para la gente.
Empero, un fenómeno económico repentino e inesperado por la generalidad, sacudió a la ciudadanía.
El aumento dramático en las tasas de interés, por el llamado "error de diciembre", provocó el grave problema de las "carteras vencidas". Los mexicanos, golpeados y desprotegidos se acogieron a movimientos sociales. En más de una ocasión, diversos agentes saciaron apetitos de poder con la manipulación perversa de la angustia de quienes debían más de lo que podían pagar.
Las soluciones han sido pobres. La respuesta de los actores económicos ha sido inconsistente.
A la luz de la experiencia, se vuelve imperativa la regulación de una figura jurídica que permita atemperar los efectos inmediatos de un eventual fenómeno económico súbito y gravoso, como el de 1994. El rebus sic stantibus (que significa: "mientras las cosas permanezcan igual"), es un principio general de la contratación, que busca una mayor justicia y equidad para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos de ejecución diferida.
El rebus sic stantibus o Teoría de la Imprevisión, se constituye como un remedio preventivo para el desequilibrio del contrato por la inflación monetaria.
La Teoría de la Imprevisión es un principio del derecho de los contratos, que atribuye al deudor la facultad de demandar la reducción equitativa de su obligación cuando ésta se vuelve excesivamente onerosa por acontecimientos imprevisibles, generales y ajenos al riesgo propio del contrato.
La construcción doctrinal de nuestro Código Civil para el DF en Materia Común y para toda la República en Materia Federal permite sustentar el criterio de la regulación positiva para la excesiva onerosidad de las obligaciones originadas en los contratos de ejecución diferida. Algunos de los artículos que conforman el reforzamiento son los siguientes: 19, 1796, 1857 y 2455 del mencionado ordenamiento.
El artículo 19 dispone que la interpretación y la integración de las normas del Código Civil deberán hacerse conforme a los principios generales del derecho, cuando falte disposición expresa. Es decir, conforme a la justicia, la equidad, la reciprocidad y la buena fe. Sin duda, la Teoría de la Imprevisión encuentra un sólido fundamento en los anteriores valores éticos. Sobre todo, en lo referente la "buena fe". Es cierto que "cumplir con lo pactado es de buena fe". Sin embargo, NO es de buena fe que el acreedor obligue al deudor a quedar en la ruina.
Por otra parte, el artículo 1796 dispone que los contratos, desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes "no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley". Sin duda, es necesaria la "buena fe" en el cumplimiento de las obligaciones, por parte del deudor. También presupone "buena fe", en el ejercicio del derecho, por parte del acreedor. Entonces, son válidas las mismas observaciones que se han hecho al artículo anterior.
Además, es importante advertir que el artículo dispone que el cumplimiento de las obligaciones no está, de ninguna manera, revestido de una rigidez insuperable. Más bien, es posible atemperar la severidad de dicho cumplimiento, de acuerdo a las circunstancias que rodean la celebración y la ejecución de las obligaciones originadas por el acto. Esta disposición pone en evidencia la indeclinable voluntad del legislador de 1928, de buscar la equidad antepuesta a la rigidez de la letra inmutable.
Es necesario recordar que la vocación del jurista es la de servir a la justicia. Por eso, el jurista sirve al derecho, cuando éste es un instrumento para la realización del bien común y la dignificación de la persona. El jurista no sirve al derecho cuando éste se convierte en un antagonista de la justicia. Cuando el legislador pone las condiciones, o las conserva, para que una de las partes abuse de su derecho, es un legislador inmoral y perverso. Cuando el legislador procura la equidad, es un legislador bueno y justo.
El artículo 1857 ordena que los contratos onerosos oscuros, se interpreten de acuerdo a la mayor reciprocidad de intereses. Queda claro que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. La ley ordena que un contrato debe interpretarse de acuerdo a la mayor reciprocidad de intereses, cuando las obligaciones que dimanan de dicho contrato son inciertas. La Constitución de 1917 y el Orden Jurídico Mexicano siguen un rumbo siempre humanista. Nunca un camino draconiano. Tampoco se trata de un derecho que autorice a nadie para sacar provecho ilícito de otro. Mucho menos del débil, o del que menos tiene. Prueba de esto, es el estricto control constitucional que se ejerce para salvaguardar las garantías individuales. Otra prueba, es la amplísima regulación que se ha buscado y logrado en lo referente a derecho social. También se ha protegido la integridad familiar, con peculiar esmero. Por eso es que debemos buscar la justicia en todo el derecho, y no sólo en disposiciones aisladas. Este ideal debe imprimirse a la materia contractual, con la mayor claridad posible, para que llegue a todos. Se trata de brindar el mayor bien a la mayor cantidad de personas. No sólo a unos pocos.
Además es fundamental subrayar que el artículo 2455 del mismo Código Civil contempla una disposición análoga a la Teoría de la Imprevisión. Se regula dentro del contrato de arrendamiento de fincas rústicas.
Sin embargo, por la naturaleza del artículo no es posible la aplicación por analogía a los demás contratos civiles. Tampoco cabe la supletoriedad en materia de comercio. Por tanto, no es aplicable a contratos como el mútuo mercantil con interés, o cualquier otro de la misma naturaleza.
Por otro lado, la iniciativa que hoy presento a este honorable Pleno, toma de manera muy responsable lo que ha manifestado la doctrina contractual en materia de imprevisión.
Los criterios jurídicos de mayor autoridad dicen que el principio que dice que los "pactos son para cumplirse", llevado hasta sus últimas consecuencias, garantiza la estabilidad y fijeza de las convenciones. Es, según algunos, un presupuesto indispensable de seguridad jurídica, para el desarrollo del comercio, y de la actividad económica. Por tanto, la ley debe proteger el derecho del acreedor a obtener la prestación debida. Empero, también es cierto que el derecho que instaura en la sociedad un orden justo, no puede permanecer impasible ante la ruina de una persona a quien no se le puede reprochar que no haya previsto lo imprevisible.
