Iniciativa

Que reforma los artículos 96 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

La pensión es uno de los aspectos fundamentales de la seguridad social, ya que es el producto que se concede a la persona por una vida laboral útil y productiva. En México la pensión se otorga por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada y existe una gran diversidad en cuanto a beneficios, acceso, financiamiento y formas de administración.

El sistema de pensiones es un tema que siempre ha provocado polémica por el impacto que éste tiene en los trabajadores y en las finanzas públicas, particularmente desde la modificación al anterior sistema de pensiones que fue sustituido por un nuevo sistema vigente a partir del 1 de julio de 1997. Sin embargo, entre los temas polémicos destaca uno en particular y que atrae nuestra atención, esto es: la suspensión del pago de la pensión cuando el pensionado reingresa a un trabajo sujeto al régimen obligatorio.

Con el incremento de la expectativa de vida y los avances de la medicina, un gran porcentaje de quienes hoy ya están pensionados (generalmente personas en torno a los 60-65 años) forman un grupo de personas saludables y con mucho por ofrecer a la sociedad y en sus respectivos ámbitos de trabajo. Sin embargo, según la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su artículo 96; y la Ley del Seguro Social, en su artículo 173, a éstos pensionados se les tiene que suspender su pago porque reingresaron a trabajar. En otras palabras, se castiga al pensionado por querer seguir siendo útil a la sociedad.

En México es utópico que la vejez sea la época de reposo con la tranquilidad de una pensión. El Censo de Población y Vivienda 2010 dice que los hombres pensionados son tan solo 22.4 por ciento en las edades (60-64), 29.6 por ciento en (65-69), 30.6 por ciento en (70-74) y 26.6 por ciento en (75 +). En las mujeres las cifras son, 11.4 por ciento en (60-64), 13.5 en (65-69), 15.3 por ciento en (70-74) y 21.5 por ciento en (75 +). A la escasa cobertura se agrega otro problema más: el bajo monto de las pensiones. Por ello, si son tan pocos los pensionados y la mayoría con beneficios tan insuficientes, la subsistencia de estas personas se procura con el trabajo adicional y el apoyo familiar. Es así que consideramos que la pensión no debe suspenderse a quien reingresa a laborar.

Argumentación

La finalidad de la seguridad social es garantizar una serie de derechos entre los que está contemplada la pensión que, una vez que se han cumplido con los requisitos, se rige por las disposiciones de la ley y es vitalicia. Asimismo, la pensión es una prestación producto de aportaciones que en su momento y con mucho esfuerzo hizo el trabajador por lo cual no debe restringírsele ya que atenta contra el sacrificio que hizo en el pasado y la vida digna que espera en los años futuros.

La pensión es un derecho y no una mercancía con la que se puede jugar. Y como todo derecho fundamental no puede ser considerado de forma simple, pues justamente su mínima satisfacción representa una garantía indispensable para la real vigencia de otros derechos fundamentales. Bajo este marco, el derecho a la seguridad social y el derecho a la pensión deben ser respetados en su totalidad para que su vigencia sea plena y no esté sujeta a una norma administrativa que castiga a las personas por su edad y por su ímpetu de querer continuar siendo productivos en su vida profesional.

En el país existen 10 millones 222 mil 624.958 adultos mayores, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y aunque evidentemente la jubilación, en torno a los 65 años, es un logro de nuestra sociedad, hay que reconocer que carece de una total falta de lógica poblacional y sus patrones de envejecimiento. En los momentos en que se planeó el primer régimen de jubilaciones y pensiones, la esperanza de vida se situaba próxima a los 70 años, sin embargo, en estos tiempos la esperanza de vida está situada en los 80 años. Es por esto que consideramos que se está desperdiciando mucho del conocimiento y experiencia acumulada de este universo de personas en un mercado laboral que demanda cuadros bien preparados. Por ello insistimos en que la suspensión de la pensión es una restricción que debe ser considerada una acción social ineficiente, porque desaloja (aún siendo altamente costoso) a sus más cualificados elementos de producción y desarrollo, aun considerando (y probando) su aptitud para el trabajo docente, investigador, de la negociación internacional, judicial, etcétera.

Asimismo, estas disposiciones también afectan la salud pública. Está comprobado que seguir trabajando después de la jubilación otorga beneficios de orden físico, psicológico y práctico. El objetivo más evidente es aumentar el ingreso mensual y aunque la remuneración en la nueva actividad no sea la equivalente a la recibida en el auge de la carrera profesional, mantenerse activo hace que el jubilado continúe sintiéndose activo y encajado en la sociedad. Pero además, sabemos que la prolongación de la vida laboral influye sobre un adecuado funcionamiento cognitivo y, más aún, que una jubilación anticipada pudiera determinar su deterioro. Por ello, cualquier acción contraria para que los pensionados se mantengan activos les puede ocasionar problemas de salud que acarrea mayores gastos para el Estado.

Debido a que el tema de las pensiones y jubilaciones se analiza exclusivamente desde el ámbito financiero, es evidente que no se ven soluciones muy alentadoras. Sin embargo, en la Fracción Parlamentaria de Nueva Alianza consideramos que el tema debe abordarse desde varios frentes pero no descuidando el origen de todo el planteamiento: garantizar la seguridad social. El reto es lograr un modelo que aproveche la oportunidad demográfica e impulse la productividad de los adultos mayores. No hay que olvidar que el gasto en seguridad social y en educación es una inversión que se revierte en capacidad y productividad futuras.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6.1.l, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el artículo 96 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y el artículo 173 de la Ley del Seguro Social

Artículo Primero. Se reforma el artículo 96 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Artículo 96. El pago de la pensión garantizada no será suspendido cuando el pensionado reingrese a un trabajo sujeto al régimen obligatorio de esta ley o de la Ley del Seguro Social.

El pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez que disfrute de una pensión garantizada no podrá recibir otra de igual naturaleza.

La pensión que corresponda a los familiares derechohabientes del pensionado fallecido, se entregará a éstos aun cuando estuvieran gozando de otra pensión de cualquier naturaleza.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 173 de la Ley del Seguro Social.

Artículo 173. El Instituto no suspenderá el pago de la pensión garantizada cuando el pensionado reingrese a un trabajo sujeto al régimen obligatorio.

El pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez que disfrute de una pensión garantizada no podrá recibir otra de igual naturaleza.

La pensión que corresponda a los beneficiarios del pensionado fallecido, se entregará a éstos aun cuando estuvieran gozando de otra pensión de cualquier naturaleza.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 5 de octubre de 2011.

Diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica)