Proposición

Con punto de acuerdo, a fin de crear una subcomisión mixta y solicitar la intervención de las autoridades competentes para reubicar las instalaciones de Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV –o Zeta Gas–, a cargo de la diputada María Carmen López Segura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal de Baja California por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Los mexicanos hemos sido testigos de diversos incidentes, algunos de ellos verdaderas tragedias, relacionadas con el almacenamiento, el transporte y la distribución de combustibles, que dan cuenta de la gran necesidad de perfeccionar y vigilar el estricto cumplimiento de la normativa encaminada a armonizar el desarrollo industrial y la seguridad de la población.

En primer lugar, destacan los sucesos del 19 de noviembre de 1984, cuando explotaron 6 esferas y 48 cilindros de diferentes capacidades en una planta de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) en San Juan Ixhuatepec, México, donde murieron 507 personas y resultaron heridas más de 900.

El 11 de noviembre de 1996, un incendio de tres tanques en la terminal Satélite Norte de Pemex, situada en la avenida San Javier, en San Juan Ixhuatepec, donde fallecieron 4 trabajadores y 15 resultaron lesionados.

El 13 de marzo de 2000, la explosión de 11 pipas con capacidad de 500 a 12 mil 500 litros de gas licuado de petróleo (LP) en el patio de la empresa Regio Gas, situada en Naucalpan.

Y una de las más recientes, el 7 de mayo de 2013, la explosión de una pipa de gas que se desprendió de un tractocamión e impactó contra varias casas aledañas a la autopista federal México-Pachuca, en San Pedro Xalostoc: 22 personas fallecidas –entre ellas 10 menores de edad– y 31 lesionadas, daños a 45 viviendas y 30 vehículos incendiados.

Actualmente, en Tijuana, Baja California, tenemos una circunstancia en este sentido que implica enormes riesgos para la población.

El 11 de agosto de 1964, Compañía de Gas de Tijuana recibió una concesión por 30 años para operar el suministro de gas LP. La empresa estableció un centro de distribución en el bulevar Lázaro Cárdenas sin número y bulevar Federico Benítez López, delegación La Mesa, que se encuentra prácticamente en el centro de la ciudad, rodeado de casas y comercios.

Ante esa situación, desde 1992, los vecinos se movilizaron para exigir a las autoridades la reubicación de la gasera.

El 23 de enero de 1997 ocurrió un accidente: se reventaron las costuras de un tanque de gas. Falleció un trabajador y otro sufrió lesiones considerables.

A partir de ese incidente, los vecinos retomaron con mayor vigor sus actividades para exigir el cierre de la gasera. Con ello se logró que el 19 de septiembre de 1997, la Dirección de Gas de la Secretaría de Energía llevase a cabo los primeros pasos para reubicarla.

El asunto no es ajeno al conocimiento del Poder Legislativo.

En 1998, en la LVII Legislatura, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una subcomisión especial encargada de realizar las acciones necesarias de inspección y consulta sobre el problema de Compañía de Gas de Tijuana, derivada de una proposición con punto de acuerdo de Jorge Tomás Esparza Carlos (PAN) y otros diputados de los diferentes grupos parlamentarios, presentada el 16 de abril de 1998.

Dicha subcomisión fue instalada y presentó informes que dan cuenta de gestiones realizadas para atender la problemática en comento.

El estado actual de la cuestión es que en el predio citado, Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV –o Zeta Gas–, tiene instalados 8 tanques fijos tipo salchicha de 33 toneladas cada uno, que suman 264 toneladas de combustible, y otros tanques de menor tonelaje.

El terreno está rodeado de más de 2 mil 500 casas-habitación, la zona habitacional del Infonavit La Mesa, situada a menos de 100 metros de distancia y que consta de 33 edificios de 10 departamentos cada uno, es decir, 310 departamentos; está la penitenciaría del estado, con más de 2 mil internos, escuelas, comercios, la clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social, maquiladoras, una tienda Soriana, salas de cine, la plaza Mundo Divertido, la nueva Macroplaza, y un parque industrial, dividido en tres partes, la mayor de ellas el complejo industrial Bustamante, que consta de 35 naves, casi todas ocupadas.

La dimensión de las instalaciones y la cercanía de la gasera con puntos habitacionales, comerciales, escolares, de salud, penitenciario e industriales permiten tener una idea de las proporciones de la tragedia que implicaría un accidente.

Se calcula que si los tanques explotaran, se provocaría un desastre de gran magnitud que afectaría aproximadamente a 300 mil personas y generaría devastación en un radio de 3 kilómetros.

Es más que notoria, imperiosa y urgente la necesidad de alertar sobre el peligro que corren los habitantes de La Mesa quienes, con valentía, tenacidad y una más que justificada preocupación por sus vidas y su patrimonio, han sostenido una lucha desde hace más de 20 años para evitar un accidente de funestas consecuencias.

