Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la lista de iniciativas. Tiene la palabra el diputado por cinco minutos el diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas.

El diputado Armando Contreras Castillo: Con su permiso, presidenta. Compañeros y compañeras, vengo a esta tribuna para presentar la iniciativa de Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Como ustedes saben, México es firmante de los acuerdos internacionales que establecen derechos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos, que incluso han sido incorporados en nuestra Carta Magna, pero en la práctica han sido quebrantados por diferentes instancias de gobierno, procuración de justicia y por corporaciones policiacas y militares.

El Estado mexicano a través de la reforma constitucional, publicada en julio de 2011 elevó a rango constitucional los derechos humanos consagrados en el pacto fundacional de la república y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país.

Los derechos humanos plasmados en el Convenio 169, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, ya son normas constitucionales, por lo que todas las autoridades de los tres órdenes de poder tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Así, el Convenio 169, en concordancia con la fracción IX del apartado B del artículo 2o. constitucional, consagra el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos o intereses.

Es un hecho notorio que las organizaciones indígenas y campesinas de nuestro país han tenido que recurrir a su derecho de resistencia en situaciones de carencia extrema, porque el Estado no toma en consideración la situación de vulnerabilidad de sus derechos.

Las concesiones mineras y la instalación de megaproyectos otorgados por el gobierno federal han generado conflictos con las poblaciones afectadas y se ha escalado la confrontación entre las comunidades indígenas con las empresas privadas nacionales y extranjeras interesadas en la explotación de los recursos ahí existentes.

En esos casos, los gobiernos han optado por disolver las manifestaciones de inconformidad, reprimiendo y encarcelando a dirigentes sociales, evitando así construir un país con paz y justicia.

Los sectores más desprotegidos han sido los pueblos y comunidades indígenas, por ello en el Examen Periódico Universal de 2013, realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, esta instancia recomendó al Estado y gobierno mexicano realizar una ley de consulta para pueblos y comunidades indígenas, la cual a la fecha no se ha materializado, existiendo un incumplimiento del presidente de la República y demás representantes del Estado mexicano.

La consulta previa es un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas, cada vez que alguna autoridad en los tres órdenes de gobierno quiera tomar una decisión que pueda afectarles, o cuando se pretenda realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios que puedan perjudicarles directa o indirectamente.

La propuesta de ley general de consulta a los pueblos y comunidades indígenas tiene como objetivo principal reglamentar de manera clara y precisa el derecho a la consulta previa, libre e informada. De tal forma que los pueblos y comunidades indígenas, a través de un proceso transparente, puedan expresar su opinión en un medio libre, que se oponga a la coacción o interferencias con las que se pretenda tergiversar lo que decida el pueblo o comunidad indígena.

La presente propuesta consta de 26 artículos divididos en siete capítulos que pongo a consideración de esta soberanía y espero sea aprobada para ir saldando parte de la deuda histórica del estado con los dueños originarios de este país.

No omito terminar diciendo que esta ley será sin duda un instrumento útil de concertación para los pueblos indígenas y el Estado mexicano, y con su aprobación podrán superarse grandes diferendos y se propiciarán acuerdos inimaginados, que abatirán pobreza y miseria a las que han sido condenados los pueblos indígenas de este país, terminando con una era de despojo de sus tierras y territorios. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Indígenas para su dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión.