Iniciativa

Que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, a cargo de la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del PT

Loretta Ortiz Ahlf, diputada federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo cuarto transitorio del “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 estableció la obligación de emitir una Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías. Esta obligación no ha sido atendida hasta la fecha.

Esta omisión legislativa debe ser subsanada a la brevedad, pues el artículo transitorio que hemos citado establecía un plazo de un año, mismo que venció el 1 de junio de 2012. En este tiempo, en la Cámara de Diputados se ha presentado solamente una iniciativa “Que expide la Ley Federal de Paz Pública y Suspensión de Derechos y Garantías, Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT.

Sin embargo dicha iniciativa puede mejorarse en algunos aspectos clave que hacen plausible la presentación de una iniciativa adicional que pudiera ser dictaminada de forma conjunta con la anterior.

La suspensión de garantías tiene una serie de consecuencias reconocidas por la jurisprudencia mexicana que han sido resumidas por algunos académicos.1 Puede implicar facultades extraordinarias para legislar a favor del Presidente de la República.2 En esta situación la actuación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada no está sujeta a la solicitud de las autoridades civiles.3

El Ejecutivo puede ser facultado para expedir leyes hacendarias y crear impuestos para enfrentar la emergencia,4 incluso cuando el Congreso no delegue expresamente esta facultad.5

La suspensión de garantías puede implicar el aumento en penas para algunos delitos.6 La intervención al patrimonio de las personas, sin que exista la posibilidad de acudir al amparo para reclamarlas7, ni durante el periodo de suspensión de garantías ni posteriormente8. Las leyes de emergencia pueden prever delitos, y las sentencias que se emitan en cumplimiento de dichas leyes –en el pasado- no pudieron ser impugnadas vía el juicio de amparo (incluso cuando concluyó la emergencia)9 ni mediante algún otro recurso10. Este tipo de suspensión de derechos y garantías no es compatible con la actual interpretación de los tribunales internacionales en relación con los Estados de excepción, pues concretamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en sus opiniones consultivas que no puede suspenderse el derecho a acudir a los tribunales a través del amparo y del habeas corpus.11

Resulta enormemente trascendente definir mediante una Ley, los alcances que puede tener el Estado de Excepción previsto en el artículo 29 Constitucional. De otra forma se carece de certeza jurídica ante eventuales conflictos o catástrofes. Para ello es pertinente revisar también la legislación de otras naciones en torno a los Estados de Excepción y los alcances que tiene el control parlamentario en estas situaciones.

El control parlamentario sobre misiones militares en el derecho comparado

a. España

De acuerdo con el catedrático Francesc de Carreras, la única posibilidad de que las fuerzas armadas actúen en el territorio español es el supuesto excepcional de estado de sitio.12

El artículo 116 de la Constitución Española otorga cobertura a una gama de situaciones de emergencia que se han clasificado en estados de alarma, excepción y sitio regulados mediante la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio (en adelante LOEAES). El estado de alarma es el de menor intensidad de todos ellos y el de sitio el que mayores restricciones a las libertades y derechos de los gobernados puede generar.

El ordenamiento español prevé un acto de autorización parlamentaria en cada caso, consistente en:

• Prórroga del estado de alarma (para poder ampliarlo después de los 15 días iniciales) conforme al artículo 6.2 de la LOEAES.

• Autorización de la declaración del estado de excepción conforme al artículo 13.2 de la LOEAES o de la prórroga de la declaración conforme al artículo 15.3 de la LOEAES.

• Declaración de estado de sitio efectuada por el Congreso de los Diputados (mediante mayoría absoluta) a propuesta del Gobierno conforme al artículo 32.1 de la LOEAES.

Ninguno de estos actos parlamentarios pueden ser combatidos mediante el recurso de amparo promovido por individuos (previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), pues el Tribunal Constitucional de España ha sostenido que no podrían considerarse decisiones o actos sin valor de ley:

“En definitiva, se trata de decisiones o actos parlamentarios que, aunque no dictados en el ejercicio de la potestad legislativa de la Cámara ni revestidos, en consecuencia, de la forma de ley, configuran el régimen jurídico del estado de emergencia en cada caso declarado, repercutiendo en el régimen de aplicabilidad de determinadas normas jurídicas, incluidas las provistas de rango de ley, normas a las que, como ya hemos señalado, pueden, con taxativas condiciones, suspender o desplazar durante el período de vigencia del estado de emergencia de que se trate.13

Por lo anterior, solamente procede su impugnación mediante el recurso de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad.

