Iniciativa

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace algunos años, cuando cualquier casa encuestadora pregunta a los mexicanos cuál es tema que les genera mayor preocupación, la respuesta es casi unánime: la inseguridad y la violencia de los cárteles del narcotráfico, son los asuntos que más inquietan a la población. Derivado de ello, se pensaría que el gobierno cuenta con planes de política pública claros y precisos para atender esta situación, sin embargo no es así.

Cuando en los primeros días de su gobierno Felipe Calderón tomó la decisión de emprender acciones de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas para el combate al crimen organizado; lo hizo sin documentos de diagnóstico ni diseño de un plan para el despliegue de tropas para combatir a grupos criminales. Así lo admitieron la propia Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Presidencia de la República, en respuesta a solicitudes ciudadanas de información a través del Sistema Infomex del IFAI sobre este tema.

El Ejército aceptó que en diciembre de 2006, momento en el que Felipe Calderón decidió declarar la guerra al narcotráfico, no contaba con una estrategia militar previamente elaborada para el despliegue de efectivos en todo el país, ni con un diagnóstico para enfrentar a los cárteles que dominan el trasiego, la producción y la comercialización de drogas en nuestro país.

El resultado es por todos conocido: el desbordamiento de la criminalidad, más de 100 mil homicidios (la gran mayoría de ellos impunes), decenas de miles de desplazados por la violencia, pérdidas millonarias para la economía de las entidades afectadas, el tejido social desgarrado.

Por su parte, Enrique Peña Nieto prometió en su campaña a la presidencia replantear y redireccionar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con el fin de volverla más efectiva y menos costosa para la sociedad. El 17 de diciembre de 2012 anunció su estrategia basada en 6 líneas de acción: planeación; prevención; protección y respeto a los derechos humanos; coordinación, transformación institucional; así como evaluación y retroalimentación.

No obstante, dichos lineamientos al igual que los seguidos en el sexenio anterior, presentan severas carencias para la obtención de resultados sustantivos. Por principio de cuentas, es notable la ausencia de nueva cuenta de un diagnóstico de la situación actual del crimen organizado, de los cárteles, sus integrantes, zonas de influencia, capacidad financiera, de fuego, sus nexos con mandos policiacos, entre otros.

Asimismo, de los seis puntos de la estrategia, cinco son de carácter procedimental, que si bien son necesarios, deberían ser el supuesto mínimo del que parte la aplicación de justicia en el país. Se ha puesto énfasis en la profesionalización de los cuerpos policiacos, pero no se reconoce la falla de los controles de confianza.

Se deja de lado la importancia de la denuncia y el castigo de los actos de corrupción de policías estatales, federales y funcionarios involucrados en el combate a la delincuencia y que no hacen valer la ley, permitiendo a grupos criminales actuar con impunidad en espacios territoriales amplios.

Aunque se incluye el aspecto de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, no se establecen mecanismos específicos y claros con los que se pueda hacer corresponsables a las autoridades estatales y municipales de la aplicación de las leyes. Endosar las complicadas tareas en materia de seguridad únicamente al gobierno federal, es un error que dificulta la consecución de los objetivos planteados.

Más aún, en la estrategia de la presente administración, se vuelve a dejar de lado una arista medular para el debilitamiento de las bandas de delincuentes: el aspecto financiero. Gracias a las extraordinarias ganancias que presentan, dichos grupos tienen la capacidad para adquirir armamento, vehículos y propiedades, además de establecer negocios y comercios que les permiten el lavado de dinero.

Aunado a ello, al tener grandes sumas de dinero a su disposición, tienen la posibilidad de corromper autoridades e infiltrarse en el sistema judicial mexicano. No tomar en cuenta estos elementos en la estrategia nacional de seguridad es sumamente riesgoso y la condenan al fracaso.

Otro elemento que sin duda y por numerosas razones debió tomarse en cuenta en la estrategia fue la relación con Estados Unidos; no sólo por los casi 3 mil 200 kilómetros de frontera que comparten ambos países, sino porque la Unión Americana es el principal mercado y destino de las drogas que se producen en México; y al mismo tiempo es la principal fuente de abastecimiento de armas y municiones de los cárteles mexicanos.

