Iniciativa

Que adiciona el artículo 23 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República, y 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial; bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Una de nuestras principales preocupaciones como legisladores y como políticos es el combate a la desigualdad social. Esta no sólo se ha agudizado en los últimos dos lustros, sino que ha polarizado a la sociedad entre aquellos que todo tienen y la mayoría que padecen segregación e injusticia. Combatir estas prácticas y procurar brindar a las familias mexicanas un mejor bienestar, incluido el acceso a medicamentos y los servicios de salud, son los objetivos de este proyecto.

México, desde las décadas de los 40 y 60 del siglo pasado, cuenta con dos instituciones que han sido muy importantes para brindar seguridad social a los trabajadores y sus familias, incluido el servicio y atención médica: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud han sido primordiales para procurar este servicio a toda la población, que la Ley General de Salud garantiza en el artículo 4o. de la Constitución.

Actualmente, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, el mercado de los medicamentos en México es cercano a los 156 mil millones de pesos. Se ubica entre los principales mercados a nivel mundial y en el segundo lugar de Latinoamérica.

Este mercado está orientado básicamente al consumo interno. Es del grupo de mercados emergentes que registran mayor crecimiento, junto con algunos de los llamados BRIC (Brasil, China, India).

Casi 96 por ciento de los medicamentos consumidos en México están fuera de patente. Los también llamados innovadores o de patente representan 4.4 por ciento del volumen, pero en valor más de 20 por ciento, algo así como 32 mil millones de pesos. Los genéricos sin marca participan en el mercado con el 34.0 por ciento del volumen, y los genéricos con marca 20 por ciento; en valor 11.4 por ciento (17.8 mil millones de pesos) y 19.6 por ciento (30.6 mil millones de pesos) respectivamente. Otro segmento del mercado de medicamentos lo constituyen los biotecnológicos cuyo volumen es apenas de 0.6 por ciento, pero en valor supera 5 por ciento (8 mil millones de pesos).

México, con una población que casi llega a los 114 millones de habitantes, con cambios demográficos donde las enfermedades crónico-degenerativas aparecen como una transición epidemiológica con nuevos padecimientos, muchos de ellos propios del aumento de la edad, (cardiovasculares, diabetes mellitus, cáncer, hipertensión, otras como el dengue hemorrágico, el VIH-Sida, influenza, por mencionar algunas), estamos obligados a replantearnos la política de salud del estado, revisando nuestro marco jurídico para adecuarlo y modernizarlo.

México como integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ocupa, en los indicadores de educación y salud, uno de los últimos lugares de los países miembros. Con un gasto público en salud de poco más de 6 por ciento del producto interno bruto (PIB), nuestro país es de los más bajos, lo mismo que en términos percápita, con apenas 198 dólares.

La población que no cuenta con acceso a los servicios de salud –de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)– asciende a poco más de 68 millones de personas. De los casi 52 millones de pobres, 35 millones están fuera de algún programa de salud público o privado1. Con estimaciones del Instituto de Salud Pública y la Fundación Mexicana para la Salud, el financiamiento del sistema de salud proviene de los hogares, pero existen tres formas en que se cubren: impuesto federales, seguridad social y gasto de bolsillo. Este último el más significativo.

Como medio de financiamiento el gasto de bolsillo es insuficiente, ineficiente e inequitativo. En México el gasto publico en salud representa 20 por ciento; 80 por ciento restante es gasto del consumidor, principalmente la población que no cuenta con seguridad social.

Desde 1991 y posterior a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994, el régimen de la propiedad industrial en México cambió. Se abrió la posibilidad de patentar productos y procesos farmacéuticos que habían estado exentos de la figura de propiedad industrial.

Esta reforma significó otorgar una patente a los productos farmacéuticos por 20 años. Se ratificó en 1999 en la Asamblea Mundial de la Salud, donde se aprobó la resolución: Estrategia Revisada de Medicamentos, en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde los países miembros recibieron el mandato de “monitorear y acompañar las implicaciones para el sector farmacéutico y la salud pública de los acuerdos internacionales, incluidos los acuerdos comerciales”2.

En el periodo 2001-2003 hubo resoluciones relacionadas con el acceso a medicamentos, que incluyen cláusulas relativas a las implicaciones de este tipo de acuerdos comerciales, en especial el de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionadas con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La visión comercial contemplada en ADPIC con relación a los medicamentos, al considerarlos como cualquier otro bien, tuvieron un impacto negativo en los países en desarrollo en el acceso a los medicamentos, por eso, el mismo tratado de ADPIC ahora es flexible, con la intención de que los países adecuen sus marcos jurídicos a las necesidades que les son propias.