Como podrá verificarse en el apartado siguiente, los controles parlamentarios sobre misiones militares al interior de España, constituyen uno de los más altos estándares en el mundo, pues para el despliegue masivo de tropas se exige un control parlamentario previo. Ello significa que si el Congreso de los Diputados no se encuentra de acuerdo con el despliegue de tropas, previamente a que ocurra, no podrían operar dentro de España.

b. Breve resumen sobre otros países Europeos

Resulta interesante analizar la forma en que en otros países se ejerce el control parlamentario en las decisiones sobre el uso de fuerzas militares, porque puede llevarnos a proponer posibles reformas al marco jurídico mexicano si es que se consideran insuficientes los instrumentos actuales.

En Alemania el canciller necesita de la autorización parlamentaria para el uso del ejército, como un requisito indispensable y previo al despliegue militar.14 Un nivel igual o similar de control parlamentario se observa en Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Eslovaquia, Suecia y Suiza. En todos estos países se puede considerar que el control parlamentario resulta efectivo y fuerte sobre la decisión de desplegar a las fuerzas armadas, pues se requiere una autorización previa del parlamento en su conjunto.15

En naciones como Austria, la República Checa, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda y Noruega existen controles parlamentarios diferentes a la autorización previa. Evidentemente ello genera que la capacidad de control del legislativo sea menor que en el primer grupo. Por ejemplo existe la obligación de consultarle al parlamento la decisión del despliegue de tropas o de recabar la autorización previa pero solamente por parte de una comisión del Congreso.16

Finalmente en países como Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Grecia, Hungría, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido y los Estados Unidos el control parlamentario es bajo pues no existe obligación del gobierno de recabar autorización o informar al parlamento. Sin embargo aún en estos países el Ejecutivo suele buscar la aprobación del parlamento para legitimar sus decisiones, aunque esto se debe a definiciones gubernamentales discrecionales.17

El principio de control democrático sobre las fuerzas armadas y de seguridad en general se ha convertido incluso en un requisito básico para formar parte de las organizaciones internacionales de Estados democráticos. Este control democrático sobre las fuerzas armadas debe contemplarse en el uso interno y externo de las mismas.18

Tratados internacionales

En el artículo 4o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece:

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6o., 7o., 8o. (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.

3. Todo Estado parte en el presente pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados parte en el presente pacto, por conducto del secretario general de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión.

Del texto transcrito se desprende que los artículos 6o. (respeto a la vida), 7o. (prohibición de tortura o penas crueles), 8o. (prohibición de esclavitud y servidumbre), 11 (prohibición de encarcelamiento por deudas de carácter civil), 15 (Prohibición de retroactividad de normas penales), 16 (reconocimiento de la personalidad jurídica) y 18 (libertad de pensamiento y religión) del mismo ordenamiento jurídico, no serán susceptibles de suspenderse bajo ninguna circunstancia.19

El artículo 27 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece:

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3o. (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); 4o. (derecho a la vida); 5o. (derecho a la integridad personal); 6o. (prohibición de la esclavitud y servidumbre); 9o. (principio de legalidad y de retroactividad); 12 (libertad de conciencia y de religión); 17 (protección a la familia); 18 (derecho al nombre); 19 (derechos del niño); 20 (derecho a la nacionalidad), y 23 (derechos políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados parte en la presente Convención, por conducto del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías

Artículo Único. Se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 Constitucional en Materia de Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías, para quedar como sigue:

Capítulo IDisposiciones generales

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público, de interés social y tiene por objeto regular la restricción o suspensión en todo el país o en lugar determinado del ejercicio de los derechos humanos y las garantías otorgadas en la Constitución y en los tratados internacionales, con motivo de un Estado de excepción.

Artículo 2. En todo caso durante un Estado de excepción, se respetarán las normas del derecho internacional humanitario.

Artículo 3. Durante los Estados de excepción no podrán suspenderse:

I. El derecho a la vida y a la integridad personal;

II. El derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

III. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;

IV. El derecho al nombre y a la nacionalidad;

V. La prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos;

VI. La prohibición de las penas de muerte, destierro, prisión perpetua y confiscación;

VII. La libertad de pensamiento y de conciencia;

VIII. La libertad de religión;

IX. El principio de legalidad, de interpretación pro personae y de irretroactividad de la ley penal;

X. El derecho a votar y ser elegido para los cargos públicos así como el resto de derechos políticos;

XI. El derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia;

XII. Los derechos del niño, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado;

XIII. El derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles;

XIV. El derecho de amparo; y

XV. Tampoco podrán ser suspendidas el resto de garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Artículo 4. Los derechos a constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, a formar parte de ellas, a participar en sus actividades legítimas, podrán ser ejercidos libremente dentro del respeto a la Constitución y sin recurrir a ninguna forma de violencia.

Artículo 5. Esta ley no podrá ser, en ningún caso, suspendida o derogada por un decreto del legislativo ni del Ejecutivo dictado durante un Estado de Excepción. Sólo podrá ser modificada por los procedimientos ordinarios previstos en la Constitución en tiempos de paz.

Capítulo IIDe la aprobación del Estado de excepción

Artículo 6. La solicitud para suspender los derechos humanos y garantías individuales, realizado por el Ejecutivo federal se presentará ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o en su defecto, ante la Comisión Permanente y deberá:

I. Detallar el caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o el acto que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

III. Expresar claramente si se trata de restricción o suspensión, o en su caso de una solicitud para emitir ambos tipos de medidas.

IV. Mencionar expresamente cuál o cuáles serán los derechos humanos o garantías individuales a restringir y/o suspender, fundando y motivando cada una de estas medidas.

V. Expresar el tiempo por el cual solicita la restricción o suspensión de derechos humanos y garantías individuales, el cual no podrá exceder de seis meses contados a partir de que se publique el decreto respectivo.

VI. Manifestar con precisión si la restricción o suspensión de derechos humanos y garantías individuales será en todo el territorio nacional o en algunas entidades federativas.

VII. Anexar una iniciativa de Ley de carácter general, abstracto e impersonal para regular el Estado de Excepción. Esta iniciativa tendrá el carácter de preferente, de conformidad con lo previsto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VIII. Contener nombre y firma del presidente, secretarios de Estado y procurador general de la República.

Artículo 7. Una vez realizada la solicitud de restricción o suspensión de garantías, la misma se presentará ante la Cámara de Diputados, si se encuentra reunida, quien actuara como cámara de origen, la cual tendrá un plazo máximo de setenta y dos horas, para resolver sobre la autorización o no, y en caso de ser afirmativa, la remitirá a la Cámara de Senadores.

Artículo 8. La Cámara de Senadores actuará como cámara revisora, teniendo un plazo máximo de setenta y dos horas, para resolver sobre la autorización o no del decreto, y en caso de aprobarlo, lo remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 9. En caso de que la Cámara de origen, la Cámara revisora o la Comisión Permanente, no aprueben el Decreto de Estado de Excepción que fundamenta la restricción o suspensión de garantías, la misma solicitud no podrá volver a presentarse salvo que se motive en hechos supervenientes.

Artículo 10. Durante los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente contará con un plazo de setenta y dos horas a efecto de resolver sobre la autorización o no del Estado de Excepción. Si la misma es procedente se enviará de inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 11. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el término de cuatro días se pronunciará sobre la constitucionalidad, convencionalidad y validez del Decreto que autorice el Estado de Excepción. En caso de que el mismo sea aprobado, se remitirá al Presidente de la República a efecto de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 12. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad del Decreto, se le comunicará al Congreso o la Comisión Permanente en su defecto, así como al presidente de la República. En estos casos el decreto que autorice el Estado de excepción no producirá efecto alguno y solamente podrá ser presentada una nueva solicitud por el Ejecutivo con motivo de hechos supervenientes.

Artículo 13. La autorización para restringir o suspender derechos humanos o garantías individuales, deberá de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 14. Una vez autorizado el decreto de restricción o suspensión de derechos humanos y garantías individuales, el presidente podrá hacer uso de la totalidad de las fuerzas armadas para hacer frente a la invasión, perturbación u acto que altere la paz pública o ponga en peligro a la sociedad. Así mismo podrá ser investido con facultades extraordinarias para legislar mediante la expedición de una ley que regule el Estado de excepción.

Artículo 15. De acuerdo con el artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 4o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al día siguiente de la declaratoria del Estado de excepción, el Ejecutivo federal enviará al secretario general de la Organización de Estados Americanos y al secretario general de las Naciones Unidas, una comunicación en que dé aviso a los Estados parte de los tratados citados, de la declaratoria del Estado de Excepción, y de los motivos que condujeron a ella. Los decretos legislativos que limiten el ejercicio de derechos, deberán ser puestos en conocimiento de dichas autoridades. Igual comunicación deberá enviarse cuando sea levantado el Estado de excepción.

Capítulo IIIDe la ley para regular el Estado de excepción emitida por el Congreso

Artículo 16. La ley que regule el Estado de excepción, deberá ser emitida invariablemente por el Congreso de la Unión. Dicha Ley podrá otorgar al Ejecutivo federal facultades extraordinarias para legislar.

Artículo 17. En caso de que el Congreso de la Unión no estuviere reunido al momento de aprobarse el Decreto que autoriza el Estado de excepción, el mismo deberá ser convocado en cuanto hubiere sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 18. La iniciativa de Ley para regular el Estado de Excepción se tramitará con carácter preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 19. Las medidas adoptadas durante un Estado de excepción, no pueden entrañar discriminación alguna, fundada en razones de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Capítulo IVDe los decretos del Ejecutivo en ejercicio de facultades extraordinarias para legislar

Artículo 20. Todas las medidas que emita el Ejecutivo Federal, deberán encontrar fundamento en la Ley para regular el Estado de Excepción. Dichas medidas deberán ser proporcionales y estar sujetas al principio de publicidad. Ningún Decreto del Ejecutivo resultará obligatorio para los gobernados si no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 21. Los bienes inmuebles podrán ser temporalmente ocupados para atender las necesidades de la guerra o para destinar a ella sus productos.

El decreto que autorice este tipo de medida deberá señalar el procedimiento para fijar el monto de la indemnización ocasionada por motivo de la expropiación y establecerá la manera de asegurar la responsabilidad del Estado. En todo caso y a petición de parte la decisión será revisada por los tribunales administrativos.

Artículo 22. Cuando mediante la radio, la televisión, o por proyecciones cinematográficas, se pueda afectar en forma grave e inminente el eficaz desarrollo de las operaciones de guerra, o se divulgue propaganda en beneficio del enemigo o se haga su apología, el Ejecutivo Federal, podrá suspender las emisiones o proyecciones y sancionar a los infractores, en los términos de los decretos que al efecto emita.

El Ejecutivo federal podrá utilizar los canales de televisión o las frecuencias de radio cuando lo considere necesario.

Artículo 23. El Ejecutivo federal podrá suspender temporalmente los servicios de radiocomunicaciones de redes públicas o privadas.

Artículo 24. En ningún caso se podrá con estas medidas, crear procedimientos que generen censura previa.

Artículo 25. Con el objeto de proteger la vida de los habitantes el Ejecutivo federal podrá restringir la circulación o residencia de personas en áreas del territorio nacional.

Asimismo, podrá establecer zonas especiales de circulación y residencia, tan sólo para asegurar la protección de la población que pudiera resultar afectada por las acciones propias del conflicto o perturbación.

En este caso el gobierno deberá proveer los recursos necesarios para garantizar las condiciones de alojamiento, transporte y manutención de las personas afectadas.

Artículo 26. Ningún mexicano podrá ser conducido por la fuerza a cuarteles militares, ni obligado a permanecer en ellos.

Artículo 27. El Ejecutivo federal podrá modificar transitoriamente las normas ordinarias que regulan el servicio militar obligatorio.

Artículo 28. En el territorio que sea afectado por el decreto de Estado de excepción podrá también imponerse el toque de queda.

Artículo 29. No podrá en ningún caso ordenarse el desarraigo ni el exilio interno.

Artículo 30. El Ejecutivo federal podrá utilizar temporalmente bienes e imponer la prestación de servicios técnicos y profesionales. Esta facultad sólo, podrá ser aplicada cuando no existan bienes y servicios oficiales, ni medio alternativo alguno para proteger los derechos fundamentales o cuando sea urgente garantizar la vida y la salud de las personas. En todo caso el Estado responderá por los daños causados a los bienes utilizados mediante indemnización plena. Cuando la utilización afecte bienes indispensables para la supervivencia de las personas, la autoridad simultáneamente deberá proveer las medidas necesarias para compensar los efectos nocivos de la utilización.

Artículo 31. No podrán imponerse trabajos forzados con motivo del Estado de excepción.

Artículo 32. No se podrá prohibir a organizaciones o individuos la divulgación de información sobre violaciones de los derechos humanos.

Artículo 33. El Ejecutivo federal podrá restringir el derecho de huelga en los servicios públicos. E impartirá las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción.

Artículo 34. El Ejecutivo federal podrá subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.

En ningún caso, los extranjeros residentes en México podrán ser declarados responsables ni obligados a responder con su patrimonio, por los actos del gobierno de su país.

Artículo 35. Si el Congreso de la Unión lo autoriza expresamente en la Ley para regular el Estado de Excepción, el Ejecutivo federal podrá imponer contribuciones fiscales o parafiscales para una sola vigencia fiscal, o durante la vigencia de la conmoción, percibir contribuciones o impuestos que no figuren en la Ley de Ingresos y hacer erogaciones que no se hallen incluidas en el Presupuesto de Egresos.

Artículo 36. Durante el Estado de excepción los civiles no podrán ser investigados o juzgados por tribunales militares.

Artículo 37. Durante el Estado de excepción, se podrán tipificar penalmente conductas, aumentar y reducir penas, así como modificar las disposiciones de procedimiento penal y de policía y autorizar el cambio de radicación de procesos, si esto ha sido autorizado por el Congreso en la Ley para regular el Estado de Excepción.

En ningún caso un decreto dictado con ocasión del Estado de excepción interior, podrá modificar los procedimientos penales para suprimir la intervención del Ministerio Público en las actuaciones correspondientes.

Capítulo VDel control parlamentario

Artículo 38. Mientras subsista el Estado de excepción, el Ejecutivo federal deberá rendir periódicamente, informes motivados al Congreso sobre las medidas legislativas adoptadas, su aplicación y la evolución de los acontecimientos. En todo caso tendrá que hacerlo por lo menos cada treinta días.

Artículo 39. El Congreso podrá reformar o derogar, en cualquier tiempo, los decretos que dicte el Ejecutivo federal durante el Estado de excepción, con el voto favorable de los dos terceras partes de ambas Cámaras.

Durante los debates, el Congreso podrá invitar al Ejecutivo federal y éste podrá presentarse o enviar un mensaje para explicar la necesidad de las medidas adoptadas que se pretende derogar o reformar.

En ningún caso, las disposiciones derogadas por el Congreso podrán ser reproducidas posteriormente por el Ejecutivo federal.

Capítulo VIDel control jurisdiccional

Artículo 40. La Ley para regular el Estado de excepción será analizada vía acción de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, sin menoscabo de sus facultades dentro del proceso de aprobación del decreto de aprobación del Estado de excepción.

Las restricciones y suspensiones de derechos y libertades serán sujetas a un examen de proporcionalidad previo a su entrada en vigor, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 41. Todos los decretos y normas generales expedidas durante el Estado de excepción deberán guardar proporcionalidad con la gravedad del conflicto que buscan solucionar.

Artículo 42. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa o en ejercicio de facultades extraordinarias y como desarrollo de la Ley para regular el Estado de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades federativas o del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa si emanaren de Ejecutivo federal.

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su expedición.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ver Netzaí Sandoval Ballesteros, “El control parlamentario sobre las operaciones militares: especial énfasis en los casos de México y España”, Trabajo del Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Técnica Legislativa, Universidad Complutense de Madrid. 2012. En proceso de publicación.

2 Registro número 205502

3 Registro número 192080

4 Registro número 232757, Registro número 233037 y Registro número 818154

5 Registro número 258607

6 Registro número 278000

7 Registro número 317526

8 Registro número 296680

9 Registro número 296892

10 Registro número 297062

11 Héctor Fix Zamudio, “Los Estados de excepción y la defensa de la Constitución.” Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXVII, núm. 111, septiembre- diciembre de 2004, páginas 833 y 834.

12 Francesc de Carreras, El ejército en la Constitución. La Vanguardia, 12/01/06.

13 Auto 7/2012, de 13 de enero de 2012. Fundamento jurídico 4. Pleno del Tribunal Constitucional.

14 Ver Georg Nolte, “Germany: ensuring political legitimacy for the use of military forces by requiring constitutional accountability”, en Democratic Accountability and the Use of Force in International Law, Charlotte Ku y Harold K. Jacobson (editoras); 2003, Cambridge University Press, páginas 231-254.

15 Wolfgang Wagner, Parliamentary Control of Military Missions: Accounting for Pluralism, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Occasional Paper número 12, agosto de 2006, Ginebra, págs. 4 y 5.

16 Ibíd. páginas 5 y 6

17 Ibíd. página 5

18 Heiner Hänggi, The Use of Force under International Auspices: Parliamentary Accountability and ‘Democratic Deficits’, en ‘The Double Democratic Deficit’, Ashgate 2004, página 4.

19 Gustavo de Silva Gutiérrez, obra citada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de abril de 2013.

Diputada Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica)