Iniciativa

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Alicia Concepción Ricalde Magaña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

1. Antecedentes

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el año 2010, México tenía una población de 112, 336, 538 personas, de los cuales el 43.24% de la población, o sea 48, 575, 560 personas requerían en ese año, servicios optométricos.1

De acuerdo con diversos estudios, las discapacidades visuales más comunes en nuestro país, son la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Además las consultas por cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera en la edad escolar con un 20% de población afectada.2

Pero además, la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría (AMFECCO) en palabras del Doctor Salomón Chertorivsky Woldenberg, nos refiere que: “por lo menos el 18% de los niños en edad escolar necesitan algún tipo de apoyo visual, porque un niño que necesita lentes y no los tiene, no podrá desarrollarse por completo”.3

De acuerdo con el Inegi la segunda discapacidad en el país es la Visual, la primera es la motriz. En el 2010 había 112, 336, 538 habitantes en la República Mexicana de los cuales 4, 527, 784 son discapacitados y 1, 292, 201 son de tipo visual.4

El Centro Internacional para la Educación del Cuidado de los Ojos estima que 670 millones de personas son ciegas funcionales o con discapacidad visual debido a un error refractivo no corregido. Esto representa el 10% de la población mundial.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 presentan baja visión. Donde aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad visual se concentra en los países en desarrollo; el 82% de las personas que padecen ceguera tienen 50 años o más.

En términos mundiales, los errores de refracción no corregidos constituyen la causa más importante de discapacidad visual, pero en los países de ingresos medios y bajos las cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera; mientras que el número de personas con discapacidades visuales atribuibles a enfermedades infecciosas ha disminuido considerablemente en los últimos 20 años.5

De acuerdo con la OMS se requiere un licenciado en optometría por cada 10,000 habitantes. Y en el caso particular de México, requerimos 11,234 licenciados en optometría y aproximadamente se tienen en la actualidad 4,000 titulados. Además es importante señalar que no existen licenciados en optometría desempleados, ya que las 15 escuelas a nivel licenciatura de Optometría en México tienen 1500 estudiantes, por lo que cada año se gradúan 400 licenciados en optometría.

En este sentido, debemos enfatizar que un licenciado en optometría está facultado para diagnosticar y tratar todas las anomalías refractivas como son la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. También está facultado para el diagnóstico y tratamiento de anomalías de la visión binocular como los son el estrabismo y la ambliopía, así como diversos desórdenes funcionales. Como para evaluar y detectar patologías oculares y coadyuvar en la solución de las mismas.

Problemática

Desafortunadamente, en México no existe una regulación sanitaria con respecto a la salud visual y la mayoría de los exámenes de la vista son realizados por ópticos prácticos que se hacen pasar por optometristas sin tener un título y cédula profesional que los avale como tal.

También hay técnicos en optometría egresados de escuelas técnicas como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), quienes a pesar de su formación, no cuentan con las herramientas profesionales necesarias para realizar un diagnóstico de salud ocular o funcional de los ojos ni su tratamiento.

Por otra parte, existen cadenas de ópticas muy conocidas que por no pagar un optometrista, capacitan a su propio personal para realizar exámenes visuales gratis y muchos de estos trabajadores sin preparación profesional, reciben una comisión por cada lente que venden. Es común que cuando una persona asiste a estas ópticas le recetan lentes aunque no los necesite.

De acuerdo a las estadísticas más recientes, la salud visual en México se encuentra a cargo de 24,050 personas que proporcionan servicios de salud visual, de los cuales 3,000 son licenciados en Optometría, 2,000 oftalmólogos, 3,000 técnicos, y 16,050 prácticos, es decir una proporción de 2.8 licenciados en Optometría por cada 100,000 habitantes; mientras que 1 de cada 50 personas que ejercen la optometría en nuestro país, tienen estudios de posgrado.

En varios países la optometría es oficialmente reconocida en muchas jurisdicciones. La mayoría tienen normas relativas a la educación y la práctica. Optometristas, al igual que muchos otros profesionales de la salud, están obligados a participar en los cursos de educación continua para mantenerse al día sobre las últimas normas de atención.

En Argentina, los optometristas son necesarios para inscribirse en el Ministerio de Información Pública Local, pero no se requiere licencia. Cualquiera que tenga una licenciatura puede registrarse como un optometrista después de completar un examen escrito. Las tarifas para el examen son fijados por el gobierno provincial y varían de una provincia a otra.

Australia tiene actualmente tres cursos reconocidos de optometría. Estos son la evolución de la oferta de cursos anteriores que se han ampliado junto con el aumento del alcance de la práctica de los optometristas en Australia, específicamente la capacidad de prescribir ciertos agentes terapéuticos.

Para el caso de Brasil, no se reconoce legalmente la optometría como profesión y el Consejo Brasileño de Oftalmología, se ha manifestado en contra de su reconocimiento jurídico oficial.

En Canadá, los optometristas deben completar un doctorado de cinco años de grado en Optometría. Además, deben aprobar los exámenes de licencia de mesa para demostrar sus habilidades y conocimientos profesionales, con la finalidad de ser autorizados para recetar medicamentos tópicos y orales.

En Colombia la educación optometría ha sido acreditada por el Ministerio de Salud. La última revisión oficial a las leyes relativas a las normas de atención de salud en el país fue emitida en 1992 por la Ley 30. Actualmente hay ocho universidades oficiales que tienen derecho para otorgar la certificación optometrista.

En la Unión Europea, la educación optométrica y licencias varían en toda Europa. Por ejemplo, en Alemania, las tareas de optometría son realizadas por oftalmólogos y ópticos profesionales capacitados y certificados. En Francia, no existe un marco regulatorio y los optometristas se entrenan al completar un aprendizaje en la oficina privada de un oftalmólogo.

En Estados Unidos los doctores en Optometría están regulados por las juntas estatales que determinan su ámbito de acción, que pueden variar de estado a estado. Dentro del sistema de salud, los optometristas funcionan como proveedores de atención primaria de los ojos que estén especialmente experimentados en lentes de contacto y gafas de ajuste recetas.

La Asociación Americana de Optometría y de la Sociedad Americana de Optometría representan optometristas a nivel nacional en Estados Unidos. Antes de ser admitido en la escuela de optometría, estos suelen completar cuatro años de estudios de pregrado, culminando en una licenciatura. Posteriormente, al completar un programa acreditado en optometría, los graduados tienen el título de Doctor en Optometría.

Como antecedentes de la integración del término optometrista podemos retomar las siguientes referencias, en la ley general de salud del 7 de febrero de 1984 no aparece el optometrista pero si se menciona el cuidado de la salud visual:

“Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud a los que se refiere el Artículo 34, fracciones I, III y IV, de esta Ley;

II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;

II bis. La Protección Social en Salud.

III. La coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios de salud a los que se refiere el Artículo

34, fracción II;

IV. La atención materno-infantil;

V. La salud visual.

VI. La salud auditiva.

VII. La planificación familiar;

VIII. La salud mental;

IX. La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud;

X. La promoción de la formación de recursos humanos para la salud;

XI. La coordinación de la investigación para la salud y el control de ésta en los seres humanos;

XII. La información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud en el país;

XIII. La educación para la salud;

XIV. La orientación y vigilancia en materia de nutrición;

XV. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre;

XVI. La salud ocupacional y el saneamiento básico;

XVII. La prevención y el control de enfermedades transmisibles;

XVIII. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XIX. La prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos;

XX. La asistencia social;

Capítulo I

Profesionales, Técnicos y Auxiliares

Artículo 78. El ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares y de las especialidades para la salud, estará sujeto a:

I. La Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal;

II. Las bases de coordinación que, conforme a la ley, se definan entre las autoridades educativas y las autoridades sanitarias;

III. Las disposiciones de esta Ley y demás normas jurídicas aplicables, y

IV. Las leyes que expidan los estados, con fundamento en los Artículos 5o. y 121, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.”

En este último artículo aparecía la palabra “optometría” pero al ser aprobada desapareció por así convenir a los intereses de una persona recomendada por la presidencia. En abril de 2013 el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional integrante de la LXII Legislatura, propuso retomar la integración de este término como se encontraba antes de la reforma que lo desapareció.

