Proposición

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, a resolver de manera expedita y con estricto arreglo a las disposiciones constitucionales la causa penal 32/2011-II, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Diputado Federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 116, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del juzgado primero de distrito de procesos penales federales con sede en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a resolver de manera expedita y con estricto arreglo a las disposiciones constitucionales la causa penal 32/2011-II.

Exposición de Motivos

Primero. Con fecha 8 y 10 de febrero de 2011 fueron detenidos por la policía judicial federal en la ciudad de Morelia, Michoacán, mientras tomaban un curso sobre el nuevo modelo policial, 14 policías estatales a los que se les aplicó un arraigo por 60 días bajo la acusación de delincuencia organizada derivada de las declaraciones realizadas en diciembre de 2010 por un testigo protegido que ostenta tal calidad desde el año 2005. Es digno de hacer notar el hecho de que después de cinco años de colaborar con la autoridad ministerial el testigo protegido declara que los detenidos tenían vínculos con el crimen organizado.

Segundo. El 8 de abril de 2011 se consignó la averiguación previa al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, en el que se abrió la causa penal 32/2011-II. Con fecha 19 de abril de 2011 el Juez de la causa dictó auto de formal prisión, ordenando la reclusión de los indiciados en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 de Villa Aldama, Veracruz.

Tercero. Una vez desahogada la apelación interpuesta en contra del auto de formal prisión, el Primer Tribunal Unitario de Circuito con sede en Culiacán, Sinaloa, ordenó reponer el procedimiento a partir de la declaración preparatoria de los inculpados, de lo cual derivó un nuevo auto de formal prisión dictado el 1 de enero de 2012, es decir, nueve meses después de la fecha en que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

Cuarto. De lo anterior se desprende con toda claridad que en este caso ha prevalecido un procedimiento tortuoso que atenta contra los más elementales derechos constitucionales de los procesados; en efecto, con la evidente intención de menoscabar su derecho a una legítima defensa se radicó su proceso en un órgano jurisdiccional con sede en Tamaulipas, se ordenó su reclusión en un penal de Veracruz y sus familias radican en el Estado de Michoacán. Ante estas acciones de las instituciones encargadas de impartir justicia es inevitable cuestionarse ¿cómo puede un ciudadano que se encuentra privado de su libertad, cuya única fuente de sustento familiar era su salario, pagar una defensa adecuada cuándo el domicilio de su familia, su lugar de reclusión y la sede del órgano jurisdiccional respectivo se encuentran en diferentes entidades federativas.

Por lo expuesto, someto a la Cámara de Diputados el siguiente,

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, a que resuelva la causa penal 32/2011-II bajo su jurisdicción, instaurada en contra de diversos ciudadanos residentes en Michoacán por los cargos de delincuencia organizada, con estricto apego al precepto constitucional que mandata emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 30 de abril de 2012.

Diputado Jaime Cárdenas Gracia (rúbrica)