Resulta necesario que el Poder Legislativo vuelva a tomar cartas en el asunto, a través de la formación de una subcomisión mixta encargada de dar seguimiento al tema y que haga un atento llamado a las autoridades involucradas.

A raíz de lo sucedido en 1984, se anunció en el Diario Oficial de la Federación del 21 de noviembre de 1986 el acuerdo para la reubicación de plantas que almacenan gas licuado propano (LP) situadas en las poblaciones. El acuerdo estableció el primer ordenamiento que obliga a reubicar ese tipo de plantas por considerarse peligrosas para la ciudad si no cumplen la obligación de estar a más de 100 metros de distancia de las viviendas.

Actualmente, la gama de aspectos que reviste esta problemática va desde planeación urbana y protección civil hasta desarrollo de actividades reguladas, cuyo marco normativo se localiza en diversos ordenamientos. Por una parte, la Ley General de Protección Civil determina:

Artículo 89. Las autoridades federales, de las entidades federativas, el gobierno del Distrito Federal, los municipios y los órganos político administrativos, determinarán qué autoridad bajo su estricta responsabilidad, tendrá competencia y facultades para autorizar la utilización de una extensión territorial en consistencia con el uso de suelo permitido, una vez consideradas las acciones de prevención o reducción de riesgo a que se refieren los artículos de este capítulo.

Artículo 90. La autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación correspondiente, se considerará una conducta grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos respectiva, además de constituir un hecho delictivo en los términos de esta ley y de las demás disposiciones legales aplicables.

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo dispone:

Artículo 4o. La nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo y las demás actividades a que se refiere el artículo 3o., que se consideran estratégicas en los términos del artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Salvo lo dispuesto en el artículo 3o., el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.

Artículo 13. Los interesados en obtener los permisos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 4o. de esta ley, deberán presentar solicitud a la Secretaría de Energía que contendrá: el nombre y domicilio del solicitante, los servicios que desea prestar, las especificaciones técnicas del proyecto, los programas y compromisos de inversión y, en su caso, la documentación que acredite su capacidad financiera.

La cesión de los permisos podrá realizarse, previa autorización de la Secretaría de Energía y siempre que el cesionario reúna los requisitos para ser titular y se comprometa a cumplir en sus términos las obligaciones previstas en dichos permisos. En ningún caso se podrá ceder, gravar o enajenar el permiso, los derechos en él conferidos o los bienes afectos a los mismos, a gobierno o estado extranjero.

...

Artículo 14. La regulación de las actividades a que se refiere el artículo 4o., segundo párrafo, y de las ventas de primera mano de gas tendrá por objeto asegurar su suministro eficiente y comprenderá

I. Los términos y condiciones para

a) El otorgamiento, la transferencia y la revocación por incumplimiento de los permisos;

b) Las ventas de primera mano;

c) La prestación de servicios de transporte, almacenamiento y distribución;

d) El acceso no discriminatorio y en condiciones competitivas a los servicios de transporte, almacenamiento y distribución por medio de ductos; y

e) La presentación de información suficiente y adecuada para fines de regulación;

II. La determinación de los precios y tarifas aplicables, salvo que existan condiciones de competencia efectiva, a juicio de la Comisión Federal de Competencia, o que sean establecidos por el Ejecutivo federal mediante acuerdo. Los sectores social y privado podrán solicitar a la mencionada comisión que se declare la existencia de condiciones competitivas;

III. El procedimiento de consulta pública para la definición de criterios de regulación, en su caso;

IV. La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones establecidas en los permisos y de las normas oficiales mexicanas aplicables;

V. Los procedimientos de conciliación y arbitraje para resolver las controversias sobre la interpretación y el cumplimiento de contratos, y el procedimiento para impugnar la negativa a celebrarlos; y

VI. Los demás instrumentos de regulación que establezcan las disposiciones aplicables.

El Reglamento de Gas Licuado de Petróleo establece lo siguiente:

Capítulo III

Permisos

Artículo 14. La Secretaría y la Comisión, según corresponda, otorgarán los siguientes permisos:

I. De transporte, en alguna de las siguientes categorías:

a) Por medio de auto-tanques, semirremolques, carro-tanques o buque-tanques;

b) Por medio de ductos, y

c) Por medio de ductos para autoconsumo.

II. De almacenamiento, en alguna de las siguientes categorías:

a) Mediante planta de depósito;

b) Mediante planta de suministro;

c) Mediante estación de gas LP, para carburación de autoconsumo; y

d) Mediante instalación de aprovechamiento para autoconsumo.

III. De distribución, en alguna de las siguientes categorías:

a) Mediante planta de distribución;

b) Mediante estación de gas LP, para carburación;

c) Mediante establecimiento comercial; y

d) Por medio de ductos.

...

...

Queda prohibida la realización de las actividades a las que se refiere el presente artículo sin contar con el permiso correspondiente.

Artículo 17. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la ley, y la fracción XII del artículo 3 de la ley de la comisión, los interesados en obtener los permisos a que se refiere el artículo 14 de este reglamento, deberán presentar una solicitud a la secretaría o la comisión, según corresponda, conforme a lo siguiente:

I. ...

a) a d)

II. Los solicitantes de los permisos establecidos en el artículo 14, fracciones II, y III, incisos a), b) y c), del presente reglamento, adicionalmente deberán presentar documentación que contenga

a) En relación con las especificaciones técnicas:

1. Descripción, ubicación y capacidad de almacenamiento del proyecto, incluyendo los planos civil, mecánico, eléctrico, del sistema contra-incendio, planométrico y memorias técnico descriptivas, los cuales deberán incluir el nombre y firma autógrafa del proyectista, del representante legal del solicitante, y de la unidad de verificación correspondiente, aprobada por la secretaría; y

2. Medidas de seguridad con que cuenten.

b) Programas de inversión para la realización del proyecto, de conformidad con las características del servicio que pretende prestar, con excepción de los permisos de almacenamiento para autoconsumo; y

c) Copia simple de los documentos que acrediten la propiedad, posesión o título jurídico que permita hacer uso de los terrenos o predios que se vayan a utilizar, incluyendo, en su caso, centrales de guarda, identificando el número oficial.

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California

Artículo 10. Son atribuciones del Ejecutivo estatal

I. a X. ...

XI. Otorgar o negar a través de la Secretaría o la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado, según corresponda, las autorizaciones sobre todo tipo de acciones de urbanización y edificación que se ubiquen fuera de los centros de población, o que afecten las áreas naturales protegidas declaradas así por la federación, el estado o los municipios, o las que se destinen a industrias de alto riesgo, extractivas o de transformación y que puedan tener un impacto negativo en el medio ambiente, sin importar su ubicación, incluidos o no, en el plan y los programas de desarrollo urbano estatal, regional, municipal o de centros de población;

XII. Revisar y publicar los acuerdos de autorización para realizar acciones de urbanización expedidos por los ayuntamientos, o por el propio estado, así como ordenar su registro y autorizar la enajenación de los lotes resultantes;

Artículo 11. Son atribuciones del ayuntamiento

I. a XIX. ...

XX. Otorgar o negar las autorizaciones y licencias de construcción, de acciones de urbanización y de uso del suelo en los términos de esta ley, la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, sus reglamentos, planes y programas de desarrollo urbano y declaratorias en vigor;

El Reglamento de Protección Civil del Municipio de Tijuana, Baja California, define los riesgos químicos del modo siguiente:

Artículo 83. El riesgo químico se refiere a fenómenos perturbadores originados por escape o derrame de substancias químicas peligrosos, que produzcan intoxicaciones, contaminación, incendios o explosiones.

Artículo 84. Para efectos de este capítulo se entiende como áreas de riesgo químico las áreas donde manipulen, almacenen o transporten substancias químicas peligrosas como son: gasolineras, bodegas de gases industriales, instalaciones de gas LP, gaseoductos de gas natural, plantas potabilizadoras o tratadoras de aguas residuales, naves industriales que manejen químicos altamente peligrosos, entre otros.

De la revisión de las disposiciones normativas aplicables se desprende que el asunto involucra tanto a la autoridad municipal, por ser la encargada de conceder las autorizaciones y licencias de uso del suelo; estatal, a cuyo cargo recae la definición de los planes y programas de desarrollo urbano para la entidad; a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía en virtud de las facultades que en materia de regulación y otorgamiento de permisos y autorizaciones les confieren la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y lo dispuesto en el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo y las normas oficiales mexicanas aplicables.

En ese tenor, consideramos que a fin de proteger la integridad física y el patrimonio de las personas que viven en los alrededores de Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV, o Zeta Gas, es oportuno presentar la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se acuerda la creación de una subcomisión mixta, compuesta por integrantes de las Comisiones de Energía, de Protección Civil, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Asuntos de la Frontera Norte, con la encomienda de gestionar la reubicación de Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV, o Zeta Gas, a las afueras de la ciudad.

Segundo. Se solicita respetuosamente la intervención de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, del gobierno de Baja California y del ayuntamiento de Tijuana para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, colaboren en la reubicación de las instalaciones de Compañía de Gas de Tijuana SA de CV, o Zeta Gas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.

Diputada María Carmen López Segura (rúbrica)