Iniciativa

Que expide el Código para la Protección Integral de los Derechos de la Infancia, a cargo de Yolanda de la Torre Valdez y suscrita por Emilio Chuayffet Chemor, diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Diputados Yolanda De la Torre Valdez y Emilio Chuayffet Chemor, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante el Pleno de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide El Código para la Protección Integral de los Derechos de la Infancia. Lo anterior con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

Es indudable que la clave para el crecimiento de un país se encuentra en su población infantil, es en ellos en quienes nuestra esperanza de un futuro mejor está depositada, de ahí que en la medida en que los niños crezcan en un ambiente sano, armónico y con oportunidades, empezando desde el seno familiar, propiciará que desarrollen sus aptitudes de mejor manera. Estos factores serán la base para que se conviertan en buenos ciudadanos, capaces de contribuir a tener una mejor nación.

El proyecto que se presenta, parte del reconocimiento de la importancia y validez del ejercicio legislativo que representó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2000 que, en su momento significó un avance importante para lograr concientizar a la sociedad respecto al Interés Superior de la Infancia. Sin embargo, en la actualidad es impostergable la necesidad de fortalecer el marco jurídico de protección de los derechos de la infancia, de integrarlos en un solo cuerpo normativo, así como de dar un salto cualitativo fundamental en la asunción de la responsabilidad que el Estado Mexicano tiene para con su población, sobre todo con la niñez, partiendo del principio fundamental de que si la Nación no empeña su mejor esfuerzo y toda su energía en la protección de los derechos de los infantes, la patria no tendrá futuro y estaremos condenados a la disolución social.

II. CONSIDERACIONES

El respeto y observancia de los derechos de los infantes son requisito indispensable para que la sociedad evolucione y requieren de la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en su conjunto.

No se puede negar que el país continúa siendo escenario de múltiples conductas sociales atentatorias de los derechos humanos de los niños, por lo que esta iniciativa pretende lograr cambios cualitativos, a través del establecimiento de mecanismos que garanticen la protección y el ejercicio de los derechos de los infantes, incidiendo a través del conocimiento y la educación en la modificación de la realidad nacional y así coadyuvar con la deuda que la sociedad tiene con la infancia mexicana.

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, mediante la cual el poder revisor de la Constitución dio un paso decisivo en el compromiso formal a favor de la defensa de los derechos humanos, así como de la recepción de las normas jurídicas de Derecho Internacional protectoras de esos derechos, fortalece el Título Primero de la Constitución, al cambiar su denominación por el De los Derechos Humanos y sus Garantías, poniendo especial atención en el ejercicio de la función educativa que ejerce el Estado estableciendo su clara vinculación con el respeto a los derechos humanos y en consecuencia a los de la infancia.

A partir de esta reforma queda claro que la protección, defensa y promoción de los derechos humanos es una responsabilidad compartida de los tres niveles de gobierno, que debe tener como fundamento indiscutible el texto constitucional en el que se inspira la presente propuesta.

De ahí que el proyecto de Código para la Protección Integral de los Derechos de la Infancia que se somete a la consideración de esta Honorable Cámara, tenga como objetivo primordial integrar un cuerpo normativo de observancia general en toda la República Mexicana, que incorpore, de forma sistemática y ordenada, el conjunto de derechos que se les confieren a los infantes y garantizar su protección integral, en los términos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y los tratados internacionales sobre la materia, ratificados por el Estado Mexicano, haciendo partícipes a los tres niveles de gobierno.

III. CONCLUSIONES

En esta iniciativa se destaca, el hecho de que no se debe de permitir más, que existan niños sin padre. Consideramos que es momento de exigir a todos los padres que asuman, a cabalidad las responsabilidades que derivan de la procreación. No se debe tolerar más, ni los procesos de reconocimiento de hijos, ni las madres solteras, ni los hijos que no encuentran en sus padres el respaldo afectivo, educativo y económico necesario para alcanzar una vida plena. Si biológicamente no hay niños sin padre, jurídica y socialmente tampoco es permisible la procreación irresponsable, pues es una de las conductas básicas que más gravemente atentan contra la dignidad y los derechos del infante y de sus posibilidades de alcanzar un desarrollo integral, como el que propone la presente iniciativa.

De ahí que se incluyan un conjunto de disposiciones que buscan evitar que los padres eludan la responsabilidad de atender y ocuparse de sus hijos. La familia mexicana ha evolucionado, en los hechos de manera que propicia que el varón sea parte de más de una familia o procree con más de una mujer y si bien, el incesto, como tipo penal ha desaparecido y ya no es necesario recurrir a la institución del matrimonio para procrear, estas circunstancias no deben ser pretexto para que un padre incumpla con sus obligaciones de procurar el bienestar y satisfacer el conjunto de necesidades de sus hijos. En consecuencia, se propone perseguir y sancionar a todo aquél que procree y eluda la responsabilidad de dotar de identidad a sus hijos, así como de procurarles el conjunto de satisfactores necesarios, para el pleno ejercicio de sus derechos.

Esta postura implica precisar que, procrear es un acto trascendente que implica una seria responsabilidad de ambos padres, con la sociedad, que se traduce en la atención a las necesidades de sus hijos. La procreación es un acto social que implica una responsabilidad con la sociedad en su conjunto, puesto que se procrea en sociedad con otra persona, en donde ambos deben asumir plenamente las responsabilidades de ese acto social primario fundamental para la preservación, no sólo de la especie sino, en particular, de nuestra Nación.

Por su parte, las madres deberán identificar a quienes participaron con ellas en la gestación de sus hijos y deberán exigirles el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias a favor de los mismos. El cumplimiento de este derecho no puede seguir al arbitrio de uno solo de los padres.

Por ello, la iniciativa plantea que el primer derecho que se debe de garantizar al recién nacido es el de identificar a su padre y a su madre y de recibir de ellos su identidad, manifestada en su nombre y apellidos y, a partir de este principio, ubicar con precisión a los responsables del desarrollo de ese nuevo ser humano.

De ahí que se ponga énfasis en la importancia de que cada infante, a su nacimiento, deba de ser inmediatamente inscrito en el Registro Civil, con la información correspondiente a los datos de identidad cierta y verídica de las identidades de sus padres y, para casos de excepción, a falta de éstos, los abuelos maternos, pues resulta mucho más fácil identificar a la madre del recién nacido, que al padre. De igual manera deberán obtener la Cédula de Identidad del Menor.

El incumplimiento o retraso, por más de 72 horas, de esta obligación hará acreedores a los padres infractores a las sanciones que determinen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Como parte de las responsabilidades que les compete cumplir a la federación, al Distrito Federal, a las entidades federativas y a los municipios se propone que las autoridades registrales aseguren la prestación gratuita del servicio de registro de recién nacidos en los centros de salud, de cada localidad, expidiendo, sin costo alguno, las constancias correspondientes.

Uno de los derechos más importantes para el bienestar de los infantes, es el de recibir de sus padres una alimentación apropiada.

Conforme a publicaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), más del 25 por ciento de los menores de edad viven en condiciones de pobreza alimentaria, siendo las comunidades indígenas las más afectadas.

Contradictoriamente, el problema de la alimentación en los infantes, tiene otras facetas no menos preocupantes: México ocupa el primer lugar a nivel internacional en obesidad infantil. Estas cifras evidencian la necesidad de mejorar el marco jurídico en materia de derechos de la infancia, y en particular, el derecho a una buena alimentación.

De ahí que tomando en consideración el problema que actualmente existe en nuestro país respecto al sobrepeso y la obesidad en la población infantil, es necesario hacer conciencia tanto en los padres como en sus hijos de la importancia que reviste una alimentación sana y nutritiva para su desarrollo, primordialmente a través de la educación. Por su parte, corresponde al Estado el vigilar que los expendedores de productos que consumen los infantes cumplan con las normas nutricionales establecidas.

La iniciativa incorpora la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, a cargo del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Infancia, dicha creación obedece a la necesidad de proteger los derechos alimentarios de los infantes, toda vez que es común que los responsables de proporcionar éstos, para evadir su cumplimiento, cambien de empleo e incluso de lugar de residencia dejando en estado de indefensión a sus acreedores. Al existir un registro se podrá identificar de una manera más expedita a los padres de familia o responsables que dejen de proveer de los recursos económicos a sus hijos o pupilos.

El Registro tendrá por objeto inscribir y difundir la información de padres, madres, tutores y otros obligados que incumplan, de alguna manera, con sus obligaciones de suministrar alimentos a sus hijos.

El Juez de lo Familiar ordenará la inscripción de quienes incumplan con sus obligaciones a fin de lograr la comparecencia del deudor incumplido y adoptará las medidas de apremio que correspondan a fin de garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones desatendidas.

A últimas fechas se ha presentado en las comunidades escolares infantiles el problema de acoso escolar conocido internacionalmente como bullying que consiste en actitudes agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren sin motivación evidente adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. El que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través de constantes amenazas, agresiones, insultos e intimidaciones, entre otros, y así tenerlo bajo su dominio lo que ha originado en algunos casos que quienes padecen este acoso piensen en el suicidio; este problema se ha extendido a través de las redes sociales identificándolo como ciberbullying. Por ello en la presente iniciativa se prevén los derechos y responsabilidades a cargo de los propios infantes, a fin de evitar conductas que incidan en la práctica de acoso escolar, así como las responsabilidades tanto de los padres de familia, como de la sociedad y del Estado para prevenir y, en su caso, adoptar las medidas tendientes a evitar este problema social.

El tema de la justicia para los infantes en caso de la comisión de un delito, es importante dejar asentado que el Estado debe evitar reproducir el régimen penal de los adultos y consolidar un sistema apropiado para los infantes, sobre las bases de legalidad e integración social, resaltando que en el supuesto de que se tenga que privar a un infante de su libertad, el Estado deberá cuidar que en los centros de reclusión se les dé la educación escolar que corresponda con su edad y que en los mismos existan manifestaciones de la cultura y la práctica del deporte, con el propósito de fomentar el trabajo en equipo, la integración social, el espíritu competitivo y de superación personal.

En esta iniciativa se pretende que el procedimiento para juzgar a los infantes infractores sea ágil, breve y transparente, en donde siempre tengan derecho a un defensor de oficio o particular, y sean parte activa con todos los derechos procesales para participar, aportar pruebas y recurrir los acuerdos que no les favorezcan, atendiendo en todo momento las prioridades que como infantes tienen.

Las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales son a quienes les corresponde asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el instrumento normativo que se presenta a la consideración de esta H. Cámara bajo el principio irrenunciable que el Estado Mexicano tiene una responsabilidad subsidiaria y solidaria frente a los infantes y los mecanismos de protección de sus derechos y cuyo contenido está organizado en ocho títulos con sus respectivos capítulos.

En el Título Primero, Capítulo Único se señala que el término infante utilizado en el presente ordenamiento se refiere, a toda persona menor de 18 años y que de conformidad con las disposiciones contenidas en este Código, el Interés Superior de la Infancia deberá prevalecer sobre cualquier otro que corresponda a otros sectores sociales, públicos y privados, individuales y colectivos. Deberá entenderse como un criterio de interpretación y aplicación normativa, en cualquier circunstancia en la que esté involucrado algún infante, con el propósito de salvaguardar su desarrollo integral, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos, garantías, prestaciones y servicios a que se debe de comprometer el conjunto de la sociedad.

En la presente iniciativa se plantea fijar el desarrollo integral de los infantes, como el objetivo central que se debe alcanzar, para todo niño mexicano, entendiendo tal concepto, como la posibilidad real de que cada uno de ellos tenga, en el seno de su familia, de la escuela, de los espacios sociales y de los servicios públicos, acceso efectivo a recibir una educación de calidad que le permita tener, en su momento un trabajo digno y bien remunerado; a la atención de su salud; a la comprensión y respeto de los valores sociales que hacen posible una convivencia social armónica, pacífica, democrática y respetuosa del orden jurídico nacional; a la adopción, con orgullo, de la ciudadanía mexicana, basada en las raíces históricas, culturales y científicas de la Nación; a la cultura y a las bellas artes, así como a la práctica del deporte que le permita desarrollar sus aptitudes físicas y de trabajo en equipo.

