El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Hasta por 15 minutos tiene la palabra el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Con su permiso, presidente. Muy buen día a todos. Hoy y desde hace 12 años la exigencia de los ciudadanos en las calles es que se atiendan los diversos problemas en materia de seguridad que están afectando a la población, especialmente las amenazas que para la paz y la tranquilidad de los mexicanos representa la actividad de las bandas del crimen organizado.

Desde hace 12 años estamos discutiendo la forma en que debe formalizarse la presencia del Ejército en las calles para garantizar seguridad de los mexicanos.

Hoy, después de la sentencia de la Suprema Corte que deja clara la vigencia del artículo 129 constitucional, no quedan muchos caminos posibles desde un punto de vista legal. Básicamente tenemos tres opciones:

La primera, retiramos al Ejército a sus cuarteles, lo cual es impensable. Simulamos otros 12 años que la presencia del Ejército en actividades de seguridad, a pesar de ser inconstitucional son necesarias y punto. Y tres, creamos un ente constitucional, no militar. Que se nutra de recursos militares, pero que tenga una autoridad civil para armonizarlo al 129 de la Constitución, que expresamente establece que ninguna autoridad militar puede tener objetos distintos a los estrictamente militares. Es decir, si algún militar en activo tiene actividad en propósitos civiles, corremos el riesgo de violar el artículo 129 de la Constitución.

En este contexto, celebramos la aprobación del dictamen que se encuentra a nuestra consideración y el Partido Verde votará a favor del mismo por las siguientes razones:

1. El decreto establece que las faltas y delitos que cometan los integrantes de la Guardia Nacional serán conocidos por la autoridad civil. Esto garantiza la sanción de posibles violaciones a derechos humanos, conforme al Código Penal vigente. En otras palabras, la Guardia Nacional estará sujeta al marco legal civil y no a las leyes militares.

2. Se reafirma que las personas detenidas por la Guardia Nacional deberán ser puestas a disposición inmediata del Ministerio Público y trasladadas a instalaciones civiles y no de carácter militar.

3. Se establece con claridad que en la investigación de delitos la Guardia Nacional actuará bajo la conducción jurídica del Ministerio Público.

Por otra parte, se señala que la Guardia Nacional tendrá un entrenamiento en materia de derechos humanos y su marco de actuación estará sujeto a una ley orgánica cuya naturaleza será civil y no militar.

Lo anterior garantiza que la actuación de la Guardia Nacional estará circunscrita a un marco civil. Por tanto, resulta impreciso, por decir lo menos, hablar de militarización.

4. Es importante destacar que el proyecto de dictamen reconoce la vigencia del artículo 129 de la Constitución. Lo que implica que todos aquellos militares que no pertenezcan a la Guardia Nacional permanecerán sujetos al marco de acción castrense, teniendo expresamente prohibido participar en acciones militares de índole civil. Lo anterior significa que será nuevamente el marco civil y no miliar lo que determine la actuación de la Guardia Nacional.

5. Finalmente, es necesario precisar que la militarización de la seguridad pública se dio en 2006, cuando el gobierno del presidente Calderón decidió sacar al Ejército a las calles para enfrentar el poder creciente del crimen organizado, sin reglas de actuación y sin las garantías mínimas para los ciudadanos mexicanos respecto de la actuación del Ejército.

La presente reforma corrige la omisión y da un marco legal de actuación para los miembros del Ejército mexicano. Debemos reconocer que el México de hoy es gracias al sacrificio y patriotismo del nuestras Fuerzas Armadas.

El buen funcionamiento de las autoridades se encuentra necesariamente vinculado a las normas jurídicas que tienen el objeto de dar claridad y respaldo a las acciones que el gobierno realiza.

En este sentido, el tema que abordamos es de vital importancia para el esquema de protección de la población y mantenimiento de la estabilidad en el país, no solo se trata de una modificación de orden constitucional, sino de aceptar que existe una problemática que debe ser atendida en el presente, pero con propuestas que tengan viabilidad en el futuro.

El problema de seguridad en México atañe a todos los partidos aquí representados, este no es un problema solo de Morena, ni su solución compete exclusivamente al gobierno federal. No podemos seguir otros seis años sin solucionar el problema de seguridad que afecta al país. Por ello invito a esta asamblea a aprobar esta reforma. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, la diputada Frida Alejandra Esparza, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. En el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que los problemas relativos a seguridad pública en nuestro país se han convertido en un factor clave para el agravamiento de la crisis humanitaria que hoy vivimos en México y que nos ha afectado por lo menos hace 30 años.

No obstante, año con año hemos visto cómo se incrementan los índices de violencia y la saña con la que grupos organizados criminales intimidan a la población, ya no nos sorprende que mes con mes escuchemos que este ha sido el más violento de la historia y debemos recordarles que el presidente López Obrador prometió que los índices de violencia disminuirían en cuanto tomara posesión, es decir, el primero de diciembre.

Sin embargo, esto porque según su hálito sanador de conciencia se iba a iluminar a los criminales y estos dejarían de delinquir, nada más falso y como ustedes se han dado cuenta, el último mes de 2018 y el primer mes del sexenio de López Obrador, según estadísticas fue el más violento que se ha vivido.

En los últimos años el empoderamiento de los grupos de la delincuencia organizada ha retado abiertamente al Estado y este únicamente ha atinado a enfrentarlo con el uso de la fuerza, principalmente la militar, sin atender a los llamados nacionales e internacionales para atacar las redes de protección política y de financiamiento ilícito que les permite actuar impunemente fortaleciendo a las policías estatales y municipales, lo cual permitiría retirar al Ejército de las calles.

Tampoco se han fortalecido los centros de inteligencia, los cuales generarían la información indispensable para detener a quienes encabezan estas organizaciones. Al contrario, el centro de investigación y seguridad nacional, bajo la espada de Damocles –de la desaparición–, redujeron sustancialmente los recursos en el Presupuesto para este año.

Es por lo anterior que debido a la grave situación y la crisis en materia de seguridad, se han promovido en las fechas recientes dos reformas constitucionales 1994 y en 2018, cuyo objeto fundamental fue que en ambos casos estableciera una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno, siempre respetando el carácter civil de las policías y estableciendo mecanismos diversos para su profesionalización respetando las facultades que los Constituyentes originarios y el Permanente atribuyeron a las entidades federativas y a los municipios en materia de seguridad pública.

Sin embargo, al contrario de lo que dictaría el sentido común, hemos sido testigos de cómo en los últimos sexenios la ampliación del poderío de la criminalidad organizada y su dominio sobre el territorio han sido cada vez más evidentes, y como consecuencia los gobiernos en turno han respondido utilizando cada vez con mayor intensidad la presencia militar en las calles de nuestro país violando el texto constitucional y dejando a las Fuerzas Armadas en una situación de vulnerabilidad, debido a la falta de certeza jurídica respecto de su participación en las labores de seguridad pública.

Muchos fueron los intentos que se presentaron en este sentido. El último lo constituyó la Ley de Seguridad Interior que pretendía legalizar la presencia militar en nuestras calles, sin embargo, al ser declara inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se abrió nuevamente el debate en relación con este tema.

No podemos dejar de señalar que para quienes hemos luchado desde la izquierda para que el noveno párrafo del artículo 21 de la Constitución dijera que las instituciones de seguridad pública tienen un carácter civil y profesional, reforma que logramos en el 2008 y lo que hoy ustedes están aprobando es sin lugar a dudas una afrenta porque constitucionaliza la militarización de la seguridad pública.

Si las reformas constitucionales de 2008 crearon un nuevo sistema de justicia penal garantista basado en la presunción de inocencia, las de 2011 puso en la Constitución los derechos humanos. La reforma que ustedes hoy promueven instaura el Estado militar en México. Así de grave es lo que se está a punto de votar.

Es por ello que sostenemos que el dictamen que hoy se pone a nuestra consideración y la adenda acordada por las mayorías de esta Cámara, no sólo ignoró las opiniones y aportaciones de los grupos minoritarios, mostrando soberbia y falta de inclusión de quienes hoy gobiernan, sino que además ignoró a más de 45 expertos, alrededor de 13 gobernadores y académicos, y gobernadores cuya gran mayoría con mayor o menor énfasis dijeron claramente “queremos una Guardia Nacional con mando civil”.

Y tampoco se trata de una cuestión de confianza, como señalaron los funcionarios que asistieron a las audiencias.

Este dictamen construye una nueva institución policial que estará conformada por militares, con disciplina militar, con mando militar y capacitación militar.

