Iniciativa

Que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Planteamiento del problema.

Es pretensión de esta iniciativa incluir al femenicidio como un delito que amerita presión preventiva oficiosa.

Argumento que lo sustenta

El feminicidio es la muerte de las mujeres por motivo de género, y de manera más precisa, el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género, se le nombró primero en lengua inglesa como “femicide” y se ha traducido y utilizado en lengua castellana como femicidio o feminicidio. Los feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia las mujeres, y por el sexismo, porque los varones que las asesinan sienten que son superiores a las mujeres y que tienen derecho de terminar con sus vidas o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. Las razones de género que dan algunos códigos como el de Zacatecas son:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infringido lesiones degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida;

III. Existan datos que hagan evidente amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, antes de su muerte;

IV. El cuerpo sin vida de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o

V. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

¿Por qué tipificar el feminicidio?1

El concepto de feminicidio implica el asesinato de mujeres y niñas por cuestiones relacionadas con su género, aunque algunas autoras incluye además, el factor de la impunidad del Estado ante estos crímenes, al ser incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad, hacerla respetar, procurar justicia, así como prevenir y erradicar la violencia que la ocasionó.

La violencia contra las mujeres ha tenido, y tiene, distintas manifestaciones según las épocas y los contextos en los cuales se realiza y reproduce.

Ante ella, los sistemas de justicia han respondido de forma diversa por múltiples factores: desde la incomprensión de la magnitud de estos hechos como consecuencia de los patrones culturales patriarcales y misóginos prevalecientes en la sociedad, la excesiva burocratización de los procedimientos legales, las dificultades para investigar las complejas y crueles modalidades de esta violencia, hasta la imposibilidad de establecer una caracterización de los responsables, según sean estos miembros del entorno familiar o cercano a las víctimas o pertenezcan a estructuras estatales y/o criminales poderosas.

A la muerte de las mujeres por motivos de género, y de manera más precisa, el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género, se le nombró primero en lengua inglesa como “femicide” y se ha traducido y utilizado en lengua castellana como femicidio o feminicidio. Los feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia las mujeres, y por el sexismo, porque los varones que las asesinan sienten que son superiores a las mujeres y que tienen derecho de terminar con sus vidas o por la suposición de propiedad sobre las mujeres.2

Según definiciones de tipo académico “los feminicidios expresan situaciones extremas de violencia contra las mujeres y niñas. Son el extremo de un continuo de terror contra ellas, que incluye diversas formas de humillación, desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, abuso sexual, incesto, abandono, terror y la aceptación de que las mujeres y niñas mueran como resultado de actitudes misóginas y de prácticas sociales.”3

Es importante precisar que no toda violencia que ocasiona la muerte de una mujer puede ser considerada como feminicidio. En efecto, cuando el género de la víctima es irrelevante para el hombre que la asesina, se trata de un asesinato no feminicida, es decir un homicidio sin razones de género.

El concepto de feminicidio implica el asesinato de mujeres y niñas por cuestiones relacionadas con su género, aunque algunas autoras incluyen además, el factor de la impunidad del Estado ante estos crímenes, al ser incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad, hacerla respetar, procurar justicia, así como prevenir y erradicar la violencia que lo ocasionó.

En México, el término ha sido acuñado por la doctora Julia Monárrez, quien retomando el marco teórico propuesto por Diana Russell, señala que:

El feminicidio implica el análisis de la relación inequitativa entre los géneros; la estructura de poder y el control que tienen los hombres sobre las niñas y mujeres para que ellos dispongan el momento de su muerte; los motivos a los que se recurre para justificar el asesinato; los actos violentos que se ejercen en el cuerpo de la víctima; la relación de parentesco entre la víctima y el victimario; los cambios estructurales que se dan en la sociedad; la falta de investigación y procuración de justicia por parte de los aparatos de impartición de justicia, y la responsabilidad y/o complicidad del Estado.4

En ese sentido, el fenómeno del feminicidio tiene al menos tres dimensiones novedosas para el derecho. La primera es la motivación de los asesinos, que parece estar relacionada con el sexo de las víctimas y con un odio o desprecio que se manifiesta en conductas extremadamente violentas; la segunda es el clima de zozobra e impunidad creado por el cúmulo de crímenes sin resolver a lo largo de los años y la tercera es la desidia, negligencia y en ocasiones evidente mala fe de las autoridades encargadas de investigar los delitos.5

Estas cuestiones han sido analizadas por diversos Organismos Internacionales; en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada en el Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, de fecha 16 de noviembre de 2009, en la cual la Corte analiza de manera amplia, entre otras cosas, el contexto de violencia contra las mujeres que prevalece en Ciudad Juárez, la particular violencia de género en el caso de asesinato de mujeres y la magnitud de la impunidad.

Además se reconoce expresamente la existencia en este caso del delito de feminicidio: para los efectos del caso se utilizaría la expresión “homicidio por razones de género”, “también conocida como feminicidio”. En ese fallo también se declara la responsabilidad internacional del Estado por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y libertad personal de las víctimas, así como por el incumplimiento de parte del Estado de su deber de investigar y de no discriminación, entre otros.

No obstante, y a pesar de los esfuerzos que se realizan a nivel normativo, institucional y jurisprudencial la situación de las mujeres en México sigue siendo preocupante, pues el derecho a una vida sin violencia y al acceso a la justicia de las mujeres, son derechos que se enfrentan hoy día a mayores y continuas amenazas.

Por otra parte, la respuesta sancionadora y reparadora del Estado en los hechos de violencia contra las mujeres, sigue siendo deficiente, por lo que los y las ciudadanas pierden su confianza en las autoridades, y por tanto, en la racionalidad y eficacia del servicio público de la justicia en los Estados democráticos.

México ha adoptado la decisión de política criminal de tipificar el feminicidio.

Esta legislación tiene su fundamento en diversas circunstancias, entre las que destacan:

(i) La obligación de los Estados de adecuar su legislación a los instrumentos internacionales,

(ii) El incremento de los casos de muertes de mujeres,

(iii) La excesiva crueldad con que tales hechos se producen,

(iv) La ausencia de tipos penales especiales para describir adecuadamente el asesinato de mujeres basado en razones de odio, desprecio, y en todo caso como resultado de las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, y

(v) Los altos índices de impunidad.

Este objetivo ha sido ratificado por el Poder Judicial de la Federación de la manera siguiente:

Feminicidio. La creación de ese tipo especial, que prevé sanciones más severas respecto del delito de homicidio, no viola la garantía de igualdad jurídica del hombre y la mujer consagrada en el artículo 4o. constitucional (legislación penal del Distrito Federal).

La inclusión del delito de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, obedece a la decisión del Estado mexicano de recoger en su legislación interna, los criterios surgidos con motivo de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le resultan obligatorios (al haber sido parte en las sentencias respectivas, al reconocer el sometimiento a las resoluciones de ese ente, conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve), entre ellos, implementar mecanismos para prevenir, combatir y sancionar el creciente fenómeno de ‘homicidios’ en contra de mujeres por razones de género, de tal manera que la creación legislativa del feminicidio cumple con los criterios de objetividad-constitucionalidad, racionalidad y proporcionalidad que, justifica el trato diferenciado y de mayor tutela de los bienes jurídicos concernientes a la vida de la mujer y su dignidad, cuando estén en peligro o sean lesionados en ciertas circunstancias, ello en contraste a lo que acontece con el delito de homicidio propiamente dicho, de ahí la necesidad y justificación de su creación, a fin de prevenir y combatir tal problemática con mayor eficacia, por ello, el feminicidio no viola el principio de igualdad jurídica del hombre y la mujer, pues dicho principio debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.

Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito

Amparo en revisión 83/2012. 20 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos, con salvedad del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Ponente: Enrique Escobar Ángeles. Secretario: Marco Antonio Ortiz Mejía.

Con lo anterior se pretende desarrollar una política criminal con perspectiva de género, que fortalezca las estrategias de persecución y sanción de los responsables de los hechos de violencia contra las mujeres y garantice la reparación y compensación de las víctimas, con el objetivo de reducir la impunidad, de manera que la justicia penal cumpla con su función de prevención especial y general de la criminalidad.

¿Cómo tipificar el feminicidio?

La adopción de una norma penal género-específica, se basa en que la violencia contra las mujeres no únicamente afecta la vida, la integridad física, psíquica, la libertad sexual, la inviolabilidad del cuerpo de las mujeres, sino que existe un elemento adicional: los feminicidios están basados en la discriminación y subordinación implícita contra las mujeres.6

Por ello, al ser un concepto que se trabajó en un inicio desde el plano antropológico y sociológico, la construcción normativa tuvo que enfrentar un proceso de discusión y aceptación. En especial, porque la edificación del tipo penal tuvo que reconocer y visibilizar, en un primer momento, la existencia de una violencia extrema, diferenciada en razón a la pertenencia a un género en particular, cuyo objeto exclusivo es dominar a la mujer y que desemboca en la privación de la vida de manera violenta y, en un segundo momento, tenía que reconocer al feminicidio como un delito pluriofensivo.

Los derechos de las mujeres que se buscan proteger mediante la tipificación del delito de feminicidio son:

• No discriminación e igualdad

• Derecho a la Igualdad

• Dignidad

• Vida

• Integridad Personal

• Libertad y Seguridad Personales

La protección de estos derechos obedece a que la comisión de este delito no solo desemboca en la privación de la vida de las mujeres sino que es el resultado de un contínuum de violencia, por lo que los bienes jurídicos tutelados van más allá de la vida y la integridad. Si bien, esto es más palpable en los homicidios cometidos por las personas con quienes la víctima tenía una relación sentimental o de confianza; también se observa, en los homicidios de mujeres documentados por las organizaciones en donde la mujer es asesinada por una persona desconocida, (donde se observa falta de seguridad personal) y es posible realizar las privaciones de la libertad que llevan como consecuencia violaciones a la integridad de la víctima y su fatal privación de la vida, para luego, exponer sus cuerpo en vías públicas u ocultado conllevando su mutilación.

La definición que se incluye de tipo penal de feminicidio, responde a la dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso “Campo Algodonero” vs. México,7 quedando de la siguiente manera:

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”.8

La construcción más óptima del tipo penal del feminicidio es aquella que no introduce elementos subjetivos de difícil comprobación y comprensión para las y los operadores de justicia; sino por el contrario utiliza elementos objetivos.

Además, permite la persecución y sanción de los diferentes tipos de feminicidio, que van más allá de los homicidios de mujeres por razones de género cometidos por las parejas, ex parejas o personas conocidas por la víctima; sino también permite considerar como feminicidio, aquellos homicidios de mujeres cometidos por personas desconocidas con características muy particulares que permiten verificar la existencia de condiciones de violencia estructural y discriminación por razones de género.9

De tal manera que los elementos que componen la descripción de las conductas que constituyen el delito de feminicidio así como su punibilidad. En ese sentido, los tipos penales deben contener:

a) Los bienes jurídicos protegidos; es decir, los valores o bienes que son afectados por el delito (los derechos humanos de las mujeres.).

b) El sujeto activo del delito; es decir, la persona que comete el delito.

c) La sujeta pasiva del delito: en todos los casos es una mujer

d) La conducta típica; es decir, la acción u omisión que realiza el sujeto activo y que constituye el núcleo del delito. En el caso del feminicidio, la privación de la vida por razones de género.

e) Las razones de género. Aquellas conductas que son entendidas como actos constitutivos de violencia de género en el contexto de la privación de la vida de la mujer, sujeto pasivo del delito.

f) Las circunstancias agravantes; tales como los hechos o situaciones que agravan la conducta y cuya consecuencia es un aumento de la sanción penal.

g) Las sanciones penales; es decir, las penas que se imponen al responsable de cometer un delito.

El 30 de abril de 2012, el Poder Legislativo -a través de la Cámara de Diputados- aprobó el Proyecto de Decreto por el que se reformó el Código Penal Federal, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; entre las reformas aprobadas se encuentra la tipificación del delito de feminicidio en el artículo 325 del Código Penal Federal. Dicha reforma fue publicada por el Poder Ejecutivo el 14 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Quedando de la siguiente manera:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Si bien en este momento hay un avance importante en la tipificación del feminicidio -a nivel federal y estatal- se observa que no hay uniformidad en los elementos que conforman el delito en todas las entidades; en algunos tipos penales se incluyeron elementos subjetivos o de difícil comprobación que pueden dar como resultado una limitación en la aplicabilidad y efectividad de las investigaciones de este delito.