El sentimiento natural de la justicia no puede consentir con el empobrecimiento grave o la ruina definitiva del deudor, enfrentado a hechos que de ninguna manera pudo prever cuando otorgó el compromiso.
Muchos millones de mexicanos, deudores de la Banca han sido víctimas de estas injusticias intolerables.
La presente iniciativa, busca que el deudor cumpla en condiciones de equidad, es decir, en condiciones de buena fe. Es por esto, que la referida iniciativa propone la revisión y reducción de las obligaciones, cuando éstas se hagan excesivamente gravosas.
Países como Argentina, Italia, Perú y Portugal ya han incorporado el rebus sic stantibus a sus respectivos ordenamientos de derecho privado, con éxito rotundo. Inclusive, antes de llevar éste principio a la ley Argentina, ya los Tribunales de dicho país lo habían tomado en cuenta para dictar sus resoluciones.
Otra motivación importante, que me impulsa a buscar en la Teoría de la Imprevisión una solución preventiva y justa para evitar eventuales problemas futuros de Cartera Vencida es lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo dispone que todos los tratados internacionales, celebrados por el Presidente de la República con la aprobación del Senado, que estén de acuerdo con la Constitución, serán Ley suprema de toda la Unión.
En este sentido, México celebró el 29 de octubre de 1964 un tratado internacional, suscrito por el resto de los países occidentales, en el cual se contempla la Teoría de la Imprevisión.
Me refiero al "Tratado Internacional de Viena sobre el Derecho de los Tratados".
Los Códigos Civiles de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz ya regulan la Teoría de la Imprevisión. Esto sin duda es un avance sustancial. Pero no es suficiente para crear medios de prevención eficaces para futuros impactos económicos de envergadura mayor. Si bien dichos Códigos protegen la contratación en materia civil de sus respectivos fueros locales, también es cierto que la institución del rebus sic stantibus debe encontrarse regulada por un ordenamiento que rija la materia contractual de carácter mercantil. Sólo de esta manera podría alcanzar, dicha institución, a los contratos de mútuo mercantil con interés, de arrendamiento financiero, de apertura de crédito en cuenta corriente, o cualesquiera otros, de la misma naturaleza, celebrados con instituciones del sector financiero. Esta regulación podría y debería encontrarse en el Código de Comercio, y en el Código Civil en materia Federal. Por tanto, dicha figura, que se ha vuelto tan necesaria, debe adaptarse en las referidas legislaciones cuanto antes. No es posible que los mexicanos prescindan de una protección viable y eficaz, ante el inminente riesgo de colapsos macro-económicos.
Es por todo lo anterior que el estudio profundo del derecho comparado y la aplicación del derecho internacional me permiten arribar a la propuesta que presento ante esta Honorable Plenaria en materia de Revisión y Reducción de las Obligaciones.
Cabe decir que los tribunales nacionales mexicanos tampoco han permanecido indiferentes a la injusticia de la excesiva onerosidad sobrevenida. Me refiero a la sentencia en materia de alzada, que dictó la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, del Distrito Federal, el 25 de septiembre de 1996, con Toca número 2303/96, a favor de Carlos Sigfrido Chaim Sánchez Pérez, contra Bancomer, SA. La resolución ordena la disminución en un 50 por ciento de la tasa de interés del apelante. Dichos intereses se habían vuelto excesivamente onerosos, por los hechos económicos gravosos, generales e imprevisibles de diciembre de 1994.
Los magistrados de la Sala integraron la Teoría de la Imprevisión gracias a lo dispuesto en el artículo 1796 del Código Civil para el DF en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. Sin embargo este acto de lucidez ética y jurídica por parte del Poder Judicial del DF no puede ser más frecuente, porque hasta hoy no existe una norma expresa que faculte al juzgador para hacer justicia, en la multicitada materia contractual. Por eso digo que es nuestra responsabilidad imprimir esa norma de equidad a nuestro derecho positivo mexicano.
No existe ninguna razón para que sólo el deudor asuma la excesiva onerosidad que presenta un fenómeno inflacionario súbito e imprevisible. Lo justo es que la asuman las dos partes, porque el fenómeno es de todos los mexicanos, no sólo de los desvalidos. Además, si es cierto, como lo es, que los bancos están sujetos a los intereses del mercado, también es cierto que los eventuales rescates, por parte del gobierno federal, tales como Fobaproa y Fiderca, que ya han sido materia de mucha polémica, serían mucho menos costosos, ya que los deudores pagarían dentro de sus posibilidades. Es decir, los deudores obtendrían una reducción equitativa de sus prestaciones, y entonces, podrían cumplir.
Su cumplimiento no sería suficiente para que el banco pudiera pagar los intereses del mercado a los ahorradores. Sin embargo, el gobierno federal perdería MUCHO-MUCHO-MENOS de $245 mil millones de pesos, de nuestros impuestos, para rescatar a los dichos ahorradores.
Esta iniciativa, de aprobarse, beneficiará en primer lugar a los deudores, es decir a muchos mexicanos. Hermanos compatriotas que han sido víctimas de los errores de la macroeconomía, en detrimento de su dignidad humana. En segundo lugar beneficiará a las instituciones financieras, porque les dará la oportunidad a tener deudores que paguen puntualmente, no insolventes. Por último, será de gran beneficio a las economías públicas, no sólo en favor de todos nosotros, contribuyentes, sino en favor del bien común.
Primero: Como ya he referido, a los mexicanos nos permitirá cumplir con nuestras obligaciones. Esto lo digo, porque la mayoría de los deudores que han dejado de pagar, después de 1994, lo han hecho porque nadie puede cumplir con lo imposible, y sus créditos se han vuelto imposibles de pagar. Estoy convencido que en la aplastante mayoría de deudores morosos no hay dolo, ni mala fe. Simplemente, no pagan porque no tienen dinero.
Segundo: A los bancos y otras instituciones les permitirá tener suficiente liquidez, ya que no sucederá de nuevo lo que sucedió en el año de 1994. Es decir, con las presentes disposiciones, que someto a su consideración, señoras y señores diputados, los deudores pagarán lo que esté dentro de sus posibilidades, aunque sea menos que los intereses del mercado. De esta forma, nunca dejarán de pagar por completo. Alguien podría decir que los juicios se toman tiempo, y que la propuesta que hoy hago del conocimiento de esta honorable plenaria presupone un juicio. Por tanto, su aplicación práctica restará liquidez a la institución financiera de que se trate. Es cierto que se prevé un procedimiento judicial, sin embargo, nada impide que el Banco o la Institución, antes de llegar a juicio, reduzca o negocie, como parte de la buena fe derivada de los contratos, el crédito con su deudor, en caso de presentarse hechos generales e imprevisibles.
Tercero: Beneficiará a las economías públicas porque los dineros que pagamos los contribuyentes podrán destinarse a rubros de mayor prioridad, tales como seguridad pública. Ya no será necesario gastar y perder cantidades demenciales de dinero en los desplomes bancarios.
La iniciativa de imprevisión propone adicionar el Título VII "De la Revisión y Reducción", Capítulo Unico al Código Civil para el DF en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
Dicho título se colocaría en el Libro Cuarto "De las Obligaciones", en la "Primera Parte: De las Obligaciones en General". Su ubicación sería inmediatamente posterior a los artículos referentes a la Nulidad de los Contratos.
En cuanto al Código de Comercio, se adicionarían los artículos 88-A, 88-B y 88-C, dentro del capítulo "De los Contratos Mercantiles en General".
El artículo primero transitorio derogaría el artículo 2626 del Código Civil Federal.
De tal suerte, la Revisión y Reducción sería aplicable a los contratos civiles, regulados por las normas del fuero común para el DF y los contratos que se rigen bajo las reglas de la materia federal. Además, las disposiciones de revisión y reducción podrían demandarse para los contratos mercantiles, en lo que sean aplicables, de acuerdo con los artículos respectivos.
Los requisitos que se establecen en el artículo 2242-A se entienden limitativos, no alternativos. Es decir, si no se reúnen en su totalidad será inaplicable la figura de revisión y reducción. Esto tiene el propósito de evitar el abuso del derecho por parte de los deudores. En caso de intentar la acción cuando sea notoriamente improcedente, se condenará al actor al pago de gastos y costas por temeridad. Esto es una protección al acreedor, en contra de deudores que pretendan una reducción en sus obligaciones, cuando no exista un motivo legítimo que lo amerite.
Se establece que las normas de imprevisión serán aplicables sólo a contratos de ejecución diferida. Esto quiere decir que se excluyen los contratos de ejecución instantánea, ya que éstos, por su naturaleza, no son susceptibles a volverse excesivamente onerosos por fenómenos económicos generales e imprevisibles.
La afectación de la economía nacional deberá ser de notoria gravedad. Se excluyen los ajustes económicos de menor importancia. En el artículo 2242-B se establecen parámetros para determinar cuando será posible revisar y reducir las prestaciones contractuales. Esto es, que deben verse gravemente afectadas, razonablemente, la mayoría de las relaciones contractuales de ejecución diferida.
Además, en el artículo se establece sólo "la reducción equitativa de las prestaciones", no la resolución del contrato, ya que se espera que los deudores paguen en condiciones justas, no que encuentren un pretexto para dejar de cumplir.
Se excluyen las eventualidades personales del deudor, como causales para demandar la revisión y reducción de los contratos. Esto es, porque se pretende proteger a los contratantes de una desvalorización monetaria, no de la muerte de familiares, de la superveniencia de hijos, o de cualquier otra causa que no sea un fenómeno general.
Son requisitos indispensables la excesiva onerosidad sobrevenida y la notoria desproporción en las prestaciones.
Además, la excesiva onerosidad debe conducir a la imposibilidad en el cumplimiento. Este es otro requisito indispensable.
El parámetro para determinar el monto de la reducción será la onerosidad de las prestaciones, antes del cambio de circunstancias, en el patrimonio del deudor. Para determinar esto, el juez podrá allegarse los medios de conocimiento que considere necesarios.
Deberá tomar en cuenta los principios generales del derecho, la buena fe, la justicia y la mayor reciprocidad de intereses. Esto se establece porque los anteriores principios son parte medular de la doctrina del rebus sic stantibus.
Se determina que la parte lesionada no gozará de los derechos de revisión y reducción, si en algún momento de la ejecución se constituyó en mora. Tampoco gozará del derecho si actuó con dolo o mala fe al momento en que nació, o que se hizo exigible su obligación. Esta disposición se adiciona porque lleva implícita la buena fe, también por parte del deudor.
Es decir, la ley establece una presunción de "buena fe" del deudor a través del cumplimiento, ya que dicho cumplimiento puntual y con carácter responsable es el único parámetro objetivo con el que pueden contar el legislador y el juez.
En la materia mercantil se remite en todo a lo dispuesto por el Código Civil Federal. Además, las normas de imprevisión sólo podrán ser aplicables a créditos de carácter financiero. Esto es, a créditos bancarios, o cualesquiera otros de la misma naturaleza. Por ejemplo, de arrendamiento financiero, etc...