Entre otros aspectos que se prevén a fin de asegurar el estricto respeto y protección de los derechos de los infantes, se encuentra la creación de un Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Infancia que se propone estructurar, a través de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión encargado de articular el desarrollo de políticas, programas y acciones que garanticen los derechos de la infancia, la promoción social en esta función y el cumplimiento irrestricto de lo establecido en el presente ordenamiento.

Este Sistema, deberá beneficiarse de los avances que, a lo largo de su existencia ha logrado acumular el Sistema Integral de la Familia (DIF), para capitalizar su experiencia y proyectar sus actividades, con el objeto de proveer el conjunto de actividades y servicios sociales que garanticen que cada infante de nuestro país tenga acceso a los servicios que les ofrece la sociedad, en un marco de respeto irrestricto a sus derechos.

Con tal propósito, se le dota de una serie de atribuciones, entre las que destacan: excitar y coadyuvar con los distintos niveles de autoridad a efecto de garantizar el debido funcionamiento, entre otros de los procedimientos de persecución de deudores alimentarios incumplidos; coordinarse con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para la debida aplicación de los programas de atención a la infancia y la adolescencia; organizar el funcionamiento de la Defensoría de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia; organizar el Servicio Nacional de Información sobre la Infancia; garantizar la protección de los datos personales de los infantes, en los términos previstos por la ley de la materia y actuar en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales y municipales, de acuerdo con la competencia y atribuciones legales de cada una de ellas, en el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la realización de acciones de promoción, fomento y protección de los derechos de la Infancia.

El Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Infancia contará con una Junta de Gobierno y un Director General, para su correcta administración.

A fin de garantizar la debida operación del Sistema, en toda la República, se propone reproducir la institución, en cada una de las Entidades Federativas, con lo que se conseguirá replicar las actividades del Sistema en la protección de los derechos de los infantes que se encuentren en sus respectivos territorios.

Se hace hincapié en que la familia es el núcleo social primario responsable del cuidado, atención, educación, protección y desarrollo integral de los infantes.

Es innegable que para lograr que los infantes disfruten de los derechos establecidos en la normatividad internacional y nacional se requiere de la corresponsabilidad solidaria y, en su caso, subsidiaria del Estado. De entre los derechos que tienen los niños, se encuentran el de la protección de su vida, el detentar una identidad, el conservar la salud, el de disfrutar del afecto familiar y preservar la convivencia en familia, independientemente de la situación de sus padres; así como los de recibir alimentos, educación, servicios de seguridad social, tener acceso a la cultura, a practicar deportes, al juego y a la convivencia familiar.

En consecuencia, se regula la obligación que tienen, tanto la madre como el padre de asumir jurídicamente la paternidad compartida de sus hijos y, en consecuencia la obligación que les corresponde de dotar de una identidad cierta a sus hijos.

A fin de garantizar la paternidad y maternidad responsable se propone fijar una serie de sanciones y consecuencias graves para el padre o incluso, la madre que se nieguen a identificar plenamente a ambos padres del recién nacido.

Esta iniciativa contempla que tanto la madre como el padre deben propiciar la convivencia familiar de calidad, no obstante estén separados y de esta manera hacer valer el interés superior del infante y no los intereses mezquinos de los padres, resaltando que la paternidad y la maternidad revisten una responsabilidad social que implica la práctica y defensa de los derechos de sus hijos frente a terceros.

De esta constatación originaria, derivan y se deberán hacer efectivos los derechos de los infantes, como los de procurarles alimento, vivienda, educación, salud, afecto, cultura y recreación, así como el inculcarles valores de respeto hacia los demás y amor a la patria que les permitan una integración a la sociedad.

En el Título Segundo se establecen de manera enunciativa, más no limitativa los derechos de los infantes, incluyendo por primera vez como un derecho el que puedan acceder a los servicios de atención y cuidado para los infantes de la primera edad que prestan diversos centros a los niños en edad no escolar.

Se prevé también el derecho que tienen los infantes a vivir en un ambiente libre de violencia, señalando las responsabilidades que para tal efecto tienen la familia, el Estado y la sociedad en general.

Los problemas ambientales en las últimas décadas han sido abordados de manera más consciente tanto a nivel internacional como nacional, ya que está de por medio proteger el planeta para las generaciones futuras, y tomando en cuenta que los niños son la base y futuro de desarrollo de un país, es que se propone en el presente proyecto establecer como un derecho y una responsabilidad de los infantes la conservación y la protección del ambiente, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Sobre este tema también se reitera la responsabilidad que tienen las autoridades respecto de la educación ambiental que se les debe impartir a los infantes ya que ésta constituye una herramienta fundamental para lograr un cambio de actitud y comportamiento de la sociedad que se traduzca en un beneficio para todos.

Se establece la obligación de las instituciones educativas de garantizar la prestación de servicios de orientación que eviten la práctica de conductas de violencia, agresividad y discriminación física, verbal o electrónica, entre los miembros de su comunidad, para lo cual deberán prever sanciones que inhiban este tipo de conductas, sin afectar los derechos de los infantes.

El Título Tercero contiene las obligaciones de los padres y las responsabilidades de los infantes.

Es importante destacar que en los padres está la responsabilidad primaria de lograr que los niños se desarrollen de una manera plena, de ahí que cuando los infantes estén en edad de asistir a la escuela, los padres fomentarán su asistencia ya que la educación es la base para el desarrollo de los países.

Se hace hincapié en la importancia que reviste que los padres asuman la responsabilidad de supervisar el uso que hacen sus hijos de los diferentes medios de comunicación masiva, como son Internet, las redes sociales, el uso del teléfono celular, los juegos electrónicos y, en general los servicios y bienes, que con motivo de la distracción o el entretenimiento están a su alcance, a fin de evitar o prevenir afectaciones a su adecuado desarrollo psicosocial.

Por lo que se refiere al tema de los alimentos se precisa que se trata de un derecho irrenunciable de los infantes, de ahí que el padre, ni la madre podrán renunciar a nombre de sus hijos a que éstos reciban alimentos de sus dos progenitores, en los términos previstos en la legislación civil. Por ello se precisa la obligación que tienen, indistintamente, ambos padres, de exigir, ante las autoridades judiciales competentes, que el deudor alimentario que incumpla con su obligación de suministrar alimentos, cumpla con ésta. Para tal efecto el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los Infantes brindará el servicio gratuito de orientación y apoyo.

Si bien es cierto que con la presente iniciativa se busca garantizar la protección de los derechos de los infantes, también lo es que se necesita hacer conciencia en los niños de que así como tienen derechos, también tienen responsabilidades, por ello se incluye un capítulo de normas que destacan las responsabilidades de los infantes resaltando entre otras, las de aprovechar los servicios educativos a los que tengan acceso; respetar los valores aprendidos en su hogar y en la escuela; abstenerse de ejercer la violencia y practicar la tolerancia, el respeto y la no discriminación en sus relaciones con otros infantes y con personas mayores.

Respecto a los procesos de adopción, se reitera que a través de ésta el varón y la mujer reciben la tutela y custodia de un infante sin familia, en los mismos términos y condiciones, derechos y obligaciones, que los padres biológicos. Se prevé que podrán adoptar aquellas parejas que acrediten tener una vida en común, con una antigüedad mínima de tres años, independientemente de la existencia o no de algún vínculo jurídico formal.

A fin de fortalecer los procedimientos de adopción, el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Infancia deberá establecer, mediante reglas de carácter general, los procedimientos y requisitos que deban reunir los solicitantes de un infante en adopción, evitando, desde luego cualquier práctica comercial con motivo de la adopción.

La presente iniciativa plantea que es de interés social que los infantes no tengan la necesidad de prestar servicios personales subordinados, pero la realidad, lamentablemente es otra, por ello se establecen una serie de medidas para que en caso de que sea inevitable que los infantes trabajen, éstos se encuentren debidamente protegidos exigiendo que los patrones aseguren la plena vigencia de las medidas protectoras del trabajo de menores previstas en la Ley Federal del Trabajo.

Se reitera, la obligación del padre y de la madre de asegurar la satisfacción de las necesidades de sus hijos y sólo como excepción, de no ser capaces de hacerlo, extender una autorización por escrito para que su hijo trabaje, señalando con precisión los días y horarios de labores, sin menoscabo de que el infante acuda a recibir la instrucción escolar correspondiente.

A fin de evitar una posible explotación de los infantes se prevé que el patrón conserve la documentación utilizada, a fin de que cuando el infante alcance la mayoría de edad pueda consultarla y, en su caso, verificar las constancias de pago que sus padres hayan recibido como producto de su trabajo y de considerarlo pertinente, exigir ante el juez de lo familiar que sus padres le rindan cuentas del destino dado a los recursos que haya generado y de proceder, demandarles el reembolso de las cantidades que no hayan sido utilizadas para la satisfacción de sus necesidades alimentarias.

La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en sus respectivas competencias, vigilarán que los infantes trabajadores no sean explotados económicamente y que no desempeñen ningún trabajo que pueda dañar su salud física o mental, especialmente los desarrollados en el campo, en las minas y en la industria en general, o que se les impida acceder a la educación obligatoria.

Se reitera que en materia de protección de los infantes trabajadores se estará a lo dispuesto por los Tratados Internacionales ratificados por México, por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley Federal del Trabajo y por las demás disposiciones aplicables.

En la iniciativa que se somete a la consideración de esta honorable soberanía se hace referencia en el Título Cuarto, a las responsabilidades que tiene la sociedad frente a los infantes, respecto de velar por la protección de sus derechos.

Por lo que hace a las instituciones educativas, deportivas y culturales se establece que éstas deben contar con la infraestructura adecuada y el personal capacitado requerido para brindar sus servicios a los infantes, de acuerdo a las especialidades que requieran conforme a su sexo, edad, estado de salud o cualquier otra característica no debiendo discriminar ni negar sus servicios a infante alguno.

Se prevé que estas instituciones incluyan en sus programas educativos, materias, actividades e información, dirigida a los infantes, tendientes a hacerlos conocer el valor y alcance del interés superior de la infancia, así como de sus derechos y responsabilidades.

A fin de que los infantes, en la medida de lo posible, eviten ingerir alimentos que no los nutran y que por el contrario les provoquen obesidad, se reitera la obligación por parte de los fabricantes que proporcionen en los empaques de sus productos la información sobre el valor nutrimental de los mismos, así como la edad recomendada del consumidor.

Se establece que las personas que sean sorprendidas vendiendo alimentos y bebidas que no sean aptas para los infantes se harán acreedoras a una multa que oscila entre 100 y 600 días de salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, misma que podrá hacer efectiva el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los Infantes, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el Título Quinto integrado por nueve capítulos se establecen las responsabilidades del Estado a efecto de salvaguardar los derechos de los infantes En cuanto al derecho a la educación se reitera la obligación que éste tiene de impartir educación gratuita en los niveles preescolar, primaria y secundaria y se prevé la obligación para las instituciones públicas y privadas de ofrecer un porcentaje mínimo de becas parciales o totales, que beneficien a infantes miembros de sus comunidades vecinas.

De igual manera se plasma la obligación del Estado de impartir educación especial a los infantes con discapacidad, brindándoles las mismas oportunidades que al resto de la sociedad, de suerte que puedan compensar su incapacidad motriz, sensorial o intelectual y aspirar a tener una vida plena.

Es importante destacar que en los padres está la responsabilidad primaria de lograr que los niños se desarrollen de una manera plena, de ahí que cuando los infantes estén en edad de asistir a la escuela, los padres fomentarán su asistencia ya que la educación es la base para el desarrollo de los países.

El Título Quinto, Capítulo II, se ocupa de un tema básico, los servicios públicos de atención y cuidado para los infantes de la primera edad, mismo que hasta la fecha ha estado ausente como derecho de los infantes, toda vez que se considera como una prerrogativa para la madre que trabaja, de ahí que a sabiendas de la importancia que este tema tiene para los niños en edad no escolar, se trata de llenar el vacío que existía y de manera general se señala la obligación que las autoridades de los distintos niveles de gobierno tienen respecto a impulsar la prestación de servicios de cuidado infantil, no sólo para auxiliar a los padres o tutores que trabajen, sino para acercar a los niños a un servicio de calidad donde se estimulen sus capacidades intelectuales, emocionales y motoras, y donde puedan ser alimentados en forma adecuada.