Debemos de dejarlo claro, el PRD ha expresado siempre su reconocimiento a quienes como integrantes de las Fuerzas Armadas día a día ofrecen sus vidas para salvaguardar la integridad de las y los mexicanos.

Pero se trata de un problema de naturaleza jurídica que les da a las Fuerzas Armadas la capacidad para convertirse en el último bastión de la defensa de nuestro país a cualquier costo, se trata de un diseño institucional en el que el policía entrenado para conciliar, es sustituido por un militar entrenado para la defensa última de la patria.

Podrán argumentar muchas cosas, pero la realidad es que con la adenda que ustedes acordaron sin tomar en consideración a las minorías, únicamente están engañando a la sociedad porque lo que ofreció el secretario de Seguridad, y por lo que aplaudimos en las audiencias, fue por un mando civil para la Guardia.

Nada más alejado de la realidad es lo que contiene esta adenda, porque sectorizan a la Guardia Nacional en la Secretaría de Seguridad y le ponen un director civil. Sin embargo, crearon una junta de jefes de Estado Mayor compuesta por militares que tendrá mando operativo.

Adicionalmente le dan a la Secretaría de la Defensa Nacional la facultad de disponer lo necesario para que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional, se homologuen a las de las Fuerzas Armadas, cometiendo una nueva imprecisión en el texto constitucional porque la homologación no significa igualdad.

Por último, no podemos dejar de señalar el párrafo que se adiciona al artículo 13 en el que se extiende de manera extraordinaria la jurisdicción militar hacia los elementos de la Guardia Nacional que, según ustedes, serán civiles, lo cual contravendría la primera parte de este artículo, e institucionalmente establecería que civiles estuvieran sujetos a la jurisdicción militar.

Si como nosotros sostenemos, son militares encubiertos de guardias, entonces la jurisdicción únicamente se extenderá a un número mayor de personas, lo cual nos situaría en contrasentido de lo que sucede en el mundo, que es la limitación de estas jurisdicciones extraordinarias que se encuentran bajo control de autoridades administrativas.

Debemos señalar que esta continua necedad de encomendar las labores de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, en vez de iniciar  la construcción de cuerpos policíacos civiles, ha generado múltiples recomendaciones al Estado mexicano por organismos internacionales en materia  de derechos humanos, la última apenas el 20 de diciembre pasado, la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de tres personas en el marco de un operativo conjunto, exige que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza y fiscalizada por órdenes civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. Ninguno de estos requisitos se cumple en el dictamen que hoy nos presentan.

Muy por el contrario, el dictamen que hoy presentan normaliza la actividad militar en labores de seguridad pública al establecer un cambio constitucional que en los hechos perpetuará las policías militarizadas en la materia.

Es por ello, que de manera tajante lo rechazamos y conminamos a que se instaure un diálogo real y abierto a la sociedad para que a tomar, ahora sí las propuestas que en materia han sido desarrolladas por la academia y diversos colectivos, dado que los ejercicios que se realizaron, organizados primero por la Comisión de Puntos Constitucionales, después por la Junta de Coordinación Política, no fueron tomados en consideración y únicamente sirvieron como parapeto justificador de sus intenciones.

En conclusión, las reformas constitucionales que se analizan, normalizan la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, violando el marco convencional del que formamos parte, y todas las recomendaciones que se habían hecho al Estado mexicano, sobre todo en materia de derechos humanos.

Segundo. Esta propuesta no es una alternativa real para solucionar la grave crisis humanitaria que sufre México, diferente a lo que se ya se ha implementado en sexenios anteriores, por lo cual no podemos esperar más a que se agrave la situación, como hemos venido viendo.

Tres. Estas reformas violentan las facultades que en materia de seguridad pública los constituyentes originarios y el Constituyente Permanente atribuyeron a entidades federativas y a municipios.

Cuatro. El dictamen contraviene todos los principios de la democracia, viola el Pacto Federal dado que en los hechos, al crear la Guardia Nacional, se sustituye a los gobiernos estatales en la conducción de las políticas de seguridad en sus territorios, y quebranta cualquier principio de subordinación y control de la fuerza pública del Estado.

Quinto y último. No se establecen los mecanismos adecuados de control para el correcto resguardo y protección de los derechos humanos, y establece potestades para que los militares puedan intervenir de manera directa en los procedimientos judiciales en contra de civiles.

Es por ello que en el Grupo Parlamentario del PRD votaremos en contra. Gracias por su atención.