Proposición

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de los derechos humanos de Juan Gómez Domínguez, indígena preso político en Chiapas, suscrita por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, diputado federal en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El trece de junio de dos mil quince, a las 11:30 horas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue detenido Juan Gómez Domínguez por agentes de la Policía Especializada y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales y Relevantes, integrando la Averiguación Previa FAR/140/2015-06, siendo acusado por el delito de, supuestamente, portar en el momento de su detención una bolsa de 9 por 5 centímetros, la cual contenía en su interior clorhidrato de cocaína con un peso de 21.4 gramos. Junto a Juan Gómez Domínguez, fueron también detenidos por policías ministeriales los ciudadanos José Rafael Sánchez López y Mario Sánchez López.

Juan Gómez Domínguez fue consignado en la causa penal 152/2015 del juez segundo del ramo penal para la Atención de los Delitos Graves de los Distritos Judiciales Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, por delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo cometido en agravio de la sociedad. Recluido en el centro estatal de reinserción social número 14 “El Amate”, ubicado en el ejido Lázaro Cárdenas municipio de Cintalapa, Chiapas. Sentenciado en vía sumaria y condenado el 11 de agosto de 2015, como responsable del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y variante de clorhidrato de cocaína con fines de comercialización (venta), imponiéndosele una pena de cuatro años seis meses de prisión y multa de 190 días de salarios mínimos. A través del amparo indirecto 806/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, resolvió amparar y proteger al ciudadano Juan Gómez Domínguez para los efectos de reponer el procedimiento por la probable violación al Protocolo de Estambul y careos que no se llevaron a cabo dentro del término constitucional.

Conjuntamente con el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, Juan Gómez Domínguez fue acusado también del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aérea Mexicana, dictándosele auto de formal prisión por el parte del Juez Sexto de Distrito; no obstante mediante recurso de apelación que se interpuso en contra de dicho auto de formal prisión el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, resolvió absolver al acusado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara en la protección de los derechos humanos de las personas, así como de las garantías del debido proceso con las que contamos las y los mexicanos. En su artículo primero, además del reconocimiento de todos los derechos humanos plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales, señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo momento la protección más amplia hacia las personas, como se puede ver a continuación:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Cabe señalar que Juan Gómez Domínguez , indígena y preso político del municipio de Simojovel de Allende, era el precandidato ganador para registrarse a la candidatura para la diputación local del X distrito con cabecera en Bochil por el partido Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que estando en periodo de registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana fue detenido acusándosele de delitos prefabricados para evitar que su registro y para que entregara a su hermano, Ramiro Gómez Domínguez, quien también sería candidato y posible ganador de la presidencia municipal de Simojovel de Allende por el mismo PRI en el proceso electoral estatal de 2015.

Juan Gómez Domínguez, como se refirió, fue acusado de portación de armas de uso exclusivo del ejército y narcomenudeo (21.4 gramos de cocaína) se amparó por el delito del fuero federal y resuelven a favor absolviéndolo del delito. Sin embargo, por el delito de fuero de fuero común se le sentencio a 4 años 6 meses de prisión, por lo que se le niegan beneficios por parte de la ley. No obstante, mediante el recurso legal de amparo contra dicha sentencia se resolvió llevar a cabo careos entre Juan Gómez Domínguez y los policías aprehensores.

La primera diligencia fue llevada a cabo el pasado 2 de diciembre, quedando pendiente el careo con dos policías ministeriales, de 5 policías que llevaron a cabo la aprehensión, el día 7 de enero. Por lo que queda pendiente de emitirse una nueva resolución parte del juez del fuero común. No obstante, a decir de los familiares, el juzgador sentenciaría en el mismo sentido, esto es que condenaría de nueva cuenta con pena corporal, al acusado. Esto es que se le mantendría en prisión para que el Partido Verde Ecologista de México pueda gobernar en el municipio de Simojovel, sin ningún problema, frente a la fuerza política que representan los hermanos Gómez Domínguez, líderes indígenas que no aceptaron renunciar al PRI y declararse miembros del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciar una investigación sobre las posibles violaciones a los derechos humanos de Juan Gómez Domínguez.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General y al Tribunal Superior de Justicia, ambos de Chiapas, a respetar y garantizar el principio del debido proceso, así como garantizar los derechos humanos del ciudadano y líder indígena Juan Gómez Domínguez.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador constitucional del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, a realizar acciones y actos de autoridad que promuevan, respeten, y protejan los derechos humanos de los indígenas en la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2016.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)