A fin de que los infantes puedan ejercer debidamente los derechos con los que cuentan, se contemplan las obligaciones y responsabilidades que las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen para tal efecto.

En el Capítulo III se prevé que en lo concerniente al derecho de identidad, es obligación de la Secretaría de Gobernación el que todo infante sea inscrito tanto en el Registro Civil como en el Registro para Menores de Edad.

En el Capítulo IV relativo a las responsabilidades del Estado en cuanto al derecho a la salud de los infantes, las autoridades competentes deberán coordinar las acciones tendientes a salvaguardarlo, a través de la realización de campañas diversas en donde se les brinde orientación tanto a los padres como a los infantes respecto a la importancia de la salud y la manera de preservarla, lo nocivo que puede ser consumir drogas o estupefacientes; asegurándoles a los infantes asistencia médica y sanitaria y proporcionándoles las vacunas necesarias, entre otras.

En el Capítulo V en lo que al derecho a la educación se refiere, se reitera que ésta deberá tender a lograr el desarrollo integral de los infantes, a la formación de su personalidad, a despertar las aptitudes, la capacidad física y mental, para ello las autoridades competentes deberán, entre otras acciones, garantizar el acceso de los infantes a escuelas con todos los servicios; fortalecer la infraestructura tecnológica de las escuelas públicas; propiciar la integración de los infantes con discapacidad a planteles de educación básica y velar porque la disciplina escolar se administre de forma compatible a la dignidad del infante.

Se prevé en el Capítulo VI lo relativo a la protección del medio ambiente, destacando que las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán promover la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas en los infantes, tendientes a garantizar el equilibrio ecológico.

Se establece la obligación que tienen tanto el Estado como la sociedad de adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la preservación de un ambiente libre de contaminantes, en el que los infantes logren su desarrollo integral

En el Capítulo IX la iniciativa contempla la regulación de acciones tendientes a evitar la explotación de los infantes, entre otras las relativas a cuestiones económicas y sexuales; que no sean obligados a practicar la mendicidad o que sean reclutados en grupos armados al margen de la ley, para tal efecto las autoridades deberán garantizar la asignación de los recursos presupuestales necesarios para el cumplimiento acertado de la protección de sus derechos, así como practicar las investigaciones necesarias para detectar si el infante es víctima de algún delito y de ser así, sancionar severamente al responsable y garantizar la reparación del daño y el restablecimientos de los derechos vulnerados.

Es importante resaltar que las autoridades deberán llevar a cabo campañas de prevención hacia los infantes, para alertarlos de cualquier tipo de abuso que pudieran llegar a sufrir y resaltar el valor de la educación para el desarrollo de la infancia.

Hay ocasiones en que no obstante las acciones que llevan a cabo las autoridades éstas resultan insuficientes porque, lamentablemente, los infantes carecen de un núcleo familiar que los oriente y como consecuencia llegan a realizar actos que se pueden tipificar como delitos sancionados por las normas, en este caso, en el Título Sexto, Capítulo Único, se prevé que los infantes tengan derecho a un debido proceso y a ser tratados con respeto y dignidad, para lo cual las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias a efecto de promover su recuperación física y psicológica y la reintegración social de aquellos infantes que hayan sido privados de su libertad.

A fin de proteger de la mejor manera posible los derechos de los infantes, esta iniciativa contempla, en el Título Séptimo, Capítulo II, la creación de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, como una unidad administrativa del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los Infantes cuya función principal consiste en encargarse de la protección, observancia, restablecimiento, promoción, estudio y divulgación de sus derechos.

Esta Defensoría tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos de los infantes cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos.

A efecto de que funcionen de la manera más expedita, los procedimientos que se sigan ante ella tendrán como características el ser breves, gratuitos y sencillos, sujetos únicamente a las formalidades esenciales que requiera la documentación de los expedientes respectivos.

Por otra parte, en el Capítulo III, se prevé la existencia de un Servicio Nacional de Información sobre la Infancia cuyo objeto será elaborar todo tipo de estadísticas sobre la infancia en coordinación con los gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales, así como con la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.

A través de este Servicio se tendrá información relevante sobre los infantes, lo que permitirá la implementación de las medidas idóneas para los casos concretos que se presenten.

Finalmente, se incorporan las sanciones, tanto para los servidores públicos que intervengan en cuestiones relacionadas con los infantes, como para los padres, madres y tutores que incurran en algún tipo de responsabilidad que afecte el derecho superior de la infancia.

Por lo señalado a lo largo de la presente es que esta iniciativa pretende generar acciones tendientes a salvaguardar los derechos de los infantes, así como mejorar sus condiciones de vida destacando el papel tan relevante que desempeñan los padres, las madres, el Estado y la sociedad en general y de esta forma incidir en la construcción de un futuro mejor.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único: Se expide el Código para la Protección Integral de los Derechos de la Infancia, para quedar como sigue:

CÓDIGO PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. El presente Código es reglamentario del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de orden público e interés social y de observancia general en la República Mexicana. Tiene por objeto garantizar la protección integral de los derechos de los infantes, en los términos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y los otros tratados internacionales sobre la materia, ratificados por el Estado Mexicano.

La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y adoptarán las medidas administrativas necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Código.

Artículo 2. Para los efectos de este Código, se entiende por infante a toda persona menor de 18 años de edad.

Artículo 3. Los infantes gozan de las garantías y derechos que la Constitución Política reconoce a las personas. La sociedad, particulares y autoridades, deberán observar las disposiciones contenidas en el presente Código, a fin de propiciar el desarrollo integral físico, mental y social de los infantes, en condiciones de libertad y dignidad, que garanticen la adquisición cabal de ciudadanía y participación equitativa en las actividades sociales, productivas, culturales y deportivas que se organizan en sociedad.

El Estado –Federación, estados, Distrito Federal, y municipios- son responsables de garantizar la observancia de las medidas protectoras consagradas en este Código manteniendo, en todo momento una responsabilidad subsidiaria y solidaria frente a los derechos de los infantes.

La autoridad deberá garantizar la asignación prioritaria de recursos públicos en apoyo de las actividades y programas relacionados con la protección y promoción de los derechos de la infancia, particularmente en alimentación, atención a la salud, educación y vivienda.

Artículo 4. El Estado Mexicano, en el ejercicio de su responsabilidad protectora del interés superior de la infancia, deberá garantizar la observancia de los principios siguientes:

A. La no discriminación de infantes;

B. La prioridad que se les debe conceder a los infantes en el ejercicio de sus derechos en cualquier circunstancia;

C. La equidad de derechos y obligaciones entre todos los infantes;

D. El interés social porque todo infante se integre a la sociedad de manera armónica y con la conciencia de los valores del trabajo social, la paz, la tranquilidad y el respeto a los derechos de los demás;

E. La accesibilidad a la nacionalidad a fin de garantizar la adquisición de los valores históricos, culturales y cívicos que la conforman;

F. La accesibilidad que se les debe asegurar a los infantes a los servicios sociales que presta el Estado, y

G. El interés social porque todo infante alcance un nivel de desarrollo de ciudadanía que le permita seguir una formación integral y de calidad en las mismas condiciones de oportunidad que cualquier otro.

Artículo 5. El interés superior de la infancia es un criterio de interpretación y aplicación normativa, en cualquier circunstancia en la que esté involucrado algún infante y tiene el propósito de garantizar su desarrollo integral, desde su nacimiento, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos, garantías, prestaciones y servicios sociales que el Estado debe de asegurarle.

El interés superior de la infancia representa la obligación de toda autoridad y persona de subordinar cualquier derecho, interés o actividad al principio del desarrollo integral de los infantes, en los términos regulados en el presente Código, cuya observancia debe de garantizarse, en toda circunstancia social, así como en los procesos judiciales y administrativos, en el que estén comprometidos sus derechos.

Artículo 6. Para los efectos del presente Código, se entiende por desarrollo integral de los infantes, la posibilidad real de que cada uno de ellos tenga, en el seno de su familia, acceso efectivo a recibir una educación de calidad que le permita tener, en su momento, un trabajo digno y bien remunerado; a la atención de su salud; a los valores sociales que hacen posible una convivencia social armónica, pacífica, democrática y respetuosa del orden jurídico nacional; a la adopción, con orgullo, de la ciudadanía mexicana, basada en las raíces históricas, culturales y científicas de la Nación; a la cultura y a las bellas artes y, a la práctica del deporte que le permita desarrollar sus aptitudes físicas y de trabajo en equipo.

Artículo 7. El Gobierno Federal instrumentará un Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Infancia que incluya políticas, planes, programas, mecanismos, procedimientos y recursos que aseguren la salvaguarda efectiva de los derechos de los infantes.

Los estados, el Distrito Federal y los municipios, adoptarán las medidas necesarias a fin de contar con un sistema local de protección de los derechos de la infancia, observando las políticas y objetivos del Sistema Nacional, de conformidad con los objetivos consagrados en este Código.

Artículo 8. La familia, -la madre, el padre y los hijos-, es el núcleo social primario responsable del cuidado, atención, educación y protección de los infantes para su desarrollo integral.

Artículo 9. Es interés de la sociedad evitar la procreación y el matrimonio entre infantes, por lo que el padre, la madre, la familia, la escuela, y las autoridades desestimularán que asuman cualquier tipo de responsabilidad para las que carecen de elementos económicos, físicos y psicológicos suficientes para hacerles frente.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

CAPÍTULO I

DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Artículo 10. Es obligación de la familia, la comunidad, la sociedad y del Estado, en ese orden, garantizar la observancia y protección de los derechos de los infantes.

Artículo 11. Los infantes tienen derecho a la protección de su vida, a detentar una identidad, a conservar la salud, a recibir servicios de seguridad social, de atención y cuidado para los infantes de la primera edad, a la alimentación, a la educación, a la cultura, a practicar deportes, a la recreación y al juego; a la convivencia y al afecto familiar, a expresar sus opiniones, a vivir en un ambiente libre de contaminantes y, a los demás derechos que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, el presente Código y la legislación aplicable.

CAPÍTULO II

DEL DERECHO A LA IDENTIDAD

Artículo 12. El padre y la madre están obligados a inscribir a sus hijos, a partir del momento mismo del alumbramiento, en el Registro Civil de la localidad en que nazcan. Para tal efecto, las autoridades registrales deberán asegurar la prestación gratuita del servicio de registro de recién nacidos en los centros de salud, de cada localidad, expidiendo, sin costo alguno, las constancias correspondientes.

El incumplimiento o retraso, por más de 72 horas, de esta obligación hará acreedores a los padres infractores a las sanciones que determinen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Si por alguna razón los padres no pueden inscribir a su hijo en el Registro Civil, lo podrán hacer los abuelos maternos y paternos, en ese orden, justificando, por escrito, en todo caso, la ausencia de los padres.

Los menores expósitos serán inscritos por el agente del Ministerio Público de la localidad, dando parte de esta situación a la autoridad competente del Sistema Nacional de Protección de los Derechos del Infante.

Artículo 13. El padre y la madre están obligados, en todo caso, a concurrir a solicitar el trámite de registro de sus hijos. En caso de que uno de ellos incumpla con esta obligación, el compareciente deberá informar al Registro Civil el nombre del ausente, proporcionando la información necesaria para su identificación y ubicación.

El Registro Civil deberá informar de esta circunstancia al Ministerio Público de la localidad, a fin de que inicie las acciones penales que procedan.

El compareciente que se niegue a proporcionar la información sobre el padre o la madre ausente, será igualmente responsable, que este último, en los términos del párrafo anterior. Igual circunstancia aplicará cuando la información proporcionada sea falsa, incorrecta o insuficiente. En caso de afectación a derechos de tercero, éste tendrá acción para formular la denuncia correspondiente, en los términos previstos en el párrafo anterior.

Artículo 14. El reconocimiento de los hijos es una obligación de ambos padres y no una potestad de alguno de ellos, por lo que cada uno se hará acreedor a las sanciones administrativas y penales que dispongan las disposiciones legales y administrativas aplicables, en caso de falta de reconocimiento de un infante o de ocultar información sobre alguno de sus padres.

El padre que se niegue a reconocer a su hijo, se hará acreedor a una pena privativa de su libertad, al resarcimiento de los perjuicios causados declarados por el juez competente y al reconocimiento de su hijo.

Artículo 15. El registro del recién nacido deberá incluir su nombre y los apellidos paternos de ambos padres, así como la información sobre los domicilios de los padres y del que habitará el recién nacido, así como aquellos elementos que fije la ley de la materia.

Las autoridades registrales de la Federación, deberán coordinarse con las registrales de cada localidad, a fin de recabar una misma información y emitir un solo documento oficial de identidad del recién nacido, en los términos prescritos en la ley aplicable.

Artículo 16. Por ninguna razón deberá haber un infante sin inscripción tanto en el Registro Civil como en el Registro Nacional de Menores de Edad.

Artículo 17. Los infantes nacidos en el territorio nacional adquieren la nacionalidad mexicana, en los términos del artículo 30 A), fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley de la materia.

CAPÍTULO III

DEL DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 18. Todo infante tiene derecho a la protección de la salud, en los términos del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A fin de garantizar la vigencia de este derecho, las instituciones nacionales de seguridad social, prestarán servicios de atención a la salud, a todo mexicano menor de 18 años.

Artículo 19. El Sistema Nacional de Salud proporcionará, en los establecimientos médicos públicos y privados, en los términos de accesibilidad que corresponda, atención médica especializada a la madre y al producto, durante las etapas prenatal, natal y postnatal.

Artículo 20. Las autoridades federales, las estatales, las del Distrito Federal y las municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el acceso universal e igualitario a las acciones de promoción, prevención, rehabilitación y recuperación de la salud de los infantes.

A tal efecto están obligadas a:

A. Orientar a la madre sobre las medidas básicas de atención y prevención de enfermedades fisiológicas y psicológicas que requiere adoptar, a fin de asegurar la preservación de la salud de sus productos e hijos.

B. Instrumentar programas permanentes y gratuitos de vacunación;

C. Promover programas de lactancia materna;

D. Instrumentar programas permanentes de prevención de la discapacidad;

E. Prestar servicios de atención especializada para infantes con discapacidad física, mental o sensorial;

F. Promover programas de prevención de enfermedades que regular o extraordinariamente afecten a los infantes;

G. Brindar atención especializada a los infantes que padezcan alguna adicción a sustancias tóxicas y farmacéuticas.

H. Difundir programas en favor de una cultura de alimentación sana y nutritiva así como de aquéllos tendientes a evitar la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria para los infantes.

I. Promover la cultura de respeto y conservación del medio ambiente libre de contaminantes, como requisito de conservación de la salud.

CAPÍTULO IV

DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Artículo 21. El Estado –Federación, estados, Distrito Federal y municipios– en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas legales, administrativas y presupuestales necesarias a fin de promover la sana alimentación de las mujeres embarazadas y la adecuada nutrición de los infantes.

Artículo 22. El derecho de los infantes a recibir alimentos es irrenunciable. En consecuencia, ambos padres tienen la misma obligación de suministrar alimentos a sus hijos. El incumplimiento de esta obligación acarreará las sanciones civiles y penales que fijan las disposiciones legales aplicables. La madre, ni el padre están facultados para renunciar, a nombre de sus hijos, a recibir alimentos. La madre y el padre están obligados a exigir, ante las autoridades judiciales competentes, que el responsable alimentario que incumpla con su obligación de suministrar alimentos a sus hijos, las cumpla, con oportunidad y suficiencia, de acuerdo con las necesidades del menor y sus posibilidades.

Las autoridades de la Federación, de los estados y las del Distrito Federal adoptarán las medidas legales y administrativas necesarias a fin de garantizar el funcionamiento de mecanismos de persecución de deudores alimentarios incumplidos, fijando las medidas de apremio y sanciones necesarias a fin de evitar el incumplimiento de esta obligación.

Artículo 23. El Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los Infantes, ofrecerá gratuitamente, un servicio de orientación y apoyo a las madres de hijos que no reciben la pensión alimenticia que fija la ley e impulsará, ante las autoridades judiciales competentes y ante el Ministerio Público el cumplimiento coercitivo de esta obligación, a fin de evitar su incumplimiento.

Artículo 24. La ley sancionará con severidad a quien procree hijos, a sabiendas de su incapacidad de suministrarles alimentos hasta que éstos alcancen la mayoría de edad.

CAPÍTULO V

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y EL DEPORTE

Artículo 25. Los infantes tienen derecho a recibir educación y tener acceso a las instituciones del Sistema Educativo Nacional, en los términos de lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 26. El Estado está obligado a impartir educación en los niveles preescolar, primaria y secundaria.

Artículo 27. Toda institución pública o privada deberá ofrecer un porcentaje mínimo de becas parciales o totales que beneficien a miembros de sus comunidades vecinas.

Artículo 28. Es de interés público que todos los infantes tengan igual acceso y oportunidades a recibir educación, a practicar deporte y a tener acceso a la cultura, como vía de desarrollo y superación personal y social, de respeto a la comunidad y a los valores de la convivencia pacífica y armoniosa, como elementos centrales de identidad nacional, amor a la patria y respeto a los derechos de terceros.

La sociedad y sus organizaciones tienen acción pública para promover y excitar a las autoridades competentes a la realización de programas y acciones tendientes a dichos fines.

Artículo 29. Los responsables de instituciones educativas tendrán la obligación de brindar la atención y cuidado a los infantes durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones a su cargo.

Artículo 30. Las instituciones educativas deberán garantizar la prestación de servicios de orientación que eviten la práctica de conductas de violencia, acoso, agresividad y discriminación entre los miembros de su comunidad, estableciendo sanciones suficientes para inhibir este tipo de conductas, sin afectar los derechos de los infantes.

Artículo 31. Los infantes con discapacidad tienen derecho a recibir, del Estado, educación especial que les permita su integración a la actividad cultural, recreativa y productiva del país, en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de la sociedad.

Artículo 32. La autoridad perseguirá y sancionará cualquier conducta que implique actitudes o trato de discriminación hacia los infantes por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen étnico, posición económica, o social, estado de salud, discapacidad, filiación o cualquier otra circunstancia.

Artículo 33. Todo espacio educativo debe de estar dotado de la infraestructura necesaria para permitir su acceso, en términos de seguridad y respeto, a infantes con discapacidad motriz y visual.

Artículo 34. Las autoridades federales, las del Distrito Federal, las de los estados y de los municipios impulsarán el desarrollo de programas deportivos, culturales y de recreación para infantes de las diferentes edades, facilitando los espacios y recursos necesarios.

Artículo 35. Todo proceso educativo, deberá enfatizar la importancia de observar conductas de preservación del equilibrio ecológico y protección del ambiente, en relación con el agua, el suelo, el aire, el ruido y el paisaje, entre otras.

CAPÍTULO VI

DEL DERECHO A LA CONVIVENCIA FAMILIAR

Artículo 36. Los infantes tienen derecho a crecer en un ambiente familiar de concordia, afecto y armonía, propicio para el desarrollo y cultivo de sus aptitudes y de su integración a las actividades educativas, culturales, deportivas y productivas de la sociedad.

La convivencia a que se refiere el párrafo anterior requiere de la presencia permanente de los padres, en el domicilio, con sus hijos, sin distingos derivados de la edad, nivel cultural, educativo, profesional o económico de aquéllos.

Las autoridades judiciales velarán por el respeto de este derecho que corresponde por igual a los hijos, como a ambos padres, por lo que en casos de disolución familiar o por cualquier otra circunstancia, se deberá velar porque los hijos mantengan un contacto permanente, y de calidad con el padre y con la madre.

Artículo 37. La carencia de recursos económicos no será causa para declarar la pérdida, suspensión, limitación o terminación de la patria potestad, que ejercen los ascendientes, pero tampoco, dicha circunstancia exime del cumplimiento de sus obligaciones a los padres, en particular, de la alimentaria, que subsisten en todo caso.

Artículo 38. El Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los Infantes, ofrecerá servicios de orientación y apoyo psicológico, a padres e infantes que, por diversas circunstancias vivan separados, a fin de lograr restablecer las condiciones afectivas necesarias, para el desarrollo armónico de la familia y la tutela del interés superior del infante.

Artículo 39. El Estado tendrá la obligación de brindar a los niños que no tengan familia los servicios básicos que requieran para su desarrollo, proporcionándoles, en los casos que proceda, una ocupación remunerada compatible con sus estudios.

CAPÍTULO VII

DEL DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE LIBRE DE VIOLENCIA

Artículo 40. Los infantes tienen derecho a vivir en un ambiente libre de violencia y es obligación de la familia, del Estado y de la sociedad que esto se cumpla.

Artículo 41. Es obligación y responsabilidad del padre y de la madre que sus hijos se desarrollen en un ambiente familiar armónico y libre de cualquier tipo de violencia, en el cual se desarrollen de manera integral.

Artículo 42. Las instituciones educativas deberán garantizar la prestación de sus servicios en un ambiente donde se evite la práctica de conductas de violencia, acoso, agresividad y discriminación y se privilegie un ambiente de seguridad y armonía.

Artículo 43. Los fabricantes de juguetes darán preferencia a la producción de juguetes que tiendan a desarrollar las habilidades de los infantes evitando la producción de aquéllos que tengan por objeto propiciar juegos que promuevan la violencia.

Artículo 44. Los infantes tienen derecho a desarrollarse en un ambiente que no ponga en peligro su libertad, integridad y desarrollo psicosexual.

TÍTULO TERCERO

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS INFANTES

CAPÍTULO I

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PADRES

Artículo 45. La madre y el padre están obligados a asegurar la plena observancia y disfrute de los derechos de sus hijos

Artículo 46. La paternidad y la maternidad revisten una responsabilidad social que implica el respeto, la práctica y defensa de los derechos de sus hijos frente a terceros.

Artículo 47. La madre y el padre tienen la capacidad y representación legal para denunciar, de manera conjunta o separada, ante la autoridad competente, cualquier acción de un tercero: autoridad, particular, persona física o moral e incluso otro infante, la comisión de actos que impliquen la privación o el menoscabo de los derechos de sus hijos.

Artículo 48. Las autoridades, los ciudadanos y la sociedad en general, tienen acción y derecho para denunciar a cualquier madre, padre, tutor o un tercero que despliegue alguna conducta que pueda implicar la violación, o la restricción de los derechos de sus hijos.

Artículo 49. El ejercicio indebido, abusivo o mal intencionado de las acciones a que se refieren los dos artículos anteriores serán sancionados, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 50. La obligación primaria de la madre y del padre, frente a sus hijos consiste en la gestión inmediatamente después de su nacimiento, de su inscripción ante el Registro Civil, proporcionando de manera íntegra y veraz la información requerida por las disposiciones legales aplicables, para la debida integración de la Cédula de Identidad del Menor.

Artículo 51. La madre y el padre están igualmente obligados, con cada uno de sus hijos, a proveerlos de alimentos.

Esta obligación incluye, además de una alimentación suficiente, nutritiva y balanceada, apropiada para satisfacer sus necesidades de desarrollo físico, psicológico y social; asistencia médica permanente; vestido, vivienda, educación suficiente para la adquisición de una profesión o actividad económica y socialmente útil; recreación y, acceso a actividades sociales, culturales y deportivas, que aseguren su integración social de manera plena, productiva, armoniosa y pacífica.

Artículo 52. Sin perjuicio de la instrucción escolar que padre y madre deben asegurar a sus hijos, están obligados a proporcionarles una educación íntegra que les garantice una adecuada inserción en la comunidad, cultivando valores de respeto a la vida, a la sociedad, a la dignidad de las personas y a su patrimonio; el amor a la patria y la solidaridad con los demás miembros de su grupo, colectividad y Nación.

Deberán inculcarles el respeto por los elementos que conforman el medio ambiente, entre los que se encuentran el aire, el suelo, el agua, la flora y la fauna.

Artículo 53. La madre y el padre deberán adoptar medidas tendientes a fomentar la asistencia regular de sus hijos a la escuela y así reducir las tasas de deserción escolar.

Artículo 54. Padre y madre son responsables de procurar a sus hijos el acceso a los servicios básicos y, en su caso, especializados, de salud, incluyendo la toma periódica y completa de las vacunas recomendadas y suministradas por las instituciones públicas de salud.

El descuido, la negligencia o las acciones de los padres, sobre sus hijos, que den origen a la pérdida o menoscabo de su salud, serán castigados por las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 55. En los casos de que por enfermedad o discapacidad, los menores requieran de servicios especializados de salud, o de equipos y tratamientos especiales, padre y madre, están obligados a procurárselos, solicitando, en su caso, el apoyo, la asistencia y la orientación de las autoridades e instituciones del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 56. El padre y la madre tienen los mismos derechos y obligaciones de mantener una convivencia cotidiana con sus hijos, en la que deberán infundir en éstos los valores de una vida digna, plena, respetuosa y responsable, de todos los miembros de la familia, entre ellos y en su interacción con la sociedad, así como el respeto por las diversas expresiones étnicas, culturales y religiosas de las personas.

Artículo 57. Los ataques a la integridad física, sexual, laboral o psicológica, en contra de un infante serán severamente sancionados por las autoridades competentes.

En caso de que estas agresiones provengan de padres, familiares, educadores, profesores o de cualquier otra persona que, por cualquier título ejerza actividades que ameriten el depósito de la confianza en su intervención frente a los infantes, la conducta deberá considerarse alevosa y abusiva, por lo que deberá sancionarse con los agravantes que corresponda.

Artículo 58. Es obligación del padre y de la madre vigilar el uso que hacen los infantes de los medios de comunicación a su alcance como la Internet, las redes sociales y el teléfono celular a fin de prevenir e inhibir la posible comisión de conductas que afecten su desarrollo y su integridad.

Artículo 59. La educación, el comportamiento y la disciplina que se debe de exigir a un infante, cuya custodia o cuidado se tenga, no podrá ser motivo, ni justificación para imponerle sanciones que atenten contra sus derechos, su dignidad y su integridad física o psicológica.

Cualquier abuso o exceso, en la imposición de medidas disciplinarias deberá denunciarse ante las autoridades del Sistema Nacional de Protección a los Derechos de la Infancia, quienes realizarán todas las acciones necesarias para impedir que se exponga al infante a nuevos actos de abuso o exceso, en la imposición de sanciones.

Artículo 60. El hecho de que, por cualquier circunstancia el padre o la madre no residan en el mismo domicilio del o de los hijos, no es causal de pérdida o detrimento de los derechos de los hijos, ni de debilitamiento, o exención del cumplimiento de sus obligaciones, para con éstos.

La autoridad judicial deberá velar por la preservación íntegra de dichos derechos y obligaciones.

CAPÍTULO II

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS INFANTES

Artículo 61. Los infantes son responsables de hacer respetar sus derechos y de cumplir con las conductas que la familia, la sociedad y la Nación espera de ellos.

Artículo 62. Entre sus principales responsabilidades se encuentran las siguientes:

A. Respetar y obedecer a sus padres, así como las normas, costumbres y valores que aprenden de ellos y de las instituciones que imparten servicios educativos, para infantes;

B. Aprovechar los servicios educativos a que tengan acceso, alcanzando los progresos previstos en los programas educativos correspondientes;

C. Realizar las prácticas deportivas, artísticas y culturales a que tengan acceso, procurando obtener de ellas, el mayor provecho;

D. Observar un comportamiento de respeto al medio ambiente y sus elementos: aire, suelo, agua, flora y fauna.

E. Mantener una alimentación sana y balanceada que les evite desnutrición, sobrepeso u obesidad;

F. Respetar los valores aprendidos en su hogar y escuela, observando una conducta de respeto a la familia, a la escuela, a la comunidad y a la Nación;

G. Abstenerse de ejercer la violencia, o el acoso escolar, en cualquiera de sus manifestaciones;

H. Practicar la tolerancia, el respeto, la no discriminación y la no violencia en sus relaciones con otros infantes y con personas mayores;

I. Cuidar su salud, absteniéndose de cualquier práctica o hábito que atente en su contra;

J. Vivir libre de vicios y adicciones;

K. Cooperar y ayudar, en la medida de sus posibilidades, a otros infantes, a personas con discapacidad y a los adultos mayores, y

L. Las demás que establezcan este Código y otras disposiciones aplicables.

Artículo 63. La violencia ejercida por un infante, en cualquiera de sus manifestaciones será firmemente sancionada, por los padres, la escuela y demás autoridades que atestigüen, dicha conducta, y que tengan a su cargo su atención, educación, cuidado o custodia. En ningún caso, los correctivos a que se refiere este artículo podrán atentar contra la dignidad y derechos de los Infantes.

CAPÍTULO III

DE LA ADOPCIÓN

Artículo 64. A través de la adopción, un varón y una mujer reciben del Estado la responsabilidad de ejercer la custodia, cuidado y atención de un infante. La adopción obliga a los padres a proveer de los satisfactores necesarios para asegurarle al infante una vida digna, sana, afectiva, equilibrada, armoniosa y de goce incondicional de los derechos que consagra este Código.

A través de la adopción, los padres reciben la tutela y custodia del infante, en los mismos términos y sin distingo alguno que los padres biológicos, por lo que no habrá distinción alguna entre padres e hijos adoptivos y consanguíneos.

Artículo 65. Podrán adoptar un infante, aquellas parejas que acrediten tener una vida en común, con una antigüedad mínima de tres años, independientemente de la existencia o no de algún vínculo jurídico formal.

Los solicitantes de un infante en adopción deberán acreditar, a satisfacción de la autoridad responsable, llevar un modo honesto de vivir, llevar una vida equilibrada y armónica, disponer de la capacidad educativa, cultural, social y psicológica necesarias, para integrar a su vida en común, a un nuevo miembro, con la calidad jurídica plena de hijo y disponer de elementos suficientes para garantizarle el proveerle alimentos suficientes, hasta que el infante adquiera, a través de la educación institucional, una forma honesta de vida.

Artículo 66. Las autoridades del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Infancia establecerán, mediante reglas generales, los procedimientos y requisitos que deban reunir los solicitantes de un infante en adopción.

Artículo 67. Las autoridades del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Infancia, bajo su más estricta responsabilidad y permanente vigilancia podrán extender autorización, a organizaciones de la sociedad civil, para que contribuyan con ellas en el resguardo, cuidado y atención de infantes sin familia y sin hogar.

Artículo 68. Las autoridades del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Infancia podrán autorizar, bajo su responsabilidad y supervisión, que las organizaciones de la sociedad civil que tengan autorización para brindar resguardo, cuidado y atención a infantes sin familia y sin hogar, los puedan entregar en adopción, siempre y cuando se observen las mismas reglas y procedimientos previstos en este Código.

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias a fin de garantizar, que en las adopciones no se produzcan beneficios financieros indebidos para quienes participan en ellas.

Artículo 69. Las autorizaciones a que se refiere el presente Capítulo no podrán exceder de cinco años, serán renovables y cada renovación podrá comprender hasta períodos de un año adicional a la anterior, hasta llegar a un máximo de diez años.

Artículo 70. La tramitación de una adopción de un infante nunca podrá tardar más de doce meses, ni menos de seis.

Artículo 71. Los solicitantes de adopción de un infante, podrán reclamar, ante el juez de lo familiar, cualquier acto de los servidores públicos del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Infancia, que resulte contrario a las disposiciones contenidas en este Código y reclamar el respeto a sus derechos como solicitantes, así como de los del menor que pretendan adoptar, aun y cuando éste no esté identificado individualmente.

Artículo 72. El juez de lo familiar que conozca de los procedimientos de adopción de un infante, deberá adoptar las medidas que considere necesarias para preservar la prioridad del respeto al interés superior del infante, así como del respeto a las reglas de adopción que establece este Código y las de otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 73. El infante adoptado y sus padres, adquieren los mismos derechos y obligaciones que la ley fija para padres e hijos consanguíneos.

Cualquier acto de diferenciación o discriminación que afecte a un infante adoptado o a sus padres será severamente sancionado, por la autoridad judicial.

Artículo 74. Todo proceso de adopción de un infante deberá culminar y ser sancionado, de manera expedita por el juez de lo familiar competente en la jurisdicción de que se trate.

Artículo 75. Cualquier acto que busque producir la adopción de un infante diverso al regulado por este Código, será sancionado como una conducta equiparable a la sustracción de menores, o al tráfico de menores, dependiendo de la valoración que el juez de lo penal haga en cada caso en particular.

Artículo 76. La adopción y su procedimiento se regirán en lo no previsto por las disposiciones de este Código, por las contenidas en el Códigos Federales Civil y de Procedimientos Civiles.

Artículo 77. La adopción internacional es la efectuada por extranjeros residentes en otro país, para incorporar a un infante mexicano a una familia extranjera.

La adopción internacional se regirá por los tratados internacionales que el Estado Mexicano ha ratificado en la materia.

La adopción por extranjeros con residencia permanente en el país se sujetará a las disposiciones que rigen la adopción por nacionales.

Artículo 78. La adopción internacional se otorgará en forma subsidiaria a la adopción nacional. Se dará prioridad a la adopción por nacionales o extranjeros con residencia permanente en el país, respecto de extranjeros con residencia fuera del país.

CAPÍTULO IV

DEL TRABAJO DE INFANTES

Artículo 79. Es de interés social que los infantes no tengan la necesidad de prestar servicios personales subordinados, por ninguna razón, ni circunstancia, mientras no adquieran la formación escolar suficiente y necesaria para ejercer una actividad profesional, técnica o administrativa que les permita la autosuficiencia económica y brindarse a sí mismos una vida digna.

Es obligación del padre y de la madre de contribuir, en igualdad de condiciones, al acceso de sus hijos a los servicios educativos necesarios para alcanzar los objetivos previstos en el párrafo anterior.

Artículo 80. En los casos de excepción, en los que no sea posible alcanzar los objetivos previstos en el artículo anterior, los patrones de infantes, deberán asegurar la plena vigencia de las medidas protectoras del trabajo de menores previstos en la Ley Federal del Trabajo.

El trabajo de menores deberá ser sujeto, además de medidas especiales que eviten el poner en riesgo su salud, su capacidad física y psicológica, su dignidad, su moral y sus valores a ofrecer, al menor, la posibilidad de que pueda continuar sus estudios, hasta que adquiera el nivel suficiente que le permita adquirir una profesión u oficio, que le garantice la autosuficiencia.

Los infantes no podrán trabajar después de las ocho de la noche y antes de las siete de la mañana.

Artículo 81. Padre y madre son responsables de evitar que sus hijos presten servicios personales subordinados, a través del aseguramiento de la satisfacción de sus necesidades alimentarias.

Sólo en casos de excepción, los padres podrán autorizar el trabajo de sus hijos, en cuyo caso, deberán extender al patrón autorización por escrito para que su hijo realice una actividad productiva, refiriendo a detalle las actividades que autorice realizar, con la precisión de días y horarios de labores.

Artículo 82. Quien contrate los servicios de infantes deberá recabar la autorización por escrito de ambos padres, conservar en archivos dicha autorización, junto con la carta de oferta de trabajo, en la que se especifiquen las actividades que se requiere que el infante desarrolle, precisando, horarios y días de actividades, monto de la remuneración, datos de factura, incluyendo quien se hará responsable del pago de los impuestos que dichas actividades generen.

Esta documentación deberá conservarla el patrón, hasta durante un año después de que el infante adquiera la mayoría de edad, a fin de que éste la pueda consultar, en cualquier momento y sin que se le requiera reunir ningún requisito, además de la acreditación de su identidad.

Artículo 83. Quien contrate los servicios laborales de un menor, sin asegurarle las medidas protectoras al trabajo, sin las prestaciones sociales que exige la ley o que infrinja, de cualquier forma los derechos laborales del infante recibirá una sanción doblemente agravada de la que prevé la ley aplicable.

Artículo 84. Queda prohibido el enrolamiento de infantes en actividades laborales, sin remuneración, arguyendo que éstos reciben a cambio propinas y gratificaciones directas de terceras personas. Todo enrolamiento de un infante, en actividades, que puedan ser consideradas como laborales, tendrán que estar amparadas por un contrato suscrito por el padre, la madre o el tutor del infante, asegurando el mínimo de prestaciones que exige la ley aplicable.

Artículo 85. Quien haya realizado alguna actividad personal subordinada, mediante el pago de una remuneración, durante su minoría de edad, tiene derecho a requerir a su antiguo patrón y hasta después de un año en que haya adquirido la mayoría de edad, la documentación que sustente el tipo de actividad para la que fue contratada y copia de las constancias de pago que sus padres hayan recibido, como producto de su trabajo.

Quien se ubique en la hipótesis prevista en el párrafo anterior, podrá exigir, ante el juez de lo familiar, que sus padres le rindan cuentas del destino dado a los recursos que haya generado, durante el tiempo en que prestó servicios subordinados autorizados por sus padres, reclamando el reembolso de las cantidades que no haya recibido y que no su hubieran destinado a la satisfacción de sus necesidades que no estuvieran comprendidas, estrictamente en las que comprende la obligación alimentaria, a cargo de los padres y a criterio del juez de la causa.

Artículo 86. La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en sus respectivas competencias, vigilarán que los infantes trabajadores no sean explotados económicamente y que no desempeñen ningún trabajo que pueda dañar su salud física o mental, como pueden ser los que se realizan en el campo, en las minas y en la industria en general, o que se les impida acceder a la educación obligatoria.

Artículo 87. En materia de protección de los infantes trabajadores se estará a lo dispuesto por los Tratados Internacionales ratificados por México, por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley Federal del Trabajo y por las demás disposiciones aplicables.

Artículo 88. Los infantes trabajadores tendrán, además de las consagradas en este capítulo, las mismas garantías otorgadas a los mayores de edad.

Artículo 89. La persona que tenga conocimiento de la participación de un infante en la realización de trabajos peligrosos deberá hacer la denuncia ante la autoridad correspondiente.

TÍTULO CUARTO

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA SOCIEDAD, FRENTE A LOS INFANTES

CAPÍTULO I

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES

Artículo 90. Los responsables de instituciones educativas, deportivas y culturales, que presten servicios a infantes, deberán garantizar que su personal que les preste atención directa, sea en actividades sustantivas o administrativas, cuenten con la formación profesional que los acredite estar en aptitud de cumplir con sus funciones, atendiendo a las especialidades que se requieran en atención a la edad, alimentación, conocimientos, habilidades, salud y otras especificidades de los infantes bajo su cuidado.

Artículo 91. Los responsables de instituciones educativas, deportivas y culturales deberán abstenerse de discriminar o negar sus servicios a cualquier infante, en razón de las condiciones de sexo, edad, estado de salud, discapacidad, condición social, raza, etnia, color, o cualquier otra que no esté objetivamente justificada, en razón de la naturaleza y condiciones de sus servicios.

Artículo 92. Las autoridades del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Infancia podrán recibir de padres y tutores quejas y denuncias, en contra de instituciones educativas, deportivas y culturales que nieguen injustificadamente sus servicios a sus hijos y pupilos o que, con motivo de ellos, hayan ignorado el interés superior de la infancia o violentado sus derechos.

En caso de encontrar fundada la queja o denuncia, el Sistema Nacional de Protección a los Derechos de la Infancia realizará las acciones jurídicas necesarias, ante las autoridades judiciales y administrativas competentes, a fin de asegurar el restablecimiento o restitución del derecho agraviado.

Artículo 93. Los responsables de instituciones educativas, deportivas y culturales están obligados a impartir, por lo menos una vez al año, programas de capacitación y actualización para su personal, en las materias objeto de sus servicios, así como de respeto y protección a los derechos de los infantes.

Artículo 94. Los responsables de instituciones educativas, deportivas y culturales están obligados a informar a padres y tutores sobre cualquier actividad o evento del infante que pueda poner en riesgo sus derechos, o que represente el incumplimiento de alguna responsabilidad del infante.

La responsabilidad de imponer correctivos y sanciones al infante infractor, corresponde, en primera instancia a los padres y tutores.

Artículo 95. Las instituciones educativas deportivas y culturales serán responsables de incluir en sus programas educativos, materias, actividades e información, dirigida a los infantes, tendientes a hacerlos conocer el valor y alcance del interés superior de la infancia, así como de sus derechos y responsabilidades incluyendo, en todo caso, la difusión de los principios y valores consagrados en los artículos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPÍTULO II

DE LOS FABRICANTES DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y JUGUETES

Artículo 96. Los empaques de alimentos y bebidas deberán contener información sobre el valor nutrimental, calórico y en grasas señalando específicamente la edad recomendada del consumidor.

Artículo 97. Los alimentos y bebidas que no sean recomendables para infantes, deberán ostentar, en sus empaques una leyenda resaltada previniendo los riesgos que su consumo puede representar para un infante o, en su caso, que su venta a los infantes está prohibida.

Artículo 98. En caso de que alguna persona sea sorprendida vendiendo o distribuyendo un producto de los que se refieren en el artículo anterior, se hará merecedora de una multa de entre 100 a 600 días de salario mínimo diario en el Distrito Federal, que podrá hacer efectivo el Sistema Nacional de Protección a los Derechos de la Infancia, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En caso de reincidencia, el Sistema podrá solicitar a la Procuraduría Federal de Defensa al Consumidor, la clausura temporal o definitiva del establecimiento infractor.

Artículo 99. Los fabricantes de juguetes deberán evitar producir aquéllos que tengan por objetivo propiciar juegos que promuevan la violencia y que sean réplicas de pistolas, metralletas y, en general, cualquier imitación de armas de fuego.

CAPÍTULO III

DE LAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

Artículo 100. Las radiodifusoras, televisoras y medios impresos, como medios de comunicación masivos, tienen la obligación de asumir la responsabilidad social de velar por la protección de los derechos de los infantes, concretamente en los ámbitos educativos, culturales y deportivos; para tal efecto en su programación deben de tener presente la salvaguarda a que hace referencia el artículo 6.

Artículo 101. Las radiodifusoras, televisoras y medios impresos tienen la obligación de garantizar la difusión de la versión más pura del idioma castellano, y en su caso, de la difusión y respeto de las lenguas indígenas cuando las usen y prever espacios para infantes con discapacidades visuales y auditivas.

Artículo 102. Las autoridades federales, en especial las secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Comunicaciones y Transportes, las estatales y las del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán vigilar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con lo siguiente:

A. Que el contenido de la información y los materiales que difundan contribuya a orientar a los infantes en el conocimiento y ejercicio de sus derechos.

B. Que eviten transmitir programas de contenido perjudicial que puedan afectar la vida, la salud, la tranquilidad y el sano desenvolvimiento de los infantes, tales como aquéllos que promuevan el uso de la violencia, la comisión de delitos o el consumo de sustancias enervantes.

C. Que fomenten la difusión de programas en los que se practique la tolerancia, la no discriminación de ninguna clase y se exalten los valores.

D. Que eviten transmitir programas en donde se tergiverse el uso correcto del idioma, así como la utilización de palabras altisonantes.

E. Que no se denigre la dignidad del infante, en la realización de concursos diversos.

F. Que en las transmisiones de hechos delictivos en los que aparezca un infante como autor, partícipe o testigo de los mismos, no se le podrá entrevistar, ni dar su nombre, ni divulgar datos que lo identifiquen. Esto se hará extensivo en el caso de que el infante sea la víctima, salvo que sea indispensable para llevar a cabo alguna diligencia.

G. Que los medios de comunicación impresa privilegien la publicación de contenidos educativos que inhiban el uso de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Artículo 103. Los medios de comunicación masiva tendrán una participación comprometida en el fortalecimiento de la conciencia ecológica de los infantes, a través de la transmisión de programas y difusión de materiales que promuevan una cultura de respeto al cuidado y preservación del ambiente.

TÍTULO QUINTO

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL ESTADO

CAPÍTULO I

DE LAS AUTORIDADES

Artículo 104. Las instituciones que la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios establezcan o que ya existan, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con el personal capacitado y serán instancias especializadas con funciones de autoridad para la efectiva protección y el debido cumplimiento de los derechos de los infantes.

CAPÍTULO II

DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y CUIDADO PARA LOS INFANTES DE LA PRIMERA EDAD

Artículo 105. Los niños en edad no escolar tienen el derecho de disfrutar del servicio de atención y cuidado para los infantes de la primera edad. A la satisfacción de este derecho debe contribuir en primer lugar el Estado, y de manera subsidiaria y complementaria otras instituciones sociales sin afán de lucro.

Artículo 106. Las autoridades de los distintos niveles de gobierno, impulsarán la prestación de servicios de atención y cuidado para los infantes de la primera edad a los padres o tutores responsables de sus hijos que trabajen.

Artículo 107. Las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y de los municipios con base en la normatividad aplicable, deberán establecer los requisitos necesarios para la prestación de los servicios de atención y cuidado para los infantes de la primera edad, verificando en todo momento que cuenten con la infraestructura, las instalaciones, el mobiliario adecuado, el personal capacitado y las medidas de protección civil.

Artículo 108. Los servicios que prestan los centros de atención y cuidado para los infantes de la primera edad son de carácter multidisciplinario, por lo que deberán operar con un programa de actividades aprobado por la autoridad competente.

Artículo 109. Los servicios de atención y cuidado para los infantes de la primera edad deberán ser prestados por personal especializado y certificado por el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Infancia.

Artículo 110. Los centros de atención y cuidado para los infantes de la primera edad deberán ofrecer una alimentación sana, equilibrada y acorde a la edad de los infantes.

Artículo 111. Los centros de atención y cuidado para los infantes de la primera edad proporcionarán un adecuado servicio a los infantes, cuidando en todo momento el respeto de sus derechos fundamentales sobre todo en lo relativo a la salud, alimentación, seguridad, protección y recreación.

CAPÍTULO III

EN MATERIA DE IDENTIDAD

Artículo 112. La Secretaría de Gobernación, por sí o por la instancia que determine, será la responsable de que todo infante, desde su nacimiento sea inscrito en el Registro Civil, así como en el Registro Nacional de Menores, a efecto de que acredite identidad.

Artículo 113. El Estado debe ofrecer los servicios de expedición de actas de nacimientos y cédulas de identificación en las instituciones y establecimientos del Sistema Nacional de Salud.

CAPÍTULO IV

EN MATERIA DE SALUD

Artículo 114. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones a efecto de salvaguardar la salud de los infantes y lograr:

A. Asegurarles asistencia médica y sanitaria, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud.

B. Difundir los principios básicos de la salud y la nutrición.

C. Atender de manera especial las enfermedades endémicas, epidémicas, de transmisión sexual, impulsando programas de prevención e información sobre ellas.

D. Realizar campañas tendientes a prevenir embarazos tempranos.

E. Fomentar los programas de vacunación.

F. Establecer medidas que detecten los casos en que los infantes puedan estar sufriendo violencia familiar y dar parte a las autoridades competentes, así como prestar ayuda especial en estos casos.

G. Establecer programas especiales de salud para infantes con discapacidad a fin de que reciban la atención apropiada a su condición.

H. Realizar campañas de orientación contra el consumo de drogas, estupefacientes o uso de tecnologías que les genere estado de dependencia o adicción.

CAPÍTULO V

EN MATERIA DE EDUCACIÓN

Artículo 115. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones a efecto de proporcionar a los infantes educación tendiente a lograr su desarrollo integral, para ello promoverán las medidas necesarias para:

A. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del infante hasta el máximo de sus posibilidades.

B. Garantizar el acceso a escuelas con todos los servicios.

C. Fortalecer la infraestructura tecnológica de las escuelas públicas.

D. Propiciar la integración de los infantes con discapacidad a planteles de educación básica.

E. Evitar la discriminación de los infantes en materia de oportunidades, por razones culturales, económicas o de cualquier índole.

F. Hacer que todos los infantes dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y tengan acceso a ellas.

G. Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

H. Velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del infante.

I. Reconocer el derecho de los infantes al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad.

CAPÍTULO VI

EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Artículo 116. Las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas tendientes a garantizar el equilibrio ecológico.

Artículo 117. El Estado y la sociedad tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la preservación de un ambiente libre de contaminantes, en el que los infantes logren su desarrollo integral.

Artículo 118. Las autoridades educativas competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, que fomenten la preservación, restauración, conservación y protección del ambiente.

Artículo 119. Las autoridades competentes propiciarán la participación comprometida de los medios de comunicación masiva en el fortalecimiento de la conciencia ecológica, y la socialización de proyectos de desarrollo sustentable.

Artículo 120. Las autoridades competentes llevarán a cabo campañas dirigidas a los infantes, tendientes a prevenir el deterioro de los elementos del medio ambiente: agua, aire, suelo, flora y fauna, así como de los efectos nocivos que puede producir el ruido a altas frecuencias.

CAPÍTULO VII

EN MATERIA DE ALIMENTOS

Artículo 121. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prever los procedimientos y asistencia jurídica necesaria para asegurar que, padres, tutores y responsables de los infantes cumplan con su deber de proporcionarles alimentos.

Las autoridades deberán garantizar mecanismos efectivos de exigibilidad y cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Artículo 122. Para los efectos de este Código la alimentación de un infante comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, recreación, educación o instrucción, y en general, todo lo que es necesario para su desarrollo integral. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.

Artículo 123. Las autoridades deberán asegurar alimentos a los infantes que se encuentren en proceso de protección y restablecimiento de sus derechos.

CAPÍTULO VIII

DEL REGISTRO PÚBLICO NACIONAL DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

Artículo 124. Se crea el Registro Público Nacional de Deudores Alimentarios Morosos a cargo del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los Infantes, cuyo objeto es inscribir y difundir la información de padres, madres, tutores y otros obligados, que incumplan, de alguna manera, con sus obligaciones de suministrar alimentos a sus hijos, en los términos del artículo 45.

Artículo 125. El Registro para el cumplimiento de su objeto tendrá las siguientes facultades:

A. Acatar las resoluciones judiciales que ordenen la inscripción y la exclusión de deudores alimentarios;

B. Recibir, procesar y dar de alta la información que reciba de las autoridades competentes respecto de los responsables de proporcionar alimentos a los infantes;

C. Expedir las constancias de deudores morosos, así como las relativas cuando éstos dejen de estar en ese supuesto, y

D. Poner a disposición del público en general, la relación de los nombres de los responsables alimentarios que incumplan con sus obligaciones siempre y cuando lo soliciten conforme a lo previsto por la normatividad.

Artículo 126. La difusión de los datos de deudores alimentarios incumplidos no constituye una violación a los derechos de protección de datos personales que regula la ley de la materia.

Artículo 127. El Registro se retroalimentará de la información que le proporcionen el Registro Civil de cada estado de la República y del Distrito Federal.

Artículo 128. El juez de la causa, en los procesos judiciales en los que se exija el cumplimiento de la obligación alimentaria, deberá asegurarse de recabar, ante los registros públicos a su alcance, todos los datos que permitan la cabal identificación del o los obligados alimentarios.

Artículo 129. En todo juicio de alimentos, el juez de la causa dará vista al Ministerio Público, a fin de solicitar el libramiento de las órdenes de localización y presentación del deudor alimentario, así como el ejercicio de las acciones penales que, en cada caso procedan.

CAPÍTULO IX

EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS INFANTES

Artículo 130. El Estado- Federación, estados, Distrito Federal y municipios-en el ámbito de sus respectivas competencias adoptarán las medidas necesarias, a fin de proteger a los infantes contra la trata de personas, la vinculación y el reclutamiento en grupos armados al margen de la ley.

Artículo 131. Las autoridades deberán asegurar que los infantes no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad.

Artículo 132. Las autoridades deberán garantizar la asignación de los recursos presupuestales necesarios para el cumplimiento de las acciones tendientes a proteger a los infantes contra cualquier forma de explotación.

Artículo 133. Las autoridades deberán investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales los infantes son víctimas, garantizar la reparación del daño y el restablecimiento de sus derechos vulnerados.

Artículo 134. Las autoridades realizarán campañas donde se prevenga a los infantes contra posibles abusos sexuales.

Aquella persona que abuse sexualmente de un infante será sancionado en los términos previstos en el Código Penal.

Artículo 135. Las autoridades promoverán estrategias de comunicación educativa para transformar los patrones culturales que toleran el trabajo infantil y resaltar el valor de la educación como proceso fundamental para el desarrollo de la infancia.

TÍTULO SEXTO

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA LOS INFANTES

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA DEFENSA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INFANTES

Artículo 136. El Estado, deberá garantizar los derechos de los infantes que hayan infringido la ley penal vigilando que sean tratados con respeto y dignidad.

Artículo 137. La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y adoptarán las medidas administrativas necesarias para garantizar un Sistema Integral de Justicia para los infantes.

Artículo 138. Los servidores públicos que tengan acceso al expediente donde conste la averiguación judicial o el proceso de un infante, estará obligado a no divulgar ningún dato que obre en los mismos.

Artículo 139. Las normas establecerán las bases para asegurar a los infantes lo siguiente:

A) Que no sean privados de su libertad de manera ilegal o arbitraria;

B) Que sean considerados inocentes, hasta en tanto no se pruebe que son culpables conforme a la ley;

C) Que cuenten con asistencia gratuita de un intérprete en caso de que no comprendan o no hablen el idioma o lengua utilizado;

D) Que no sean sometidos a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes;

E) Que se establezcan Ministerios Públicos y Jueces Especializados;

F) Que no sean obligados a prestar testimonio o declararse culpables;

G) Que se establezcan Defensores de Oficio Especializados;

H) Que se brinde orientación, supervisión, asesoramiento, libertad vigilada, colocación de hogares de guarda, programas de enseñanza y formación profesional, así como otras alternativas antes de la internación, tomando en cuenta el tipo de infracción;

I) Que sólo cuando se haya comprobado de manera fehaciente que se infringió gravemente la ley penal se aplique la privación de la libertad, durante el periodo más breve posible, atendiendo el interés superior de la infancia;

J) Que el tratamiento o internamiento de los infantes, cuando hayan infringido la ley penal se lleve a cabo en lugares especiales, distintos a los de los adultos;

K) Que a quienes se prive legalmente de su libertad tengan derecho a mantener contacto y convivencia constante con su familia, salvo cuando el interés superior de la infancia lo impida;

L) Que se promuevan acciones de reintegración o adaptación social;

M) Los infantes en situación de calle o de abandono no podrán ser privados de su libertad, por ese hecho, y

N) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los infantes no tienen capacidad para infringir las leyes penales.

Artículo 140. Los procedimientos seguidos a un infante que presuntamente haya infringido la ley penal, deberán respetar las garantías procesales establecidas en la Constitución, especialmente las siguientes:

A) De presunción de inocencia;

B) Reconocimiento expreso de todos sus derechos y garantías;

C) De celeridad y flexibilidad procesal, pudiendo establecer procedimientos orales y sumarios para aquéllos que se encuentren privados de su libertad;

D) De defensa, asegurándole un defensor de oficio en caso de que su padre, tutor o represente legal no le haya designado uno, así como el que esté presente en todas las diligencias judiciales que se realicen para ser oído, y

E) De no ser obligado al careo judicial o ministerial.

Artículo 141. En los infantes que hayan infringido la ley penal se fomentará como medidas sancionatorias la reparación del daño y los servicios a favor de la comunidad.

Artículo 142. Se deberán adoptar las medidas pertinentes para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de aquellos infantes que hayan sido privados de su libertad.

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS INFANTES

CAPÍTULO I

DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Sección Primera

Denominación, Objeto, Domicilio y Patrimonio

Artículo 143. Se crea el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Infancia, en adelante el Sistema, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio y propio, encargado de articular el desarrollo de políticas, programas y acciones que garanticen los derechos de la infancia y de promover la participación social, en esta función.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Sistema gozará de autonomía técnica y de gestión.

Artículo 144. El Sistema tiene como objeto vigilar y garantizar el estricto cumplimiento del presente Código atendiendo el interés superior de la infancia.

Artículo 145. El domicilio del Sistema será la Ciudad de México, Distrito Federal y podrá establecer delegaciones y oficinas en otros lugares de la República Mexicana.

Artículo 146. El patrimonio del Sistema se integrará con:

I. Parte de los bienes, inmuebles y derechos que actualmente posee el DIF que, el Ejecutivo Federal determine, mediante Acuerdo;

II. Los recursos presupuestales que anualmente le asigne la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación;

III. Los bienes que adquiera por cualquier otro título lícito;

IV. Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que las dependencias y entidades de la administración pública le otorguen, y

V. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de instituciones públicas y de personas físicas y morales.

Sección Segunda

De las Atribuciones

Artículo 147. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar y asegurar el desarrollo integral de los infantes, velando por la protección de sus derechos, entre los que se encuentran: tener una identidad, seguridad social, gozar de buena salud, una alimentación nutritiva, educación, acceso a servicios de atención y cuidado para los infantes de la primera edad, a la cultura y a actividades deportivas;

II. Fomentar la organización y capacitación de grupos de promotores sociales voluntarios y coordinar sus acciones, para una participación organizada, tanto en los programas del Sistema como en otros afines;

III. Regular, promover y vigilar los procesos de adopción de menores que se encuentren bajo su tutela o la de terceros, en los términos de las disposiciones aplicables;

IV. Autorizar a organizaciones de la sociedad civil, para que contribuyan en el resguardo, cuidado y atención de infantes sin familia y sin hogar;

V. Recibir de padres y tutores quejas y denuncias, en contra de instituciones educativas, deportivas y culturales que nieguen injustificadamente sus servicios a sus hijos o pupilos;

VI. Prestar servicios asistenciales para los infantes en situación de abandono y de vulnerabilidad y canalizarlos ante las instancias competentes para que les brinden la ayuda necesaria;

VII. Llevar un Registro Nacional de Centros que presten Servicios de Atención y Cuidado para los Infantes de la Primera Edad;

VIII. Certificar al personal que labore en los Centros que presten Servicios de Atención y Cuidado para los Infantes de la Primera Edad;

IX. Vigilar que los infantes con discapacidad, sean tratados con las consideraciones necesarias sin discriminación alguna;

X. Implementar el Registro Público Nacional de Deudores Alimentarios Morosos;

XI. Emprender todas aquellas acciones sociales de difusión pública judicial y administrativa que correspondan, a fin de garantizar que todos los responsables alimentarios cumplan su obligación de proveer alimentos a sus acreedores;

XII. Auxiliar a las autoridades competentes a efecto de garantizar el funcionamiento de mecanismos de persecución de deudores alimentarios incumplidos;

XIII. Apoyar a las autoridades competentes en la implementación de acciones tendientes a vigilar que los alimentos y bebidas que se expenden en las instituciones educativas, cumplan con los requisitos de valor nutrimental aprobado por la normatividad aplicables;

XIV. Coordinarse con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para la debida aplicación de los programas de atención a la infancia y la adolescencia;

XV. Prestar de forma organizada y permanente servicios de asistencia jurídica a los infantes y a sus familias, en relación a sus derechos;

XVI. Poner a disposición del Ministerio Público, los elementos a su alcance para la protección de los derechos de los infantes;

XVII. Hacer efectivas, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las multas que se les impongan a los fabricantes y distribuidores de bebidas, alimentos y juguetes que no cumplan con lo previsto en este Código;

XVIII. Supervisar y evaluar la actividad y los servicios que presten las instituciones de asistencia social pública y privada, conforme a lo que establece el presente ordenamiento;

XIX. Organizar el funcionamiento de la Defensoría de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia;

XX. Organizar el Servicio Nacional de Información sobre la Infancia;

XXI. Garantizar la protección de los datos personales de los infantes que posea, en los términos previstos por la ley de la materia;

XXII. Realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia de derechos y garantías de los infantes;

XXIII. Prestar apoyo, colaboración técnica y administrativa en materia de derechos de los infantes, a las distintas entidades federativas, al Distrito Federal y a los municipios;

XXIV. Actuar en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales o municipales, de acuerdo con la competencia y atribuciones legales que éstas tengan en el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la realización de acciones;

XXV. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la representación del Gobierno Federal para la ejecución y difusión de programas en materia de derechos de los infantes ante organismos internacionales y multilaterales;

XXVI. Favorecer la transparencia y rendición de cuentas de sus actuaciones, en los términos previstos por la ley de la materia, y

XXVII. Las demás establecidas en el Código, en su Estatuto Orgánico y demás disposiciones aplicables.

Sección Tercera

De los Órganos de Administración

Artículo 148. La Administración del Sistema estará a cargo de:

I. La Junta de Gobierno, y

II. El Director General

Artículo 149. La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del Sistema, estará integrada por:

I. El titular de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá;

II. El titular de la Secretaría de Educación Pública;

III. El titular de la Secretaría de Salud;

IV: El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

V. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social;

VI. El titular de la Procuraduría General de la República;

VII. El Director General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

VIII. El Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

IX. El Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

X. El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, y

XI. El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Los miembros titulares deberán designar a sus respectivos suplentes quienes deberán tener el nivel jerárquico inmediato.

La Junta de Gobierno tendrá un Secretario Técnico y un Prosecretario, quienes serán los responsables de preparar lo necesario para sus sesiones, integrar las carpetas básicas y dar seguimiento a los acuerdos. La Junta de Gobierno podrá tener invitados con derecho a voz, pero sin voto.

Artículo 150. La Junta de Gobierno tendrá, además de aquéllas que establece el artículo 58 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones:

I. Aprobar el Estatuto Orgánico del Sistema, con base en la propuesta que presente el Director General;

II. Establecer las políticas generales para la conducción del Sistema en apego al presente Código, al Estatuto Orgánico, a los programas de atención a la infancia y a los demás instrumentos administrativos que regulen su funcionamiento;

III. Aprobar el proyecto de presupuesto que someta a su consideración el Director General y conocer los informes sobre el ejercicio del mismo, así como los planes de labores e informes de actividades;

IV. Estudiar y aprobar los proyectos de inversión;

V. Conocer y aprobar los acuerdos de Coordinación que hayan de celebrarse con dependencias y entidades públicas federales, estatales y del Distrito Federal;

VI. Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los servidores públicos del Sistema que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél;

VII. Acordar, con base en los lineamientos y prioridades que establezca el Ejecutivo Federal, la realización de las operaciones inherentes al objeto del Sistema con sujeción a las disposiciones aplicables y delegar discrecionalmente facultades en el Director General, salvo aquéllas que sean indelegables de acuerdo a la legislación aplicable, conforme a lo establecido en este artículo;

VIII. Autorizar y promover acciones coordinadas con otras autoridades nacionales e internacionales, así como con los sectores social y privado del país;

IX. Difundir la información acerca de los trabajos que realiza el Sistema y del impacto que éstos tienen en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia;

X. Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones que emitan tanto el Órgano de Vigilancia como el Órgano Interno de Control y

XI. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos.

Artículo 151. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la presencia de más de la mitad de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentre su Presidente.

Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno serán ordinarias y extraordinarias; las ordinarias se llevarán a cabo por lo menos cada tres meses, y las extraordinarias se celebrarán cuando lo convoque el Presidente.

Artículo 152. El Director General será designado y removido por el Presidente de la República, de entre personas con formación y experiencia compatible con las atribuciones del Sistema.

Artículo 153. Durante su encargo el Director General no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, que sea remunerado, con excepción de los de carácter docente y científico.

Artículo 154. El Director General durará en su cargo cuatro años, y podrá ser ratificado hasta por un periodo igual.

Artículo 155. El Director General tendrá, además de aquéllas que establece el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes facultades:

I. Ejercer la representación legal del Sistema, así como delegarla cuando no exista prohibición expresa para ello, informando a la Junta de Gobierno sobre el ejercicio que haga de esta facultad;

II. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del Sistema, con sujeción a las disposiciones aplicables;

III. Formular los programas de corto, mediano y largo plazo, los presupuestos y las políticas

Institucionales; establecer los procedimientos generales e informes de actividades y estados financieros anuales del Sistema, presentándolos para su aprobación a la Junta de Gobierno;

IV. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno el informe anual de actividades y el informe sobre el ejercicio presupuestal;

V. Celebrar convenios, acuerdos, contratos y ejecutar los actos jurídicos que sean indispensable para el cumplimiento del objetivo del Sistema;

VI. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones de la Junta de Gobierno, así como supervisar su cumplimiento por parte de las unidades administrativas competentes del Sistema;

VII. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el proyecto de Estatuto Orgánico;

VIII. Proponer a la Junta de Gobierno la designación y remoción de los servidores públicos que ocupen los dos niveles jerárquicos inferiores inmediatos a éste;

IX. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la Junta de Gobierno;

X. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de las atribuciones del Sistema, de conformidad con las normas aplicables y el consentimiento general de la Junta de Gobierno;

XI. Proponer a la Junta de Gobierno el tabulador salarial del Instituto;

XII. Llevar a cabo las acciones correspondientes para garantizar la protección de los datos personales de los infantes con que cuente, así como lo relativo a las cuestiones de transparencia y rendición de cuentas del Sistema, y

XIII. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos.

Artículo 156. El Director General será auxiliado en el cumplimiento de sus funciones por los servidores públicos de mando, personal de base y de confianza que establezca el Estatuto Orgánico.

Asimismo, dicho Estatuto determinará cuál de estos servidores públicos suplirá al Director General, en los casos de ausencia. El suplente deberá tener el nivel inmediato inferior al del Director General del Sistema.

El Director General podrá ser removido de su cargo cuando se determine su responsabilidad, mediante resolución definitiva dictada por autoridad competente, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Sección Cuarta

De los Órganos de Vigilancia

Artículo 157. El Sistema contará con una contraloría, órgano interno de control, al frente de la cual estará la persona designada en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública por sí o a través del órgano interno de control del Sistema, el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación.

El órgano de vigilancia del Sistema estará integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública quienes ejercerán sus funciones de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

El Comisario acudirá con voz, pero sin voto a las sesiones de la Junta de Gobierno.

Sección Quinta

Prevenciones Generales

Artículo 158. Para el desempeño de sus actividades, el Sistema regirá sus actividades administrativas de conformidad con los principios de legalidad, objetividad, productividad, disposición y compromiso institucional, así como las normas que rijan el Servicio Profesional de Carrera, cuyo objetivo será la profesionalización de los trabajadores que pertenezcan a él y favorecer su permanencia, promoción, desarrollo y ascenso, conforme al Estatuto que al efecto apruebe la Junta de Gobierno.

Artículo 159. Queda reservado a los Tribunales Federales el conocimiento y resolución de las controversias en que sea parte el Sistema.

Sección Sexta

Relaciones Laborales

Artículo 160. Las relaciones de trabajo del organismo y su personal se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPÍTULO II

DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Artículo 161. La Defensoría de los Derechos de la Infancia es una unidad administrativa del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los Infantes, encargada de la protección, observancia, restablecimiento, promoción, estudio y divulgación de los derechos de la infancia.

Artículo 162. La Defensoría de los Derechos de la Infancia tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos de los infantes cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos.

Artículo 163. Los procedimientos que se sigan ante la Defensoría deberán ser breves, gratuitos y sencillos y estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la documentación de los expedientes respectivos

El personal de la Defensoría deberá manejar de manera confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su conocimiento.

Artículo 164. Son atribuciones de la Defensoría de los Derechos de la Infancia:

I. Cuidar que se respeten los derechos de los infantes;

II. Promover acciones en las que se fomente el restablecimiento de los derechos de los infantes que hayan sido vulnerados;

III. Llevar a cabo campañas donde se difundan los derechos de los infantes;

IV. Establecer un sistema de planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, de programas de atención a la infancia, así como de la aplicación de las leyes de la materia;

V. Promover las acciones pertinentes que permitan a los infantes privados de su entorno familiar, el pleno respeto y ejercicio de sus derechos;

VI. Impulsar prácticas administrativas, que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos de los infantes en situación de calle;

VII. Fomentar una cultura de no discriminación, de tolerancia y de igualdad entre los infantes;

VIII. Atender cualquier abuso o exceso, en la imposición de medidas disciplinarias a los infantes;

IX. Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos de los infantes;

X. Emitir recomendaciones a efecto de que se protejan y respeten los derechos de la infancia, y

XI. Las demás que le otorguen el presente Código y otros ordenamientos legales.

CAPÍTULO III

DEL SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA INFANCIA

Artículo 165. El Servicio Nacional de Información sobre la Infancia tiene como objeto elaborar todo tipo de estadísticas sobre la infancia en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, así como con la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 166. El Servicio tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar, mediante procedimientos sencillos y expeditos, el acceso de toda persona a la información existente acerca de:

a) Salud;

b) Atención educativa asistencial a través de los centros que presten servicios de atención y cuidado para los infantes de la primera edad y los centros de desarrollo infantil;

c) Trabajo infantil;

d) Tráfico de infantes y adolescentes;

e) La “narco explotación”;

f) Explotación sexual infantil;

g) Infractores y víctimas del delito;

h) Migración;

i) Los infantes y adolescentes en situación de calle;

j) Orientación sobre temas de salud sexual y reproductiva;

k) Adicciones;

l) Apoyos compensatorios;

m) Promoción y orientación en actividades que fomenten la convivencia sana y la prevención de los malos tratos, y

n) La demás con la cuente sobre temas diversos pero relacionados con los infantes.

Artículo 167. El Servicio deberá organizar, clasificar y manejar adecuadamente la información con la que cuenta, a efecto de que su actuación esté de acuerdo a las necesidades de los solicitantes.

TÍTULO OCTAVO

SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS SANCIONES

Artículo 168. Las violaciones a los preceptos de este Código cometidas por servidores públicos de la Federación, constituyen infracción y serán sancionadas en los términos previstos por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.

Artículo 169. En caso de que las violaciones a los preceptos de este Código se realicen por servidores públicos de las entidades federativas, del Distrito Federal o de los municipios, serán sancionados en los términos de las leyes estatales vigentes.

Artículo 170. En la imposición de las sanciones correspondientes por infracciones a este Código, se tomarán en consideración los datos comprobados que aporten los infantes o sus legítimos representantes.

Artículo 171. El padre o la madre que no comparezca al registro de su hijo o el que se niegue a proporcionar los datos de identidad del padre o la madre faltante a realizar el trámite, será sancionado con multa hasta de doscientos días de salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal y arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 172. El padre que se niegue a reconocer a su hijo, deberá ser citado por la autoridad competente a efecto de que lleve a cabo el trámite, en caso de negativa se hará acreedor a la privación de su libertad hasta por seis meses no conmutables y a realizar obligatoriamente el registro.

Artículo 173. Las personas que consideren haber sido afectadas de forma indebida por alguna resolución fundada en el presente Código, podrán recurrirla en la vía administrativa en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o de las leyes correspondientes en las entidades federativas aplicables al caso concreto.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Código entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Código.

Artículo Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobará el presupuesto necesario para la conformación y operación del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los Infantes, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio presupuestal siguiente al de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Cuarto. El Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los Infantes, deberá iniciar sus funciones seis meses después de que entre en vigor la presente Ley.

Artículo Quinto. La Junta de Gobierno tendrá hasta 90 días hábiles a partir de su integración para expedir el Estatuto Orgánico.

Artículo Sexto. El Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los Infantes señalará la fecha en que habrá de operar el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos.

Artículo Séptimo. El Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los Infantes señalará la fecha en que habrá de operar el Registro Nacional de Centros que presten Servicios de Atención y Cuidado para los Infantes de la Primera Edad.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 13 de octubre de 2011.

Diputados: Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica).