Proposición

Con punto de acuerdo, relativo a los feminicidios cometidos en Puebla, suscrita por las diputadas María del Rocío García Olmedo y Laura Guadalupe Vargas Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben María del Rocío García Olmedo y Laura Guadalupe Vargas Vargas, diputadas de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con las facultades que les conceden los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción I y II, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comparecen ante este honorable pleno, para promover el siguiente:

Punto de acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, así como al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que se pronuncien y remitan a la brevedad un informe detallado, las medidas aplicadas y las de carácter preventivo respecto a la creciente cifra en delitos de feminicidio cometidos en el estado de Puebla, así como también se les exhorta a que consideren, desarrollen y ejecuten la creación de un programa estatal de prevención y atención especializada en esta dirección, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia en nuestro país constituye un fenómeno complejo pues confluyen diversas dimensiones y factores de tipo social, económico, político que, se ha demostrado, afecta a la sociedad en su conjunto.

Durante años las mujeres han sido víctimas de los diversos tipos de violencia. La teoría de género ha señalado con claridad, cómo al reproducir desigualdades de género y prácticas discriminatorias, se fomenta la violencia hacia las mujeres.

México, no es la excepción a éstas conductas, de ahí que el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH, 2006) ha señalado, cuando se refiere al término “violencia de género” que no se trata de Hechos aislados o de situaciones a las que se enfrentan determinadas mujeres; se está –señala– frente a un sistema que se sustenta precisamente en la desigualdad entre hombres y mujeres y en las relaciones de poder y de dominio de éstos, sobre aquellas.

Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha definido como violencia contra las mujeres:

...todo acto de violencia sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la liberta y que abarca, sin limitarse a estos actos, la violencia doméstica, los delitos cometidos por cuestiones de honor, los crímenes pasionales, la trata de mujeres y niñas, las prácticas tradicionales nocivas para la mujer y la niña, incluida la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz y forzado, el infanticidio de niñas, los actos de violencia y los asesinatos relacionados con la dote, los ataques con ácido y la violencia relacionada con la explotación sexual, comercial y con la explotación económica (IIDH, 2006).

En nuestro país, la mayoría de las mujeres han vivido alguna forma de violencia de género, datos oficiales señalan que 7 de cada 10 mujeres han vivido algún acto de violencia en su contra, de ahí que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce a la violencia de género como una violación grave a los derechos humanos de las mujeres y un problema social y de urgente atención.

Hacer referencia a los instrumentos jurídicos, sería, quizá, para muchos reiterativo, pero obligado y justo es reconocerlo y señalar que nuestro país ha ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también, conocida como Belem do Pará. Desde entonces, México, al firmar y ratificar este instrumento internacional, México aceptó adoptar todos los mecanismos jurídicos y políticas públicas pertinentes para hacer frente a todo tipo de violencia contra las mujeres, así como garantizar que sus autoridades e instituciones las aplicaran, como tal, está obligado a cumplir sus disposiciones en los tres niveles de gobierno.

Por lo anterior, nuestro país inicia con la construcción del marco legislativo que determine diversas disposiciones legales, para proteger a las mujeres de este flagelo, es decir, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007 y su Reglamento, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otras, las cuales entraron a un proceso de armonización en las entidades federativas.

En esta construcción compleja del marco jurídico, en el año 2011, destacó la tipificación del feminicidio como delito grave en el Código Penal Federal, con sanciones de 40 a 60 años de prisión y actualmente los estados de la República están en el proceso de armonización de esta figura en sus respectivos Códigos Penales.

Lo anterior derivado de que la muerte violenta de mujeres ha ido creciendo, utilizando el término feminicidio, para referirse a todos los asesinatos de mujeres y enfatizar la intencionalidad de estos crímenes, considerándose aquellos donde es posible distinguir una premeditación del hecho, o para tomar en cuenta los actos de violencia ejercidos contra mujeres en el espacio relacional entre el/los asesino/s y la mujer/es asesinada/s, e incluso para desarrollar tipologías de este tipo de feminicidios derivado de que la relación entre la víctima y el delincuente debe entenderse para comprender el contexto y la dinámica de este tipo de homicidios (Inmujeres, 2007).

En efecto, la antes citada Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señala en su artículo primero que los derechos que todas las mujeres debemos gozar son: el derecho a la vida, el derecho a no ser sometidas a tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad física y sicológica; el derecho a la libertad y a la seguridad personal.

Dicha Convención reconoce, también, que la forma más grave de violencia contra las mujeres es el feminicidio, es decir, la muerte violenta de mujeres por el único hecho de ser mujeres, acto que constituye la mayor violación a los derechos humanos y el más grave delito de violencia de género. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas lo define como el asesinato de mujeres, como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el público y comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares, asesinadas por acosadores, agresores sexuales o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción feminicida.

En los últimos 25 años se han registrado en el país 34 mil 176 muertes de mujeres con presunción de homicidio, de las que casi 7 mil ocurrieron entre 2005 y 2009, pero en el año 2010 se registró un aumento nunca antes visto 4.2 (CEAMEG, 2012).

En el estado de Puebla, en 2007 se promulgó recientemente la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, pues apenas en diciembre del 2012, fue aprobado en el Congreso local la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal de la entidad.

Sin embargo, el estado de Puebla en los últimos años ha visto incrementado el número de asesinatos en contra de mujeres. La Procuraduría de Justicia del estado de Puebla, reveló en marzo del presente año, que en los últimos ocho años, se han contabilizado más de 445 casos de homicidios dolosos de mujeres.

