Proposición

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer del conocimiento público por el director general de la CFE los efectos sociales, económicos y ambientales del Proyecto Integral Morelos, en perjuicio de los pobladores de ese estado, de Puebla y de Tlaxcala, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Proyecto Integral Morelos (PIM) consistente en la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca, un gasoducto de 160 kilómetros que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como infraestructura complementaria. Este PIM fue concesionado a tres empresas españolas: Elecnor y Enagas, para la construcción del gasoducto, y Abengoa para la construcción y operación de las centrales termoeléctricas.

De acuerdo con la carpeta del Proyecto Integral Morelos CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos”, emitida por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y Subdirección de Desarrollo de Proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en julio de 2011. El PIM consiste en:

• Dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado de 620 megavatios cada una que consumen gas natural como energético.

• Un ducto para transportar el gas desde los ductos de Pemex, al sitio de las centrales, de 150 kilómetros y diámetro de 30 pulgadas, en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.

• Línea eléctrica de 20 kilómetros a la subestación Yautepec.

• Y un acueducto de 20 pulgadas desde Cuautla con longitud de 10 kilómetros.

• La inversión total es cercana a los mil 600 millones de dólares.

Aunque son tres estados mexicanos que se ven afectados por el Proyecto Integral Morelos, cada uno ha vivido el proyecto de diferente manera, aunque en todos ha permeado la imposición y la amenaza. El ejemplo máximo que este proyecto enfrenta ahora es la imposición de las dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado en la comunidad de Huexca, Morelos, mientras que en el estado de Tlaxcala, la problemática ocasionada tiene que ver con la trayectoria del gasoducto, ya que esta instalación atraviesa terrenos ejidales y zonas habitacionales densamente pobladas.

En ninguno de los tres estados se consultó a los habitantes de las comunidades, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serán afectados por la construcción de la obra, que se inició en mayo de 2011. Asimismo, ni las empresas extranjeras que operan el proyecto, ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comunicaron a la población en general los detalles del proyecto, del mismo modo que omitieron informar a los organismos estatales o municipales de protección civil, los riesgos que la construcción de esta obra implica, así como de los peligros asociados a la operación de una instalación estratégica que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano diariamente a menos de 2 metros de profundidad.

Es evidente que el Proyecto Integral Morelos ha causado un descontento social de grandes magnitudes, pues ha experimentado momentos de represión y criminalización de los pobladores afectados mediante la incursión de la policía estatal y federal en la comunidad de Huexca, además del incumplimiento de acuerdos y omisiones graves por parte de la Comisión Federal de Electricidad como el gobierno del estado de Morelos, con lo cual lastiman a la comunidad en su integridad más básica.

El PIM cuenta con dos manifestaciones de impacto ambiental, una correspondiente al gasoducto con clave 21PU2011G0009, y otra correspondiente a la construcción de las dos centrales termoeléctricas y acueducto de 10 kilómetros: 17MO2011E0001, las cuales adolecen de contradicciones, omisiones y faltas administrativas que deslegitiman un trabajo objetivo y serio por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para evaluar los impactos del proyecto.

En el caso de la MIA 21PU2011G0009 correspondiente al gasoducto, la Semarnat consultó al Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred), sobre la viabilidad del proyecto, ya que se encuentra dentro de la zona de riesgo volcánico del volcán Popocatepetl, ante lo cual el Cenapred contestó que el proyecto era inviable en esta zona, justamente porque pasa por las zonas de significativo riesgo eruptivo, considerando inviable la construcción del gasoducto.

Los planes de ordenamiento territorial de la zona de los volcanes que fueron consultados desde las comunidades y con la participación de las diferentes representaciones gubernamentales a nivel municipal, estatal y federal, dando lugar al Programa de Ordenamiento Territorial del Volcán Popocatépetl, no han sido respetados, pues se dictamina que los proyectos no deben modificar el uso suelo o impulsar políticas que promuevan el crecimiento poblacional, sino se debe recuperar y preservar primordialmente los recursos naturales.

Respecto a las normas de seguridad del gasoducto, los folletos entregados por la CFE a las diversas poblaciones en los tres estados da testimonio de que para la seguridad de la población, las válvulas de seccionamiento se encontrarán a 4 kilómetros una de otra. Sin embargo, en caso de fuga y explosión, un tramo del gasoducto aislado en 4 kilómetros equivaldría a más de 2 millones de litros de gas natural, lo cual es una suma bastante considerable que implica comprender mayores medidas de seguridad. No obstante, el trazo del gasoducto se encuentra a 50 y 200 metros de los centros de población.

Cabe señalar que, la viabilidad del Proyecto 264 CC Centro debió haber sido analizado, consultado y aprobado por el Centro Nacional para la Prevención de Desastres. Sin embargo dicho proceso fue omitido por la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Existen elementos para considerar que la termoeléctrica producirá contaminación, la cual incidirá en el aire, el agua y por consiguiente la tierra. La MIA en su página 71, describe las consecuencias ambientales que traerá el proyecto, específicamente la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera y la contaminación del agua por los procesos químicos que empleará la termoeléctrica con las torres de enfriamiento: gas cloro, ácido sulfúrico, etcétera. Sin embargo dicha descripción es fragmentada e incompleta.

Se hace importante conocer cuál es la necesidad que implica la construcción del Proyecto Morelos para la producción de energía, tomando en cuenta que los estándares internacionales es recomendable el exceso de producción de energía en un Margen de Reserva de 18 por ciento, en México, el Margen de Reserva es de 50 por ciento, según la Cuenta Pública 2009 y 2010 de la Auditoría Superior de la Federación. Aunado a eso se debe considerar que la política energética en México está desmantelando la producción de energía eléctrica nacional, y otorgando concesiones que le resultan más caras al país, que obligan al estado a pagar la sobreproducción de energía a empresas transnacionales. La entrada de los proyectos termoeléctricos producidos a base de gas natural, implica directamente la administración y comercialización del gas natural a través de la concesión eléctrica, lo cual abre un nuevo mercado, sobrepasando la CFE sus competencias en materia de política y administración energética, y que no corresponden a ser administradas por la Comisión Federal de la Electricidad, sino por Petróleos Mexicanos.

Tomando en cuenta lo anterior, el PIM tiene mayor relación con un proyecto de industrialización en la región que no beneficiará a la población y, por el contrario, hasta el momento, ha traído como consecuencia la violación al derecho de los pueblos campesinos de la región. Asimismo, que el PIM implica diversos riesgos por encontrarse en Zona de Riesgo del Volcán Popocatépetl; manejo de sustancias altamente riesgosas como el gas cloro y gas metano; contaminación del agua y aire; provocación de lluvia ácida y efecto invernadero, entre otras cosas.

En mérito de lo expuesto, la suscrita diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier somete a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, para que instruya al director general de la Comisión Federal de Electricidad para hacer del conocimiento público los impactos sociales, económicos y medioambientales que implica el Proyecto Integral Morelos, en perjuicio de los pobladores de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en virtud de que se atenta contra la vida y las fuentes de trabajo de los pobladores, así como contra el medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de pobladores de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril 2013.

Diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica)