Dictamen a discusión

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Tlaxcala a respetar y promover la libertad de expresión y garantizar los derechos y la independencia de los periodistas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente

Dictamen

I. Antecedentes:

1. El 11 de Abril de 2013, la Diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Tlaxcala a respetar y promover la libertad de expresión y garantizar los derechos y la independencia de los periodistas.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

Primero. El punto de acuerdo en comento persigue que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno de Tlaxcala a respetar y promover la libertad de expresión, así como a garantizar los derechos y la independencia de los periodistas.

Segundo. El punto de acuerdo pretende se exhorte [...] a los 13 Congresos locales de los estados en donde aún se castiga penalmente la difamación, con el objeto de que deroguen dichos tipos penales.

Tercero. Se pretende que se turne a la Comisión de Derechos Humanos el caso de la detención del director del periódico [...] e-consulta en Tlaxcala para que se hagan las investigaciones necesarias y se determine si el gobierno del estado violó las garantías individuales del periodista.

Cuarto. Se pretende se invite al Congreso de la Unión para hacer a la brevedad las adecuaciones legislativas que permitan la aplicación de la nueva facultad de atracción otorgada a la Federación para que investigue de los delitos cometidos a periodistas por su ejercicio de libertad de expresión aunque se traten de crímenes de competencia de los Estados. Asimismo, se indica que los gobiernos estatales deben hacer las adecuaciones legislativas y de política pública que hagan operable la facultad otorgada a la Federación.

III. Consideraciones de la diputada proponente

La promovente del punto de acuerdo que se dictamina, sustenta su pretensión con base en los siguientes argumentos:

1. Cita la detención de Martín Ruiz Rodríguez, director del periódico digital e-consulta ocurrida el 7 de abril de 2013 en Tlaxcala, tras la acusación por el delito de difamación en contra del Oficial Mayor del Gobierno de Tlaxcala, Ubaldo Velasco Hernández, quién se consideró agraviado por las referencias a su persona que aparecieron en la columna Señorío Tlaxcalteca.

2. La promovente señala que [...] el organismo internacional Article 19 destaca que las frases consideradas difamantes son parte del discurso considerado protegido por el derecho internacional y que su limitación sólo puede darse al superar la llamada prueba tripartita (estar en ley; ajustarse a fines legítimos del derecho internacional y tener una sanción necesaria y proporcional en un Estado democrático) y mediante un juicio donde se analicen las manifestaciones consideradas abusivas y la comprobación de un daño (responsabilidad ulterior).

3. De igual forma menciona que [...] a nivel federal los delitos en contra del honor fueron derogados en el año 2007. Además de Tlaxcala, existen 12 estados que mantienen los delitos contra el honor (difamación, calumnia y/o injuria) oponiéndose a las recomendaciones internacionales que señalan la necesidad de su eliminación.

4. Precisa la promovente que [...] el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, así como las Relatorías sobre Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA has (sic) señalado puntualmente la necesidad de que México elimine los delitos contra el honor, y hacer (sic) adecuaciones a las leyes civiles que permitan la protección del derecho al honor sin que sirvan para inhibir el ejercicio del derecho de libertad de expresión.

5. Refiere también que el gobierno Mexicano en 2006, [...] creó una Fiscalía Especial en respuesta a la ola de violencia en contra de la prensa en México, posteriormente fue renombrada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en aras de generar un círculo de protección legal, procedimental y operativo que pudiera frenar el dramático aumento de violencia contra periodistas.

6. Señala que el no despenalizar la difamación, injuria y la calumnia en 13 entidades federativas, [...] no sólo significa un medio de censura sino que ha servido como pretexto para la privación ilegal de la libertad de periodistas y afectaciones a la integridad personal y limitar (sic) el libre flujo de información, necesaria en una sociedad democrática, como la ocurrida el pasado 7 de Abril con el director del periódico digital e-consulta en Tlaxcala.

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos, después de haber realizado un análisis exhaustivo de los planteamientos presentados en la proposición con punto de acuerdo sujeta a estudio, emite el presente dictamen en sentido positivo, fundada en los siguientes motivos:

A. Se aprecia del planteamiento señalado por la promovente que en el asunto que refiere, existe un conflicto derivado de la ausencia, a nivel estatal, de una legislación que sea armónica con la legislación federal y, por ende con disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que, como consecuencia, motiva la adopción de diversas interpretaciones en la aplicación de la ley, mismas que dan pauta a distorsiones o falsas visiones de aquello que está permitido por la misma y lo que no lo está.

Para explicar lo anterior, cabe partir de que la libertad de expresión es una de las más preciadas libertades del ser humano que debe garantizarse por el Estado en los términos más amplios, por lo que toda limitación a la misma debe de ser razonada, proporcional y congruente con los propósitos de un Estado democrático.

A nivel internacional ese derecho se enmarca en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (vinculante para México) que, en su artículo 19 fracciones, I y II, indica:

Artículo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección (subrayado nuestro).

En ese tenor la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su artículo 19 expresa:

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. (Subrayado nuestro).

De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la OEA, de la cual México forma parte, señala que no sólo la censura previa limita el libre flujo de información, sino también responsabilidades posteriores a la expresión, como la difamación.

Así, en su 108 periodo de sesiones, realizado en octubre de 2000, la Comisión Interamericana aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que en sus artículos 10 y 11 precisa lo siguiente:

10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. (Subrayado nuestro).

Como resultado de esos avances en el derecho internacional (soft law), el Estado Mexicano derogo a nivel federal los tipos penales de “difamación, calumnia e injurias”, los llamados delitos contra el honor, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2007.

No obstante, aún subsisten en diversas entidades federativas aquellos tipos penales, porque no han adecuado sus marcos normativos en materia penal a la citada reforma y, sobre todo, a los avances que en materia de derechos humanos se han logrado a nivel internacional. Tal es el caso del Estado de Tlaxcala.

En ese contexto, se estima que las transgresiones a la libertad de expresión a lo largo del territorio nacional, obligan a realizar acciones para que no siga persistiendo un marco jurídico intolerante frente a una de las más preciadas libertades del hombre: la de expresión.

Así, se considera que los Estados del país que aún no han legislado para armonizar su codificación con la federal y con los instrumentos internacionales señalados en el rubro indicado, deben hacerlo en aras de garantizar la máxima protección de derechos a los gobernados.

Con base en lo anotado, cabe entonces hacer dos precisiones:

1. Efectivamente, las entidades federativas están obligadas a armonizar, dentro de su régimen interior, su legislación con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, sustentado en la determinación constitucional que así lo determina.

2. Esta Comisión de Derechos Humanos condena cualquier acto que vulnere los derechos humanos de las personas, sin embargo, frente al caso que refiere la diputada promovente esta dictaminadora debe señalar que estima improcedente el exhorto al Gobernador de la referida entidad federativa porque, las autoridades que dependen del Ejecutivo actuaron atendiendo a la normatividad vigente en esa entidad.

B. Ahora bien , considerando que la promovente plantea en su proposición que se turne a la Comisión de Derechos Humanos el caso de la detención del director del periódico [...] e-consulta en Tlaxcala para que se hagan las investigaciones necesarias y se determine si el gobierno del estado violó las garantías individuales del periodista, esta Comisión de Derechos Humanos, estima conveniente señalar que no aparece determinado a cuál Comisión de Derechos Humanos se refiere la promovente, sin embargo, dada la referencia de que la intervención de esa Comisión sea para realizar las investigaciones correspondientes a la violación de derechos humanos, se infiere se trata del organismo protector de esas prerrogativas a nivel nacional, por lo que, en atención a la normatividad que regula a dicho organismo, no corresponde a la Cámara de Diputados turnarle algún asunto ya que para ello se prevé la presentación de una queja que, en este caso, debe ser presentada directamente por el director del periódico e-consulta en Tlaxcala ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por ser este el órgano competente.

Cabe señalar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con el “Programa de agravio a periodistas y defensores civiles” el cual busca proporcionar atención personalizada a los colaboradores de los medios de comunicación, con la finalidad de fortalecer la creación de un frente común en la defensa de los derechos humanos; por ello este programa tiene como principal objetivo atender las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de periodistas, procurando con ello que las autoridades se comprometan a respetar los derechos de éstos y adquirieran mayor sensibilidad ante las actividades realizadas por los periodistas.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta respetosamente a los Congresos locales de las entidades federativas en donde se tipifica la difamación y otros delitos contra el honor, los deroguen e implementen las medidas legislativas para armonizar los ordenamientos locales con las prevenciones internacionales y nacionales en la materia. .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica en contra), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica en contra), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica en contra), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica en contra), René Ricardo Fujiwara Montelongo, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica en abstención), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria, Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).