Fuentes periodísticas han documentado que es entre el año 2011 y 2012 se han acumulado 148 casos, es decir, el 35 por ciento del total mencionado, reportando en el 2005, 29 casos; en 2006, 25; en 2007, 56; en 2008, 51; en 2009, 57; en 2010, 64; en 2011 la Procuraduría del estado reportó 79 casos; en 2012, 69 y en lo que va del 2013 se han identificado 15 casos.

Según informaciones del Comité contra el Feminicidio, los municipios poblanos que han reportado un incremento de asesinatos de mujeres con presunción de homicidios son Huauchinango, hoy considerado incluso, como foco rojo en feminicidios, junto con el municipio de Tepeaca y el municipio capital del estado, Puebla, pues de 2011 y lo que va de 2013 se han registrado el 50 por ciento de los casos; aun cuando también se registran casos en los municipios de I. de Matamoros, Zacatlán, Tehuacán y Tecamachalco.

Como hemos referido, Huauchinango se ha convertido en uno de los tres municipios de la entidad con mayor número de crímenes de género que permanecen, en su mayoría, en la impunidad y sin que la autoridad competente, caso concreto el Ministerio Publico, los haya tipificado como feminicidios a pesar de las reformas a la ley penal.

Aunque no son los únicos, pero sí los más recientes, los seis homicidios de mujeres que se han cometido entre abril de 2012 y el mismo mes de 2013, tienen como denominador común que los hechos son cada vez más crueles y por lo menos dos de ellos han ocurrido en el domicilio de las víctimas: uno a manos del esposo y en presencia de su hijos; y otro en el que de acuerdo con testimonios de vecinos el presunto responsable sería también la pareja sentimental.

Miembros de la Unión de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Puebla (UDDH), aseguraron, que a pesar de que en noviembre de 2012 el Congreso de Puebla tipificó al delito de feminicidio, imponiendo sanciones de 30 a 50 años de cárcel, la inmensa mayoría de los crímenes cometidos en la región permanece en la impunidad.

Pero quizá lo más grave es que los empleados de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Puebla, no ha hecho uso de las adiciones al artículo 312 Bis del Código Penal y el artículo 69 fracción K Bis al Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para iniciar sus averiguaciones previas por el delito de feminicidio, a pesar de que en todos estos casos son evidentes los móviles de género como “celos extremos, misoginia o que se establezcan en la víctima lesiones infamantes, violencia sexual, amenazas o acoso, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Esta misma sociedad que nos destruye desde el momento en que se atenta contra la vida origina una violación al derecho elemental del ser humano: el derecho a la vida. Es por ello que las mujeres debemos alzar la voz y no permitir que se sigan cometiendo más crímenes de género.

A lo largo de la historia, las mujeres, en lo individual, de manera organizada, organizaciones internacionales y nacionales, y las mujeres del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hemos dado una lucha constante por erradicar las causas estructurales que subyacen y que han sido determinantes en el desarrollo de las mujeres. Hoy nuestros derechos humanos son protegidos por la Ley; sin embargo, debemos seguir luchando para erradicar la considerable alza en los delitos de feminicidio en el país y particularmente en el estado de Puebla.

Es imperativo que las autoridades estatales y federales garanticen el respeto a los derechos fundamentales, debe asentarse en primer término que es universal el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación y que toda conducta que menoscabe o anule el goce de ese derecho resulta punible, dada la situación de desventaja jurídica, política, económica y social en que históricamente se ha colocado a las mujeres.

En este orden de ideas, es preciso reconocer y garantizar la seguridad de las mujeres y el respeto pleno al ejercicio de sus derechos, en igualdad de condiciones, se rigen en una ineludible responsabilidad social y, por tanto, de todo gobierno, mismo que debe comprometerse a garantizar la protección y observancia de todas las prerrogativas alcanzadas en la lucha por la equidad de género.

En lo referente al feminicidio, la sociedad coincide en que ésta es la forma más grave de violencia contra las mujeres, acto culminante en una serie de vejaciones, que ya han vulnerado previamente diversos derechos de la víctima e infligido a ésta otro tipo de agresiones como abusos verbales y físicos.

El asesinato de una mujer suele ser el desenlace de múltiples agravios como la tortura, la esclavitud sexual (prostitución), el incesto, el abuso sexual, la agresión psicológica, el hostigamiento sexual, la violación y la privación de la libertad, entre otras, que enuncian la barbarie de la dominación masculina.

Sentimos el sufrimiento de cada mujer muerta o victimizada y por eso trabajamos desde nuestras curules y con ello, no sólo las protegemos a ellas, sino también, a cada familia y con ello al estado de Puebla.

La presente acción legislativa, responde a la imperiosa necesidad de dar respuesta y brindar atención a las víctimas que resultan afectados de manera colateral por los actos de la delincuencia que se vive en el Estado. Como representantes populares, no podemos mostrarnos indiferentes al sufrimiento de los cientos o miles de mujeres que han sido víctimas de este delito.

Por lo expuesto y fundado, las diputadas de la LXII Legislatura, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, así como al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado a que se emitan a la brevedad un informe público y detallado sobre las medidas aplicadas y las de carácter preventivo respecto a la creciente cifra en delitos de feminicidio cometidos en el estado, así como también para que consideren, desarrollen y ejecuten la creación de un programa estatal de prevención y atención especializada en esta misma dirección

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla así como al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado, para que en conjunto vigilen puntualmente la instrumentación de las medidas que sean necesarias para que en la comisión de este delito grave de feminicidio cometido en contra de mujeres en el estado de Puebla, sean tipificados como lo considera el artículo 312 Bis del Código Penal del estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, A 30 de abril de 2013.

Diputadas: María del Rocío García Olmedo, Guadalupe Vargas Vargas (rúbricas).