Se excluye su regulación para las demás instituciones mercantiles porque, en primer lugar, el fin del comercio es el lucro. Por otro lado, el comercio es una actividad que en si misma presupone un riesgo. En tercer lugar, y en concordancia con la primera premisa, se pretende evitar la saturación excesiva de los tribunales, en caso de ocurrir fenómenos inflacionarios repentinos.
En materia civil será procedente la vía ordinaria civil, o la que corresponda, de acuerdo con la naturaleza del contrato. En materia mercantil, será procedente la vía ordinaria mercantil.
Es por todo lo anterior,
que considero una necesidad apremiante la regulación positiva del
Principio rebus sic stantibus en nuestro Código Civil Federal
y en nuestro Código de Comercio. Por tanto, propongo la siguiente
iniciativa de reformas:
PROPUESTA CON INICIATIVA DE REFORMAS AL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL Y AL CODIGO DE COMERCIO
Propuesta de reformas al Código Civil.-LIBR0 CUARTO "DE LAS OBLIGACIONES", PRIMERA PARTE "DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL". SE ADICIONA: TITULO VII "DE LA REVISION Y REDUCCION", CAPITULO UNICO.
Artículo 2242-A.- En los contratos de ejecución diferida, si la prestación de alguna de las partes hubiera llegado a ser excesivamente onerosa, por causa de acontecimientos extraordinarios, por los que se afecte de manera grave la estabilidad económica del país, que sean imprevisibles por la generalidad y por las partes al momento del perfeccionamiento del acto jurídico, de surgimiento y consecución posteriores a la celebración del contrato, la parte afectada podrá demandar la revisión y en su caso reducción equitativa de las prestaciones.
Artículo 2242-B.- Las eventualidades personales de una de las partes, en ningún caso serán causa de revisión y reducción de las prestaciones.
Sólo serán causa de revisión y reducción los acontecimientos generales e imprevisibles que, conforme al artículo anterior, provoquen además de una excesiva onerosidad, una exagerada y notoria desproporción en las prestaciones de una de las partes, de tal manera que la modificación de dichas prestaciones haga imposible su cumplimiento para la parte obligada, con el transcurso del tiempo de ejecución del contrato.
Para que sea procedente la reducción, deberán presentarse la onerosidad, la desproporción de las prestaciones y la imposibilidad de su cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, razonablemente, en la mayoría de las relaciones jurídicas derivadas de contratos de la misma naturaleza.
Artículo 2242-C.- En caso de resultar procedente, el juez deberá reducir las prestaciones de la parte afectada, de tal manera que bajo las nuevas circunstancias, la onerosidad de dichas prestaciones sea proporcional en el patrimonio de la referida parte, a la onerosidad que le impondrían las circunstancias bajo las cuales se obligó, si éstas no se hubieran modificado por los acontecimientos que se señalan en el artículo 2242-A.
Para tal efecto, el juez podrá allegarse los medios de conocimiento necesarios, tales como el dictamen de peritos, o cualesquiera otros elementos, que le permitan cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Además, el juez deberá tomar en cuenta los principios generales del derecho, la buena fe, la justicia, la mayor reciprocidad y la equidad de intereses.
Artículo 2242-D.- La parte lesionada no gozará de los derechos de revisión y reducción de las prestaciones si en algún momento, anterior a la presentación de la demanda, se constituyó en mora, aunque al tiempo de ejercitar la acción se encuentre regularizada en el cumplimiento. Tampoco gozará de tales derechos si actuó con mala fe o dolo al momento del nacimiento de la obligación, o de que ésta se hizo exigible.
Propuesta de Reformas al Código de Comercio.- LIBRO SEGUNDO "DEL COMERCIO TERRESTRE", TITULO PRIMERO "DE LOS ACTOS DE COMERCIO Y DE LOS CONTRATOS MERCANTILES EN GENERAL", CAPITULO SEGUNDO "DE LOS CONTRATOS MERCANTILES EN GENERAL", SE ADICIONAN LOS ARTICULOS: 88-A, 88-B, 88-C.
Artículo 88-A.- En lo referente a la revisión y reducción de las obligaciones originadas de operaciones crediticias de carácter financiero, entre comerciantes, o entre un comerciante y un no comerciante, se estará a lo dispuesto en el Código Civil Federal.
Artículo 88-B.- Sólo en el caso de obligaciones originadas de operaciones crediticias de carácter financiero, de conformidad con el artículo anterior, será aplicable la revisión y reducción de las obligaciones en materia mercantil, por lo que tales principios de revisión y reducción, no serán aplicables a ningún otro tipo de institución regida por el presente Código, ni por otra legislación mercantil.
Artículo 88-C. En lo relativo a la revisión y reducción de las obligaciones derivadas, de operaciones crediticias de carácter financiero, de conformidad con el artículo 88-A, se estará a lo dispuesto para el juicio ordinario mercantil.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- Las presentes disposiciones derogan toda disposición anterior en contrario.
ARTICULO SEGUNDO.- Las presentes disposiciones entrarán en vigor a los treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTICULO TERCERO.- Estas disposiciones en ningún caso serán de aplicación retroactiva.
Dip. Flavio Valdez
García,
Partido Acción
Nacional
PROPUESTA
DE PUNTO DE ACUERDO SOBRE PERSONAL DE CONFIANZA, A CARGO DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
El artículo
10, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Contaduría
Mayor de Hacienda, establece como atribución de la Comisión
de Vigilancia, entre otras, proponer a la Cámara de Diputados el
nombramiento y remoción de su personal de confianza.
Del contenido del precepto en cita resulta que es una facultad del Pleno de este órgano legislativo aprobar el nombramiento del personal de confianza de la Contaduría Mayor de Hacienda, sin embargo, hasta la fecha no la ha ejercido, salvo para el caso de la designación del Contador Mayor de Hacienda, ya que dado el calendario legislativo y la mecánica de funcionamiento de la Cámara, el hacer uso de dicha facultad tendría como consecuencia el retraso en las designaciones del personal del órgano técnico, lo cual redundaría en su desempeño.