Asimismo, esta relación binacional se ha complejizado aún más con la legalización del consumo de marihuana en algunos estados del país vecino, lo que sin duda incrementará la demanda de esta substancia. El Estado mexicano no ha tomado una posición firme ante su símil norteamericano, y sin una planeación conjunta será difícil obtener resultados positivos.

Como han documentado Luis Astorga y Renato González Valdés, el narcotráfico era, hace cincuenta años, un tema regional en el noroeste de México, no obstante, hoy en día involucra flujos de dinero a nivel internacional, por lo que cualquier plan debe incluir el carácter transnacional del narco así como la cooperación de los países involucrados en esta problemática.

Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a través de sus respectivos secretarios de Gobernación, y Seguridad, así como los procuradores de la República en turno, han reiterado constantemente que uno de los principales aciertos del gobierno ha sido destinar mayores recursos al rubro de la seguridad pública, sin embargo, este supuesto es cuestionable.

Si bien es cierto que en los últimos 13 años el presupuesto otorgado a las labores de seguridad se ha incrementado en 334 por ciento, no significa que se haya avanzado favorablemente en el tema.

El aumento en el gasto público para seguridad se debió en gran medida a que se quintuplicó el número de policías federales en el último sexenio, pues pasaron de 6 mil 489 en 2006 a 36 mil 940 al finalizar 20121. Sin embargo, entre enero de 2007 y septiembre de 2012 los homicidios dolosos aumentaron 35 por ciento respecto al sexenio anterior, según el cálculo que realizó la organización civil México Evalúa2 con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi.

En este periodo tampoco mejoró la confianza en la institución ni la percepción de seguridad entre la gente, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (Envipe), realizada por el Inegi.

Esta relación negativa gasto-indicadores, además de dar cuenta de que más presupuesto no es sinónimo de eficacia y de ejemplificar cómo en el país no se ejerce el gasto responsable con resultados tangibles para los ciudadanos, es consecuencia de la usencia de planes que sean construidos por diversos actores además del ejecutivo. Si se tomara en cuenta a otros agentes como el legislativo, se contaría con una panorámica más amplia para abordar el problema, pues más gasto público no genera por sí mismo un mejor desempeño si no se sabe gastar.

En el mismo sentido, lo erróneo de las estrategias seguidas hasta ahora o la ausencia de las mismas es evidente tomando en consideración la nula consecución de los resultados establecidos en ellas.

Uno de los principales objetivos de la guerra contra el narcotráfico, fue desde un inicio el desmantelamiento y posterior desaparición de los cárteles criminales que operan en territorio mexicano.

Sin embargo, mientras que en 2010 se tenía conocimiento de la existencia de sólo algunas de estas organizaciones, a mediados del año pasado el propio procurador general de la República reconoció la existencia de aproximadamente 80 cárteles dedicados al tráfico de estupefacientes, los cuales no sólo se mantienen en dicha actividad, sino que han diversificado sus operaciones incursionando en el secuestro, extorsión, cobro por derecho de piso, contrabando y otros delitos.

El área de influencia de las bandas del narcotráfico es otro objetivo no cumplido, pues como ya se describió líneas arriba, mientras que hace apenas algunos años, la problemática se concentraba en el noroeste del país y en algunas ciudades fronterizas, actualmente se ha desbordado a la gran mayoría de los estados de la República y lucen cada vez más fuertes desafiando a las autoridades.

En cuanto a la disminución en el consumo de drogas ilegales en México, tampoco se ha logrado, pues se duplicó en la década pasada, al pasar de 0.8 a 1.5 por ciento entre personas de 12 a 65 años de edad, aunque entre los hombres la prevalencia es de 2.6 por ciento a escala nacional, y en las zonas urbanas de 2.9, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA 2011).

Respecto a la baja sustantiva de la violencia y comisión de delitos, sobra decir que las tácticas hasta ahora seguidas han fracasado, pese a que es difícil contabilizar el número de homicidios que se han cometido, algunas organizaciones hablan de más de 136 mil personas muertas en esta guerra contra el narco, y cerca de 160 mil desplazados.

