México, DF, martes 8 de marzo de 2011
Sesión No. 13

Susana Hurtado Vallejo


LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

La diputada Susana Hurtado Vallejo : Con su venia, diputado presidente. Iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se reforman y se adicionan las fracciones XII Bis, 14 Ter y 14 Quárter del artículo 7o.; de la fracción VII, XVIII, XIX al artículo 33 de la Ley General de Educación, con el objeto de incorporar la obligatoriedad de inducir el aprendizaje de un idioma adicional al español, el uso de la tecnología de la información y comunicación, e impulsar la formación de emprendedores.

La situación de la educación en México se ha tornado en un asunto delicado y preocupante, pues cada vez el país se encuentra entre los últimos lugares a nivel mundial respecto de la formación educativa de la población.

Así, en los indicadores que ha elaborado la UNESCO y otras instituciones de prestigio a nivel internacional han ratificado este escenario que tiene la educación en México, en la que nuestros niños, adolescentes, jóvenes y profesionistas en general se perciben con niveles bajos de aprovechamiento respecto de sus semejantes en otras partes del mundo.

Esta situación, entre otros factores, ha sido provocada por los fines que se persiguen en los modelos educativos y que están plasmados en nuestra Carta Magna, en la Ley General de Educación, en los que han quedado fuera de elementos tan importantes, como es el aprendizaje de un idioma extranjero, el uso y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, así como los esquemas necesarios para fomentar la formación de emprendedores de negocios.

Por lo que corresponde a las diversas administraciones del sector educativo, durante los últimos años han hecho repetidos esfuerzos por crear un marco nuevo de educación y de calidad, centrado en la globalización y la competitividad.

Sin embargo, estas reformas se han quedado cortas, siendo que en el mes de diciembre de 2001; es decir, hace 10 años, la OCDE dio a conocer los resultados de la evaluación en la que participan 31 países miembros en ella. De acuerdo a los datos del Programa Internacional para el Seguimiento de Conocimientos de los Alumnos, México obtuvo el penúltimo lugar en ciencia, en matemáticas, en comprensión de lectura. Actualmente, en la evaluación de 2010, seguimos reprobados, en los últimos lugares.

Por ello, quiero resaltar que enseñar a leer y a escribir es una de las tareas básicas de la escuela primaria; sin embargo, las oportunidades de concluir el ciclo primario entre una escuela privada y una pública están desigualmente distribuidas, y el incorporar el aprendizaje de un idioma extranjero, el uso y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, así como fomentar la formación de emprendedores de negocios, ayudarán a que las nuevas generaciones de educandos de escuelas públicas tengan las mismas oportunidades, como aquellos que estudian en escuelas privadas.

El propósito de la presente iniciativa es el de elevar el nivel de conocimiento y cultura entre las niñas, niños y adolescentes de México, por el hecho de que desde los niveles básicos se enseña un idioma adicional al español, por lo que el aprendizaje del uso de las tecnologías y por enseñarles a ser emprendedores, en este sentido, la revisión y reforma de los artículos de la ley que tienen que ver con estas tareas, es de suma importancia para apuntalar la educación en México.

Es por los anteriores argumentos que ante esta honorable Cámara se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente manera:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y se adicionan las fracciones XII Bis, XIV Ter y XIV Quáter del artículo 7, y la fracción XVI a XVIII del artículo 33 de la Ley General de Educación.

Artículo Primero. Se adicionan las fracciones XII Bis, XIV Ter y XIV Quáter al artículo 7, para quedar como sigue:

Artículo 7. La educación que imparten al Estado sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento o validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las siguientes modificaciones:

XII Bis. Fomentar la formación de emprendedores de negocios.

XIV Ter. Hacer obligatoria desde el nivel básico la enseñanza de un segundo idioma diferente al español, con preferencia la enseñanza del idioma inglés.

XIV Quáter. Instrumentar mecanismos a nivel básico, el uso de la tecnología de la información y comunicación, específicamente el uso de computadoras, el Internet y los programas computacionales asociados.

El segundo. Se adicionan las fracciones XVI, XVII y XVIII del artículo 33, para quedar como sigue:

En la fracción o artículo XVI. Promoverá la enseñanza de un idioma distinto al español, con preferencia a la enseñanza del idioma inglés.

XVII. Creará mujeres y hombres emprendedores de negocios, que les permita establecer sus propios negocios a través de la incorporación de incubadoras de negocios en todos los centros educativos de nivel medio y superior.

XVIII. Propiciarán el uso de computadoras, el Internet y los programas de cómputo necesarios en los niveles educativos a partir de la primaria en adelante.

Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al uso de la publicación del Diario Oficial de la Federación.

Solicito al presidente de la Mesa Directiva que la presente iniciativa se incluya íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada : Con mucho gusto, diputada.

En cuanto a la primera iniciativa, se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su dictamen. Se turna a la Comisión de Economía también, para su dictamen.

Diputada, va a continuar todavía con la segunda. Adelante.

La diputada Susana Hurtado Vallejo: Gracias, presidente Con su venia, diputado presidente.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II y se adiciona una fracción VII, del artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La industria turística sigue siendo uno de los principales motores de la economía de nuestro país, ocupando el tercer lugar en generación de ingresos, solamente rebasada por el petróleo y la captación de remesas de nuestros connacionales en el extranjero, quienes ocupan el primer y segundo lugar respectivamente.

Actualmente, el turismo aporta el 9 por ciento del producto interno bruto y genera cerca de 7.5 millones de empleos directos e indirectos. Dentro de la materia turística, una de las principales ramas es la prestación de servicios de hospedaje, del cual existen diferentes modalidades, siendo una de ellas el tiempo compartido o club vacacional, que consiste básicamente en la venta de hospedaje a mediano y largo plazo, y que representa actualmente cerca de 39 por ciento de la oferta de calidad de hospedaje en México, con 409 desarrollos y más de 46 mil 500 cuartos, y una inversión aproximada de más de 20 mil 500 millones de dólares, mismo que promedia el 80 por ciento de sus niveles de ocupación, con una estadía promedio de 8 días en grupos de 32 personas o más.

Un gasto diario de 203 dólares, lo cual nos genera más de 6 millones de turistas viajando bajo esta modalidad en el país, dejando una derrama económica en servicios complementarios de aproximadamente 9 mil 700 millones de dólares.

En la actualidad se han vendido más de 2 millones de paquetes de tiempo compartido, lo que coloca a nuestro país en el segundo lugar mundial en ventas, sólo por debajo de Estados Unidos, dejando en 2009 una derrama de 3 mil 958 millones de dólares por este concepto.

Como resultado de ello, los estados eminentemente turísticos de la República Mexicana fueron estableciendo sus propias reglas de diferentes instrumentos jurídicos, donde en un apartado los códigos civiles en algunos casos crearon leyes específicas en la materia, siendo de los primeros el estado de Guerrero, en 1989 la Ley de Regulación y Fomento del Sistema de Tiempo Compartido en el estado de Guerrero; y de Quintana Roo en 1991 con la ley que establece las normas a que se sujetarán los contratos celebrados en el régimen de tiempo compartido, turístico en el estado de Quintana Roo.

De ahí otros estados de la República como es Jalisco, Sinaloa, Baja California Sur, en donde sus códigos civiles incluyen la regulación necesaria, a fin de garantizar los consumidores la prestación del servicio que contratan en materia de tiempos compartidos.

Sin embargo, en la actualidad la Ley Federal de Protección al Consumidor, materia de la presente iniciativa, no cuenta con una forma jurídica de garantizar la afectación del inmueble que da seguridad y garantía en los consumidores de los tiempos compartidos de ver, palpar o descansar en el inmueble mencionado en sus contratos por parte de empresarios extranjeros o nacionales.

Cada día aparecen empresas fantasmas que venden espacios inexistentes que se traducen en fraudes millonarios, afectando a miles de consumidores y haciendo una práctica desleal para los desarrolladores serios, rompiendo el círculo virtuoso de inversiones, creación de empleos permanentes y flujo de divisas en nuestro propio país.

De no regular de una manera más eficaz a los vendedores de tiempo compartido, buscando la afectación del inmueble para dar certidumbre por medio del registro, se perderán empleos, la derrama económica bajará y los turistas a nivel internacional dejarán de visitar nuestro país.

Es por ello la necesidad de hacer las adecuaciones jurídicas, ya que el Acuerdo Nacional para el Turismo que se firmó el día de ayer por el Ejecutivo federal y la Secretaría de Turismo, incumplirán la meta de hacer de México uno de los cinco principales destinos del mundo antes del 2018 y generar más de cuatro millones de empleos e incrementar a 40 mil millones de dólares el ingreso de divisas por esa vía, por el simple hecho de permitir que sigan existiendo empresas fantasmas que venden supuestos tiempos compartidos.

En razón de lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el presente decreto que reforma la fracción II y adiciona la fracción VII del artículo 65 de la Ley de Protección al Consumidor.

Único. Se reforma la fracción II y se adiciona una fracción VII del artículo 65 de la Ley de Protección al Consumidor para quedar como sigue...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada : Diputada, le suplico que concluya por favor.

La diputada Susana Hurtado Vallejo: Artículo 65. La venta de este servicio de tiempo compartido sólo podrá iniciarse cuando el contrato respectivo esté registrado en la procuraduría como sigue especificando:

II. Lugar, inmueble donde se preste el servicio exhibiendo copia certificada y afectación del inmueble a parte del mismo ante notario público, mediante el acto jurídico y declaración unilateral de la voluntad del fideicomiso en el que se destine el inmueble al servicio del tiempo compartido por el número de años que está comercializando, debiendo obtener el registro definitivo en el Registro Público de la Propiedad para con ello registrarse en la procuraduría.

VII. Tratándose de una comercialización de servicios de tiempo compartido a prestarse en el extranjero, éstos deberán reconocerse en México sólo cuando sean sujetos de comercio que se hayan constituido en lo general, así como en lo especial en materia de tiempo compartido o club vacacional, de conformidad con las leyes de su país de origen, en caso de ser omisas deberán establecer mecanismos iguales o equiparables a los que cubren los nacionales, en cualquiera de los dos casos debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en México.

Transitorio. La reforma del presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.