En México y la gran mayoría de los países en desarrollo, la protección de patentes para el sector farmacéutico influye en una serie de distorsiones de este mercado; trae un efecto negativo para el acceso a los nuevos productos desarrollados por la industria farmacéutica y otorga ventajas a las empresas innovadoras, a través del establecimiento de patentes por 20 años, que les permite establecer precios elevados en el lanzamiento de productos.

Lo anterior significa que la tendencia actual en la innovación e investigación de nuevos medicamentos llevan a la concentración de sectores altamente lucrativos, sin importar las enfermedades y padecimientos de la mayoría de la población, que no les representa una atractiva rentabilidad financiera. Ejemplo de lo anterior es la nula investigación y desarrollo de nuevos fármacos que combatan enfermedades típicas de los países pobres. En México por ejemplo “existen enfermedades que no representan un mercado rentable para la industria, no obstante que desarrollar un nuevo tratamiento para ellas redundaría en ganancias en salud significativas para los pacientes que la padecen. Las enfermedades que en el ámbito internacional se han definido como desatendidas y que en México afectan a la población más pobre, como el paludismo y el dengue; y el caso de medicamentos dirigidos a enfermedades raras, de alto costo y prevalentes en poblaciones muy reducidas, conocidos como medicamentos “huérfanos”.3

Es en esta situación donde la rentabilidad y la ganancia juegan un papel imprescindible para las empresas trasnacionales, en los productos innovadores o de patente. No interesa, en primera instancia, combatir la enfermedad sino el negocio, por ello también se aplican mecanismos para prolongar una patente innecesariamente o descubrir nuevas bondades del medicamento; esto se ha convertido en una práctica casi cotidiana. Por eso las investigaciones en innovadores han disminuido.

Creo que es muy importante impulsar esta reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que aseguren y garanticen el acceso de todos los medicamentos a la población. La patente de 20 años que se establece en el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial es inequitativa para la industria farmacéutica nacional, legitima el abuso en la fijación de altos precios para enfermedades que hoy por hoy, como las crónico-degenerativas, significan más de 50 por ciento de los decesos en nuestro país y más de 50 por ciento de la morbilidad hospitalaria.

La discrecionalidad y la falta de una aplicación estricta de nuestra legislación ha originado inequidad y molestia en la industria farmacéutica nacional por no ajustarse a los 20 años de la patente, utilizándose pretextos o artilugios para prologarla indefinidamente. Esto es conocido como “evergreening” (permutación).

Por ello es fundamental para la industria farmacéutica y para la política de salud pública en nuestro país explicitar en la Ley de la Propiedad Industrial que la duración es de 20 años de la patente de medicamentos y fármacos a partir de donde se presenta la primera solicitud. Es incongruente con los propios tratados del ADPIC el que en la práctica, los 20 años se cuenten a partir de que se presente la solicitud de la patente -como sucede en México- independientemente de que en otro país ya se esté explotando.

Por ello, como senadora de esta LXII Legislatura pongo a consideración de esta soberanía este proyecto de decreto para atenuar que se sigan encareciendo más los medicamentos, beneficiando a las trasnacionales farmacéuticas, afectando sensiblemente a la industria farmacéutica mexicana, cuyo producto principal son los denominados “genéricos” que ya han venido ganando mercado, en beneficio de la población más necesitada.

En esta iniciativa que se está proponiendo, se adiciona un nuevo artículo a la Ley de la Propiedad Industrial –el 23 Bis– referido exclusivamente a los medicamentos y fármacos. La finalidad de esta adición es establecer que la patente será de 20 años, contados a partir de donde se dio la primera vez. También se señala claramente que por ningún motivo podrán prolongarse las patentes farmacéuticas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona el artículo 23 Bis de la Ley de la Propiedad Industria para quedar como sigue:

Artículo 23 Bis. En el caso de sustancia o mezcla, a la que se refiere el artículo 221, fracciones I, II y III, de la Ley General de Salud, la patente será hasta por 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la primera prioridad o país, y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente. Por ningún motivo la patente podrá extenderse más allá del tiempo establecido en este artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012. p. 29.

2. Bermúdez, Jorge: Salud y Comercio. Propiedad Intelectual y Acceso a Medicamentos. Revista Foreig Affairs (en español) Vol. 6 No. 4 ITAM.

3. Propuesta de Política para el Sector Farmacéutico. Fundación Mexicana para la Salud. Primera edición 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.

Senadora Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)