El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar en una sola intervención tres iniciativas:

Una con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General con Responsabilidades Administrativas, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Otra, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y una más, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca: Con su permiso, señor presidente. Por economía parlamentaria solicito se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates las siguientes iniciativas antes mencionadas.

Compañeras diputadas y diputados, los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, gracias a su experiencia indica que un sistema de integridad pública eficaz, integral y coherente es fundamental para realzar la integridad y prevenir y frenar la corrupción.

En particular las buenas prácticas indican la importancia de preciar responsabilidades institucionales en el sector público, al establecer prioridades claras, asegurar mandatos y capacidades adecuadas para cumplir con las responsabilidades asignadas y promover mecanismos de cooperación y coordinación entre las distintas secretarías, así como entre los niveles de gobierno federal y estatal.

El Sistema Nacional Anticorrupción intenta abordar los desafíos antes mencionados, reuniendo a los actores clave con el fin de alinear mejor las políticas y cooperar para una implementación más efectiva.

El Comité Coordinador del  Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por los titulares de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de  Corrupción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura Federal y el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana.

La Secretaría Ejecutiva del Comité Coordinador está respaldada por la Comisión Ejecutiva, la cual proporcionará soporte técnico continuo al Comité en el desarrollo e implementación de su plan de acción, así como en las actividades propias de su mandato, tales como la gestión del portal digital nacional que combinará datos claves sobre declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses, sanciones, licitaciones e inconformidades.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción estipula que el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana debe presidir el Comité Coordinador y el Consejo Directivo del Sistema, proporcionando tanto liderazgo como supervisión para la implantación.

Como tal, la sociedad civil está bien situada para aportar elementos y monitorear las actividades del Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, los estados deben establecer sus respectivos sistemas locales anticorrupción, extendiendo así el alcance de las políticas anticorrupción hacia donde más se necesitan y ayudando a armonizar estándares en el sector público.

El estudio de la OCDE sobre la integridad en México 2017, emite recomendaciones de las cuales se desprende lo siguiente. Si bien la estructura de gobernanza del Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo los sistemas locales anticorrupción, podrían mejorar sustancialmente la coordinación al interior del gobierno federal y entre niveles del gobierno, existe el riesgo de que sea un enfoque exclusivamente descendente y que por ello no logre un mayor convencimiento y una verdadera apropiación por parte de organizaciones individuales y funcionarios.

Gran parte del valor agregado del Sistema Nacional Anticorrupción consiste en reunir a los actores clave para alinear mejor las políticas y enfoques y cooperar en la implementación.

Sin embargo, existen otras áreas del sector público que podrían contribuir a las políticas de integridad y que no están formalmente incluidas en las disposiciones institucionales creadas por el sistema.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción debe hacer esfuerzos importantes para incluir a secretarías adicionales, tales como la Secretaría de Educación Pública, la Presidencia de la República y otras entidades, como el Servicio de Administración Tributaria, los comités de ética del Senado y de la Cámara de Diputados, así como el Instituto Nacional Electoral. Estos son actores clave que debe participar en el diseño e implementación de las políticas anticorrupción.

La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos constituye el primer instrumento jurídico internacional en este campo, que reconoce la trascendencia internacional del combate a la corrupción.

El tema del combate a la corrupción para el Grupo Parlamentario de Morena es uno de los ejes fundamentales que está en la agenda nacional y que es prioritario y de observancia inmediata para las y los que habitan y transitan en todo el territorio nacional.

Por eso es que se propone este paquete de iniciativas y diversas reformas y adiciones antes mencionadas. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias a usted, diputado. La primera iniciativa se turnará a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen, al igual que la segunda de sus presentaciones, y esta última se turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.