Por lo anterior con fundamento en los artículos 10 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 57 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior y artículo noveno, inciso c del Acuerdo Parlamentario relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, proponen a este cuerpo colegiado el siguiente:
ACUERDO
En ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda otorga a esta Cámara de Diputados, se delega a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda la facultad de aprobar los nombramientos y remoción del personal de confianza de dicho órgano técnico, a partir del nivel jerárquico de subcontador Mayor de Hacienda, incluyendo a éste, en los términos de ley.
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete días del mes de marzo de 1998
Dip. Fauzi Hamdan Amad,
Presidente (rúbrica),
Dip. Felipe de Jesús Cantú
Rodríguez,
Secretario (rúbrica),
Dip. Jorge Silva Morales,
Secretario (rúbrica),
Dip. Jorge Estefán Chidiac,
Secretario (rúbrica).
Honorable Asamblea:
Conforme a los trabajos desarrollados durante el pasado periodo de sesiones ordinarias, particularmente en relación con las tareas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a esta Cámara de Diputados en materia de ingresos y egresos públicos, en la sesión del 14 de diciembre de 1997 se encomendó a esta Comisión de Régimen Interno y Concertación Política desarrollar el análisis y estudio del planteamiento relativo al establecimiento de una Oficina de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, como un servicio de orden técnico para auxiliar a las comisiones ordinarias de dictamen legislativo con competencia en las cuestiones de la hacienda pública que conciernen a la Cámara, así como a los grupos parlamentarios y a los diputados que requieran de este tipo de apoyos para el mejor desarrollo de sus funciones en ese ámbito de las atribuciones estatales.
A partir de esta encomienda y con base en lo previsto por el párrafo primero del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, esta Comisión de Régimen Interno y Concertación Política estimó pertinente que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias fuese el ámbito de estudio para la atención del mandato del Pleno. En este sentido, la mencionada Comisión consideró tanto los elementos de información disponibles como las propuestas desarrolladas por sus miembros para dar forma al propósito de establecer una Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Al efecto, cabe destacar tres aspectos de análisis y valoración inicial que destacan a partir de la información que se consultó sobre este asunto:
1. Del estudio del derecho comparado, con base en el conocimiento y valoración de otras experiencias en Asambleas, Congresos o Parlamentos del mundo, se encontró que existen dos vertientes fundamentales para fortalecer los servicios técnicos que requiere el desempeño de las facultades legislativas en materia de finanzas públicas: el establecimiento de una unidad de estudio específica a cargo de estos servicios; o la atención de los mismos por parte del área encargada del conjunto de los servicios legislativos y técnicos, sin demérito de su especialización.
Como ejemplo singular de la primera vertiente figura la Oficina del Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos de América, creada en 1974 mediante ley, con el propósito de brindar a la Cámara de Representantes y al Senado, así como a sus comisiones competentes, información y análisis económicos necesarios para el desempeño de sus atribuciones en relación con la formulación y aprobación del presupuesto. Al respecto, debe recordarse que esta oficina aparece para dar un mayor respaldo técnico a la elaboración de los diferentes instrumentos que contienen las disposiciones presupuestales para el siguiente año fiscal, en un sistema constitucional donde el Ejecutivo no tiene derecho de iniciativa y por lo cual sólo remite al Congreso una serie de documentos de orden económico y financiero que permitan la formulación anual del presupuesto.
En el resto de las experiencias mundiales que se consultaron, como son los casos del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de Francia, la República Italiana, la República de la India, la República Federativa del Brasil y el Reino de España, los servicios técnicos necesarios para que los legisladores desempeñen, tanto en el trabajo de Comisiones como en lo indiviso, las funciones que en el orden jurídico les asignan en materia económica y de finanzas públicas, se encuentran integrados a la estructura general de servicios a disposición de los representantes populares, generalmente en las oficinas o departamentos que recopilan información y realizan estudios para el conjunto de las materias que son competencia de los respectivos órganos legislativos.
2. Esta LVII Legislatura se ha propuesto revisar a fondo los ordenamientos que rigen la organización y el funcionamiento de la Cámara de Diputados, con objeto de reformar su sistema administrativo y establecer con claridad las reformas y procedimientos de vinculación entre órganos de la Cámara -integrados por legisladores- y los servicios con los que la misma cuenta para el desarrollo de sus encomiendas constitucionales -conformados por funcionarios.
A la fecha ese tipo de servicios se encuentran enunciados en forma genérica por algunas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso. Así, en el artículo 22 se habla del Cuerpo Técnico Profesional de Apoyo que debe asistir a la Mesa Directiva; en el inciso m del artículo 29, se refiere la coordinación que la secretaría debe ejercer sobre las labores de la Oficialía Mayor y del Cuerpo Técnico Profesional de cargos de Oficialía Mayor y de Tesorero, como funcionarios cuya designación propone la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política al Pleno de la Cámara. Es decir, que a la luz del artículo 70 constitucional, las cuestiones fundamentales de la estructura administrativa de la Cámara se hallan previstas en la Ley Orgánica del Congreso General.
Es preciso expresar que, sin demérito del compromiso para el establecimiento de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la reflexión sobre la naturaleza y jerarquía del ordenamiento donde se contenga, deberá ser objeto de renovada consideración en el planteamiento de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General, sobre la base del fortalecimiento de las normas que rigen la vida interna de la Cámara de Diputados y de las funciones que en materia de ingresos tiene el Senado de la República; desde luego, sin merma del respeto que nos merecen las valoraciones y las consideraciones que sobre sus servicios administrativos realice la propia Cámara de Senadores.
En los márgenes de lo apuntado, particularmente desde la perspectiva de la creación de una oficina de servicios técnicos, su fundamentación en los ordenamientos vigentes y su vinculación con los órganos competentes, así como con otras oficinas administrativas de la Cámara, estimamos que la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas puede establecerse mediante la adopción de un Acuerdo del Pleno que especifique sus relaciones de vinculación con las comisiones ordinarias de dictamen legislativo, con competencia en el ámbito de las finanzas públicas, así como los vínculos que tengan con el órgano de gobierno interior de la Cámara y los servicios administrativos hoy existentes en la Cámara.
3. En todo sentido, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 y 124 de la Constitución General de la República, esta Cámara de Diputados y sus órganos actúan con base en los principios de competencias delimitadas o facultades expresamente señaladas en el orden jurídico federal, de acuerdo con las jerarquías de las diferentes normas que lo conforman. En esa virtud, al considerar el establecimiento de un nuevo servicio técnico en apoyo del desempeño de las atribuciones de los legisladores, sea que actúen en comisiones o en forma individual dentro de una sesión del Pleno, es necesario valorar cabalmente la órbita de atribuciones que la Cámara de Diputados tiene en el campo de las finanzas públicas, con objeto de que el establecimiento de servicios técnicos especializados responda cabalmente a esas competencias.
En términos de lo expuesto, pueden distinguirse diversas atribuciones de la Cámara -algunas compartidas, para su ejercicio, con el Senado de la República- en materia de finanzas públicas, como son las precisadas en las fracciones VII, VIII, XI, XVII, XXIX del artículo 73; en la fracción IV del artículo 75; en el artículo 127; y, en el artículo 131 de la Constitución General de la República. En ese orden de ideas, la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas tendría como objeto brindar los servicios de información y estudio relacionados con el ejercicio de estas responsabilidades por parte del Pleno de la Cámara, al apoyar las tareas de las comisiones competentes en el conocimiento de las iniciativas correspondientes y el cometido de dictaminarlas oportunamente para su presentación en la sesión respectiva.
En atención a lo expuesto, nos permitimos plantear a esa Soberanía los siguientes
CONSIDERANDO
I. Que la Cámara
de Diputados participa en el proceso legislativo para "imponer las contribuciones
necesarias a cubrir el presupuesto"; "dar las bases sobre las cuales el
Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de
la Nación, para aprobar esos empréstitos y para reconocer
y mandar pagar la Deuda Nacional"; "establecer contribuciones" sobre el
comercio exterior, el aprovechamiento y explotación de los recursos
naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo
27 constitucional, sobre instituciones de crédito y sociedades de
seguro, sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente
por la Federación, y especiales sobre energía eléctrica,
producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos
derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos
de su fermentación, explotación forestal, y producción
y consumo de cerveza; "examinar; discutir y aprobar anualmente el Presupuesto
de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones
que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo"; "señalar la retribución
que corresponda a un empleo que esté establecido por la Ley"; determinar
las remuneraciones de los cargos públicos anualmente en el Presupuesto
de Egresos de la Federación, y facultar el Ejecutivo federal "para
aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación
e importación expedidas por el propio Congreso, y para crear otras,
así como para restringir y para prohibir las importaciones, las
exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos,
cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía
del país, la estabilidad de la producción nacional o para
realizar cualquier otro propósito en beneficio del país";
II. Que el Congreso
de la Unión y, por ende, la Cámara de Diputados reciben los
informes sobre la situación económica y las finanzas públicas
y sobre la situación de la deuda pública, al tiempo que conocen
tanto del texto del Plan Nacional de Desarrollo, como sus informes de ejecución
anual, en los cuales se incluyen diversas e importantes referencias a las
finanzas públicas;
III. Que las Comisiones
de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto
y Cuenta Pública de la Cámara constituyen órganos
de dictamen legislativo con funciones específicas para atender y
desahogar las iniciativas que se les turnen, así como negocios que
se les encarguen de acuerdo a las materias de su competencia. De entre
esas propuestas, anualmente conocen, conforme a la denominación
de cada una de ellas, de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación
y demás disposiciones relativas a contribuciones y deuda pública,
así como de la iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos
de la Federación;
IV. Que dichas Comisiones
requieren de elementos de información y estudio que les permitan
desarrollar a cabalidad tanto sus atribuciones de dictamen, como de llamamiento
de servidores públicos vinculados al cumplimiento de esas funciones
a la luz del artículo 93 constitucional y su desarrollo en otras
disposiciones, y para el desahogo de citas en el Pleno de Secretarios del
Despacho relacionados con esas materias;
V. Que con fecha 14
de diciembre de 1997, a propuesta de los Coordinadores de los distintos
Grupos Parlamentarios de esta Cámara, se adoptó el acuerdo
de recomendar a esta Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política "la creación de una Oficina de Finanzas Públicas,
como dependencia no partidista e imparcial que tenga como función
apoyar a las Comisiones y Comités de esta Cámara, así
como a los grupos parlamentarios y Diputados, a fin de facilitar los requerimientos
de información económica sustantiva en beneficio de los trabajos
legislativos";
VI. Que a petición
de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política
que suscribe, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
realizó los estudios y análisis conducentes al propósito
de establecer la citada Oficina de Finanzas Públicas; y
VII. Que esta Comisión
de Régimen Interno y Concertación Política está
facultada, con base en la fracción I del párrafo segundo
del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General,
para "suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el
Pleno de la Cámara", y por tanto proponemos al Pleno de esta Soberanía
la adopción del siguiente:
Artículo 1o.- Se crea la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados como órgano de apoyo técnico, de carácter institucional y no partidista, integrado por especialistas en el análisis, organización y manejo de información relacionada con las finanzas públicas del país.
La Unidad de Estudios de Finanzas Públicas formará parte de la estructura de servicios legislativos, técnicos y administrativos de la Cámara, y se encargará de preparar y proporcionar elementos para el desarrollo de las tareas legislativas de las comisiones, grupos parlamentarios y diputados.
Artículo 2o.- Las funciones de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas serán las siguientes:
Artículo 4o.- La Unidad no podrá entregar, por sí misma, información a entidades ajenas a la Cámara. Las opiniones públicas de los integrantes de la Unidad serán siempre a título estrictamente personal, pero deberán guardar la reserva que el ejercicio de sus funciones les impone.
Artículo 5o.- Los informes solicitados por las comisiones de la Cámara a la Unidad serán entregados siempre al presidente de la comisión correspondiente.
Artículo 6o.- Los análisis de los informes trimestrales del Ejecutivo sobre finanzas públicas y deuda, así como los referentes al Plan Nacional de Desarrollo, serán entregados al presidente de la Cámara, a los presidentes de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; de Hacienda y Crédito Público; y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda; y a los coordinadores de los grupos parlamentarios, simultáneamente. Estos análisis deberán estar concluidos, a más tardar, un mes después de la fecha de entrega a la Cámara de dichos informes.
Artículo 7o.- En los análisis, informes, proyecciones y toda clase de documentos que elabore la Unidad no podrán hacerse recomendaciones de política económica y social.
Artículo 8o.- La Unidad contará con un Director, quien será nombrado por la Cámara a propuesta del órgano de gobierno interior de la misma, para un periodo de cinco años, permitiéndose una reelección para un periodo igual. La reelección del Director se llevará a cabo sin la realización del concurso a que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 9o.- El nombramiento del Director se realizará a través de un concurso abierto, sobre las siguientes bases:
Artículo 11.- Para ser designado Director de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas se requiere:
Artículo 13.- La estructura orgánica y funcional de la Unidad será objeto de las normas que emita el órgano de gobierno interior de la Cámara.
Artículo 14.- La Unidad contará con un boletín de difusión en el que se publicarán análisis, informes, proyecciones y demás documentos relevantes.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Dentro de los quince días a partir de la aprobación del presente Acuerdo, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política procederá a convocar al concurso para nombrar al Director de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas.
TERCERO.- La Unidad se instalará según las disponibilidades presupuestales de 1998, de conformidad con el acuerdo que al respecto tome la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Cámara de Diputados. Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 2 de abril de 1998.
Por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:
Dip. Fidel Herrera Beltrán,
Presidente (PRI, rúbrica),
Dip. Sergio César Alejandro
Jáuregui Robles,
Secretario (PAN, rúbrica),
Dip. Jorge Canedo Vargas,
Secretario (PRI, rúbrica),
Dip. Juan Miguel Alcántara
Soria (PAN, rúbrica),
Dip. Alberto Cifuentes Negrete (PAN)
Dip. Santiago Creel Miranda (PAN),
Dip. Sandra Lucía Segura
Rangel (PAN, rúbrica),
Dip. Bernardo Bátiz Vázquez
(PRD, rúbrica),
Dip. Pablo Gómez Alvarez
(PRD, rúbrica),
Dip. Demetrio Javier Sodi de la
Tijera (PRD, rúbrica),
Dip. Francisco Agustín Arroyo
Vieyra (PRI, rúbrica),
Dip. Eduardo Guadalupe Bernal Martínez
(PRI, rúbrica),
Dip. Ignacio Mier Velasco (PRI,
rúbrica),
Dip. José Luis Benjamín
Lamadrid Sauza (PRI, rúbrica),
Dip. Miguel Sadot Sánchez
Carreño (PRI, rúbrica),
Dip. Gil Rafael Oceguera Ramos (PRI,
rúbrica),
Dip. Mauricio Alejandro Rossell
Abitia (PRI, rúbrica),
Dip. Ricardo Cantú Garza
(PT, rúbrica),
Dip. Jorge Emilio González
Martínez (PVEM, rúbrica).
Por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política:
Dip. Carlos Medina Plascencia,
Grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional (rúbrica),
Dip. Arturo Núñez
Jiménez,
Grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional (rúbrica),
Dip. Porfirio Muñoz Ledo,
Grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática (rúbrica),
Dip. Ricardo Cantú Garza,
Grupo parlamentario del Partido
del Trabajo (rúbrica),
Dip. Jorge Emilio González
Martínez,
Grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México (rúbrica).
H. Asamblea:
Hay un proceso de agravamiento en la disponibilidad y uso de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente a nivel mundial, en el que nuestro país no es la excepción.
Conjuntamente con la expansión, la industrialización y el desarrollo de las actividades económicas, han avanzado los fenómenos de destrucción de bosques, selvas y otros ecosistemas, el deterioro del aire, la escasez y la contaminación del agua, el empobrecimiento y subutilización de los suelos. Frente a todo esto, es patética e insuficiente la educación ambiental.
En la actualidad la defensa del medio ambiente es impostergable. El hombre rompió el equilibrio natural, pues pasó de la sana convivencia y uso racional de los recursos naturales a la depredación irracional y explotación con miras a satisfacer de inmediato necesidades presentes, descuidando el entorno físico y el hábitat de los seres vivos. Debido a la degradación y daño de los ecosistemas muchas especies han desaparecido, por lo que se ha visto afectada la biodiversidad; es decir, la variedad y variabilidad de la vida.
México es uno de los países más ricos en cuanto a recursos naturales se refiere; sin embargo tales recursos no han sido aprovechados racionalmente. Puesto que no se ha dado un desarrollo sustentable, ello ha traído serias y preocupantes modificaciones al entorno ambiental, que implica riesgos y peligros a la vida humana.
Muchos mexicanos hemos perdido la sensibilidad de convivencia con el medio ambiente, pues no se tiene respeto hacia la naturaleza que tanto y tan pródigamente nos ha dado y sin costo alguno.
A todo esto hay que agregar que muchas veces ha existido el manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos. El manejo, gestión y disposición de residuos, especialmente los desechos tóxicos, radioactivos y peligrosos, no cuenta con la infraestructura organizada.
Cuando han surgido denuncias de degradación del medio ambiente y sus daños al entorno y al ser humano, se han encontrado con dependencias gubernamentales que no siempre han respondido con la claridad del caso y celeridad del mismo.
Por eso, es necesario levantar un inventario nacional de recursos nacionales para su debida protección y cuidado, además de su explotación racional. Es necesario levantar un inventario serio, confiable y responsable de los desechos tóxicos, radioactivos y peligrosos para que, en el caso de su disposición final, primero se presente la información amplia a la comunidad donde se dé dicha disposición para evitar la incertidumbre, el manejo demagógico en contra de ellos y que finalmente se opte por tirarlos en cualquier lugar.
En segundo lugar, es menester destinar los recursos económicos y materiales para que los cementerios de desechos de esta naturaleza tengan las condiciones necesarias para protección del medio ambiente.
Acción Nacional, desde su fundación, ha reiterado la necesidad de promover un desarrollo sustentable, bajo los principios de cooperación, interdependencia y equidad, como lo proclamó la Cumbre de Río en junio de 1992.
El caso es, señoras y señores diputados, que desde hace 20 años en la comunidad de San Juan Teacalco, municipio de Temascalapa, estado de México, se instaló un presunto cementerio de desechos radioactivos, en el que a la fecha presuntamente se han depositado entre cien y ciento cincuenta toneladas de varilla contaminada de cobalto 60 que fueron traídas de la frontera norte del país. Asimismo presuntamente se han depositado varias toneladas de elementos radioactivos sin las condiciones de seguridad que el caso amerita.
Además de la sequía que ha dejado sin fruto sus parcelas, de la pobreza que permea sus vidas, de la aridez del paisaje donde lo único verde son las nopaleras y magueyales, esta población se encontraría amenazada si se presentan posibles fugas de radioactividad del "panteón nuclear" localizado apenas a un kilómetro de San Juan, que junto con otras comunidades suma cerca de 30 mil habitantes. En la comunidad actualmente se han presentado problemas de salud, tales como manchas en la piel, mujeres que mueren de cáncer, enanismo, malformaciones óseas. La comunidad se pregunta ¿si esto puede tener relación con el cementerio nuclear...
El presidente municipal de la localidad, el profesor Lázaro Juárez Austria, ha acudido a diversas instancias: gobierno del estado, Cámara de Diputados local, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, etc., Sin haber encontrado atención completa, clara y suficiente alguna. En la comunidad existe un clima de tensión que puede desembocar en situaciones imprevisibles.
Las preguntas que se hace la comunidad, son elementales: ¿Quién autorizó tal cementerio nuclear? ¿Por qué se dice que se autorizó la planta para procesar lámina, cuando hace otra función? ¿Qué normas técnicas se han implementado para no afectar a la comunidad que vive a escaso un kilómetro del cementerio? ¿Por qué se ha negado al momento a las autoridades municipales el dictamen técnico de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas? ¿Por qué el ININ se niega a que se haga un estudio técnico sobre las condiciones de seguridad de la planta?
Señoras y señores diputados: Hoy día miles de habitantes de la zona nororiente del estado de México viven en zozobra. Consideramos que es necesario que, siendo portavoces de las necesidades más sentidas de la comunidad, no podemos permanecer ajenos a tales hechos.
La negligencia e irresponsabilidad con la que algunas autoridades han permitido o realizado la disposición de los residuos radioactivos y peligrosos, de alguna manera ilegal, pudieran calificarse desde imprudencia, pasar por corrupción y terminar en complicidad criminal.
Reiteramos que es necesario instalar en diversos lugares de nuestro país cementerios para estos desechos, pero con las medidas técnicas necesarias para protección del entorno y la información amplia a las autoridades y comunidades correspondientes.
Por lo tanto, ponemos
a su consideración el presente asunto a efecto de que sea turnado
a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de esta H. Cámara
de Diputados para su análisis y en su caso resolución.
Salón de Sesiones
de la H. Cámara de Diputados, 7 de abril de 1998.
Dip. Javier Paz Zarza,
Dip. Francisco Javier Salazar,
Dip. Porfirio Durán Reveles,
Dip. María Elena Cruz Muñoz,
Dip. Fernando Covarrubias Zavala,
Dip. Ricardo Ontiveros y Romo.
A su reunión de trabajo que tendrá lugar el martes 7 de abril de 1998, a las 8:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Tercer Citatorio
Orden del Día
DEL COMITE DE ADMINISTRACION
A su décima reunión que tendrá lugar el martes 7 de abril de 1998, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ASUNTOS FRONTERIZOS
A su reunión de trabajo el 7 de abril, a las 8:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales, donde se tratarán diversos asuntos de la reunión del pasado 1 de abril que se encuentran pendientes de resolución.
Orden del Día
DE LA COMISION DE JUSTICIA
A la reunión del martes 7 de abril, a las 9 horas, en el salón Libertadores, en el primer nivel del edificio H.
Orden del Día
DE LA COMISION DE CORRECCION DE ESTILO*
A su reunión de trabajo del martes 14 de abril, a las 9 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Atentamente
Dip. América
Soto López, Presidenta
DE LA COMISION DE AGRICULTURA
A su reunión que tendrá lugar el martes 7 de abril de 1998, a las 18 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales, de este recinto legislativo de San Lázaro.
Orden del Día