Al respecto, el Comité de la CEDAW, el 27 de julio del 2012, manifestó su preocupación por las deficiencias y diferencias en las definiciones del delito de feminicidio en los códigos penales estatales, instando al Estado a tomar las medidas necesarias para asegurar que la tipificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada implementación, así como a acelerar la tipificación del delito en las entidades federativas pendientes. Además, llamó al Estado mexicano a estandarizar los protocolos de investigación del delito de feminicidio a lo largo del país.10

Un ejemplo de lo anterior, es el tipo penal de feminicidio en el estado de Zacatecas.

Este tipo penal en Zacatecas se incorpora a través de la reforma publicada el 4 de agosto de 2012 al Código Penal del Estado de Zacatecas, mediante la cual se incorpora el feminicidio como delito autónomo, en el artículo 309 Bis, quedando de la manera siguiente:

Artículo 309 Bis.

El feminicidio es la privación de la vida de una mujer, por razones de género. A quien cometa feminicidio se le impondrán de veinte a treinta años de prisión.

Existen razones de género cuando se ejecuten en la victima actos discriminatorios que atenten, menoscaben o anulen sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, entre los que pueden ser:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.

II. A la víctima se le hayan infringido lesiones degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida.

III. Existan datos que hagan evidente amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, antes de su muerte;

IV. El cuerpo sin vida de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o

V. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

Si entre el activo y la victima existió una relación afectiva o de confianza; de parentesco por consanguinidad o afinidad; de matrimonio; de concubinato; noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad; laboral; docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad o inclusive cuando implique deber de brindar cuidados, y se acredite cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de veinte a cuarenta años de prisión.

Cuando la víctima tenga hijos menores de edad que queden en la orfandad, el responsable deberá indemnizar en concepto de reparación del daño a los representantes de los menores con el doble de la indemnización a que alude el artículo 34 del presente código.

Si bien es cierto, el tipo penal de feminicidio en esta Entidad contiene la mayoría de los elementos que exige el modelo normativo óptimo, éste adolece de ciertas causales de género indispensables para la configuración del feminicidio; asimismo el párrafo que incluye en materia de reparación del daño es insuficiente y limita el derecho a la reparación integral.

Además, se recomienda incluir algunas buenas prácticas que existen en la normatividad de otras entidades federativas.

A fin de tener un diseño normativo adecuado a los más altos estándares se hace el análisis siguiente:

Tipo Penal de Feminicidio en el estado de Zacatecas

a) Bienes jurídicos protegidos; derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

b) El sujeto activo del delito; quien prive de la vida; se entiende que poder ser cualquier persona.

c) La sujeta pasiva del delito: en todos los casos es una mujer

d) La conducta típica; la privación de la vida por razones de género.

e) Las razones de género.

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.

II. A la víctima se le hayan infringido lesiones degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida.

III. Existan datos que hagan evidente amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, antes de su muerte;

IV. El cuerpo sin vida de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o

V. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

En este caso, las fracciones I, II, IV y V son correctas conforme al modelo normativo óptimo; sin embargo, es insuficiente, ello en razón de que menciona datos de violencia previos, más no antecedentes; si bien es cierto un antecedente constituye un dato previo, esta especificación refiere a aquéllos que consten en registros oficiales de ser posible procedimientos de naturaleza penal que refuercen la hipótesis de la razón de género.

Además, los términos amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima por el de violencia de género del sujeto activo en contra de la víctima; se entienden por violencia de género en los términos definidos por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que la terminología vigente en la entidad federativa se trata de un elemento normativo del tipo, es decir remite a otro apartado de la ley, en este caso la Ley Penal, lo cual requiere de elementos especiales para su comprobación, además al enunciar ciertos delitos limita la existencia de antecedentes de otro tipo, por ejemplo el abuso sexual o la violación.

Los delitos enunciados en el tipo penal y demás conductas contra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son manifestaciones que se encuentran incluidas en los tipos de violencia contenidos en la Ley de Acceso.

A las mujeres se les priva de la vida por personas quienes estaban cerca de ellas y se presumía que debían brindarles apoyo, solidaridad, confianza y afecto y en lugar de ello las violentaron hasta la muerte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció respecto de esta “razón de género” en los tipos penales de feminicidio, declarando su constitucionalidad de la manera siguiente:

Época: Décima Época

Registro: 2005625

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. LX/2014 (10a.)

Página: 653

Feminicidio. El artículo 242 Bis, inciso b), del Código Penal del Estado de México, al emplear la expresión “se haya tenido una relación sentimental”, no vulnera el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal.

El citado precepto, al prever que el homicidio doloso de una mujer se considerará feminicidio cuando se actualice, entre otras, la hipótesis prevista en su inciso b), esto es, que se cometa contra una persona con quien “se haya tenido una relación sentimental”, afectiva o de confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo por una relación de hecho en su centro de trabajo o institución educativa, o por razones de carácter técnico o profesional, y existan con antelación conductas que hayan menoscabado o anulado los derechos, o atentado contra la dignidad de la pasivo, la cual se penalizará de cuarenta a setenta años de prisión y de setecientos a cinco mil días multa, no vulnera el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, toda vez que el término “se haya tenido una relación sentimental” no es ambiguo, sino que cuenta con una definición o connotación específica, ya que gramaticalmente “relación sentimental”, se compone de los vocablos “relación”, que significa conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona, y “sentimental”, que corresponde a las relaciones amorosas sin vínculos regulados por la ley (dícese de experiencias, relaciones sentimentales); lo que lleva a sostener que el feminicidio se comete cuando prevalece una relación amorosa sin vínculos regulados por la ley. De ahí que el término “relación sentimental” sí tiene una connotación determinada y específica, comprensible para el destinatario de la norma, a fin de que pueda autoregular su conducta. Asimismo, el referido término también comparte el carácter de elemento normativo de valoración cultural, pues el juzgador deberá determinar, en cada caso concreto, que ésta se actualizó como medio de comisión del delito. En ese sentido, el término “relación sentimental”, empleado en el artículo 242 Bis, inciso b), del Código Penal del Estado de México, no corresponde a una regla general, ni es indeterminado e impreciso, de forma que dé lugar a inseguridad y una posible actuación arbitraria por parte del órgano jurisdiccional.

Amparo directo en revisión 2451/2013. 11 de septiembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

En este sentido, la sanción corresponde a la del homicidio calificado en la entidad; pero al atender la multiofensividad del feminicidio, en los términos del estándar nacional e internacional

Recomendaciones al Estado mexicano por el delito de feminicidio. La primera intervención con relación a la violencia de género en el estado de Chihuahua fue hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el mes de mayo del año 1998: Recomendación número 44/98 Caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y sobre la falta de colaboración de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua.

Ordenamientos internacionales en materia de derechos humanos para las mujeres. Entre estos se encuentran: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que norma internacionalmente la protección de las mujeres. Igualmente, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en el año de 1993 que tiene vigencia sociológica ya que: a partir de entonces se delinearon prácticas y expectativas sociales de los sujetos femeninos acordes a sus necesidades sociales, económicas, políticas y culturales; y los Estados nacionales asumieron los derechos de las mujeres como parte integral e indivisible de todos los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. Además, reconfirma que la Constitución Mexicana, establece –tanto para hombres como mujeres- en el capítulo de garantías individuales, la protección al derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la integridad y a la dignidad de todos los seres humanos. Y que, las mujeres, además gozan de los derechos previstos en otros instrumentos internacionales como es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 1994, y por la Asamblea General de la Organización de 22 Estados Americanos en Belém Do Para, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la supremacía de las leyes en el orden jurídico mexicano, de los derechos previstos en los diversos instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por México.

Responsabilidad internacional del Estado conforme al artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención.

Para Amnistía Internacional, las autoridades mexicanas han fallado en cuatro áreas del derecho internacional para cumplir con la debida diligencia: “la investigación de los crímenes, la sanción de los responsables, la reparación de las víctimas y la prevención de los crímenes”.

El Estado Mexicano es parte integrante del sistema interamericano de derechos humanos, ya que aprobó desde 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como convención de Belém Do Pará. De igual manera, sustenta su informe en los siguientes instrumentos nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; la Convención sobre los Derechos del niño, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Por lo anterior y con base en las estadísticas previstas en el Observatorio Nacional de Feminicidio es por lo que se llega a la conclusión de que el delito por su alta trascendencia y nivel delictivo debe ser considerado como delito grave, en el que al no ordenarse prisión preventiva se pone en riesgo la legalidad del proceso y se estaría hablando de incompetencia por parte de los tribunales a cargo de dicha causa.

La iniciativa de reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, obedece a la razón de que el delito de feminicidio no solo protege el bien jurídico tutelado de la vida y la integridad, si no que va más allá, como lo es la no discriminación, el derecho a la igualdad, dignidad, libertad, seguridad personal de la víctima y el acceso de la mujer a una vida libre de violencia. Por ello es importante tipificar de manera urgente el delito como grave, que amerite prisión preventiva oficiosa tomando en cuenta que por la gravedad de los hechos en que se transgrede el mayor de los bienes jurídicos tutelados como lo es la vida, es necesario en el momento procesal oportuno la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, evitando con ello la evasión de la acción de la justicia y obstaculización en el desarrollo de la investigación (artículo 169 CNPP) aunado a ello el riesgo que corren los ofendidos y testigos (artículo 170 CNPP) lo cual no quedaría sujeto a debate por considerarse un aliciente para que el imputado evada la acción de la justicia y por supuesto no se presentaría de manera voluntaria.

No obstante, y a pesar de los esfuerzos que se realizan a nivel normativo, institucional y jurisprudencial la situación de las mujeres en México sigue siendo preocupante, es por ello de insistir en la reforma al artículo167 del Código Nacional de Procedimientos Penales cumpliendo con los criterios de objetividad, racionalidad y proporcionalidad que dé inclusión al feminicidio como delito grave y amerite prisión preventiva oficiosa, justificando el trato diferenciado y de mayor tutela de los bienes jurídicos concernientes a la vida de la mujer y su dignidad. El feminicidio no viola el principio de igualdad jurídica del hombre y la mujer, pues dicho principio debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.

Con la finalidad de agilizar el trabajo de dictamen de la presente iniciativa, se adjunta el siguiente cuadro comparativo.

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

Denominación del proyecto de decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Texto normativo propuesto

Artículo Único. Se adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

...

...

...

...

I. a XI....

XII. Feminicidio, previsto en el artículo 325 del Código Penal Federal.

...

Artículo Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Estudio sobre el tipo penal del feminicidio en el Estado de Zacatecas. Propuesta de Reforma.

2 Russell, Diana (2006). “Definición de Feminicio y Conceptos Relacionados”. En Diana E. Russell y Roberta A. Harmes (Eds.) Feminicidio: una perspectiva global. Citado en: “Una Mirada al Feminicidio en México 2007-2008”, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, página 3

3 Diana, Russell, (2006). Definición de Feminicio y Conceptos Relacionados. En Diana E. Russell y Roberta A. Harmes (Eds.) Feminicidio: una perspectiva global. Citado en: “Una Mirada al Feminicidio en México 2007-2008”, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, página 3

4 Julia, Monárrez, Feminicidio sexual sistémico: víctimas y familiares, Ciudad Juárez, 1993-2004, México, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Doctorado en Ciencias Sociales, septiembre 2005, páginas 91-92

5 Julieta, Lemaitre, La Mirada de los Jueces. Género en la jurisprudencia latinoamericana, Tomo I, Siglo del Hombre Editores, página 556.

6 Cfr. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal para tipificar el feminicidio, así como del Código de Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso De Las Mujeres A una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del PRD, en nombre de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exahustivo a las Acciones que han emprendido las Autoridades competentes en relación con los Feminicidos registrados en México, y suscrita por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3217-IV, miércoles 09 de marzo de 2011.

7http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_2 05_esp.pdf

8 Cfr. CoIDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Supra nota 1. Párrafos 143 y 144.

9 En el trabajo de la construcción del tipo penal, la información aportada por las organizaciones, académicas y defensoras permitió no únicamente considerar la definición del feminicidio con elementos objetivos necesarios para la identificación de las diversas hipótesis que lo conforman; sino también se aportó en la construcción de nuevos esquemas de investigación y procedimientos judiciales que permitirán, desde una perspectiva de género, garantizar un adecuado acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación.

10 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Mexico. Committee on the Elimination of Discrimination against Women Fifty-second session, 27 july 2012, English, CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párrafos 17 y 19.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 10 de marzo de 2016.

Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)