En octubre pasado, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, MPJD, afirmó que el modelo de seguridad implantado durante el sexenio del ex presidente panista es el mismo que el de la presente administración. El movimiento, que encabeza el poeta Javier Sicilia, denunció que a diez meses del regreso del PRI al gobierno federal resultaba evidente que no había habido un cambio de fondo en la estrategia de seguridad. El modelo de combate al narcotráfico continúa, la guerra continúa.

A poco más de un año del gobierno de Enrique Peña Nieto el prometido cambio de táctica no ha ocurrido, consecuencia de ello, es que según datos del recuento hecho por el semanario Zeta, del inicio de la presente administración al primero de septiembre del año pasado, se contabilizaron 13 mil 775 homicidios dolosos. Basada en esos conteos, de mantenerse el ritmo de incidencia, al término de la gestión peñista, habría 124 mil 975 muertes. Es decir, casi un 50% más que el cierre del sexenio pasado3.

Parece que una vez más la trágica historia de la guerra contra el narcotráfico se repetirá, de ahí la pertinencia de establecer mecanismos de contrapesos a la figura del Ejecutivo por parte del Legislativo, a fin de que decisiones de política pública de la importancia de los planes en materia de seguridad, no sean tomadas de manera unilateral.

Establecer la obligatoriedad para el presidente de la República de presentar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ante el Senado para su aprobación es sin duda un avance. Sin embargo, es un progreso demasiado pequeño y corto ante la gravedad y los alcances del asunto en cuestión, pues aprobar en el inicio e informar con posterioridad del desarrollo de la Estrategia, dista mucho de ser una evaluación seria.

Derivado de la diferencia sustantiva que existe entre ser informado y poder intervenir, proponemos que esta reforma vaya más allá y dote de capacidades a la Cámara de Senadores para evaluar e influir en la orientación de la Estrategia; con el propósito de instaurar un sistema de contrapesos, además de fomentar el control y fiscalización de las acciones de gobierno.

Sujetar la Estrategia de Seguridad Nacional a la obligatoria evaluación y aprobación por parte del Senado es relevante por numerosos motivos; permitiría garantizar la organización y desarrollo eficaz de la Estrategia; mejoraría sustantivamente el desempeño organizacional de las instituciones de seguridad; aseguraría la eficiencia y transparencia de las acciones en materia de seguridad; permitiría establecer acuerdos, plazos y lineamientos a cumplir por los actores involucrados; todo esto a su vez ayudará al cumplimiento de objetivos estratégicos con un horizonte no sólo inmediato sino de mediano y largo plazo, a diferencia de los pobres resultados obtenidos hasta ahora.

Es urgente contar con un nuevo modelo de combate a la inseguridad, por lo que hacer que el Senado pueda evaluar y ajustar las acciones emprendidas por el gobierno federal, abonaría a que exista una verdadera rendición de cuentas, y a evitar que se den resultados tan desastrosos como los hasta ahora obtenidos.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto por el que se reforma el artículo 69, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 69, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 69.

...

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la República presentará la Estrategia Nacional ante la Cámara de Senadores, la cual deberá aprobarla previa revisión en el plazo que disponga la ley. Asimismo, la Cámara deberá realizar seguimiento constante al cumplimiento de los objetivos planteados en la Estrategia, y podrá emitir directrices a seguir por la misma.

Texto vigente

Artículo 69.

...

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde.

Reforma propuesta

Artículo 69.

...

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la República presentará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ante la Cámara de Senadores, la cual deberá aprobarla previa revisión en el plazo que disponga la ley. Asimismo, la Cámara deberá realizar seguimiento constante al cumplimiento de los objetivos planteados en la Estrategia, y podrá emitir directrices a seguir por la misma.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 ¿Cómo gastar mejor para crecer?: Estudio frente al gasto público ante una inminente reforma fiscal. Fundación Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Septiembre 2013.

2 Indicadores de víctimas visibles e invisibles de homicidio. México Evalúa Centro de análisis de Políticas Públicas, AC, noviembre de 2012.

3 Seguridad ciudadana en México. Instituto para la Seguridad y la Democracia, septiembre de 2013.

Palacio Legislativo, a 10 de abril de 2014.

(Rúbrica)