La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tienen la palabra, hasta por diez minutos, para fundamentar el dictamen, las dos diputadas presidentas. En primer término, lo hará la diputada María del Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia.

La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población, después de un proceso de reflexión y análisis de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reforman y adicional diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Púbico, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, remitida al Senado de la República el pasado 10 de julio, hemos aprobado la minuta de referencia toda vez que en el uso de las facultades que nos confiere la propia Constitución, la reflexión final en lo general es que este dictamen fortalece el marco jurídico del cual dispone el Estado mexicano para la recuperación de activos.

Es importante mencionar que durante muchos años nuestro país ha venido avanzando y evolucionando en un proceso de innovación de su marco jurídico en busca de establecer nuevas instituciones, de diseñar nuevas herramientas que sean capaces de hacer más eficaz el aparato de justicia, de que sea más eficaz el combate a la criminalidad y a la delincuencia organizada.

Dado los fenómenos de inseguridad y violencia en que se ha visto inmerso nuestro país en las últimas décadas, estamos conscientes de que uno de los temas pendientes ha sido el fortalecimiento de los mecanismos que permitan debilitar a los grupos delincuenciales en su flanco más rentable, sus recursos y sus activos económicos.

La expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y correlativas reformas a otras leyes secundarias, deben tener como fin justamente el instalar en nuestro país un nuevo régimen que permita hacer de la recuperación de activos una verdadera política de Estado.

El proyecto de dictamen que hoy presentamos a esta soberanía, en un reconocimiento que se dio al seno de la propia comisión, en donde se esgrimieron y debatieron cada uno de los aspectos del mismo, quedó acordado que este instrumento debe de ser una herramienta eficaz para que las autoridades puedan hacer uso de ellas.

Y como todo instrumento legislativo, y lo hemos dicho en otras ocasiones, seguramente este también puede ser perfectible. De hecho, en la propia comisión se abordaron algunos aspectos que las y los legisladores consideraron importante generar alguna modificación, y se acordó que fuera el pleno quien finalmente definiera si estas consideraciones en lo particular en el debate que pronto tendremos, se pudieran abordar, se pudieran discutir. Pero debo decir que en términos generales la comisión consideró que esta ley debe de ser aprobada.

Es importante precisar algunos elementos importantes que esta ley aportará. En principio estamos ante un mandato constitucional, expedición de unas leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional para perfeccionar la figura de extinción de dominio, que, si bien es cierto, ya está en nuestro marco jurídico. En el desarrollo de esta figura se había observado muy claramente que no había sido eficaz, que no había rendido los frutos para los que esta figura fue creada, que no se había podido realmente combatir al crimen organizado en ese flanco de sus propios recursos económicos, que es una parte fundamental, y que ha sido incluso observada por organismos internacionales a nuestro país, la recuperación de activos.

Era necesario generar una reforma importante que en principio desvinculara la extinción de dominio del procedimiento penal, que fue uno de los objetivos que se dio en la reforma constitucional.

Otra modificación fundamental es que ahora la figura de extinción de dominio tendría un carácter, la legislación, de carácter nacional, una sola Ley Nacional de Extinción de Dominio, y dotar al Congreso de la Unión para que emitiera esta legislación y evitar que hubiera una serie de leyes en cada uno de los estados, de las entidades federativas que incluso unas se contradecían con otras.

Esta ley contempla, entre otros aspectos, el principio de retrospectividad, el cual permitirá que la aplicación de la extinción de dominio se realice sobre bienes de origen ilícito sin consideración de temporalidad.

No debe confundirse esta figura de retrospectividad con retroactividad, porque estamos hablando de derechos que no han nacido a la vida jurídica.

En otras palabras, bajo el argumento que lo ilícito no se puede hacer lícito por el transcurso del tiempo, esta herramienta plasmada en la ley será una herramienta eficaz para poder recuperar activos relacionados con el crimen organizado, relacionados con la comisión delictiva.

La extinción de dominio dentro de esta ley es considerada como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esta pérdida será declarada por sentencia de una autoridad judicial, no conlleva a una contraprestación ni compensación.

Otros aspectos importantes de la ley, es el establecimiento de cuáles son los bienes susceptibles de extinción, cuáles son las autoridades implicadas en el procedimiento, cuál será el destino de los bienes una vez que se ha extinguido el dominio, así como estas figuras de imprescriptibilidad y de retrospectividad.

Es importante señalar que el proceso legislativo no debe terminar hoy con el debate que se lleve a cabo y con la publicación de la reforma si esta concluye en esta Cámara o se regresa al Senado, sino que debe ser obligación del aparato legislativo vigilar, observar el desempeño de esta figura y si efectivamente se convertirá en la herramienta eficaz para combatir al crimen y para erradicar la impunidad.

De no ser así, tendremos la oportunidad, como siempre, de generar las acciones legislativas necesarias para perfeccionar. Inclusive, la propia ley considera un plazo de un año para que se haga una revisión integral de esta figura para efecto de generar los ajustes legislativos que resulten necesarios.

En la exposición de motivos señalamos, además, que muchos de los elementos que la colegisladora introdujo en este dictamen, minuta, era justamente retomar aspectos importantísimos de la ley modelo de Naciones Unidas, que ha sido la inspiración para que muchos países de América Latina la adopten en sus respectivas legislaciones y tomar justamente esas experiencias exitosas que no había sido el caso del Estado mexicano.

Por eso hemos concluido en las comisiones unidas, que esta herramienta sin duda era necesaria, que esta herramienta sin duda está llamada a fortalecer el estado de derecho mexicano, que está llamada a generar acciones contundentes contra la violencia, contra la delincuencia, contra la impunidad.

Esta figura, señoras y señores legisladores, era un pendiente muy importante para el Congreso mexicano. Hoy estamos entregando este dictamen. En unos momentos más veremos y analizaremos también y seremos testigos del debate que se dará en lo particular, pero lo más importante, a reserva de las modificaciones que eventualmente se hagan a la misma si este pleno así lo considera, es avanzar, dar un paso más hacia el combate a la impunidad, y seguramente la extinción de dominio será un aliciente muy importante en esta lucha Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.