Objeto de la iniciativa

Es del interés de la suscrita, remontar dicha propuesta, así como, enriquecerla de manera importante ya que como se refirió anteriormente, es de suma importancia para el buen desarrollo de la población contar con una legislación adecuada que proteja y de garantáis jurídicas a los gobernados respecto del cuidado de la salud, de conformidad con los criterios generales establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis aislada de la 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 31, que a continuación se transcribe:

Derecho a la salud. Su naturaleza normativa.

Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales.

Pleno

Amparo en revisión 315/2010. Jorge Francisco Balderas Woolrich. 28 de marzo de 2011. Mayoría de seis votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarias: Francisca María Pou Giménez, Fabiana Estrada Tena y Paula María García Villegas Sánchez Cordero.

El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XV/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.”

En este estricto sentido, es que debe contener la Ley General de Salud lo insumos jurídicos suficientes, que contengan las hipótesis normativas más adecuadas para dar cumplimiento a su fin constitucional, y no generar lagunas que de alguna forma permitan a las personas que se dedican a la venta de artículos de optometría poner en riesgo la salud de su clientes, sin que exista responsabilidad legal alguna por sus actos u omisiones en la salud visual.

Por ejemplo, los especialistas sostienen que comprar lentes sin receta es perjudicial para la salud porque se pasan por alto patologías incipientes que puedan afectar la visión. “la persona puede comprar un lente con la adición para presbicia, pero aun así puede seguir teniendo una visión inconfortable”. El lente de presbicia corregirá sólo esa condición y no otro defecto refractivo que el paciente pueda tener como es el astigmatismo, que produce una visión borrosa, lagrimeo y mareos. Estos lentes además de no considerar la ametropía de base del paciente, tampoco consideran su distancia interpupilar, esencial para obtener un lente bien adaptado.

La evaluación y detección de las disfunciones visuales comprende el registro de la historia clínica y la realización de pruebas básicas y complementarias relacionadas con la función visual y salud ocular con el objeto de detectar y/o reconocer ametropías (hipermetropía, miopía, astigmatismo y presbicia), determinar las características del sistema de compensación habitual de los pacientes y las disfunciones de la visión binocular. Asimismo, involucra la pesquisa de patologías oculares para derivar oportunamente al paciente al médico oftalmólogo, cuando sea necesario, así como también la detección, evaluación y compensación de otros problemas o carencias visuales como baja visión, anomalías de la visión del color etc., y de las disfunciones en las habilidades visuales relacionadas con el rendimiento escolar del niño y su comportamiento general.

Por último es importante señalar que en el desarrollo de la profesión, el optómetra dispone de distintos mecanismos de tratamiento y/o intervención en las disfunciones visuales, como la indicación y adaptación de anteojos ópticos, de lentes de contacto, de prótesis oculares, de ayudas visuales ópticas para pacientes de baja visión y el diseño y realización de programas de reeducación visual, según requerimiento del paciente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Decreto

Primero. Se reforma el Artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología, oftalmología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. ...

Segundo. Se adicionan los Artículos 83 Bis y 83 Bis 1 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

83 Bis. Para la prevención y corrección de enfermedades visuales, los oftalmólogos y optometristas realizarán un examen de refracción de ojos, en su caso prescribirán anteojos o lentes de contacto graduados y, verificarán la correcta adecuación de los mismos al problema de salud de cada paciente.

83 Bis 1. A fin de proteger la salud visual de los usuarios, queda prohibida la venta de lentes graduados sin la prescripción de un médico oftalmólogo u optometrista que cuenten con títulos profesionales o certificados de especialización que hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Notas

1“Población total por tamaño de localidad y sexo según condición y tipo de limitación en la actividad (cuadro 06_01B estatal)”, en Censo de Población y Vivienda 2010, Tabulados del cuestionario básico, México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/LeerArchivo.aspx?ct= 27423&c=27302& s=est&f=1

2 Op. Cit.

3 Palabras del Doctor Salomón Chertorivsky Wolderberg (Secretario de Salud del Gobierno Federal 2012), durante la Reunión de la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría (AMFECCO), México, 2012.

4 Op. Cit.

5 Consúltese la pagina de la Organización Mundial de la Salud, en el apartado de Ceguera y Discapacidad Visual, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.

Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica)